Puede repetirlo su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, los periódicos que financia y algunos tertulianos de guardia y seguirá sin ser verdad. Madrid no es España. Madrid está en España. Es su capital y acoge las sedes de las instituciones y los principales medios de comunicación del país. Pero hasta ahí. Nada más. Tampoco nada menos.

Este país no se explica desde la M30 por muchos edificios institucionales que acoja. Es una realidad incontestable que a diario se pone en duda desde la Corte. Y este viernes volvió a quedar de manifiesto en la Conferencia de Presidentes, que se celebró en Barcelona, pero que acogió a todos los líderes autonómicos. Allí el anfitrión y president de la Generalitat, Salvador Illa, el lehendakari, Imanol Pradales y hasta el presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, pronunciaron algunas palabras en sus lenguas, cooficiales según la Constitución.

Ayuso fue la única dirigente que lo consideró una afrenta. Ningún otro presidente –y estaban representados 13 del PP, si contamos a los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– se levantó cuando hablaban sus homólogos catalán, vasco y gallego. O la presidenta navarra.

Esa fue toda la aportación a la Conferencia de Presidentes que llevó esa región que presume de estar a la cabeza de España y Europa. ¿Alguna idea para los retos del país, más allá de los numeritos para salir en la prensa amiga? ¿No era el momento para compartir las supuestas políticas innovadoras de la “región más próspera” para que pudieran beneficiarse el resto de territorios? Nada. La contribución de Ayuso al debate nacional fue evitar saludar a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, y hacer otro numerito cuando los presidentes vasco y catalán se expresaban en sus idiomas.

Nada fue improvisado. Desde la Comunidad de Madrid ya habían avisado la víspera sobre su amenaza y sus asesores mandaron comunicados exprés a la prensa con argumentarios para justificar a la presidenta.

En contraposición a ella, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente andaluz, posó ante las cámaras en conversación distendida con Illa. Y el resto de sus compañeros, de todos los partidos, asistieron respetuosos al debate y escucharon todos los discursos, por más que luego discreparan de ellos.

Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿será que solo en Madrid se considera una afrenta que algunos presidentes hablen en sus idiomas? ¿Por qué el resto de presidentes del PP no la secundaron e incluso el de Galicia, Alfonso Rueda defendió que era un orgullo manifestarse en gallego?

¿Será que fuera de la capital no acaba de cuajar la polarización continua que fomentan sus políticos y medios de referencia?

Y dentro de Madrid, ¿cuántos ciudadanos están en las posturas de una presidenta que dice gobernar para todos?

¿Piensa Ayuso que representa a toda la región cada vez que urde una de sus performances, ya sea abandonar una Conferencia de Presidentes o entregar medallas a Milei?

El lugarteniente de Ayuso, Alfonso Serrano, dejó clara la posición del PP madrileño: llamó a la Conferencia de Presidentes “paripé” y pidió “no caer en las trampas” de Pedro Sánchez.

Es de suponer que se lo pide al resto de presidentes autonómicos del PP, porque no parece que ni los de Asturias o Canarias estén en eso. ¿Significa eso que los demás dirigentes populares y el propio Emiliano García Page, tan atento siempre a evitarlas, sí cayeron en la trampa del sanchismo? ¿Que solo desde Madrid saben responder a esa “mafia que gobierna España”?

Puede que sea lo contrario. Que el ecosistema madrileño que alienta su guardia de Corps mediática haya propiciado un ambiente irrespirable en la capital muy diferente al que se vive en el resto de los territorios. Por eso Esperanza Aguirre se permite defender abiertamente el franquismo, como ha hecho esta misma semana en una entrevista en El País para presentar su libro.

Pero si fuese cierto que Madrid es España, como se repite machaconamente, ¿va a defender el PP ese discurso en todo el país, de cara al nuevo ciclo electoral? Es una incógnita. De entrada, Feijóo sabe que le va mucho peor desde que ejerce de madrileño. Lo confesó él mismo al salir de la misa de San Isidro, hace unas semanas: él ahora se siente madrileño. Y repite cosas como que desde la capital tiene mejor perspectiva que la que manejaba “desde el córner”, que es como llama ahora a sus años de presidencia en la Xunta (y de mayorías absolutas sin tener que estar pendiente de Vox).

El Feijóo que llegó a Génova 13 tenía mejor valoración en las encuestas entre la población general, entre los votantes de su partido e incluso en la parroquia de Vox. Pero ahora tanto él como su partido y los medios que lo arropan, confían en que la corrupción del caso Ábalos y otros supuestos escándalos distribuidos en seriales semanales –y ahí cabe de todo: bulos, medias verdades, acusaciones sin pruebas lanzadas por presuntos delincuentes como Aldama e incluso informes fantasma de la UCO– hagan caer a este Gobierno en cuestión de semanas. A eso lo fía todo Feijóo, que sin números para una moción de censura –espectáculos como el de este viernes no ayudan a convencer a partidos como el PNV o Junts, y así se lo han recordado ambos– prefiere agitar las calles madrileñas (solo en la capital se convocan esas manifestaciones que supuestamente se hacen eco del hartazgo nacional).

Visto el barrizal en que está sumida la política nacional, no es de extrañar que la cita no supusiese ningún avance para el ciudadano de a pie. Y eso que en la Conferencia de Presidentes estaban sobre la mesa temas esenciales para la sociedad: el problema de la vivienda que trastoca la vida de millones de personas y que ha dejado de ser una preocupación generacional para afectar a todo el mundo. O el acogimiento de los menores no acompañados y una solución para Canarias, que lleva años lanzando un grito de socorro porque no puede hacer frente sola al desafío.

Sentados a la mesa, salvo Ayuso que iba y venía, estaban todos los responsables de hacer frente a los gigantescos retos que el país tiene por delante. No se llegó a ningún acuerdo porque las derechas hace tiempo que han demostrado que van a dedicar la legislatura entera (cuatro años con sus días, sus horas y sus plenos en el Congreso) a hacer caer el Gobierno. Son derechas en plural, no porque sean dos partidos, PP y Vox, socios y cada vez más indistinguibles, sino porque en la operación están también empresarios, algunos jueces y fiscales, y, por supuesto, medios de comunicación… Si alguien tiene interés en saber quiénes son: todos los que respondieron afirmativamente a aquella pregunta de Pablo Casado que pasará a la historia y precipitó su decapitación el 18 de febrero de 2022: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”. A derrocar el Gobierno por las buenas o por las malas contribuyen también aquellos que siguen al pie de la letra el mandamiento de Aznar: “El que pueda hacer que haga”.

Siempre presto a colaborar, el expresidente que dio plenos poderes en su Gobierno a Rodrigo Rato, que nombró ministros a Eduardo Zaplana, a Jaume Matas y Francisco Álvarez Cascos, el que lideraba el PP cuando anidó la Gürtel y llenó de futuros presidiarios la boda de su propia hija, ya ha anunciado que él sí estará en la marcha de este domingo convocada por Feijóo en Madrid bajo el lema 'Mafia o Democracia'. Como actores secundarios, o no tanto, ya han confirmado su presencia Ayuso y hasta Carlos Mazón. Puede incluso que esté Esperanza Aguirre. Madrid es España, dicen, y en la capital nada es imposible.

A diferencia de otros grandes edificios situados en Barcelona, como las sedes de la Generalitat y del Parlament, el Ayuntamiento e incluso el Palauet Albéniz, el Palau de Pedralbes nunca había sido escenario de grandes eventos políticos. Hasta el procés. Durante los días previos a la consulta, la antigua residencia real barcelonesa fue el emplazamiento discreto donde se reunía el llamado “estado mayor”, que preparaba el 1-O.

Pasado el momento de más agitación institucional, en diciembre de 2018 Pedro Sánchez y Quim Torra se vieron en el edificio y consiguieron consensuar la llamada Declaración de Pedralbes, donde el Gobierno y la Generalitat se comprometían a apostar por el diálogo para solucionar el “conflicto sobre el futuro de Catalunya”.

De aquel conflicto, siete años después, queda muy poco. Al menos a nivel gubernamental. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat están absolutamente alineados sobre cómo debe ser ese futuro de Catalunya que los anteriores presidents soñaban fuera de España. Con la elección de Pedralbes como cita para la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes, los socialistas han remarcado esta situación y han conseguido reescribir el significado de un lugar que en su momento vio como los equipos de Sánchez y Torra se peleaban hasta por el color de las flores de pascua que decoraban la sala.

El símbolo de las más que complicadas relaciones de Sánchez con el independentismo se ha convertido ahora en el escenario del pulso entre PSOE y PP. Una contienda que el Gobierno había planteado centrada en la vivienda, pues pretendía utilizar la Conferencia para confrontar el modelo catalán, donde la ley estatal se aplica en su totalidad, con el madrileño, epicentro de la negativa a regular los precios del alquiler mayoritaria en los territorios del PP.

Sin embargo, la posibilidad de utilizar las lenguas oficiales diferentes al castellano, que fue una petición inicial de Salvador Illa e Imanol Pradales, ha acabado suponiendo el mayor punto de fricción en el foro autonómico. Y lo ha sido gracias a la actuación de Isabel Díaz Ayuso que, tal como amenazó el jueves, ha optado por marcharse de la sala cuando se hablaba en catalán o euskera.

En la inesperada guerra sobre el uso de las lenguas, el Gobierno y las comunidades del PSOE se han alineado sin mayor problema junto a la Generalitat y el Gobierno Vasco. Mientras, la presidenta madrileña ha acabado arrastrando al PP a una posición intransigente con la pluralidad lingüística que no es siempre bien entendida por todas las sensibilidades conservadoras.

El Gobierno Vasco no ha escondido su enfado por el desaire de Ayuso. Según ha indicado Pradales, consideran el gesto de la madrileña una “intolerable falta de respeto mostrada hacia el euskera, los miles de euskaldunes, el lehendakari y el pueblo vasco”. “Respetar las lenguas oficiales no es un gesto menor: es una cuestión de derechos de igualdad lingüística, respeto institucional, cultural y democrático”, ha añadido el lehendakari.

“Catalunya se ha afirmado como un espacio de la institucionalidad, del diálogo y de la pluralidad”, ha asegurado Illa, quien ha metido el dedo en la llaga al agradecer la actitud de “la gran mayoría” de los presidentes autonómicos por su comportamiento y su “respeto” a la lengua catalana, gallega y vasca. El president de la Generalitat ha optado por hacer todas sus intervenciones íntegras en catalán, una lengua que “no solo sirve para decir una frase al principio y una al final, sino que también vale para expresarse en su totalidad”, ha defendido Illa.

El jefe del Govern se siente cómodo en la defensa de la lengua, igual que Pedro Sánchez prefiere aparecer del lado de la llamada “España plural” enfrente de un PP que, aseguran los socialistas, “no entiende España”.

Siendo así, no es extraño que el partido de Alberto Núñez Feijóo, pese a su aplastante mayoría en la Conferencia –13 presidentes del PP contra 3 socialistas– no haya sumado ni un solo apoyo en su petición de elecciones anticipadas a Sánchez. Tanto el lehendakari Pradales como el presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, se han cuidado de colocarse todo lo lejos que han podido del PP, mostrando su agrado hacia algunas de las propuestas que llevaba a Barcelona el Gobierno central.

Tanto la Catalunya normalizada e implicada en el proyecto español, que Illa se esfuerza por representar, como la nueva sensibilidad del Estado hacia las lenguas minorizadas son dos ejes importantes en la estrategia de la Moncloa. El voto catalán ya fue fundamental para la reelección de Sánchez –tres de cada cuatro papeletas depositadas en Catalunya fueron a partidos que apoyaron la investidura del socialista– y volverá a serlo en unas elecciones que Sánchez ha dejado claro que no se celebrarán antes de 2027.

