El Gobierno aboga por avanzar en la lucha contra la pobreza infantil con medidas como la prestación universal de crianza, una ayuda de 200 euros al mes para todas las familias con hijos que negocian los ministerios de Sumar con su socio en los presupuestos generales del Estado.

En una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

No obstante, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno de que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” hay que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, ha aseverado la vicepresidenta primera.

Montero ha advertido del riesgo de duplicar instrumentos de ayuda para combatir la pobreza infantil y ha opinado que “no se obtienen el rendimiento cuando están así distribuidos”.

“Somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho este gobierno desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa por combatir la pobreza infantil”, ha indicado la responsable de Hacienda, quien ha destacado especialmente el complemento del Ingreso Mínimo Vital para las familias con hijos y el de Ayuda para la Infancia en el caso de hogares en situación de vulnerabilidad económica.

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar propone que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

La vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, han insistido en que la prestación universal por crianza que plantean podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil, una medida reclamada de forma unánime por todas las organizaciones sociales de defensa de la infancia.

Sobre esta medida también se ha pronunciado el Consejo Económico y Social (CES), que se ha mostrado partidario de la aprobación de una prestación universal de crianza hasta los 3 años, que se complemente con la extensión de las actuales ayudas fiscales a las familias con menores a cargo y con la consolidación del complemento a la infancia del Ingreso Mínimo.

En la declaración institucional aprobada en el Consejo de Ministros, el Gobierno explica que trabaja para avanzar en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia, acabar con las estructuras que reproducen desigualdades y garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad.

Hace referencia al impulso desde el Ministerio de Juventud e Infancia para hacer frente a la pobreza infantil ampliando apoyos a las familias y trabajando en la Implementación de la Garantía Infantil Europea, entre otras políticas.

“La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia”, destaca el Ejecutivo, que apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados.

El Gobierno enfatiza que ningún niño o adolescente “debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional” e incide en la necesidad de acordar un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil que una “al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto”.

El texto hace referencia a la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia (LOPIVI) -en fase de negociación en el Gobierno-, el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales -en trámite en el Congreso de los Diputados- o la necesidad de luchar “contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables”.

“Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables”, añade.

Fuentes del departamento de Sira Rego destacan la necesidad de aprobar esta prestación universal que la coalición Sumar plantea como una ayuda para todas las familias de 200 euros al mes por hijo a cargo para dejar de lado el actual modelo asistencial y reducir la tasa de pobreza infantil que en España se sitúa en un 29,2 %, una de las más elevadas de la UE.

Un total de 16.758 unidades familiares distintas han sido beneficiarias de Renta Garantizada en 2024, según el balance de esta prestación que ha elaborado el Gobierno de Navarra. La media mensual de unidades perceptoras ha sido de 12.868, un 21% menos que en 2023, cuando hubo 16.384 unidades perceptoras, mientras que en 2022 fueron 17.259 y en 2021 un total de 18.366. 

En 2023 cambió la normativa y, desde entonces, las ayudas a personas con pensiones no contributivas de jubilación ya no se benefician de deducciones anticipadas, sino que pasaron a percibir el importe a través de la Renta Garantizada. Así, desde 2023 se han incrementado las unidades perceptoras mayores de 65 años, pasando de las 347 en 2022, a 926 en 2023 y en 2024 alcanzan las 1.047, lo que supone un incremento neto de 700 unidades perceptoras mayores de 65 años que anteriormente no eran atendidas por la prestación. 

16.758 unidades familiares y 36.249 personas beneficiarias 

A través de las 16.758 unidades familiares, con una media mensual de 12.868, la prestación da cobertura a un total de 36.249 personas (el 5,34% de la población navarra). El 53,76 % de las personas beneficiarias son mujeres y el 46,24% hombres. Este porcentaje prácticamente no ha variado en los últimos 5 años. Se observa la misma tendencia en cuanto a los grupos de edad, siendo menores el 38,28 % de las personas atendidas (es decir, 13.964 menores) alcanzando valores absolutos muy parecidos a los del año 2019. 

Analizando las personas demandantes, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres solicitantes de la prestación en nombre de la unidad familiar (el 58%). En los últimos cinco años, aproximadamente 6 de cada 10 solicitantes de la prestación son mujeres. En cuanto a las edades de las personas solicitantes, es destacable el % de incremento de las unidades perceptoras de la franja 25-34 años y también las de más de 65 años. Este grupo, como ya ocurrió en el año 2023, ha incrementado su peso porcentual principalmente por la incorporación de las personas perceptoras de pensiones no contributivas de jubilación a la renta garantizada.

Por otra parte, el 79,37% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros. Es destacable el leve descenso en el peso de las unidades familiares son de carácter unipersonal, siendo el más bajo de los dos últimos años. El 28,3% de las familias cuenta con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.735, que representan el 45.8 % de las unidades familiares cuya solicitante es mujer). 

Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 51.4% del total de solicitantes), si bien se aprecia ya una clara tendencia a la igualdad entre las personas titulares. Si en lugar de la nacionalidad se tiene en cuenta el país de nacimiento, las personas autóctonas representan el 36,7%, porcentaje que también disminuye progresivamente desde el año 2014.

Por áreas de Servicios Sociales, en Pamplona / Iruña se ha concentrado la mayor parte de unidades familiares (el 40 %). Le sigue la Comarca de Pamplona con el 21,8%, a continuación, la zona de Tudela con el 16,2%, el área de la de Estella-Lizarra (10,9%), la de Tafalla (6%) y finalizan las dos áreas de la zona norte, la Noroeste con el 3,6% y la Noreste con el 1,6%. Esta distribución se mantiene estable desde el año 2016.

En cuanto a Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,1% del total), el SSB de Tudela (6,1%) y el de Berriozar (5,5%). El resto de zonas básicas se mantienen por debajo del 5%. Destaca el descenso progresivo del porcentaje de la unidad de barrio de Milagrosa, bajando del 5% por primera vez desde el año 2012 en la serie histórica presentada. 

661 euros de media al mes

La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 661,81 euros al mes por unidad familiar. En 2024 en términos de ejecución presupuestaria se ha realizado un gasto de 111.386.514,01 euros, lo que supone un incremento respecto al año 2023 de un 7%. Este incremento se explica, por un lado, por la actualización de la prestación con 6,38% según la tasa de variación del coste salarial ordinario, tal y como está recogido en Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

Además, la concurrencia de expedientes de Rentra Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha generado la compensación de cuantías de Renta Garantizada una vez concedido el IMV. Esta compensación se ha llevado a cabo en un proceso de modificación de la cuantía reconocida de renta garantizada, aminorando la misma en la cantidad reconocida de IMV y por los periodos concurrentes.

10.531 contratos laborales a personas perceptoras

4.669 personas en edad laboral, pertenecientes a 4.235 unidades perceptoras de la prestación han sido contratadas a lo largo de 2024, con un total de 10.531 contratos (es decir, una media de 2.26 contratos por persona). Representan el 22% de las personas en edad laboral en 2024. Si se compara las personas contratadas con aquellas que están disponibles para el empleo, representan el 40.17% del total. 

El estudio refleja que, de las personas en edad laboral en 2024 (20.870 en total), 9.249 no estaban en condiciones de acceder al trabajo en el momento de la percepción, cifra muy similar a la del año anterior. Las razones más comunes por las que no se encuentran disponibles tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud, falta de red de apoyo para la conciliación familiar. 

En relación a los contratos laborales, por primera vez, se observa, una mayor contratación entre las mujeres que entre los hombres. En cuanto al origen de las personas contratadas el 62,8% es de origen migrante, frente al 37.2% de personas autóctonas. Este porcentaje se repite tanto en mujeres como en hombres. Por el contrario, si nos fijamos en la nacionalidad, el dato se invierte, alcanzando el 54,5% las personas de nacionalidad española, lo que indica un nivel alto de arraigo de las personas de origen migrante que acceden al empleo siendo perceptoras. Estos datos se consolidan respecto a años anteriores.

Cabe recordar que la Ley Foral de Renta Garantiza contempla un mecanismo denominado estímulos al empleo que permite que durante un tiempo se compatibilice el cobro (aminorado) de la Renta Garantizada y el cobro de un salario, suponiendo un incentivo económico que anima a incorporarse a un trabajo. Así, estos mecanismos se han aplicado en 7.558 expedientes. 

30.894 procedimientos de control y seguimiento

Durante 2024 han aumentado los procedimientos de control y seguimiento. En concreto, se han realizado 30.894 procedimientos de control y seguimiento de los requisitos y condiciones, un 10,6% más que en 2023 (casi 3.000 más), y como consecuencia se han realizado 3.953 extinciones de la prestación, 21.853 modificaciones de los importes, 3.637 suspensiones (tiempo sin recibir la prestación) y se han impuesto 79 sanciones. 

Cabe destacar que en los últimos años ha habido un notable incremento de los procedimientos de control y seguimiento, pasando de 12.241 en 2018 a más de 30.000 actuales 

La Renta Garantizada es una prestación propia de Navarra, complementaria a otras prestaciones. En 2024 las unidades perceptoras de RG que compatibilizan algún periodo del ejercicio con IMV fueron 3.433, mientras que 1.063 lo compatibilizaron con pensiones no contributivas. El IMV es una prestación implementada por el Estado que se financia vía convenio económico y es compatible con otras prestaciones o ingresos, y en Navarra con la RG. Cabe recordar que cada prestación tiene diferentes requisitos de adjudicación, especialmente en la configuración de la unidad de convivencia, en las diferencias temporales del cómputo de rentas o en la situación administrativa. Así, hay personas que reciben sólo el IMV, hay personas que reciben sólo la Renta Garantizada y hay quien compatibiliza ambas. 

Mónica Martínez Bravo (Barcelona, 1982), la nueva consellera de Derechos Sociales y Inclusión de la Generalitat, ha sido uno de los fichajes estrella del president Salvador Illa. Hija de un barrio humilde de la capital catalana, se licenció en Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), se doctoró en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos –especializada en desigualdades sociales–, y fue galardonada como la mejor economista de España menor de 40 años. 

Tras asesorar el Gobierno central con el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en 2023 dio el salto a la Administración como secretaria general de Inclusión, y ahora aterriza en la conselleria con el objetivo, entre otros, de completar el traspaso de esta prestación a manos de la Generalitat y de conseguir que llegue a toda la población en situación de pobreza. En su primera entrevista en el cargo, defiende el replanteamiento del Plan Piloto para una Renta Básica Universal (RBU), una mayor eficiencia de los servicios sociales para evitar su deterioro y llama a redoblar esfuerzos para acoger a los menores extranjeros que llegan a las costas canarias.  

¿Puede decir cuándo veremos en Catalunya una ventanilla única para la solicitudes del IMV y de la prestación catalana, la Renta Garantizada de Ciudadanía? 

Estamos muy ilusionados con la gestión del IMV desde Catalunya, que permitirá hacerlo de forma más cercana y pulir algunas de sus limitaciones, como es la integración con servicios sociales para que la tramitación sea más ágil. Es una oportunidad inmensa para sacar el mejor partido de ambas prestaciones y que donde no llegue una, pueda llegar la otra. Y también para que el ciudadano pueda solicitarla con el menor número de trámites. Pero es cierto que es complejo, con lo cual es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido y mal. En el País Vasco estuvieron más de dos años hasta que se hizo efectivo el traspaso. Nosotros queremos acortarlo. 

¿El compromiso es por lo tanto fusionar ambas prestaciones para que los ciudadanos vulnerables no tengan que hacer dos solicitudes como ahora? 

El objetivo es una única solicitud y una única resolución. Que al ciudadano le llegue una única carta donde diga qué corresponde al Ingreso Mínimo y qué a la Renta Garantizada. Dado que el primero tiene una legislación estatal, lo inteligente es adaptar la segunda para que cubra sus limitaciones. Por ejemplo, el IMV considera unidad de convivencia todas personas empadronadas en un hogar. Pero puede pasar que en esa casa haya un tío que tiene un trabajo estable y por ello quedan fuera de la prestación. La idea es diseñar la Renta Garantizada para conseguir que se rechacen el mínimo de casos. 

Uno de los principales problemas de ambas prestaciones es que no llegan a todos los potenciales beneficiarios. Según la entidad ECAS, el 60% de la población en pobreza severa no recibía ninguna de las dos. ¿Cómo es posible cuando ya llevamos varios años desde su puesta en marcha? 

No se trata de una sola problemática. Es cierto que hay gente a la que le falta información, o que existen dificultades en la solicitud por ser un trámite complejo. Pero también el diseño de la prestación hace que no sea atractiva para muchos, a pesar de que se trata de dinero. A veces las cantidades se dan en base a ingresos de hace un año y esos datos están disponibles con retraso, con lo que se crea un decalaje. Cuanto más lejos estás del umbral, más probable es que pidas la prestación y te sometas a los trámites, pero hay familias que están al límite, que quizás les tocarían 100 euros al mes, y que lo ven tan complejo que prefieren centrar su tiempo en buscar trabajo. Ahí tenemos que redoblar esfuerzos. 

¿Qué van a hacer exactamente desde la conselleria para resolverlo? 

En cuanto al IMV, hay que reivindicar que siga ganando agilidad y que el análisis de los ingresos de los ciudadanos se aproxime a la fecha de solicitud.

¿Esto lo puede hacer la Generalitat? 

Exige pasar por el Congreso de los Diputados y buscar los apoyos necesarios. Pero hay que hacerlo. El Ingreso Mínimo es uno de los mayores impulsos del Estado del Bienestar de las últimas décadas, pero debemos ser valientes y mejorarlo. 

¿Desde la Generalitat pedirán entonces que se reforme la ley para que sea más ágil la tramitación?

El Ministerio [de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] ya es consciente de ello. La prestación está en constante evaluación. Poner más información, acompañamiento y ayudas a la solicitud contribuye pero no es suficiente para solucionar el problema. 

Dar prestaciones sociales de forma ágil es fundamental para el futuro del Estado del Bienestar

Una familia de cuatro miembros recibe ahora una prestación de 1.300 euros al mes. Cáritas denunció que esto en Barcelona cubre el 35% de los gastos básicos para vivir. ¿Prevén aumentar las mensualidades?

Sé que hay demandas en este y otros sectores. Pero creo que antes de correr a aumentarla, la cuestión es lograr que se despliegue y llegue a todos los que deberían recibirla. Un modelo que me gusta es el que abre la vía a complementos al margen de la prestación básica, como es el de la infancia, que tiene un umbral más laxo y puede llegar al 40% de la población con menos recursos. ¿En un futuro podría haber complementos para asumir otros gastos o el creciente coste de la vida? Es interesante explorarlo.

Las quejas por el exceso de trámites que deben hacer las familias vulnerables va más allá de esta prestación: va desde las becas comedor al bono social eléctrico (que no alcanza al 80% de quienes pueden recibirlo) pasando por las ayudas al alquiler. ¿Qué hará para acabar con estos viacrucis administrativos?

Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, porque son trámites extremadamente complicados. Tenemos que poner los datos a trabajar. Hacen falta estructuras digitales pensadas para tener un estado del bienestar que funcione en base a automatismos, para hacer la vida más fácil al ciudadano. Que las distintas administraciones tengan interoperabilidad de datos no es un capricho, es una necesidad para acabar con la pobreza y la desigualdad. 

En cuanto al bono social, el modelo portugués, por ejemplo, pasa por que la Administración facilite directamente la lista de las personas que tienen derecho al bono. ¿No cree que sería más ágil? 

Desconozco los detalles de su implementación. A veces requiere cambiar leyes, como la de Protección de Datos, aunque esta es europea. Si los portugueses han podido hacerlo, ¿por qué nosotros no? Hay que ser ambiciosos. Dar prestaciones de forma ágil es fundamental para el futuro del Estado del Bienestar.

Esta semana han relevado al director de la Oficina del Plan Piloto para la Renta Básica Universal (RBU). El PSC nunca ha sido partidario de esta iniciativa, pero el pacto de investidura con ERC contempla llevarlo a cabo. ¿Lo mantendrán tal cómo lo diseñaron sus antecesores?

