Autoridades penitenciarias del estado de California han votado este viernes a favor de conceder la libertad condicional al asesino del senador Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, que lleva en prisión 53 años, desde que perpetró el magnicidio en 1968. La decisión, adoptada por un panel de dos personas, deberá ser aún ser revisada por la junta de libertad condicional en los próximos 90 días, antes de que sea definitiva, según el diario estadounidense 'The Washington Post'.

En el caso de que esta votación sea ratificada, el gobernador del estado, Gavin Newsom, dispondrá de otros 30 días para decidir si mantiene la medida, la revierte o la devuelve a la junta. El periódico, que cita a un hermano de Sirhan, señaló que el panel tuvo en cuenta que el prisionero ya no supone una amenaza para la sociedad a la hora de recomendar su excarcelación.

Sirhan cumple cadena perpetua por disparar a Kennedy el 5 de junio de 1968, justo después de que hubiera ganado las primarias del Partido Demócrata en California que le convertían en favorito para las presidenciales de ese mismo año, en las que se impuso el republicano Richard Nixon.

La audiencia de este viernes fue la décimosexta a la que comparecía Sirhan para decidir si es puesto en libertad condicional, un beneficio al que ha podido optar desde 1975, pero que hasta ahora le ha sido negado.

El condenado, de 77 años, recordó a los dos comisionados de la junta que ya “ha pasado más de medio siglo”. “Y aquel joven impulsivo que era ya no existe...el senador Kennedy era la esperanza del mundo y lo lesioné, y les hice daño a todos y me duele experimentar eso”, afirmó Sirhan. El 'Post' indicó también que la familia del senador, que era hermano del expresidente John F. Kennedy (1961-1963), respaldó que se conceda la libertad condicional a Sirhan.

El sujeto fue sentenciado a muerte en 1969, pero se conmutó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional cuando la pena capital fue anulada en California en 1972, durante un breve periodo. En febrero de 2016, la petición de libertad condicional de Sirhan fue rechazada. 

Once minutos ha sido el tiempo que se ha dedicado a la violencia que sufrimos las mujeres por parte de los hombres, ya sea violencia económica, física, sexual, etc. Once minutos de las más de dos horas que duró el debate para el que, para más INRI, todos los partidos habían enviado a una mujer. Ni por esas se consigue darle relevancia política a un problema cuyas soluciones parten de la política misma.

Rocío Monasterio (Vox), como toda solución a esta lacra -que se cierne únicamente sobre las mujeres, el 51% de la población- propuso, como siempre cadena perpetua para -atención- “maltratadores”, “asesinos” y “violadores”. La parte de los maltratadores me ha sorprendido, han ampliado mucho el espectro de posibles condenados.

En Vox saben perfectamente que esto no es una solución a nada. Es punitivo y es vengativo, pero no arregla el problema. Lo saben pero hacen como si no, porque son conscientes de que defender las medidas que sí servirían no contentaría a su masa de votantes, misóginos y activos antifeministas. Y están encantados de darles a esta masa discursos vacíos de soluciones pero llenos de gasolina que aviven sus antorchas.

Por qué la cadena perpetua no soluciona ni el maltrato ni las violaciones ni los feminicidios.

Para empezar, y dejando a un lado lo inhumano del planteamiento, la prisión no previene la violencia contra las mujeres. Es una medida a posteriori. Una vez ya asesinadas, ya violadas. Decía Monasterio que ella quiere un país en el que no tener miedo de que a la salida del metro haya un violador. Pues bien, ese miedo seguiría ahí con su propuesta de cadena perpetua, ya que sólo después de violar se sacaría al agresor de la sociedad.

Los violadores no nacen violadores, llegan a serlo. Y si llegan a serlo es gracias al patriarcado, ese sistema que Vox no sólo no nombra, sino que niega que exista. Aunque llegase a condenarse a cadena perpetua a todos los violadores habidos o por haber, el patriarcado seguiría generándolos.

Si no se ataja el problema de raíz no hay solución posible para el machismo, que es el motor necesario para que los hombres usen y maten a las mujeres como si fueran de su propiedad. Negar, como hace Vox, que el machismo está detrás de la violencia contra las mujeres es dar tantos pasos atrás que asusta. Y asusta mucho. Pero las mujeres no hemos llegado hasta aquí para frenar en seco ante una mancha de reaccionarios misóginos que añoran los tiempos de los que aún no nos hemos repuesto. El feminismo ha venido para quedarse y seguir avanzando. Las “progres” creemos en el progreso, en caminar hacia el futuro, no en “conservar” lo que ya tenemos. Y si no hubiera existido ni existiese ese feminismo que tanto demonizan, Rocío Monasterio hubiera estado este jueves en su casa cuidando de sus hijos y pidiéndole permiso a su marido para abrirse una cuenta en el banco, en vez de hablando de política en televisión. Y es de ser muy ignorante, o muy despreciable, usar las victorias de la lucha de las mujeres para arrojar piedras sobre ellas.

¿Qué solución tiene entonces el machismo?

Si aceptamos que un violador no nace violador, sino que llega a serlo, la solución pasa por acabar con el sistema que les enseña que las mujeres somos ciudadanas de segunda, que somos de su propiedad (en el pasado lo fuimos, y se nos pasaban de padres a maridos como otro muebles más, gracias al feminismo en este país ya no es así).

Nadie dice que no haya que legislar contra la violencia machista, de hecho, el feminismo sale a la calle constantemente por este motivo. Hay que legislar, por ejemplo, para que las violaciones sean consideradas, siempre, agresiones violentas. Pero no hay que perder de vista el foco del problema: la educación. El machismo es un problema cultural, educacional, y como tal, hay que atajarlo desde donde nace. Este sistema maleduca a niños que luego serán hombres violadores, maltratadores y feminicidas. Ningún niño nace con un gen machista que les hace matar o violar cuando son mayores, al igual que nosotras. Si el problema es educacional, si la lacra está en lo cultural, que nos separa a hombres y mujeres con mensajes diferentes desde que nacemos, no hace falta ser Einstein para entender que la solución pasa por ahí mismo: la educación.

¿De qué nos serviría meter a diez hombres en la cárcel hasta su muerte si detrás de ellos vendrán veinte? En Vox saben que no serviría de nada. Y también saben que el miedo a la cárcel e incluso a la pena de muerte no disuade a un agresor, es algo que respaldan todos los estudios realizados en esta materia.

Y hay algo más. En el caso de que Vox consiguiera legislar algún día, no sólo pondría la pena de muerte, también legislaría contra las consecuciones del feminismo: como la Ley Integral de Violencia de Género, por ejemplo. Si no les gustó la sentencia de 'la manada', es fácil apostar a que legislarán de forma que algo así no pueda repetirse. Y es que debió ser un varapalo: una chica que no lloró ni peleó ni dijo no mandó a la cárcel a cinco españoles, entre ellos dos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En Vox estarían de luto aquel día. No es para menos, fue una victoria del feminismo y ellos lo sabían.

Por lo que cabe preguntarse: ¿Qué violadores acabarían con esa hipotética cadena perpetua de Vox si son famosos precisamente por defender que hay una ingente cantidad de mujeres que denuncian en falso? ¿Qué agresores machistas acabarían condenados si sólo creen a las mujeres que son agredidas por extranjeros?

Y ante todo, ¿por qué negarse tan insistentemente a educar desde pequeños a los niños y las niñas? No sólo negarse, es que ponen piedras en ese camino. Como en Andalucía, donde proponen que las actividades sobre valores éticos, sociales o sexuales necesiten un permiso de los padres. Es decir, condenan a los niños y niñas con padres machistas y reaccionarios a tener menos posibilidades que sus compañeros en profundizar en materias tan básicas. Con todo lo que eso conlleva para ellos y para la sociedad del futuro. Esto es Vox, frenar el avance, frenar el progreso, frenar el feminismo.

Pero cómo aplauden sus fanáticos cuando escuchan “cadena perpetua”. Sus más bajos instintos arden con esta frase, pero no les gusta nada hablar de reinserción, de trabajar con los presos desde las instituciones para que entiendan la motivación real de sus actos, para que aprendan a convivir en un mundo igualitario. Olvidan que la cárcel en España tiene carácter de reinserción, y no pelean para que así sea, sino para que no lo sea nunca.

Este es sólo uno de los motivos por el que sería una buenísima noticia que Vox se hundiera en su propia bajeza moral. El cambio climático y la clase obrera son otros dos temas en los que no tienen ningún interés: ahora mismo están demasiado centrados en generar violencia contra los niños migrantes y en desplegar banderas gigantes. Como dijo Umberto Eco: “A los que carecen de una identidad social cualquiera, el Ur-Fascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo país”.

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Un tribunal de la India ha condenado este lunes a cadena perpetua a tres hombres y a cinco años de cárcel y una multa de 50.000 rupias (unos 718 dólares) a otros tres por el asesinato de una niña de ocho años que fue sometida a repetidas violaciones durante varios días en el norte del país, un caso que conmocionó al país.

Entre los tres principales implicados que han tenido mayor condena se encuentra un funcionario local retirado y entre los sentenciados a cinco años hay miembros de las fuerzas de seguridad que destruyeron pruebas y aceptaron sobornos para encubrir a los autores del crimen. Un séptimo acusado ha sido absuelto y una octava persona será juzgada en un proceso separado por ser menor de edad.

La condena a cadena perpetua para los tres principales acusados supone un “hito” en la lucha contra los crímenes sexuales contra menores, pero también evidencia un agujero negro que no deja de crecer en la India.

Sedada, violada durante días, asesinada y abandonado su cuerpo en un bosque, lo macabro del caso de esta menor perteneciente a una comunidad nómada musulmana entre Jammu y Cachemira (una zona de mayoría hindú al norte de la India) generó en 2018 importantes protestas en el país y llevó al Gobierno a aprobar la pena de muerte para los violadores de menores de 12 años.

Este caso cuenta con el agravante de que sus asesinos —todos hindúes— pretendían mandar con el crimen un mensaje a la comunidad musulmana de la niña para que no volviesen por la zona.

Esta menor de ocho años es sólo un ejemplo de cómo las minorías y las clases más subdesarrolladas son objeto de abusos sexuales mucho más a menudo que la población general, según ha advertido el director de Protección del Niño de la organización Save the Children en la India, Prabhat Kumar.

“Una de las razones para ello es que la violencia es perpetrada a través de las relaciones de poder, aquellos que están en posiciones poderosas tienen una cultura de la impunidad por la que no serán castigados”, ha alertado el experto.