Pero los guiños a la pluralidad lingüística y cultural no solo sirven para contentar a los socios independentistas y afianzar, de paso, Catalunya como una plaza fuerte para los socialistas. El Gobierno ha descubierto que estos gestos también funcionan para meter al PP, y a veces incluso a Vox, en embrollos internos difíciles de solventar.

Pese al “veto” de Ayuso, este viernes el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inició su intervención en gallego. Igualmente la presidenta balear, Marga Prohens, también del PP, utilizó el catalán durante una buena parte de su turno. El PP vasco reaccionó defendió su “derecho” de hablar en euskera. O la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que aseguró que ella no había tenido ningún problema en utilizar el pinganillo. “Me parece estupendo que cada uno se pueda expresar en una lengua que es cooficial en el territorio”, dijo la cántabra. Reflejo, también entre sensibilidades conservadoras, de una España muy diferente a la que se ve desde la Puerta del Sol.

Cuando se habla de mafia, uno tiende siempre a recordar a Marlon Brando sentado en una silla de despacho haciendo de Vito Corleone en El Padrino. Pero más allá de la ficción, la organización criminal acumula una amplia historia y un poder cautivador entre los curiosos. Ahora es el PP quien la usa de reclamo para referirse al Gobierno que, en su argot propio, es “una organización criminal” y una banda de malhechores comandados por un “capo”, que es Pedro Sánchez.

En el Palacio de Pedralbes de Barcelona, donde este viernes se celebró la XXVIII Conferencia de Presidentes, ni Sánchez ni Salvador Illa ni ningún otro participante llevaba el sombrero inclinado hacia la derecha para indicar que estaba siendo vigilado. Tampoco hacia atrás para avisar de que había peligro. De hecho, la única amenaza para la normalidad institucional que se espera de los representantes públicos fue la de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que la había explicitado ya un día antes con la palabra sin necesidad de sombrero. A la baronesa le molestan las lenguas oficiales y llegó dispuesta a irse de la reunión si cualquiera de sus homólogos osaba hablar en su lengua materna. Lo cumplió a medias. Siempre dispuesta a la bulla. Siempre en busca de un chusco protagonismo.

Ninguno de sus compañeros del PP le siguió en la afrenta, que duró exactamente el tiempo que saboreó un café en el hall del palacio y acabaron las intervenciones del president de Catalunya, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, quien lamentó el bochornoso espectáculo. Uno más del nombre que envenena los sueños de Feijóo, un expresidente autonómico que dejó de formar parte de este cónclave cuando abandonó la Xunta y que en el viaje a Madrid perdió también la moderación y la institucionalidad para subirse a la ola populista y faltona de su más polémica baronesa. La ruptura del PP con Pedro Sánchez es absoluta y este viernes fue más evidente que nunca.

La inquilina de Sol, que provocó, según el lehendakari, Imanol Pradales, “una evidente incomodidad” entre sus correligionarios, había protagonizado otro numerito cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, siguiendo el protocolo y las reglas mínimas del respeto institucional, fue a saludarla con dos besos y le espetó si iba a besar a una asesina, en referencia a las 7.291 muertes en las residencias de mayores durante la pandemia. No consta que García le respondiera si ella iba a hacer lo propio con una 'porrera', que es cómo retrató ella a la ministra hace unos días.

El resto de barones no solo no se ausentaron, sino que alguno como el gallego Alfonso Rueda hizo una defensa de las lenguas oficiales e incluso habló en gallego durante unos segundos para proseguir luego en castellano. El murciano, Fernando López Miras, ironizó sobre el panocho. El asturiano probó con el bable y el aragonés amagó con el yeso o fragatín. Todos y cada uno de los participantes parecieron chotearse de la madrileña, cuya pantomima más que a desplante sonó a una nueva entrega de su habitual show, además de a su desprecio por las lenguas oficiales reconocidas en la Constitución. Ya saben: Madrid es España dentro de España y ella es el paradigma del casticismo más casposo.

El ambiente venía ya caldeado por el escándalo de la ya ex militante socialista Leire Díez y por la manifestación convocada por el PP para este domingo contra “la mafia”, un calentón para aprovechar el caso Leire Díez y el enésimo intento de Feijóo de que la calle le otorgue la legitimidad que le niega el Parlamento. Sánchez, cuya pretensión inicial fue compartir propuestas sobre vivienda con los diferentes territorios, había cedido a la exigencia del PP de incluir un extenso catálogo de asuntos.

Hasta 14 puntos formaron parte del orden del día y ni un solo acuerdo fueron capaces de alcanzar los 19 líderes territoriales (17 presidentes autonómicos y de las dos ciudades autónomas). Tampoco resoluciones o recomendaciones que, al parecer, algunos presidentes autonómicos sí estaban dispuestos a aceptar, pero el presidente del Gobierno rechazó. No hubo tregua pese a los matices y los diferentes tonos entre dirigentes y “la notoria existencia de dos PP”, en palabras de uno de los barones socialistas.

Moreno Bonilla no es Ayuso ni Mazón es Gonzalo Capellán (La Rioja). Pero todos elevaron quejas al Gobierno porque el que no atacó las reformas del Gobierno en materia de justicia cargó contra el reparto de inmigrantes, demandó más financiación, situó la okupación como problema de primer orden, rechazó la condonación de la deuda autonómica, atacó la ley de amnistía o vetó el uso de los pinganillos para la traducción simultánea que Ayuso llegó a calificar de “esperpento” y “maniobra del independentismo”.

El presidente del Gobierno había pedido dejar la confrontación “en el perchero para centrarse en los problemas de los ciudadanos”. Y el anfitrión, el president de la Generalitat, Salvador Illa, hizo lo ídem, tras exponer los progresos de Catalunya bajo su mandato en ámbitos como la vivienda, la formación profesional, la transición energética o la inmigración. Todo intento para “trabajar alejados de la crítica fácil y de la tentación de boicot permanente”, como pidió Illa, fue baldío. Al igual que cualquier reconocimiento de que el marco de la reunión, el palacio de Pedralbes de Catalunya, era un signo de la normalidad institucional que el Gobierno de España pretendió primero con los indultos y después con la amnistía a los líderes del procés.

Los populares cumplieron la consigna de Génova de boicotear la cita con una acción conjunta que pedía a Pedro Sánchez anticipar las elecciones generales, en línea con lo que lleva exigiendo Feijóo casi desde el día siguiente de que se constituyera el Gobierno. La única excepción entre los populares fue el presidente de Ceuta, que además agradeció y puso en valor el real decreto que establece el reparto obligatorio de menores inmigrantes entre todas las comunidades. “Un señor”, a juicio de uno de los ministros presentes en la reunión.

Pidió elecciones generales Juan Manuel Moreno Bonilla ante la situación “crítica y convulsa”, la falta de mayoría social y parlamentaria del Gobierno, la “incapacidad de presentar” unos Presupuestos y la creciente “desafección y desconfianza”, si bien el presidente de la Junta tenía más interés, según fuentes participantes en el cónclave, en “meter el dedo en el ojo a la vicepresidenta primera y candidata a Andalucía, María Jesús Montero, que en seguir directrices de Génova”. Así lo hizo para cargar contra la falta de financiación y pedir, como hicieron también otros, una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las pidió la cántabra María José Sáenz de Buruaga porque la situación de España “es insostenible” y porque “hay síntomas clarísimos de agotamiento, parálisis y decadencia institucional”. Las pidió el gallego Alfonso Rueda y hasta el valenciano Carlos Mazón, que está como para dar clases de lo que se debe y no hacer en política después de su ejemplo durante la DANA en la que fallecieron 228 personas. Aun así echó en cara a Sánchez la falta de ayudas para los afectados y que la cita concluyese en un “no a todo”. Y las pidió también el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco, en su caso con un matiz: el de que la gestión de Sánchez estaba repercutiendo negativamente en su región.

No lo hizo el socialista castellano manchego, Emiliano García Page, que días antes sí las había sugerido en declaraciones públicas. “Ni era el sitio, ni era el momento y mucho menos tras ver la actitud del PP”, aseguraron desde su equipo. Page, que cree que “España es un puzle roto”, preso del frentismo y con las piezas averiadas, sí cuestionó la financiación singular de Catalunya, pero mostró su apoyo a la condonación de la deuda autonómica. “Porque la pedí incluso antes que Puigdemont”, dijo.

La respuesta de Sánchez a tanta insistencia para que se pongan ya las urnas fue categórica después de pedir respeto para los tiempos que marca la democracia: “Serán en 2027, cuando tocan”. Su determinación no fue del agrado de los presidentes del PP como tampoco lo fue su llamada a la “honestidad, el espíritu constructivo y la naturaleza de concordia”. Ninguna de sus propuestas contó con el beneplácito de los barones. Ni siquiera la de un Acuerdo Estatal de Vivienda que triplique la inversión para pasar de los 2.300 millones invertidos en el periodo 2022-2025 a 7.000 para los próximos cinco años, de los cuales el Gobierno de España aportaría un 60% Las comunidades en su mayor parte respondieron que la ausencia de un modelo de financiación les impide afrontar ese 40% que les reclama Sánchez.

Fueron cinco horas de un cónclave del que todos salieron con la impresión de que “todo no” y de que las Conferencias de Presidentes son ya una extensión de la confrontación que se vive en el Congreso de los Diputados y que ha dejado de ser un órgano de deliberación y de entendimiento entre gobiernos.

El lehendakari, Imanol Pradales, fue el más explícito en el resumen. “Bochornoso. No quiero vivir en un país en el que se pueden tomar cañas en libertad, pero no hablar en tu lengua”, afirmó, en alusión al show de Ayuso. ¿Merece la pena volver a la siguiente?, se preguntaron todos sin atreverse a dar una respuesta concluyente. La próxima Conferencia de Presidentes tendrá lugar en Asturias, a petición de Adrián Barbón, si no se cumple, como pretende instalar el PP, que el ciclo de este gobierno ha acabado ya. Veremos...

La Conferencia de Presidentes ha acabado sin acuerdos por unanimidad, pero la propuesta del Gobierno para llevar a cabo un nuevo plan de vivienda seguirá adelante en las comunidades que lo han aceptado. En concreto, cinco autonomías han mostrado su acuerdo con el plan: Catalunya, Canarias, Euskadi, Asturias y Navarra.

Según ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Gobierno se pondrá a trabajar de inmediato con estas comunidades, que según el plan para que el Ejecutivo central financie hasta el 60% de la construcción de vivienda pública y protegida, recibirían hasta 1.538 millones de euros entre todas ellas.

En concreto, Catalunya podría acceder a 966 millones; Canarias, 353 millones; y Asturias, 219. Euskadi y Navarra están fuera del plan estatal de vivienda, por lo que se financiarían con recursos propios. Rodríguez ha considerado inexplicable que las comunidades del PP y también Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, rechacen tener fondos para la construcción de nueva vivienda. La ministra ha llamado a todas ellas a rectificar y sumarse al plan, que ha asegurado que seguirá abierto a estos territorios. El Gobierno cree que estos fondos podrían pactarse “antes del verano”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha valorado como otro “rotundo fracaso” la Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes en Barcelona. El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, dijo que el encuentro ha sido una “oportunidad perdida” para avanzar en soluciones “colectivas” a problemas urgentes para Canarias como la infancia migrante no acompañada y el acceso a la vivienda.

