8 de septiembre de 2018. La localidad toledana de Cebolla es víctima de una devastadora inundación al desbordarse el arroyo que atraviesa el pueblo. 21 de septiembre de 2019. Varios pueblos de Cuenca y Albacete se ven afectados por inundaciones. Agosto de este mismo año: la provincia de Toledo sufre los efectos de lluvias copiosas.

Son solo tres ejemplos de las consecuencias de las lluvias torrenciales que desbordan ríos y arroyos y que dejan tras de sí muchas pérdidas, a veces en vidas humanas. En realidad no son un fenómeno natural nuevo, pero sí cada vez más frecuente, según los expertos.

Curiosamente, el mes de octubre de 2019 ha sido en su conjunto “muy cálido” en varios puntos de Castilla-La Mancha, con dos grados por encima de los valores normales, una de las anomalías más altas registradas en el país y eso a pesar de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), según los datos que apunta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los efectos de las lluvias están en el punto de mira de la Unión Europea desde hace más de una década. En 2007 entró en vigor la llamada Directiva de Inundaciones, aunque no fue hasta 2010 cuando se trasladó al ordenamiento jurídico español. Y de ahí a la obligatoriedad de las confederaciones hidrográficas de aplicar la normativa.

En el caso del Tajo, hubo que esperar hasta 2016 para culminar el primer ciclo del calendario establecido por la Directiva de Inundaciones con la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.

En la actualidad, se está desarrollando el segundo ciclo. Ya se ha revisado y actualizado la llamada Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y ahora acaba de salir a consulta pública la revisión de los llamados mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.

No serán los primeros. El profesor de Geología y Recursos Hídricos en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), José María Bodoque, recuerda que ya se dispone de los elaborados entre 2014 y 2015, que ahora se actualizan.

“Desde el punto de vista metodológico son mapas muy parecidos a aquellos, se han usado las mismas herramientas y modelos. En el caso de los mapas de peligrosidad sirven para corregir errores o incluir nuevas zonas no consideradas hasta ahora. Los mapas de riesgo se actualizan integrando población y ámbitos urbanos expuestos a inundaciones. Eso cambia porque las ciudades crecen, hay movimientos de población”, explica, de ahí que considere “necesaria” su revisión periódica.

La Confederación Hidrográfica del Tajo sostiene que “se está cumpliendo el calendario establecido en la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación” y espera completar la tercera y última fase - la actualización y revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI)- a finales del año 2021.

¿Qué son los mapas de peligrosidad y riesgo de inundaciones?

Los mapas de peligrosidad muestran la extensión de la previsible inundación, los calados y las velocidades que puede llegar a alcanzar el agua en una zona determinada. Incluyen escenarios de alta, media y baja probabilidad de inundación, que corresponden a períodos de retorno (cuándo volverán a ocurrir) de 10, 100 y 500 años, respectivamente.

Su diseño corresponde a los tramos de cauces incluidos en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) que fueron identificadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI).

La información de partida para elaborarlos es fundamentalmente la cartográfica, con datos de la morfología del lecho en determinados tramos fluviales o de los usos del suelo. También se han identificado los elementos que afectan a la inundabilidad (puentes, motas, encauzamientos, azudes...).

Por otro lado están los mapas de riesgo de inundación que identifican los “elementos vulnerables” que se encuentran en las zonas inundables. Aquí hablamos de la población, las actividades económicas, el medio ambiente o el patrimonio cultural que pueden verse afectados.

En total se trata de mapas de 221 tramos, con una longitud de 585,228 kilómetros en la parte española del río Tajo que se distribuyen entre las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo, además de Madrid, Ávila, Salamanca y Cáceres.

Se elaboran en coordinación con las autoridades de Protección Civil estatal y autonómicas y, según explican fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo a eldiarioclm.es, “tienen como objetivo que los ciudadanos, empresas, entidades y administraciones conozcan la problemática asociada a las inundaciones que tiene cada tramo, para que se puedan adoptar las medidas necesarias para reducir su impacto”.

Durante tres meses se someterán a consulta pública. Posteriormente, los mapas se remitirán al Ministerio para la Transición Ecológica para su envío a la Comisión Europea.

Para Bodoque, los mapas “son muy importantes en términos de mejorar la gestión de riesgo por inundación” y, además, “han supuesto un hito para reducir tanto la pérdida de vidas humanas como las pérdidas económicas”. En eso coincide con la propia Confederación Hidrográfica del Tajo y sostiene que su papel pasa por “centrar nuestros esfuerzos en la prevención como base para mitigar sus consecuencias”.

El organismo regulador de la cuenca del Tajo reconoce, no obstante que los riesgos naturales pueden verse incrementados “en función de la actividad humana”. En lo positivo, apunta a “las presas adecuadamente gestionadas que contribuyen a reducir los caudales circulantes aguas abajo” y en lo negativo sugiere que “la ocupación urbana o industrial de la llanura de inundación o las malas prácticas agrícolas pueden incrementar los factores de riesgo, como la exposición o la peligrosidad”.

Todos estos factores, añade, “se han tenido en cuenta a la hora de elaborar los mapas ya que, por un lado, los caudales de avenida se han calculado considerando el posible efecto de los embalses situados aguas arriba y, por otro, los modelos hidráulicos han reflejado el estado actual de ocupación del suelo”.

Las incertidumbres y el cambio climático

Los mapas de peligro de inundación se definen en torno al concepto de periodo de retorno (entre 10 y 500 años). Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra la inundación. Cuanto más importante es la inundación, mayor es su periodo de retorno y menor su frecuencia o probabilidad.

“La lluvia es un elemento a considerar en estos mapas pero cuando no puede drenar porque la pendiente es muy baja, provoca inundaciones igualmente sin que llegue a desbordar ningún río o arroyo. Esa consideración también se ha incluido”, apunta Bodoque.

¿Y el cambio climático? ¿Se ha tenido en cuenta? Los responsables de la demarcación del río responden afirmativamente. “La Directiva de Inundaciones reconoce el cambio climático como uno de los factores que están contribuyendo a aumentar la probabilidad de ocurrencia las inundaciones, así como su impacto negativo, y prevé que esta influencia se tenga en consideración a la hora de identificar las zonas de mayor riesgo”.

En España se han tenido en cuenta los estudios científicos realizados hasta la fecha, y se ha contado con la colaboración de especialistas y expertos de diversos organismos y entidades, como el Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), la Agencia Estatal de Meteorología o las universidades, entre otros.

En el caso de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, el estudio cualitativo de los cambios en la frecuencia de caudales elaborado para 13 tramos de la red de drenaje, ha determinado que se producirá en los próximos años “un incremento de la precipitación máxima diaria acumulada con el consiguiente aumento de caudales”.

En todo caso, matiza la Confederación Hidrográfica “la incidencia del cambio climático en los fenómenos de inundación tiene asociadas unas incertidumbres importantes y está en pleno desarrollo”.

Esto es algo en lo que coincide el profesor Bodoque. “No es sencillo establecer escenarios de cuál será la disponibilidad de agua dentro de 50 años. Se intenta tener en cuenta, pero su integración es compleja” y sugiere la inclusión de la incertidumbre porque “las inundaciones son un fenómeno estocástico, es decir, nosotros no sabemos cuándo se van a producir ni cuan importantes van a ser”.

En este sentido, insiste, “son mapas rigurosos, pero para ir todavía más allá, hay que incorporar la incertidumbre. Tenemos que ir a mapas que nos digan que la mancha de inundación es esa, pero con una probabilidad del 95%. No podemos afirmar que esa probabilidad sea del 100%”.

Y eso debe complementarse con otros sistemas, como las alertas tempranas que ya utilizan todas las cuencas. Un ejemplo es el sistema desarrollado por Andrés Díez-Herrero, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). “Funciona muy bien cuando una inundación está asociada a un río importante y hasta que se produce pueden pasar días o semanas. El problema lo tenemos en cauces que tienen una respuesta repentina y en los que la crecida se produce en pocas horas. Ahí está el desafío de la alerta temprana que permitan implementar los mecanismos de protección civil”.

Bodoque incide también en la importancia de la comunicación del riesgo. “Hay gente que intenta atravesar un arroyo crecido, rescatar su coche…”. Algo a evitar, insiste.

“Son mapas muy básicos, deberían contar con un plan de control de riesgos para el suelo”

Raimundo Jiménez Ballesta es castellanomanchego y catedrático de Edafología y Química Agrícola en la Universidad Autónoma de Madrid. “Soy partidario de todo el conocimiento científico que incentive estudios de esta naturaleza porque llevan a solucionar problemas de vida humana y es fundamental” pero pone el foco en el suelo, el aspecto cartográfico de los mapas.

“El levantamiento de los mapas es fundamental. ¿Se hacen con el grado de detenimiento necesario? No estoy muy seguro. Exige mucho tiempo, trabajo y dinero para lograr un nivel detallado de cartografía. Eso a los políticos no les interesa demasiado”.

Jiménez Ballesta recuerda que el castellanomanchego es “un territorio teóricamente semiárido y de vez en cuando se ve sometido a gotas frías que dejan en unas horas lo mismo que en un año. Nuestros suelos deben tener un buen paraguas para mitigarlo. Cualquier estudio en este sentido es fundamental”.

También apunta a que los suelos en la región “son muy propensos a erosionarse porque el agricultor tiende a ararlo, destruir su estructura y al terminar el cultivo, con una lluvia torrencial, desaparece. El suelo no se fabrica, necesita tiempo para formarse y si o lo cuido acabará por erosionarse”. En este sentido, dice, “estos mapas son muy básicos” ya que en su opinión deberían contar con un plan de control de “no riesgo para las personas y no riesgo para el suelo”.

Al margen, dice estar todavía “más preocupado” por “el escaso cuidado de los suelos y la falta de conocimiento en torno a ellos. ¿Cuál es su fondo? ¿Qué media de profundidad tiene cada tipo de suelo? Teníamos que haberlo hecho a partir de 2005. Lo han hecho catalanes, vascos, riojanos o gallegos. Castilla-La Mancha va por detrás”.

Ordenación territorial y urbanismo: ¿son útiles los mapas de riesgo de inundación?

Disponer de información detallada sobre la peligrosidad o los riesgos de inundación en determinadas zonas resulta útil no sólo para el Estado sino para comunidades autónomas o ayuntamientos. Eso es algo en lo que coinciden muchos expertos, pero ¿hasta dónde llega esa utilidad?

La Confederación Hidrográfica del Tajo reconoce que “es evidente que los cambios de uso del suelo pueden incidir de forma notable en el comportamiento hidrológico de las cuencas fluviales” porque urbanizar provoca una disminución de la permeabilidad del terreno con el consiguiente incremento de la escorrentía superficial así como la disminución de los tiempos de concentración. Eso provoca el aumento de los caudales punta y de su rapidez.

En este sentido recuerda que “en la propia legislación de aguas existe ya una referencia específica a la obligatoria introducción de sistemas de drenaje urbano sostenible en los nuevos desarrollos urbanísticos” aunque, matiza, eso no sirve de nada sin la normativa específica que deben desarrollar las administraciones con competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

Para Julio Plaza, geógrafo y profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), “el hecho de que dispongamos de una información contrastada y continua para todo el territorio facilita el desarrollo de políticas territoriales a todos los niveles de la Administración”.

Pero, ¿podría o debería influir en la elaboración de los planes de ordenación municipal o incluso la estrategia territorial regional?, preguntamos. Según Plaza, la Ley del Suelo de 2007 estableció las condiciones de sostenibilidad que debía cumplir el desarrollo territorial y urbanístico. En Castilla-La Mancha, en particular, estos principios se incluyen en la normativa de Evaluación Ambiental y en la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, sus reglamentos y normas técnicas y, de hecho, subraya, “el procedimiento para la elaboración de planes urbanísticos y territoriales como los Planes de Ordenación Municipal (POM) y los Planes de Ordenación del Territorio (POT) exige incluir esta información y mejorar su detalle en zonas urbanas”.

Además, la legislación sobre aguas también establece determinaciones al planeamiento del suelo en el mismo sentido, del mismo modo que la normativa de conservación de la naturaleza, como la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que considera los cursos fluviales como parte del sistema de conectores de los espacios naturales protegidos y uno de los elementos de la infraestructura verde del territorio.