De entrada, quiero decir que cumpliremos íntegramente todos los acuerdos, este incluido. Mantendremos la Oficina y haremos el plan piloto. Pero es cierto que su diseño tenía limitaciones, como por ejemplo que los beneficiarios podían pasar a acumular pagos indebidos y que la Seguridad Social les contactase y se los reclamase al cabo de un año. No estaba bien resuelto. Ahora estamos en fase de análisis y escucha para poder hacerlo bien. 

El Ayuntamiento de Barcelona hizo un plan piloto en la zona del Besòs, el B-Mincome, con transferencias a familias vulnerables, y no tuvieron problemas como el que cita. 

No sé cómo se hizo ni si incluyó a personas con prestaciones que tuviesen incompatibilidad. La alternativa es hacer un piloto ligeramente diferente y sin los colectivos que tienen esas incompatibilidades, como se ha hecho en Finlandia. Si destinamos un dinero a esta evaluación, debemos asegurarnos de que sea sólida y no crear problemas a los ciudadanos. 

En todo caso, lo que se propuso abarcaba a 10.000 catalanes, de los que 5.000 iban a recibir esa prestación de 800 euros al año por persona durante un curso. Ese piloto ascendía a 40 millones al año, pero el PSC lo tumbó durante la negociación de presupuestos de 2023, al considerar que era un gasto excesivo. ¿Su intención es hacer algo parecido a ese plan? ¿O de menor alcance? 

El coste global da para una reflexión. 40 millones al año más otros costes no contemplados lo hacen extremadamente caro. Es el más caro que se ha hecho en la historia de la humanidad. Habría que buscar vías para hacer evaluaciones más efectivas, que siguiesen informando para el debate de la Renta Básica Universal, pero con un coste más comedido y acorde a la evidencia científica. Aun así, insisto en que no renunciaremos a hacer un buen piloto. 

El coste global del plan piloto de la Renta Básica Universal da para una reflexión. 40 millones al año más otros costes no contemplados lo hacen extremadamente caro. Es el más caro que se ha hecho en la historia de la humanidad

Una de las prioridades que ha señalado es la de reducir el número de menores tutelados de 0 a 6 años que viven en residencias y no en familias de acogida. Es un objetivo que se han fijado antes muchos otros consellers, pero sin demasiados avances. ¿Qué medidas concretas prevé para lograrlo?

Haremos un plan de choque para estas familias. Lo primero es hablar con esas familias de acogida, y también con las que lo han intentado y han desistido, para entender qué ha ocurrido. A veces los trámites son largos, a veces se les piden demasiados pasos burocráticos, se sienten más observadas que acompañadas… No hay ayudas ni prestaciones pensadas para ellas y se puede valorar, pero creo que muchas veces lo que necesitan es sentirse valoradas. Con todo, si al final vemos que es un tema de falta de recursos económicos, los movilizaremos. 

Ha llegado al cargo en plena polémica sobre el reparto de menores migrantes que llegan en situación irregular a Canarias y la reforma de la Ley de Extranjería. Como responsable de Infancia en Catalunya, ¿cómo cree que debería ser su proceso de acogida? 

Debería haber reglas claras y objetivas de reparto acordadas por todas las comunidades autónomas, para que las contingencias no nos obliguen a sentarnos y a debatir y a que sea una cuestión voluntaria. Si cada vez abrimos una negociación no acabaremos nunca. Debemos ponernos de acuerdo y que se agilice el proceso igual como hacemos con los colectivos en asilo hasta cierto punto. 

Sus antecesores en el cargo, de ERC, alegaban que en las negociaciones del reparto no se tenía en cuenta la singularidad de Catalunya, que pese a estar lejos de casos como Canarias o Ceuta y Melilla, hace un esfuerzo de acogida superior al resto. ¿Usted lo comparte?

Catalunya siempre ha sido una región que ha mostrado gran solidaridad y voluntad de acogida en su historia. En el pasado más reciente, con estos menores, ha sido de las comunidades autónomas con más voluntad y las cifras así lo reflejan. Ahora bien, dada la situación dramática que hay en Canarias, todas debemos redoblar nuestros compromisos. Y no lo digo solo desde la vertiente humanitaria. En general la migración es uno de los principales activos que tenemos como sociedad. En Catalunya tenemos un programa pionero de acompañamiento a los extutelados [hasta los 23 años] para ayudarles en la transición a la vida independiente, y muchos de ellos están yendo a la universidad. Qué menos que invertir en esos jóvenes para que sean motor de crecimiento y contribuyan a nivel social. 

La migración es uno de los principales activos que tenemos como sociedad. Qué menos que invertir en estos jóvenes para que sean motor de crecimiento y contribuyan a nivel social.

¿Qué le parece que Junts rechace un pacto en este sentido hasta que no se traspasen las competencias en inmigración? 

Hay medidas que no pueden esperar a que tengamos nuestra configuración ideal de reparto de competencias o de financiación. A día de hoy tenemos una crisis humanitaria, esa es la realidad, con niños y niñas en extrema vulnerabilidad, sin referentes familiares y que necesitan ayuda urgente. Cualquier persona que visite esos centros, o hable con cualquiera de estos chicos y chicas, o se imagine remotamente por lo que atraviesan, ve que es central. Por eso me sorprenden los planteamientos de no querer acoger hasta tener una configuración ideal. 

El delegado del Gobierno en Catalunya ha advertido en los últimos meses a Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, por no empadronar a personas en situación irregular. Pero lo cierto es que hay otros municipios, algunos gobernados por socialistas, que tampoco lo hacen. ¿Va a perseguir esas prácticas?

No se si perseguir es la palabra. La Generalitat tiene un rol de coordinar las políticas que pasan en el territorio y velar para que se aplique la legislación vigente. Sobre Ripoll, lo dijo el president Salvador Illa en el Parlament: la Generalitat estará al lado de todos los habitantes y vigilante para que se cumplan sus derechos y sus deberes. Nuestra vocación es que eso sea para todo el territorio. 

Hace unos meses la Generalitat pactó un aumento del 5% de las tarifas de la cartera de servicios sociales. Ahora que se abre la negociación de los presupuestos de 2025, ¿prevé un nuevo aumento?

Estamos pendientes del escenario presupuestario. Nuestro compromiso es seguir con el diálogo social y con la negociación. Lo que sí creo es que este sector necesita que ayudemos a dignificarlo, especialmente a sus trabajadores y trabajadoras, que son sobre todo mujeres. Sus condiciones laborales no son muy favorables y somos conscientes del reto que supone. 

Ha anunciado 6.000 nuevas plazas de residencias para personas mayores y discapacitados. ¿Supondrá esto un cambio significativo en las listas de espera? 

Será una bocanada de aire para el sector. Pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad y la obligación de poner luces largas y abordar el reto del envejecimiento de la población, impulsando un nuevo modelo de desinstitucionalización y de apoyo a las familias en sus hogares. Hay que dar cuenta del gasto o de la inversión que necesitaremos para dar buena calidad a esos servicios públicos y que no se deterioren, porque entonces si no el servicio será de mayor calidad para el que pueda pagárselo y deficiente para el resto de la población. 

A pesar de ello, y de la pandemia, los sindicatos denuncian que el modelo catalán sigue favoreciendo lo privado y sin mejoras laborales. ¿Qué les dice a los trabajadores?

Les diría que llevamos mes y medio en el gobierno, que hemos anunciado un incremento del 5% en las tarifas en 2024 y que, sabiendo que no es suficiente, será un primer paso. Aun así, en algunos lugares tenemos dificultades para encontrar personal para cubrir vacantes, lo que sobrecarga a las trabajadoras. Debemos trabajar lo más rápido posible para asegurarnos de que el mercado laboral está bien dimensionado para este gran reto. Además, en este sector hay otras herramientas a explorar, como las mejoras tecnológicas o la compatibilidad de servicios en distintas áreas. El abordaje debe ser integral y más dinero no será la única solución. 

El 20 d'octubre passat, la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa (EAPN) presentava el seu informe anual sobre l'evolució de la pobresa a les Balears i a Espanya. Gràcies al sistema de prestacions i a l'escut social desplegat aquests darrers anys, el risc de pobresa es redueix d'un 40% a una mica menys del 20% de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears, però 250.000 balears vivint sota el llindar de pobresa continuen sent massa ciutadans.

Al llarg dels anys s’han anat desenvolupant diferents prestacions econòmiques encaminades a garantir les necessitats més bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del nostre territori: rendes mínimes d’inserció, rendes socials garantides, ingressos mínims vitals, etc. Prestacions, totes elles, de caràcter reactiu, condicionades i d’abast limitat que pretenen lluitar de manera directa contra l’exclusió social, la desigualtat i la pobresa d’una part de la nostra població.

L’aspiració legítima de disposar d’una Renda Bàsica Universal (RBU) per a tota la població d’un territori, és a dir, un ingrés pagat per l’Estat a tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes, podria semblar una evolució d’aquestes prestacions però no ho és en absolut.

La RBU significa desenvolupar un nou dret de ciutadania sostingut en tres principis bàsics: la individualitat, la no-condicionalitat i la universalitat. Un dret que requereix d’un canvi cultural i socioeconòmic molt profund per poder fer-lo efectiu i que ens portarà a preguntar-nos sobre la justícia, la necessitat i la sostenibilitat d’una renda d’aquest tipus.

La RBU ens faria més lliures perquè augmentaria el nostre poder de decisió com a ciutadans autònoms. Una renda individual a tot ciutadà major de 18 anys, que cobrís les necessitats bàsiques per sobre del llindar de pobresa del territori, ens permetria tenir un major marge per poder desenvolupar-nos i viure la vida que desitgem.

També ens faria més iguals perquè acabaria amb l’estigma social de les rendes per a pobres. La RBU no seria per a rics ni per a pobres, seria per a tothom. La no-condicionalitat de la prestació econòmica i la seva compatibilitat amb la suma de qualsevol tipus d’ingressos faria que la RBU actués com a sòl i mai com a sostre.

Finalment, la RBU Ens faria més solidaris perquè redistribuiria millor la riquesa. La globalització està canviant el nostre món ràpidament i molts dels instruments que servien per equilibrar la societat estan fallant. Arriba l’hora d’introduir nous instruments que serveixin per recuperar l’equilibri social.

La RBU ajudaria a redistribuir la riquesa de manera més equitativa en un món on el salari ja no serà el principal instrument de redistribució de renda. No és una renda per a pobres però ataca la pobresa d’arrel perquè estableix un ingrés per sobre del llindar de pobresa del territori per a tothom. Finalment, la RBU no demana res a canvi perquè es basa en la confiança que cada persona és prou madura per desenvolupar el projecte vital que desitja i, per tant, cada persona és lliure de decidir com vol contribuir a la societat.

El plan piloto para una Renta Básica Universal en Catalunya podría quedar aparcado antes de arrancar. Si no hay cambios de última hora, una mayoría parlamentaria formada por PSC, Junts, PP, Ciudadanos y Vox lo eliminará de la ley de acompañamiento de presupuestos de la Generalitat para 2023, el que debía ser el año de su despliegue. Para evitarlo, un grupo de académicos que asesoran al Govern en esta materia, la mayoría de ámbito internacional, han firmado una carta abierta en la que piden que se reconsidere esta decisión. 

Los investigadores, que forman parte del Comité Científico de la Oficina del Plan Piloto para una Renta Básica Universal, aseguran que esta iniciativa había despertado el interés de académicos de todo el mundo y que es una de las más ambiciosas que hay ahora mismo en Europa. En la carta abierta, que publica este martes elDiario.es, insisten en que este ensayo “ocupaba un lugar muy específico tanto en la creciente lista internacional de proyectos piloto de renta básica como en la igualmente creciente lista de investigaciones científicas que están evaluando” estas iniciativas en gobiernos de todo el globo. 

El manifiesto ha recibido la firma de académicos como el economista Guy Standing, el gran teórico de la renta básica, así como Evelyn Forget, de la Universidad de Manitoba (Canadá); Jurgen De Wispelaere, de la Universidad de Freiburg (Alemania); Mònica Clua-Losada, de la Universidad de Texas Rio Grande Valley (Estados Unidos), o Heikki Hiilamo, de la Universidad de Helsinki (Finlandia). Todos ellos recuerdan que apostar por un plan piloto como este no significa necesariamente defender la renta básica, sino que sirve para “comprender mejor cómo funciona el sistema de protección social”, y sentencian: “Desperdiciar la posibilidad de obtener esta información basada en la evidencia empírica es simplemente un ejercicio de miopía y una verdadera oportunidad perdida”. 

800 euros al mes para 5.000 personas

El plan catalán de una Renta Básica Universal es el resultado del pacto de investidura entre ERC y la CUP. El objetivo era explorar la viabilidad de un ingreso básico para toda la ciudadanía que también se está ensayando en otros países, y que debería servir para atajar las crecientes desigualdades sociales y combatir la pobreza. Para ello, la Oficina de la RBU en Catalunya, creada en 2021 y comandada por el sociólogo Sergi Raventós, ideó un proyecto experimental que iba a otorgar una prestación de 800 euros al mes (y 300 por menor de edad) a 5.000 personas. La mitad serían seleccionadas aleatoriamente y la otra, de dos pueblos pequeños que estaban por determinar. 

La prestación, tal como se define la renta básica, iba a ser individual –no por hogares o familias–, incondicional –sin necesidad de presentar requisitos– y universal –no solo para colectivos sociales desfavorecidos–. Y su coste, previsto para los cursos 2023 y 2024, era de unos 40 millones anuales. Para 2025, último año de legislatura, estaba prevista la evaluación.

Pero ni siquiera el experimento podrá salir adelante. Después del pacto presupuestario entre ERC y PSC, los socialistas se jactaron de que habían logrado aparcar la partida para este plan. Pero desde Presidencia de la Generalitat, de la que cuelga esta iniciativa, aseguraban que sí estaba mencionada en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Fuentes del Govern aseguraban que de esta forma se podría consignar la “dotación económica necesaria” en cuanto se aprobase la normativa del plan. Pero esta es precisamente la referencia que se eliminará previsiblemente en la votación del Parlament.

La enmienda presentada por el PSC, y que contaba con el apoyo asegurado de los grupos de derechas, acabó por seducir también a Junts el pasado viernes. El diputado de la formación neoconvergente Joan Canadell calificó el plan piloto de “engaño a la ciudadanía”. “Hasta que no haya un estado independiente no se podrá poner en marcha de verdad una renta básica universal por falta de recursos”, alegó para votar la propuesta de los socialistas en la Comisión de Economía. Raquel Sans, de ERC, describió su voto como “sociovergencia real”. 

“Una oportunidad única”

En su carta abierta, los académicos remarcan que el piloto catalán representa “una oportunidad única para evaluar nuevas políticas innovadoras en línea con las últimas directrices científicas”. “Los conocimientos [...] aportados por los proyectos piloto de renta básica aportan evidencia sobre qué funciona y qué no en el ámbito de la protección social”, argumentan, y añaden que podrían servir también para mejorar políticas ya existentes como el Ingreso Mínimo Vital o la catalan Renta Garantizada. 

“Cambiar de dirección a estas alturas no sólo supone un despilfarro de dinero público y de horas dedicadas por numerosos expertos a preparar el diseño de este Proyecto Piloto, sino que también socava la confianza social de que la comunidad científica puede aportar a las propuestas gubernamentales de realizar una investigación política seria”, alegan. 

La carta de este grupo de académicos se publica después de otro manifiesto de apoyo a la Renta Básica por parte de personalidades de la cultura. Difundido por la Red Renta Básica, secundaron esa carta actores como Lluis Homar, Ariadna Gil o Sergi López. Por otro lado, una encuesta reciente de la Generalitat evidenció que el 79% de la población es favorable a la prestación cuando se le explica de qué va. Incluso entre votantes de PSC y Junts, los que la apoyarían son 6,7 sobre 10.