En el caso de Jammu y Cachemira, los autores contaron con el apoyo de miembros de las fuerzas de seguridad que trataron de tapar su culpabilidad, algo que fue demostrado durante la investigación, con la consecuente pena para los agentes.

Esto prueba la buena calidad de la investigación y junto a la celeridad del proceso judicial —en un país con más de 100.000 causas por violación pendientes de resolución en la Justicia— supone un “hito”, en palabras del director de Save the Children.

“Durante el último año se ha hecho un montón de énfasis en cómo garantizar que, si la persona es encontrada culpable, realmente sea castigada o condenada (...). En ese sentido, esta sentencia es muy buena porque da confianza a las víctimas en el sistema judicial y el sistema investigador ha sido muy robusto”, ha afirmado.

Aumento de las agresiones a menores de edad

Sin embargo, la realidad es que los delitos sexuales contra menores no han dejado de aumentar en los últimos años.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos (NCRB), el número de delitos contra niños se ha duplicado en el país entre 2013 y 2016, pasando de 58.224 a 106.958, y de las 38.947 violaciones registradas en 2016 en 19.765 las víctimas eran menores.

Solo en los últimos días, los medios indios se han hecho eco de tres graves casos en el estado septentrional de Uttar Pradesh: una dalit o “intocable” de 12 años fue violada por seis hombres, una adolescente de 15 años sufrió los abusos de un profesor y una menor de 7 años fue presuntamente violada, asesinada y tirado su cadáver entre unos arbustos.

De acuerdo con el diario “India Today”, también se registraron recientemente la violación y asesinato de una niña de 10 años y abusos sexuales a otra de 4 años en la región de Madhya Pradesh (centro).

La India endureció su legislación contra los delitos sexuales en 2012 tras la brutal violación en grupo de una joven estudiante que falleció tras semanas de agonía, en otro caso que conmocionó al país asiático, pero las cifras no muestran una reducción de este tipo de hechos.

En concreto, los casos de delitos contra niños son cada vez “más y más” en la India, donde en los últimos años se han disparado “especialmente los reportes sobre asaltos sexuales y abusos”, ha mantenido Kumar, a lo que ha añadido que algunos expertos consideran que el aumento de las cifras se debe a una proliferación de las denuncias.

El Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MICT en inglés) ha elevado este miércoles la condena del expresidente serbobosnio Radovan Karadžic a cadena perpetua por su responsabilidad en los crímenes cometidos en la Guerra de Bosnia (1992-1995).

El juez presidente del tribunal de apelación del MICT, Vagn Prüsse Joensen, ha dicho que la sentencia de primera instancia, de 40 años de cárcel, “reflejó de forma inadecuada la extraordinaria gravedad de la responsabilidad de Karadžic en la comisión de los crímenes”.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) declaró en 2016 a Karadžic culpable de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El expresidente fue declarado “penalmente responsable” por el genocidio de Srebrenica, en el que murieron más de 8.000 hombres musulmanes bosnios. El veredicto sostuvo que, entre el 11 de julio y el 1 de noviembre de 1995, Karadzic participó en una “organización criminal conjunta” para matar a miles de hombres bosnios musulmanes y desplazar forzosamente a mujeres, ancianos y niños.

Cyntoia Brown, la mujer que fue esclava sexual y fue condenada a cadena perpetua por matar a su abusador cuando tenía 16 años, ha sido indultada por el gobernador de Tennessee (Estados Unidos), Bill Haslam. Con 30 años y después de haber pasado casi la mitad de su vida en prisión, Brown será excarcelada el próximo 7 de agosto tras ser preparada durante estos meses para su reinserción.

“Imponer cadena perpetua a una menor, ocasionando que esté al menos 51 años en la cárcel antes de poder optar a la libertad condicional, es demasiado severo, especialmente a la luz de los extraordinarios pasos que Brown ha tomado para reconstruir su vida”, ha dicho Haslam en declaraciones recogidas por CNN.

Brown tenía 16 años cuando conoció a un hombre de 24 y se fugó de casa. Mientras vivía con él, este abusaba de ella, según recogió Associated Press. La mujer fue obligada a prostituirse y, después de ser violada por un hombre de 43 años y sentirse amenazada, disparó a su agresor, Johnny Allen, y le mató. Un juez de Tennessee le condenó a cadena perpetua por asesinato. Según la sentencia, no podría optar a la libertad condicional hasta que cumpliese 67 años, en 2059, después de permanecer 40 años entre rejas.

En su juicio en 2004, la joven explicó al juez que siempre era apuntada por un arma y que era constantemente golpeada, estrangulada y arrastrada.

Hace siete años, el documental Me Facing Life: Cyntoia's Story (Afrontando la vida: La historia de Cyntoia) del director Dan Birman logró cambiar la ley del Estado de Tennessee para que ninguna joven menor de 18 años pudiese ser acusada de prostitución y sí considerada “víctima de trata y tráfico sexual”. Si Brown hubiese sido juzgada de esta forma y no como adulta, la sentencia habría sido diferente.

“Es una niña que forma parte de tres generaciones de violencia contra las mujeres”, afirmó el director en una entrevista en Fox 17 News, sosteniendo que tanto ella como su madre y su abuela fueron violadas. “No tenían otra opción”, apunta el director.

La absolución de Cyntoia Brown llega después de una gran campaña en la que importantes abogados, congresistas y todo tipo de celebridades como Kim Kardashian, Rihanna o Lebron James pidiesen en público su salida de prisión.

Después del revuelo del fin de semana pasado por la entrevista en la cárcel a Oriol Junqueras emitida en Informe Semanal de TVE, el Defensor del Pueblo ha considerado que habría que “dictar normas internas de desarrollo” en el Reglamento Penitenciario porque el establecido actualmente para las comunicaciones de los presos con profesionales acreditados de los medios “no se adecúa a la funcionalidad de este tipo de comunicaciones”.

El escrito, en realidad, nada tiene que ver con el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya pero aborda una importante cuestión de fondo como es la posibilidad de comunicar con personas privadas de libertad en los centros penitenciarios con fines periodísticos. En concreto, la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentaron en octubre de 2016 una queja tras la sanción a un preso de Córdoba por hablar con un periodista de eldiario.es Andalucía. Y el Defensor la ha tenido en cuenta para hacer una serie de recomendaciones en la que insta al Gobierno a modificar la normativa establecida al efecto.

Este medio, en junio de 2016, contaba la historia de Antonio C.V., quien puso su primer pie en prisión en 1979 tras robar un coche junto a un amigo. “No tiene sentido que tengan tanto tiempo en la cárcel a una persona como yo. Esto es desproporcionado. Llevo 32 años en la cárcel. No soy un asesino ni un violador. No puedo más”, lamentaba superadas las tres cuartas partes de la condena, que cumple el 31 de diciembre del 2028“. Con la prisión permanente revisable en pleno debate político, eldiario.es Andalucía abordaba un caso tipo de lo que desde el punto de vista penitenciario se considera como una ”cadena perpetua de hecho“.

Instituciones Penitenciarias consideró que el preso cometió una falta grave al haber mantenido el encuentro con el periodista sin seguir el procedimiento para las comunicaciones con profesionales y haber difundido “noticias o datos falsos”. El castigo consistió en la privación durante un mes de paseos y actos recreativos comunes.

Ninguna entrevista en tres años

Para la APS y la APDHA, sanciones como aquella por hablar con un periodista, después anulada por un juzgado de Vigilancia Penitenciaria, “demuestran que las personas presas no tienen derecho a informar y los profesionales de la comunicación tampoco pueden recabar de ellos información por el hecho de estar recluidos”. Según la sanción, se debería haber hecho uso del procedimiento habilitado para concertar citas con periodistas, previsto en el artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario pero que, “en la práctica no funciona”, según mantienen ambas organizaciones.

No es solo una apreciación de la APS y la APDHA. La senadora andaluza de Podemos Maribel Mora preguntó al Gobierno el pasado mes de abril por el número de solicitudes para que profesionales de los medios de comunicación pudieran entrevistarse con internos o internas en los centros penitenciarios en los años 2015, 2016 y 2017, cuántas fueron autorizadas, cuántas denegadas y, en ese caso, los motivos de la denegación, así como cuántas resoluciones desestimatorias estaban fundadas en derecho y sus principales fundamentos.

La respuesta del Gobierno a la senadora, emitida el pasado julio, no deja lugar a dudas: “No se ha realizado ninguna entrevista autorizada con internos”, si bien, añade la respuesta oficial, “se han hecho reportajes donde voluntariamente ha sido entrevistado alguno”. El Ejecutivo añade en su defensa que “todas las resoluciones de la Administración desestimatorias han estado fundadas y motivadas en derecho, por cuestiones de orden y seguridad del establecimiento”.

Modificar el sistema de gestión informática

Para Instituciones Penitenciarias, “las razones de la denegación de comunicaciones están en las restricciones que expresamente establece la normativa penitenciaria que son, en cuanto a las personas y al modo, las impuestas por razones de seguridad, el interés del tratamiento y el buen orden del establecimiento”. Añade la Administración, según recoge el Defensor, que “el derecho a las comunicaciones y visitas no es un derecho absoluto del interno, y tiene las limitaciones que expresamente establece la normativa penitenciaria antes aludida”.

Pues bien, el escrito de recomendaciones, que firma el 8 de octubre Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, sugiere “dictar normas internas de desarrollo infra reglamentario del artículo 49.5 del Reglamento penitenciario, pues esta institución considera que dicho precepto no se adecúa a la funcionalidad de este tipo de comunicaciones. El derecho de los internos a mantener comunicaciones con profesionales debería sustanciarse conforme a un procedimiento escrito con garantías en cuya resolución se concreten las razones específicas por las que, en su caso, se deniega la autorización de comunicación solicitada”.

Además, entre sus recomendaciones está “modificar el sistema de gestión informática que regula la petición de cita previa para comunicar con personas privadas de libertad en los centros penitenciarios para que incorpore información relativa al tipo de profesional que la solicita, al amparo de lo previsto en el artículo 49.5 del Reglamento penitenciario”.

¿Cuál es la motivación adecuada?

En una ampliación de la queja, enviada en febrero de 2017, la APDHA comunicó al Defensor que la cárcel había denegado finalmente una petición formal de entrevista con el mismo preso “al no presentar motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación”. “¿Cuál es la motivación adecuada? Es decir, ¿qué motivos sí permiten y cuáles no que los presos y los periodistas puedan encontrarse? En definitiva, ¿qué ocurre si un preso dice un motivo y después comunica otro? Son cuestiones incontrolables, que además no deben dejar de serlo”, se preguntó el abogado del interno, a quien ahora apoya el Defensor del Pueblo al plantear recomendaciones a Instituciones Penitenciarias.