Eva Jiménez fue concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad Natural en el Ayuntamiento de Toledo en la pasada legislatura y se encuentra inmersa en el estudio del caso de las inundaciones en el toledano municipio de Cebolla. Allí, la arteria principal de este pueblo discurre por el cauce de un antiguo arroyo que hoy está soterrando pero que emerge ante lluvias intensas provocando inundaciones, como las del otoño de hace un año.

En su opinión, “estos mapas no resuelven los problemas urbanísticos ni de inundación. Son una herramienta técnica que han de utilizar los técnicos para definir soluciones. La normativa ha de establecerse por parte de quien corresponda. Los mapas lo único que hacen es decir por dónde va el agua”.

Jiménez sostiene que “como herramienta para urbanistas está muy bien. Es muy potente para los ayuntamientos y muy cara. Se puede incorporar el mapa de inundación al mapa de tu ciudad o región, pero lo que hay que hacer es algo con ello. Si tienes elementos constructivos en zonas inundables, deberás valorar qué hacer: un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) o dejar fuera de ordenación municipal o territorial determinados espacios o propiciar cambios de uso”.

En cualquier caso, apunta Julio Plaza, la cartografía de zonas inundables no es algo nuevo. “Es una información con mucha tradición” en la planificación urbanística y la ordenación del territorio. Ayuntamientos y comunidades autónomas ya contaban con datos sobre la posibilidad de inundaciones, aunque no tan precisas.

“Los resultados que se publican ahora corresponden a una fase de homogeneización o normalización de la información territorial sobre riesgo de inundaciones. Es decir, la normativa europea y nacional definen el método, las fuentes de datos, la cartografía resultante y los métodos para hacerla pública”. Y recuerda que cualquier ciudadano puede acceder a ella mediante visores cartográficos.

“Esta cartografía no tiene únicamente una finalidad preventiva o de planificación frente a los riesgos de inundación. También supone un gran avance para el deslinde o delimitación de Dominio Público Hidráulico, la conservación de los cauces y su restauración ambiental o paisajística”, sostiene.

Además, señala que la cartografía de zonas inundables “rescata del olvido muchísimas tierras que en su día fueron roturadas para la agricultura o drenadas para el desarrollo urbano y territorial”. Una información que, sostiene Plaza, “permitirá que se pueda trabajar en su recuperación, no sólo para la conservación del medio ambiente, sino también para la generación de servicios ecosistémicos necesario para la sociedad, como son la propia regulación natural de las inundaciones, la mejora de la calidad del paisaje o la oferta o incremento de espacios verdes en las poblaciones”.

Bodoque también apunta que estos mapas “constituyen la principal herramienta o fuente de información de la que disponen los ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio Estado para diseñar un plan de medidas que minimice el riesgo”.

Desde su punto de vista, los ayuntamientos pueden “implementar medidas de autoprotección”, tales como establecer barreras físicas en las zonas de entrada preferencial del agua. “Lo que no podemos es trasladar la ciudad”.

El investigador deja, además, una última reflexión. Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación no influirán en la futura gestión del Tajo. “Otra cosa es garantizar que el río tenga un buen estado ecológico, de acuerdo a la Directiva Marco del Agua. Eso obligaría a que el Tajo tuviera de nuevo inundaciones y como es difícil que se produzcan de manera natural, solo serían posibles con desembalses desde su cabecera. Sería entonces cuando habría que tener en cuenta los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación”, subraya. De momento, la cuestión no está sobre la mesa.

El próximo día 8 de septiembre hace un año que se produjeron las graves inundaciones de Cebolla. Y hoy, casi un año después, aún tenemos en la retina los fenómenos extremos que nos dejó la DANA (Depresión Aislada en niveles altos) en localidades castellanomanchegas como Borox, Seseña o Villanueva de los Infantes.

En relación a ello, el pasado 31 de agosto nos informaba la prensa de que un estudio internacional liderado por la Universidad Técnica de Viena, en el que habían participado 35 grupos de investigación europeos entre los que se encuentra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), concluyó que los cambios en las magnitudes de inundación observados en las últimas décadas se pueden atribuir claramente al cambio climático.

¿Y ahora? ¿Estamos más expuestos? ¿Los seguros nos seguirán cubriendo igual o cada vez pondrán más problemas y excusas y nos subirán la póliza al aumentar la exposición? ¿Esto es imprevisible? ¿Nos puede pasar a cualquiera? Pues parece que, dentro de la aleatoriedad de los fenómenos intensos, hay algunas cuestiones previsibles.

En primer lugar puede usted acudir al PRICAM (Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha) y ver si vive en una población de riesgo. Curiosamente Cebolla tiene un riesgo de 2.30, Seseña Nuevo 2.40, Borox un 2.47 y Villanueva de los infantes en un 2.64, los cuatro con un nivel A2, el segundo más elevado; mientras que Seseña Viejo, con un 2.94 está en el A1 más grave. En este nivel y con riesgos aún más elevados también nos hallamos algunas otras nobles localidades como Talavera (3.37); Toledo (3.39); Guadalajara (3.42); Cuenca (3.55) o Albacete (3.58), por si quieren ir ustedes adquiriendo la barca.

“Las avenidas e inundaciones son el fenómeno natural que produce mayores consecuencias y pérdidas socio-económicas medias anuales con coste en vidas humanas”, como se encarga de recordarnos la introducción del PRICAM. Ante el riesgo, le recomiendo, en segundo lugar, y siendo ya conocedor de que en su zona pueda llegar a caerle la del pulpo, que revise la cartografía y los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación del Ministerio de Transición Ecológica, donde por una u otra herramienta podrá visualizar hasta dónde se producen las inundaciones y qué partes de la población y actividades económicas están en riesgo.

El mapa de Cebolla resultó ser interesante. Muestra claramente cómo un arroyo, que divide en dos al pueblo, ha sido perfectamente ocupado por la calle principal. Ni es la primera población donde esto pasa, ni será la última, pero teniendo en cuenta la tendencia marcada por el cambio climático y los informes que nos llegan, sería oportuno que las instituciones se pusieran a trabajar, no solo para gestionar la emergencia, cuando llegue, sino para evitar que se produzca reduciendo la exposición. O sea, a ver si con la cantidad de terreno que tiene Castilla-La Mancha, podemos evitar construir en zonas inundables, máxime cuando sabemos cuáles son.

Volviendo a Cebolla, después de un año, podemos ver qué ha pasado y si hemos aprendido algo. Así, aunque desde 2015, con el cambio de gobierno municipal, se hablaba de la “problemática reiterativa en Cebolla de las inundaciones y riadas” o de “planes de mantenimiento continuado del arroyo y de los sumideros de la localidad”, jamás se planteó que el Plan de Ordenación Municipal, que se estaba elaborando, pudiera ser una herramienta de trabajo, más útil si cabe, para abordar el problema. Normal, en Castilla-La Mancha tampoco tenemos un gobierno que utilice la ordenación del territorio para la gestión del riesgo. Es más ¿dónde está la ordenación del territorio?.

Tras los conocidos sucesos del 8 de septiembre de 2018, volvió a retomarse la preocupación por la gestión de las avenidas de agua, esta vez a través de la realización de balsas para retener el agua en caso de crecida, así como para reducir la velocidad de la arroyada, a la vez que planteaban aumentar el diámetro de la tubería que canaliza el arroyo.

No es probable que sea suficiente, dado que, como se reconoce en la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Tajo, la cuenca de aportación intermedia entre los extremos del tramo soterrado, de alrededor de un kilómetro cuadrado de superficie, presenta una forma en “V” con dos ramas alargadas a cada lado de la localidad de Cebolla. Esta intercuenca está ocupada en su mayor parte por terrenos urbanos, casi impermeables, por lo que la mayoría de la precipitación que cae sobre ella se transforma rápidamente en escorrentía directa, que circula por varias calles de gran pendiente hasta desembocar en las inmediaciones de la sección de salida del tramo encauzado, cerca de la plaza del Ayuntamiento.

Desgraciadamente, lo más preocupante es que mientras se hacían estas propuestas en los medios de comunicación por parte de la Confederación Hidrográfica y el Ayuntamiento, el trabajo paralelo del Plan de Ordenación Municipal ignoraba el riesgo de inundación y riada que no se contempló en la documentación presentada por el Ayuntamiento a la Junta a pesar de la Norma Técnica de Planeamiento. Muy al contrario, planteaba un aumento de la población por la zona inundable aumentando la exposición de la población y con ello la certeza de que las consecuencias cuando ocurra irán en aumento.

El hecho de que la Ordenación Territorial española sea no retroactiva y la falta de cultura en cuanto a la incorporación del riesgo a la planificación territorial, ya sea natural o antrópico, impide la reflexión y propuesta de alternativas tendentes a la corrección futura de desarrollos ejecutados de manera inadecuada, pero necesitamos que eso empiece a cambiar ya o acabaremos, sin duda, con el agua al cuello.

El último trasvase que nos regalaban a Castilla-La Mancha desde le gobierno de la nación se producía estos días atrás. Supongo que el nuevo ejecutivo se “levantará” en armas una vez más —aunque dentro de unas semanas porque ahora, salvo Nacho Hernando, los demás están de vacaciones— poniendo un nuevo recurso al acto administrativo del Ministerio.

En junio anunciaron el último de un total de 34 recursos. De lo que no nos han informado es de los resultados. En todo caso, importa poco, los recursos se ponen porque en la autorización de los trasvases se produce un incumplimiento del principio de prioridad de la cuenca cedente al no tener en cuenta los requerimientos medioambientales del río Tajo ni garantizar adecuadamente todos sus usos, sin embargo, los fallos están en la normativa en sí, pensada para que eso sea lo de menos.

El gobierno de García-Page solo ha hecho lo que el de Pedro Sánchez con su “transición ecológica”: “postureo”. Pero Page, un poco más burdo, lo camufla peor y en lugar de transición ecológica lo llama Desarrollo Sostenible y lo mete en un cajón. Sabe menos que su jefe. Los recursos contra los trasvases hasta ahora le han servido al señor Hernando y a la anterior consejera de Fomento, Agustina García Elez, para lanzar los últimos lances de su campaña electoral, pero un Gobierno regional como el de Castilla-La Mancha tiene mucho trabajo y muchas posibilidades de trabajo para revertir el trasvase basándose en políticas ambientales y de futuro, pero eso sólo si se tiene voluntad, claro, lo que, de momento, no parece. Veamos:

1/ La ordenación de los usos y consumos del agua: desde la publicación de la Directiva Marco del Agua, allá por el 2002, la gestión del agua debe ser considerada una “Política Ambiental”. ¿Y qué significa esto?, pues significa que siendo el agua un recurso básico para la vida y los ecosistemas, hay que considerar los ríos en su conjunto y tratarlos de una forma integral para conseguir dos cosas: conservar su estado medio ambiental adecuado y mejorarlo en aquellas “masas de agua” que por su modificación antropológica lo han perdido.

Esto garantiza que el río pueda cumplir sus funciones ambientales de abastecimiento y regulación. De ahí las últimas sentencias del Tribunal Supremo con respecto a los caudales ambientales en el Plan Hidrológico del Tajo. Incumplimos la DMA. Esto, que no se lo ha tomado en serio ningún gobierno nacional (ni regional) ni en ninguna Confederación Hidrográfica en España, es esencial para poder hacer frente al cambio climático y a los retos ambientales del futuro y supone, entre otras cosas, supeditar la política agraria (que usa hasta el 80 % del agua de nuestros ríos y consume hasta un 94 % de la misma), a la política hidrológica y no al revés.

Que la nueva Consejería de Agricultura sea la “propietaria” de la competencia sobre el agua da una idea de por dónde el Gobierno de Castilla-La Mancha NO va a trabajar, por muchos recursos que luego ponga. ¿Qué tipo de interlocutor vamos a tener con el Gobierno nacional para cuestionar las reglas del trasvase por su prioridad de uso? Por cierto, algo que no hizo ni Cospedal aun supeditando el desarrollo sostenible, el cambio climático y el medio ambiente a la Agricultura.