Guy Standing (1948) es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, investigador asociado de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, profesor honorario de la Universidad de Sidney y confundador y copresidente honorario de la Red Global de la Renta Básica (grupo de académicos interesados en desarrollar esta idea).

También ha sido director del Programa de Seguridad Socioeconómica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); fue director de investigación para la Labour Market Policy Commission del presidente Nelson Mandela y ha ejercido como asesor para varios organismos internacionales. Entre sus libros, destaca El precariado. Una nueva clase social (2011); Precariado. Una carta de derechos (2013); La corrupción del capitalismo (2017); La renta básica. Un derecho para todos y para siempre (2017); Saqueo del bien común: un manifiesto para compartir la riqueza pública (2019) y Luchando contra ocho gigantes: Renta Básica Ya (2020).

Con motivo de su visita a Palma para dar una conferencia en Es Baluard Museu d'Art Contemporani, que ha cerrado un programa con expertos y expertas en ecología y sostenibilidad, feminismos, migraciones y trabajo el pasado domingo, Guy Standing atiende a elDiario.es para analizar el estado actual de la política, la economía y el precariado, concepto que acuñó para referirse a una nueva clase social que considera que ha emergido.

Usted investiga, desde hace más de 30 años, la evolución de la economía capitalista y las desigualdades que ha generado. ¿Qué ha pasado?

Creo firmemente que, cuando la economía neoliberal se apoderó de la comunidad económica mundial en los años 70 y 80, se lanzó una revolución económica neoliberal, que impulsa el individualismo, la reducción del tamaño del Estado, la privatización de los mercados financieros, y se hablaba mucho del capitalismo de libre mercado. Esa era su ideología. Pero poco a poco, las finanzas y las grandes corporaciones tecnológicas, las farmacéuticas, pero sobre todo las financieras, crearon un sistema que yo llamo “capitalismo rentista”, que está muy lejos del libre mercado. Es un sistema de mercado amañado en el que cada vez más ingresos van a parar a los dueños de la propiedad, la propiedad física, la propiedad financiera y la propiedad intelectual. Y va, cada vez menos, a las personas que dependen de su trabajo.

Esto ha supuesto que la desigualdad de ingresos ha crecido, pero la desigualdad de riqueza ha crecido mucho más y la riqueza ha crecido en relación con los ingresos. Así, por ejemplo, ahora el valor de la riqueza heredada en España es mucho más alto en comparación con lo que solía ser, y es más alto en comparación con la renta nacional. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña y en Estados Unidos: es una tendencia global. Así que lo que ha sucedido es que la cantidad de dinero que le queda a la gente que es trabajadora ha bajado.

Al mismo tiempo, ha surgido una nueva estructura de clases a nivel mundial en todos los lugares en los que hay una plutocracia en la cima de los multimillonarios, y por debajo de ellos una élite de multimillonarios. No es sólo el 1%. Es un 20% superior que ha estado ganando dinero con la propiedad y los antiguos asalariados que tenían un empleo a tiempo completo, pensiones y vacaciones pagadas. Todo se ha ido reduciendo y el antiguo proletariado, la antigua clase trabajadora, prácticamente ha desaparecido.

No es sólo el 1%. Es un 20% superior que ha estado ganando dinero con la propiedad y los antiguos asalariados que tenían un empleo a tiempo completo, pensiones y vacaciones pagadas. La antigua clase trabajadora prácticamente ha desaparecido

Guy Standing — Economista

Hace ya más de una década que escribió El precariado: La peligrosa nueva clase social (2011). ¿Cómo definiría al precariado?

Cuando escribí el libro, me sorprendió mucho que se vendiera en todo el mundo. Desde entonces, se ha traducido a 24 idiomas, incluido el español, por supuesto, y el catalán, y me ha llevado a dar conferencias en más de 800 ciudades en más de 40 países, porque es un fenómeno global. Dentro del precariado, hay tres dimensiones. Primero, la gente que forma parte del precariado se siente insegura respecto al trabajo. Sus trabajos son inseguros, inestables y volátiles. No saben lo que van a hacer dentro de tres o seis meses. Hoy puedes ser periodista y la próxima vez que nos veamos, camarero. La gente siente que no sabe a dónde va. También ocurre, particularmente en países como España y en Italia, que esa persona precaria está sobrecualificada, es decir, que su nivel de educación es, a menudo, mucho más alto que el trabajo que desempeña. Esto no ha ocurrido nunca antes. Es único en la historia. Cualquiera que diga que es el mismo fenómeno que el que teníamos el siglo pasado está diciendo una tontería.

La segunda dimensión es que la gente del precariado depende de su salario pero no tiene vacaciones pagadas, baja médica, baja por maternidad remunerada... con la perspectiva de tener en el futuro una jubilación por su trabajo. Si estás en el precariado, estás siendo explotado por la deuda. Eres económicamente frágil porque un accidente, una mala decisión o una enfermedad te pueden dejar sin casa porque no puedes pagar tus deudas.

La tercera dimensión, para mí, es la más importante y es que, si estás en el precariado, estás perdiendo derechos sociales y económicos. No tienes acceso a una ayuda a la renta garantizada y no puedes hacer lo que estás capacitado para hacer. Estás perdiendo también derechos culturales porque no puedes pertenecer a la comunidad a la que quieres pertenecer. Y estás perdiendo derechos políticos porque miras alrededor del sistema político de España o Gran Bretaña, y no ves un partido político que represente tus aspiraciones.

¿Cree que los partidos socialdemócratas europeos están entendiendo, desde el punto de vista político y económico, las demandas del precariado?

No creo que los viejos partidos socialdemócratas las entiendan. Piensan que la respuesta al precariado es un trabajo seguro y a tiempo completo. Pero esa no es la respuesta. La gente del precariado quiere trabajar, pero quiere tener la sensación de poder desarrollarse, de sentirse seguros y quiere una parte de los ingresos que van a parar a los propietarios. No se trata solo de trabajo, trabajo, trabajo. Los socialdemócratas tienden a hablar de puestos de trabajo todo el tiempo. Alguien del precariado dirá: “Mira, yo hago un trabajo. Porque tengo que hacer un trabajo. Pero no me digas que tengo que encontrar mi felicidad en un trabajo”. La respuesta está en permitir a la gente tener una vida mejor, ser capaces de hacer diferentes formas de trabajo, perseguir sus sueños, ser ecológicos, encontrar formas de reducir la amenaza de extinción. La gente en el precariado tiende a preocuparse por estas cosas. Como he argumentado en mis libros, dentro de esta nueva clase social hay tres facciones. El primer grupo está formado por las personas perdedoras de la antigua clase obrera industrial. Sus padres pueden haber sido constructores de barcos u obreros de la automoción y no tienen mucha educación. Esta parte del precariado escucha a los populistas neofascistas. Escuchan a Donald Trump, Santiago Abascal, Boris Johnson, Viktor Orbán y Vladímir Putin porque les prometieron traer de vuelta el pasado, que dicen que es mejor que el presente.

Parte del precariado escucha a los populistas neofascistas. Escuchan a Donald Trump, Santiago Abascal, Boris Johnson, Viktor Orbán y Vladímir Putin porque les prometieron traer de vuelta el pasado, que dicen que es mejor que el presente

Guy Standing — Economista

El segundo grupo está formado por los inmigrantes, las minorías, los refugiados, etcétera. Esta gente, que no votará a los populistas neofascistas, mantiene la cabeza baja porque están privados de derechos. Esto constituye un tipo de peligro diferente, porque si tienes un gran porcentaje de tu población que no participa en el proceso político, eso es una mala noticia para la democracia. Y la tercera parte está formada por los jóvenes a los que sus padres y sus profesores les dijeron: “Si vas a la universidad, tendrás un futuro, tendrás una carrera”. Van a la universidad y salen con deudas, sin carrera, sin futuro. Esta gente está muy enfadada y tiene mucha razón. No van a votar a los populistas neofascistas. Buscan una nueva política ilustrada, que represente una amenaza para el establishment. La política española, en los últimos años, tenía un movimiento político que, potencialmente, podía representar a la clase precaria, pero se ha aburguesado y finalmente ha fracasado. Aun así, España tiene un Gobierno de coalición y me ha impresionado mucho que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya creado una comisión para estudiar el precariado español. Así que espero que esto signifique que hay una nueva apertura para tratar de entender lo que es el precariado.

Me ha impresionado mucho que Yolanda Díaz haya creado una comisión para estudiar el precariado español. Espero que esto signifique que hay una nueva apertura para tratar de entender lo que es el precariado

Guy Standing — Economista

Respecto al primer grupo del precariado, hijos de la antigua clase obrera industrial que está virando ideológicamente hacia la extrema derecha, ¿qué se puede hacer, desde el punto de vista político, para que cambien sus posiciones?

Creo que tenemos que ofrecerles una agenda que no sea reaccionaria, que les dé una seguridad básica. Esa es una de las razones por las que creo que, si se diseña adecuadamente, avanzar hacia una renta básica llegaría cada vez más a esa parte del precariado. La parte joven y progresista del precariado lo entiende fácilmente. Cuando doy charlas por todas partes, los jóvenes entienden la renta básica. Es muy interesante que una encuesta de opinión en España haya encontrado que el 68% de los adultos en España apoyan ahora una renta básica real. Creo que hay que convencer a los sindicatos, y empiezo a ser optimista. Hace dos semanas me dirigí a los sindicatos de Gales: es bueno que empiecen a apoyar la renta básica. En otros países, los viejos sindicatos no la han apoyado. Pero los jóvenes, y sobre todo las mujeres, sí entienden la renta básica. No es el desmantelamiento del Estado de bienestar: se trata de reforzar la posición negociadora de la gente. Así que creo que eso ayudará a hacerlo.

Buena parte de los críticos de la renta básica argumentan que no se puede financiar sin subir la presión fiscal a la clase media y trabajadora.

Creo que durante la pandemia se desperdició mucho dinero con el plan de permisos de trabajo, que fue objeto de fraude (en referencia a los ERTE). Si España o Gran Bretaña hubieran utilizado la misma cantidad de dinero que gastaron en los planes de subsidio, podrían haber pagado a todos sus ciudadanos una renta básica sin aumentar los impuestos. Encontraron miles de millones de euros y libras para los bancos y el sector de los servicios financieros, tanto después de 2008, la crisis financiera, como durante la pandemia del COVID. Así que sí encontraron dinero para ese fin, lo cual hizo que el dinero no llegara al precariado y aumentaran las desigualdades. Si se hubieran gastado la misma cantidad de dinero en una renta básica, estaríamos mucho mejor porque más personas habrían tenido una seguridad básica con la que construir sus vidas.

Pero, a largo plazo, lo esencial es hacer una reforma fiscal para cambiar los impuestos en términos relativos y así dejar de gravar las rentas del trabajo. Por ejemplo, necesitamos un alto impuesto sobre el carbono porque, de lo contrario, no vamos a reducir el consumo de combustibles fósiles. Solo lo conseguiremos políticamente si prometemos que los ingresos recaudados por los impuestos sobre los combustibles fósiles van destinados a financiar una renta básica, o parte de ella. De lo contrario, si solo tienes un impuesto sobre el carbono, aumentará la desigualdad, porque una persona de bajos ingresos pagará más, en proporción, que una persona de ingresos altos. Si el gobierno dice que los ingresos de este impuesto sobre el carbono se devolverán a todos como un pago igual, entonces será progresivo y reducirá la desigualdad. También hay otras formas de crear impuestos “verdes” que podrían utilizarse de la misma manera. Se puede crear un fondo de capital muy similar al que hay en Noruega o en Alaska (EEUU): entra dinero a ese fondo, el fondo invierte y se utilizan los rendimientos de la inversión para pagar una renta básica que aumenta gradualmente, de modo que, a largo plazo, se altera el mecanismo por el que se recicla la renta.

Necesitamos un alto impuesto sobre el carbono porque, de lo contrario, no vamos a reducir el consumo de combustibles fósiles

Guy Standing — Economista

Los gobiernos han recortado los impuestos a los ricos y las prestaciones a los pobres. Eso significa que hay margen para aumentar los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales para financiar una renta básica recortan los subsidios. Uno de los escándalos en Gran Bretaña es que hay un gran número de subsidios que van a parar a los terratenientes, a los propietarios de tierras y a varios otros grupos. Uno de los escándalos en España es que también tienen subsidios y tienen un terrible sistema de subsidios otorgados a sus pesquerías industriales. La industria pesquera recibe subvenciones para el combustible, con lo cual, se produce la sobrepesca y se rompen las reglas internacionales. España es un muy mal ejemplo de destrucción ecológica en el mar. No es el único país, pero es uno. Y hay que acabar con ese tipo de cosas porque está haciendo un daño terrible a nuestros hijos. Porque no habrá peces, a menos que se corten los subsidios.

¿Qué relación hay entre renta básica, trabajo y salud? ¿Se trabajaría menos? ¿Y qué beneficios tendría desde el punto de vista psicológico?

Nuestros experimentos en todo el mundo (ahora hay más de 80 programas piloto de renta básica) muestran que cuando la gente tiene una renta básica, su salud mental mejora. Significa que tienen más energía, que son más productivos en su trabajo y que gastan menos en atención sanitaria, lo que supone menos dinero al Estado. También mejora la eficiencia del gasto en la escolarización. Descubrimos en los proyectos piloto que, cuando la gente tiene una renta básica, trabaja más y es más productiva. Los críticos de la clase media que dicen que si la gente tuviera una renta básica se volvería más vaga no sabe de qué habla. Son prejuicios. Si ese fuera el caso, deberíamos quitar todo el dinero a los millonarios porque obviamente no tienen que trabajar. Es ridículo.

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos aprobó en mayo de 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¿Es suficiente para combatir la precariedad que hay en España?

Cuando oí hablar por primera vez de este plan en 2020, dije inmediatamente que era otra oportunidad perdida. Cuando miré los detalles del plan, pensé, “esto es una locura”. Es un plan diseñado por gente que no entiende de política social. En primer lugar, porque solo perciben el subsidio los pobres. Lo que esto hace es desincentivar a la gente para que intente no ser pobre, porque si recibes la prestación y pasas a trabajar más y a ganar un poco de ingresos extra, lo perderás y no recibirás más dinero. Así que se llama trampa de la pobreza. Además, la norma se basaba en la unidad familiar, lo cual es injusto para las familias numerosas porque es una cantidad mucho menor la que se da a las familias numerosas que a un hogar unipersonal. Así que fomenta la ruptura de las familias. Y, en tercer lugar, se basaba en los ingresos del año pasado, del año anterior.

El Ingreso Mínimo Vital de España es una locura, está diseñado por gente que no entiende de política social, solo perciben el subsidio los pobres

Guy Standing — Economista

¿Qué opina sobre otras medidas que ha llevado a cabo el gobierno progresista, como el aumento del salario mínimo a 1.000 euros brutos o la reforma laboral?

Representa una política que era apta en una sociedad industrial cuando la mayoría de la gente tenía trabajos estables a tiempo completo, en los que iba a un lugar de trabajo, fichaba y salía 8 horas después. Entonces se calculaba el salario mínimo, se calculaba la tasa salarial, etc. Hoy en día tenemos una situación en la que cada vez más personas realizan trabajos y formas de trabajo en las que no sabemos realmente cuántas horas hacen. Yo, probablemente, trabajo 12 horas diarias. No me pagan, pero trabajo 12 horas al día. Algunas personas trabajan 5 horas en un lugar de trabajo y 5 horas fuera: en casa, en una cafetería o en algún otro sitio. ¿Qué cuenta como una hora de trabajo? No estoy en contra de un salario mínimo porque queremos que los salarios sean más altos, pero también creo que en una economía globalizada, el trabajo, cada vez más, se hará online a través de aplicaciones móviles. Así, a finales de esta década, una de cada tres transacciones laborales se hará online con una app, y no podrás calcular cuántas horas has hecho ni cuál debe ser la tarifa salarial. Es decir, es una política anticuada, no es muy eficaz y no llegará a la mayoría del precariado. Así que realmente se convierte en un gesto: una vieja herramienta socialdemócrata utilizada en el siglo XX.