El dirigente canario cuestiona que se eludiera “cualquier acuerdo o avance real en asuntos fundamentales para nuestra tierra y para la cohesión territorial” del Estado.

Se ha confirmado “desgraciadamente, y como habíamos vaticinado,” que la actitud “obstruccionista” del Partido Popular (PP) ha hecho que la reunión haya terminado “sin resultados concretos, ha sido decepcionante”.

Los asuntos más urgentes para el Archipiélago, según Campos, han sido ignorados o despachados con vaguedades. Lamentó que, pese a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, “haya pasado sin pena ni gloria”, máxime cuando se trata también de dar condiciones de vida “dignas” a estos jóvenes.

Resaltó que sólo Catalunya y Euskadi mostraran “solidaridad real” frente a la negativa y la “insensibilidad” del resto de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP). “Lamentablemente volvemos a asistir a un nuevo fracaso en el sentido de colectivizar las soluciones por parte de todas las administraciones. No es una tarea específica de aquellos territorios que somos puerta de entrada y hablamos de un tema de justicia social, de derechos humanos”, denunció.

Tras censurar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por actuar como el PP al “abrir la puerta” en las islas a la extrema derecha y “ayudar así a blanquear” a Vox, Luis Campos recriminó la actitud “inmoral y legalmente” cuestionable de los populares.

Hizo hincapié en que el PP ha convertido la Conferencia de Presidentes en un acto de “confrontación ideológica” contra el Gobierno estatal “legítimo” de la izquierda más que en un espacio de cooperación institucional.

Las intervenciones de sus presidentes y, en particular la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; para el portavoz de NC-BC evidencian una deriva peligrosa hacia una política cada vez más intolerante, insolidaria, centralista y alejada del deber de la corresponsabilidad.

En relación a la vivienda, más allá de algunos anuncios del presidente, Pedro Sánchez, en los que coincide NC-BC, Luis Campos observó que no se ha cerrado medida concreta alguna sobre el acceso “digno y asequible” ni en una posible regulación para la prohibición de la compra por parte de no residentes, cuestión que “propusimos desde NC-BC” en el dictamen de la comisión de estudio sobre el reto demográfico.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha felicitado por su trabajo a los traductores que han interpretado a los presidentes autonómicos que han hablado en sus lenguas cooficiales, momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido de la reunión a modo de protesta.

El expresidente de Canarias y Ministro de Política Territorial ha querido resaltar en su perfil de X el trabajo de los interpretes. “He felicitado el trabajo de los traductores de galego, euskera y catalá que hoy han hecho posible una Conferencia de Presidentes histórica”.

Para Torres, su trabajo ha representado la “pluralidad lingüística” de España y de la que el Gobierno se tiene “orgulloso como país”. “Lejos de polémicas ficticias, ha sido un éxito”, ha sostenido el también expresidente de Canarias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abandonado temporalmente la reunión después de que el lehendakari, Imanol Pradales, usara el euskera durante su intervención.

La popular ha cumplido la amenaza que lanzó este jueves en la Asamblea de Madrid, donde dijo: “Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré”.

Tanto el lehendakari como el president, Salvador Illa, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, han hablado en sus propios idiomas, euskera, catalán y gallego, respectivamente. Tras sus intervenciones, Ayuso ha vuelto a la sala.

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ha considerado en una rueda de prensa que lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es una “enorme incoherencia”, pues según ha destacado únicamente se ha levantado cuando hablaba el lehendakari Imanol Pradales, y no cuando los presidentes gallego o balear también han hecho uso de lenguas oficiales diferentes al castellano.

“Si alguien ha venido a romper la Conferencia de Presidentes, al final lo que ha ocurrido es que se han acabado rompiendo entre ellos”, ha destacado el ministro, tras recordar que ningún presidente ha secundado a Ayuso.

“Que un presidente o presidenta se levante de una Conferencia cuando habla un colega es una falta de respeto”, y añade, “que además lo haga porque esa persona utiliza su lengua oficial acorde a su estatuto de autonomía, es imperdonable desde el punto de vista institucional”.

El ministro ha asegurado que “si tiene sentido que se utilice una lengua oficial, es en la Conferencia de Presidentes”.

“¿Qué problema hay en valorar la pluralidad lingüística de nuestro país? ¿Se le obliga a alguien a hablar una lengua determinada?, absolutamente no”, contestó Torres, para recordar que “eso ocurría en las etapas más oscuras de nuestra historia reciente, y aún así, de puertas para dentro, se mantenían”.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigit al Govern d'Espanya debatre la reforma del sistema de finançament autonòmic en “una mesa multilateral”, on hi hagi totes les comunitats autònomes “perquè” d'aquesta manera “el que afecta tothom es parli entre tots”.

Prohens s'ha pronunciat així, aquest divendres, en una roda de premsa posterior a la Conferència de Presidents que se celebra aquest divendres a Barcelona, aprofitant “l'autoritat que atorga” parlar en representació de la que és “la segona comunitat aportadora neta” al sistema de finançament i “la dècima a rebre”.

En aquest sentit, i davant d'un finançament que ha considerat “injust”, i un sistema “injust amb les Illes”, Prohens ha instat que el sistema de finançament “ha de ser corregit”, després d'un debat en “una mesa multilateral” en què estiguin totes les comunitats autònomes “perquè allò que afecta tothom es parli entre tots”.

Així mateix, amb aquestes paraules, Prohens ha rebutjat “els acords bilaterals del Govern d'Espanya amb la Generalitat de Catalunya”, els quals, al seu parer, “sempre acaben perjudicant en primer lloc la segona comunitat aportadora, les Balears, perquè sempre, en aquests acords bilaterals amb la Generalitat, els diners acaben sortint de les butxaques dels ciutadans de Balears”.

A més, la presidenta Prohens ha aprofitat per plantejar al Govern “la necessitat d'aprovar un Decret llei, com més aviat millor, per als lliuraments a compte de les comunitats”, perquè, segons ha recordat, “amb la pròrroga pressupostària del Govern, deu els lliuraments a compte a totes les CCAA”.

“No són diners del Govern d'Espanya, són diners de les comunitats, i que han de ser ingressats, al més aviat possible, a les comunitats”, ha afegit Prohens, que ha assenyalat que, “a Balears, a causa d'aquesta no actualització dels lliuraments a compte, es perden de l'ordre de més de 30 milions d'euros cada mes”.

Finalment, en matèria de finançament, la presidenta Prohens ha recordat al Govern d'Espanya que “Balears no té Renfe ni línies d'alta velocitat”, tot i això, ha continuat, “aquesta comunitat sí que tenia dos convenis que van ser furtats a les Illes la passada legislatura, un conveni ferroviari i un altre de carreteres”, els quals ha cregut que “han de ser recuperats”.

Incentius per treure al mercat els habitatges buits

En un altre ordre de coses, Prohens ha plantejat al Govern central que, en el marc del nou pla estatal d'habitatge, impulsi línies d'ajuda per dotar més crèdit els programes d'incentius per treure habitatge buit al mercat. Durant la Conferència ha defensat que aquests habitatges buits “requereixen incentius però, sobretot, d'una cosa que només pot fer el Govern d'Espanya, seguretat jurídica”.

Per aquest motiu, Prohens ha exigit que “es desbloquegi d'una vegada per totes la 'llei antiokupació' al Congrés” per “poder actuar davant els 'okupes' i desallotjar-los en 24 hores”.

“Si no es dóna seguretat jurídica al propietari, si no se li garanteix que s'actuarà amb mà ferma davant l''okupació' o la 'inquiokupació' és molt complicat que aquests propietaris puguin accedir a treure aquest habitatge buit al mercat de lloguer assequible”, ha expressat la presidenta del Govern balear.

També Prohens ha demanat al Govern que “es transfereixi a les comunitats els recursos necessaris per a compensacions a propietaris que no puguin desallotjar els seus habitatges per tractar-se de famílies vulnerables”. Doncs, en paraules de la presidenta, “els fons arribats fins ara són del tot insuficients”.

La presidenta ha sol·licitat a més a més “línies d'ajuda directa i cessió de sòl públic titularitat de l'Estat a les comunitats per a la promoció d'habitatge públic de lloguer a preus assequibles, especialment destinat per a funcionaris de l'Estat, ja siguin cossos i forces de seguretat, membres o professionals de l'administració de justícia, o sanitaris”. I “un augment de les ajudes de lloguer que marca el Govern d'Espanya, ja que no es corresponen al preu mitjà real del mercat immobiliari, avui dia, a Balears”.

Doncs, segons Prohens, “una de les principals conseqüències del preu de l'habitatge a les Balears és la no cobertura de places d'empleats públics a totes les administracions”. “I la situació és especialment greu en les forces de seguretat, sanitaris, docents, funcionaris d'estrangeria, trànsit o justícia”.

En aquest sentit, la presidenta ha aprofitat per reclamar al Govern que “de la mateixa manera que el Govern ha actualitzat el plus d´insularitat per als funcionaris autonòmics, el Govern ha d´actualitzar, sense més dilació, la indemnització per residència als funcionaris de l´Estat, per garantir una insularitat digna”.

Doncs, “actualment, hi ha 750 vacants només de Policia Nacional i Guàrdia Civil a les Illes”, cosa que “una vegada més és un greuge comparatiu en una qüestió tan important com és la seguretat dels ciutadans en relació amb altres comunitats autònomes”.

Ús de les llengües cooficials per “confrontar i enfrontar”

D'altra banda, Prohens ha acusat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de fer servir les llengües cooficials de l'Estat com una “cortina de fum” i per “confrontar i enfrontar”. Durant la Conferència de Presidents celebrada a Barcelona, els líders autonòmics han pogut fer ús del català, el basc o el gallec.

Prohens, que durant la reunió ha emprat tant el català com el castellà, ha retret Sánchez que faci servir les llengües cooficials com “una cortina de fum per desviar l'atenció” i com una eina per “confrontar i enfrontar”. A parer seu, d'aquesta manera “es fa un flac favor al diàleg”, que és el que s'hauria de fer en un fòrum com la Conferència de Presidents, i a les pròpies llengües cooficials.

La presidenta de Balears ha dit que no està disposada a contribuir a aquest ús de les llengües i que respecta la decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, d'abandonar la sala quan Imanol Pradales i Salvador Illa han fet ús de l'èuscar i del català, respectivament. No ho ha fet així quan Prohens ha parlat a la llengua pròpia de Balears.

“Jo respecto profundament totes i cadascuna de les postures dels meus companys, com demano respecte també per la meva postura, com no pot ser d'una altra manera. La diversitat i la pluralitat lingüística és una riquesa, i jo tinc la sort i l'orgull de ser la presidenta d'una comunitat amb dues llengües. Per mi les llengües han de ser sempre per unir”, ha subratllat.

Prohens, sobre Le Senne: “El Parlament mereix exemplaritat”

D'altra banda, Prohens ha considerat que el Parlament mereix “exemplaritat i unes actituds a l'alçada del càrrec” després de ser preguntada per la possible suspensió del president de la Cambra autonòmica, Gabriel Le Senne (Vox), una vegada s'ha confirmat que serà jutjat com a suposat autor d'un delicte d'odi.

La líder balear ha considerat que ja va ser “molt contundent” després que Le Senne trenqués, en un ple, la imatge d'unes represaliades pel franquisme. “Ho mantinc per al Parlament, les institucions mereixen exemplaritat i una actitud a l'alçada del càrrec”, ha dit la presidenta autonòmica, que ha insistit que Le Senne va estar aquell dia “molt desafortunat”.