2/ La ordenación del territorio y el desarrollo sostenible: grandes damnificados desde hace ya demasiados años, que tampoco van a ser protagonistas los próximos 4: Las políticas ambientales en agua que marca la Directiva Marco del Agua son un ejemplo de la tendencia Europea que nos invitan a emplear la ordenación del territorio como un elemento para evitar las vulnerabilidades (véase el ejemplo de Cebolla) y para favorecer fórmulas de desarrollo sostenible que tengan en cuenta los límites ecológicos que ya está claramente demostrado que existen y están sobradamente rebasados, como nos demuestra día a día el clima.

Necesitamos una apuesta clara hacia un cambio de paradigma en nuestro modelo territorial que no se puede abordar desde una lejana desconexión con las políticas y sectores económicos, que pretende maquillarlas, sino que debe transformar las mismas para que nuestra región no hipoteque el futuro de las próximas generaciones.

Por eso, una Consejería de Desarrollo Sostenible, hoy, es solo chapa y pintura. Y por eso, que en la actualidad el portal de transparencia, a la hora de informar sobre la Ordenación Territorial regional solo muestre dos proyectos de singular interés (de interés privado, por cierto), dice mucho de la visión anclada al pasado que Page le ha puesto a sus próximos 4 años. Otra oportunidad perdida, no sé si nos quedan demasiadas. Prepárense para los baches del Delorean. Volvemos a 1985.

El pasado 9 de agosto aprobaban un nuevo trasvase de 20 hm3 del Tajo al Segura. Poco duró la transición ecológica del nuevo ministerio. Solo un mes antes, mientras el primer trasvase de agua del nuevo gobierno, de 38 hm3, circulaba por el canal desde el Tajo hasta el Segura, el municipio de Chillarón del Rey, situado a pocos kilómetros de Entrepeñas y Buendía, ponía cisternas (a 500 euros cada una) a disposición de sus vecinos para abastecimiento. El 80% de ese agua se dedica a regadío en el Levante, y esa es una de las denuncias principales de los colectivos que rechazan el trasvase y sus reglas de explotación introducidas de rondón en varias leyes para dejar inaplicable el plan hidrológico del Tajo: ya que se salta la prioridad de usos que se marca en la ley de aguas de 2001 (artículo 60.3).

También mientras el agua circula desde un río al otro, los gobiernos de Murcia y Castilla-La Mancha han hecho su aparición veraniega enarbolando sendos pactos regionales negociados con sus respectivos tejidos sociales (en ambos casos predominantemente regantes) donde cada uno dice defender los intereses de su región como si se mantuviera una guerra que deba tener ganadores y perdedores.

Esta escena veraniega, repetida durante años desde que el trasvase se puso en funcionamiento allá por en año 1979, es un reflejo de los grandes retos que le deparan a cualquier gobierno español en relación con el agua en un futuro próximo, en un escenario de cambio climático donde ya no solo vale pensar en la sensibilización de la población en cuanto a la restricción a un uso sostenible, sino que hay que pensar en la adaptación a un futuro que, hoy por hoy, se manifiesta incierto dado que la producción global de gases de efecto invernadero que lo provocan sigue en aumento.

Así, mientras que por una parte, la ONU ya indicó que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano incluido en los ODS que hay que garantizar para la población mundial (y para la local), por otro, en esta España cañí, desde los años de Carlos I, se viene diseñando una política hídrica productivista que contabiliza cada uno de los metros cúbicos de agua y los reparte para la mayor producción económica posible (riego, navegación y transporte, energía eléctrica, industrias pesadas...) sin estimar el uso ecosistémico y ambiental como parte de las ganancias. Y en ese mercadeo del agua, el suministro a la población no da beneficios… ¿o tal vez sí? 

Entre los nuevos beneficiarios de la mercantilización creciente del agua han aparecido en las últimas décadas las antiguas corporaciones de la construcción que se fueron reorientando al sector servicios. La caída del ladrillo sólo cambió el objeto de venta en unos ayuntamientos infrafinanciados desde el principio de la democracia: del suelo se pasó a los servicios, y con un premio especial al del agua a través del canon concesional. Así, los grandes grupos empresariales vieron un filón en un sector con clientes cautivos y se dispusieron a explotarlo convirtiéndose en un 'lobby' más, que puja por su parte alícuota del pastel. Y en este verano en que sigue trasegando agua del Tajo al Segura, también se mueve el “mercado” del abastecimiento urbano. 

El concepto del agua como derecho humano

A pesar de que la ciudadanía europea logró una victoria en 2013 alcanzando casi 2 millones de firmas para una iniciativa legislativa europea que regulara el derecho humano al agua con la propuesta 'Right to water', a la Comisión Europea le tembló el pulso y la revisión de la Directiva sobre agua potable no incluyó el concepto de derecho humano que la ONU definió en 2010. No sé si si en ello tendrá que ver el creciente 'lobby' de los operadores privados del agua en Europa (del que apenas se tiene información). Lo que sí sé es que el aún nuevo gobierno español tampoco ha sido excesivamente exigente con la inclusión del concepto en el texto durante el debate en el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente del pasado 25 de junio, a pesar de los requerimientos de la Federación Europea de Servicios Públicos

Y aunque estamos cerca de una victoria en Andalucía, donde el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio anunció el pasado 20 de julio la futura introducción en la ley autonómica de agua del derecho humano y que en el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua Urbana se fijará un suministro mínimo vital de 100 litros por persona y día, no hay que perder de vista el gran esfuerzo que ha supuesto lograrlo. Desde el primer borrador que salió a la luz pública a principios de junio, que consideraba sólo 50 litros por persona y día, y no hablaba del derecho humano, colectivos sociales y ambientales en trabajo conjunto con FACUA o AEOPAS, y concejales y alcaldes de Izquierda Unida en toda Andalucía que ya han regulado cosas similares en sus respectivos ayuntamientos y en mancomunidades en las que intervienen, no han parado de moverse hasta conseguir un logro que finalmente se ha apuntado el PSOE Andaluz. Y aunque quedar por debajo de lo que de facto ya está regulado en muchas empresas públicas del agua significaba quedar muy mal, es importante resaltar que el borrador inicial, trabajado desde la Consejería junto a operadores privados, trató de soslayar esa realidad que la ciudadanía andaluza ya había conquistado. 

Y así las cosas, con avances muy peleados, privatizaciones aquí y allá, o dificultades en las lícitas remunicipalizaciones abordadas, mientras nos preocupamos por dónde se va el agua para regar, el verano se llena de anuncios que nos indican por dónde va la película... Y ahora es curioso encender la tele y ver al tipo de Acuaservice, muy guapo él, llevándote el agua a casa como si no tuviéramos grifo y como si el plástico de las garrafas no estuviera ya en el punto de mira de la política de economía circular europea. Y mientras los operadores públicos se dejan los sesos y los pocos recursos que tienen en creativas campañas 'progrifo', la comunicación institucional de algunos operadores privados como Aqualia se esfuerza en demostrar que ellos no forman parte de la privatización del agua, sino que son gestores indirectos para los ayuntamientos que son los responsables reales.

Como concejal responsable del abastecimiento y saneamiento de un ayuntamiento con el agua privatizada desde 1995 les podría dar muchas contra argumentaciones a sus falacias, como también lo podría hacer María Sánchez tras la recuperación de la gestión directa del servicio en el Ayuntamiento de Valladolid tras varios recursos ganados a la anterior concesionaria que no quería permitir que el ayuntamiento decidiera, en posesión de sus competencias, cómo gestionar el agua.

En resumidas cuentas, un reto integral y estratégico que el nuevo gobierno debe abordar de manera decidida y certera para poner unas buenas líneas de futuro y en el que las alianzas con la izquierda social y ecologista debería ser el camino y no el obstáculo. No, está claro que en las siguientes elecciones no nos vale cualquier cosa y eso se debería ir trabajando, también en el agua.

El jueves de esta semana, 8 de marzo, durante el Día de la Mujer celebramos una huelga feminista que a nivel internacional, lleva cerca de un año preparándose. Las mujeres colgaremos los delantales de las ventanas, porque en esta huelga, que no es una huelga al uso (no es la típica huelga laboral), las mujeres queremos demostrar que si nosotras paramos, se para el mundo. Estos días muchos hombres, buenos hombres, nos preguntan a las mujeres cuál es su papel ante la huelga, y ese es precisamente uno de los primeros motivos de hacerla.

Queridos compañeros, en primer lugar, el feminismo nos ayuda a entender las cosas para deconstruir un machismo que está metido en todas y todos nosotros debido a la cultura patriarcal imperante. Ser hombre feminista, como ser mujer feminista, implica reflexionar sobre nuestro comportamiento habitual y cómo ser más igualitarios.

Nosotras nos hemos organizado para hacer una huelga, vosotros debéis organizaros para saber cómo participar en ella concediendo a las mujeres el papel principal. Vamos, que lo primero que necesitamos es que deis un pasito atrás. Y sabemos que os cuesta, que tenéis tendencia a pensar que habláis mejor que nosotras, escribís mejor que nosotras, pensáis mejor que nosotras, y sólo queréis ayudarnos. Pero nosotras no necesitamos vuestra ayuda, queremos equivocarnos solas, encontrar nuestros caminos, y solo queremos el espacio que nos pertenece y que la cultura machista os empuja a ocupar.

Por eso me gustaría que entendierais por qué las mujeres estamos hartas. Hartas de sostener la vida y ser las más precarias. Hartas de que nos maten, de que nos acosen, nos violen (a veces en manada), de que nos quiten a nuestros hijos, y nos cuestionen por nuestra ropa, nuestro cuerpo o nuestra vida sexual. Hartas de ser las víctimas de la trata sexual. Hartas de que el 39% de los hombres consideren que el cuerpo de una mujer es un objeto por el que hay que pagar.

Las mujeres estamos hartas de que las enfermedades que nos afectan a nosotras sean enfermedades de segunda o ni siquiera consideradas enfermedades; hartas de que cosifiquen nuestros cuerpos hasta el punto de ser consideradas meros contenedores; hartas de que nos digan cómo tenemos que parir y al mismo tiempo no nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos y sobre si queremos o no, tener hijos.

Las mujeres estamos hartas de hacer el mismo trabajo que los hombres cobrando solo entre el 60 y el 75 % de su salario. Hartas de que el mercado laboral minusvalore nuestros trabajos. Hartas de ser nosotras las limpiadoras mientras ellos son “peones especialistas” o los de mantenimiento, y cobren más, y nadie cuestione por qué tras años y años las cosas solo se afianzan.

Hartas de que la defensa de nuestro trabajo la hagan hombres en su propio beneficio redefiniendo categorías y dejándonos con salarios más bajos. Hartas de cobrar de media 6000 euros menos al año que los hombres. Hartas de tener los trabajos más precarios, de ser las pensionistas más pobres. Hartas de la feminización de la pobreza.

Las mujeres estamos hartas de tener un techo de cristal. De ser las más numerosas en las aulas y al mismo tiempo las rarezas en las Cátedras; en los consejos de administración; en los puestos de dirección; en las carteras ministeriales; o incluso en los listados de premios. Estamos cansadas de pasar por la historia de manera despreciable. Como si no hubiéramos sido ingenieras; matemáticas; científicas; escritoras o cineastas… Hartas de que parezca siempre que sobre nosotras no hay nada relevante que contar.

Estamos hartas de ser las cuidadoras y que nadie nos cuide. Y me hace gracia que alguien hable de huelga a la japonesa (que por cierto, no existe), cuando el exceso de trabajo es nuestro día a día. Y no hablamos de una ampliación o doble jornada, porque esa es la que hacen los hombres, cobrando más, por supuesto. Estamos hartas porque normalmente hacemos dos (o tres) trabajos a la vez, y uno o más gratuito.

Estamos hartas de la doble presencia. De dedicar el doble de tiempo que los hombres a trabajos no remunerados (y eso porque hay hombres feministas que bajan la media). Esa es la desigualdad de la que estamos hablando. Porque nosotras no queremos ser supermujeres. Queremos que hombres y mujeres seamos iguales. Y por eso lanzamos este grito hartas ya. Por eso esto es una huelga feminista, No una Huelga Laboral.