En cambio, una renta básica ayudaría a reorientar nuestra economía para dedicar más tiempo al cuidado de otras personas, al cuidado del medio ambiente, a hacer un voluntariado, a hacer un trabajo que no es un trabajo, etc. Sin embargo, ¿por qué no valorar esas cosas tanto como cualquier otro tipo de trabajo? De momento, el salario mínimo no se ocupa de cosas como los cuidados no remunerados. Seguramente vimos durante el COVID que esta es la parte más vital del trabajo y, sin embargo, no la tratamos como trabajo. Si la gente tuviera derecho a una renta básica, también podría obtener ingresos, por supuesto, y pagar sus impuestos.

El salario mínimo no se ocupa de los cuidados no remunerados y durante el COVID vimos que esta es la parte más vital del trabajo aunque no la tratemos como tal

Guy Standing — Economista

¿Cuál es el papel que pueden jugar las mujeres y el movimiento feminista en la implementación de una renta básica?

Creo que en todos nuestros experimentos piloto hemos comprobado que las mujeres ganan más con la renta básica que los hombres. Los hombres también ganan, pero las mujeres ganan más, en el sentido de independencia. Esa sensación de independencia refuerza su posición negociadora en la familia, en la comunidad y en el mercado laboral.

Las mujeres solteras con hijos pequeños viven una situación de inseguridad crónica y son fácilmente explotables. Pero si tuvieran una renta básica, podrían decir que no. Creo que es una herramienta de liberación feminista, no la única, no digo que sea la panacea. Por supuesto, necesitamos una legislación más fuerte para proteger a todos los grupos, incluyendo a las mujeres. También debería tener en cuenta a las personas con discapacidad que tienen costes adicionales y necesitarían un complemento por encima de la renta básica, porque la renta debería ser una cantidad igual en términos de capacidad de gasto. Las madres solteras con hijos pequeños también tienen mayores gastos que atender. Por eso, creo que es una herramienta feminista de liberación tremenda.

Los 48 escaños que PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox lograron en las elecciones autonómicas de 2020 -aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha podido votar al estar en cuarentena tras haber dado positivo en COVID-19- han rechazado este jueves la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegaba al Parlamento Vasco con el aval de 22.075 firmas para establecer una nueva renta básica incondicional universal (RBI) de 900 euros mensuales actualizable con el IPC para evitar el efecto de la inflación. Las coaliciones de izquierda EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU sí han respaldado este modelo defendido desde la tribuna por una ciudadana, Itziar Guerendiain. Conocido el portazo, dos de sus compañeros han considerado que Euskadi “ha perdido una oportunidad histórica” y han mostrado especial enfado con los socialistas al tiempo que entiende que “no es casual” que los partidos del Gobierno se hayan unido a las fuerzas de la derecha.

El 'no' estaba ya claro de antemano. El Ejecutivo de PNV y PSE-EE llegaba a la Cámara con un informe desfavorable a la tramitación de esta ILP. Aprobado el 8 de marzo, el Gobierno recalcó como argumento principal que tiene “comprometida” y “muy avanzada” una ley para “reforzar” y reformar la renta de garantía de ingresos (RGI) teniendo en cuenta, además, la reciente transferencia del ingreso mínimo vital (IMV). Se da la circunstancia de que la pasada legislatura ya se rechazó otra ILP -aquélla con más de 50.000 apoyos ciudadanos- por el mismo motivo aunque terminó el mandato sin que llegaran los prometidos cambios en la RGI.

Dentro del hemiciclo, Guerendiain ha señalado: “Nos preguntamos, les preguntamos a ustedes, señoras parlamentarias y parlamentarios, si no es ahora el momento de acabar con la pobreza en Euskadi, cuando según el Informe Foessa publicado a principios de este año, una de cada seis personas a nuestro alrededor está viviendo en situación de exclusión social; un 17,6% más que en 2018. Nos preguntamos si no es ahora el momento de acabar con la riqueza, cuando la diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan ha aumentado un 18% desde la crisis de 2008. Cuando las rentas más altas han seguido creciendo un 20%, mientras las más bajas se han reducido un 3%; un grupo donde casualmente estamos sobrerrepresentadas las mujeres, las personas migrantes, las familias con menores a cargo y las personas jóvenes. Nos preguntamos si hoy, cuando 115.000 hogares en Euskadi −el 10,3% de la población− están dependiendo de una persona que sufre inestabilidad laboral grave, no es ya el momento de buscar nuevas medidas de política económica que puedan garantizar el derecho a una vida digna, más allá de la ocupación, o no, de un puesto de trabajo”. Y ha añadido: “Frente a esta idea de que la renta básica incondicional es una utopía financiera y socialmente insostenible, los variados proyectos piloto que se han llevado a cabo en todo el mundo, y también los modelos de financiación que se han desarrollado en numerosas investigaciones −también con datos a nivel de Euskadi− están demostrando que la implantación de una renta básica incondicional sería perfectamente asumible por nuestra comunidad”.

Fuera han considerado que “el camino no se acaba aquí”. “No pararemos hasta lograr una RBI en Euskadi”, han clamado. Su propuesta es que haya un “plan piloto” como el explorado en Catalunya para valorar si es o no viable el modelo. “Sigamos soñando, sigamos luchando, sigamos trabajando. A pesar del 'no' del Parlamento, sigue siendo el momento de la RBI”, han asegurado desde la plataforma promotora, que también ha contado con el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en la rueda de prensa. “El horizonte no es reducir las desigualdades, sino conseguir la igualdad”, ha argumentado en euskera en defensa de la iniciativa la abertzale Eraitz Sáez de Egilaz. “En territorio alavés son suficientes alrededor de unos 4.500 votos para obtener un escaño en esta cámara. Aquí tenemos 22.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas vascas que merecen que se tome en consideración su propuesta en esta Cámara”, ha querido remarcar Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU. Han señalado que es “un lujo” y “emocionante” debatir iniciativas ciudadanas en el legislativo.

Desde la bancada del PNV, Aitor Urrutia ha subrayado que no caben soluciones “fáciles” o “mágicas” para “problemas complejos”. Y ha explicado que no le parece “progresivo” ni socialmente equitativo que se abone una prestación “independientemente de sus otras fuentes de renta”. “El actual modelo vasco de renta de garantía de ingresos, que va a ser mejorado, es muy similar a las coberturas que se producen en sistemas de otros países europeos”, ha apostillado la socialista Gloria Sánchez. Laura Garrido ha intervenido mirando a los palcos donde se hallaban los promotores de la ILP. “La prestación no puede ser un fin en sí mismo. No es el modelo económico que defiende el PP. La mejor política social es el empleo”, ha argumentando obviando que, además de a los 'populares', representa igualmente a Ciudadanos. Vox ha despachado el tema asegurando que es “una vía de entrada del comunismo en el sistema capitalista”. “Con esto queda todo dicho”, ha remachado Amaia Martínez Grisaleña.

En Euskadi existe la RGI desde 2008, que es el salario social de las personas sin ingresos o con pensiones y nóminas bajas. En 2011 sus cuantías se vieron rebajadas en un 7% y se elevó a tres años de empadronamiento la estancia mínima para solicitarla, con alguna excepción. La edad mínima es de 23 años. Cuando el SMI empezó a subir de manera importante, esta prestación se desindexó para dejarla al albur de los presupuestos que plantee cada año el Gobierno de turno. Así, la cuantía básica actual para una persona es de 727,40 euros cuando en aplicación de la literalidad de la ley de 2088 serían 975,33. En 2022 se ha subido la PCV que la complementa para los gastos de vivienda de 250 a 275 euros, si bien en 2008 la cuantía máxima era de 320 euros. A la RGI se le añade ahora el IMV, que ya es gestionado por la comunidad autónoma. Generalmente tiene umbrales más bajos que la RGI, aunque permite pedirla con un año de residencia y es más ventajosa para las familias más numerosas. La RBI plantea un modelo individual -no familiar- a partir de tres meses de arraigo en Euskadi. La cuantía estándar se preveía para todos los mayores de 18 años y menores emancipados y había previsión de pagas menores para los adolescentes y niños.

Un total de 22.075 ciudadanos de Euskadi han respaldado con su firma una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la creación de una Renta Básica Incondicional (RBI) en Euskadi, una propuesta que a partir de ahora iniciará su tramitación en la Cámara autonómica, en la que los grupos deberán pronunciarse respecto a la iniciativa. Las más de 22.000 firmas de apoyo a esta renta incondicional, que han sido registradas este martes en el Parlamento Vasco por los promotores de la iniciativa, duplican el mínimo de 10.000 apoyos exigido para tramitar una ILP en la Cámara vasca, según recoge Europa Press.

Se propone una cuantía de la renta que alcanzaría los 900 euros mensuales para las mayores de 18 años y los menores independizados. Para las personas de entre 14 y 17 años, se concedería un 50% del total, 450 euros, mientras que la cuantía bajaría hasta los 270 euros, el 30% del total, para los menores de 14 años. Para acceder a esta renta, se requeriría contar con tres meses de residencia en Euskadi, pero no entrarían a valorarse aspectos como los convivientes, el patrimonio o los ingresos de la persona receptora.

La plataforma ciudadana que promueve la propuesta, que inició la recogida de firmas el pasado mes de septiembre, ha mostrado su satisfacción por los apoyos recibidos y, a través de un comunicado, ha destacado que se ha logrado “un salto adelante” para la creación de una prestación de este tipo. Este colectivo, que cuenta con el respaldo de ochenta organizaciones, ha destacado que los apoyos recibidos demuestran que la RBI es una herramienta “acogida favorablemente por una mayoría de la ciudadanía vasca”. Además, han afirmado que esta prestación es “una herramienta de política social y económica” que permitiría “avanzar hacia una sociedad mejor”.

En todo caso, la plataforma ha reconocido que a partir de ahora, la ILP depende de la postura que adopten los partidos representados en el Parlamento Vasco. “Son ellos quienes, con sus argumentos y con su voto, pueden permitir que esta ILP siga hasta el final el proceso de su tramitación como ley”, ha manifestado. Los impulsores de la ILP sobre la Renta Básica Incondicional han lamentado que durante el periodo de recogida de firmas, los pronunciamientos de partidos y sindicatos sobre la ILP y sobre la propia RBI “han brillado por su ausencia”.

A su juicio, es momento de que acabe este “silencio”, y de que los agentes sociales se pronuncien “sobre su adhesión o no a una herramienta político/económica que requiere el consenso de la mayoría”. En consecuencia, los promotora de la ILP y las organizaciones adheridas a la iniciativa iniciarán una nueva campaña para intentar que partidos, sindicatos y otras organizaciones sociales “definan públicamente si su postura es favorable o contraria a la ILP”. La plataforma ha afirmado que esta clarificación publica es necesaria por “un elemental ejercicio de transparencia política para con toda la ciudadanía vasca”.

En Euskadi ya existe también la renta de garantía de ingresos (RGI), una suerte de salario social para personas sin recursos o con nómicas o pensiones bajas. Existe como tal desde 2008 y ahora se complementa con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Como adelantó este periódico, en los presupuestos de 2022 se prevé una revalorización de las cuantías del 3% y se destaca que es más que el 1,8% del ejercicio anterior. De este modo, la prestación básica para una persona salta de 706,22 euros a 727,40 euros mensuales, para un pensionista que viva solo de 810,28 a 834,58 y la prestación más alta (familia monoparental con tres miembros o más) ascendería de 1.035,86 a 1.066,93. Hace unos años se suprimió la indexación de estas ayudas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando el Gobierno de España empezó a subirlo de manera clara.

El nuevo plan piloto sobre la Renta Básica Universal (RBU) en Catalunya contará con cuatro millones de euros en el próximo proyecto de presupuestos de la Generalitat. Según ha podido saber elDiario.es de fuentes del Govern, el conseller de Economía, Jaume Giró ha incluido esta partida en el borrador de la ley que será remitida al Parlament el próximo martes para que comience su debate. El objetivo de Giró es tener la ley aprobada para que entre en vigor el día 1 de enero del próximo año.

Los cuatro millones que serán presupuestados en esta materia deben servir para un primer despliegue de la Oficina del Plan Piloto para Renta Básica Universal, creada en octubre pasado y que depende directamente de la conselleria de Presidencia. Básicamente, se trata de llevar a cabo “los trabajos de estudio y diseño metodológicos del plan piloto”, con el objetivo de que este comience a andar antes de diciembre de 2022, explican desde el Ejecutivo.

El plan piloto de renta básica, una política económica que consiste en garantizar una mensualidad mínima y sin condicionantes a todos los ciudadanos, forma parte del acuerdo de investidura con la CUP y está dividido en tres fases. La primera, prevista para este primer año, prevé el “estudio de las mejores opciones de políticas de rentas sociales para la erradicación de la pobreza, incluyendo el diseño de un plan piloto para implementar la RBU en alguna o algunas franjas de edad e inicio de las adaptaciones necesarias para llevarlo a cabo (legislativas, si es necesario, y presupuestarias)”.

A partir de ahí llegaría la segunda fase, que consistiría en el propio experimento, que se prevé que se ejecute a lo largo de los años 2023 y 2024. En 2025, a final de mandato, llegaría la evaluación del plan. 

Una de las principales cuestiones que habrá que resolver durante la fase de diseño es la cuantía de la renta, que podría tener como referencia el índice del umbral de la pobreza, y luego el perfil de población que se someterá al piloto. Sobre esto último, la intención del Govern es que sea una selección de dos segmentos de edad –uno más joven, el otro más mayor– de todo el territorio catalán. 

Con esta partida, el Govern, en plena fase de negociación de las cuentas con la CUP, quiere mostrar su compromiso con este plan de renta básica echando ya a andar la oficina, a cuyo frente ha situado a Sergi Raventós. Este sociólogo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) realizó su tesis sobre la renta básica en casos de desigualdad económica y problemas de salud mental y ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la investigación y análisis de esta novedosa política económica.

El plan piloto está concebido como un experimento político pero, por el número de habitantes de Catalunya, podría convertirse en uno de los más numerosos de los que se han realizado en el mundo. Precisamente esta semana el copresidente de la Red Global de Renta Básica, Guy Standing, estuvo en Barcelona y se reunió con el president Pere Aragonès y con Raventós.

A pesar de que en las elecciones de 2018 ya se notó el aumento, este año las candidaturas negras (49,95%) superan a las blancas (48%). En Brasil más de la mitad de las personas se declaran como negras y mestizas, pero la subrepresentación política es llamativa. En las últimas elecciones hubo una diferencia del 30% en relación a los diputados federales electos, según el IBGE. Este año, el Tribunal Superior Electoral constató el crecimiento tanto de las candidaturas indígenas como de mujeres negras, aunque estos números continúan bajos.

Una de ellas es Renata Souza, que se presenta a la alcaldía de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL); formación que en las pasadas elecciones se consolidó como la mayor fuerza de izquierda de la ciudad. Un lugar en el que también se gestó la carrera política del actual presidente y una de las ciudades más desiguales de Brasil. 

Souza, es una de las “sementes” que sembró la concejala Marielle Franco, asesinada hace dos años por denunciar las violaciones de Derechos Humanos en las favelas. Lejos de morir, el proyecto político de Marielle continúa de la mano de sus compañeras de partido y de vida. Renata Souza es una de ellas, hijas de la favela, que consiguieron ir a la universidad y hoy ocupan espacios de decisión. Como dice uno de los vídeos grabados para la elección: “Son como semillas, caen pequeñas en la tierra, pero después fructifican y lo cambian todo”.

elDiario.es habló con ella entre un acto de campaña y otro, en esa “carrera loca” en la que Renata está envuelta hasta el último voto.

Fue criada en una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, ¿Cómo impactó esta experiencia en su trayectoria política? 