Ya está aquí la muerte de las luces y la era de las sombras. La razón nos ha traído hasta aquí, pero destruyámosla. El estado de opinión emblema de tal asesinato ya está instalado en el espacio público español. Ya no podremos preguntarnos qué llevó a los británicos al Brexit, ni a los americanos a Trump, porque nuestra sociedad está ya cómodamente instalada en los mismos parámetros y como banco de prueba hemos utilizado algo tan español como el crimen y el castigo. El no debate ya vive entre nosotros y ha llegado para quedarse. Lo hemos consagrado de forma experimental con la cadena perpetua llamada revisable, en aras a la no lengua, pero una vez iniciada su dinámica se reproducirá para cualquier otra cuestión de orden común.

 La emoción ya reina sobre la razón. Ya es más importante tener hijos hipotéticamente amenazados, en un país con uno de los índices más bajos de criminalidad de Europa, que tener doctorados en Derecho Penal o Criminología. Ambas opiniones tienen ya el mismo valor en ese río de clics perpetuo en el que sólo importa fluir para que nuestro cerebro reciba la descarga de dopamina buscada en cada reconocimiento electrónico. Ni siquiera eso. No valen lo mismo. La opinión racional ha pasado a ser una especie de agravio cometido por seres insensibles que deben ser orillados del flujo de la opinión aparentemente mayoritaria y única. No importan los datos que aporten. No existen los hechos. Los datos aportados sobre la cuestión, datos fácticos basados en estadísticas y en leyes que lo son de verdad y por las que realmente nos regimos, o la realidad del derecho comparado que excluye que la pena planteada en España se pueda asimilar a las existentes con nombre similar en Europa, nada de eso vale. La marea sigue imparable, utilizando datos incuestionables extraídos de una carta carcelaria escrita por un presunto asesino que se convierten en sentencia, código y biblia sin que ningún dato objetivo pueda pararlo.

El siglo de la emoción. Ninguna barrera mejor para estrellar contra ella los restos de la razón, la estela de las luces. El discurso lógico es convertido en el discurso del odio puesto que se opone al discurso de la emoción. Como último baluarte hemos colocado un elemento inexpugnable: el dolor. La osadía de rebatir los argumentos, a veces manipulados y falsos, que se presentan como incuestionables por actores cuya falta de objetividad es evidente, se paga con el linchamiento virtual. Por si acaso eres demasiado razonable, posees la información o tienes el conocimiento, la turbulencia de la era te coloca enfrente a la figura doliente de una víctima, para que estrelles contra la emoción máxima cualquier verdad que puedas aún esgrimir.

Sobre esto se instalan los intereses espurios de los partidos. Lo mismo sucedió en los países que mencioné antes. Los que quieren aprovechar el flujo para remontar, los que saben que esto es una locura, pero no van a dejar que la pesca en mar revuelto se la lleven otros, y los pocos que aún aguantan sabiendo que el poder de hacer leyes te reviste de la responsabilidad de no socavar los principios que las sostienen.

Y en medio, un número relativamente pequeño de personas y grupos dispuestos a mantener públicamente que existe una realidad objetiva, que existe un sistema cierto, que lo que proponen no sólo no es útil, sino que nos hará peores. Aquellos que saben que la solución a las pequeñas disfuncionalidades debe hallarse en un mirar hacia adelante, en una búsqueda de nuevos métodos, en la ayuda de la tecnología y de nuestra capacidad de mejorar y no en el retroceso hacia tiempos y métodos que ya demostraron su inutilidad.

No me quiero dejar a los cobardes, porque si los anteriores parecen estar en minoría es sólo por la connivencia de los cobardes. Los cobardes son los que saben que todo esto es una locura destructiva que nos debilita como sociedad, pero han decidido invisibilizarse en el debate. Los cobardes son los que saben que deberían respaldar las luces y la razón, pero no quieren exponerse a ser mostrados en la picota, como les está sucediendo a otros. Los cobardes son los que podrían introducir en las redes sociales su contribución a la racionalidad y han decidido que este asunto les quema. Son las voces que se han puesto de perfil hasta que escampe. Entonces volverán a pavonearse en los espacios públicos sin correr riesgo.

Lo terrible de todo lo que vivimos estos días no es tanto lo que suceda con una pena manifiestamente inútil, inhumana e innecesaria, sino la constatación de que España se ha adentrado ya en el nuevo siglo y sus normas líquidas, y que cualquier otro debate que mantengamos en el futuro se va a construir sobre estas mismas premisas. Y no nos equivoquemos: todo lo que se construye sobre pilares falsos solo tiene el desmoronamiento como futuro.

Nada habría sido más fácil para Nelson Mandela, cuando se convirtió en presidente de Sudáfrica, que dejarse llevar por quienes le pedían venganza contra la población blanca que había impuesto el apartheid. Si hubiera decretado la mano dura contra los antiguos opresores y despojarles de todo, la marea de apoyo popular habría sido probablemente arrolladora. Pero no. Mandela, que perdió media vida en la cárcel, intuyó el precipicio al que se asomaba el país, asumió el riesgo de defraudar a las masas y dio finalmente una histórica lección de liderazgo ante la sociedad sudafricana y ante el mundo.

Adolfo Suárez aprobó una amnistía que devolvió a sus casas a los presos políticos de la dictadura, legalizó por sorpresa el PCE y aprobó la primera ley el divorcio, sabiendo que con esas decisiones revolvía su propio avispero y se ponía en contra al Ejército, a todo el antiguo régimen, a muchos de sus compañeros de partido y a buena parte del país. Felipe González se jugó su futuro político con el referéndum de la OTAN, en el que forzó a su partido a un viraje doloroso que muchos no comprendieron. A Zapatero no sólo nadie le ha reconocido todavía su contribución al final de ETA, sino que cuando autorizó los contactos con la banda lo acusaron, desde la misma tribuna del Congreso, de traicionar a los muertos. Y acabó por rematar su harakiri y el del PSOE por muchos años cuando en 2010 -“cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste”- se vio anunciando recortes durísimos y radicalmente impopulares en un momento en el que la crisis económica nos asfixiaba.

Hace poco estuve en unas jornadas sobre ciudades y el ex alcalde de Vitoria, declarada Capital Verde Europea por su transformación hacia un modelo sostenible, hacía una reflexión que me impactó: “Hoy los vitorianos presumen de su ciudad, pero si les hubiera consultado antes lo que quería hacer, habrían votado que no”. Y recordé que en mi ciudad, Sevilla, pasó lo mismo con la apuesta por la peatonalización y el carril bici. Ningún clamor popular reclamaba esta revolución urbana. Las obras despertaron un estridente rechazo en muchos barrios. Pero se apostó, asumiendo el riesgo de que esa apuesta se podía perder.

Con lo sencillo que habría sido para todos ellos, simplemente, chuparse el dedo y ponerlo al viento, ¿verdad? Tirar de encuesta, dejarse llevar y subirse sin más a la ola de lo que más fuerte se gritase en la calle. El último ejemplo lo hemos visto esta semana con la cadena perpetua, en la que un Gobierno paralizado y acorralado por la corrupción, y un partido como Ciudadanos, ansioso por acelerar la carrera electoral, no han dudado en utilizar a las víctimas y dar palmas a los más bajos instintos sólo para complacer la ira de las multitudes.

Al otro lado, una mayoría parlamentaria que, no sin sufrimiento, ha aguantado en su defensa de la derogación de la prisión permanente revisable. Una oposición sacudida como todos por el asesinato de Gabriel Cruz y enfrentada a una fortísima presión de la opinión pública, en la que crecen como la espuma quienes apoyan la cadena perpetua e incluso la pena de muerte ante crímenes tan atroces.

Pero en política, es así por feo que suene, el cliente no siempre tiene la razón. Repetir el eco de las multitudes, contorsionarse hasta caber en un traje hecho de sondeos y tuits, no es liderazgo. Liderazgo es otra cosa. Es apostar, arriesgar, proponer una visión de futuro más allá del titular de la mañana. Y si hace falta, plantar los pies y aguantar el chaparrón. Aunque el chaparrón te lleve por delante. Porque, al final, no se trata tanto de pensar qué se merecen los asesinos. Sino qué sociedad nos merecemos nosotros.

Ciudadanos y el PP se quedarán solos el próximo jueves con sus respectivas propuestas sobre la prisión permanente revisable. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha inclinado este lunes por mantener la polémica figura al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.

En su comparecencia ante los periodistas, Villegas se ha mostrado en contra de “una derogación en caliente” como cree que promueve la proposición de ley del PNV, a la que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, al igual que el PP. Pero ninguna logrará ver la luz dado que ni el PSOE ni Unidos Podemos van a votar a favor.

De esta manera, la tramitación del texto del PNV seguirá su curso en el Congreso sin esperar a conocer la opinión del Tribunal Constitucional, donde aún está pendiente de resolver un recurso presentado por el PSOE. El número dos de Rivera ha hecho varios llamamientos a los socialistas para que eviten esa situación.

En Ciudadanos reconocen que la detención de la presunta autora de la muerte de Gabriel Cruz ha aumentado la sensibilidad y la presión social frente a este tipo de delitos pero piden “un debate sereno” y “no derogar en caliente”.

No hay prevista reunión con los padres de Gabriel

El número dos de Ciudadanos ha señalado que su partido no tiene previsto recibir a los padres del pequeño, como hizo el pasado viernes Albert Rivera reuniéndose en el Congreso con los de Diana Quer y Mari Luz Cortés.

En esa reunión, el líder de Ciudadanos se comprometió con ellos a mantener un apoyo “inequívoco” a la prisión permanente revisable “como concepto”. Pero tanto Rivera como Villegas han señalado que prefieren esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las dudas que suscita su aplicación. Mientras tanto, no podrán impedir que su derogación siga adelante.

Los de Rivera proponen endurecer los requisitos para acceder a permisos penitenciarios y eliminar los beneficios encaminados a la reducción de las penas en casos “especialmente graves”.

En su enmienda a la totalidad también piden que cuando una persona haya sido condenada a más de cinco años de prisión por delitos de terrorismo, corrupción de menores o abusos sexuales, no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento del 75% de la condena, no la mitad, como ocurre actualmente.

Según ha explicado Villegas, el acceso a beneficios penitenciarios es precisamente “la laguna principal” del sistema penal, que permite que un condenado por varios asesinatos en serie, violaciones o pederastia salga de prisión con medidas de control, que, sin embargo, son insuficientes para impedir que pueda reincidir.