Por eso esta huelga va de que somos desiguales en muchos ámbitos. En el laboral; en el estudiantil; en el sanitario; en el propio consumo (somos mayoritariamente las mujeres las que hacemos o pensamos las compras de la casa); por eso es secundaria la huelga laboral y es más importante la huelga en el trabajo de los cuidados. Y si queréis ayudarnos, compañeros, el 8 de marzo y todos los días que lo sigan, debéis pensar que de lo que se trata, es de asumir que la vida, en todos sus ámbitos, debe compartirse en igualdad. Y hace falta una implicación educativa, social, cultural, institucional, y sobre todo política. Bienvenidos al feminismo.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a pedir que el Pacto Nacional del Agua contemple un mínimo no trasvasable en los pantanos de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, de 900 hectómetros cúbicos, así como un caudal ecológico del río a su paso por las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina.

Así lo ha señalado durante su visita a los pantanos de cabecera y el salto del embalse de Bolarque, desde donde sale la tubería del trasvase Tajo-Segura. García Élez ha participado en esta actividad promovida por la Asociación Provincial de Periodistas de Talavera y además, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno regional en Talavera de la Reina, David Gómez; el presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños, Francisco Pérez Torreccilla; el director provincial de Fomento en Guadalajara, Julio Calle; y representantes de la Corporación municipal de Talavera de la Reina y Toledo así como del colectivo profesional de periodistas de Talavera y  Guadalajara.

“Una imagen vale más que mil palabras”, ha sostenido, refiriéndose a la situación dramática en la que se encuentran los pantanos, después de ver las tuberías del trasvase, algo que ha achacado a “la gestión nefasta que se ha hecho del río, que no viene de ahora”.

García Élez ha reiterado que desde el Gobierno regional se ha pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que “las consecuencias del trasvase tienen que incluirse en el Pacto Nacional del Agua”. En este sentido, ha dicho que “los que las sufrimos y padecemos” lo evidencian en el poco más del nueve por ciento de volumen que tienen hoy día los estos dos pantanos con 232 hectómetros cúbicos, lo que supone que hay 200 hectómetros menos que hace un año, y de los que tres cuartas partes, 2150 hectómetros, se han ido por la tubería.

En la misma línea, la titular de Fomento del Gobierno regional ha explicado que “la sequía es un problema, pero también con el trasvase se agravan las consecuencias, como que los pueblos ribereños hayan tenido que cerrar muchos negocios; o que en Toledo y Talavera no haya caudal ecológico porque no se mueven las aguas del río, una cloaca con problemas de algas, espumas y contaminación”.

Así, ha apelado a un Pacto Nacional “de consenso”, pero con las premisas de “incrementar un caudal ecológico real o la reducción drástica de la contaminación del río Jarama, que desemboca en el Tajo”. De la misma forma, la consejera ha dicho que este pacto no puede olvidarse de que “no nos valen los 400 hectómetros cúbicos mínimos no trasvasables que fijó el Memorándum”, por lo que “reivindicaremos un aumento en los embalses a los 900 hectómetros para garantizar un uso turístico en esta zona”.

En relación al Consejo Nacional del Agua celebrado esta semana, García Élez ha expresado que el pacto debe pasar por el consenso de todas las regiones, “sin que ninguna tenga más peso que otra”. Igualmente, ha declarado que el Gobierno de García-Page seguirá en la defensa del agua, tal y como demuestran los 23 trasvases, siete de ellos ejecutados por debajo del mínimo no trasvasable, que han sido recurridos y a la espera de una resolución solución que “el Gobierno regional insta a que sea lo antes posible”, porque si no existirá el problema de que “cuando llegue la resolución no va a haber agua en origen, pero tampoco en destino, porque se habrá utilizado ya para crear riqueza en otras comunidades”.

La titular de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page ha recalcado que “es un problema de todos y que entre todos hay que buscar una solución conjunta”, algo en lo que el propio presidente ya ha dado el primer paso con la propuesta de un encuentro de todas las comunidades de España, con ponentes internacionales para “entre todos, buscar soluciones en materia de agua”.

Hablar de “saqueo” y no de “sequía”, dicen los ribereños

Respecto a los decretos de sequía, Agustina García Élez ha lamentado que el que se aprobó en junio “dejara fuera las cuencas del Guadiana y del Tajo”, por lo que “hemos pedido que los decretos no se apliquen por cuencas sino por subcuencas o sistemas de explotación”. Así, ha detallado que la cuenca del Tajo cuenta hoy con un 37 por ciento de volumen en el global, aunque en la cabecera es de poco más del 9, de 12 en el Torcón o de situación de emergencia en el Sorbe o el Tajuña, estado al que podría llegar también el Alberche en enero, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT); “aunque luego el río no tenga problemas a su paso por Extremadura”, ha subrayado.

Para finalizar, la consejera también ha anunciado que solicitarán mayor peso de la representación castellano-manchega en el Consejo Nacional del Agua, ya que “es la única comunidad por la que atraviesan siete grandes cuencas hídricas”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pueblos Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, ha explicado que el embalse de Entrepeñas hoy apenas alcanza los 80 hectómetros, por lo que ha calificado la situación más de “saqueo” que de sequía. Así, ha dicho que “llevamos 38 años siendo solidarios con otras zonas y las consecuencias son unos embalses vacíos”. Igualmente, ha informado que desde el año 2011, cuando se alcanzó un 52 por ciento de volumen, se han trasvasado 2.173 hectómetros cúbicos.

“Hay que demostrar la unidad que existe en torno al agua”

El viceportavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Santiago Serrano, destacó que “hay que demostrar la unidad que existe en torno al agua que debe pasar por Talavera”. Por eso, dijo que desde el equipo de Gobierno siempre se ha defendido que todo lo que concierne al agua, al ser un “tema estratégico para Talavera”, debe estar fuera del debate político, “porque es una cuestión de ciudad”.  Reclamaba  “agua en calidad y cantidad” para la ciudad para aportar por un acuerdo nacional sobre el agua.  

Reunión de gran relevancia ante la situación de sequía que se vive en el país y en el caso concreto de la cuenca del Tajo. El presidente de la Confederación Hidrográfica (CHT), Juan Carlos de Cea, ha presidido la primera reunión de coordinación frente a la sequía con entidades públicas de abastecimiento a poblaciones de más de 20.000 habitantes, en la que ha incidido en la necesidad de que tengan redactados sus Planes de Emergencia por Sequía y les ha invitado a participar en la revisión del Plan Especial de Actuación  de la cuenca hidrográfica del Tajo, durante su fase de información pública.

No obstante, no ha precisado cuáles deben ser esas acciones concretas, trasladando  la responsabilidad a las corporaciones. A la reunión se ha convocado a once ayuntamientos, entre ellos, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Cáceres y Alcalá de Henares; ocho Mancomunidades de Agua y dos entidades públicas de abastecimiento: Canal de Isabel II y Aguas de Castilla-La Mancha.

El presidente ha explicado que, desde el inicio del año hidrológico, ha llovido en la demarcación aproximadamente una tercera parte de lo que llueve un año medio, y que, si se analiza la serie histórica de precipitaciones, que abarca desde el año 1940, más del 95% de los años ha llovido más que el actual.

Ante esta situación, y “dado que hay una planificación hidrológica y unos instrumentos (Planes de Alerta y Eventual Sequía, ahora en revisión) para gestionar esas situaciones de déficits de precipitaciones o de agua embalsada, la Confederación Hidrográfica del Tajo está haciendo uso de ambos”, ha concluido.

Planes de emergencia

Durante la reunión, De Cea ha afirmado que los ayuntamientos, mancomunidades y entidades públicas de abastecimiento de más de 20.000 personas deben disponer, obligatoriamente, de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, tal y como establece el artículo 27.3 del Plan Hidrológico Nacional,  que debe estar en consonancia con el Plan de sequía de la demarcación.

Asimismo, el presidente les ha informado de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 2016 por el que se aprobaron los planes hidrológicos de cuenca de las demarcaciones intercomunitarias, correspondientes al segundo ciclo de planificación, el Ministerio ha puesto ya en marcha el procedimiento para la revisión de los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequia de todas las demarcaciones hidrográficas  de su competencia.

Próximamente saldrá a consulta pública la revisión del Plan Especial de la Confederación Hidrográfica del Tajo conjuntamente con el resto de demarcaciones hidrográficas,  por un plazo de tres meses. El presidente ha explicado también que el continuo seguimiento del Plan del Tajo ha permitido observar que  la “sequía se está agravando” en la cuenca, que ya se encuentra en situación de prealerta, y especialmente de algunos de sus sistemas constituyentes, por lo que se ha constituido formalmente la Oficina Técnica de  la Sequía,.

Pese a que De Cea ha explicado que el acuerdo se ha realizado con los ayuntamientos, desde Toledo, la concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad, Eva Jiménez, ha explicado que esta administración está a la espera de conocer las medidas que se contemplan en el Plan Nacional de Sequía, “algo imprescindible para poder estudiar qué medidas se implementan en el Plan Municipal”. Es decir, la voluntad del Ayuntamiento es actuar en el marco que se establezca en los planes nacionales: “queremos conocer las directrices que la propia Confederación Hidrográfica establece en su Plan Especial y de esta manera coordinar y diseñar los planes del consistorio”.

Garantía para el abastecimiento en Toledo

Según la edil, Toledo cuenta con un sistema que “no es considerado como vulnerable a la sequía” y no hay plan adicional ya que existe garantía para el abastecimiento. Pero en todo caso, quieren conocer las medidas de la CHT para poner en marcha acciones de prevención. En estos momentos, disponer de una herramienta de planificación y coordinada de los recursos hídricos dependientes de la gestión de los municipios puede ser positivo pero, “es esencial conocer la planificación de la CHT para poder hacer un plan local de actuación ante la sequía”.

Por su parte, el vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha dirigido sus críticas al Gobierno castellano-manchego y no al Ejecutivo de Rajoy. Concretamente, ha exigido a la Junta la recuperación de la infraestructura de la conexión entre el Sorbe y el Bornova para garantizar el futuro abastecimiento de agua a los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, (MAS) con más de 400.000 habitantes y numerosas industrias.

Asegura haberlo defendido así durante la reunión con la Confederación después de que, ante la situación de 'prealerta' por sequía, desde el pasado viernes se haya conectado el embalse de Alcorlo con la potabilizadora de Mohernando para garantizar el suministro de agua, dado que Beleña apenas alberga seis hectómetros cúbicos. De hecho, ha asegurado que durante el encentro, el presidente de la CHT no manifestó ninguna oposición a reclamar o recuperar ese proyecto y ha hecho hincapié en que esa inversión estaba planificada e incluso se sometió a información pública en el 2010

Asimismo, ha confirmado que en la reunión se realizó un repaso de las medidas a adoptar por parte de los distintos ayuntamientos en cuanto a los planes de sequía. En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, ha explicado que lleva desde el año 2007 con una reducción en el consumo de agua tanto en abastecimiento como de fugas.

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Javier Mateo, y la concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad, Eva Jiménez, han participado este domingo en la concentración convocada por el Grupo de ONGD de Toledo en la plaza del Ayuntamiento para exigir que el Gobierno central que cumpla su compromiso de acogida de personas refugiadas.

De esta manera, el Gobierno local expresa su apoyo a este acto reivindicativo en el que se ha leído un manifiesto que recuerda que faltan 16 días para que acabe el plazo para acoger a las 17.337 personas refugiadas que el Gobierno español se comprometió a acoger. No obstante, “hasta ahora, solo han llegado 1.888; 17 personas a Toledo y 45 a Castilla-La Mancha”. Aparte de leerse el manifiesto, se han colocado sillas vacías para hacer ver que los toledanos “siguen esperando para acoger a las personas refugiadas”.

Esta iniciativa forma parte de la campaña que, bajo el lema 'Venid Ya', diversas organizaciones a nivel nacional están desarrollando para pedir al Gobierno que cumpla su compromiso de acogida de más de 17.000 personas, tal como le asignó la UE hace casi dos años, recordando que la UE no descartó sanciones a los países que no cumplieran con la cuota asignada.

De esta forma, el Gobierno local vuelve a expresar su apoyo a las movilizaciones para demandar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las personas refugiadas, como ya lo hiciera con su adhesión a la Red de Ciudades Refugio o con el respaldo a diferentes manifestaciones de asociaciones que trabajan con desplazados y que han contado igualmente con el respaldo de toda la Corporación municipal.

