Las hemerotecas se han llenado este mes de marzo de titulares acerca de violencias digitales que, en algunos casos, han traspaso las pantallas y se han materializado también en forma de acoso y agresiones físicas. A las denuncias públicas y policiales de Rita Maestre, Ione Belarra, Irene Montero, Tesh Sidi y Antonio Giraldo (así como de la periodista Sarah Santaolalla el pasado febrero) se suman procesos judiciales contra un hombre que enviaba mensajes homófobos a jóvenes por Instagram desde La Rioja o contra los futbolistas que han difundido un vídeo sexual de una jugadora de 14 años en Bizkaia.

Esta misma semana, la Universidad de Murcia ha divulgado una investigación basada en entrevistas a más de mil mujeres que confirma que un 61% de ellas ha sufrido presiones sexuales online y que constata el impacto de la violencia digital en su salud mental, en forma de ansiedad, baja autoestima y miedo a que el acoso se materialice también en la vida física. Una consecuencia es que las mujeres restringen su participación en espacios digitales.

También en marzo, el Gobierno de España y el de México han anunciado medidas para frenar las violencias en línea. Pedro Sánchez ha presentado la Huella del Odio y la Polarización (HODIO), una herramienta para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales. Por su parte, el ejecutivo que preside Claudia Sheinbaum ha firmado un acuerdo con las principales plataformas digitales (Meta, Google y TikTok) para que incorporen mecanismos de protección de las mujeres: desde campañas para incentivar denuncias a contenidos de sensibilización o la creación de rutas para retirar contenido violento o íntimo no consentido.

Si hace una década el debate público se centraba en las violencias entre la juventud como nativa digital (ahí aprendimos conceptos como grooming o sextorsión), la preocupación gira ahora sobre las acciones más o menos coordinadas desde la llamada manosfera para intentar amedrentar a feministas con proyección pública, como activistas, comunicadoras y políticas. Sin embargo, la victimización constante también se ha traducido en una acumulación de acciones para documentar, contextualizar, prevenir y acompañar los casos de violencias machistas en línea.

Algunos han dado sus frutos: por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condena como un delito de odio las expresiones racistas y misóginas que Justo Huertos Rubio emitió por redes sociales en contra de la comunicadora y activista antirracista Quinndy Akeju. La sentencia demostró que cuando se investigan las violencias, el anonimato deja de ser garantía de impunidad.

Adaptar leyes, reclamar responsabilidad

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 un informe, Las violencias de género en línea, que registró en el Congreso de los Diputados ese año junto con la revista feminista Pikara Magazine y el apoyo de las entidades Calala y Front Line Defenders. Esta acción de incidencia estuvo motivada especialmente por el acoso continuado en redes sociales que habían sufrido colaboradoras de la revista feminista, como Irantzu Varela, Brigitte Vasallo, Silvia Agüero Fernández o Alicia Murillo.

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 el informe 'Las violencias de género en línea': “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales

Ocho años después, aunque lamenta que la iniciativa quedase en un cajón y no recibieran respuesta alguna, Serra valora el carácter pionero de esa demanda de protección que dirigieron al Estado: “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales”.

El siguiente hito en el que participó esta jurista fue conseguir en 2020 que la ley catalana contra las violencias machistas incluyera en su ámbito de actuación las violencias hacia las mujeres en redes sociales y en la esfera pública. “Eso ha significado que en Catalunya todos los agentes implicados en la atención a las violencias han tenido que ser formados sobre esta tipología de violencias. Yo he formado a profesionales de los servicios de intervención especial, a médicos y a psicólogas forenses; los Mossos de Esquadra han sacado su propia guía; hemos creado la línea Fembloc que ofrece asesoramiento tecnológico legal y psicosocial. Hemos abierto camino y hemos intentado que otras leyes se hicieran eco de esta dimensión tecnológica”, condensa.

El siguiente hito fue introducir mediante la llamada ley del solo sí es sí modificaciones de artículos de otras normas, como la de Enjuiciamiento Criminal, de forma que las juezas y jueces de instrucción puedan ordenar la retirada de contenidos sexuales difundidos sin consentimiento como primera medida de protección. También del Código Penal para poder castigar no solo al primer divulgador sino a quienes republiquen esos materiales.

Sin embargo, lamenta que el gran escollo con el que chocan esos avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, Serra valora el paquete de medidas que anunció en febrero Pedro Sánchez, que incluye la persecución penal a los CEO de plataformas digitales que permitan la difusión de contenidos ilícitos y falsos.

El gran escollo con el que chocan los avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial

La jurista insta a no esperar a que se desarrollen en España las competencias de las nuevas leyes europeas sobre IA o sobre servicios digitales, y apela a la proactividad de diversos actores, desde la Agencia Estatal de Protección de Datos a la Inspección de Trabajo o el sistema de salud, así como incluir las violencias digitales en distintas normas, resume para elDiario.es.

Redes de apoyo

Las históricas huelgas de 2018 y 2019 marcaron un clímax en las luchas feministas, que han sido respondidas con una intensa reacción misógina y supremacista, articulada en redes sociales con participación de actores de extrema derecha o los llamados incels. En España, el Instituto de las Mujeres publicó el pasado mes de diciembre un informe en el que analiza el uso por parte de estos internautas del término “Charo” para ridiculizar, desacreditar e intentar silenciar a mujeres feministas de izquierdas.

Se trata, sin embargo, de una ofensiva globalizada que han instado a atender desde la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión a organismos internacionales de derechos humanos. Ya en 2018, Amnistía Internacional llamó a actuar con perspectiva interseccional contra la violencia de género facilitada por las tecnologías, consideradas como “abusos contra los derechos humanos en virtud del derecho internacional”. Uno de sus hallazgos fue que las mujeres racializadas tenían un 34% más de probabilidades que las mujeres blancas de ser mencionadas en “contenido abusivo o repetido de carácter nocivo u hostil” y que ese porcentaje se disparaba hacia un 84% en el caso de las mujeres negras.

En México, la colectiva feminista Luchadoras MX ha desplegado un área de Internet Feminista que incluye una Línea de Apoyo contra la Violencia Digital desde la que brindan a las mujeres y disidencias que sufren estas violencias “información, orientación legal, mecanismos de reporte, contención emocional, contención emocional, canalización con autoridades y otras colectivas”.

Los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”.

La forma de acompañar cada caso se adapta a las decisiones y los ritmos de las personas (desde la denuncia al descanso en la actividad digital), pero señalan como coincidencia la importancia de no dejar a las afectadas solas: “Poder contar con redes de apoyo y comunidades que escuchen sin juzgar, que acompañen, que contengan y que validen las emociones que surgen frente a la violencia hace una gran diferencia. Es en esos espacios donde poco a poco se puede volver a tomar aire, ordenar lo que se siente y empezar a recuperar la propia voz”, destacan las responsables de la Línea de Apoyo, Gisel Santos y Paola Rivera Niño.

Desde Luchadoras comparten la preocupación de que la “tecnología avanza más rápido que la capacidad de generar avances regulatorios nacionales e internacionales eficientes, por lo que es importante documentar y no quitar el dedo del renglón ante este fenómeno”. Algunas de las transformaciones que han identificado han sido la generación de nuevas dinámicas que propician una escalada en la intensidad de agresiones como el uso de bots o cuentas automatizadas para coordinar ataques, o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para propósitos humillantes o desacreditantes (los llamados deepfakes).

Añaden que los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”. En la línea de Serra, concluyen que “ya no se trata solo de una agresión interpersonal, sino de una estrategia dentro de conflictos políticos más amplios sobre género, democracia y derechos”.

Más conciencia

La psicóloga Isa Duque, impulsora del proyecto de divulgación Psico Woman, asegura que en las charlas que ofrece al alumnado de secundaria (centradas en el amor pero abiertas a plantear otras inquietudes) apenas están saliendo la cuestión de las violencias digitales, mientras que se repiten las dudas sobre ligoteo y salud mental. “Lo que más salen son temas de control a través del móvil: qué hago si mi pareja me dice a quién puedo seguir y a quién no, qué hago si descubrió que sigue a su ex en redes y lo vivo como una traición…”, añade.

“Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto y autora de la guía de ciberviolencias 'Ponle nombre', que publicó Emakunde

Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto (Bizkaia), es una de las autoras de la guía de ciberviolencias Ponle nombre, que publicó el pasado diciembre el Instituto Vasco de las Mujeres, Emakunde. Una guía dirigida a chicas y chicos jóvenes para promover la identificación de distintas formas de violencia digital, poniendo el foco no sólo en la protección sino en la responsabilidad para no difundir o emitir contenido misógino, e incluyendo también apartados sobre LGTBIQA+fobia, racismo y gordofobia.

Linares cuenta con más de una década de experiencia estudiando y divulgando sobre las violencias digitales en la comunidad educativa. Identifica que las forma de violencia se han ido sofisticando con los años (en tanto que se han sofisticado también los usos de las plataformas digitales), pero prefiere poner el foco en los aprendizajes y recursos desarrollados, desde las pautas de autoprotección a los mecanismos de denuncia impulsados por redes feministas: “Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica.

Celebra que en la comunidad autónoma vasca ha quedado atrás la fase en la que era la policía la encargada de dar charlas sobre ciberviolencias sexuales en las aulas, con enfoques que promovían el miedo y la culpabilización. “Ahora van a las aulas educadoras de consultorías que no siempre están suficientemente formadas en ciberviolencias pero trabajan con perspectiva de género”, cuenta. El siguiente paso, desde su punto de vista, es pasar de esas charlas puntuales por parte de personas externas a una transversalización en el currículum y una implicación de todos los agentes educativos, desde las familias a los servicios sociales. También en este punto, Linares se muestra optimista: “El profesorado está concienciado, dispuesto a colaborar, pero nos tenemos que coordinar para formarlo de manera que no se tope con la mochila de tener que saber también de ciberviolencias. En algunos pueblos se está debatiendo y trabajando en comunidad cómo criar a las niñas y niños en protección digital”.

En ese sentido, no comparte las medidas como la anunciada en febrero por Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años: “¿Qué pasa, que con 17 años ya no vas a ser machista y a producir contenido violento? Hay que trabajar desde la infancia (especialmente con los chicos) para que, si ven ese contenido, les dé tanto rechazo que lo puedan denunciar, y para que se puedan vincular con otros contenidos y tonos sobre masculinidades, feminidades y diversidad”.

¿Y las violencias benevolentes?

La guía sobre ciberviolencias de Emakunde elaborada por Zaloa Lafuente, Estíbaliz Linares e Iratxe Rodríguez dedica un apartado al body shaming, que define como “comentarios, insultos u odio contra todos los cuerpos que rompen con los ideales de belleza establecidos”, y a la gordofobia, entendida como “rechazo y violencia que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas”. Sobre esto último, añade que esta violencia presente en la vida offline “coge mucha fuerza en las redes sociales” y se basa en prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida

Magda Piñeyro, divulgadora y asesora sobre gordofobia, género y diversidad corporal, autora de dos libros sobre el tema, detalla las violencias explícitas gordófobas presentes en redes sociales: “Véase los insultos, amenazas, burlas o el fatshaming, que es como se llama a la exposición púbica de vídeos no consentidos de personas gordas caminando, en gimnasios o comiendo”. Sin embargo, añade una segunda capa, la gordofobia benevolente: “Toda esa amplia gama de comentarios bienintencionados, como las invitaciones a hacer ejercicio, hacer dieta o consultar a nutricionistas”.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida”.

Las recomendaciones de la guía de Emakunde no se dirigen a las personas gordas sino al resto de la ciudadanía: “Antes de recomendarle a alguien que cambie sus hábitos de vida, piensa si de verdad te importa su salud o te molesta su cuerpo. ¿Le harías la misma recomendación a alguien que sube una foto fumando o bebiendo?”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a un año y tres meses de cárcel -que no tendrá que cumplir al carecer de antecedentes- por un delito de odio cometido en redes sociales contra la activista antirracista y enfermera Quinndy Akeju. La pena ha llegado después de que el acusado aceptase el delito y llegase a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular a cambio de una rebaja de las peticiones iniciales, que alcanzaban el año y ocho meses de prisión.

La sentencia comporta también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 1.080 euros de multa penal -un tercio de lo inicialmente solicitado- y un veto expreso para trabajar en el ámbito docente, educativo y de tiempo libre durante cuatro años. Además, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 2.500 euros y deberá publicar la sentencia íntegra y pedir disculpas por el delito en las mismas redes sociales que utilizó para atacar a la activista. El varón ha solicitado abonar un máximo de 50 euros mensuales para afrontar sus responsabilidades económicas, lo que implicaría que tardaría más de cuatro años en abonar la compensación a la activista.

El fallo, al que ha tenido acceso este periódico y que es firme al ser de conformidad entre las partes, recoge que el tribunal reconoce que el condenado, “por el único motivo de tener la víctima la piel de color negro, con ánimo de humillarla y denigrarla por tal motivo”, entre los días 25 de julio de 2022 y 2 de agosto de 2022, a través de la red social Instagram dirigió varios mensajes a la cuenta de la activista con ataques racistas e insultos como “negruza”, “macaco”, “escoria” o “vete a tu selva”, además de mensajes en contra de la migración y a favor de la ultraderecha. “Las expresiones encierran un fuerte contenido denigrante y racista hacia las personas de piel negra”, sostiene el escrito.

“El encausado, al difundir las expresiones racistas antes señaladas, era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo, desde ese momento, del control sobre su zigzagueante difusión, habida cuenta de que dichos mensajes, una vez llegaron a manos de sus destinatarios, éstos podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, provocando con ello la humillación pública de la víctima”, refleja la sentencia, que explica que la Ertzaintza emitió un informe con los mensajes.

La vista se celebró a finales de junio. Al salir del juicio, la activista Quinndy Akeju abrazó fuertemente a su abogada Adilia de las Mercedes a las puertas de la sala tres de la Audiencia Provincial de Bizkaia. “Supone un precedente. [El procesado] Ha aceptado que cometió un delito de odio que lesiona la dignidad personal de Quinndy y que los comentarios que hizo son ofensivos y que el bien jurídico que se daña es la dignidad personal en este caso concretamente de Quinndy”, explicó la llegada tras haber alcanzado el acuerdo que ahora se plasma en la sentencia.

Según reconoce Akeju, los ataques contra su persona a través de redes sociales comenzaron en el año 2020, cuando en su cuenta de Instagram, la activista y enfermera recibió mensajes que contenían insultos racistas y misóginos. “En 2022 tomé la decisión de denunciar a varias cuentas que me insultaban. A raíz de estos usuarios comienzan a intensificarse ataques de otros más durante al menos dos años. Los recibía casi todos los días. Me hicieron mucho daño a nivel psicológico de manera que en 2022 ya no podía más. Comencé a tener miedo a salir de casa y publicar en redes sociales. Sufrí consecuencias muy fuertes en mi salud mental y a posteriori también físicas”, detalla a este periódico.

Tras la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza identificaron a uno de los usuarios que agredía a la activista y eso encaminó el proceso judicial. “Él intentó defenderse alegando que los comentarios fueron 'un calentón', pero ha quedado probado que tuvo tiempo de sobra para pensar lo que escribía, para borrarlo y para pedir perdón. Sin embargo, eran ataques que perduraron en el tiempo, por lo que no ha quedado impune. Hemos trabajado en este caso con mucha solidez, ha sido preparado a fondo y a conciencia con hechos probados. Además, la Fiscalía ha hecho un buen trabajo”, argumenta la abogada.

“Este es un delito de odio por racismo contra una activista. No podemos decir que sea la primera sentencia, pero de las primeras, seguro. Hace un seguimiento de las luchas que han tenido otras personas, activistas negras, que están en esta batalla que no es fácil. El coste emocional que este proceso ha tenido tanto para Quinndy como para su familia, ha sido muy alto. El daño que se le hace públicamente a una mujer nunca es solo para ella, es un daño generalizado en este caso para todas las mujeres negras y para todas las mujeres que hacen activismo”, defiende la letrada.