Los socialistas ya han adelantado que aunque comparten y comprenden el dolor de los padres del pequeño Gabriel, mantendrán su apoyo a la derogación de la polémica figura“.

“No se puede legislar en caliente, ni juzgar en caliente; todos compartimos el dolor de la familia del pequeño Gabriel y de tantas familias que han sufrido y están sufriendo esto”, ha dicho la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra en referencia a las propuestas de populares y Ciudadanos.

También Unidos Podemos ha adelantado que rechazará las enmiendas a la totalidad del PP y de Ciudadanos. “Lo que nos toca a las personas que estamos en la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor [de las familias que han sufrido esos casos] en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es”, ha dicho Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.

David Oubel tenía que entregar al día siguiente a sus dos hijas a la madre, de la que estaba separado. Prefirió asesinarlas con una sierra radial de acreditada eficacia, según se interesó en preguntar en la ferretería donde la compró.

Con un corte de pelo modernuki, conjuntado en la vestimenta y frío como si estuviera escuchando la lista de los reyes godos cuando le anunciaron los cargos contra él, Oubel reconoció los hechos impecablemente vestido.

Su caso fue el primero en España de aplicación de prisión permanente revisable, ese sintagma que parece un oxímoron, pero que viene a traducirse en que te comes a pulso de 25 a 35 años de cárcel, te portes como te portes, y que pasada esa vida en prisión puedes seguir entre rejas si el juez considera que no te has reinsertado. Si lo quieren más resumido: cadena perpetua.

El debate sobre esa cadena perpetua encubierta para nuevos casos de crímenes especialmente cruentos ha sufrido un proceso casi idéntico al de otros asuntos en nuestro país: urgente ¡para ayer! olvidado en seco desde mañana. Cambios concretos: cero. Agitación, propaganda y excitación de pasiones: cien. Pero como la gaseosa. Efervescencia y caída en el olvido en cuestión de horas. ¿Ya no es importante? ¿Era solo ruido? ¿Se trataba de acusar de flojos al resto?

En el lenguaje taleguero los presos decían hace años una frase que daba mucha información: “yo estoy pagando por…”, y a continuación enunciaban el delito cometido, que solía ser un atraco a un banco con una recortada, doce años, o un robo con diferentes modalidades, mínimo cuatro años, dos meses y quince días.

No existía entonces -¡por favor, era el franquismo!- la idea de reinserción; todo lo más penitencia, flagelo y, en el mejor de los casos, propósito de la enmienda del preso después de haber dicho los pecados al confesor. Era estadísticamente probable que el encarcelado emplease su tiempo entre rejas embebido en la depuración de las técnicas empleadas en golpes anteriores, en la autocrítica rumiada por los errores cometidos en el palo anterior, en el ajuste de las destrezas necesarias para que el golpe siguiente fuera perfecto, sin detención y con todo el beneficio en caliente, para él sólo. La cárcel como forma de aprendizaje para el delito, control de calidad de la próxima fechoría. Sí, eso, universidad de delincuentes, se decía entonces. Hace mucho de esto.

Con la democracia se estableció en la Constitución la idea de que las penas de cárcel debían servir sobre todo para reinsertar al delincuente, para que el detenido por cometer un delito no sólo no volviera a reincidir, sino que se diera cuenta de que lo que había hecho estaba mal y proclamara su afán por no volver a delinquir, tan judeocristiano como tantas veces improbable. Usted esta en la cárcel para no volver a estar en la cárcel, era la idea de los buenos legisladores.

Así, las cárceles se modernizaron, se llenaron de gimnasios, bibliotecas y teles mejores que las de antes, de piscinas, psicólogos, juntas de evaluadores, paseos con árboles y hubo hasta cárceles mixtas. En una de esas cárceles, estas sí modélicas, sin rejas visibles para los presos, que puso en pie Mercedes Gallizo, en Mansilla de las Mulas (León) para facilitar la reinserción de los muy delincuentes, estaba el tal David Oubel, el que compró la radial como quien adquiere un juego de escarpias de calidad para que los cuadros cuelguen bien.

Al tal David Oubel, un narciso de aquí a Orio (Gipuzkoa), es al primer español al que se le aplicó la prisión permanente revisable. Un jurado compuesto por siete hombres y dos mujeres, buenos, coincidió en la urgencia de mandar a este humano, por muy monstruo que le llamen, a la cárcel de por vida.

El criminal fue tan metódico en el asesinato de sus hijas, Amaya y Candela, nueve y cuatro años, que les metió un sedante en el ColaCao y a la mayor, que se resistió a pesar de la droga, la sometió a “múltiples acometidas”, según la sentencia, hasta asesinarla.

Un caso de violencia machista. Un caso de violencia de género: hacer el mayor daño posible a la madre asesinando a sus hijas, sin asesinarla a ella. ¡Que viva con ese dolor el resto de sus días! Violencia vicaria, la ejercida a través de tercereas personas.

Casi nunca usamos en los medios esta expresión, hasta el punto de que las madres que han perdido a sus hijos a manos de sus ex maridos asesinos han encontrado severos problemas para ser reconocidas como víctimas de violencia machista, ellas y sus hijas/os asesinados. Matar en vida a la madre, eso pretendía el asesino machista elegantemente vestido, asesinando a sus hijas.

Toda mi vida he defendido, desde que conviví con ellos en el talego, que todos los delincuentes se podían reinsertar, que en muchos casos eran hijos del agobio, aquello que decíamos que la culpa la tenía la sociedad y no el propio criminal.

A fecha de hoy tengo que reconocer que hay criminales, un tanto por ciento muy bajo, que sencillamente no tienen solución. Particularmente en casos de violación, violencia machista, asesinatos y abusos de críos; hay gente, unos cuantos, que no tienen ni siquiera arreglo.

Ese individuo al que le faltan seis meses para salir en libertad y en un permiso carcelario viola, asesina y quema a dos mujeres, policías nacionales, no tiene arreglo. Es muy dura esta conclusión, pero ese así. Ese violador del estilete que después de media vida en la cárcel, entra en período de descuento para violar a otra mujer. No tienen solución.

El debate se plantea cuando esa prisión permanente revisable se formula como posible vía de reinserción o como pura cadena perpetua. Son complejos los mecanismos para saber si un criminal está reinsertado, porque algunos de esos asesinos repugnantes son “buenos presos”, a la vista de quienes les evalúan, pero en realidad están pensando en el siguiente crimen que cometerán en cuanto alcancen un permiso.

Luego está la cosa de dar satisfacción al público del Coliseo. Recuerdo los años de los asesinatos de ETA en cadena. El excelente profesional que era Luis del Olmo abría los micrófonos a los oyentes: la inmensa mayoría pedía pena de muerte para los criminales. Creo que en aquellos años, si se hubiera hecho un referéndum, la inmensa mayoría de españoles hubiera votado a favor de la pena de muerte.

Un servidor no se cansaba de repetir, a pesar de las críticas, muy virulentas, que aquella no era la solución.

Ante asesinatos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José Bretón, las niñas de Alcaser…, y el más reciente de Diana Quer, uno quiere que los criminales paguen por ello, pero que también el juez revise si alguno de esos criminales se ha reinsertado o no, por mucho que nos duela, por mucho que sepamos que hay criminales que no tienen arreglo.

El debate queda congelado, hasta nuevo crimen, por los partidos. No debería ser aparcado por los medios.

En el año 2015, el Gobierno del Partido Popular realizó una de las reformas más duras del Código Penal de nuestra historia. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el Ministerio que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón reintrodujo la cadena perpetua: una medida que, como recuerda en un excelente artículo Xabier Etxebarria, desapareció de nuestro ordenamiento jurídico en 1928, casi al final de la dictadura de Primo de Rivera. Por eso no es nada extraño que haya sido el propio Ruiz-Gallardón quien haya afirmado desde la Fundación FAES que «se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología». La campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular para pedir la no derogación de la cadena perpetua a través de mociones en todos los Ayuntamientos del Estado le da la razón al exministro de Justicia: se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología.

En el mismo año en que se realizó la reforma del Código Penal desde APDHA lanzamos la campaña #NoALaPerpetua a la que ya se han sumado más de cien colectivos. Dentro de esta, una de las últimas acciones que hemos llevado a cabo ha sido oponernos en todos los Ayuntamientos de Andalucía a las mociones presentadas por el Partido Popular. Lo hemos hecho interviniendo en el mismo Pleno, como ha sido el caso de Córdoba, donde se aprobó una moción para pedir la derogación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, cuando la participación directa no ha sido posible hemos remitido nuestro argumentario a todas las agrupaciones municipales.

En Cádiz se ha conseguido que en los Ayuntamientos de la capital de la provincia, San Fernando, Chiclana, Barbate, Bornos, Medina y Conil se hayan derogado las mociones del grupo popular. Lo mismo ha ocurrido en Sevilla. También en Huelva. En Atarfe y Granada tampoco se aprobó la propuesta del Partido Popular, aunque en este último consistorio se llegó a votar hasta en dos ocasiones debido a la abstención de una concejala de la agrupación Vamos Granada. Incluso el Parlamento andaluz ha mostrado su rechazo.

La campaña emprendida por el Partido Popular, que ha aprovechado la indignación generada por el caso de Diana Quer, es el símbolo de un retroceso jurídico y social al que Ciudadanos no ha tardado en sumarse. A pesar de la oposición mostrada no sólo por la sociedad civil, sino también por más de 60 catedráticos de Derecho penal de todo el Estado, el partido de Mariano Rajoy ha propuesto ampliar a ocho supuestos la aplicación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, a Ciudadanos  aún no le es suficiente. Lo han dicho con claridad sus representantes políticos: desean el “cumplimiento íntegro de las penas”, es decir, una prisión permanente... no revisable. Gonzalo Boye lo cuenta en este mismo periódico: las penas siempre se cumplen íntegramente.

Por otra parte, no hemos de olvidar que el posicionamiento mayoritario adoptado desde el ámbito jurídico para oponerse a la prisión permanente revisable está motivado por el principio de reinserción social del artículo 25 de la Constitución, o por la prohibición del uso de la tortura y el castigo mediante penas inhumanas o degradantes recogido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, entre otros tratados. En este punto, recordamos las palabras de Julián Ríos Martín, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, en el documental “No a la perpetua” en las que pone de manifiesto la ausencia de justificación jurídica de esta medida: “No sirve para nada. Es inútil. Las penas sirven en tanto en cuanto son proporcionadas, ajustadas, permiten un horizonte de libertad y se dotan de medios materiales y profesionales técnicos para intentar trabajar sobre el cultivo de las conductas delictivas que tienen que ver con cuestiones educativas, pobreza… En definitiva, solamente sirve un derecho penal y sirve una pena en la medida que hay medidas de justicia social fuera para prevenir”.