Yo soy nacida y criada en la favela “Complexo da Maré”, que tiene unos 140 mil habitantes, o sea una ciudad dentro de la ciudad de Río de Janeiro. Esta experiencia sin duda me formó en cuanto sujeta política. Estudié en la escuela pública y viví en mis propias carnes lo que significa no tener saneamiento básico. Más bien sobreviví, porque por mucho tiempo bebí agua contaminada y eso me generó enfermedades.

Experimenté en la piel todas estas situaciones que son el cotidiano de muchas personas. Tuve que, desde correr dentro de mi propia casa para escondernos dentro del baño y no ser alcanzados por balas perdidas de operaciones policiales, hasta tener a mis propios hermanos de rodillas en el salón de casa, con el fusil de los policías apuntando en la cabeza.

Participó muchos años en movimientos de Derechos Humanos. ¿Cómo empieza su carrera política desde las instituciones?

Desde muy joven empecé a luchar por los Derechos Humanos en la favela de Maré. Marielle y yo nos conocimos en el curso de acceso a la universidad. Mi historia se mezcla mucho con la de Marielle en términos de trayectoria política. Fuimos a trabajar juntas en el mandato de Marcelo Freixo y en la Comisión de Derechos Humanos nos dimos cuenta de que, lo que ocurría en La Maré, era muy parecido a lo que sucedía en otras favelas, los padecimientos eran semejantes.

Comprendimos que teníamos que tener mujeres negras nacidas en la periferia en la línea de frente de la política para, de algún modo, poder restituir el poder a favor de la población más pobre.  

¿Cómo acaba siendo la candidata a la alcaldía de Río?

Después de que salieron elegidas como concejalas Marielle Franco y Taliria Petrone, Marielle me invitó para ser su jefa de gabinete. Y ahí estuve con ella hasta que la mataron. Después del asesinato vimos que la política del odio realmente mata. Nos demostró que nuestra democracia brasileña está amenazada, en el momento que asesina a una mujer negra, hija de la favela, electa, que traía en su cuerpo y en sus luchas algo tan esencial para la cámara de concejales de Río de Janeiro. 

Entonces, frente al mayor de los dolores que ya sentí en mi vida, fue que me coloqué en la primera línea de frente, aunque yo siempre me sentí más cómoda en los bastidores de la política. Esto solo fue posible gracias al movimiento negro, a los movimientos de las favelas y a los grupos de familiares víctimas de la violencia.

Asesinaron a Marielle Franco y varias personas de su partido como Taliria Petrone están amenazadas de muerte, ¿cómo lidia con el miedo?, ¿cree que de algún modo la política del odio consigue debilitar su proyecto político?

Yo tengo miedo. Pero el miedo no me impide hacer las cosas, por el contrario, el miedo es un motor que da sentido a mi lucha política, que es colectiva. El asesinato de Marielle no nos alejó de nuestros objetivos, de hecho, nos mostró por qué es importante y necesaria nuestra lucha. Nos enseñó que necesitamos enfrentar la política de la barbarie, para que otras personas no sientan miedo. Este es el significado de nuestro proyecto.

Según un informe, el 75% de los muertos por la policía son negros y mestizos. Los casos e incluso la letalidad de la COVID-19 son considerablemente mayores en relación a esta población. ¿Por qué sucede y cómo se podrían reducir estos indicadores?

Las personas negras viven en territorios de exclusión en Brasil, que son favelas y periferias. En estos lugares, la ciudadanía no llega, sea a través del saneamiento básico, atención a la salud o sea a través de leyes de protección de la vida. Por eso, las víctimas de violencia urbana y del coronavirus son en su mayoría la población que vive en estas áreas privadas de derechos. Sólo es posible transformar este escenario con inclusión social y con servicios públicos de calidad.

Las milicias y el crimen organizado están presentes en las favelas y en otros barrios humildes de la ciudad. ¿Cuáles son las consecuencias en las vidas de las personas que viven en estos territorios en relación al transporte, la educación y la salud?

Las milicias son grupos armados que tienen relación directa con agentes públicos de seguridad y que tienen un brazo político. Esta facción política es muy fuerte en Río, hasta el presidente de Brasil quería legalizarlas. De hecho, tenemos a las milicias ocupando espacios de poder. Esto nos muestra el tamaño del desafío que tenemos. Sabemos que la gente que vive en la favela y en la periferia están bajo amenaza constante de estos grupos y que necesitan ser liberados. Nosotros queremos que las personas que viven en esta situación sepan que no está todo perdido, que nosotros somos una opción. 

En algún acto dijo que la actual alcaldía no tiene voluntad política para desafiar las milicias, ¿por qué?

Porque son grupos que dominan áreas enormes de la zona oeste, que es el mayor colegio electoral que tenemos en la ciudad. Hay intereses políticos y electorales por detrás que generan que el gobierno municipal no las enfrente.

¿Por qué la población más vulnerable votaría por personas que parecen no representarlos, como por ejemplo, los candidatos apoyados directamente por Bolsonaro, no solo en Río de Janeiro?

Sí, aunque no son solo los pobres. Existe una élite económica brasilera que apostó por Bolsonaro y que financia a estos grupos de milicianos. Quiero remarcar esto porque a veces se dice que el voto del pobre hace la diferencia, pero no, existe una élite blanca que apoya este tipo de gobiernos. Aunque para quien está en la favela el nivel de amenaza es muy grande, saben donde viven y donde estudian sus hijos. Realmente es una situación de mucha fragilidad. 

Cada vez más mujeres, personas negras e indígenas están presentando candidaturas y ocupando espacios en los que antes no estaban. Esto es expresivo en estas elecciones municipales. ¿Es una respuesta al bolsonarismo?, ¿se reflejará en los resultados electorales de este domingo?

Sin duda se va a reflejar. El ascenso de las mujeres y de la población negra es muy importante, y esto sucede porque saben que si no están en el poder difícilmente van a tener sus reivindicaciones respaldadas por otros. El levantamiento de las mujeres y de los negros es por supervivencia, por lo que ocupar estos espacios es fundamental en estos momentos. Sabemos que estas elecciones municipales tienen que ver con lo que puede ocurrir de aquí a dos años. Queremos derrotar al bolsonarismo desde cada ciudad del país.

Río de Janeiro es una de las ciudades clave del gobierno de Bolsonaro. 

Río de Janeiro es muy simbólica porque fue aquí donde se gestó Bolsonaro. Por esta razón necesitamos derrotar al bolsonarismo en el lugar que lo vio nacer. Los movimientos negros y de mujeres son la respuesta a lo que representa su gobierno racista, machista y misógino. Este domingo vamos a ganar en muchas ciudades con muchas mujeres negras siendo concejalas y también alcaldesas. 

¿Qué es lo primero que harías si eres elegida alcaldesa?

Renta básica. El pueblo está pasando hambre. Río de Janeiro es una postal preciosa pero la desigualdad social mata a las personas de hambre. Asegurar el sustento de las familias más pobres no es caridad, es un proyecto económico, porque a cada real invertido en renta básica, parte vuelve a la economía local ya sea en la tienda del barrio o en la farmacia. Es una política económica y también humanitaria. Nosotros decimos: es posible, es voluntad política.

Julen Bollain (Eibar, 1990) es un economista especializado en renta básica, político e investigador español. En las elecciones al Parlamento Vasco de 2016 fue elegido parlamentario por Elkarrekin Podemos y es miembro de la Red Renta Básica.

Junto con otros autores, ha escrito el libro 'Hoy es mañana: 10 relatos para repensar el futuro', en el que analizan las claves para repensar el futuro en el que se quiere vivir tras la pandemia del coronavirus desde distintos sectores como la economía, la política o el feminismo.

Acaban de publicar el libro ‘Hoy es mañana. Diez relatos para repensar el futuro’. ¿Cómo podría repensarse el futuro desde el punto de vista económico?

Revisar la historia y repensar el futuro no es una tarea fácil, menos aún en una rama tan impredecible como la economía. En el ámbito socioeconómico creo que hay dos cuestiones clave: la transformación de nuestro sistema económico y la modernización de nuestro sistema de protección social.                

Desde el inicio del capitalismo las políticas económicas se han dirigido a aumentar la riqueza de la sociedad en términos casi exclusivamente monetarios. Esto ha tenido como resultado que se haya antepuesto el crecimiento sin límites de la economía ante la destrucción de nuestro ecosistema y, ante ello, es indispensable realizar un cambio de este modelo económico que nos lleva al desastre y apostar por una política de descarbonización de la economía. Debemos aspirar y avanzar hacia una economía de emisiones cero que nos permita cuidar de nuestro planeta. Y, por otro lado, la economía española lleva mucho tiempo pidiendo a gritos una modernización y la revolución digital ha llegado para quedarse. Los países que no afronten con seriedad el reto de la digitalización se verán muy perjudicados en el futuro con una clara desventaja competitiva en el mercado global.

¿La pandemia ha influido o ha aumentado esa necesidad de repensar el futuro del sistema económico?

La pandemia solo ha acelerado una crisis económica y social que se encontraba a la vuelta de la esquina y que, todo parecía indicar, nos iba a hacer repensar muchos aspectos de nuestro Estado de Bienestar. Ahora este proceso, que podría invertir la sociedad de arriba a abajo, se ha visto precipitado y afrontarlo debería considerarse un imperativo ético. Porque no podemos hacer frente a los problemas del hoy con las políticas del ayer. Es necesario que no perdamos el tren del siglo XXI y abordemos la modernización de nuestra economía y de nuestro sistema de protección social. Necesitamos remar entre todos y todas para sentar las bases que transformen nuestra sociedad en una donde la economía esté al servicio de las personas, una sociedad que apueste por la modernización y que traduzca los retos que tenemos en nuevas oportunidades para el bien común.

¿Qué otras áreas sociales y políticas deberían repensarse?

Muchas. Deberíamos repensar y reflexionar acerca de todas las ramas que afectan a nuestra vida cotidiana. En el libro, aparte de la economía, tratamos otras área igual de importantes como pueden ser el feminismo, la ecología, la sanidad, la política, la arquitectura de nuestra ciudades o la educación. Siempre permitiendo que sea el lector o la lectura quien saque sus propias conclusiones. Y es que nuestra intención no es la de llegar a verdades absolutas, sino, con actitud humilde, ayudar a construir caminos esperanzadores aprendiendo de los errores del pasado. Nuevos caminos que nos permitan crear un mundo más próximo, más hospitalario y que cuide tanto del planeta y como de las personas que lo habitamos.

Usted es miembro de la Red Renta Básica y es investigador especializado en este tema. ¿Cómo mejora la vida de los ciudadanos la renta básica?

Una renta básica mejoraría la vida de la ciudadanía de muchas maneras y tendría un impacto muy positivo en colectivos muy diversos. Durante la pandemia hemos visto comunicados a favor de la implantación de una renta básica por parte de colectivos LGTBI, colectivos feministas, del sector de la cultura, de colectivos del Trabajo Social y la Educación Social o de entidades que trabajan con personas con sufrimiento psíquico.

Uno de los resultados que más impacto tendría en un momento como el actual sería conseguir que todas las personas tuviéramos unos ingresos mensuales regulares que nos permitan vivir con un mínimo de dignidad. La renta básica no es una herramienta que sirva para que las personas cenen langosta y caviar todos los días, pero sí para que nadie muera de hambre. En un momento donde el dinero no llega a los bolsillos de gran parte de la ciudadanía, donde millones de puestos de trabajo están en peligro y donde no sabemos qué será de nosotros el mes que viene, la renta básica se perfila como el seguro colectivo de la mayoría social que nos permitirá no estar al albur de las inestabilidades o las turbulencias macroeconomicas.

¿Qué modelo de renta básica recomienda para España?

Para el Estado español se han hecho varios estudios de microsimulación estadística con datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Fiscales que han evidenciado que una renta básica igual al umbral de la pobreza es viable económicamente. Unos estudios que, dicho sea de paso, no difieren significativamente de otros realizados en países como Alemania o Finlandia. Para el caso español el coste neto para que todos los declarantes por debajo del percentil 80 no pierdan es de 76.739 millones de euros. Es decir, un 6,57% del PIB (recordemos que anualmente dejamos de ingresar entre el 6% y el 8% del PIB por el diferencial en presión fiscal que tenemos con la media europea).

¿De qué cantidad de dinero debería fijarse?

Así, una renta básica individual igual a 8.400 euros para las personas mayores de 18 años y del 20% (1.680 euros) a los menores supondría un tipo único del 49,05% en el IRPF. Un tipo único proporcional que se progresiviza automáticamente cuando se realizan las transferencias de renta básica. En este caso, el 80,5% de la ciudadanía saldría beneficiada frente al 19,5% más rico que tendría que pagar un poco más en impuestos. Esto nos llevaría a una mejora en la igualdad entre las personas muy elevada, reduciéndose en casi 14 puntos en el índice de Gini respecto a la situación ex-ante. De esta forma pasaríamos de un índice de Gini ex-ante de 0,3457 a uno ex-post de 0,2061. Por poner algunos ejemplos, Islandia tiene un índice Gini de 0,24 y Noruega o Finlandia un 0,25.

¿Qué diferencia hay entre la renta básica y los sistemas de rentas mínimas?

Si algo diferencia a las rentas mínimas y a la renta básica incondicional es la diferente concepción expresada en términos de libertad. Las rentas mínimas ayudan a las personas una vez han “fracasado”, ofreciendo una ayuda ex post a quienes se encuentran en una situación de necesidad. Esta ayuda, que normalmente se ofrece a cambio de una contraprestación por las prestaciones percibidas (habitualmente a través de un proceso de intervención laboral), conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. Sin embargo, una renta básica incondicional, al ser una asignación monetaria que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía o de residencia acreditada, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía ex ante (y no una vez se ha “fracasado”). Así, consigue la lógica incondicional de las medidas que actúan ex ante, no obligando a muchas personas a comportarse como “sumisas suplicantes” de un subsidio y teniéndose que “desnudar” ante la Administración competente. De esta forma, se garantiza a toda la población la existencia material de entrada, otorgando un aumento de la libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica.

Los resultados del proyecto piloto realizado en Finlandia demuestran que la renta básica no sería una herramienta para alimentar a un ejército de personas 'vagas y parásitas'

¿Hay algún país o algún proyecto de renta básica que recomiende? ¿Se podría implantar en España?

La proliferación de los proyectos piloto de renta básica es uno de los motivos por los que ésta ha conseguido un cada vez mayor espacio en la agenda política y social. Son muchos y diversos los países a lo largo y ancho del mundo que están experimentando con proyectos piloto de renta básica (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Finlandia, Alemania, Francia, Escocia, España, Países Bajos, Kenia, Namibia o India) que, algunos ya han acabado (debido al límite temporal o a su cancelación), otros aún están en marcha y otros están en proceso de empezar. De hecho, la administración de Ada Colau ha llevado a cabo en Barcelona uno de estos proyectos piloto (llamado B-Mincome) que recientemente ha acabado con la obtención de unos resultados muy positivos.

¿A qué conclusiones se llega tras esos experimentos?

Los resultados de estos experimentos han sido relativamente satisfactorios en los sitios donde se han puestos en marcha. Así, los datos nos muestran que las personas perceptoras de la renta básica experimentan una clara mejora económica, del bienestar y de la confianza tanto en sí mismas, como en las demás personas y en las instituciones. Y cómo sé que casi seguro hablaremos de ello más adelante, no entraré mucho más en detalle pero, para mal de tanto gurú, la renta básica también incrementa la oferta laboral.

Algunos de los detractores de la renta básica argumentan que esta podría hacer que los ciudadanos dejasen de trabajar. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Si bien es sabida la disposición de las personas a trabajar siempre y cuando el trabajo que hagamos tenga sentido, los resultados del proyecto piloto realizado en Finlandia demuestran, una vez más, que la renta básica no sería una herramienta para alimentar a un ejército de personas “vagas y parásitas”. ¿El resultado? La incondicionalidad de la renta básica tuvo como consecuencia una mayor participación en el mercado laboral en comparación con las personas que se encontraban dentro del grupo de control (exactamente las personas con renta básica estuvieron empleadas, de media, 6 días más al año que las personas del grupo de control). 