Según confiesa Akeju, a día de hoy sigue recibiendo ataques en sus redes sociales, que utiliza para divulgar sobre antirracismo, feminismo y Sanidad pública, entre otras cuestiones de índole social y político. “Hay una incitación al odio colectivo, a la deshumanización colectiva. Llegan a mis redes sociales, pero también a otras. Quieren silenciarnos. Quieren deslegitimar lo que hacemos, ponernos en un lugar de no ser, pero vamos a seguir luchando. Yo tomo una posición y defiendo los derechos humanos, reivindico la humanidad de las personas negras, algo tan básico como eso. Pero hay quien considera que eso es una amenaza e intentan humillar, ofender e insultar, pero además con insultos que históricamente han tenido un peso muy grande para las personas negras. No es casualidad que uno de los muchos mensajes que escribía en mi perfil esta persona es 'macaco'. Sabemos que eso viene de un pasado y un presente histórico en el que a las personas negras se nos animaliza constantemente. Se nos dice que somos animales salvajes, primitivos. Hay otro factor en este sentido y es el de género y más si es una mujer joven”, concluye la activista, contenta y aliviada por el final del proceso judicial.

Javier Diéguez Barriocanal es ingeniero informático por la Universidad de Deusto, ha liderado proyectos de ciberseguridad en grandes corporaciones privadas del sector, ha asesorado a organismos públicos y en la actualidad dirige la Cyberzaintza o Agencia Vasca de Ciberseguridad, un nuevo organismo creado en 2023 y cuyo nombre suena similar al de la Ertzaintza. De hecho, esta institución toma el relevo del antiguo BCSC (Basque Ciber Security Center) y ha pasado a colgar del Departamento de Seguridad y no del área económica del Gobierno. La sede de la Cyberzaintza está en la última planta de un edificio acristalado del parque tecnológico de Miñano, al norte de Vitoria. En los últimos días ha tenido su primera gran misión a raíz de los ataques del grupo de 'hackers' prorrusos NoName057(16) y ahora coordinará la vigilancia de la parte virtual de las inminentes elecciones vascas. El director general sostiene que en Euskadi hay “sensibilidad” para entender que hay que poner medios contra lo que define como el gran crimen organizado mundial, con un volumen económico que solamente superan dos países, Estados Unidos y China. Confía en que a lo largo de 2024 se duplique el presupuesto y la plantilla con la que arrancó la agencia hace unos meses. Señala también que la Cyberzaintza tiene que ser “aliada” del CCN (Centro Criptológico Nacional), la rama de ciberseguridad de los servicios secretos de España, el CNI.

Seis instituciones vascas han sido ciberatacadas en la última semana. ¿Es grave?

Sí. Es grave. Sabemos de la existencia de NoName057(16) y de sus actividades desde hace ya dos años, prácticamente desde que se declaró el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora no habíamos tenido nunca noticia de que objetivos del ámbito de Euskadi estuvieran en el punto de mira. Pero esta vez sí. Hemos visto que ha tenido cierto impacto en algunas entidades concretas que no mencionaré. Únicamente diré que son seis.

¿Por qué no se pueden dar los nombres de las instituciones? ¿Por qué se ha tardado una semana en informar de que han sido atacadas? El Parlamento vasco ya lo comunicó el martes 6 de febrero.

Somos un CERT, un equipo de respuesta a incidentes informáticos. Estamos homologados a nivel internacional y tenemos unos códigos éticos en relación con la confidencialidad muy estrictos. Cuando sucede, dejamos que hable de ese incidente la organización afectada, salvo que explícitamente nos autoricen a hablar de ello. Como no lo han hecho, nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué no hemos hablado antes de ello? Porque la campaña estaba en curso y no sabíamos qué impacto iba a tener ni cuánto se iba a extender. Hasta que no hemos tenido clara la extensión de la crisis, nos ha parecido prematuro dar unas conclusiones o una información que podían generar más alarma de la estrictamente necesaria.

¿Qué se hizo tras los ataques?

Lo primero, como decía, es el trabajo previo. Hemos sido capaces de identificar quiénes eran los objetivos confirmados, es decir, quiénes iban a ser atacados. Y les hemos podido avisar antes. Estamos conectados a una red de confianza internacional que nos va aportando información sobre cómo mitigar el ataque de NoName057(16). Conocemos qué tipo de tráfico están generando para atacar a las instituciones y con esa caracterización pedíamos bloquear un tipo de tráfico. Además de eso, se estaba identificando desde qué áreas geográficas del mundo procedía. Eso es fácil de segmentar porque se ve en un rango de direcciones IP. Se han podido configurar las infraestructuras para que los tráficos procedentes de esos rangos no fuesen aceptados. Con eso se reduce muchísimo el nivel de tráfico entrante.

¿Cómo se produjo el ataque?

La secuencia fue con la incorporación de dos entidades vascas el martes 6, otras dos el miércoles 7 y otras dos el jueves 8. Luego hubo repetición de ataques. Fue un tema limitado a eso. El fin de semana ya tuvimos claro que el tema no iba a más y considerábamos injustificado generar una alarma general porque realmente el ataque no era general sino contra seis organizaciones concretas.

¿Quiénes son NoName057(16)?

Es un grupo con una cierta trayectoria. Hay otros. No es el único. Pero éste, concretamente, tiene un perfil prorruso. Están alineados con el papel de Rusia en el conflicto armado con Ucrania y se dedican, principalmente, a atacar a aquellos Estados que han manifestado públicamente que son afines a Ucrania. Sus campañas, generalmente, son de este estilo, de denegación de servicio. Provocan un incremento de tráfico de comunicación entrante hacia objetivos concretos para que sus infraestructuras dejen de estar operativas. Después, cuando tienen éxito, lo publican en su cuenta de Telegram. Ése es el 'modus operandi'. Si ocurre en un período en el que no tiene impactos colaterales, como ha sido el caso, la cosa queda un poco diluida. Pero esto podría suceder en momentos mucho más delicados o a organizaciones menos preparadas y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que un trabajo de preparación puede mitigar en gran medida el impacto del del incidente.

¿Qué enseñanzas se extraen del episodio?

Ha podido ser un ejercicio para que estas organizaciones detecten mejoras en sus capacidades y en sus infraestructuras. Y también ha servido de alguna manera para poner en valor el rol de la Cyberzaintza en este tipo de escenarios de amenaza. Hasta la existencia de la agencia, había una visión individual del problema. Alguien recibía un incidente, lo resolvía y seguía caminando. El rol de la Cyberzaintza es precisamente haber podido alertar antes de que sucediera y hacer acompañamiento durante la crisis, incorporando información concreta que ayuda a mitigar el efecto de la amenaza. Esa experiencia ha revertido en una mejor protección transversal del resto de entidades. Creamos una mesa interinstitucional en la que iniciamos actividades básicas de identificación de interlocutores clave para este tipo de situaciones a los que pudiéramos alertar cuando algo pudiera pasar. Es una una labor de mutua confianza, de contacto frecuente.

En noviembre también fueron atacado los servidores de una proveedora de Lanbide. Hemos conocido otros episodios en hospitales de Catalunya o en el Ministerio de Trabajo. ¿Realmente la sociedad es consciente de la magnitud de este problema?

Diría que no. Poco a poco, gracias en gran medida al trabajo que están haciendo los medios de comunicación desde WannaCry [un ataque global en 2017], esto está teniendo más visibilidad. Éste ha sido un caso de activismo. Por su perfil, NoName057(16) no quiere obtener beneficios económicos. Pero en otros casos es así. Diría que la sociedad no está del todo concienciada. Si fuera un país, el cibercrimen sería la tercera economía del mundo sólo por detrás de Estados Unidos y de China. Mueve un volumen de dinero ingente. El impacto que tiene en la economía global es mayor que el de los tres tráficos más importantes juntos, el de personas, el de drogas y el de armas. Otro indicador: en la Ertzaintza, el 90% de las denuncias de delitos informáticos que reciben son por estafas. Eso es que se ha tenido imprudencia en las relaciones digitales: has concedido datos o has realizado acciones que te han hecho vulnerable para que alguien te pueda estafar o robar dinero.

Recientemente, se ha conocido que los semáforos de Vitoria, por ejemplo, se van a gestionar con un aplicativo de Google. En Bilbao hay sistemas de inteligencia artificial para monitorizar personas o vehículos. ¿Qué ocurriría si alguien manipula esta información?