Sin embargo, hemos visto durante estos días un rechazo ascendente y continuo a la posible derogación de esta figura punitiva por parte de la ciudadanía, encabezada por familiares de víctimas de gravísimos y mediáticos crímenes. Este posicionamiento se ha dado por un aprovechamiento populista del Partido Popular que, nada más lejos de la realidad, ha situado a esta institución como el instrumento clave de la seguridad y la salvaguarda de la ciudadanía.

Numerosos estudios, estadísticas y datos procedentes de organismos e instituciones oficiales, tanto nacionales como comunitarias, revelan que nuestro país no tiene un problema con la ausencia de punitivismo; más bien al contrario. Aun siendo uno de los Estados con el índice más bajo de criminalidad, portamos uno de los más altos en población presa. Aunque la ciudadanía piense que tenemos un sistema laxo, tenemos uno de los índices más altos de rigor punitivo, así como de cumplimiento de las penas.

Con ello, insistimos una vez más en la importancia de la cuestión reinsertadora, pues nuestro sistema penal se fundamenta no como un instrumento retributivo de los crímenes, sino como un instrumento de ordenación de la sociedad; un instrumento que garantice la unión entre el sujeto y la sociedad por medio de la reinserción. Por todo ello, desde APDHA, decimos no a la perpetua.

Francisco Miguel Fernández Caparrós y José Antonio Imbernón Paniagua,

Área de cárceles de APDHA

Cuncta ferit, dum cuncta timet. “Todo lo golpea pues todo lo teme”, según dijo Claudiano. El miedo como organismo vivo que anima a una sociedad. Los que lo estimulan y lo utilizan. A eso asistimos. La venganza como castigo y el miedo como refuerzo. Van a golpearlo todo. Van a derruirlo todo. No en busca de un mundo mejor sino en busca de mantenerse en el poder. Vomitivo. Real. Peligroso. Masivo.

No voy a pedir ningún tipo de disculpa, casi obligada en estos tiempos, para afirmar que las víctimas no están facultadas para marcar los designios en materia criminal de una sociedad democrática. Más allá: son los menos facultados. Late en ellas un humano, lógico y normal sentimiento de resarcimiento que no queremos que anime nuestras decisiones. No lo queremos. La locura de los tiempos lleva a pensar que prestar oído a esos instintos, comprensibles pero superados, es una forma de empatía. No lo es. Es una forma de azuzar nuestros miedos más irracionales, más animales, más primarios.

Puedo comprender la humanidad del sentimiento pero no su sacralización. Tampoco voy a compartir la oleada de adhesiones que comporta. Yo no me adhiero, es más, voy a pedir a todos los que manejan como argumento la posibilidad de que ellos fueran los afectados por la violencia y el dolor que se aparten. Lo siento pero no están en condiciones de juzgar ni de decidir racionalmente qué barreras debemos franquear como sociedad. Cuando me inquieren: ¿qué pensarías si hubieran asesinado a uno de los tuyos? tengo la respuesta presta. No sé que sentiría. Puede que ganas de desmembrarlos, torturarlos y acabar con ellos, aunque quiero pensar que no. En todo caso  sé lo que tendría que hacer: apartarme de los juicios puesto que estaría invalidada para ellos.

Nadie puede ser juez y parte. Nadie puede ser víctima y juez. Tal posibilidad es un abismo de incivilidad en el que no queremos volver a caer. Los jueces están obligados a abstenerse de juzgar por 16 causas. Una de ellas, de las más claras, es su relación de pareja o cualquier otro parentesco por consaguiniedad o afinidad directa de hasta cuarto grado con cualquiera de las partes o el fiscal. ¿Por qué creen que hemos decidido que un juez está inhabilitado para serlo cuando tiene hasta un cuarto grado de proximidad con las partes en conflicto? ¿qué nos hace pensar que los parientes en primer grado de sufrimiento tienen la capacidad y el ánimo sereno para saber lo que debemos hacer? Ustedes mismos cuando toman partido pensando en la posibilidad de recibir tamaño sufrimiento, ven su juicio perturbado, carecen de imparcialidad y no deciden en torno a la razón sino al sentimiento. Todo lo temen y todo lo quieren golpear.

La postura más inane es la del gobernante que sabe que va a golpear los pilares que sustentan todo el sistema y aún así sigue adelante. Sí, ese sistema que les legitima para gobernar. Sin embargo, deciden pasar por encima. Esos son los más odiosos. Cuando el gobierno aprueba en Consejo de Ministros una reforma por la cual reforzaría el castigo -con una pena inhumana- para los procesados que no confiesen el lugar en el que escondieron el cadáver, sabe que está dinamitando principios tan sagrados que no quiere ni mencionar. Quiero pensar que en el fondo creen que esto les dará una tajada electoral pero que nunca será puesto en práctica.

En un Estado democrático decente, el acusado tiene derecho en todo procedimiento penal a no ser forzado a ninguna actividad humana que pueda provocar su auto incriminación. Amenazar con agravarle el castigo si no localiza el cuerpo del delito es cargarse de un plumazo la presunción de inocencia -pues supone afirmar que él es el autor de crimen y además que él escondió el cuerpo- pero no sólo este derecho sino también el principio de igualdad de armas y el principio del indubio pro reo.

Es evidente que el descubrimiento del cadáver ha sido siempre una cuestión relevante puesto que clarifica la situación policial y jurídica del acusado, ayuda sobre manera a la investigación y consecución de pruebas y da cierta tranquilidad y reposo en el duelo a los alcanzados por el dolor del delito violento. Tal necesidad se ha dado siempre y, aún así, nadie se ha atrevido a vulnerar los principios citados por ninguna de las dos razones primeras. Sólo la tercera, la que afecta a las  víctimas, es la esgrimida por el PP para cambiar las reglas de juego. Cuncta ferit...todo lo golpea.

Tampoco me extraña, puesto que fue el Partido Popular el primero que rebajó todos sus escrúpulos a la hora de confundir el obligado respeto y apoyo a las víctimas de delitos violentos con su sacralización y utilización política. Fue tras el atentado que sufrió Aznar en 1995 cuando la política del PP respecto a las víctimas varió. Su acercamiento a la AVT y el reforzamiento de ésta como lobby de presión política resulta históricamente evidente. De facto, sólo las víctimas asociadas en grupos de presión cuyos objetivos eran similares a los de los populares recibieron tan gran impulso económico y social.

Lo mismo sucedió tras el 11-M. Las diferencias entre las asociaciones de víctimas dispuestas a asumir el discurso de la conspiración que inspiraba al PP entonces y las que aceptaron el origen yihadista de los atentados fueron y siguen siendo claras. El trasvase político de víctimas a grupos de ultraderecha -como VOX- o a la proximidad de Partido Popular ha sido constante. Sólo el Partido Popular tomó una decisión tan controvertida como nombrar asesor para la reforma del Código Penal al padre de una víctima sin ningún conocimiento técnico, Juan José Cortés. No hay nada que rechine tanto como una víctima directa legislando. 

Hemos pasado del abandono procesal de las víctimas de los delitos violentos y sangrientos a su sacralización. Hemos pasado de un sistema que las obviaba, las abandonaba en los pasillos y no tenía en cuenta ni mínimamente su sensibilidad y su dolor, a un sistema que permite que la víctima intervenga directamente en facetas en las que su interés particular no permite la intervención imparcial. El Estatuto de la Víctima de 2015, además de trasponer las directivas europeas de 2011 y 2012, introdujo una figura de víctima que es parte siempre en el proceso, incluso sin personarse, y que puede intervenir en la propia ejecución de la sentencia y en el proceso de reinserción de los delincuentes. No se me ocurre nada tan poco apropiado.

El día de julio en que terminó el juicio que condenó a la guillotina al penúltimo ejecutado en Francia, un joven que había secuestrado y matado a una niñita española de ocho años, bajo las ventanas abiertas por el calor, la muchedumbre gritaba: ¡A muerte!, ¡a muerte! Francia tiene miedo, abrían los informativos. Una de las jurados dejó escrito: “Esa idea de venganza no alivia nada el sufrimiento. Es un sufrimiento suplementario el que se crea. Otro drama que se añade”. Los depredadores sexuales no desaparecieron en Francia. Ni lo harán con las medidas del PP, que está usando el miedo y la angustia y la falsa sensación de que algo nos puede proteger totalmente para cosechar un puñado de votos que se le alejan de una forma evidente. No hay mejor definición de populismo: un gobernante promete lo que el pueblo demanda aun a sabiendas de que es injusto y contraproducente porque sabe que eso le ayudará a conservar el poder.

Las víctimas sufren como ninguno podemos ni imaginar, pero eso no les hace tener razón. La razón está en el universo opuesto de las emociones, los sentimientos y las tripas. El PP está legislando para los instintos más primarios pero eso no nos hará mejores sino que nos emputecerá.

Cuncta ferit... Todo lo golpean, si les beneficia.

Mariano Rajoy ha vuelto a sacar del fondo de armario el concepto “normal” que nunca le ha fallado hasta ahora entre sus votantes normales. Gentes toda ellas con un “sentido común”: el de la normalidad de la derecha española. Común, normal, frecuente, ordinario,  general, universal. Como el Barón de Claret, ministro Portavoz, o la Condesa consorte de Murillo, Esperanza Aguirre por su casa, a la que le acercan los pies a los juzgados para responder de alguna de las tramas de corrupción de su partido. Lo normal, en el PP.

Sin irnos tan lejos, García Albiol, defenestrado en Catalunya, encuentra que no está a la altura del cargo quien suena para la presidencia de la Generalitat: Elsa Artadi, Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Harvard. “Esta señora no ha demostrado nada”, dice el líder popular. Para precisar a su jefe, Mariano Rajoy, que urge a buscar un presidente “normal”, porque, en caso de que no le parezca normal a él, mantendrá el 155. Lo normal en una democracia.

En España ya llevamos dos legislaturas con un  presidente normal llamado Mariano Rajoy. Más los previos de toda su carrera política con hilillos de plastilina y una catástrofe ecológica incluidos. En su mandato ha recortado hasta en medicamentos de uso común como antiácidos –por mano de la Señora del Confeti Ana Mato- porque una ciudadanía con ardor de estómago conoce mejor el valor de lo normal. Aquel medicamentazo del que tan poco se habla tenía ese único objetivo: fastidiar porque de ahorro, nada de nada. La normalidad de Rajoy y sus lugartenientes en las CCAA se llevó ciencia, cultura, educación, sanidad, ayuda a la dependencia, a la lucha contra la violencia de género. Lo normal. En el PP.