La renta básica es acumulativa, se pueden tener dos rentas a la vez (la renta básica y una renta de trabajo) y la administración no te arrebatará ninguna de las dos

Pero, ¿por qué ocurre esto? Por lo que en economía denominamos trampa de la pobreza. Las rentas mínimas que tenemos en la actualidad (como la Renta de Garantía de Ingresos o el Ingreso Mínimo Vital) son unas prestaciones condicionadas que no son acumulativas. Son prestaciones que, como mucho, complementan una posible renta que la unidad familiar pueda tener hasta un umbral fijado por el programa en cuestión. Por lo tanto, por cada euro que la familia ingrese por, digamos, rentas de trabajo, implica una deducción de la cuantía de la prestación. Muchas veces esto hace que cuando estamos en un programa de rentas mínimas y nos ofrecen un empleo remunerado nos preguntemos si realmente nos merece aceptarlo o no ya que, en ocasiones, puedes llegar a aceptar el empleo e ingresar mensualmente el mismo dinero que ingresabas de la prestación.

Sin embargo, la renta básica es acumulativa. Es decir, se pueden tener dos rentas a la vez (la renta básica y una renta de trabajo) y la administración no te arrebatará ninguna de las dos. Esto, tal y como hemos podido comprobar en distintos proyectos piloto, tiene como resultado que las personas se activen más laboralmente.

¿Confía en que algún día la renta básica sea una realidad en España o es una utopía?

Alguna vez he escrito que estamos al borde del próximo “momento Sputnik” y la renta básica ha pasado de estar en el cajón de sastre a colocarse en la agenda de las políticas realizables. Como decía anteriormente son muchos los países experimentando con políticas que garanticen el derecho universal a la asistencia y, sin embargo, solo uno será el primero en implementar de manera integral la renta básica incondicional. El país o la región que lo haga, obtendrá, sin duda, una ventaja competitiva frente a los demás países de la economía globalizada. ¿Por qué no ser nosotros?

¿Por qué cree que no se ha implantado hasta ahora? ¿A quién no le interesa que se implante?

Creo que hay tres factores que afectan significativamente. En primer lugar, porque dentro de los denominados “grandes partidos” en el Estado español ninguno actualmente cree y apuesta decididamente por ella. En segundo lugar, porque las patronales tienen mucho poder y a éstas no les interesa la implantación de la renta básica ya que sería una herramienta que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, nos dotaría de la libertad necesaria (al tener cubiertos un mínimo para vivir) para decir “no” a empleos basura y rechazar condiciones laborales abusivas. Es decir, habría un gran incremento en el poder de negociación de trabajadores y trabajadoras. Y, finalmente, porque no existe la voluntad de apostar por el derecho universal a la protección frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo.

Estuvimos muchos días encerrados en casa. Desde hace poco, y según dónde vivas, te encontrarás en diferentes fases que te permitirán más o menos actividad al aire libre, pero siempre bajo la amenaza implícita de que la curva de la COVID-19 vuelva a subir. Las noticias siguen advirtiendo del peligro al que nos exponemos si no respetamos las reglas de la desescalada. Pero la realidad ha demostrado que la gran mayoría de las personas han dado su consentimiento al aislamiento, y lo han hecho no sólo por temor a enfermarse o por miedo a las multas, sino y sobre todo, para cuidar a su seres queridos y a los más vulnerables al coronavirus. La idea de que cuidarse implica cuidar a la comunidad se ha convertido en sentido común. El cuidado de uno mismo, de la propia comunidad y de la vulnerabilidad interdependiente que nos caracteriza ha asumido un papel central en estos tiempos de pandemia. Una centralidad que ofrece la posibilidad de abandonar la idea de que el crecimiento económico sirve para resolver todos los problemas de la humanidad, y que poner el cuidado en el centro nos permite finalmente discutir cuál es la vida que vale la alegría de ser sustentada, durante y después de la pandemia.

Las actividades de cuidado son el conjunto de las acciones diarias que realizamos para garantizar nuestro bienestar y del entorno socio-ambiental en el que vivimos. Este flujo invisible de horas de trabajo no pagado es ingente también en las sociedades industriales y digitales. A título de ejemplo, consideremos que en Cataluña por cada hora de trabajo remunerado corresponde una hora de trabajo no pagado. Pero este flujo de horas no remuneradas, aunque contribuye a nuestro bienestar y felicidad , no tiene el mismo “valor” que el trabajo remunerado.

La falta de dignidad atribuida al trabajo del cuidado y de reproducción de la vida se explica también, y sobre todo, porque son principalmente las mujeres las que organizan, estructuran y realizan estas actividades que subvencionan de manera invisible la economía de mercado. No sorprenderá en consecuencia que sobre todo fue el pensamiento radical feminista, enseguida enriquecido y ampliado por el enfoque ecofeminista, el que visibilizó esta appropriación.

La pandemia y el confinamiento han contribuido a visibilizar la importancia de cuidar de uno mismo y de la colectividad. La COVID-19 ha magnificado el tiempo que se requiere para realizar las actividades destinadas al cuidado. Pensemos en el tiempo que ahora se necesita para cumplir con las tareas cotidianas: hacer largas filas para comprar mientras respetamos la distancia de seguridad, repetir la limpieza de nuestras propias manos, hacer lavados más frecuentes de la ropa que usamos y los procesos de saneamiento de todo lo que usamos (teléfonos, llaves, gafas, etc); cuidar de los niños (los cuales, confinados en casa 24 horas al día, requieren un agotador esfuerzo emocional y físico), cuidar de las personas con diversidad funcional y necesidades especiales, así como de los positivos de coronavirus no hospitalizados. En algunos casos, el trabajo del cuidado hay que conciliarlo con el teletrabajo forzado. Las dificultades de conciliación son aún más grandes para todos los que vuelven al trabajo fuera de sus hogares.

La pandemia de COVID-19 por lo tanto, ha tenido un doble resultado: por un lado ha mostrado la importancia de las actividades de cuidado de un sistema social que pone la vida en el centro, y por el otro, que poner la vida en el centro, en un sistema de mercado que en su funcionamiento normal invisibiliza el cuidado y las tareas de reproducción es para muchos insostenible.

Poner el cuidado en el centro sin romantizarlo significa ser capaces de empatizar y dar respuestas a quien, además del miedo del contagio, sufre el miedo que genera la pérdida del trabajo; el miedo de quien no tiene ahorros y no podrá hacer frente a los gastos que garantizan su supervivencia.

En estos días se discute cuál es la medida política económica más adecuada para enfrentar la crisis económica futura y para hacer un poco más justa la sociedad española. El ingreso mínimo vital (IMV) es una de las respuestas que el gobierno de España está definiendo para responder a las secuelas socio-económicas de la COVID-19. Diferentes grupos sociales piden apostar por una Renta Básica Universal (RBU), una medida que recibe mucho respaldo de los españoles, según una encuesta reciente encargada por la Red de Renta Básica . El IMV no es una renta básica universal; no está pensado para todos sino para los que están en una situación de extrema pobreza; no es incondicional sino que se tienen que cumplir algunos requisitos para percibirla; no es para los individuos sino para las familias. La mayoría de los límites socio-económicos del IMV comparado con la renta básica universal, han sido enunciados de forma muy clara en un reciente artículo. Aunque los límites del IMV son claros, esta es la medida que se va a aprobar, pero la discusión para que una renta universal sin condiciones se implemente en el futuro próximo tiene que seguir, idea que sustenta el presente artículo.

Vamos a repetirlo: la RBU es una asignación monetaria incondicional destinada a garantizar las condiciones materiales de existencia. Los enfoques liberales, republicanos y social democráticos que la justifican invocan el derecho individual a la participación en la comunidad política a la que se pertenece, y/o el derecho a gozar de un cierto grado de libertad a fin de hacer posible la vida que se desea vivir. Si bien estos enfoques son evidentemente diferentes en cuanto a tradición política y objetivos, me parece importante destacar que comparten un punto fundamental: se basan en un derecho abstracto a la renta básica. La renta básica permite garantizar el derecho a poder gozar de una vida digna, el derecho a ver realizada la propia idea de libertad y de sentido de la vida.

Existe, no obstante, un movimiento que reivindica una renta a partir de un enfoque materialista: reconocer la centralidad del trabajo de reproducción y de cuidados y remunerar este trabajo feminizado y invisibilizado. La campaña internacional por una Renta de Cuidado pone en primer plano el sentido comun que la experiencia del confinamiento por COVID19 nos brinda: poner la vida en el centro de la preocupación politica es incompatibile con una economia en crecimiento continuo. La expansión de la acumulación capitalista y de la mercantilización de la vida es inconciliable con las actividades de “cuidado” y genera esa “crisis de los cuidados” que tanto preocupa justamente al feminismo contemporáneo.

A diferencia de los enfoques por una RBU, el enfoque por una RC no pide una renta sobre la base de un derecho abstracto a realizar libremente la vida que se considere digna de ser vivida. Aunque no niega la legitimidad de este derecho, no reivindica una renta para explorar lo que potencialmente se puede hacer una vez garantizada la satisfacción de las condiciones materiales de existencia, sino reivindica una renta por lo que se hace diariamente. El problema del estigma se invierte por completo, no pido una renta, aunque no haya contribuido a la producción del valor social, sino que reivindico la parte de valor social a la cual contribuyo con mi trabajo de “cuidado”; un trabajo que generalmente se vuelve invisible para que sea más fácilmente apropiable. Los parásitos son quienes se apropian ilegítimamente del valor producido por las actividades de “cuidado” y reproducción. Por tanto, no se trata de una cuestión simplemente nominalista, el proposito de reivindicar una RC es visibilizar la materialidad de los actos de cuidado y reproducción y su inicua distribución entre los géneros. No se revindica una renta gratis, si no que se pide reconocer un trabajo diario que se tiene que cumplir para que el sistema se pueda sostener.

Este enfoque radica en las luchas de los movimientos del feminismo que lanzaron la campaña del salario para el trabajo domestico en los '70; pero hoy esta claro que este trabajo va más alla del hogar y de la colaboración entre vecinos. Como bien ha aclarado el movimiento eco-feminista, hay una relación indisoluble entre los seres humanos, las comunidades y el medio ambiente en el que viven. Lo que tienen en común estas esferas es precisamente el esfuerzo por cuidar de los seres humanos y su salud, de los espacios y bienes comunes urbanos, el suelo agrícola y los bosques, el ciclo del agua y el clima, la vida no humana y los sistemas ecológicos que lo respaldan. Si se reconoce todo este trabajo necesario para la reprodución de la vida tendría que estar claro que quien revindica una renta de cuidado sabe bien que nada es gratis pero al mismo tiempo sabe que es injusto que alguien se aproprie y acumule el valor del trabajo invisibilizado de otros seres humanos. La campaña tiene, de hecho, el mérito de dejar en claro que no pedimos un ingreso como ser humano a pesar de no haber contribuido a la producción de valor social, sino que reclamamos el pago de esa parte del valor social que se produce pero que se hace invisible para permitir su apropiación indebida.

Como la aportación a este trabajo de reproducion y cuidado es desigual (la mujer aportan historicamente más) y la necesidad también ( una persona que tiene que cuidar a niños y a ancianos al mismo tiempo, o una persona con habilidades diversas, etc.), la RC se tendría que implementar como una renta universal pero diferenciada: quien más aporta más recibe pero también quien más necesita más recibe. Para poner la vida en el centro tenemos que reivindicar una renta de cuidado ya, si no volveremos a una falsamente nueva normalidad.

Traducción y edición: Luciana Lopez y Cristian Pérez de Guzmán

El primer ensayo de renta básica nacional de Europa auspiciado por un gobierno apenas ha estimulado la búsqueda de trabajo, pero sí sirvió para mejorar el bienestar mental de los receptores, así como su seguridad y satisfacción con la vida. Estas son algunas de las conclusiones del primer gran estudio del experimento llevado a cabo por Finlandia entre 2017 y 2018, que en el contexto de la pandemia del coronavirus ha vuelto a generar un gran interés.

“Los receptores de una renta básica están más satisfechos con sus vidas y presentan menores niveles de estrés que el grupo de control formado por desempleados de la misma franja de edad que no percibieron esta ayuda”, señala el estudio llevado a cabo por un grupo de expertos de la Universidad de Helsinki. “También tienen una percepción más positiva de su bienestar económico”.

Las conclusiones de este estudio se han dado a conocer en un momento en el que las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, entre ellas, un aumento del desempleo a nivel mundial, vuelven a despertar el interés por los programas de renta básica. En su tradicional discurso de Pascua, el Papa Benedicto XVI indicó que “tal vez ha llegado el momento de sopesar la posibilidad de una renta básica universal”.

El mes pasado, el Gobierno español avanzó que quiere impulsar una renta mínima para los hogares con menos ingresos “tan pronto como sea posible”. Un millón de familias se beneficiarían de esta medida. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó que el gobierno socialista espera que la renta mínima se convierta en “un instrumento permanente”.

También la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo esta semana que el virus y sus consecuencias económicas “me han acercado mucho más a la convicción de que este es un momento propicio para la renta básica universal”.

El experimento de Finlandia, llevado a cabo entre 2017 y 2018 y que despertó un gran interés en todo el mundo, consistió en asignar una renta básica mensual de 560 euros libres de impuestos a 2.000 desempleados de entre 25 y 58 años seleccionados al azar, sin la obligación de tener que buscar activamente trabajo y sin reducciones en la cantidad percibida si encontraban uno.

El objetivo principal de este experimento era averiguar si una renta básica servía de estímulo para que los receptores aceptaran trabajos temporales o mal remunerados. Este ensayo no pretendía estudiar cómo podía funcionar una renta básica universal porque los receptores procedían en su totalidad de grupos muy específicos y la cantidad que percibían no era suficiente para vivir.

No obstante, el experimento finlandés fue seguido de cerca por otros gobiernos que conciben una renta básica no sólo como una forma de conseguir que más personas se incorporen a alguna forma de trabajo, sino también como una vía para reducir la dependencia del Estado y recortar los gastos de los servicios sociales. La idea ha ganado fuerza después de que se haya pronosticado que la automatización podría amenazar hasta un tercio de los puestos de trabajo actuales.

Mayor satisfacción vital, menos estrés y depresión

Los investigadores, que entrevistaron de forma exhaustiva a 81 receptores, han concluido que si bien la experiencia difiere mucho de un beneficiario a otro, en general estaban más satisfechos con sus vidas y experimentaban menos estrés mental, depresión, tristeza y soledad que el grupo de control. También han constatado un leve efecto positivo en el empleo, particularmente en ciertas categorías, como las familias con hijos, y han indicado que los participantes han obtenido mejores resultados en otros indicadores de bienestar, como una mayor sensación de autonomía, seguridad financiera y confianza en el futuro.

“Algunos receptores afirmaron que esta renta básica ha tenido un efecto nulo en su productividad, ya que en su área no había ofertas de trabajo que coincidieran con su formación”, indica la profesora Helena Blomberg-Kroll, que ha liderado el estudio. “Sin embargo, otros explicaron que con esta renta básica sí pudieron aceptar trabajos mal remunerados que hubieran rechazado si fueran beneficiarios de otro tipo de prestación incompatible con un empleo”, señala.

“Algunos han indicado que esta renta básica les ha permitido recuperar la vida que tenían antes de perder el trabajo, y otros en cambio han explicado que este dinero les ha dado la posibilidad de rechazar trabajos mal remunerados y precarios, y esto ha aumentado su sensación de independencia”, explica la investigadora.

El ensayo también ha dado a los participantes “la posibilidad de intentar hacer realidad sus sueños”, dice Blomberg-Kroll, pues “los trabajadores autónomos y los emprendedores tienen una opinión más positiva de la renta básica, y algunos consideran que genera oportunidades para empezar un negocio”.

Este experimento también ha alentado a algunos de los receptores a involucrarse más en la sociedad, por ejemplo, mediante el voluntariado. “Algunos descubrieron que el hecho de tener una renta mínima garantizada aumentaba sus posibilidades de llevar a cabo tareas como cuidar de familiares o ayudar a sus vecinos”, señala uno de los investigadores, Christian Kroll.