No conozco exactamente cómo se van a securizar los accesos a esas infraestructuras, pero cualquiera que esté conectada es ciberatacable. Otra cosa es que luego se haga una gestión eficaz de la fortificación para que no sea sencillo. Esto es una problemática que lleva ya tiempo encima de la mesa. El Gobierno de España, hace más de diez años, publicó la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y el reglamento para su cumplimiento. Inició ya una preparación para que este tipo de servicios esenciales, como puede ser la regulación del tráfico, la gestión de las aguas o el suministro eléctrico, tengan al menos una serie de mecanismos de protección o de recuperación que minimicen el impacto en la sociedad. Y, en Euskadi, más allá del plan del Gobierno de España, se extendió esa sensibilidad hacia otras organizaciones que operaban en el territorio. No superaban los umbrales necesarios para ser nombradas infraestructuras críticas para el Estado pero había que protegerlos igualmente porque afectaban de una manera esencial a la vida en Euskadi.

Un fiscal de Gipuzkoa experto en la materia ironizó que las instituciones tienen que perseguir aviones con un Seat 600. ¿Está bien dotada la Cyberzaintza?

Uno siempre quiere tener más para poder hacer mejor su trabajo. Lo que hay que valorar aquí es el esfuerzo que se está haciendo. Y no solamente en Euskadi. Hay un esfuerzo general en otras comunidades autónomas y en el Gobierno de España para para poder hacer frente a esta amenaza creciente. Pero también es cierto que las entidades que atacan están muy fuertemente financiadas. Generalmente, quien juega el ataque va un paso por delante y quien tiene que defender, como es nuestro caso, hace lo que puede. Pero quiero poner en positivo la situación nuestra: el Gobierno vasco ha decidido crear esta esta agencia. Tenemos margen de mejora pero esa sensibilidad está ahí. La ley para aprobar la creación de la Cyberzaintza se hizo en trámite de urgencia, porque se veía que era un tema que no podía esperar. Es cierto que, obviamente, en un primer momento de arranque, una institución como la nuestra tiene mucho recorrido por delante y mucho margen de mejora. Espero que en los próximos meses tengamos un perfil de capacidades de protección mejor que el que tenemos ahora. Tenemos referentes y experiencias en las que podemos mirarnos concretamente. En nuestro caso, el más evidente es el de Cataluña, que tiene una mayor experiencia por el tiempo que llevan ya con su agencia. Y, por supuesto, está el Centro Criptológico Nacional (CCN), que lleva también ya más de una década ayudando a las administraciones públicas y que para nosotros ahora mismo es un aliado.

¿Son suficientes 2 millones de presupuesto?

La respuesta es no. De hecho, ya estamos trabajando con el Departamento de Hacienda en una posible ampliación de ese presupuesto en múltiplo. Ha sido simplemente un dinero para echar a andar pero este mismo año vamos a multiplicar el presupuesto y duplicar la plantilla.

Mencionaba antes el CCN, que depende del CNI. ¿Cuál es la relación entre la Cyberzaintza y el CCN?

El Centro Criptológico Nacional es el organismo competente a nivel del Estado para velar por la ciberseguridad y proteger a las administraciones públicas. La propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad promueve la creación de capacidades de respuesta en las comunidades autónomas. Lo que el Centro Criptológico Nacional está buscando son socios locales que le ayuden a canalizar todos los servicios y todas las capacidades que ellos tienen, porque no pueden gestionar desde un único equipo toda la diversidad y todo el volumen que supone la geografía del Estado. Ese socio en Euskadi es la Cyberzaintza. Estamos ahora mismo en el proceso de acordar un protocolo general de actuación en el cual compartiremos información, herramientas y buenas prácticas, como no puede ser de otra manera. Es el organismo de referencia con el cual hay que coordinarse.

La ciberseguridad afecta también a particulares y a empresas.

Sí, sí. Hay que dejar claro que no acaba la amenaza en grupos activistas. Hay otras con ánimo lucrativo. Mencionaba precisamente el problema con las estafas. El cibercrimen lo que busca es dinero. O dinero o ventajas competitivas, que al final siempre se traducen en dinero. Hay un marco grande de victimización de ciudadanía y empresas. No tengo los datos concretos de segmentación de las denuncias, porque no somos un organismo policial, pero probablemente el dinero defraudado sea mucho mayor en el ámbito privado doméstico que en el ámbito público.

¿Qué consejos básicos tiene que seguir un usuario en una empresa o a nivel particular para al menos tener un mínimo de protección ante estas circunstancias?

El criterio general es la prudencia, como en todos los ámbitos de la vida. Pero hay algunas actitudes que pueden ayudar a que sea más difícil que nos victimicen. Si se va a hacer alguna actividad relacionada con dinero, toca asegurarse de que es una URL confiable y legítima. Por supuesto, hay que mantener los equipos domésticos, el teléfono móvil o los equipos de sobremesa y portátiles con los últimos parches de seguridad para que sea más difícil ser víctimas de algún tipo de 'malware'. Y que no tengamos contraseñas de fábrica. Que sean difíciles de romper en la medida de lo posible. Hay que usar más el doble factor, como ya están haciendo los bancos enviándonos una verificación a nuestro teléfono móvil. Y, por supuesto, tener copias de respaldo, 'backups' de lo que podamos. Si tenemos la mala suerte de que nos entra un 'ransomware', que nos cifra todo y no podemos acceder a nada, que al menos tengamos un dispositivo de almacenamiento desconectado del equipo atacado del cual podamos recuperar la actividad normal. En el caso de las empresas, hay una práctica que no es técnica sino de sensibilización: entrenarse. Todo el mundo tiene interiorizados los simulacros de incendios, pero estaría muy bien uno de esto. Nosotros lo hacemos con las organizaciones de nuestra mesa interinstitucional. Recreamos un escenario de infección por 'ransomware' y fuga de credenciales. Normalmente, las organizaciones participantes se suelen llevar deberes porque siempre se identifica algún área donde se puede mejorar. Y no siempre es una cuestión de dinero.

Se avecinan unas elecciones en Euskadi. En otros procesos se ha hablado de intrusiones. Aquí no se utiliza el voto electrónico, pero, ¿habrá algún tipo de refuerzo especial de seguridad informática?

Sí, se va a crear un operativo de vigilancia digital que se va a activar durante la última semana de febrero. Se ha establecido un espectro de vigilancia de activos no solamente relacionados con el Gobierno sino también de otros ámbitos. Se me ocurren, por ejemplo, redes sociales, tratar la influencia en la opinión durante el día de reflexión. Es el único proceso electoral en el que el Gobierno autonómico tiene competencias. Pero yo iría más allá. Tenemos el proceso electoral, sí, pero también a nadie se le escapa que en breve tenemos una campaña de declaración del IRPF. Tenemos una visión mucho más amplia del problema.

¿En qué consiste exactamente esa monitorización de las redes sociales? ¿Y los nodos de 'bots'?

Lo que hacemos básicamente es identificar cuáles son las cuentas sensibles y estar atentos a que haya un reporte de un incidente, que alguien nos pueda alertar de que han secuestrado su cuenta. En cuanto a los 'bots', se hace una investigación y se trabaja en el desmantelamiento a través de nuestros contactos internacionales. Solemos actuar informando a las personas o a los organismos que tienen capacidad para detener eso en origen. Generalmente, se bloquea el dominio o el espacio donde se origina esa campaña. Es cierto también que de repente la misma campaña te surge en otro lado y empieza otra vez el trabajo. Pero eso, como digo, forma parte del escenario en el que nos toca jugar. Y no porque sea laborioso y costoso vamos a dejar de hacerlo, ¿no?

¿Estamos cansados de tener el móvil siempre lleno de fotos y casi saturado? ¿Estamos acostumbrados a que el teléfono nos avise de que estamos a punto de quedarnos sin memoria?

Si es así, lo que necesitamos no es hacer menos fotos, sino unas buenas aplicaciones para poder organizarlas bien e incluso enviarlas a la nube en lugar de guardarlas en el disco duro.

Por eso desde Cibervoluntarios, te traemos un conjunto de interesantes aplicaciones que te permitirán dedicarte a tomar tus fotos con toda la tranquilidad de saber que terminarán guardadas sin saturar el disco duro y organizadas tal como nosotros deseamos.

*Este videoconsejo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y eldiario.es con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos.