Las elecciones municipales y autonómicas de 2016 representaron para mucha gente el inicio de un camino hacia un cambio político en todo el país. Se continuaba con una tendencia iniciada en las calles y las plazas por el 15M, marcada por la necesidad de modificar las formas de hacer política, toda vez que las elecciones europeas de 2014 habían alterado el panorama político estatal dando alas a la esperanza.

Análisis de todo el proceso posterior ya los ha habido y para todos los gustos, desde unas y otras perspectivas, hasta llegar a las elecciones generales de 2015 y de 2016. Baste decir que el resultado final fue frustrante para una gran parte de la población.

Pero este artículo va de lo que toca ahora, que es gestionar la frustración. Toca trabajar con la gente para flexibilizar sus expectativas y ofrecerle alternativas aceptables.

Arrancó agosto con un encendido debate relacionado con la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Contestado y criticado en el interno de la organización por las formas de su adopción y por el fondo de sus contenidos, desató en Twitter (la red social gobernada por las hordas de la nueva política) una tormenta entre militantes y dirigentes hasta que una votación individualizada finalmente consolidó la decisión. En contraste con el ruido de unos, el PSOE se limitó a un debate sin votación en las asambleas y sin mayor pena ni gloria. Mientras, el PP se lanzaba a una campaña que, de exagerada, más pareciera ser paródica sobre los cuernos y el rabo de la nueva coalición.

Tratando con asepsis la relación y cronología de los hechos más relevantes (sin entrar en detalles, que los hay y probablemente sustanciales), se adivina una deriva que, al margen de cuestiones puntuales, apunta hacia un beneficio mutuo que repercute negativamente en un tercero, el que está comprensiblemente cabreado. Veamos:

1.- Podemos y PSOE firman un acuerdo de investidura que saca a Cospedal del gobierno. Una buena noticia.

2.- Ambas formaciones firman un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de 2016 que pretende reforzar la sanidad, la educación, los servicios públicos y las políticas de emergencia.

3.- Como ya conocemos a [García-]Page, a algunos no nos sorprende el momento en que Podemos da por muerto el acuerdo de investidura debido a los incumplimientos que, en opinión de la formación morada, ha incurrido el gobierno regional.

4.- PSOE inicia conversaciones con Podemos para negociar los presupuestos de 2017.

5.- Podemos, tras un aparente acuerdo, vota en contra de los Presupuestos de 2017 y el Gobierno regional entra en un momento de bloqueo que lleva a Page a proponer una anticipación de elecciones.

El hartazgo de la gente, el desencanto y unas cuestionables expectativas electorales invitan a plantearse el acuerdo por ambas partes. Sin embargo, para algunos de nosotros, más allá de empatizar con el malestar de ciertos miembros de la organización y de la gente de su entorno ante la trayectoria aparentemente errática de Podemos respecto a su relación con el PSOE, cabe introducir en la ecuación lo aprendido tras los dos procesos de elecciones generales: por un lado, que el Parlamento no es capaz de cambiar las políticas que hace el PP en el gobierno, más allá de titulares puntuales; por otro, que la gente de izquierdas necesita resultados medibles y cuantificables para reeditar su confianza. Si no los encuentra, prefiere pasarse a la abstención.

Podría entenderse la suspicacia de una parte de Podemos acerca de la credibilidad de Page y su gobierno. Sin embargo y visto a la inversa, precisamente por esa desconfianza hacia el grado de cumplimiento que el PSOE sea capaz de desarrollar en torno a los acuerdos que alcanza, sería más recomendable aumentar el nivel de implicación en el Gobierno para garantizar ciertos logros a la vez que se demuestra que la capacidad de gestión va más allá de la simple teoría. Porque los ciudadanos nos jugamos mucho en las medidas de rescate, la recuperación de servicios en sanidad, educación y dependencia, en la puesta en marcha de rentas mínimas; también en la ordenación del territorio, del medio ambiente o de la investigación...

Así pues, con todas las salvaguardas del mundo, y siendo conscientes de las dificultades que implica cogobernar con un partido sustentado por criterios y lenguajes diferentes, desde Izquierda Abierta somos conscientes de que es mejor desear suerte a Podemos Castilla-La Mancha que declamar por “sapos y culebras” la pérdida del todo en el intento de conseguir una parte. Por el bien de la izquierda, si Podemos ha venido como partido a cambiar las cosas, es mejor ir bandeándose y metiéndose en el barro. Solo nos cabe desear que las mismas posibilidades empiecen a abrirse en el Parlamento nacional para que, al igual que en Castilla-La Mancha, se elimine la situación actual de bloqueo (y retroceso) de la que solo se beneficia el gobierno de Mariano Rajoy.

Gaspar Llamazares es portavoz de Izquierda Abierta (IzAb) y Eva Jiménez es concejala de Ganemos Toledo y miembro de la Ejecutiva de IzAb

La semana pasada, y con motivo de una moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, se debatió en el Congreso sobre la política del Gobierno respecto a la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. El debate, demasiado amplio como para profundizarlo en una sesión parlamentaria con tiempo limitado, sólo daba para un posicionamiento genérico que se tradujo en una transaccional planteada conjuntamente por el propio Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto, respaldada por la mayoría del parlamento.

No voy a hablar de sus matices ni a entrar a debatir algunas posturas argumentadas por unos y otros, pues los cambios de modelo energético y de transporte -relacionados ambos con la calidad del aire- son complejos. Sí están claras las demandas generales. Grosso modo, para el energético se trata de evolucionar hacia un modelo de producción de energía distribuida y que fomente el autoconsumo; para el modelo de transporte, de promover el uso mayoritario del transporte público y colectivo y tender a reducir viajes. Lo que sí afirmaré es que nada indica un avance en estas direcciones y, después de escuchar al Gobierno, nada indica tampoco que se está planteando si quiera parecido.

En realidad, todo lo anterior me ha servido para ahondar en algo que hace tiempo me ronda la cabeza: ¿Por qué ese inmovilismo en la transformación del modelo energético? ¿Por qué en un país como España, sobrado de sol y viento, donde sería más que lógico un modelo de generación distribuida? Es indiscutible que las relaciones de poder, el juego de intereses y la ideología de quienes dirigen la gestión son razones contundentes para entender la deriva en política energética. Sin embargo, me voy a poner las gafas moradas, convencida de que particularizar el cuestionamiento de la brecha de género en el sector energético es uno de los primeros pasos para iniciar cambios de tendencia.

Busco en Google “energía y mujer” o “mujer y modelo energético”. Me devuelve respuestas variopintas: desde la organización de carreras deportivas hasta la propia energía y dinamismo de la mujer, pasando por las repercusiones de la pobreza energética sobre las mujeres o la relación de la mujer con la energía (que tiene que ver con el reparto de los roles de género). Sólo un enlace conduce a la necesaria acción para la promoción del espíritu empresarial de las mujeres en el sector energético, pero es en países en desarrollo. Se refiere a la convocatoria de subvenciones que la Unión Europea publicó con motivo del 8M, para proyectos que promocionen el espíritu empresarial de las mujeres en el sector energético sostenible sobre “Mujeres y Energía Sostenible”.

Sabemos, por tanto, que la energía condiciona la vida de las mujeres, pero no nos preguntamos si las mujeres son capaces de condicionar la energía. Al menos la búsqueda “mujer y electricidad” me muestra enlaces referidos a mujeres relevantes en la historia de la energía eléctrica, como Hertha Marks, olvidadas como suele suceder, a pesar de que sus inventos llegaron a tener más relevancia que los de muchos de sus coetáneos. Pero tengo que introducir las claves “mujer líder energía” para encontrarme con términos como el empoderamiento femenino en el sector energético, aunque enfocado a la importancia de que las mujeres sean capaces de desarrollar sistemas de autoconsumo y energía distribuida de forma aislada.

Encuentro una sola entrada que habla del aumento de mujeres en un consejo de administración. Es autobombo de Iberdrola, que dice de sí misma ser la única que duplica el peso de las mujeres en su Consejo de Administración en relación con el resto de empresas del Ibex 35. Y no niego que su 35% no sea un mérito, pero el dato certifica que el papel de la mujer en el modelo energético es minoritario y eso, insisto, dificulta el cambio que desde todos los espectros de la vida política, económica, social y ambiental se reclaman. ¿Qué pasaría si creciese el número de mujeres con capacidad de decisión en la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria (3 de 9), en el Consejo de Administración de Red Eléctrica (3 de 14), en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (4 de 12) o en las Eléctricas en sí (0 de 12 mujeres en el órgano de dirección de UNESA)?.

La escasa presencia de mujeres es síntoma de que algo falla. ¿Y qué capacidad de influencia van a tener una o varias mujeres en un ámbito de poder masculino que opera de una forma prediseñada y difícil de transformar? Porque no sólo reivindico aquí el aumentar en número, quisiera multiplicar la capacidad decisoria e influencia para transformar de las mujeres.

De hecho, creo que no podemos mantener el cambio de modelo energético sin apostar seriamente por el incremento de mujeres en carreras técnicas e ingenierías y empoderando a las mujeres para que trabajen en proyectos energéticos desde la base, respaldados e impulsados por otras mujeres de esos consejos de administración. Las mujeres somos más perseverantes y nuestras formas de liderazgo y empatía también hacen que las empresas ganen dinero.

En estos tiempos, más del 50% del alumnado universitario son mujeres, pero solo el 25% elige estudios de ingeniería y arquitectura. Es llamativo que en edades tempranas la mayoría de las niñas aventajan a los niños en todas las materias, incluyendo matemáticas. Sin embargo, hay muy pocas mujeres en el mundo de la ingeniería y las pocas que hay no se visibilizan. Mientras en otros países se invierte en fomentar las vocaciones tecnológicas, España es exportadora de ingenieros (y por supuesto, de ingenieras).

Para ilustrar lo que las mujeres somos capaces de conseguir cuando se da un marco adecuado y se potencia el empoderamiento femenino en el ámbito de las ingenierías y las ciencias, pondré el ejemplo de Solar Sister (hay otros y muy destacados), que con un 57% de mujeres en su junta de dirección, trabaja en fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres para erradicar la pobreza energética en zonas rurales de África con energías limpias.

En definitiva, cambiar el modelo energético pasa por resolver la brecha de género que existe en el modelo formativo, en su plasmación profesional y empresarial, en la orientación de la política gubernamental. Porque sí, y esta es mi respuesta: las mujeres empoderadas somos capaces de condicionar la energía. E intuyo que el cambio de modelo y su poder de transformación social también van por ahí.

La semana pasada, y con motivo de una moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, se debatió en el Congreso sobre la política del Gobierno respecto a la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. El debate, demasiado amplio como para profundizarlo en una sesión parlamentaria con tiempo limitado, sólo daba para un posicionamiento genérico que se tradujo en una transaccional planteada conjuntamente por el propio Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto, respaldada por la mayoría del parlamento.

No voy a hablar de sus matices ni a entrar a debatir algunas posturas argumentadas por unos y otros, pues los cambios de modelo energético y de transporte -relacionados ambos con la calidad del aire- son complejos. Sí están claras las demandas generales. Grosso modo, para el energético se trata de evolucionar hacia un modelo de producción de energía distribuida y que fomente el autoconsumo; para el modelo de transporte, de promover el uso mayoritario del transporte público y colectivo y tender a reducir viajes. Lo que sí afirmaré es que nada indica un avance en estas direcciones y, después de escuchar al Gobierno, nada indica tampoco que se está planteando si quiera parecido.

En realidad, todo lo anterior me ha servido para ahondar en algo que hace tiempo me ronda la cabeza: ¿Por qué ese inmovilismo en la transformación del modelo energético? ¿Por qué en un país como España, sobrado de sol y viento, donde sería más que lógico un modelo de generación distribuida? Es indiscutible que las relaciones de poder, el juego de intereses y la ideología de quienes dirigen la gestión son razones contundentes para entender la deriva en política energética. Sin embargo, me voy a poner las gafas moradas, convencida de que particularizar el cuestionamiento de la brecha de género en el sector energético es uno de los primeros pasos para iniciar cambios de tendencia.

Busco en Google “energía y mujer” o “mujer y modelo energético”. Me devuelve respuestas variopintas: desde la organización de carreras deportivas hasta la propia energía y dinamismo de la mujer, pasando por las repercusiones de la pobreza energética sobre las mujeres o la relación de la mujer con la energía (que tiene que ver con el reparto de los roles de género). Sólo un enlace conduce a la necesaria acción para la promoción del espíritu empresarial de las mujeres en el sector energético, pero es en países en desarrollo. Se refiere a la convocatoria de subvenciones que la Unión Europea publicó con motivo del 8M, para proyectos que promocionen el espíritu empresarial de las mujeres en el sector energético sostenible sobre “Mujeres y Energía Sostenible”.