Tot i això, ha posat en valor el fet que es disculpés aquell mateix dia i ha demanat, com ja va fer dijous, que es respectin els temps judicials. Així mateix, ha tornat a posar en relleu les “discrepàncies” que hi ha hagut entre el fiscal i el jutge instructor, tenint en compte que el segon va obrir judici oral contra el criteri del primer.

També ha instat a respectar els temps de la Cambra autonòmica i en els grups parlamentaris dels quals ha deixat la responsabilitat d'activar o no el mecanisme per suspendre'l dels seus drets i deures com a diputat.

“Hi ha diferents eines que poden o no posar en marxa i jo crec que el que em toca a mi, com a presidenta, és respectar aquesta separació de poders, respectar els temps parlamentaris i respectar el que passarà les properes setmanes”, ha dit.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al Gobierno de España debatir la reforma del sistema de financiación autonómico en “una mesa multilateral”, donde estén todas las comunidades autónomas “para que” de este modo “lo que afecta a todos se hable entre todos”.

Prohens se ha pronunciado así, este viernes, en una rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona, aprovechando “la autoridad que otorga” hablar en representación de la que es “la segunda comunidad aportadora neta” al sistema de financiación y “la décima en recibir”.

En este sentido, y frente a una financiación que ha considerado “injusta”, y un sistema “injusto con las Islas”, Prohens ha instado a que el sistema de financiación “debe ser corregido”, después de un debate en “una mesa multilateral” en el que estén todas las comunidades autónomas “para que lo que afecta a todos se hable entre todos”.

Asimismo, con estas palabras, Prohens ha rechazado “los acuerdos bilaterales del Gobierno de España con la Generalitat de Catalunya”, los cuales, a su juicio, “siempre acaban perjudicando en primer lugar a la segunda comunidad aportadora, a las Balears, porque siempre, en estos acuerdos bilaterales con la Generalitat, el dinero acaba saliendo de los bolsillos de los ciudadanos de Balears”.

Además, la presidenta Prohens ha aprovechado para plantear al Gobierno “la necesidad de aprobar un Decreto ley, a la mayor brevedad, para las entregas a cuenta de las comunidades”, porque, según ha recordado, “con la prórroga presupuestaria del Gobierno, adeuda las entregas a cuenta a todas las CCAA”.

“No es dinero del Gobierno de España, es dinero de las comunidades, y que debe ser ingresado, a la mayor brevedad posible, a las comunidades”, ha añadido Prohens, quien ha señalado que, “en Balears, debido a esta no actualización de las entregas a cuenta, se pierden del orden de más de 30 millones de euros cada mes”.

Finalmente, en materia de financiación, la presidenta Prohens ha recordado al Gobierno de España que “Balears no tiene Renfe ni líneas de alta velocidad”, sin embargo, ha continuado, “esta comunidad sí tenía dos convenios, que fueron hurtados a las Islas la pasada legislatura, un convenio ferroviario y otro de carreteras”, los cuales ha creído que “deben ser recuperados cuanto antes”.

Incentivos para sacar al mercado las viviendas vacías

En otro orden de cosas, Prohens ha planteado al Gobierno que, en el marco del nuevo plan estatal de vivienda, impulse líneas de ayuda para dotar de mayor crédito los programas de incentivos para sacar vivienda vacía al mercado. Durante la Conferencia ha defendido que estas viviendas vacías “requieren de incentivos pero, sobre todo, de algo que solo puede hacer el Gobierno de España, seguridad jurídica”.

Por este motivo, Prohens ha exigido que “se desbloquee de una vez por todas la 'ley antiokupación' en el Congreso” para “poder actuar ante los 'okupas' y desalojarlos en 24 horas”.

“Si no se da seguridad jurídica al propietario, si no se le garantiza que se va actuar con mano firme ante la 'okupación' o la 'inquiokupación' es muy complicado que estos propietarios puedan acceder a sacar esta vivienda vacía al mercado de alquiler asequible”, ha expresado la presidenta del Govern balear.

También, Prohens ha pedido al Gobierno que “se transfiera a las comunidades los recursos necesarios para compensaciones a propietarios que no puedan desalojar sus viviendas por tratarse de familias vulnerables”. Pues, en palabras de la presidenta, “los fondos llegados hasta el momento son del todo insuficientes”.

La presidenta ha solicitado además “líneas de ayuda directa y cesión de suelo público titularidad del Gobierno a las comunidades para la promoción de vivienda pública de alquiler a precios asequibles, especialmente destinada para funcionarios del Estado, bien sean cuerpos y fuerzas de seguridad, miembros o profesionales de la administración de justicia, o sanitarios”. Y, “un aumento de las ayudas de alquiler que marca el Gobierno de España, ya que no se corresponden al precio medio real del mercado inmobiliario, a día de hoy, en Balears”.

Pues, según Prohens, “una de las principales consecuencias del precio de la vivienda en Balears es la no cobertura de plazas de empleados públicos en todas las administraciones”. “Y la situación es especialmente grave en las fuerzas de seguridad, sanitarios, docentes, funcionarios de extranjería, tráfico o justicia”.

En este sentido, la presidenta ha aprovechado para reclamar al Gobierno que “del mismo modo que el Govern ha actualizado el plus de insularidad para los funcionarios autonómicos, el Gobierno debe actualizar, sin más dilación, la indemnización por residencia a los funcionarios del Estado, para garantizar una insularidad digna”.

Pues, “actualmente, hay 750 vacantes solo de Policía Nacional y Guardia Civil en las Islas”, lo cual “una vez más es un agravio comparativo en una cuestión tan importante como es la seguridad de los ciudadanos en relación a otras comunidades autónomas”.

Uso de las lenguas cooficiales para “confrontar y enfrentar”

Por otro lado, Prohens ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de emplear las lenguas cooficiales del Estado como una “cortina de humo” y para “confrontar y enfrentar”. Durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, los líderes autonómicos han podido hacer uso del catalán, el euskera o el gallego.

Prohens, quien durante la reunión ha empleado tanto el catalán como el castellano, ha afeado a Sánchez que emplee las lenguas cooficiales como “una cortina de humo para desviar la atención” y como una herramienta para “confrontar y enfrentar”. A su parecer, de esta manera “se hace un flaco favor al diálogo”, que es lo que debería hacerse en un foro como la Conferencia de Presidentes, y a las propias lenguas cooficiales.

La presidenta de Balears ha dicho que no está dispuesta a contribuir a este uso de las lenguas y que respeta la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de abandonar la sala cuando Imanol Pradales y Salvador Illa han hecho uso del euskera y del catalán, respectivamente. No lo ha hecho así cuando Prohens ha hablado en la lengua propia de Balears.

“Yo respeto profundamente todas y cada una de las posturas de mis compañeros, como pido respeto también por mi postura, como no puede ser de otra manera. La diversidad y la pluralidad lingüística es una riqueza, y yo tengo la suerte y el orgullo de ser la presidenta de una comunidad con dos lenguas. Para mí las lenguas tienen que ser siempre para unir”, ha subrayado Prohens.

Prohens, sobre Le Senne: “El Parlament merece ejemplaridad”

Por otro lado, Prohens ha considerado que el Parlament merece “ejemplaridad y unas actitudes a la altura del cargo” después de ser preguntada por la posible suspensión del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne (Vox), una vez se ha confirmado que será juzgado como supuesto autor de un delito de odio.

La líder balear ha considerado que ya fue “muy contundente” después de que Le Senne rompiera, en un pleno, la imagen de unas represaliadas por el franquismo. “Lo mantengo para el Parlament, las instituciones merecen ejemplaridad y una actitud a la altura del cargo”, ha dicho la presidenta autonómica, quien ha insistido en que Le Senne estuvo ese día “muy desafortunado”.

No obstante, ha puesto en valor el hecho de que se disculpara ese mismo día y ha pedido, como ya hizo el jueves, que se respeten los tiempos judiciales. Asimismo, ha vuelto a poner de relieve las “discrepancias” que ha habido entre el fiscal y el juez instructor, habida cuenta de que el segundo abrió juicio oral contra el criterio del primero.

También ha instado a respetar los tiempos de la Cámara autonómica y en cuyos grupos parlamentarios ha dejado la responsabilidad de activar o no el mecanismo para suspenderle de sus derechos y deberes como diputado.

“Hay diferentes herramientas que pueden o no poner en marcha y yo creo que lo que me toca a mí, como presidenta, es respetar esta separación de poderes, respetar los tiempos parlamentarios y respetar lo que va a pasar las próximas semanas”, ha zanjado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interrumpido este viernes el discurso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando este criticaba los pactos con Junts per Catalunya.

Según han confirmado a EFE fuentes del gobierno castellanomanchego, y ha confirmado elDiario.es Castilla-La Mancha, durante el último turno de intervenciones de la Conferencia de Presidentes, cuando Page estaba hablando sobre financiación y criticando los pactos “con la extrema derecha independentista”, en alusión a Junts, Sánchez le ha interrumpido.

En la comparecencia posterior a la conferencia, preguntado por la interrupción, Page se ha limitado a apuntar que “es una pequeña tradición ya”.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al ser preguntado por este tema, ha señalado que “quizás” Page estaba “extendiéndose” en su intervención final, por lo que Sánchez le ha interrumpido.

Sin embargo, el ministro ha asegurado que “no ha habido ningún encontronazo ni desencuentro” entre ambos presidentes.

Sobre esta cuestión también se ha referido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que ha salido en defensa Page y ha sugerido a Sánchez que venga a estos foros “más relajado”.

“Lo hemos presenciado todos”, ha reconocido Mañueco al ser preguntado por la interrupción, que en opinión del presidente de la Junta de Castilla y León, evidencia la “crispación interna que tiene y lo tensionado que viene a estas reuniones” Sánchez.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), se ha desmarcado del veto aplicado por su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), a las lenguas cooficiales durante la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona. Y es que no solo no ha secundado el plante llevado a cabo por la jefa del Ejecutivo de la capital -como tampoco lo han hecho el resto de los barones del PP-, sino que además ha esgrimido argumentos para no hacerlo que contrastan con la ofensiva emprendida por Ayuso contra el catalán y el euskera.

Y es que para Buruaga, las lenguas cooficiales son “un instrumento que nos hace muchísimo más ricos, plurales y fuertes como país”. “Son instrumentos que acercan y nos ayudan a comunicarnos y, sobre todo, que unen. Son elementos de unión”, ha explicado durante la rueda de prensa posterior a la reunión, de la que la presidenta madrileña se ha ausentado cuando el lehendakari, Imanol Pradales, ha empezado a hablar en euskera.

Tras las intervenciones de Pradales, del president catalán, Salvador Illa, y del presidente gallego, Alfonso Rueda, que han hablado en sus propios idiomas, euskera, catalán y gallego, respectivamente, Ayuso ha vuelto a la sala. Mientras, el resto de barones del PP han permanecido en su asiento y algunos de ellos han usado el pinganillo con la traducción, entre ellos la jefa del Ejecutivo cántabro.

Buruaga ha asegurado que ha vivido lo ocurrido con “absoluto respeto y normalidad” y ha dicho que ella “no tiene problema en usar pinganillo”. “Respeto las opiniones de todos. Pero a mí me parece estupendo que cada uno se pueda expresar en una lengua que, además, es oficial en este país o cooficial en el territorio”, ha manifestado, incidiendo en que ha escuchado la intervención del resto de presidentes autonómicos “con muchísimo respeto, a los que entendía sin pinganillo y a los que no entendía, por no conocer esa lengua, con pinganillo”. “Y no me genera ningún problema”, ha insistido.