Lo mejor es que todavía queda bastante de dónde tirar. Un consejo de ministros el de este viernes destinado a dar satisfacción a los sentimientos de su electorado normal. A esta gente le gusta la Cadena Perpetua –que esto es la Prisión Permanente Revisable- y extendida a más delitos. Aunque no sirva como disuasión –lo argumenta Ignacio Escolar al detalle- la venganza satisface a un determinado tipo de personas normales versión PP. España tiene una larga tradición en los placeres de este tipo. El desollamiento de infieles en los gloriosamente normales tiempos de la Inquisición parece que fue muy reconfortante. Por cierto, como siga en vigor el delito de blasfemia en esta normal democracia española del Siglo XXI, podríamos volver a reeditarlo. Ni siquiera es constitucional ahora, como explica Joaquín Urías, ex magistrado del TC.  Pero si la quiere la gente normal del PP está todo dicho. O la lapidación que también descarga muchas tensiones en los que arrojan la piedra.

Las pensiones están sentenciadas. El saqueo de la Hucha de reserva, tan ideológico, es solo un síntoma pese a su magnitud.  El gobierno ha decretado medidas nada inocentes este viernes. Un plan de estímulo para fondos de inversión, tal cual, a los que reducirá comisiones para apoyar a bancos y usuarios con la capacidad económica de suscribirlos. Los nuevos pensionistas-si llegan a serlo- cobrarán cada vez menos. Hasta el 30% según algunos cálculos. Por eso el presidente normal del gobierno ha dicho que vaya pensando el personal en hacerse un plan privado sí o sí. Lo reiteran a menudo en todas las voces, pero ahora ya lo presentan como inevitable. En EEUU ya van por los 79 años para seguir subsistiendo trabajando en minijobs.

Lo “normal” es hacerse un plan de pensiones. Solo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no puede afrontar ese gasto.  Únicamente el 25,7% lo hacían en 2013, al inicio de la precarización más brutal, según el libro de dos economistas solventes: Juan Torres y Vicenç Navarro. Y no va a mejor. A 3,90 euros están pagando la hora en España, contaba Laura Olías en eldiario.es, ahorre usted así para el plan de pensiones y para el resto de los gastos. En aumento, con las privatizaciones y copagos. Los votantes normales del PP -pensionistas, el grueso de su electorado- se niegan a ver las evidencias, al parecer, o algo les compensa.

Vayan ahorrando también para la educación de sus hijos y nietos. Lo normal en los nuevos tiempos. Cifuentes acaba de regalar suelo público para un colegio en el que habrá que pagar.  Es la tónica. Y el normal apoyo a la ideología de la desigualdad. La Comunidad de Madrid se sitúa en cabeza de Europa, solo por detrás de la Hungría de ultraderecha oficial , en segregación de escolares. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Con ayuda de dinero público en muchos casos. Y gracias. Ahorre para el futuro, lo anuncia el Presidente normal.

Rajoy, Sáenz de Santamaría, Báñez, De Guindos, Cospedal, Zoido, Casado, Hernando, son la normalidad del PP que valoran sus votantes. Y Cañete, Camps, Wert, Mato, Soria, Celia Villalobos, viviendo aún de las rentas en mayor o menor grado. Los mejores, será, de esa derecha española tan normal.

Los votantes del PP son capaces de tragar y apoyar una corrupción que salpica con su mugre en cada nueva declaración de sus propios autores. Avalan la educación clasista aunque procedan de capas con escasos recursos y se lo pongan más difícil a los suyos. Se da ese nivel. Sustentan la precarización y privatización de la sanidad. Ni con la salud cejan en su cruzada. Engullen sin problemas las mentiras flagrantes, el uso partidista de la justicia. El borrado y machaco de los ordenadores de Bárcenas y que la Fiscalía diga que no es delito en contra del criterio de jueces. Son personales normales, tan normales como Rajoy.  

Se diría que al electorado del PP con un buen palo al que se desvíe de su normalidad y unos cuantos whatsapps de escarnio para enviar a las amistades ya les compensa. Convierten en asunto nacional cualquier estupidez. Aunque, entretanto, se dejen saquear y propicien el saqueo de todos. La educación en valores ha fallado ostensiblemente en España bastante más que la gramatical, que también.

Lo anormal -tras décadas de mayor o menor progreso- es salir como la gente del PP. Pero no desviemos la atención de lo esencial. Un votante puede equivocarse –al punto de creer que es normal lo que hace el partido al que entregaron su confianza-, pero los auténticos responsables de este escarnio son otros. Son los políticos y medios que secundan la profunda anormalidad en la que vivimos. Aquellos, entre los periodistas, que ofrecen una visión distorsionada e interesada de la realidad. El PP que calla y otorga desde todos los puestos de poder y quienes se auparon en las elecciones prometiendo que nunca apoyarían un gobierno de Rajoy. En este caso, Pedro Sánchez y Albert Rivera. No solo lo mantienen en La Moncloa sino a todas las leyes regresivas que uno o los dos anunciaron revocar. Los que siguen subiendo y bajando en los sondeos ante una ciudadanía desconcertada que ve desmoronarse sus pilares sin saber cómo afrontarlo.

Llamarlo ‘populismo punitivo’ también es un eufemismo. La ‘prisión permanente revisable’ es una violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de los seres humanos e infringe un trato cruel, inhumano y degradante a un sujeto al que se le niega el derecho a la esperanza que recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Afirmar esto, que la prisión permanente revisable (tal y como está recogida en nuestro Código Penal) representa una violación de derechos humanos, no es algo nuevo. Desde que en el año 2015 se aprobó, las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones de jueces, de fiscales y de abogados, así como expertos en materia penal han reiterado cuáles son los argumentos jurídicos que deslegitiman una medida así en un sistema penal que busca y persigue la reinserción y la reeducación. Entre estos argumentos quizá resulte útil destacar de forma muy somera algunos de ellos:

Tras estos argumentos, ¿qué nos queda? Precisamente ir a ‘educar’ a esa supuesta demanda social que sirve de argumento al ministro Catalá y que presuntamente apoya el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministro acaba de aprobar. Tanto un informe de APDHA sobre ‘La sociedad española ante el sistema penal’ como algunos de los sondeos que se están haciendo públicos estos días en alguna cadena de TV, reflejan algo que el periodismo (comprometido) podría tratar de incluir en los debates y especiales que estos días se difundirán masivamente. La ciudadanía que vive en España tiene un gran desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema penal, sobre la duración de las penas, el estilo de vida en prisión, el tiempo máximo que una persona puede permanecer en prisión y cómo es la reinserción de un preso en la sociedad. De hecho sus respuestas de apoyo a la prisión permanente revisable, cuando cuentan con esta información, se matiza y suaviza.

Quizá es un buen momento para ofrecer información objetiva a la ciudadanía. Por un lado, para hacer pedagogía sobre cómo este tipo de medidas que se toman desde la alarma social vulneran derechos clave que nos interesan garantizar como sociedad. Por otro, para que esos hervideros de opinión que son las tertulias y las encuestas integren un enfoque más amplío de esta cuestión y acerque a la ciudadanía a un sistema penitenciario con luces y sombras pero completamente ignorado y desconocido. Un lugar donde nadie quiere estar pero que, al igual que los argumentos jurídicos, habrá que conocer para opinar.

Que el Gobierno plantee ahora endurecer una cadena perpetua que ya está en vigor solo se explica por el oportunismo político de Mariano Rajoy. Busca tapar que el PP se la ha pegado en las catalanas, está cayendo en las encuestas y está podrido de corrupción.

1. No existe en España un problema de violencia criminal, por mucho que el gusto de algunos medios por la sangre y los sucesos pueda pintar otra realidad. La tasa española de homicidios está entre las más bajas del mundo. Es la segunda mejor de toda Europa: la mitad que en Francia, diez veces inferior a la de Estados Unidos y cien veces menos que en Honduras o Venezuela, por comparar. Es más fácil ganar el gordo de la Lotería –uno entre 100.000– que ser víctima de un asesinato en España –0,63 por cada 100.000–.

2. Hay pocos asesinatos porque también hay poco crimen en general. La tasa de criminalidad lleva años bajando y España está entre los países más seguros de Europa, como el propio Ministerio del Interior tiende siempre a resaltar.

3. Sin muchos asesinatos, sin muchos delitos graves, España sin embargo está entre los países con más presos por población de toda Europa occidental. ¿La razón? Que nuestro Código Penal es cualquier cosa menos laxo. Que las leyes son duras y, a iguales delitos, en España las condenas duran siempre mucho más. El tiempo medio de estancia en prisión se ha duplicado en las últimas dos décadas. Son 18 meses, casi el doble que la media de la UE.

4. La cadena perpetua salió del Código Penal español en 1928, durante la dictadura de Primo Rivera. La recuperó en 2015 la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Es un mal eufemismo llamarla “prisión permanente revisable”. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España la prisión es permanente por defecto; tras los primeros 25 años de condena, el preso seguirá encarcelado como norma, no como excepción. Lo mismo que la cadena perpetua española de los tiempos de Fernando VII, que también permitía el indulto a partir de los 30 años de prisión.

5. Antes de que el PP aprobase la cadena perpetua, España ya contaba con algunas de las condenas más duras de la UE. Desde 2003, la pena máxima ya estaba en 40 años de cumplimiento efectivo en prisión. Si alguien cree que esto es poco, simplemente no sabe sumar. Alguien que entra en prisión con 20 años saldrá con 60, la salud destrozada y la vida perdida. Alguien que tenga más de 45, simplemente no saldrá.

6. Cuarenta años es una condena que duplica muchas cadenas perpetuas europeas. En Alemania, la cadena perpetua se revisa a los 15 años de prisión y dura de media 19 años. En Francia, 20 años. En Reino Unido, 14 años. En España, la primera revisión se hará a los 25 años. Será una cadena perpetua medieval.

7. La cadena perpetua es ineficaz, además de injusta. No hay relación entre condenas más duras y una mayor seguridad. El endurecimiento de las penas no sirve para prevenir los delitos más graves. No hay un solo asesinato que se vaya a evitar porque el criminal se enfrente a una sentencia mayor, como demuestran también las estadísticas de aquellos países que aplican la pena de muerte –y que no son, ni mucho menos, los más seguros donde vivir–.