“La seguridad de tener unos ingresos básicos garantizados les ha permitido llevar a cabo tareas con un significado especial, ya que los receptores han tenido la sensación de que la ayuda los legitimaba para este tipo de labores de servicio a los demás.

Muchas de las personas que llevaron a cabo labores de voluntariado durante los dos años que duró el experimento se refirieron a estas labores como 'trabajo“, añade.

Kroll afirma que las conclusiones del estudio apoyan los argumentos a favor y en contra de una renta básica. “Sin embargo, como todos hemos aprendido recientemente, la inseguridad no es una buena manera de vivir”, afirma. “Aunque una renta básica no resuelve todos nuestros problemas de salud ni los problemas de la sociedad, sí se debe debatir si este tipo de programas son parte de la solución en momentos de dificultades económicas”, concluye.

Traducido por Emma Reverter

Cuando en junio de 2015, el secretario general del PSOE y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba en Mérida el Ingreso Mínimo Vital, estaba proponiendo la ampliación del Estado de Bienestar mediante el reforzamiento y consolidación de una dimensión de la política pública que ha recibido poca atención en España: la última red de protección social.

Es bien conocido que en las últimas décadas, tras la progresiva incorporación del paradigma neoconservador, los niveles de desigualdad en la mayoría de los países han ido en aumento. Se han agravado en cada crisis del ciclo económico sin que se recuperaran sus niveles de partida en etapas de crecimiento, y así hasta la próxima crisis. En España, las decisiones del gobierno del PP en la gestión de la última crisis llevaron a nuestro país a cotas de desigualdad que lo situaban entre los más desiguales de la UE, sobre todo si consideramos la diferencia entre las rentas del 20% más rico y el 20% más pobre (ratio interquintílico 80/20). Esto es debido a que la pérdida de rentas se centró en las franjas de renta más bajas y a que una parte de la clase media bajó de escalón.

La consecuencia más devastadora fue el incremento de la pobreza, especialmente en las familias con hijos a cargo, particularmente, en familias monoparentales maternas. Esta situación compromete los niveles de justicia social y cohesión del país. Pero no solo. Supone graves desventajas para los niños que viven en familias con dificultades en el acceso a los bienes más básicos. Además, tiene graves consecuencias para el conjunto de la sociedad española, para su capacidad y competitividad de futuro, al desaprovechar así a una parte del talento de su ciudadanía de futuro.

Son muchos los mandatos que nos impelen a promover medidas de esta naturaleza –derechos humanos incluyendo los derechos económicos y sociales, la carta Social Europea, Constitución Española, Convención de los derechos del Niño- pero podríamos resumirlo en uno: es cuestión de ciudadanía.

Reiteradamente en los últimos años todos los organismos internacionales, desde la OCDE, el FMI a Eurostat o el índice de Justicia Social Europeo, así como decenas de estudios académicos nos demuestran la escasa capacidad redistributiva de nuestras políticas de transferencias monetarias. Según la OCDE por cada euro que reciben las rentas del decil más bajo, las rentas del decil más alto reciben alrededor de cinco.

Atajar esta situación, desplegar el Ingreso Mínimo Vital es una cuestión de justicia social y tiene una poderosa racionalidad económica. Y no solo por combatir la pobreza infantil y las consecuencias antes citadas para la competitividad del país. Lo es también a efectos de potenciar la economía productiva. Todos los recursos que se coloquen en las rentas bajas se vuelcan de hecho en la economía productiva del país, lo que no ocurre con las de rentas con grandes capacidades de ahorro.

Ya en la anterior legislatura el presidente del Gobierno creó el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil e inició la implementación de uno de los componentes del Ingreso Mínimo Vital. Se incrementó la prestación por hijo a cargo especialmente en caso de pobreza severa.

Su despliegue completo constituyó un compromiso de legislatura del actual Gobierno de coalición. El abordaje de la pandemia de la COVID-19 ha forzado el confinamiento y la supresión de actividades vinculadas al turismo, comercio, hostelería, etc., sectores con gran peso en el empleo y que constituyen una base fundamental de nuestro sistema económico. Esta situación ha arrastrado a muchas personas al desempleo y algunas a la precariedad económica, especialmente grave en el caso de familias con hijos.

La crisis actual ha abierto una ventana para una política pública para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital que muchas expertos en políticas sociales y muchos colectivos reclaman desde hace años. Antes era muy necesaria y ahora es imperativa una rápida respuesta para abordar las consecuencias sociales y desamparo de una parte de nuestros conciudadanos, abocados a un escenario en que, a los riesgos sanitarios asociados a la epidemia, se une una indudable amenaza de exclusión social. Por eso el Gobierno está trabajando denodadamente para posibilitar una rápida implementación de ese Ingreso Mínimo Vital.

Es razón de justicia social y cuestión de ciudadanía.

A raíz de la crisis del coronavirus, las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han puesto de manifiesto. En 2019, el 23,8% de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión social y, a comienzos de 2020, 573.000 unidades familiares carecían de ingresos. Los hogares en situación de pobreza, generalmente con viviendas pequeñas mal equipadas trabajos precarios y escasos ingresos, ven aumentados sus problemas.

Determinados grupos sociales en situaciones vulnerables, como las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, la población gitana en riesgo de exclusión, las personas inmigrantes en situación irregular, las solicitantes de asilo, las personas sin hogar, las personas con problemas de adicciones, la población reclusa, las mujeres víctimas de violencia machista o los hogares monoparentales, entre otros, se enfrentan al coronavirus y a las medidas del Estado de Alarma desde una posición inicial de dificultad y precariedad.

Esta crisis está situando a amplias capas de la población española en una situación de seria desprotección en lo que respecta al disfrute de sus derechos fundamentales. El virus impacta de manera más intensa a las personas mayores, muchas de las cuales viven en soledad involuntaria y llevan peor el confinamiento. Por otra parte, hay dos cuestiones graves que les afectan especialmente: la falta de garantías y de seguridad de muchas residencias geriátricas y la existencia de protocolos terapéuticos que discriminan el acceso de las personas mayores de 80 años a ciertos tratamientos vitales.

Los niños, niñas y adolescentes tienen una fuerte capacidad de resiliencia, pueden aceptar las nuevas circunstancias mientras tengan sus necesidades cubiertas, espacio y elementos para sus juegos, así como el cariño y apoyo de las personas adultas con las que conviven. Sin embargo, en la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad las necesidades materiales básicas no están cubiertas.

Asimismo, la enseñanza online que se ha establecido por las autoridades educativas alcanza al grueso del alumnado, pero no llega a quienes carecen de ordenadores, deben compartir el equipo con otras personas, o no tienen acceso a Internet. Al no poder cumplir con estas tareas, probablemente se producirá una mayor brecha digital y un desfase curricular con respecto a sus pares que será difícilmente recuperable.

Las personas sin hogar, en chabolismo o infravivienda, sin acceso a suministros de agua, electricidad y/o gas y las personas internas de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de los Centros de Atención a Solicitantes de Asilo están particularmente afectadas, al no poder adoptar los mínimos para su seguridad sanitaria.

Las consecuencias de la epidemia potencian la desigualdad de género dentro de los hogares. Se constata como la distribución de la tarea reproductiva, que se ha cargado siempre mayoritariamente en los hombros de las mujeres, se ha multiplicado durante las medidas de confinamiento. A esto se suma la implicación aún más activa en las tareas escolares y en la atención a las personas dependientes, quienes antes de la crisis estaban en centros de día o en residencias. En las familias monoparentales, la responsabilidad de gestionar la crisis recae exclusivamente sobre el más de 80% de mujeres que componen estos hogares.

También se está observando un repunte en los casos de violencia de género agravado por la situación de confinamiento, por lo que se hacen necesarias medidas efectivas de protección tanto para las mujeres víctimas como para sus hijos e hijas, entre ellas el aumento de los recursos de acogida, campañas regulares de sensibilización y concienciación dirigidas a la opinión pública sobre la importancia de la denuncia por parte de las personas próximas, así como mayor atención presencial y telefónica, entre otras.

Hasta que las medidas sociales contenidas en los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno entren en vigor, se tramiten y se evalúen las demandas de aquellos hogares afectados, estas circunstancias se irán agravando, así como las tensiones intrafamiliares y la angustia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes ya vivían al límite.

Como parte esencial de una estrategia más amplia de protección social, desde EAPN-ES consideramos que es necesario contar con un ingreso mínimo, que ayude a cubrir las necesidades básicas insatisfechas, permitiendo una vida digna y segura a las personas más desprotegidas.

Durante los días 17 al 19 de octubre tendrá lugar en Sevilla el XIX Simposio Estatal y I Ibérico de la Renta Básica Universal. Estudiosos y representantes de la sociedad civil de los estados portugués y español pondrán en común y debatirán sobre los avances del movimiento por la implantación de la medida: un ingreso a toda la ciudadanía, que iguale el umbral de la pobreza, individual, e incondicional; esto es la Renta Básica Universal (RBU). La asociación organizadora es Andalucía por la RBU, coordinada con la Red Renta Básica -que integra a las entidades que en el conjunto del Estado defienden su implantación- y con la asociación homóloga portuguesa Rendimiento Básico Incondicional, que aglutina a los partidarios del país vecino.

La continuidad de estos encuentros demuestra la solidez del movimiento asociativo y el crecimiento de las personas convencidas de la necesidad de la RBU para el avance de la justicia, la equidad, la autonomía personal y la seguridad material básica de todos y todas, es decir, para el avance de los derechos humanos. Lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, aprobada en la Conferencia de Monterrey en 2007, que incluye la RBU como uno de ellos. Y así se ha pronunciado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, que en comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra en junio de 2017 ha declarado: “…la renta básica universal ofrece una solución audaz y creativa a muchos problemas acuciantes que están a punto de empeorar aún más, como consecuencia del rumbo hacia el que la economía mundial parece orientarse de manera inexorable”.

Hablaremos en Sevilla de las experiencias de RBU que tienen lugar en distintos países o ciudades del mundo, con especial atención a la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona; de las fórmulas y posibilidades de su financiación, con una mesa dedicada a su viabilidad económica en Andalucía; de los efectos que tendría sobre la emancipación de la mujer; de las posibilidades que abriría para el avance del cooperativismo y el amparo de los bienes comunes, y, finalmente, de la filosofía política que la sustenta.

Muchas personas afirman que es financieramente inviable, pero contamos con estudios concluyentes que demuestran su viabilidad y aseguran que podría implantarse aun sin modificar la estructura tributaria y de gasto público actual. Una prueba de que se trata de estudios rigurosos es que no han sido contestados, sino espuriamente ignorados. Cada vez está más claro que quienes aducen motivos económicos para rechazar la RBU ocultan probablemente razones menos confesables, como su avenencia con la injusticia y la opresión, o su sombría creencia de que los humanos solo nos conducimos bien sometidos y temerosos. Pero no: aunque los humanos podemos faltar a promesas asumidas, también podemos libremente cumplirlas, en lo que estriba además una de las fuentes genuinas de realización personal y extensión de la confianza. Además, abrumadoras evidencias prueban que nuestra inclinación a cumplir los compromisos libremente asumidos aumenta, no con el crecimiento económico o la opulencia, sino con la extensión de la justicia y la equidad. Por eso, la implantación de la RBU no debería supeditarse en primera instancia a la estrecha razón economicista. Porque creemos que la justicia y la libertad son valores que van primero que magnitudes abstractas y ya hoy desacreditadas como el PIB.

Hay quien rechaza la medida porque supondría otorgar-nos un derecho sin deber de contrapartida, ignorando que ello no supone ninguna novedad en el ordenamiento institucional orientado a garantizar otros derechos universales, como el de salud, educación, seguridad personal y patrimonial, etc. Seguramente su rechazo se debe sobre todo a que miran la sociedad con las anteojeras de la ideología productivista y trabajocéntrica, concluyendo que la única aportación valiosa a los demás es mediante el trabajo, dando además por supuesto que todas las actividades englobadas en ese “cajón de sastre” contribuyen a crear riqueza. Las personas defensoras de la RBU estamos convencidas de que las posibilidades de contribuir a la sociedad no se restringen a producir trabajando, por lo que, donde las productivistas ven vagancia, nosotras vemos ampliación de las posibilidades y maneras de vivir.

Otras, en fin, aducen que la RBU es innecesaria, que la solución adecuada a la pobreza y el desempleo es la mejora de los subsidios y rentas condicionadas. Pero solo una mirada ignorante puede concluir que la RBU es una renta condicionada extendida, siendo radicalmente diferentes los fines que persiguen las rentas condicionadas a los que persigue la incondicional: todas las rentas y subsidios condicionados pretenden mantener la supeditación universal de la ciudadanía al trabajo.trabajo Pero lo que llamamos vulgarmente trabajo es en realidad una heterogeneidad de actividades de implicaciones y efectos dispares, amalgamadas y englobadas por el economicismo hegemónico. Las rentas condicionadas, sean o no cicateras, contribuyen a la hegemonía del economicismo y a un mundo trabajocéntrico, lo que constituye una singularidad civilizatoria total, y una postergación de los ideales también modernos de libertad, equidad y justicia. Son justamente estos los que pretende amparar la RBU.

De todo esto se deliberará en Sevilla los próximos días.

Félix Talego, área de Marginación  de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Una desigualdad y pobreza para las que las políticas existentes en España no sirven o, al menos, no son suficientes. Es la premisa de la que parte un estudio del Observatorio Social de La Caixa dirigido por el economista Jordi Sevilla, exministro socialista y actual presidente de Red Eléctrica de España a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Diez expertos analizan nuevas fórmulas en torno a los conceptos de renta básica, rentas e ingresos mínimos, que podrían implantarse en España para afrontar este reto. Sevilla defiende una propuesta: una “renta fiscal universal” para garantizar un mínimo vital de ingresos para todo el mundo a través de la declaración de la renta.

El economista, que coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles su propuesta, a través de la que todo el mundo tendría que hacer la declaración de la renta. También aquellas personas que tengan ingresos bajos, al contrario de lo que sucede en la actualidad, que están exentas (quienes ingresen rentas del trabajo de más de 22.000 euros de un pagador o más de 12.643 euros de varios pagadores).

El exministro ha explicado que durante mucho tiempo desde posiciones progresistas se ha considerado que este mínimo exento ayudaba a los colectivos con menos renta. Pero, en su opinión, el sistema impositivo está generando un tratamiento desigual desde el Estado: las personas con más ingresos tienen acceso a unos beneficios fiscales, “que no dejan de ser transferencias de renta que el Estado otorga a través del IRPF”, que no obtienen aquellos con más necesidades, las personas con menos renta que no hacen la declaración.

Sevilla ha subrayado “la incoherencia” de que incluso en ocasiones las ayudas sociales para personas con menos ingresos ligadas a determinadas cuestiones son menos generosas que los beneficios fiscales para las personas con más renta.

Por ejemplo: las desgravaciones por hijo que figuran en las rentas del IRPF frente a las ayudas por hijo a cargo para las familias con menos ingresos. Entre las primeras se contemplan deducciones fiscales de 1.200 euros anuales por cada hijo menos de 3 años o la deducción por familia numerosa de 1.200 euros, mientras que la ayuda por hijo para las familias más pobres es de 291 euros.

Cómo funcionaría la “renta fiscal universal”

La propuesta presentada este miércoles por Sevilla, titulada “crédito fiscal universal”, pretende crear un “mínimo vital que se convierta en una renta garantizada” que asegure un mínimo de ingresos a todas las personas “para satisfacer las necesidades básicas de todo individuo y, con ello, su plena libertad”, recoge el informe.

¿Cómo funcionaría? Todos los ciudadanos deberían presentar su declaración de la renta y, si están por debajo del mínimo vital que se estableciera a nivel nacional, el Estado les devolvería la diferencia. Si están por encima de ese mínimo, deberán pagar lo que corresponda de IRPF.