“Yo vengo de una tierra que tiene como lengua propia el castellano”, ha señalado Buruaga, para precisar que se trata de “una cuestión de sentido común que cuando se sienta la España de las Autonomías” en una comunidad determinada se pueda usar “ese instrumento que nos permite entendernos entre nosotros, que compartimos y que es de todos, que es la lengua castellana”.

No obstante, cree que “eso no es un impedimento, un obstáculo ni un problema para nadie del que tengamos que hacer causa”. Con todo, la presidenta cántabra ha dicho que ha vivido lo ocurrido en este sentido en la Conferencia de Presidentes sin “polémica y conflicto”. “Cero”, ha sentenciado. “Respeto, absoluta libertad y yo creo que no nos ha generado un problema a ninguno”, ha opinado para concluir.

El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha seguido el guión impuesto por el Partido Popular en esta Conferencia de Presidentes en la que los barones del PP han utilizado este foro para arremeter contra el Gobierno de España y contra Pedro Sánchez. En sus explicaciones, Fernández Mañueco ha reiterado la “falta de preparación” y la “improvisación” en esta reunión.

A 48 horas de la concentración en Madrid convocada por Alberto Núñez Feijóo, a la que acudirá Fernández Mañueco - aunque el portavoz insista que la Junta no acude a la manifestación -, el jefe del Ejecutivo de Castilla y León le ha solicitado a Sánchez que “deje de atacar constantemente a Castilla y León”. “Basta de agravios, insultos y desprecios a nuestra tierra”, ha esgrimido Fernández Mañueco antes de, al igual que el resto de presidentes del PP - salvo el presidente de La Rioja - , solicitar la convocatoria de elecciones generales “cuanto antes”.

Fernández Mañueco, a diferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha abandonado la reunión cuando el 'lehendakari', Imanol Pradales, hablaba en euskera y el 'president' Salvador Illa en catalán. Fernández Mañueco ha reconocido el “momento de tensión” pero ha culpado al Gobierno de “confrontar y generar un enfrentamiento entre comunidades”. “La cuestión no es en qué idioma se hable, si pinganillos sí o no, es de escuchar y entenderse. Con Sánchez, el Gobierno no quiere escuchar a las comunidades autónomas”, ha reiterado.

El presidente de la Junta ha calificado esta Conferencia de Presidentes como “una ocasión fallida” realizada “al estilo Sánchez”. “Poca preparación, falta de rigor e improvisación”, ha resumido Fernández Mañueco. Ha insistido también en la “necesidad de una financiación autonómica justa y sin privilegios”. “No queremos cupos separatistas, se debe retirar la Ley de condonación. Rechazamos los privilegios, los tratos bilaterales y la financiación singular”, ha señalado el presidente, que ha calificado de “atraco a los españoles” la condonación, “un pacto para perdonar el despilfarro separatista”.

Castilla y León, en palabras del presidente, ha mostrado su “rotundo rechazo” a la propuesta del 'lehendakari' de “priorizar inversiones en función de las infraestructuras eléctricas en determinadas comunidades autónomas”. Fernández Mañueco ha explicado que “el 50% de la producción va a otras comunidades” y quiere “seguir siendo solidarios”, pero ha reclamado inversiones para impulsar el suelo industrial verde. “La mala planificación y la falta de infraestructuras eléctricas puede poner en riesgo la apuesta que estamos haciendo en Castilla y León”, ha argumentado. Además, ha solicitado “utilizar todas las fuentes de energía disponibles, por encima de ideologías”.

El popular ha señalado que ha vuelto a solicitar que el Gobierno “rectifique” la decisión de suprimir paradas de la Alta Velocidad en Castilla y León, en Segovia, Sanabria y Medina del Campo. Ha pedido también que se elimine “la intención” de suprimir 346 paradas de autobuses. “El mundo rural necesita más derechos y servicios, no más recortes”, ha añadido. También ha solicitado que “se derogue la Ley de Vivienda, poner suelo y viviendas estatales a disposición de las comunidades, bajar impuestos e impulsar reformas legislativas eficaces contra la ocupación”.

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha afirmado este viernes en la Conferencia de Presidentes que no hace falta el uso de “pinganillos” para escuchar “lo que pide la calle: elecciones”, y ha exigido al Gobierno medidas concretas en materia de vivienda, financiación autonómica y energía.

En su intervención, Guardiola ha puesto en valor el papel esencial de las comunidades autónomas como parte del Estado, de ahí que en este foro, que se celebra en Barcelona, el objetivo es “cumplir como país, no para cumplir expediente”.

Tampoco para escuchar “titulares” en diversas materias, como en vivienda, un problema que se soluciona, según ha dicho, con medidas concretas y atendiendo a las necesidades de cada comunidad. Según Guardiola, el Gobierno central ha pasado de la promesa de la construcción de 180.000 viviendas a hablar de un nuevo plan de 7.000 millones. “Las 180.000 viviendas no están y los 7.000 millones no se concretan”, ha criticado.

En este marco, la presidenta extremeña ha expuesto que esta comunidad necesita apoyo financiero para impulsar la construcción de nuevas viviendas asequibles, una mayor inversión en vivienda pública protegida y reforzar las ayudas a la rehabilitación en pequeños municipios. Además, debería acometerse un cambio legislativo que ponga freno a la ocupación. No es una cuestión política sino de justicia.

En materia de energía, Guardiola ha remarcado en la reunión de la Conferencia de Presidentes que se trata de un sector estratégico para el desarrollo y la industrialización de Extremadura, donde actualmente se produce mucha más energía de la que consume. Sin embargo, y así lo ha criticado, la región sufre importantes limitaciones por la falta de infraestructuras eléctricas, lo que dificulta la instalación definitiva de nuevas industrias.

Asimismo, considera imprescindible reforzar la red de transporte eléctrico, la construcción y ampliación de subestaciones y el refuerzo de líneas de alta tensión y la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

Trenes y médicos en atención primaria

En materia de financiación, Guardiola ha remarcado que la condonación o la reestructuración del endeudamiento “no resuelve el verdadero problema de las comunidades, que es la insuficiencia de recursos”. Así, ha pedido al Gobierno que desista de aplicar la condonación de la deuda. Por ello, ha solicitado que se abra un proceso para la reforma del sistema de financiación autonómica y local, que garantice la autonomía financiera y el cumplimiento de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad interterritorial.

Las infraestructuras ha sido otro de los ejes abordados por la presidenta, quien ha exigido la electrificación de líneas, puesta en marcha de trenes AVANT y una mejora del material rodante. Asimismo, ha requerido la firma del “Acto de Ejecución” con Portugal para la LAV Madrid-Lisboa y la reapertura del tramo Plasencia-Salamanca de la Ruta de la Plata. También urge la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz, para garantizar su funcionamiento continuado.

En otros ámbitos, ha instado a fortalecer la atención primaria, la ampliación de plazas en las Facultades de Medicina, flexibilizar los requisitos para acreditar más unidades docentes de Medicina de Familia, especialmente en zonas rurales y crear al menos 1.000 plazas MIR más cada año en Medicina de Familia, con financiación suficiente desde el Estado.

En cuanto al sistema de atención a la Dependencia, la presidenta de la Junta ha solicitado al Gobierno que el Sistema Extremeño de la Dependencia sea cofinanciado al menos al 50%, como se ha comprometido con el País Vasco. En definitiva, una financiación estable y que llegue por Nivel Mínimo.

Asimismo, Guardiola ha defendido que se fomente la participación de las empresas, sobre todo a la hora de definir los perfiles profesionales y la planificación formativa, y ha exigido garantías y certidumbre para los centros privados universitarios que ya trabajan para implantarse en la comunidad. “Extremadura tiene derecho a contar con una oferta formativa que aporte valor y complemente la que ya proporciona la Universidad de Extremadura”, ha afirmado.

También ha criticado “la ausencia de política migratoria del Gobierno de España”, la cual tiene consecuencias que afectan a las comunidades y a las propias personas migrantes.

“Page es un cagado”. Con este calificativo se ha despachado este viernes la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha Carolina Agudo en un vídeo difundido en las redes sociales. Ha calificado al presidente regional Emiliano García-Page de “cobarde” por no “atreverse” a pedirle “a la cara” al presidente del Gobierno de España elecciones anticipadas, aprovechando la celebración de la Conferencia de Presidentes este viernes en Barcelona.

Agudo ha tenido réplica en el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego. “En el recreo de un IES hay más madurez”, le ha afeado Sergio Gutiérrez que ha cargado también contra el presidente del PP Paco Núñez. “Se vuelve a demostrar el nivel político e intelectual de la estrategia de Paco Núñez”, ha dicho en un mensaje también difundido vía redes sociales.

Gutiérrez ha criticado que el PP de Castilla-La Mancha no distinga escenarios al recordar que la Conferencia de Presidentes es “un órgano de diálogo institucional”, donde los 'populares' habían pedido hablar de diez puntos pero después se han dedicado a boicotearla.

El propio presidente del PP Paco Núñez había pedido también a primera hora de la mañana en su perfil de X que Emiliano García-Page “aprovechase” para exigir a Pedro Sánchez “ la convocatoria inmediata de elecciones generales”. En su opinión, todos los asuntos a debatir en el foro institucional de Barcelona “podrían solucionarse con un gobierno del PP”.

El presidente del Gobierno de La Rioja ha llevado a la Conferencia de Presidentes de Barcelona, que ha concluido sin acuerdo los temas que se esperaban: desbloqueo de las entregas a cuenta, un mayor número de profesionales médicos, la cofinanciación del sistema de dependencia y una solución efectiva al déficit de las infraestructuras de comunicación, que “lastra el desarrollo y la competitividad de las empresas y del tejido productivo de la región”, según señalan.

Sobre las tensiones de Sánchez con García-Page o la salida de Ayuso, Capellán ha preferido no valorar lo que hacen otros presidentes aunque ha considerado natural “expresar las diferencias”. Así ha dicho que nadie va a tener problemas con el presidente de La Rioja “porque entiende muy bien el papel institucional y el contribuir a la tranquilidad y la calma, que es como mejor se plantean las cuestiones”.

Preguntado por si ha pedido un adelanto electoral como otros presidentes del PP, Capellán ha dicho, con cierta ambigüedad: “Yo he relatado lo que he pedido”. Cuestiones todas entre las que no se encontraba ese adelanto de elecciones. “No he trasladado lo que se me ha ocurrido esta mañana en la sala. Lo que he planteado viene trabajado con mi Equipo de Gobierno, dentro del orden del día”, ha explicado para justificar que en la Conferencia solo se ha referido a los temas previstos en el orden del día. “Hemos venido con una serie de cuestiones trabajadas y hemos focalizado en las cuestiones que he planteado”, ha insistido antes de poner en valor que en la Conferencia de Presidentes “uno tiene que representar el sentir de sus ciudadanos.

Financiación y entregadas a cuenta

Antes, ha presentado las reclamaciones que ha hecho en la Conferencia. Como se esperaba, la que más ha destacado ha sido la financiación. Ha reclamado al Gobierno central “que cumpla sus obligaciones y dote de manera urgente a la Comunidad de los recursos necesarios para atender el gasto creciente del Estado del Bienestar y las desventajas competitivas que sufre La Rioja”. Capellán ha advertido de “las tensiones de tesorería que están provocando la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado, por segundo ejercicio consecutivo y la falta de actualización de las entregas a cuenta”, y ha calculado que supone que “el Ministerio de Hacienda no ha transferido aún a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 77,7 millones de euros”.