8. “Es difícil imaginar un castigo más cruel que la cadena perpetua, que es condenar a alguien a vivir sin horizonte, sin esperanza, sin futuro. Para muchas personas es un castigo más despiadado que la muerte”. Lo explica la ex directora general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo en un artículo de hace tres años que hoy sigue de plena actualidad. La cadena perpetua no hace la sociedad más segura, pero sin duda hace de nosotros una sociedad peor, donde la venganza y la justicia se confunden; la ley del Talión.

9. También hace aún más inseguras las cárceles. ¿Cómo tratar a unos presos que ya no tienen nada que perder? ¿Qué incentivos tendrá el Gobierno para cumplir con ese mandato constitucional que dice que el objetivo de la cárcel es la reinserción?

10. Que el Gobierno plantee ahora endurecer una cadena perpetua que ya está en vigor solo se explica por el oportunismo político de Mariano Rajoy, su debilidad parlamentaria y su rivalidad con Ciudadanos. Un cortoplacismo de hoy que legisla en caliente sobre lo que pasará como pronto en 2043, dentro de 25 años, cuando alguien que hoy cometa un crimen tal vez pueda salir en libertad. Todo ello para tapar que el PP se la ha pegado en las catalanas, está cayendo en las encuestas y está podrido de corrupción.

11. Es un falso dilema. No hay que elegir entre los derechos humanos y las víctimas. No es incompatible la reinserción con la seguridad. Una ley más dura no nos protegerá frente a la irracionalidad, el fanatismo o los trastornos de personalidad. La cadena perpetua, ya en vigor, no sirvió para evitar el asesinato de Diana Quer. Tampoco evitará el siguiente crimen que nos horrorizará.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este fin de semana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda por la negación reiterada de permisos de salida a un preso de la cárcel de Córdoba, cuya historia publicó eldiario.es Andalucía. El motivo de la denegación, según la prisión, es que “todavía le queda mucho tiempo de condena”, informa la asociación en un comunicado este lunes. El preso ha cumplido 46 de los 57 años a los que fue condenado por, fundamentalmente, robos continuados relacionados con la adicción a las drogas en su juventud, sin que ninguno fuera contra la vida o la libertad sexual.

Para la asociación, no existe posibilidad alguna de reinserción tras 57 años de vida en prisión. Esta realidad, denuncia Valentín Aguilar, abogado y coordinador general de la APDHA, “choca con la Constitución Española que en su artículo 25.2 defiende el derecho a la reinserción de las personas privadas de libertad”. De este modo, este tipo de condenas, en absoluto aisladas, se convierten en cadenas perpetuas de hecho.

La organización considera “ilegal” el actual sistema penal, ya que se vulnera el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, y no existe un proceso equitativo ni recurso efectivo, ni posibilidad de revisar una condena que en el caso de este condenado, supera las tres cuartas partes de cumplimiento.

Ya el Tribunal Supremo, recuerdan, dictaminó en varias sentencias de 1993 y de 2000 que una condena superior a 30 años sería “inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora”. Además, el Consejo General de la Abogacía Española también denunció que en España el sistema penal es “excesivamente duro” y que los 40 años de pena máximos que contempla la legislación, es superior a la de media de los países de nuestro entorno.

Por su parte, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró sobre España que el encarcelamiento de largo plazo tiene graves efectos sobre los internos y el TEDH también ha calificado contrarias al Convenio Europeo, las condenas que no se puedan revisar, y que carece de sentido seguir cumpliendo una vez cumplida un parte sustancial de la pena.

Según datos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al menos 253 personas cumplen condenas superiores a 30 años en España sin contar los condenados por terrorismo, lo que “a todas luces”, declaran, vulnera el principio de reeducación y de reinserción en la sociedad, objetivos prioritarios de nuestro sistema penal.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lleva a cabo la campaña No a la Perpetua que han firmado ya más de 70 colectivos y que pretende la supresión de la prisión permanente revisable por considerarla ilegal, inconstitucional y que atenta contra los derechos humanos.

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han presentado este miércoles una queja al Defensor del Pueblo ante la sanción a un preso por hablar con un periodista, de la que informó este periódico. Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA, ha lamentado el “apagón informativo” que se vive en los centros penitenciarios españoles mientras que Rafael Rodríguez, presidente de la APS, ha apostado por no dar “ni un paso atrás” a la hora de vigilar la libertad de expresión, actualmente “más amenazada que nunca”. En ese sentido, han pedido el respeto de Instituciones Penitenciarias a los derechos fundamentales.

De hecho, este miércoles han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Estatal ante la referida sanción, recibida por una persona presa en la cárcel de Córdoba, una muestra de “la vulneración del derecho a la libertad de expresión de las personas presas, al derecho a la información de la ciudadanía y una limitación evidente al ejercicio del periodismo”.

En la queja requieren información a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a fin de que aclare los motivos por los que no se autoriza ni notifica al citado interno la denegación de la comunicación solicitada, así cuáles son los criterios concretos en que se ampara la no concesión de entrevistas entre los privados de libertad y los medios. Asimismo, recomienda la autorización de entrevistas profesionales en igualdad de condiciones con el resto de colectivos profesionales.

La sanción, impuesta por Instituciones Penitenciarias, consistió en la privación durante un mes de paseos y actos recreativos comunes. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha anulado la sanción, estimando el recurso presentado por el abogado del interno, de la APDHA, pero sin entrar en el fondo de la cuestión. Para ambas organizaciones, hechos como este demuestran que las personas presas no tienen derecho a informar y los profesionales de la comunicación tampoco pueden recabar de ellos información, por el hecho de estar recluidos. Muy al contrario, han comentado, la Constitución Española señala que este derecho no podrá ser vulnerado por el hecho de estar privado de libertad.

“La imposibilidad de contactar con la prensa es propia de sistemas dictatoriales”, ha señalado Aguilar, que ha hablado de “censura” en las cárceles nacionales “mientras en televisión estamos viendo entrevistas con presos en el extranjero”. “¿Qué quieren ocultar de las cárceles en España?”, se ha preguntado. Rodríguez ha hecho hincapié en que “de fondo hay una vulneración total de la libertad de expresión”. “¿Por qué no va a poder contar lo que quiera si él quiere y el periodista quiere?”, se ha cuestionado también. “Pierde el periodismo, pierde el preso y pierde la sociedad y su derecho a la información”, ha señalado.

El escrito sancionador detallaba que este debería haber hecho uso del procedimiento habilitado para concertar citas con periodistas (previsto en el artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario) que, “en la práctica, no funciona”, un hecho que hasta fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias reconocen, según han planteado ambas organizaciones. De hecho, el mismo preso solicitó hace cerca de dos semanas por la vía reglamentaria comunicaciones con otro periodista y aún está a la espera de contestación. “Resulta absurdo que la contestación habitual sea que las entrevistas no se conceden para proteger la intimidad de las personas presas, como si de menores o de personas incapacitadas se tratara”, ha criticado Aguilar, que ha destacado que no se vulnera ninguna intimidad ya que “son ellos los que quieren hablar, al menos en este caso”.

Además, “la igualdad entre ciudadanos no puede limitarse por el hecho de estar privado de libertad”, afirmó el recurso del interno, finalmente aceptado. Para la administración penitenciaria, se trata de una falta grave por haber divulgado “noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento”. En contraposición, y “parece tratarse de una agresión ilegítima a eventuales críticas que la administración no considera adecuadas” que abundan en la opacidad existente en la cárcel, continuaba el recurso.

Asimismo, la APDHA solicitará este jueves formalmente al subdelegado del Gobierno de Córdoba que las personas presas puedan entrevistarse con periodistas y se respete de este modo el derecho a informar y a ser informados.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) han convocado para este miércoles una rueda de prensa sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión de determinados colectivos, entre los que se encuentran las personas presas.

A raíz de un caso concreto, del que este lunes informó eldiario.es/andalucia, ambas organizaciones reflexionarán sobre las dificultades que encuentran los profesionales para ejercer el periodismo y las personas privadas de libertad para no ver vulnerado su derecho a la libertad en las comunicaciones, según ha informado la APDHA en una convocatoria a los medios de comunicación.

La rueda de prensa tendrá lugar este miércoles, 26 de octubre, a las 11.00 horas, en la sede de la APDHA, en la calle Blanco White número 5. Por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía intervendrá el coordinador general, Valentín Aguilar, y por parte de la Asociación de la Prensa de Sevilla, su presidente, Rafael Rodríguez.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior ha sancionado a un preso de la cárcel de Córdoba por hablar con un periodista de eldiario.es/andalucía. El representante legal de esta persona ha recurrido el acuerdo sancionador, que considera falta grave haber mantenido el encuentro sin seguir el procedimiento para las comunicaciones con profesionales y haber difundido “noticias o datos falsos”. Un juzgado ha estimado el recurso del interno pero sin entrar en el fondo de la cuestión

Pese a que el artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario indica que los internos pueden pedir la presencia de “profesionales acreditados” para “la realización de las funciones propias de su respectiva profesión”, el abogado del preso considera que “no existe en la práctica” ningún procedimiento específico exigible al preso para tal fin, instando al centro penitenciario a acreditar “cuántas entrevistas se han celebrado entre privados de libertad y periodistas”. “Los privados de libertad de facto no pueden acceder a los periodistas, tampoco por la vía señalada por la Administración, como lo acredita el hecho de que el preso, pese a haberlo solicitado, no se le ha concedido la entrevista que pidió”, argumenta Valentín Aguilar, de la APDHA.

El recurso alude a una posible vulneración de los derechos fundamentales y propone el sometimiento de una cuestión de constitucionalidad “al poder censurarse con carácter previo el derecho a informar y comunicar”. En ninguna norma, añade, se ampara que se puede incomunicar al preso del mundo exterior, señalando que “la normativa internacional ratifica el derecho del preso a ello”.

De forma expresa cita la Recomendación Rec (2006)2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, cuyo el artículo 24.12 dice que “los internos deben ser autorizados a comunicar con los medios, a menos que haya poderosas razones en contra, como la seguridad, el interés  público o la protección de las víctimas, de otros detenidos o del personal penitenciario”.

Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias reconocen que no suelen ser favorables las peticiones formales de medios de comunicación para entrevistarse con internos de las cárceles españolas, que suelen resolver los servicios centrales del Ministerio del Interior una vez conocidos los motivos del periodista para solicitar el encuentro, la situación del preso (que debe estar de acuerdo con la entrevista) y las características particulares del caso por el que está condenado. “Hay muchas peticiones pero favorablemente no se resuelven muchas. Hay que preservar la intimidad de los internos”, apuntan las fuentes.