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“El incidente está cerrado. La página web del Parlamento Europeo y los servicios relacionados ya están restaurados y funcionan con normalidad. Los sistemas del Parlamento ya no están bajo un ataque DDOS (Distributed Denial of Service). Nuestros equipos técnicos seguirán vigilando la situación”, comunicaba a primera hora de este jueves Eva Kaili, vicepresidenta de la Eurocámara y responsable de su área digital. La institución sufrió un ciberataque la tarde del miércoles que tumbó su web y la inutilizó durante horas.

La presidenta de la institución, la conservadora maltesa Roberta Metsola, lo denominó como “un sofisticado ciberataque”. “Un grupo pro-Kremlin ha reivindicado la responsabilidad”, añadió. Por el momento, el Parlamento Europeo no ha dado más detalles sobre el incidente, o si este tuvo ramificaciones más allá del ataque DDOS. Un tipo de ofensiva que, pese a las declaraciones de Metsola, está considerada una de las más formas más sencillas de ataque informático. Pero ante la cual la Eurocámara estaba desprotegida.

En una primera reacción al suceso, varios especialistas en ciberseguridad expresaron en conversación con elDiario.es su extrañeza de que el Parlamento Europeo no contara con un CDN. Este servicio, Red de Distribución de Contenidos por sus siglas en castellano, construye una serie de nodos distribuidos por el mundo para encauzar el tráfico de Internet y hacer que el usuario final no tenga que conectarse directamente al servidor central para acceder a una información. Se trata del mismo principio que cualquier otro sistema de distribución: los lectores de un periódico impreso no van a la imprenta a por él, sino a su quiosco más cercano.

Un CDN hace que una usuaria de Valladolid no tenga que conectarse a los servidores del Parlamento Europeo en Estrasburgo para acceder a su web. Lo hará con su nodo más cercano, que podría estar en Madrid. Se trata de un servicio extremadamente habitual en webs importantes como la de la Eurocámara por utilidad para reducir la latencia y agilizar las descargas de datos. Pero también es extremadamente útil para mitigar ciberataques básicos como los DDOS, que se basan en concentrar mucho tráfico sobre una web hasta que los servidores no pueden asumirlo y se caen.

Es fácil ver qué servicios digitales usan CDN y cuáles no. Es un dato que las máquinas se transmiten cuando establecen conexión. La página del Parlamento Europeo no tiene, lo que hace que estuviera mucho más expuesta contra un ataque básico de DDOS. “Mi abuela podría organizar un ataque como este contra el Parlamento Europeo con cuatro clics y el dinero para pagarlo”, ironizaba uno de los especialistas consultados: “Cualquiera con acceso a la web puede organizarlo”.

Los ataques DDOS fueron muy populares entre movimientos hacktivistas como Anonymous precisamente por su sencillez. En los últimos tiempos siguen realizándose, pero más como un elemento de distracción para ocultar otro tipo de ofensivas. Según ha comentado Eva Kaili, el Parlamento no detectó ofensivas paralelas al DDOS.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Eurocámara para preguntar por esta ausencia de un elemento que muchos especialistas consideran una de las capas de ciberseguridad más básicas. “El Parlamento Europeo no comenta sobre asuntos de seguridad, incluidos los de ciberseguridad”, han respondido fuentes oficiales.

Avalancha zombi

Killnet es una mafia de cibercrimen rusa con vínculos documentados con el Kremlin. Es el grupo señalado por el Parlamento Europeo por haber reivindicado el ciberataque. Este miércoles se compartieron supuestas capturas de la reivindicación de la acción por parte de Killnet en su canal de Telegram, pero los expertos consultados por este medio revelan que no hay evidencias sólidas por el momento. “La atribución más directa la ha hecho Anonymous Rusia, que no es una fuente demasiado fiable”, expone José Lancharro, director del departamento de servicios ofensivos de la firma de ciberseguridad española Tarlogic.

Una de las especialidades de Killnet son los ataques de denegación de servicio. Los lanzan para sus propios fines y por encargo de todo aquel que pague sus tarifas. Se trata de una ofensiva más efectista que efectiva. Aunque logre su objetivo y tire la web de la víctima, no tiene por qué implicar robos de información o compromiso de las redes internas. Incluso aunque la web no cuente con CDN, lo habitual es que los técnicos puedan recuperarla en pocas horas.

“Se basan en redes de bots”, explica Diego Suárez, director de Tecnología de Transparent Edge, la única empresa española especializada en servicios de CDN. “Hay todo un mercado negro en Internet de uso y alquiler de estas botnets, que al final no son más que un montón de dispositivos conectados convertidos en zombies. Pueden ser ordenadores, teléfonos móviles o aparatos del Internet de las cosas que han sido infectados con malware y son utilizados para estos ataques sin que el usuario lo sepa”.

Las ofensivas de DDOS se basan en pedir a todos esos dispositivos que han sido comprometidos previamente por los ciberdelincuentes que se conecten a un determinado servicio. En este caso, la página del Parlamento Europeo. Lo que suele ocurrir es que esa web no pueda asumir el súbito aumento de tráfico y se caiga. “Tú no te vas a dar cuenta de que el móvil está haciendo eso porque no deja ninguna señal. Lo único que puede ocurrir es que percibas que va más lento y al final termines reiniciándolo o pasándole un antivirus”, expone Suárez.

Los CDN se convierten en medidas de mitigación efectivas porque redistribuyen el tráfico por todo el mundo, evitando que se concentre en un solo punto y tumbe el sistema. “Puedes hacerlo con tu propia tecnología pero no es una cuestión práctica y de economías de escala. Ocurre lo mismo que con el sistema eléctrico: puedes autoabastecerte y tener una red cerrada como la de Texas, pero si tienes un problema que supera tus capacidades todo se viene abajo, como les ocurrió el año pasado”, concluye el experto.

La mayoría de nosotros, de una manera u otra, está en redes sociales. Seguramente, la más popular entre las personas de mayor edad es Facebook. Esta red, creada a principios de siglo, ha llegado a ser la más “habitada” de Internet... aunque desde hace un tiempo su seguridad quedó en entredicho.

Después de diversas acusaciones y juicios, la privacidad en Facebook se ha convertido en uno de los puntos más importantes para los usuarios. En este vídeo, te explicamos cómo conservarla y progerla.

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Ya sea porque llevamos una consola, tablet o un dispositivo que nos puede resultar de utilidad durante un viaje, lo cierto es que estos pierden algo de capacidad si no están conectados a internet. O, peor aún, si nos quedamos sin material multimedia descargado y nos vemos obligados a tener que dejar de ver series o películas.

¿Cuál es la mejor solución a esto? Compartir internet desde nuestro propio móvil. Esto nos permite utilizar nuestro terminal como una suerte de router de WiFi y utilizar los datos de nuestra tarifa con otros dispositivos.

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Aunque llevar el DNI encima en todo momento es obligatorio, para realizar algunas tareas y saltarse procesos burocráticos hay veces que tener que escanear nuestro documento se vuelve algo tedioso. Una solución para este tipo de momentos es obtener el DNIe, es decir, el DNI electrónico.

Este permite la firma electrónica de documentos y “otorga la posibilidad a su portador de utilizar la identidad electrónica en cuantos servicios digitales estén disponibles”. En este vídeo, te explicamos cómo obtenerlo.

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Ya es verano y con él, llegan las vacaciones. Tras dos veranos en los que los movimientos han estado marcados por la pandemia y las limitaciones, muchos de nosotros tenemos muchas, pero muchas ganas de salir de las fronteras españolas.

Para los turistas comunitarios que viajemos a través de cualquiera de los países que forman la UE, la única recomendación es disponer de la tarjeta sanitaria europea. Pero, ¿esto qué? ¿Cómo se solicita?

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Lejos ha quedado la época donde los jóvenes se concentraban frente al televisor para ver algún programa. Ahora, la mayoría de ellos están viendo a sus creadores de contenido favoritos en YouTube, TikTok... o Twitch.

Twitch se ha convertido en una de las plataformas de contenido en streaming más grandes del mundo y con una mayor curva de crecimiento. Si no entiendes su éxito, te explicamos cómo funciona y por qué los jóvenes están enganchados.

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A veces resulta muy molesto que se nos encienda la pantalla del móvil cuando recibimos un mensaje o cualquier notificación. En primer lugar, porque el resto de personas puede que vean qué estamos recibiendo. En Segundo lugar, porque resulta muy incómodo que, por ejemplo, estemos viendo una película y la pantalla nos ilumine.