Sabemos, por tanto, que la energía condiciona la vida de las mujeres, pero no nos preguntamos si las mujeres son capaces de condicionar la energía. Al menos la búsqueda “mujer y electricidad” me muestra enlaces referidos a mujeres relevantes en la historia de la energía eléctrica, como Hertha Marks, olvidadas como suele suceder, a pesar de que sus inventos llegaron a tener más relevancia que los de muchos de sus coetáneos. Pero tengo que introducir las claves “mujer líder energía” para encontrarme con términos como el empoderamiento femenino en el sector energético, aunque enfocado a la importancia de que las mujeres sean capaces de desarrollar sistemas de autoconsumo y energía distribuida de forma aislada.

Encuentro una sola entrada que habla del aumento de mujeres en un consejo de administración. Es autobombo de Iberdrola, que dice de sí misma ser la única que duplica el peso de las mujeres en su Consejo de Administración en relación con el resto de empresas del Ibex 35. Y no niego que su 35% no sea un mérito, pero el dato certifica que el papel de la mujer en el modelo energético es minoritario y eso, insisto, dificulta el cambio que desde todos los espectros de la vida política, económica, social y ambiental se reclaman. ¿Qué pasaría si creciese el número de mujeres con capacidad de decisión en la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria (3 de 9), en el Consejo de Administración de Red Eléctrica (3 de 14), en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (4 de 12) o en las Eléctricas en sí (0 de 12 mujeres en el órgano de dirección de UNESA)?.

La escasa presencia de mujeres es síntoma de que algo falla. ¿Y qué capacidad de influencia van a tener una o varias mujeres en un ámbito de poder masculino que opera de una forma prediseñada y difícil de transformar? Porque no sólo reivindico aquí el aumentar en número, quisiera multiplicar la capacidad decisoria e influencia para transformar de las mujeres.

De hecho, creo que no podemos mantener el cambio de modelo energético sin apostar seriamente por el incremento de mujeres en carreras técnicas e ingenierías y empoderando a las mujeres para que trabajen en proyectos energéticos desde la base, respaldados e impulsados por otras mujeres de esos consejos de administración. Las mujeres somos más perseverantes y nuestras formas de liderazgo y empatía también hacen que las empresas ganen dinero.

En estos tiempos, más del 50% del alumnado universitario son mujeres, pero solo el 25% elige estudios de ingeniería y arquitectura. Es llamativo que en edades tempranas la mayoría de las niñas aventajan a los niños en todas las materias, incluyendo matemáticas. Sin embargo, hay muy pocas mujeres en el mundo de la ingeniería y las pocas que hay no se visibilizan. Mientras en otros países se invierte en fomentar las vocaciones tecnológicas, España es exportadora de ingenieros (y por supuesto, de ingenieras).

Para ilustrar lo que las mujeres somos capaces de conseguir cuando se da un marco adecuado y se potencia el empoderamiento femenino en el ámbito de las ingenierías y las ciencias, pondré el ejemplo de Solar Sister (hay otros y muy destacados), que con un 57% de mujeres en su junta de dirección, trabaja en fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres para erradicar la pobreza energética en zonas rurales de África con energías limpias.

En definitiva, cambiar el modelo energético pasa por resolver la brecha de género que existe en el modelo formativo, en su plasmación profesional y empresarial, en la orientación de la política gubernamental. Porque sí, y esta es mi respuesta: las mujeres empoderadas somos capaces de condicionar la energía. E intuyo que el cambio de modelo y su poder de transformación social también van por ahí.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha presidido la reunión del Consejo del Pacto por el Tajo en la que se han aprobado acciones dirigidas a la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre la situación del río, para lo que se solicita la implicación de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la complicidad de otras administraciones como la Junta de Castilla-La Mancha.

Previamente al encuentro, la concejal de Obras y Servicios Públicos Medioambientales, Noelia de la Cruz, ha explicado que las propuestas, elaboradas por la ponencia técnica que asiste al Consejo y miembros del mismo, tienen como objetivo “lograr la sensibilización ciudadana a través de la información, la formación y la recuperación del entorno natural y patrimonial que el río nos proporciona”.

De este modo, se ha aprobado la puesta en marcha de actividades relacionadas con la educación ambiental, “no sólo en el ámbito escolar”, con la organización de visitas, jornadas, conferencias, certámenes y otras acciones dirigidas a promover la participación de los ciudadanos. Asimismo, se va a trabajar en la puesta a disposición de todo el mundo, “en tiempo real y con el mayor rigor posible”, del estado de la calidad del río y la evolución de los parámetros, para lo que se habilitarán espacios web específicos “y otros medios técnicos de difusión que acerquen la información a quien quiera consultarla”.

Por otra parte, coincidiendo con el 30 Aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se proponen medidas de protección y recuperación del patrimonio histórico, ecológico y natural asociado al Tajo. Además, la Universidad de Castilla-La Mancha será protagonista de actuaciones de investigación y rehabilitación de las riberas en el entorno del campus de la Fábrica de Armas.

Se incluyen iniciativas para poner en valor el patrimonio natural y monumental en torno al río y usos del agua en Toledo “para que sirva de recurso turístico de primer orden”, por lo que se propone recuperar, potenciar y mantener la Senda Ecológica como referente dinamizador del acercamiento del Tajo a los ciudadanos.

Petición a la CHT y llamamiento a la movilización social

Por otro lado, se ha aprobado solicitar la colaboración en estas acciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como su implicación para destinar recursos para la conservación del río. También se ha dado el visto bueno a solicitar a la Junta de Comunidades y al resto de administraciones su complicidad en la defensa del Tajo y la puesta en marcha de medidas tendentes a garantizar el paisaje cultural de la ciudad y del que el Tajo forma parte.

En el seno del Consejo también se ha realizado un seguimiento de la solicitud acordada en la pasada reunión, en el que se aprobó solicitar a la CHT los informes y datos oficiales que aclarasen el episodio de espumas del 15 de octubre, si bien “seguimos sin tener esa información ni esa explicación que reclamamos todos los toledanos”. A cambio, “se nos han iniciado diferentes expedientes sancionadores que en ningún caso justifican la aparición de espumas en aquellas fechas y mucho menos son el origen de las mismas”, ha recalcado la concejal, quien ha manifestado que el Consistorio ha presentado las correspondientes alegaciones.

Por su parte, Ganemos Toledo, que gobierna con el PSOE en el Ayuntamiento, ha propuestao en la reunión del Pacto que ante la situación del Tajo se llame a la ciudadanía a protestar ante el Ministerio de Medio Ambiente, contra las políticas hídricas que “están poniendo en peligro la supervivencia del río, siendo una de sus expresiones más preocupantes  los sucesivos trasvases”.

La concejal Eva Jiménez ha reiterado en el curso de la reunión la importancia de “apelar a la movilización social y la respuesta ciudadana para defender nuestro río frente a las políticas del Ministerio”. Además, ha propuesto que las actuaciones de sensibilización, formación e investigación sobre el río se integren dentro de las actividades del XXX aniversario para “lograr conectar más la ciudadanía con el río y como parte de la historia y el patrimonio natural de la ciudad que hoy peligra”.

 El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Jesús Labrador, ha decidido retirar la demanda interpuesta contra el equipo de gobierno local, por la vía de lo contencioso-administrativo por lo que consideran “falta de información y transparencia” en torno a la gestión que Tagus realiza del agua en la ciudad.

La retirada de la demanda se produce después de que el Grupo Popular perdiese otras dos demandas, con las mismas motivaciones, en torno a la carpa instalada en el centro ‘Toletvm’ y que acogió las últimas ediciones de FARCAMA, así como la correspondiente  a la documentación relativa a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Fuentes populares han comentado a eldiarioclm.es que la decisión de retirar la demanda responde a que en la última Comisión de Hacienda celebrada en el seno del Ayuntamiento de Toledo, el Gobierno municipal se ha “comprometido” a facilitar toda la información correspondiente sobre Tagus. “Daremos un tiempo razonable y si no, se volverá a presentar la demanda”, aseguran las mismas fuentes.

José Pablo Sabrido, portavoz del gobierno municipal y concejal de Hacienda recuerda que el PP “le dio mucha publicidad en la prensa” al mensaje sobre la supuesta falta de transparencia del equipo de gobierno y llegó a presentar hasta cuatro demandas. “La primera sobre el nuevo Hospital de Toledo la retiró y ahora también la relativa a Tagus y perdió las otras dos con sentencia que condenaba al PP a pagar las costas”, recuerda.

Sabrido recuerda que la retirada de la demanda relacionada con Tagus se produce después de la fase judicial de prueba testifical. “Estoy convencido de que la ha retirado ante la inminencia de otra sentencia en contra, con condena en costas. Se pone de manifiesto su frivolidad a la hora de presentar las demandas”. El concejal reitera que lo único que se ha buscado es tener “un altavoz” en los medios de comunicación.

También señala que “de forma reiterada ha venido pidiendo un documento sobre Tagus que no existe. Los técnicos se lo habían comunicado”. La Comisión de Hacienda ya facilitó al Grupo Popular, asegura, un documento en el que el economista municipal recomendó no subir el agua en Toledo durante el año 2017. “Cuando se le entregó, se le dijo que este ha sido el único informe elaborado sobre Tagus desde el año 2014”.

Y es que hace dos años se aprobó la propuesta de reequilibrio económico-financiero en el contrato con Tagus, la gestora del abastecimiento de agua y alcantarillado de la ciudad. Un documento que supuso rebajar en 70 millones de euros el plan de inversiones y, a cambio, no se subiría el agua a los contribuyentes. “No hay nuevos documentos de reequilibrio”, matiza Sabrido.

“Ha hecho perder tiempo y dinero al Ayuntamiento”

Eva Jiménez, concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad cree que Jesús Labrador “ya se ha dado dos batacazos con sentencias que no le dieron la razón y ahora su postura viene a reconocer  que tampoco la iba a tener con Tagus y ha retirado la demanda”.

La también concejala de Ganemos Toledo recuerda que ya se puso a disposición del Grupo Municipal del PP “toda la documentación posible en cuanto la hubiese”. Recuerda que  la correspondiente al equilibrio económico-financiero de la contrata del año 2014 ya fue entregada y confirma el argumento de Sabrido. “El que pide es un informe que no existe y en base a eso es imposible que la Justicia le hubiera dado la razón”.

La concejala insta a Labrador a “hacer oposición de verdad, sin intentar judicializar cosas y utilizarlas como armas arrojadizas que no son ciertas y que hacen perder tiempo y dinero al Ayuntamiento y a los servicios jurídicos”. En su opinión, poner una denuncia sobre vulneración de derechos fundamentales, en este caso aludiendo a una supuesta falta de transparencia e información por parte del equipo de Gobierno hacia la oposición, “es una cosa muy seria y resulta de risa porque Jesús Labrador pasa por el Ayuntamiento, habla con los técnicos que quiere y le proporcionan toda la información que pide. Su oposición es chapucera y tiene mucho campo para hacer otra más real”.

Toledo acoge este viernes las I Jornadas de Energía Verde, Economía Social y Ciudadanía en el Centro Social del barrio de Santa María de Benquerencia organizadas por la Unión Nacional de Cooperativas Eléctricas de Energías Renovables (UNCCUER) y Econactiva, la cooperativa castellano-manchega con sede en Guadalajara, como anfitriona.

El presidente de Econactiva, Ramón Arizala, ha resaltado la importancia de “enseñar y explicar a la ciudadanía” cómo se puede, desde la economía social, influir en el modelo de desarrollo energético que, a fin de cuentas, comentaba, “afectará a nuestros hijos y a aspectos tan importantes como el calentamiento global”.

Las cooperativas integradas por consumidores, añadía, “pretenden dar la voz a la ciudadanía” para que también pueda participar “de forma efectiva” en el desarrollo del nuevo sector eléctrico. “Hay que evitar que esté solo en manos de consejos de administración o empresas, cuyo único fin es el lucro sin tener en cuenta el bienestar de la ciudadanía”.