“No se ha seguido el procedimiento”

El acuerdo sancionador dictado sobre A.C.V., cuyo testimonio publicó este periódico el pasado 18 de junio, señala que el interno solicitó a la dirección del centro autorización “para celebrar comunicaciones orales con dos amigos, resultando ambos ser periodistas”. “El día 4/06/16 utilizó usted la comunicación celebrada con su 'amigo' para realizar una entrevista profesional que posteriormente fue publicada en un diario digital. Posteriormente se comprobó que con ninguno de los dos ha mantenido ningún otro tipo de contacto que pueda acreditar su condición de amigo. Con su falsa información, no se ha seguido el procedimiento para las comunicaciones con profesionales”.

Se le había aplicado en un principio la sanción “grave”, que conlleva privación de paseos y actos recreativos comunes por espacio de 30 días, establecida en el apartado H del artículo 109 del RD 1201/81 por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario por “la divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento”. “Esta parte nunca ha manifestado ante nadie algo falso o ilegal”, incide el escrito del interno.

En ese sentido, el recurso lamenta que la sanción no especifica “la mínima identificación necesaria para sancionar ni para defenderse, no se establece nombre alguno de periodista, no se señala medio alguno y, sobre todo, no se aporta o refiere cuál es la publicación realizada”. “No se ha identificado a qué noticias se refiere por lo que es imposible una defensa al respecto” y “menos aún se ha valorado o probado intención de menoscabar nada”, añade el recurso.

“Una agresión ilegítima a un penado”

“A través de un medio digital, al que no tienen acceso los presos, es materialmente imposible que se pueda conseguir ni tan siquiera intentar dicho fin. ¿En que podría afectar a la directora, que es quien de oficio inicia el procedimiento según el pliego de cargos, en regir la buena marcha del establecimiento? Debería concretarse y probarse, cosa que ni tan siquiera se ha intentado”, argumenta el letrado.

El recurso recuerda que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que sólo podrán ser privados aquellos derechos que se establezcan en sentencia o en la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuyo artículo 3 señala que “la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza”. Los artículos 14, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1 y 25.1 mantienen un catálogo de derechos inviolables, apunta también el recurso.

El escrito también argumenta que “la igualdad entre ciudadanos no puede limitarse por el hecho de estar privados de libertad o no” y que mientras el ciudadano del exterior puede acceder cuando así lo considere a entrevistarse con un periodista, “en el interior es evidente, según sanciona la prisión, que no”. “Parece tratarse de una agresión ilegítima a un penado en clara respuesta a lo que hubieran sido eventuales críticas que la Administración no considera adecuadas, lo que supondría una vulneración al derecho a la indemnidad”.

El juzgado estima el recurso pero sin entrar en el fondo

En este sentido, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía, con sede en Córdoba, ha estimado el recurso del preso y ha anulado la sanción, si bien no entra en el fondo de las libertades y derechos fundamentales, solo manifiesta que no está bien calificado el hecho.

Dice el auto de 17 de octubre, contra el que cabe recurso, que el interno utilizó “torticeramente” el procedimiento establecido (el citado artículo 49.5) para mantener una comunicación con un profesional pero su acción “no supone ninguna divulgación de noticias o datos falsos”, ni que tuviera intención de mensocabar la marcha procedimental, aunque “sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse del contenido de la entrevista publicada”. Entiende que, como mucho, podría ser falta leve, pero no entra a valorar el fondo de la cuestión, es decir, la entrevista con el periodista. “La falta de tipicidad debe dejar sin efecto la sanción”, concluye.

El abogado del interno sentencia que “la Administración Penitenciaria sanciona por no haber solicitado la entrevista con un periodista por la vía que le permite el control a la prisión, no como 'amigo' que es una vía que le impide el control”. Aguilar apunta “falta de transparencia” en la Administración “pese a su obligación legal”, y cita al respecto la Ley de Transparencia en su artículo 8.i, que señala que debe ser pública “la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente”.

El Tribunal Constitucional es su último tren, y puede que el de otros muchos. Tiene 52 años. Ingresó en prisión en 1981 y cumple desde entonces una condena acumulada con una duración máxima de cumplimiento de 58 años y 247 días de privación de libertad. En todo este tiempo disfrutó de algunos beneficios penitenciarios, luego frustrados, y lleva seis años sin pisar la calle. Ahora pide amparo al TC para que resuelva si la ley penitenciaria debe contener alguna disposición específica relativa a los permisos de salida durante el cumplimiento de condenas de larga duración. Mientras, el Congreso ha vuelto a pedir hace unos días el final de la prisión permanente revisable.

Eldiario.es Andalucía ya pudo conocer de primera mano la historia de este preso. La extraordinaria duración de su privación de libertad responde a 13 condenas acumuladas por delitos de robo, utilización de vehículo de motor, falsificación de DNI, tenencia de armas y quebrantamiento. Se trata esencialmente de delitos de carácter patrimonial, vinculados a la drogadicción. No ha sido nunca condenado por delitos contra la vida o libertad sexual y su comportamiento en prisión, según considera en su recurso, es excelente.

Los representantes legales de A.C.V. (su caso lo lleva la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) presentaron este 27 de septiembre recurso contra el último auto de la Audiencia de Córdoba, que desestimó sus apelaciones a las decisiones del juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Córdoba. Los jueces que emitieron la última resolución judicial se mostraron “conscientes de la necesidad de que una persona con ese horizonte penitenciario, debe albergar alguna expectativa de futuro que le evite caer en desesperación” aunque, “a la vista de las normas penitenciarias en vigor”, confirmaron la denegación del permiso solicitado.

En noviembre de 2015 había pedido, por primera vez en seis años, un permiso de salida “de cara a facilitar su resocialización y al haber cumplido ya más de las ¾ partes de su condena”, que se cumplieron en agosto de 2014. La fecha prevista de cumplimiento total es 2028, “sobrepasando todo ello, con mucho, el límite máximo previsto en nuestro sistema penal”, argumenta el recurso.

Pero el recurso de amparo no se dirige frente a la resolución judicial sino “contra resoluciones relativas al modo de cumplimiento” de la condena que, “al poner el acento en la trayectoria delictiva y el tiempo absoluto restante de cumplimiento, vienen a impedir su preparación para la vida efectiva en libertad”. El escrito solicita al TC que se reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva y que declare que “se han violado derechos fundamentales”.

“La trayectoria delictiva nunca cederá por mucho que pase el tiempo”

Se le deniega el permiso de salida en base a su trayectoria delictiva, cuando se encuentra cumpliendo una condena de casi 59 años de prisión de la que ya ha satisfecho más de las tres cuartas partes. Es un ejemplo de este tipo de cadena perpetua de hecho, relata el recurso.

“La comisión de distintos hechos no acumulables generen una condena prácticamente perpetua”, añade. “La trayectoria delictiva nunca cederá por mucho que pase el tiempo. Sólo resta pues a que pase el tiempo y se acerque al cumplimiento íntegro de la condena, sin que importe el porcentaje de cumplimiento real”. “Al argumentar la denegación de permisos en la duración misma de la pena se imposibilita, en casos de condenas muy elevadas, el acceso a la libertad y a la resocialización durante períodos tan elevados de tiempo, que la pena se vuelve inhumana y degradante”.

El recurso es claro. “La norma penitenciaria no pone coto a este círculo vicioso y permite que la junta de tratamiento del centro y los órganos judiciales tengan en cuenta a efectos de la concesión de permisos no sólo el porcentaje de condena cumplida sino 'el tiempo efectivo restante'. Esta previsión, que puede tener sentido en lo que se refiere a las penas derivadas de delitos graves, se vuelve inconstitucional cuando se aplica a condenas acumuladas, en especial a aquéllas de larga duración como la que da origen al presente recurso de amparo: se trata de una condena efectiva de 58 años, en la que, aunque se hayan cumplido con creces las tres cuartas partes de la condena, restan todavía 12 años. La previsión legal tiene aquí un efecto perverso que lleva a mantener al condenado privado de libertad durante un número de años tal que ha sido considerado como tortura por organismos nacionales e internacionales, sin otorgarle siquiera la posibilidad de permisos para el cumplimiento del mandato resocializador del artículo 25.2 de la Constitución Española”.

El escrito aspira a que el Constitucional pueda resolver “si la Ley Orgánica General Penitenciaria resulta conforme a los derechos fundamentales recogidos en los artículos 15 y 17 de la CE en la medida en que no establece ninguna disposición específica relativa a los permisos de salida durante el cumplimiento de condenas de larga duración (más de 40 años) que evite que la duración de la pena sea un obstáculo para el acceso a tales permisos, de tal manera que consolide un régimen de prisión perpetua de hecho contrario a la dignidad humana”.

“Serias dudas” en cuanto a su constitucionalidad

“Una pena constituye trato inhumano o degradante cuándo de por sí es incompatible y contraria con el mandato constitucional de reinserción”, añade el recurso. Se trata de “un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional, como es el de la cadena perpetua de hecho sin posibilidad de permisos especiales”.

Por otra parte, añade el escrito, “la prisión permanente revisable no ha tenido encaje en el ordenamiento jurídico hasta fechas recientes, estando pendiente de pronunciamiento de este Tribunal sobre su constitucionalidad”. No obstante, “la previsión legal para dicha figura contempla, al menos formalmente, la revisión por el tribunal sentenciador, lo que no acontece para lo que llamaremos cadenas perpetuas de hecho”. “Es un asunto de evidente trascendencia constitucional y social que plantea serias dudas en cuanto a su constitucionalidad y que no ha sido resuelta aún por el Tribunal Constitucional”, resume. APDHA, por cierto, acaba de publicar un vídeo documental de análisis y reflexión sobre la prisión permanente revisable dentro de su campaña 'No a la perpetua'.

Apunta también el recurso que la lesión del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se deriva directamente de la legislación penal y penitenciaria, que, de una parte, permite la existencia de hecho de penas superiores a los cuarenta años, sin imponer mecanismos de revisión, y de otra, no asegura la concesión de permisos penitenciarios específicos durante el cumplimiento de tales penas de larguísima duración, destinados a mitigar los efectos inhumanos de la privación de libertad ni a facilitar la finalidad resocializadora de las penas.

Insiste el recurso en que, en la legislación penitenciaria española, los permisos de salida están concebidos exclusivamente como elemento de tratamiento para preparar a los internos para su vida en libertad. El criterio para su concesión es, por tanto, el de “utilidad para la vida en libertad”, entendida como valoración individualizada de las circunstancias del caso. “No se prevé ninguna excepción o regulación específica para las condenas de larga duración en las que la propia duración de la condena (58 años en este caso) hace imposible la resocialización y cierra las puertas a que el interno vuelva a tener jamás una vida ciudadana normal”, concluyendo que “la preparación para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mínimo innegociable”.