Por eso, en este vídeo te explicamos cómo quitar estas notificaciones tan molestas.

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Las criptomonedas son un mundo... complicado y volátil. Desde hace algunos años, el Bitcoin está en boca de todo el mundo, sobre todo desde que bajara su valor hace unas semanas.

Pero, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué es una criptomoneda? Te explicamos en 1 minuto qué es y cómo funciona.

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Internet es una fosa de humor absurdo y extraño que, en la mayoría de ocasiones, se materializa en forma de memes. Pero, ¿qué es exactamente un meme? ¿Qué formato tienen?

Los memes se han convertido en un vehículo de comunicación (humorística) muy potente y utilizado por los jóvenes usuarios de redes sociales. Y que, a veces, no son comprensibles para los más mayores.

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El mundo del diseño muchas veces nos parece algo complejo y, sobre todo, muy caro. Canva es una aplicación que nos permite, de manera gratuita, realizar diseños originales y bonitos sin necesidad de tener unos grandes conocimientos sobre diseño.

De esta manera, podremos hacer aún más originales publicaciones de redes sociales o presentaciones de PowerPoint.

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Twitter, Instagram, Facebook son redes muy extendidas y socialmente conocidas. Pero hay otra que, en realidad, tiene una motivación distinta aunque también ha logrado amasar a millones de usuarios: LinkedIn.

La app de Microsoft trata de ser una red profesional. Es decir, ponernos en contacto con personas de nuestro entorno laboral o de entornos laborales de nuestro interés, ya sea para buscar un nuevo trabajo o para conseguir información de otro sector.

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Instagram es una de las redes sociales por excelencia y, desde que aparecieran los Reels, estos se han convertido en una de las “zonas” con mayor afluencia de esta app. Pero, ¿qué son? ¿cómo se utilizan?

En este vídeo explicamos cómo funcionan y sus secretos.

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Antes de la aparición de la COVID-19, los códigos QR eran un sistema que solo unos pocos utilizaban. Desde entonces, estos se han convertido en un habitual método para presentar algunos documentos como cartas de bares o restaurantes, advertencias en ciertas zonas, entradas de conciertos, etc.

¿Qué es un QR? ¿Cómo podemos leerlos y, por tanto, utilizarlos? Te lo explicamos en este vídeo.

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Hace no demasiado tiempo una reunión así habría sido impensable. Los tricornios y los ordenadores portátiles repletos de pegatinas que reivindican los derechos digitales, el anonimato y el hacking eran símbolos de dos mundos opuestos. Aunque las capacidades de unos y otros forjaron un respeto mutuo, la distancia entre ellos era similar a la que hay entre la jerarquía militar y la autogestión del software libre. Hasta que a un coronel de la Guardia Civil se le ocurrió hacer como si ese bache no existiera. Solicitó los medios, puso en marcha los mecanismos del Estado y contactó con uno de los decanos de la ciberseguridad española, que movilizó a 40 de los mejores hackers de España.

Un año después un centenar de jóvenes en edad universitaria, tutorados y aconsejados por esos 40 ciberexpertos, se han reunido en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil para participar en la final de la primera Liga de Retos en el Ciberespacio, o Ciberliga. Acompañando a agentes y hackers, representantes de grandes empresas patrocinadoras, atentos para hacer una oferta a los que destaquen.

La competición terminará este sábado y aunque es pronto para valoraciones, varios de los asistentes han expresado a eldiario.es (con remarcada sorpresa en el entorno hacker) que ha sido todo un éxito.

La Ciberliga se puso en marcha este verano en 15 centros universitarios. A ellos podían acudir jóvenes de cualquier parte de España para participar en las rondas eliminatorias. Un centenar se ganó el billete a Madrid para la gran final, que se desarrolla este viernes y sábado. Al mejor en el clasificación individual le espera un contrato de 30.000 euros al año en la unidad de ciberseguridad de una de las empresas patrocinadoras del evento. Al mejor equipo, un viaje a China. Y para todos, tricoins.

Los tricoins (de la unión de tricornio y bitcoin, la criptomoneda más popular) son el método de puntuación de este campeonato de jóvenes hackers. Servirán para hacer la clasificación de los participantes, pero también para canjearlos por premios una vez finalizado el evento. En esa tienda especial de la Ciberliga habrá becas para masters valoradas en 9.000 euros, equipos informáticos, certificaciones, cursos de especialización y practicas remuneradas en las mejores empresas del sector.

“De aquí nadie se va a ir con las manos vacías”, se enorgullece el coronel Luis Hernández, el responsable de una de esas iniciativas que, cuando salen bien, uno se pregunta cómo es que no se le había ocurrido a nadie antes.

La pregunta es obvia: ¿a cuántos de estos jóvenes va a fichar la Guardia Civil? “No, no, no, no, no. No estamos haciendo recluta. Esa es una idea que circula, que estamos intentando abducir a los chicos. Nada más lejos de nuestra intención”, asegura. Lo recalca en todas sus conversaciones con eldiario.es, tanto antes como durante la competición. “ De hecho, si alguno de ellos descubriera que esto le gusta y nos preguntara qué hacer para ingresar, tendríamos que decirle que no es posible con el actual modelo. Aunque nosotros también quisiéramos no sería posible, tendrían que pasar de nuevo por la Academia General. Esa es la mejor prueba de que no es eso lo que buscamos”.

“El rumbo profesional que han elegido es diferente”, continúa el coronel. Asegura que el Instituto Armado se ha limitado a poner de acuerdo a todo el mundo (cúpula del cuerpo, ciberexpertos de la sociedad civil, universidades y empresas) para hacer posible el encuentro y la Ciberliga.

“A veces me preguntan qué gana la Guardia Civil con todo esto”, revela. El oficial es cercano y comunicativo, pero no deja de ser un coronel de la Benemérita: “Gana España, respondo”. “Nuestro objetivo es que las empresas accedan a los jóvenes con mayor talento y que esos chicos y chicas tengan un primer contacto con el mundo de los empleadores en las mejores condiciones posibles. Retener el talento y que no se tengan que ir a Alemania para poder pagar el alquiler”.

Con informática no basta

Antes de empezar el reto, tanto Hernández como los mentores insisten a los jóvenes que en este campeonato no va a ganar el hacker que tenga mejores capacidades técnicas si no sabe trabajar en equipo. El ciberespacio ya no es territorio para llaneros solitarios y encapuchados. Las pruebas medirán la pericia informática de los participantes, pero también sus conocimientos de derecho y sus habilidades para comunicar qué está pasando y cómo piensan arreglarlo.

“Intentamos cambiar hábitos y enfrentarles a la realidad que se encontrarán en las empresas”, explica el comandante José María Pérez, segundo de Hernández. “Que los ingenieros sean humildes y aprendan de la parte legal y que los abogados sean humildes y aprendan de la parte técnica. Esto es lo que más nos cuesta a todos”, explica.

Alrededor del comandante ya ha comenzado la final y los equipos empiezan a ganar tricoins. Los oficiales se resistían a dar detalles concretos sobre las pruebas hasta este momento, pero con los jóvenes ya compitiendo y la suerte echada, se sueltan un poco más. Les han preparado un reto en el que les van a venir “ciberincidentes” por todos los lados. Habrá ciberataques, espionaje industrial, robo de patrimonio, robo de credenciales, extorsión e infecciones de ransomware (virus que encriptan todos los datos y piden un rescate a cambio de la clave para recuperarlos).

La resolución técnica puntúa un 50%, la parte legal un 25% y la comunicación, otro 25%. “Esto es lo que diferencia esta competición de cualquier otro reto hacker español y europeo. Un ciberincidente puede implicar responsabilidades desde el punto de vista de la protección de datos, por lo que tienen que conocer el marco legal. También es fundamental la comunicación. ¿Por qué? Porque si no son capaces de gestionar el problema, por ejemplo, en redes sociales, puede hundirles la reputación”, enumeran los oficiales de la Guardia Civil.