“No hay ninguna razón para que una región, como La Rioja, en la que hay estabilidad, y está perfectamente planificada, con un presupuesto aprobado y en vigor desde el 1 de enero, el Ministerio retenga y mantenga congeladas las entregas a cuenta mensuales del 2025, aun siendo consciente de que es un dinero que les pertenece a los riojanos”, ha añadido. “La Rioja no puede cumplir sus presupuestos porque el Gobierno de España no le trasfiere lo que le corresponde”, ha subrayado, al recordar la solicitud de un préstamo.

Capellán le ha recordado al presidente del Gobierno de España declaraciones suyas en las que aseguraba que sin presupuestos no se puede gobernar. En este sentido, considerado que “la situación ya es insostenible”, ha reclamado un real decreto ley de urgencia para realizar estos pagos.

Con la financiación ha relacionado el déficit de infraestructuras, que “son progreso”. Por ello, ha pedido que se dé una solución efectiva a las infraestructuras “para poner fin a la situación de insularidad”, particularmente las ferroviarias y ha recordado la pérdida de frecuencias por La Rioja Baja. La Rioja está aislada y España no se puede permitir dejar fuera a una comunidad autónoma que quiere contribuir al crecimiento económico de país“. En concreto, ha dicho que ”La Rioja es la comunidad autónoma peor comunicada de España: no tiene un solo kilómetro de alta velocidad; es la única comunidad autónoma cuya capital no conecta por autovía con Madrid; que no dispone de un solo tren directo a Madrid en menos de tres horas, y con un aeropuerto sin servicios“. Ha reclamado una política de tasas aeroportuarias que permitan que los aeropuertos pequeños sean atractivos a las compañías.

Así, ha pedido incluir el capítulo de inversiones que perciben las comunidades autónomas, ya que cree que “La Rioja no ha recibido una inversión en infraestructuras comparable a la de otras comunidades y que se corresponda con su aportación al PIB nacional, por encima de la media”, lo que, según capellán “está perjudicando el desarrollo económico de la región”.

Suelo de la Sareb y cofinanciación de la educación de 0 a 3 años

En relación con la propuesta hecha por el presidente del Gobierno de España en materia de vivienda, Capellán ha compartido la preocupación que existe en torno al acceso a la vivienda y por ello ha urgido al Gobierno de España “poner a disposición de la Comunidad las 69 viviendas y suelo de la Sareb en La Rioja; flexibilización de plazos para la construcción de viviendas para alquiler asequible financiados con fondos europeos cuyo cumplimiento del hito establece la fecha de junio de 2026, y articular más recursos para facilitar el acceso a la vivienda, de forma especial a los jóvenes”.

El jefe del Ejecutivo regional ha instado al Gobierno de España a cofinanciar a al 50% la escolarización de 0 a 3 años y ha demandado “profundizar en la Formación Profesional para lograr un mayor éxito académico y una mejor inserción laboral”. También ha reclamado que las Comunidades Autónomas sean financiadas de manera suficiente en las normas y medidas en materia de FP y universidades, caso de la LOSU, para garantizar las nuevas contrataciones de docentes. También sobre universidad, Capellán ha dicho haber puesto sobre la mesa el problema de que “15.000 jóvenes se queden sin plaza en grados científicos”, siendo Medicina el más demandado, ante lo que ha puesto de ejemplo la próxima implantación en La Rioja.

Por otro lado, el presidente ha demandado “que el Gobierno de España cumpla su responsabilidad legal de financiar al 50% el sistema de Dependencia” al que, desde el Ejecutivo riojano, junto a otros programas de atención sociosanitaria, se destinan 121 millones de euros. Y, asimismo, que “asuma sus obligaciones y responsabilidades ante una emergencia nacional como es la falta de profesionales médicos”. “Es un problema que nos afecta a todas las administraciones regionales, por lo que insistimos -ha incidido- en que se incremente el número de plazas y su financiación para títulos científicos en universidades públicas. Necesitamos más especialistas médicos y más plazas MIR porque no podemos perder ese capital humano”.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha lamentado que la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona ha sido una “réplica exacta” de la anterior, que tuvo lugar en diciembre en Santander, ante un Gobierno central que “está a tapar tramas de corrupción, a sortear los escándalos, en lugar de a gobernar”.

Buruaga ha criticado que la cumbre ha terminado “sin acuerdos y sin resultados” pese a las propuestas de las comunidades del PP, por lo que ha atribuido al Ejecutivo central “una decadencia institucional que tiene que terminar ya”. “No se puede gobernar la España de las autonomías en contra de la mayoría de las comunidades autónomas y en contra de la mayoría de los ciudadanos”, ha dicho.

Así, cree que en esta cita se ha puesto de relieve que España tiene un gobierno “cada vez más débil, paralizado y cercado por la corrupción, que es incapaz de gobernar”.

A su juicio, el presidente, Pedro Sánchez (PSOE), buscaba “desviar la atención” de sus “escándalos” con “otra fotografía para darse un baño de normalidad” y “revestirse de institucionalidad en Cataluña”. “Pero no puede haber ni lo uno ni lo otro, ni normalidad ni institucionalidad, cuando el Gobierno de nuestro país es rehén y depende para todo de las cesiones al independentismo a cambio de siete votos”, ha sentenciado.

La presidenta cántabra ha hecho alusión a las ocho propuestas de las comunidades gobernadas por el PP para “solucionar problemas importantísimos de los españoles” --en materia de financiación autonómica, vivienda, sanidad, transporte o modelo energético--, pero “Sánchez lo ha vuelto a hacer, ha dicho a todo no”.

Y ha añadido que han hecho propuestas para “combatir el privilegio y blindar la igualdad de todos los españoles, para intentar que este país recupere el pulso y avance y para acabar con el manoseo y el control absoluto de los poderes e instituciones”, pero “lo único que crece en la España de Pedro Sánchez es el privilegio y la desigualdad”. “Y por ahí, Cantabria no va a pasar”, ha advertido.

Lo único que le importa a Pedro es Sánchez

Por otro lado, Buruaga ha valorado la respuesta que ha dado Sánchez a la petición que le ha hecho de que convoque y adelante así las elecciones generales: “Estaré aquí hasta el 2027”, ha asegurado el presidente del Gobierno. “Yo creo que ese es, ante todo, el principal objetivo de un presidente, que no está a gobernar, sino a resistir”, ha opinado la barones popular, que ha resumido la contestación del socialista ante su solicitud -y que también han hecho otros presidentes del PP- con esta frase: “Lo único que le importa a Pedro es Sánchez”.

Tanto la presidenta cántabra como otros jefes de ejecutivos autonómicos de su partido han instado a Sánchez a que “dé la voz a los españoles”, disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones.

Con esta petición, la mandataria cántabra y sus homólogos populares han pretendido trasladar a Sánchez que “no tiene sentido” el que haya “un gobierno que no gobierna” en España, además de “unas instituciones que no funcionan” o “un presidente que no es capaz de ponerse de acuerdo con nadie para solucionar los problemas de los ciudadanos” ni de “traer unos Presupuestos Generales del Estado para hacer avanzar este país”.

“Le hemos dicho -ha apuntado- ni más ni menos que la verdad y lo que piensan nuestros ciudadanos”. Es decir, no solo el PP, sino también “los cántabros”, ha puesto como ejemplo la presidenta de esta comunidad.

Según ha indicado, la petición la han formulado “la mayoría” de los presidentes autonómicos de su partido, pero “sin obedecer a ninguna estrategia”, sino debido a que “tenemos los pies en la tierra, estamos en la calle, y sabemos lo que quieren y lo que piensan nuestros ciudadanos”.

Ha añadido al respecto que “la situación de hartazgo, de parálisis y de decadencia institucional no conduce a ninguna parte”, más allá de que “Sánchez siga resistiendo y estando agarrado al poder. Ya sin mayoría social -nunca la tuvo- y ahora ya sin mayoría política ni parlamentaria, bloqueando un país que no se lo merece”, ha concluido Buruaga.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha basado su participación en la Conferencia de Presidentes, a la que ha asistido en Barcelona, en las críticas planteadas al Ejecutivo central y a los gobiernos vasco y catalán. La cita ha sido, ha dicho el dirigente popular, “un fracaso absoluto” porque Pedro Sánchez no ha querido “buscar acuerdos” con el conjunto de las comunidades autónomas, de forma que no ha habido “diálogo”, sino un “monólogo”.

Tras el encuentro, Azcón ha afirmado que Sánchez había vertido una “amenaza” al dar por seguro que no convocará elecciones generales, como él le ha exigido junto con otros presidentes autonómicos. Por el contrario, ha reiterado que agotará la legislatura.

“Cuando le he pedido que convocara elecciones generales le he visto risueño, se ha reído de forma ostensible, y yo interpreto que la risa no era de tensión, sino de cierta intranquilidad”, ha expuesto, apuntando que el lehendakari había hablado de espectáculo y el presidente asturiano, de degradación, y ha añadido que “hay alarma” entre la ciudadanía porque “se está debilitando a la democracia” ya que “mantenerse en el poder tiene que ver con su beneficio personal”.

Para Azcón, “muchos de los acontecimientos del último mes harían caer a cualquier Gobierno democrático”, como el apagón, la guerra sucia dentro del PSOE y “la que La Moncloa hace contra instituciones del Estado como la Guardia Civil, los jueces o la prensa”. “Si no hubiera sido un fracaso, hoy Pedro Sánchez hubiera comparecido ante la prensa, pero lleva 38 días sin contestar a las preguntas de los medios”.

“Sálvese quien pueda”

De esta forma, la Conferencia de Presidentes “se ha convertido en un 'qué hay de lo mío', 'mi libro' o 'sálvese quien pueda', ha continuado Jorge Azcón, añadiendo que el Ejecutivo central ”debería buscar puntos en común, pero no ha sido su intención“.

Este evento ha sido “un fracaso” porque “no sirve para nada y no hay ningún acuerdo, no podemos decir a los ciudadanos de este país que hayamos conseguido llegar a ningún acuerdo que vaya a mejorar su calidad de vida, a mejorar los servicios públicos o a resolver alguno de los problemas que tienen aragoneses y españoles”. “Los objetivos han sido otros, políticos, no solucionar los problemas reales”, ha enfatizado el presidente de la Comunidad Autónoma.

Azcón se ha preocupado porque la energía “entra a formar parte de los precios políticos que se ponen encima de la mesa” porque se ha debatido en términos de “cupo territorial” y no técnicos o económicos, o de desarrollo de las comunidades autónomas y España.

La propuesta del lehendakari sobre energía “rompe el régimen general y habla de privilegios en inversiones para el País Vasco, y no lo voy a compartir”, ha manifestado Azcón, recalcando que “más inversiones en el País Vasco significaría menos inversión en otras comunidades”.

“Aragón es una de las comunidades que más energía renovable produce en España y que se produzca y consuma en el mismo sitio es más barato, sostenible y eficiente”, ha zanjado.

Ha realzado que se van a realizar inversiones empresariales por miles de millones en Aragón porque la región produce el 90% de sus energías de tipo renovable y exporta el 56%, y ha propuesto que la planificación de la red de transporte sea bianual y no cada cinco años.

“Si el debate de la energía también va a formar parte de lo que las comunidades puedan tener para sostener al Gobierno de España, es un debate perdido, un nuevo trágala o una amenaza que vemos en el debate político de este país”.