En este sentido, cree que es importante la “colaboración” de las administraciones públicas. “La Administración tiene que entender que sus interlocutores no son exclusivamente grandes actores como son las eléctricas”. En su opinión, “lo suyo es que entienda que existen otros modelos de desarrollo que cuentan con criterios de sostenibilidad y de respeto medioambiental y que pueden tener una viabilidad económica para que en el futuro las cooperativas subsistan por sí solas”.

El encuentro de hoy, al que se puede acceder libremente, tiene como objetivo difundir los valores de las cooperativas de energía verde y su contribución al desarrollo de la llamada economía social y ciudadana, mediante el fomento de la energía renovable.

La “relevancia” de las administraciones

Eva Jiménez, concejala Alumbrado y Servicios Energéticos de Toledo, que trabaja también en aspectos relacionados con la sostenibilidad y que colabora en la jornada, acaba de llegar de la X Asamblea de la Red de Ciudades por el Clima. Explica que en este encuentro nacional, entre otras cosas, “se habló de definir la relevancia que tienen las administraciones locales en la lucha contra el cambio climático”. Reconoce que faltan recursos y financiación pero que se puede trabajar la eficiencia energética.

De hecho, el Ayuntamiento de Toledo ya trabaja en proyectos relacionados con el alumbrado para que sea más eficaz y también más barato a través de energías “100% verdes”. Y añade, “queremos hacer lo mismo en los edificios municipales” y en definitiva, aboga por un cambio en el modelo energético también aplicado a los pueblos y ciudades.

Cree que aún hay mucho campo por explorar a través de las ordenanzas municipales o en el desarrollo de los instrumentos de planificación urbanística, como el POM, el plan de ordenación municipal en el que ya trabaja la ciudad. “Se puede trabajar con ordenanzas reguladoras de energías renovables y promover edificios de emisiones cero. Las administraciones locales tenemos muchas herramientas que hay que ir desarrollando poco a poco”, explica.

“Lo fundamental es conseguir la democratización del uso de la energía y ahí el papel de las cooperativas es fundamental porque también hay que tener en cuenta a los pequeños productores”, señala.

José Manuel Martín Aparicio, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, explicaba que el Gobierno regional trabaja de manera “transversal” en todo lo que tiene que ver con la energía verde y el ahorro energético.

“Hay una apuesta clara del Gobierno de Castilla-La Mancha”, aseguraba, y puso como ejemplo las ayudas de la Consejería de Economía destinadas a la sustitución de calderas o electrodomésticos en el hogar por otros más eficientes o la línea de la Consejería de Bienestar Social para paliar la pobreza energética de la que se han beneficiado más de 20.900 personas o la reapertura de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha “que permaneció cerrada durante cuatro años”.

Ganemos Toledo respalda que en el próximo Consejo Municipal de Medio Ambiente, que se celebra el día 31 de marzo se incluya como punto del orden del día ofrecer información sobre la situación y actuaciones municipales en relación con los vertidos de fibrocemento depositados en la zona del arroyo de Ramabujas de la ciudad.

Para la concejala Eva Jiménez, que participa en este órgano como representante de Ganemos Toledo, la transparencia y la información en materia medioambiental y de salud pública deben ser “una de las características inexcusables para la gestión municipal, de manera especial en cuestiones como esta”. Por eso ha valorado positivamente que se ofrezca información detallada poniendo a disposición de las organizaciones, partidos y ciudadanía datos sobre las actuaciones que se están llevando a cabo.

Pero desde Ganemos se reitera la preocupación ante la existencia del vertido al tratarse de materiales  “tóxicos y peligroso”, por lo que la concejal a elevará esta postura al Consejo pidiendo que se acometan a la mayor brevedad, actuaciones que “mitiguen cualquier riesgo de dispersión de las fibras de amianto en el medioambiente dada la proximidad con zonas residenciales”.

Jiménez sitúa las competencias directas en la Junta aunque plantea la necesidad de un papel activo del Ayuntamiento. “Siendo conscientes de que las competencias y la responsabilidad directa para acometer el problema le corresponde fundamentalmente a la Junta, a los propietarios de los terrenos y los responsables del vertido, consideramos que el Ayuntamiento de la ciudad debe ofrecer un papel activo que nos consta viene manteniendo para agilizar y colaborar en una pronta solución”, concluye.

Considera  así prioritario adoptar a corto plazo  medidas para reducir el riesgo de dispersión de partículas o la retirada de los. “Cuando hablamos de amianto no hay límite de exposición seguro, el único nivel tolerable debería ser cero, máxime cuando no nos estamos refiriendo a una exposición laboral sino la posibilidad de que cualquier persona residente en la zona pudiese inhalar fibras presentes en el ambiente por proximidad  a la zona o por acceder al lugar donde se encuentran depositados los restos”, explica.

Ganemos Toledo quiere poner de manifiesto este 8 de marzo la existencia todavía en nuestros días de tremendas desigualdades por razón de género. La lucha por la igualdad debe ser una lucha transversal y diaria. Las instituciones y las personas con responsabilidades públicas tienen un papel fundamental a la hora de remover los obstáculos que impiden una igualdad real, promoviendo cambios para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos que las leyes y la constitución reconocen a las mujeres y que son sistemáticamente incumplidos.

No es aceptable para una sociedad democrática y moderna la persistencia de valores y situaciones discriminatorias que se expresan en todos los órdenes de nuestra vida en la sociedad actual.

La crisis y las políticas desarrolladas durante la legislatura del PP en nuestro país han generado un preocupante retroceso para los derechos de las mujeres hasta el punto de que organismos internacionales como la ONU suspenden a España en materia de igualdad de género en sus  informes con datos demoledores que vienen a advertir sobre incumplimientos de los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español en el materia de la igualdad de género y no discriminación.

Estos informes de la ONU alertan de retrocesos y de la falta de medidas encaminadas a la lucha contra la discriminación por motivos de género en nuestro país, que afecta a materias tan importantes como la violencia de género, igualdad, salud, empleo, derechos sexuales y reproductivos, el desempleo, la protección social, las consecuencias de las políticas de austeridad, la reforma laboral, migración, discapacidad, educación, estereotipos, medios de comunicación, participación de la mujer en la vida pública y política y acceso a la justicia.

Estos son algunos de los datos que describen la situación:

La diferencia entre el salario medio anual de mujeres y hombres, según la última Encuesta de Estructura Salarial, fue de 6.160 euros, lo que representa que el salario medio femenino fue el 76% del masculino. Los contratos temporales alcanzaron el 91,2% del total, mientras los contratos indefinidos, a tiempo completo, apenas llegaron al 4,66%. El aumento de personas desempleadas, de las que 2.218.273 son mujeres, lo que constituye el 53,44% del paro registrado.

La tasa de actividad de las mujeres es del 53,7% y la tasa de empleo del 41,05%, lo que representa una brecha respecto a los hombres de 12 y 11 puntos respectivamente. Se incrementan las mujeres con jornada a tiempo parcial, en el total del empleo femenino, que pasan del 22,9% en 2011 al 25,6%, más de dos puntos tras la reforma laboral del PP.

Un reciente informe de la Fundación Adeco ponía de manifiesto los siguientes datos: alrededor de 1.500 mujeres mayores de 45 años buscan su primer empleo en Castilla -La Mancha. Todas ellas están especialmente expuestas al riesgo de exclusión social y laboral. Por el contrario sólo 126 hombres de esta edad, en Castilla -La Mancha, buscan su primera oportunidad laboral.

La violencia de género es quizás la más dramática expresión de las consecuencias de esa desigualdad por eso es necesario seguir concienciando y luchando para cambiar esta realidad de nuestra sociedad. En lo que va de año han sido asesinadas 11 mujeres,  en el 2015 fueron 57 las mujeres asesinadas, 215 mujeres perdieron su vida  en esta legislatura que dejamos atrás.

Una jornada de reivindicación y lucha internacional

Esta fecha es una jornada de reivindicación y lucha internacional, por eso no queremos olvidar la situación de millones de mujeres en el resto del mundo. Más allá de nuestras fronteras la mujeres vive momentos también difíciles, los conflictos bélicos se ceban una vez más con ellas ante la impasibilidad de los organismos internacionales y los estados, lo estamos viendo cotidianamente en relación a las guerras existentes en todo el mundo pero también en el drama humanitario que se vive a las puertas de las fronteras europeas con las refugiadas. En esos conflictos las mujeres además de sufrir las consecuencias de los choques armados son víctimas de violaciones, abusos y humillaciones de todo tipo.

En este 8 de marzo queremos llevar a la conciencia de nuestra sociedad esta realidad y hacer un llamamiento para que se adopte una actitud activa frente a estas injusticias.

Ganemos Toledo ha participado como miembro del Consejo Local en la elaboración del programa de actividades con motivo de este día, en este sentido hacemos un llamamiento a participar en los actos programados, entre ellos en el acto central que tendrá lugar mañana a partir de las 18 horas con una batukada y la posterior lectura del manifiesto. 

El Ayuntamiento de Toledo se plantea mejorar la actual red de saneamiento y abastecimiento de agua en la ciudad. Su gestión es uno de ‘dolores de cabeza’ de muchos municipios españoles y el caso de la capital castellano-manchega no es diferente. Actualmente, es una concesionaria externa, Tagus, la que gestiona un servicio que tiene adjudicado por 25 años.

El nuevo equipo de Gobierno acaba de encargar a la concesionaria un mapa detallado de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua así como la redacción de dos planes directores que recojan las necesidades de inversión.

Los datos de un primer diagnóstico son elocuentes. Para poner al día la red de abastecimiento de agua, Toledo necesitaría inversiones por valor de 46 millones de euros, sin contar con los nuevos desarrollos que se prevén en la ciudad y que sumarían otros 30 millones de euros.

Mientras, el  Plan Director de Saneamiento “aún en pañales”,  recoge necesidades de inversión de unos 12,5 millones de euros y la concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad, Eva Jiménez, no descarta que deba contar también con un control estricto de vertidos o filtraciones al terreno para proteger la ‘salud’ del río Tajo a su paso por la ciudad. En este sentido, apunta la necesidad de disponer de “una canalización adecuada”.

Ambos planes son “documentos vivos” que fraguarán un documento global de actuaciones. De hecho, Tagus debería invertir con un ritmo anual de 1,9 millones de euros para cumplir con el objetivo de mejorar la gestión del servicio y prevenir averías en la red, pérdidas innecesarias de agua y optimizar los consumos, en este caso, mediante una campaña de sensibilización ciudadana que la concejala ya tiene en mente.

Una red obsoleta que provoca constantes averías

Una red obsoleta que provoca constantes averíasBajo el suelo de cualquier barrio de la ciudad hay un denominador común. Una vieja red de distribución del agua y un sistema de saneamiento obsoleto en muchos lugares. Los problemas más acuciantes están en el Casco Histórico y en el barrio de Santa María de Benquerencia (Polígono).

En el caso del Casco,  la mayoría de las canalizaciones tienen más de 40 años y son de hierro de fundición gris, una aleación problemática que da lugar a constantes roturas ante un exceso de presión. Unas averías muy complejas de reparar, que necesitan de personal cualificado y que a menudo dejan sin suministro a los vecinos de la zona.

Mientras, en el Polígono las canalizaciones son en su mayor parte de fibrocemento, un material poco resistente a los cambios de presión por la diferencia de consumos que se producen entre la noche y el día. Hay zonas donde se ha sustituido por material de fundición dúctil o bien se han instalado válvulas reductoras de presión pero no es suficiente.

En otros barrios de la ciudad, los problemas pasan por diferencias de presión entre unas zonas y otras de la red (Buenavista) o falta de pendientes adecuadas en la red de saneamiento que dan lugar a malos olores.

“Tagus siempre ha hecho de su capa un sayo”

“Tagus siempre ha hecho de su capa un sayo”La concejala lleva siete meses al frente del departamento y asegura que Tagus “no está cumpliendo con los servicios concertados”. Cree que “no ha habido un control férreo sobre la concesión y las inversiones estaban por debajo de lo estipulado. Tagus siempre ha hecho de su capa un sayo”.

Ni siquiera hay datos al detalle sobre los niveles de consumo de la ciudad, la tipología de usuarios o de quejas por el servicio. “Se está perfilando un informe”.