Paula Gallucci tiene 20 años y está en Madrid precisamente por la habilidad que ha demostrado en la parte jurídica. Es una de las 18 chicas participantes. Se presentó en la Universidad de Huesca en solitario porque la prueba clasificatoria que le pillaba más cerca se celebraba un miércoles, era al comienzo del curso y sus compañeros eran reacios a saltarse clases. Ella decidió hacer pellas ese día y a cambio está en la final de la Ciberliga.

Estudia tercero de Ingeniería Informática en Lleida, aunque insiste al periodista que escriba que nació en Tenerife. En las pruebas clasificatorias la integraron en un equipo con otros dos jóvenes que se presentaron a título individual. Pese a no ser su especialidad, ella se encargó de responder todas las preguntas relacionadas con aspectos legales. “Cuando los abogados me preguntaron cómo habíamos sacado esa puntuación en la parte legislativa, la mejor de toda Huesca, respondí la verdad, que había respondido por sentido común. Creo que estoy aquí por sentido común”, relata.

Ya sea por su sentido común o por haber tenido la agudeza de repasarse las leyes antes de la competición, como revela poco después, los jueces decidieron enviarla a la final. Confiesa que tuvo que explicarle a su madre que no, que lo que hace su hija no es ilegal; y que sí, que se le da tan bien que la Guardia Civil quería correr con todos los gastos para que participara en el campeonato.

“Creo que nadie de aquí busca ganar, todos buscamos aprender”, defiende la joven. Sabe que está entre los mejores de España, pero su mayor miedo es del folio en blanco, que le pregunten algo que no sepa cómo empezar a resolver. No obstante, recuerda que hay tres chicos, a los que no se ha enfrentado todavía, que están siendo la comidilla en la Academia de Oficiales: “Vienen de una FP de grado superior y le están dando palizas a gente de universidad, ¡de master!”.

Esos chicos tienen apenas 18 años y su mentora es Marta López, especialista en la parte defensiva del entorno ciber. Como los otros 39 mentores, es una hacker de la sociedad civil que ha acompañado a su equipo asignado desde el miércoles, compartiendo su experiencia con ellos en charlas, comidas y sesiones preparatorias de la competición. Estos 40 profesionales del sector de la ciberseguridad (50% mujeres y 50% hombres) están colaborando con la Ciberliga de forma altruista.

“Creo que ellos ni siquiera son conscientes de dónde han llegado, de lo que han conseguido”, dice López sobre los jóvenes participantes en conversación con eldiario.es. La Guardia Civil a lo mejor no, pero en la Academia de Oficiales hay muchos ojos pendientes de quién destaca, tanto de otros organismos del Estado como de las empresas patrocinadoras, así como los propios mentores. “A mí me ha dicho mi empresa que me traiga alguno”, ríe la experta. “Pero bueno, depende de ellos y lo fundamental es que terminen los estudios”, continúa.

“Nosotros les hemos contado cómo llegamos a la ciberseguridad y cuándo empezamos. Yo por ejemplo lo hice bastante tarde, pasé por otros sectores”, cuenta. A la pregunta sobre el reto más difícil que ha tenido que enfrentar como profesional, a la hacker le sale contestar “algún jefe capullo, de los que cuando le cuentas algo contesta a tu compañero”. La Ciberliga ha conseguido que haya paridad entre los mentores y López apoya ese esfuerzo.

“Es un sector masculinizado y por eso es muy importante que con este tipo de cosas visibilicemos también que hay chicas en él. Muchas veces somos nosotras las que, por vergüenza, por educación social o por lo que sea, no nos mostramos. Muchas veces las chicas que están estudiando no tienen referentes y esto es una buena idea para que vean que también estamos aquí nosotras”, afirma.

La final terminará este sábado. Tras ello los equipos volverán a sus lugares de origen y tocará hacer balance de esta primera edición de la Ciberliga. Entre los mentores consultados por eldiario.es la impresión es muy buena. “Los enanos han mostrado un nivel muy alto. Hay cantera”, dice Óscar Maqueda, el mentor de los mentores, con quién contactó el coronel Hernández para organizar el cibersarao. Tiene pinta de que habrá una segunda edición.

Habrá que esperar un poco para saber si la iniciativa ha cumplido con su propósito final. “El verdadero objetivo es retener el talento nacional. Hay que hacer ver a las empresas que aquí hay talento. Y a los chavales, que se puede emprender, que en España hay empresas de ciberseguridad referentes a nivel mundial que se han montado en un caserío perdido de Gipuzkoa”, recuerda Maqueda. El fundador de esa empresa, por cierto, también ha apoyado a un equipo como mentor de la Ciberliga.

En noviembre de 2014, miles de mujeres llenaron las calles de Nairobi, la capital de Kenia. Protestaban en apoyo a una mujer que, unas semanas antes, había sido desnudada y agredida por un grupo de hombres en una parada de autobús. Los atacantes alegaron que la víctima, que iba vestida con una minifalda, llevaba ropa “indecente”.

Las imágenes de la agresión se volvieron virales bajo el hashtag #MydressMychoice [mi vestido, mi decisión] en Twitter, que inspiró un movimiento del mismo nombre contra la violencia sexual contra las mujeres.

“Hubo mucha resistencia en las calles contra las protestas. Si ibas de color morado significaba que ibas a ir a la manifestación, así que te acosaban, o trataban de arrinconarte e intimidarte”, Muthoni Maingi, activista feminista keniana que participó en el movimiento. Entonces, explica, las mujeres volvieron a recurrir a Internet para organizarse. “Lo online fue una herramienta para que las mujeres supieran que había puntos de encuentro para formar grupos en sus barrios e ir juntas y seguras a las protestas”, apunta en una entrevista con eldiario.es.

Tres años después, en Senegal, Ndambaw Kama Thiat, junto a Codou Olivia decidió lanzar la campaña #Nopiwouma, que en wolof significa “No me voy a callar”. Habían comenzado a recibir en un blog mensajes personales y comentarios de mujeres que compartían historias sobre violaciones, abusos y acoso. “Se sintió muy desbordada por la cantidad de gente que la llamó y le escribió, así que decidieron iniciar una campaña para que acabar con esta cultura que educa a las mujeres para ser amables y no ofender a los otros”, señala Aisha Dabo, periodista y ciberactivista de Gambia afincada en Senegal.

Mandisa Khanyile es una de las mujeres que están detrás del movimiento 'The total shutdown' [el cierre total], surgido de la campaña #MyBodyIsNotYourCrimeScene [Mi cuerpo no es tu escena del crimen]. Crearon un grupo de Facebook cerrado con más de 70.000 seguidores y reservado para mujeres y personas no binarias que quieran compartir su testimonio sobre violencia machista.

Fue también la semilla de la marcha que protagonizaron miles mujeres de toda Sudáfrica el pasado 1 de agosto que acabó con la entrega de 24 demandas al Gobierno, el Parlamento o el Tribunal Supremo en las que enumeraban los pasos a seguir, con plazos estipulados, para acabar con la violencia de género, que deja cifras elevadas en el país.

Muthoni Maingi, Aisha Dabo y Mandisa Khanyile son algunas de las ciberactivistas que participaron a finales de enero en el encuentro Influencia e Innovación Digital en la Lucha contra las Violencias MachistasInfluencia e Innovación Digital en la Lucha contra las Violencias Machistas organizado organizado por Oxfam Intermón en Madrid.

Según las últimas estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, África experimentó en 2018 la mayor tasa de crecimiento en el acceso a Internet: de alrededor del 2% en 2005 a más del 24% de la población africana el año pasado. En 2015, un estudio de la consultora Portland Communications reveló que uno de cada diez hashtags africanos más populares ese año estaban relacionados con cuestiones políticas, frente al 2% en EEUU o Reino Unido.

Las tres activistas coinciden en la misma idea: el cada vez mayor acceso a Internet y a la tecnología en África, así como el auge del ciberactivismo, han multiplicado las posibilidades para las mujeres que defienden sus derechos en la red, a veces ayudándolas a sortear restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, la red se vuelve a menudo contra ellas por el acoso o la violencia machista que enfrentan en estos espacios en forma de intimidación, publicación de información privada, insultos o amenazas.