A “la amenaza” del sistema de financiación autonómica, de la mutualización de la deuda, del reparto político de menores, “ahora está la amenaza del reparto de energía entre las comunidades que tienen la fuerza política para doblar el brazo del Gobierno y de las comunidades que no tenemos esa capacidad o influencia”.

Financiación autonómica

El presidente del Gobierno de Aragón ha aludido también al debate sobre la industria de Defensa, solicitando que el incremento presupuestario hasta 10.500 millones de euros tenga en cuenta la cohesión territorial.

En relación al debate de la financiación autonómica, ha dicho que “el principio de ordinalidad es desigualdad” y que “un sistema de financiación privilegiada para Cataluña va a provocar más desigualdad e insolidaridad”.

Sobre la atención a la dependencia, Azcón ha dado la enhorabuena al lehendakari por conseguir que el Gobierno de España financie el 50% del servicio, puntualizando que “el resto de comunidades también se merecen el 50%”.

Jorge Azcón ha defendido la política de vivienda de su Gobierno, contraponiendo las 2.170 viviendas que ha impulsado en lo que va de legislatura, 4.000 cuando concluya, a las 86 construidas por el anterior Gobierno cuatripartito. Ha considerado que el Ejecutivo central debería incrementar hasta 10.000 millones de euros la inversión en política de vivienda y ha recalcado que su Gobierno ha incrementado el presupuesto en esta materia.

En cuanto a la inmigración, Azcón ha expresado que “hoy Aragón vive una situación inédita en España”, en alusión a los 2.000 trabajadores chinos que se instalarán para construir la gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza): “Nos interesa que la política de inmigración se haga de forma ordenada, legalmente, y pueda venir gente a la Comunidad a tener un puesto de trabajo, a encontrar su lugar y poder aportar en la Comunidad”.

Jorge Azcón ha conversado con su homólogo catalán, Salvador Illa, sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena al MNAC devolver las pinturas murales al monasterio de Santa María de Sijena.

“Nos hemos intercambiado nombres respecto de los técnicos que tienen encargarse de que esa sentencia se cumpla en el menor plazo posible y con todas las medidas de seguridad”, ha explicado Azcón, confiando en que Illa “va a cooperar, como no puede ser de otra manera.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llegaba a la Conferencia de Presidentes de Barcelona tras haber sido noticia hace unas horas por pedirle a su jefe de filas elecciones generales anticipadas.

Hoy ha dicho no saber si tienen que ser “mañana”, pero en todo caso tiene claro que deben anticiparse a las autonómicas y municipales. Sugiere que es necesario un “veredicto” sobre la política nacional para evitar “poner por delante a ayuntamientos y autonomías para que se sigan llevado las bofetadas”.

“Confío en que las elecciones generales sean antes que las municipales y autonómicas”, ha insistido en varias ocasiones durante la rueda de prensa tras la reunión. En su caso, las preguntas se han centrado exclusivamente en la situación del PSOE y del Gobierno de España.

Hoy, y como ya hizo en Santander, a finales del pasado año, le ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez abordar con urgencia el nuevo modelo de financiación autonómica. Sobre esta cuestión ha dicho salir de la reunión “muy decepcionado”. Aunque ha reconocido que no ha ido a Barcelona a buscar nada “formal”, lo que sí esperaba es un “algún compromiso dialéctico” pero, añadía, “no hay ninguno”, ni tampoco calendario y son, según recordaba, “11 años de retraso” para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Por eso ha dicho que “lo que le conviene a este país es recomponer el puzle” que en su opinión tiene “muchas piezas averiadas” y es “prisionero de un ambiente de frentismo asfixiante que hace estéril cualquier intento”, en relación a un acuerdo entre comunidades autónomas y Estado.

No se ha guardado ninguna opinión, como ya es habitual, a preguntas de los periodistas. Sobre si cree que la legislatura nacional llegará a 2027 ha dicho que “los edificios no se caen solos” y que “formalmente se puede aguantar”, salvo en caso de una moción de censura. En su opinión, “el problema no es sostenerse en el gobierno, sino gobernar”.

No ha eludido tampoco el comentario a las críticas vertidas contra Eduardo Madina a cuenta de sus opiniones sobre el PSOE y Leire Díez. “Los insultos son malos entre adversarios y bastante peores entre compañeros. A veces soy crudo, duro y vehemente pero intento no llevarme por el insulto. Quien lo hace es porque no tiene otro argumento y muestra debilidad, nerviosismo y miedo”.

También hacía un guiño al gobierno de Salvador Illa. “Esta conferencia tiene de positivo mucho: que se haya celebrado en Barcelona y que el presidente de Catalunya asista”. Eso, decía, es signo de “normalidad”, pero más allá “de la foto” para Emiliano García-Page lo preocupante es que, pese al respeto institucional en el interior de la sala donde se han reunido los presidentes autonómicos, su sensación personal es que “el país es un puzle roto”.

Ha seguido hablando de la financiación autonómica. “Por dos veces he exigido, sin contestación, un calendario. Que sepamos a qué atenernos y una propuesta formal del gobierno. Que se moje”, pero lamentaba que eso es “un diálogo de sordos” y de nuevo ha vuelto a señalar a Puigdemont: “Para mantener el espejismo de gobernabilidad se le entrega el mando a distancia”, en alusión a España.

Se ha referido también a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se ha ausentado de la reunión mientras el lehendakari Imanol Pradales intervenía en euskera, negándose a usar el pinganillo habilitado para ello. “No voy a entrar en ninguna polémica lingüística”, ha dicho Page, para añadir que ve “normal que cada uno pueda expresar la identidad a través del idioma en la Conferencia de Presidentes. El problema está en quien utiliza la lengua como arma arrojadiza o excluyente, para sentirse más”.

Sobre la financiación singular para Catalunya ha sido preguntado y la respuesta ha sido la de siempre. “Es evidente que si se quiere un modelo aparte es porque no se quiere tener menos. Los independentistas no quieren tener más que ahora, sino más que los demás”.

La Conferencia de Presidentes ha finalizado en torno a las 15.30 horas, tras cinco horas de reunión, más o menos las mismas que la última que se celebró en Santander a finales del pasado año.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, había pedido en su turno de palabra durante la reunión que se aborde “de una vez” el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. También que eso se haga en una sola mesa de negociación junto a todos los territorios y que se condone la deuda con las comunidades autónomas, ya que según ha expuesto, fue generada en el caso de su región por el hecho de estar infrafinanciada.

Fuentes del entorno del presidente confirman a elDiario.es Castilla-La Mancha que Pedro Sánchez le ha pedido al siempre locuaz Emiliano García-Page que fuera “acabando”. El propio barón castellanomanchego ha bromeado con eso después durante la rueda de prensa al terminar el encuentro. No lo ha negado. “Es una tradición ya”, decía.

La energía ha sido otro de los campos abordados por García-Page en el seno de la Conferencia de Presidentes, colando en el debate el problema que existe en la región, y que viene repitiendo en los últimos meses. Defiende que hay industrias que quieren instalarse pero no cuentan con suficiencia energética para hacerlo.

Además, ha reivindicado que en Castilla-La Mancha se produce mucha energía, sobre todo renovable, que en todo caso no puede ser utilizada en la región; una disyuntiva ante la que ha pedido cohesión territorial.

El agua también ha tenido cabida en su discurso, y es que ha vuelto a reclamar que se cumplan las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo que establecen la necesidad de respetar caudales ecológicos en el río Tajo a su paso por Toledo y Talavera.

En paralelo, varios de los consejeros del Gobierno de Page que le han acompañado en Barcelona habían dejado claro que no habrá aplicación de algunas leyes nacionales relacionadas con vivienda, FP, universidades o escolarización gratuita en la etapa infantil si no se pone más dinero sobre la mesa y si no se avanza en una nueva financiación autonómica.

Desde Albacete la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano también reclamó más financiación para acoger a menores migrantes procedentes de Canarias. Castilla-La Mancha ofrece 50 plazas, pero dotadas económicamente por el Estado.

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha Amador Pastor ha desvelado que el Gobierno regional planteará, durante la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en Barcelona, el “acompañamiento financiero justo y necesario a las universidades y a las comunidades autónomas” para cumplir con la nueva ley del sistema universitario, si lo que se pretende es lograr “la calidad”.

Será necesario, añadía, “si se quiere cumplir el 1% del PIB en materia de inversión universitaria”. En esta cuestión, insiste, “las comunidades autónomas necesitamos acompañamiento”. Es lo mismo que pone Castilla-La Mancha sobre la mesa para “dar estabilidad al personal universitario”.

Según Amador Pastor, la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha está avalada por los rectores de las universidades públicas en esta comunidad autónoma. Por un lado, la Universidad de Alcalá, con campus en Guadalajara y por otro, la Universidad de Castilla-La Mancha con presencia en las otras cuatro provincias.

En el ámbito de la Formación Profesional, el Ejecutivo de Emiliano García-Page espera “consenso” para impulsar su redimensionamiento. “También esperamos financiación para poder mantener la estructura y la mayor oferta de plazas que estamos haciendo en la FP”.

El consejero dice que este mismo planteamiento puede hacerse “extensivo” a todos los fondos que llegan desde el Gobierno de España, pero se ha referido en concreto a la escolarización gratuita del primer ciclo de educación infantil, a debate también hoy.

“Agradecemos el primer paso de creación de las plazas y hoy también reclamamos acompañamiento para mantenerlas y avanzar en el sistema de gratuidad que ya hemos empezado muchas comunidades autónomas” y que genera un gasto estructural“, advierte del responsable de la Educación en Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a la Conferencia de Presidentes, que se celebra en Barcelona, con “las cosas muy claras” en lo que tiene que ver con la Vivienda. De entrada, se plantea el rechazo a la propuesta anunciada apenas unas horas antes por el presidente Pedro Sánchez para triplicar la inversión pública.

La idea sobre la mesa este viernes es pasar de los 2.300 millones invertidos en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. El Gobierno de España quiere que las comunidades autónomas asuman un 40% del coste y el Estado pondría el resto.

“No tiene sentido”, ha dicho hoy el consejero de Fomento castellanomanchego Nacho Hernando que se encuentra en la ciudad condal acompañando, entre otros consejeros al presidente regional Emiliano García-Page.

“Castilla-La Mancha no puede hacer nada en materia de vivienda, ni en ninguna otra, mientras no haya una nueva financiación autonómica”, ha dicho, Hernando que también rechaza la nueva proporción Estado-Autonomías a la hora de financiar el Plan Estatal de Vivienda.

El de la vivienda es uno de los 16 puntos que se abordarán y cada presidente autonómico tiene 10 minutos para expresar su postura.

“Multiplicar por 2,8 lo que aporta al plan estatal y nosotros siete veces más, en forma y fondo es poco serio. Se tiene que debatir en foros como la conferencia sectorial y desde luego no se puede mandar la propuesta el día de antes”.

Por un lado, Nacho Hernando rechaza una aportación mayor por parte de las comunidades autónomas “antes de llegar a acuerdo sobre financiación autonómica”. Eso, dice, “no creo que sea acorde con la realidad de las comunidades autónomas, los municipios o las personas”.

Ha desvelado que nada más conocer la propuesta, ayer, se dirigió al Ministerio del ramo que dirige la castellanomanchega Isabel Rodríguez para trasladar la opinión del Ejecutivo regional. “He planteado al ministerio que quien más tenga más aporte. Este es un concepto básico de la igualdad de oportunidades, que ya está reflejado en mecanismos más que consolidados en Europa como los fondos FEDER”.