 “Y luego hay inversiones que hay que hacer y que los ciudadanos no ven”, comenta. “Igual de viejos que las canalizaciones están los embalses. Al Ayuntamiento le corresponde la impermeabilización de las presas del Torcón y Guajaraz”. Un gasto añadido aunque las indemnizaciones, en caso de avería, las asume Tagus y no las arcas municipales.

El agua es apta para el consumo y su calidad…mejorable

El agua es apta para el consumo y su calidad…mejorableOtro de los objetivos del Ayuntamiento será mejorar los estándares de calidad de la potabilizadora. “La calidad actual del agua es buena porque los controles son exhaustivos” pero Eva Jiménez reconoce que en determinados periodos del año, como el verano, el agua ve afectadas sus características organolépticas y ni huele ni sabe tan bien.

¿Hay agua suficiente? Lo cierto, comenta, es que “se está haciendo muy largo el periodo de sequía y se han tomado algunas medidas regulatorias”.

En 2017 los toledanos pagarán más por el agua

En 2017 los toledanos pagarán más por el aguaLa concejala advierte de que antes del final de 2017 subirá el precio del agua en la ciudad. Y es que, en 2014, el Ayuntamiento dirigido por Emiliano García-Page dio luz verde al llamado “Restablecimiento del equilibrio económico-financiero” de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Entre otras cosas, el documento hoy vigente contempla la “revisión extraordinaria cada cinco años”, independiente de la revisión anual correspondiente al  IPC,  de las tarifas por consumo de agua establecidas en la Ordenanza Fiscal 18 de la ciudad que es la que regula la Tasa por suministro de agua. Y la primera revisión ha de hacerse “con anterioridad al 31 de diciembre de 2017”.

¿Será una revisión a la baja? Eva Jiménez lo descarta. “Tiene que ver con que en un momento dado se practicó el populismo y no se subió el agua lo que se debería, según indica la Directiva Marco del Agua. El precio del agua debería haber subido paulatinamente como en todas partes. Aquí eso no ocurrió y ahora vendrá de golpe”.

Actualmente, las tasas de agua a pagar que recoge la ordenanza varían dependiendo de la cantidad consumida y oscilan entre los 0,17 y los 1,28 euros por metro cúbico.

Las sugerencias de los vecinos

Las sugerencias de los vecinosDentro de este proceso, la  Concejalía de Servicios Públicos y Sostenibilidad junto con la Concejalía de Participación Ciudadana, han convocado un foro abierto para que los vecinos aporten sus propias sugerencias a los planes directores de abastecimiento y saneamiento

Entre sus consideraciones, la preocupación los problemas con las aguas fecales o residuales que han llegado a aflorar en determinadas calles de la ciudad o la capacidad de los colectores ante previsibles nuevos desarrollos urbanísticos.

¿Remunicipalizar?: ahora no es posible

¿Remunicipalizar?: ahora no es posibleEntre los proyectos a corto plazo de la concejala no está el de la remunicipalización del servicio de aguas aunque confiesa “haber pedido informes” para intentarlo. La gestión pública de los servicios municipales forma parte del ADN programático de su formación, Ganemos Toledo, que comparte tareas de Gobierno con el PSOE  pero reconoce escollos como los 15 años que aún le quedan de concesión a Tagus.

“Me quedo con aumentar el control e invertir las lógicas. Que no solo sea Tagus quien imponga además de implicar a la ciudadanía en las decisiones e inversiones. Quiero que haya visión de ciudad y no solo empresarial”.

La gestión del agua, un problema que trasciende lo municipal

La gestión del agua, un problema que trasciende lo municipal Precisamente esta semana Izquierda Unida  de Castilla-La Mancha denunciaba que uno de los problemas de gestión del agua que sufren los municipios “tienen la base en un modelo de gestión privado del agua” con subidas de precios, pérdida de control financiero o “escandalosos márgenes de ganancias”.

En este sentido, presentaba una moción ante las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno regional se adhiera al Pacto Social por el Agua Pública de la región y se incorpore a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento.

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado la puesta en marcha de dos medidas pioneras encaminadas al ahorro energético y que coinciden con la celebración de la Cumbre Mundial por el Clima de París. La primera de ellas consiste en auditorías energéticas en los edificios municipales, y la segunda en la finalización de los trabajos de telegestión del alumbrado público en el casco histórico de la capital regional.

La concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad, Eva Jiménez, ha sido la encargada de detallar estas iniciativas. En el caso de las auditorías ha explicado que el objetivo de “reducir el gasto energético con el consiguiente ahorro en el presupuesto e impacto para el medioambiente, ya que gestionar de forma eficiente es una obligación”. Se implantarán a partir del primer semestre del año próximo y contarán con una partida de 25.000 euros, una vez que queden aprobados los presupuestos municipales para 2016.

“El consistorio debe ser un referente en materia de buenas prácticas en la gestión de los recursos, porque en lo económico gestionamos recursos que son de todos, y en lo medioambiental es esencial que prediquemos con el ejemplo”, ha dicho Jiménez. “Queremos que los edificios municipales sean edificios ahorradores de energía, no despilfarradores, y más eficientes para que nos cuesten menos”.

En cuanto a la segunda medida, la edil ha adelantado la  finalización de los trabajos de instalación del nuevo sistema de telegestión del alumbrado público en el Casco Histórico que llevarán a la mejora de la iluminación nocturna en base a criterios de eficiencia y ahorro energético en el alumbrado público. El proyecto, financiado con fondos europeos, permitirá un control total y remoto sobre los horarios, el tono y la intensidad de las farolas, en función de la época del año, las condiciones meteorológicas, la concurrencia de la vía o actos puntuales, siempre en base a criterios de eficiencia energética y reduciendo la contaminación lumínica.

El sistema de telegestión del alumbrado público del Casco Histórico fue adjudicado a la empresa ‘Ferrovial Servicios S.A’ y afecta a 542 puntos de luz graduables en las calles Real del Arrabal, Venancio González, cuesta de Armas, cuesta de Carlos V, plaza de Zocodover, recorrido del Corpus y adyacentes, plaza de la Magdalena, Horno de la Magdalena, callejón del Lucio, Barrio Rey, plaza del Salvador, calle Ciudad, Santo Tomé y plaza de

Hace tres años la rotura del colector del Aserradero de Toledo se relacionó con un gran volumen de mortandad de peces en el río Tajo a su paso por Toledo. Fue uno de los problemas que se derivaron del deficiente estado de esta infraestructura de conducción de aguas residuales, unido a la falta de caudal del río, y al que se pone fin con las obras que se han iniciado a cargo, por un lado, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y por otro, de los tres ayuntamientos que lo utilizan: Toledo, Bargas y Olías del Rey. A estos trabajos han acudido hoy la alcaldesa de la capital regional, Milagrón Tolón; la concejal de Sostenibilidad, Eva Jiménez, y la de Medio Ambiente, Noelia de la Cruz. La visita ha incluido también las parcelas de La Abadía y El Beato en Toledo, hasta la nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) ubicada en la capital (Estiviel).

La alcaldesa ha indicado que esta obra soluciona un “problema histórico” que sufren los ciudadanos de Toledo, pero que está provocado principalmente por las aguas residuales de núcleos urbanos de los pueblos limítrofes y por el mal estado de la anterior infraestructura, deteriorada y obsoleta desde hace años. Así, ha puesto en valor el inicio de estos trabajos “gracias al acuerdo entre las administraciones” y que pone fin a una situación que perjudica a la ciudad, principalmente en los núcleos urbanos situados en la parte baja de San Antón que sufren los malos olores del antiguo colector.

Con esta obra, dado el mal funcionamiento de la vieja canalización, se termina con los vertidos de aguas negras al Tajo y supone un ejemplo en el objetivo del mantenimiento y conservación del río y su entorno medioambiental, que supone una prioridad para el equipo de Gobierno; “muchos deberían tomar nota de lo que estamos haciendo aquí”, ha dicho la regidora municipal.

Por su parte, la concejal de Obras y Medio Ambiente, Noelia de la Cruz, ha explicado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), inició las obras del colector Arroyo del Aserradero entre Bargas y Olías del Rey a principios de mes, unos trabajos financiados a partes iguales entre los tres municipios implicados.

Un colector de 4,5 kilómetros de longitud con una inversión de 2,4 millones de euros

Concretamente, el colector, de 4.500 metros de longitud y cuya inversión superará los 2,4 millones de euros, tendrá su origen en el pozo de registro existente en la margen izquierda del propio arroyo Aserradero, a la altura del área de servicio denominada 'La Abadía', y finalizará en una conexión a ejecutar a un emisario principal del municipio de Toledo, situado en la margen derecha del río Tajo. Las aguas residuales se canalizan aquí hasta el colector de Azucaica y, posteriormente, al EDAR de Estiviel.

El proyecto se completa con la ejecución de cuatro cruces bajo las infraestructuras existentes, lo que implicará la ejecución de más de 600 metros de hinca de tubería de hormigón armado DN1200. Los trabajos se han iniciado con el despeje y desbroce de la traza del colector, así como de las zonas previstas para la excavación de los pozos de entrada y salida de las hincas. Durante las próximas semanas se procederá a ejecutar los trabajos de excavación, colocación de tubería y pozos de registro y relleno, así como las perforaciones e hinca de tubería bajo las distintas infraestructuras viarias atravesadas. El plazo de ejecución es de 10-12 meses.

El presidente de la asociación de vecinos 'La Verdad', del barrio de San Antón, Andrés Ruiz, ha expresado la satisfacción del colectivo vecinal por el inicio de estos trabajos que van a solucionar un antiguo problema que sufren los residentes de la zona del Salto del Caballo. Además, esta obra “permitirá mejorar la imagen de una ciudad Patrimonio de la Humanidad en una de sus entradas principales”. También ha participado en la visita la concejal de Servicios Públicos, Eva Jiménez, así como representantes de la empresa Acuaes y de la constructora responsable de los trabajos.

Tras conocerse que un informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) cuestiona la idoneidad del emplazamiento previsto para el Almacén Temporal de Residuos, tanto Izquierda Unida como el PSOE han exigido la paralización de todas las obras del proyecto.

El informe considera que es necesario que Enresa, empresa pública que se encarga de la construcción, elabore al menos tres nuevos estudios geológicos, hídricos y sismológicos sobre la estabilidad del terreno y vuelve a plantear elementos sobre los que existen dudas desde el comienzo del proyecto.

Desde IU se plantea incluso paralizar toda licitación, contrato o avance en la construcción del cementerio hasta que, al menos, el CSN entienda que se cumplen los máximos estándares de seguridad y que los estudios sobre el suelo sean completos.

Eva Jiménez (co-responsable regional de medioambiente) ha asegurado además que su formación tiene clarísimo que el ATC no debe construirse por infinidad de motivos y cuestiones que, a la larga, serán perniciosas para la comarca en vez de positivas, como se intenta vender. Con este informe encima de la mesa se está poniendo en entredicho la futura seguridad de la ciudadanía y, obviamente, no puede llevarse a cabo una instalación de este tipo sin que el CSN esté 100% convencido de la ubicación y la seguridad de la infraestructura.

Por su parte el partido socialista ha registrado una proposición no de ley para su debate en Pleno, en la que exigen “la paralización inmediata de las obras del Almacenamiento Temporal Centralizado de Residuos Nucleares de Villar de Cañas (Cuenca)”. Resaltan que “el CSN ha cuestionado la idoneidad del emplazamiento del ATC en Villar de Cañas al exponer a Enresa sus múltiples dudas en el citado informe en el que advierte de muchas deficiencias”. Y además, ha subrayado que “la seguridad de las personas de la comarca está por encima de los intereses políticos que pueda tener el PP en Castilla-La Mancha”.

El Grupo Socialista ha presentado también una batería de iniciativas en el Congreso sobre el ATC de Villar de Cañas, en las que solicitan explicaciones y diversa documentación, y se suman a la petición también planteada por IU para que el citado informe se haga público para conocimiento de toda la ciudadanía.

Desde IU se plantean un rechazo frontal a la posible instalación en cualquier otro lugar de la región “no queremos que el ATC esté en Cuenca, ni en Castilla-La Mancha con las pocas garantías que nos están dando y, menos aún, como entelequia salvadora de la economía manchega” aseguran.