“Antes de las redes solía sentirme sola como activista”

“Es un poco menos peligroso decir ciertas cosas detrás de un teclado. Hay países en nuestro continente donde la Policía nos calla la boca, en mi país es común que te multen cuando protestas. Estar detrás de una pantalla te mantiene lejos de estas multas”, dice Khanyile entre risas. “La red nos permite movilizar de forma masiva con un clic. Con una campaña, puedes llegar a miles de personas. Tenemos muchísimo que aprender, por ejemplo poder llegar a las zonas remotas, pero Internet nos da esta posibilidad y de forma segura”.

Khanyile se define como “feminista crítica negra”, lo que le ha hecho enfrentarse a todo tipo de insultos a raíz de su activismo online. “Implica ser foco de muchas críticas, implica ser golpeada constantemente, incluso me han llamado terrorista. Sin embargo, te libera, te da sentido de comunidad y la certeza de que estás marcando la diferencia”, agrega la activista sudafricana.

Para Dabo, esta violencia es la traducción de la discriminación que las mujeres sufren fuera de Internet. “La red tiene la tendencia de que la violencia se vuelve personal y cuando los ataques llegan en masa es difícil lidiar con ellos. Algunas de las cosas negativas que pasan en Internet lo hemos experimentado en nuestra sociedad. Cuando por ejemplo eres una mujer y opinas, también en el lugar de trabajo, cuando dices que eres feminista, con todas las connotaciones negativas que tiene...no es fácil. La mayoría de las veces, la violencia online que he visto tiene que ver con opinar sobre asuntos políticos”, apunta.

Maingi, de Kenia, experta en innovación digital, se muestra preocupada por los efectos que pueden tener estos ataques: que las usuarias se autocensuren o acaben abandonando esos espacios, a su juicio, son necesarios para transformar las sociedades africanas. “Muchas mujeres han preferido retirarse porque las amenazas y el acoso que sufren”, recalca, antes de recordar que se trata de un tipo de violencia que afecta a mujeres de todo el mundo. De acuerdo con una encuesta elaborada en 2017 por Amnistía Internacional en ocho países, el 23% de las usuarias asegura haber sufrido acoso y abusos online. En España este porcentaje se situó en el 19%.

“Aunque recibimos muchos ataques por opinar, por ser activistas de los derechos de las mujeres en Internet, hay mucha solidaridad y aprendizaje que hace que nunca me vaya a marchar de este espacio, me niego a ello”, enfatiza la joven keniana, actualmente jefa de campañas digitales en Oxfam Internacional. Aquí está, a su juicio, otro de los puntos claves de este fenómeno, la posibilidad de que las activistas feministas de distintos países se conecten entre ellas y tejan redes de solidaridad.

“Yo siempre me he considerado feminista, pero antes de las redes sociales solía sentirme sola o que pertenecía a una minoría. Internet me ha expuesto a la sororidad, no solo en mi país, sino con activistas de otras regiones de África. Me ha traído también mucho aprendizaje, porque mi perspectiva era académica era blanca y occidental. Con Internet he accedido a otras voces africanas, negras, aprendí qué es el feminismo queer”, subraya.

Mecanismos de defensa

Dabo insiste también en esta misma idea, la facilidad para conectar a personas que viven en distintas partes del continente. “Lo más bonito que ha permitido Internet, es que la solidaridad africana ha crecido. Cuando algo ocurre en un país, con que otra persona de otro país pueda retuitearlo tiene efecto en la gente”. Habla por experiencia propia. Es coordinadora de proyectos de Africtivistes, liga panafricana de distintos profesionales ciberactivistas que trabaja en democratización y derechos humanos. En la actualidad cuentan con 200 miembros en 40 países.

Desde la organización hacen campaña por el acceso a Internet, por la libertad de expresión y de opinión, denuncian la represión y apoyan a otros ciberactivistas del continente para superar la censura de algunos Gobiernos. “Acabamos de finalizar un entrenamiento en ciberseguridad y mecanismos de defensa de un año en 10 países”, explica.

“Tenemos una red privada, algo más segura, donde compartimos nuestras campañas o enseñamos cómo mandar mensajes que se autodestruyen una vez leídos, emails encriptados, cómo proteger tus datos, usar de forma anónima Internet o publicar un post de forma segura y protegiendo tu privacidad en países que deciden qué páginas web cerrar”, prosigue. ¿Y qué le aconsejaría a una mujer que sufre acoso en la red? “Antes solía pensar que las mujeres tienen derecho a subir, por ejemplo, las fotos que quieran, ¿por qué hay que anticiparse a lo que hagan otros, al miedo a los comentarios? No es justo. Pero con el tiempo he cambiado mi postura, tenemos que pensárnoslo, porque lo que publicamos en Internet, ahí se queda”.

En este sentido, señala cuál es, a su juicio, una de las principales amenazas que van a pesar sobre el ciberactivismo feminista en el continente en los próximos años. “Los Gobiernos están aprobando leyes anti Internet y también hay una tendencia a que haya más y más apagones en los países por razones políticas. Tengo miedo, pero tengo todavía esperanza”, esgrime.

Un ejemplo es el de Uganda, donde el pasado mes de julio, entró en vigor una ley que impone una tasa diaria a quienes usen plataformas como Facebook, WhatsApp, Viber o Skype. Por otro lado, el último informe Transparencia elaborado por Facebook muestra que algunos gobiernos del continente han solicitado cortes de Internet, entre ellos Camerún, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur.

Maingi, por su parte, reclama a los Estados más protección a las mujeres en el ciberespacio contra la violencia. Khanyile pone de nuevo sobre la mesa las demandas de su movimiento para acabar con la violencia machista. “En Sudáfrica tenemos una de las constituciones más progresistas del mundo. Sobre el papel es difícil ser como nosotros, pero el problema viene en la implementación”.

Con vehemencia adelanta que, tanto ella como sus compañeras seguirán trabajando para proteger a las supervivientes de violencia. ¿Su herramienta? De nuevo, la red. A través de la página de Facebook The Black Woman Healing Garden [El Jardín de Sanación de la Mujer Negra] las mujeres negras pueden entrar en contacto con un grupo secreto que les proporciona un “espacio seguro” para que se recuperen sin miedo. “Queremos que se sientan menos solas y puedan sanar”, sentencia antes de coger su móvil para hacerse un selfi con Dabo y Khanyile en forma de despedida.

Si nos guiamos por aquella máxima de que lo personal es político, bien podemos concluir en esta primera línea que el selfi es la máxima expresión del ciberactivismo. Solo un par de antecedentes a la afirmación: la autofoto más retuiteada de la historia de Twitter partió de la cuenta de la presentadora y activista LGTBI Ellen Degeneres, y diariamente, el activista transexual Aydian Dowling sube sus autorretratos en Instagram para más de 150.000 seguidores.

Tenemos una realidad política que difunde sus mensajes a través de hashtags, morritos y espejos con una velocidad y calado que ya querrían ostentar muchas cabezas de partidos o medios de comunicación... Y es que no creo que haya mayor lucha contra la transfobia que una autofoto que refleje la plenitud individual de un proceso de reasignación física y social o el apoyo colectivo a las personas transexuales que forman parte del ejército estadounidense -a las que el presidente Trump quería largar del estamento-. No infravaloremos estos mensajes de autoafirmación pop, porque el selfi pega fuerte, y pega donde hace falta: en lo mainstream.

Este uso a modo de palanca de cambio de las redes sociales masivas con representaciones diversas del yo provoca cosquillitas en el cerebro, sí, pero más reconcilia con el ciberespacio la difusión desde plataformas autogestionadas: desde las blogueras que subían sus diarios y crearon el concepto de la bollosfera en pleno auge de los blogs en España hasta, siguiendo la línea de la imagen, el “dispositivo de arte público” -como ellas mismas se denominan- de I shot myself. Si hablamos de selfis empoderados, sin duda este es el portal de referencia. ¿De qué va este rincón virtual con aires algo cibervintage? De chavalas de todas las edades y procedencias subiendo sus propias fotos -subidas también de tono- en su propia red de distribución. Toma esa, ciberpatriarcado. Desde 2003 las mujeres que participan en I shot myself exploran cuestiones de desnudez y microcelebridad mediante posados con mayor o menor intencionalidad artística y con una gran carga política.

Sí, habrá a quien un selfi le parezca una simple foto más que se pierde en un timeline, pero también habrá quien le dio una vuelta a esa manera de representarse en el mundo antes de que se perdiese para la ciberarqueología del futuro... #NoExcuses, followers.