A esos fondos FEDER se agarra Castilla-La Mancha para rechazar la aportación autonómica al Plan Estatal de Vivienda. “No tiene sentido en que se plantee una aportación del 60-40%, frente al actual 77% que aporta el Estado y el 23% de las comunidades autónomas al Plan Estatal de Vivienda”. Alude al actual marco de “solidaridad europea” en el que los fondos comunitarios suponen que un 85% lo pone la Unión Europea y el 15% restante las comunidades autónomas.

“Romper esa proporcionalidad es romper el espíritu de convergencia”, ha zanjado.

Castilla-La Mancha vuelve a llevar su decálogo de Vivienda

El consejero de Fomento ha avanzado que Castilla-La Mancha volverá a ofrecer su decálogo de vivienda, como ya hizo en la última Conferencia de Presidentes. “Ya hemos propuesto soluciones”, asegura, y hoy “siguen más vigentes que nunca”.

Hernando ha sacado pecho sobre la construcción de viviendas en Castilla-La Mancha. “Hemos cumplido el compromiso de 10.000 viviendas de obra nueva, ya hemos visado 11.000”, asegura, para avanzar que la idea es llegar a las 30.000 en cuatro años.

Una cifra que se queda lejos de las 40.000 que se van a necesitar en esta región solo en los próximos dos años, tal y como advertía esta semana un informe económico de BBVA Research, que incide en que de no hacerlo se va a limitar el crecimiento de la comunidad autónoma.

Después, el consejero de Fomento también ha presumido de que la ley 1/2025 de 28 de febrero de medidas urgentes para el acceso a la vivienda ya incluye propuestas sobre la ocupación ilegal que Castilla-La Mancha planteó al ministro Félix Bolaños.

“Esa ley es una de las menos comentadas en los medios, y algunos socios del Gobierno no quieren reconocer que esas propuestas se han recogido por ley”. Se refería a los juicios rápidos para poder desalojar en menos de quince días a las personas que ocupen ilegalmente una vivienda o al endurecimiento de penas, entre otras cuestiones.

“La conferencia anterior ya fue decepcionante. Si no hay resultados, estamos vacunados contra el desánimo para lograr soluciones en los temas que preocupan a la gente”, ha concluido en declaraciones previas al encuentro.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha usado sus diez minutos de intervención en la Conferencia de Presidentes Autonómicos para trasladarle a Pedro Sánchez diez peticiones concretas: la última, en sintonía con el resto de barones del PP, es que “disuelva las Cortes” y adelante las elecciones generales.

Pero las nueve restantes son reivindicaciones y propuestas de gobierno que asumen implícitamente la continuidad de la legislatura. Incluido un “Pacto Nacional por la Salud”, un “plan de impulso” a la Vivienda y un “plan nacional antiocupación” ante impagos de alquiler, más 7.606 millones de euros extras en materia de financiación e inversión en la red eléctrica, además de una treintena de infraestructuras pendientes sin presupuestar.

El foro de diálogo entre el presidente del Gobierno y los líderes territoriales se ha celebrado este viernes en Barcelona, con la presencia del rey Felipe VI, en un clima de máxima tensión entre PSOE y PP, a 48 horas de la manifestación anunciada por Alberto Núñez Feijóo bajo el lema “democracia o mafia”.

Petición de adelanto electoral: “No le va más remedio que convocar, a palos”

Moreno ha intervenido en cuarto lugar, después de los barones de Euskadi, Catalunya y Galicia, siguiendo el orden de aprobación de los estatutos de autonomía, y ha planteado una serie de reivindicaciones ya conocidas, que sintentizan el marco de confrontación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía: financiación autonómica, inversión en la red eléctrica, infraestructuras ferroviarias, recursos y personal sanitario, vivienda y ocupación ilegal...

Moreno ha dado por agotada la legislatura por el “bloqueo” parlamentario, la falta de un proyecto de Presupuestos y la “posible corrupción en casos del entorno” del presidente. Es, ha dicho Moreno, un “momento político tremendamente feo” que está distanciando a la ciudadanía de la política. Sánchez ya ha anunciado que llegará a 2027. “Personalmente creo que es muy difícil que pueda aguantar más de un año”, ha replicado el presidente andaluz: “No le va a quedar más remedio que convocar, a palos, porque su partido o las circunstancias terminarán obligándolo”.

Para Moreno, la petición de un adelanto de las elecciones generales tiene un significado distinto que para el resto de sus compañeros del PP, porque los comicios en Andalucía están marcados en el calendario más próximo. Tocan en la primavera de 2026 y el presidente de la Junta ha reiterado que no piensa moverlas de esa fecha, sin embargo, existe una preocupación notable en el Palacio de San Telmo ante la posibilidad de que Sánchez haga coincidir las generales con las andaluzas para lograr un mayor movilización del electorado socialista.

La diferencia es notable -entre 400.000 y 600.000 votos más-, lo cual podría poner en riesgo la mayoría absoluta de Moreno (58 diputados), aunque el PSOE de María Jesús Montero necesita un arreón sin precedentes para superar el bloque conservador que suman PP y Vox (los de Santiago Abascal tienen 14 diputados y puntúan al alza en los sondeos).

La clave electoral ha tocado tres de los diez puntos en la intervención de Moreno, que ha citado dos veces a la ministra Montero, presente en la reunión, para recriminarle sus “compromisos incumplidos” en materia de financiación autonómica y las “contradicciones” respecto a lo que defendió siendo consejera de Hacienda en el último Gobierno socialista andaluz.

Según ha asegurado en la ruda de prensa posterior, lo ha hecho repitiendo “literalmente” las frases recogidas en el BOJA que en su día pronunció Montero cuando ella era consejera de Hacienda en Andalucía y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. “No ha dicho nada, pero ha hecho alguno de sus gestos característicos”, ha contado el presidente andaluz, que ha acusado a la ministra y futura rival electoral de “traición a Andalucía”.

Financiación e infraestructuras

“No venimos con ánimo de confrontación, sino a construir, pero tampoco queremos que nos utilicen”, había dicho el dirigente andaluz a los medios, antes de entrar en la Conferencia de Presidentes. En los saludos protocolarios con los ministros, su compañera Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, ya había protagonizado un primer encontronazo con la titular de la cartera de Sanidad, Mónica García, al preguntarle si iba a “saludar a una asesina”, en referencia a las críticas de Más País por las más de 7.000 muertes en las residencias de mayores durante la pandemia.

La principal reclamación de Moreno ha sido la financiación: ha pedido que se convoque de urgencia un Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne a Montero con los consejeros de Hacienda, para abordar un nuevo modelo del reparto de fondos, caduco desde 2014.

“Nunca se acaba lo que nunca se empieza”, ha subrayado, tras recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz exigió en 2018 al Ejecutivo de Mariano Rajoy un fondo extra de 16.700 millones para la financiación autonómica, de los que 4.000 corresponderían a Andalucía. “Gobernaba Rajoy, yo voté que sí a esa propuesta [siendo líder de la oposición en Andalucía] y soy coherente”, ha afirmado.

Fuentes próximas al presidente andaluz aseguran que también ha insistido en que se cree un “fondo transitorio de nivelación para equiparar a la media a las comunidades peor financiadas”, entre ellas Andalucía. La Junta cifra ese fondo en 1.522 millones, que es el cálculo de la pérdida de ingresos que hace Fedea sólo para el último año, aunque desde el Ejecutivo autonómico matizan que esa cifra “no está actualizada”. Fuentes del Ministerio de Hacienda niegan que Moreno haya mencionado el fondo de nivelación en la reunión a puerta cerrada.

El presidente de la Junta también ha insistido en la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda autonómica, en fase final de tramitación, que contempla para Andalucía cerca de 19.000 millones de euros, el 47% de su deuda pública. Sería la comunidad más beneficiada en términos absolutos y porcentuales, por delante de Catalunya, sin embargo, Moreno ha rechazado la medida por considerarlo “un traje a medida” para el independentismo catalán, que pactó con el PSOE una “financiación singular” para Catalunya antes que con el resto de comunidades.

En este punto, el dirigente andaluz ha vuelto a citar las palabras de Montero en 2018, cuando defendió en el Parlamento autonómico que el debate sobre la deuda no debía tapar el de la financiación, “por mucho que beneficie o no a Andalucía”. Desde el Ministerio de Hacienda siempre han reiterado que no son asuntos incompatibles.

También en materia de financiación, Moreno ha reclamado que se actualicen las entregas a cuenta del Gobierno a las comunidades, para lo cual han registrado una propuesta de Real Decreto Ley en la Conferencia de Presidentes, aunque no se trata de un órgano legislativo y, por tanto, deberá pasar por las Cortes. El PP ya votó en contra de un Real Decreto Ley ómnibus que incluía la actualización de las entregas a cuenta, pero que viajaba acompañado de otros asuntos que los populares rechazaban de plano. Andalucía calcula que a 31 de mayo se le deben 1.540 millones de entregas a cuenta.

Respecto a la planificación eléctrica, otro de los asuntos incluídos en el foro de debate por los barones del PP, Moreno ha pedido inversiones por 544 millones de euros en redes eléctricas en Andalucía para actuar en las zonas de mayor déficit, y ha recordado que Almería, Granada, Jaén y Córdoba fueron las provincias a las que más tarde volvió la luz tras el apagón masivo del 28 de abril. La densidad de redes de transporte eléctrico en Andalucía está un 40% por debajo de la media de España, ha subrayado el presidente andaluz.

En materia de infraestructuras, Moreno ha denunciado que el Gobierno central debe a Andalucía 30 grandes infraestructuras ferroviarias “vitales”, entre ellas los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, Algeciras-Bobadilla, Zaragoza-Algeciras, AVE a Huelva y Tren Litoral de la Costa del Sol. La Junta denuncia que “Andalucía es la penúltima comunidad en ejecución de inversiones del Estado en infraestructuras”.

Sobre sanidad, uno de los asuntos de mayor conflictividad social y política en Andalucía, el presidente de la Junta reclama “un Pacto Nacional por la Salud con más fondos, más plazas MIR y mejores condiciones para retener a los médicos y enfermeros que se forman”.

Sobre vivienda, Moreno se ha pronunciado sobre el ofrecimiento previo que hizo el presidente Pedro Sánchez a las comunidades para inyectar, conjuntamente, una inversión extraordinaria para impulsar nuevas viviendas y dar respuesta a uno de los principales problemas que sufre España. “Si hay un plan de impulso sin imponer condiciones a las comunidades”, el Ejecutivo andaluz mostraría su disposición al acuerdo. No obstante, recuerdan que “Andalucía es la que tiene el mayor parque público de España, en torno al 41% del total, y que ha multiplicado por cuatro el número de viviendas públicas: 13.010 nuevas viviendas en 2019-2024 frente a 3.216 en 2013-2018”.

Además, Moreno ha pedido otro “plan nacional” antiocupación con seguridad jurídica a propietarios ante impagos de alquileres, una reclamación que entronca con las denuncias de PP y Vox contra el fenómeno llamado “inquiocupación”. Aunque en este caso no ha ofrecido datos de ocupación ilegal de viviendas en Andalucía que, según las cifras que aparecen en la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, representan un fenómeno residual.

El final de la intervención de Moreno, en el ámbito de la “regeneración democrática”, ha denunciado que la situación política en España es “crítica y convulsa”, ha afeado a Sánchez su falta de mayoría social y parlamentaria, sus dificultades para presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales para este año y la “creciente desafección y desconfianza en la política. Por lo que ha terminado pidiéndole, ”desde el máximo respeto“, que ”disuelva las Cortes cuanto antes, convoque elecciones y permita a los españoles decidir“.