¿Cuál debería ser ese “mínimo vital”? El exministro y actual presidente de Red Eléctrica no se ha querido posicionar con una cifra en concreto, aunque en el estudio cita una cantidad que puede servir “de referencia”: los al menos 5.550 euros anuales que no se someten a tributación. Esta cantidad aumenta por varias circunstancias, por ejemplo, en 1.150 euros anuales cuando el contribuyente tiene más de 65 años.

Sevilla defiende que la medida tendría un impacto “universal” puesto que los contribuyentes se beneficiarían de la exención tributaria de ese mínimo, como ya ocurre en la actualidad, y los que no llegaran a ese nivel de renta la obtendrían por una transferencia del Estado.

En paralelo, recoge la propuesta, deberían incrementarse “gradualmente” las prestaciones y transferencias sociales hasta llegar a ese mínimo vital fijado desde el Estado. Sevilla ha defendido que no tendría sentido que las pensiones no contributivas o las rentas mínimas de inserción estuvieran por debajo de lo que el Estado ha establecido que es el mínimo necesario para vivir.

Sobre la financiación de la renta fiscal universal, la propuesta se sustenta en una lógica redistributiva en la que “unos ciudadanos pagan y otros reciben” según su situación económica, pero no define cómo se articularía. “Lo que sí sabemos es que los numerosos beneficios fiscales suponen un elevado coste presupuestario y ahí hay un amplio margen”, recoge el estudio.

Debate abierto y múltiples opciones

El economista ha recordado que su “renta fiscal universal” es solo una propuesta más entre las muchas existentes en torno al debate de la implantación de una renta básica universal, que ya están experimentando algunos países y ciudades.

De hecho, fuentes de PSOE recuerdan que tanto en el manifiesto Somos Socialistas de Pedro Sanchez con el que se presentó a primarias como en las resoluciones del 39 congreso de julio de 2017 ya se recoge una propuesta similar a la presentada ahora por Sevilla. Las mismas fuentes añaden que la Secretaria de Política Económica y Empleo ha estado trabajando durante los últimos dos años en la cuantificación de los efectos con microdatos y microsimulaciones de un impuesto negativo sobre la renta.

Sevilla ha explicado que en el informe completo Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica que ha coordinado para el Observatorio Social de La Caixa se abordan varias modalidades, con la participación de especialistas como Daniel Raventós, Ana Berenguer, José Moisés Martín Carretero y José Ignacio Conde-Ruiz, entre otros.

El exministro ha destacado que, pese a los diferentes enfoques de los expertos, todos comparten una premisa: la necesidad de implantar nuevas herramientas en forma de rentas básicas o mínimas para combatir la pobreza y la desigualdad ante la ineficacia del actual sistema de protección social.

El estudio recuerda que la Comisión Europea sitúa a España, junto con Italia, como el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas, siendo uno de los sistemas fiscales que menos redistribución generan.

El experimento de Finlandia de dar dinero gratis a los ciudadanos, pionero en Europa, terminará el año que viene tras la decisión del Gobierno de no ampliar el publicitado ensayo de renta básica y de, en su lugar, explorar planes alternativos de subsidios.

Desde enero de 2017, una muestra al azar de 2.000 personas desempleadas de entre 25 y 58 años ha recibido una paga mensual de 560 euros sin la exigencia de buscar o aceptar ofertas de trabajo. Los receptores que han obtenido trabajo han seguido recibiendo la misma cantidad.

El Gobierno ha desestimado una petición de mayor financiación de Kela, la agencia de seguridad social finlandesa, para ampliar este año el programa piloto de dos años a un grupo de trabajadores y ha asegurado que los pagos a los participantes actuales cesarán el próximo enero.

El Ejecutivo también ha aprobado legislación para dar ciertas prestaciones a desempleados condicionadas a la realización de una formación o de un trabajo de al menos 18 horas en tres meses. “El Gobierno está haciendo cambios para sacar del sistema la renta básica”, declaró Miska Simanainen, de Kela, al periódico sueco Svenska Dagbladet.

El programa, cuyo objetivo principal es ver si un ingreso garantizado incentivaría a la gente a aceptar un trabajo remunerado reduciendo las desigualdades en el sistema de bienestar no es estrictamente una prueba de renta básica universal, porque los pagos se realizan a un grupo concreto y no son suficientes para subsistir.

Se esperaba que la prueba arrojase algo de luz sobre si un pago periódico sin condiciones reduciría la ansiedad en los receptores y permitiría al Gobierno simplificar un complejo sistema de seguridad social que intenta hacer frente a un mercado laboral inseguro y en rápida evolución.

“Dos años es un periodo demasiado corto para sacar conclusiones exhaustivas de un experimento tan grande. Deberíamos haber tenido más tiempo y dinero para lograr resultados fiables”, señaló a la radiotelevisión pública de Finlandia, YLE, Olli Kangas, uno de los expertos que participó en el programa.

La idea de la renta básica universal –atractiva tanto para la izquierda, que cree que puede reducir la pobreza y la desigualdad, como para la derecha, que lo ve como un camino posible hacia un sistema de bienestar más pequeño y menos burocrático– ha ganado fuerza recientemente por las predicciones de que la automatización podría poner en peligro hasta un tercio de los puestos de trabajo actuales.

El ministro de Economía de Finlandia, Petteri Orpo, declaró a Hufvudstadsbladet que está contemplando probar otros programas de bienestar alternativos para cuando acabe el piloto de la renta básica, incluido un sistema de crédito universal similar al que se está introduciendo en Reino Unido.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Aunque Elon Musk y Mark Zuckerberg hayan tenido alguna que otra riña a cuenta del futuro de la inteligencia artificial (el fundador de Tesla se muestra apocalíptico y el de Facebook critica esa postura), los dos magnates tecnológicos sí están de acuerdo en algo: ambos han defendido la renta básica universal. La idea de proporcionar una cantidad mensual a los ciudadanos por el mero hecho de existir está ganando cada vez más adeptos en todo el mundo, y ahora, un empresario pretende presidir Estados Unidos para implantarla.

“Vi que muchas personalidades inteligentes estaban a favor de la renta básica universal y, cuando empecé a investigar, me di cuenta de que en mi opinión es inevitable. Cuanto más rápido la hagamos realidad, mejor será nuestra sociedad”, explica Andrew Yang a HojaDeRouter.com.

Con el lema “pongamos la humanidad primero”, este candidato presidencial por el Partido Demócrata (ya se ha registrado como tal en la Comisión de Elecciones Federales) quiere convencer a los estadounidenses de aprobar esta medida para sobrellevar los efectos de la automatización de los trabajos. “La tasa de desempleo de la Gran Depresión es una posibilidad real si no se hace nada, y eso llevaría a protestas sociales y probablemente a violencia”, augura Yang.

Aunque la frase pueda sonar demasiado pesimista, lo cierto es que la preocupación porque los robots nos quiten el trabajo está cada vez más extendida. El propio Yang nos cita de memoria los vaticinios de uno de los numerosos informes al respecto: según la consultora McKinsey, en 2030 un tercio de los trabajadores estadounidenses de carne y hueso habrán perdido su empleo por culpa de las máquinas en el país norteamericano. Y para ponerle remedio, Yang pretende suceder a Donald Trump.

Un “dividendo de la libertad”

Nacido en Nueva York allá por 1975, Andrew Yang estudió Economía y un doctorado en Derecho. Sin embargo, siempre ha sido un poco nerd por influencia de su padre, Kei-Hsiung Yang, un físico que ha sido investigador en IBM o General Electric y ha patentado decenas de inventospatentado decenas. “Siempre ha sido un poco adicto al trabajo y, de hecho, sigue trabajando hoy en día, así que siempre me ha inspirado su ejemplo”, relata su vástago. Su madre y Kei-Hsiung emigraron de Taiwán en los años 60, por lo que Yang siempre ha sido un defensor del sueño americano y del emprendimiento.

Fundó una startup que cerró al poco tiempo durante la burbuja puntocom y fue el CEO de otra (Manhattan GMAT, dedicada a la preparación de exámenes de negocios) que acabó vendiendo a Kaplan, otro de los gigantes del sector, lo que le permitió amasar una pequeña fortuna.

En 2011, creó Venture for America,Venture for America una organización sin ánimo de lucro que promueve un programa de becas para que los graduados de algunas universidades trabajen en startups en ciudades como Detroit, Nueva Orleans o San Luis con el fin de revitalizarlas, una experiencia que ha compartido en medios como Forbes. Precisamente en los comienzos de esta organización, visitó la Casa Blanca y conoció a Obama, al ser elegido como uno de los Campeones del CambioCampeones del Cambio que luchan por fortalecer sus comunidades.

Con el tiempo, Yang se ha ido preocupando cada vez más por el auge de las máquinas. “Los datos muestran muy claramente que hay una correlación entre el aumento de los robots en las fábricas en un distrito y la proporción de gente que votó por Trump”, afirma. “La automatización ayudó en las elecciones a Donald Trump”. Este empresario hace esa lectura de la victoria del presidente estadounidense en Ohio, Michigan o Pensilvania, tres de los estados del antiguo centro industrial estadounidense (rust belt o cinturón de óxido) que se esperaba que votaran a los demócratas.

Para combatir el problema, se le ha ocurrido que la mejor idea es implantar una renta básica universal, a la que ha apodado el “dividendo de la libertad”, de 1.000 dólares al mes (800 euros) para todos los ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 64 años de edad.

La propia Hillary Clinton ha confesado en su reciente libro de memorias, What Happened, que pasó semanas trabajando con su equipo para incluir en su programa una suerte de renta básica universal, “Alaska for America”, aludiendo a ese estado que proporciona desde los 80 una renta a sus ciudadanos proveniente de los ingresos de sus reservas de petróleo y gas. Sin embargo, acabó descartándolo porque “los números no cuadraban”.

Ahora bien, ¿cómo pretende Yang recaudar los 1,3 billones de dólares al año (1 billón de euros) adicionales que estima necesitaría para pagar ese dividendo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Trump ha propuesto un presupuesto federal para 2019 de 4,4 billones de dólares (3,5 billones de euros)?

Para lograrlo, propone crear un impuesto al valor añadido (VAT por sus siglas en inglés) del 10 % a nivel federal, un gravamen con el que ya cuentan más de 160 países entre los que no figura Estados Unidos. Ahora bien, ¿será suficiente el dinero que se recaude con ese impuesto indirecto sobre el consumo? ¿Por qué no optar por otras fórmulas como subir los impuestos a las rentas más altas o que los robots paguen impuestos como los trabajadores, una medida defendida por Bill Gates e incluso debatida en el Parlamento Europeo?

“Si tienes mucho dinero probablemente vas a contribuir más al impuesto sobre el valor añadido porque vas a consumir más. Y, por supuesto, si no necesitas el dinero puedes dárselo a una ONG o a alguien, no es un requisito quedárselo”, asegura Yang. “El impuesto sobre el valor añadido es la forma más efectiva de generar ingresos”.

Además, puntualiza que se necesitarán otros mecanismos adicionales para financiar esa renta básica universal que considera necesaria tanto para garantizar la continuidad del sistema económico como para crear una sociedad “más justa e igualitaria”.

De vigilar los robots a controlar las adicciones

Las propuestas de Yang relacionadas con la inteligencia artificial en particular y la tecnología en general no acaban con su propuesta de una renta básica universal. También defiende que, en la era de la automatización, es necesario un “capitalismo más humano”, una evolución del sistema económico que tenga en cuenta otros factores más allá del producto interior bruto de un país, como la “libertad”, la “salud mental” o el “compromiso de las personas con su trabajo”.

“El capitalismo no funciona bien cuando la gente no tiene dinero para ganar y no hay un mercado fuerte de consumo, y no funciona bien cuando hay un montón de disfunciones en la sociedad”, defiende.

Yang cree que la inteligencia artificial cambiará la economía y la sociedad “de formas impredecibles”. Por eso, planea contratar a las mentes más brillantes de la tecnología para que trabajen en el Gobierno y cooperar con las empresas privadas para asegurarse de desarrollar sistemas que mejoren las vidas “en lugar de destruirlas”.

Pese a ello, Yang niega que su propósito sea detener la innovación, y es consciente de que China pretende ser la primera potencia mundial en el campo de las máquinas en los próximos años. No en vano, el gigante asiático presentó hace unos meses su ambicioso plan para adelantar a Estados Unidos en 2030. “Como presidente haré todo lo que esté en mi poder para hacer que Estados Unidos sea líder en inteligencia artificial”, detalla Andrew Yang.

Además de estas medidas, el programa de Yang contempla otras sorprendentes propuestas, como trabajar para comprender los efectos de la tecnología en “la salud y en el comportamiento humano” y promover el uso responsable de los smartphones: en su web, él mismo señala que están convirtiendo a los niños en “zombis ansiosos y deprimidos”niños .

También defiende que todos los policías lleven una cámara corporal para que tanto ellos como los detenidos controlen su conducta, establecer que el lanzamiento de armas nucleares no sea decisión del presidenteestablecer sino que se requiera la verificación del vicepresidente, hacer los impuestos “divertidos” fijando un día para celebrar los ingresos obtenidos con ellos, garantizar un mínimo de vacaciones en cuatro semanas al año, formar un grupo de psicólogos en la Casa Blanca o legalizar la marihuana.

Ahora, Yang está dándose a conocer a la opinión pública con el fin de recaudar fondos para su campaña e incluso ha escrito un libro (The war on normal people, ‘La guerra contra la gente normal’) para explicar por qué la renta básica universal es necesaria. Él mismo nos asegura que trabajadores de Google o Facebook ya han donado dinero a su campaña, además de inversores en empresas tecnológicas.

Ahora, habrá que esperar para ver cómo prospera la candidatura de este empresario decidido a presidir Estados Unidos para abordar el peligro de que los robots nos quiten el trabajo y el desempleo acabe provocando el caos. ¿Nos volverá a sorprender la política estadounidense?

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Las fotografías son propiedad de Andrew Yang

Podemos Santander ha organizado para este sábado 2 de diciembre una jornada para hablar y dar a conocer mejor la Renta Básica Universal (RBU), que contará con Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de la formación morada, como invitado especial.

Tal y como ha explicado el propio partido, a lo largo de todo el día se abordará cómo financiar esta prestación, los efectos de la misma en la sociedad y su viabilidad. Así pues, se han programado tres bloques. El primero de ellos dará comienzo a las 12.30 horas y en él se tratará la RBU desde la perspectiva de los movimientos sociales. La PAH, Manifestaros por los Servicios Públicos o la Asociación de trabajadores precarios y en paro explicarán su visión acerca de ella y los efectos positivos que tendría sobre la población.

Tras la comida popular que tendrá lugar a las 14.30 horas, la sesión de la tarde analizará la RBU desde la perspectiva económica, de forma que se estudiará su viabilidad así como las diferentes vías para financiarla. Esta labor correrá a cargo del profesor y doctor en Economía, Julio Revuelta, que también explicará a fondo las políticas redistributivas. El bloque será moderado por la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría.

La jornada se cerrará con la intervención de Iñigo Errejón a las 19.00 horas, moderada por la diputada, Rosana Alonso, que será la encargada de explicar la propuesta de Renta Social Básica presentada por Podemos Cantabria en el Parlamento y que se debatirá en el Pleno del lunes 4 de diciembre para su toma en consideración.

Esta reforma legislativa, según señalan desde este partido, “busca implementar un sistema que incentive el empleo y la integración social, se dirige a aquellas personas que no alcanzan unos ingresos mínimos y pretende también agilizar los trámites de manera que los usuarios no tengan que presentar una y otra vez los mismos documentos”. “Esta reforma de la ley de Renta Social Básica es una de las condiciones básicas que Podemos Cantabria ha puesto sobre la mesa para aprobar los Presupuestos Generales para Cantabria en 2018”, detallan.

Desde Podemos Santander consideran que “el tránsito hacia una sociedad con una Renta Básica Universal es una cuestión de justicia social. Un derecho de todos y no un acto de caridad institucional”.