La comisión de personas expertas que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia católica de Navarra, que se creó al amparo de la Ley Foral 24/2022, reconoció en 2025 un total de 16 víctimas de abusos sexuales. Tal y como han explicado los miembros de la comisión en una comparecencia parlamentaria para exponer su trabajo durante el año pasado, en 2025 se iniciaron 23 expedientes, de los cuales 16 finalizaron con reconocimientos y 7 continúan en proceso de valoración. Además, constan otras 16 solicitudes más pendientes de iniciar el trámite.

La comisión ha recibido, desde el inicio de su actividad en octubre de 2022 y hasta lo que llevamos de año de 2026, un total de 85 solicitudes: 80 pertenecientes a víctimas y 5 a testigos.

Por su parte, de las 72 solicitudes como víctimas recibidas hasta diciembre de 2025, 56 expedientes han sido iniciados para su valoración, 7 están en proceso y 1 declarado abandonado por la persona solicitante. El resto de las solicitudes corresponden a personas cuyos abusos ocurrieron fuera de Navarra, por lo que la comisión no puede reconocerlas como víctimas, pero sí les ofrece asesoramiento. De los 56 expedientes iniciados, 48 ya han finalizado, con 46 reconocimientos, 1 desestimación y otra persona que rechazó el reconocimiento.

Todos los victimarios fueron hombres

De entre las 16 personas reconocidas el año pasado, 15 son hombres y 1 mujer, y en todos los casos los victimarios han sido hombres. Asimismo, todas las víctimas refieren haber sido abusadas por parte de una única persona victimaria.

La media de edad de las personas evaluadas es de 66 años, con un rango de entre los 50 y los 74 años, provenientes de familias numerosas, con una media de 4 hermanos o hermanas en un intervalo de entre 1 y 7 hermanos. 12 de las personas reconocidas están casadas o con pareja, 3 divorciadas y 1 soltera.

En cuanto al nivel académico, 2 de las víctimas tienen estudios universitarios, 11 estudios secundarios como bachiller o formaciones profesionales y 3 estudios primarios. Asimismo, la mitad (8 personas) se encuentra actualmente jubilada y la otra mitad en activo. 

Entre otras cuestiones analizadas, 1 de las víctimas refiere haber necesitado asistencia psicológica en algún momento de su vida, debido a un trastorno de ansiedad, mientras que las 15 restantes no han acudido nunca a servicios de salud mental. En cuanto a consumos y adicciones, 2 han respondido afirmativamente y 14 han indicado que no han consumido nada.

El 94% de los abusos se produjo en entornos educativos y colegios

La edad media del inicio de los abusos es de 9 años, pero con diferencias significativas, ya que hay víctimas en las que comenzaron con 7 años y otras con 17.

Por su parte, la mayoría de los casos se circunscriben a la década de los años 60 (9 abusos), seguido de los 70 (6) y los 80 (1).

En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, el 94% (15 casos) ocurrieron en entornos educativos y colegios, y el otro restante en el domicilio del victimario.

Con respecto a la relación con la persona victimaria, 7 ejercían la labor de director del colegio, 8 trabajaban como profesores en los distintos centros educativos y uno era un religioso amigo de la familia que cometió los hechos en su propio domicilio.

6 de los abusos sexuales, de carácter grave

Por su parte, 9 de los 16 abusos sexuales son considerados de carácter moderado, que comprenden masturbaciones o tocamientos en órganos sexuales u otras partes del cuerpo con carácter sexualizante. Otros 6 casos son de carácter grave, que consisten en penetraciones bucales, anales o vaginales con órganos sexuales, dedos o cualquier otra parte del cuerpo, objetos, etc., y un abuso entra en la categoría de leve, que comprende los tocamientos por encima de la ropa, comentarios obscenos o proposiciones sexuales.

Por su parte, el 69% de las víctimas (11 personas) aseguran que nunca comunicaron los hechos sufridos, bien porque no eran conscientes de los mismos, por la edad en la que ocurrieron, por la falta de confianza con las personas adultas de su entorno y las repercusiones que ello pudiera tener, así como por miedo y amenazas del propio victimario. Por su parte, 5 personas (31%) sí informaron a algún familiar cercano.

Asimismo, 10 de las víctimas refieren que sí hubo testigos, siendo estos, en todos los casos, compañeros y compañeras de clase, frente a otras 6 personas que manifiestan que los abusos se produjeron en ámbitos de intimidad y sin testigos.

En cuanto a la afectación que hayan podido sufrir en el estilo de vida, 6 personas sí señalan que los abusos han influido de manera decisiva en su desarrollo, de los que 4 refieren impactos en el ámbito social e interpersonal y 2 en el ámbito sexual, mientras que las otras 10 víctimas restantes responden negativamente a esta cuestión.

En relación con si las experiencias traumáticas vividas han podido influirles en su vida espiritual, religiosa, trascendente o en cualquiera de sus formas, 8 víctimas manifiestan que sí han influido de manera determinante, y las restantes 8 señalan que no.

En cuanto a las emociones de las víctimas, de entre las más comunes aparecen la rabia, el odio, la tristeza, el asco, el dolor, la impotencia, la humillación, la culpa, la frustración, la rebeldía, la incomprensión y la venganza, entre otras.

Y, por su parte, en lo que respecta a la reparación del daño, 7 de las víctimas solicitan el reconocimiento público y personal de los hechos sucedidos y la responsabilidad de los centros, congregaciones, órdenes o diócesis implicados. Además, 8 personas refieren la petición pública de perdón, ya sea por acción u omisión, en la protección de las personas menores implicadas. Una de ellas, por su parte, reivindica que el nombre del victimario se haga público, 2 solicitan una indemnización económica, y una más pide la eliminación del concordato.

El condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas de corta edad a las que cuidaba se enfrenta a la petición de prisión provisional que solicita para él la madre de las pequeñas, que ejerce la acusación particular.

La media se abordará en una vista que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria el próximo viernes, 2 de octubre.

La sentencia, que no es firme, le consideró autor de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de trece años, sin penetración y con abuso de superioridad. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impuso la prohibición de comunicar y acercarse a las víctimas durante ocho años, y una medida de libertad vigilada tras su salida de prisión de siete años.

Y en concepto de responsabilidad civil, el fallo acordó una indemnización de 30.0000 euros a una de las afectadas, y de 20.000 euros a la otra, por el daño moral que les causó y por las secuelas psicológicas permanentes que sufren.

Según los hechos que se recogían en la resolución judicial, el procesado trabajaba prestando servicios de limpieza en un bar donde la madre de las menores y su esposo eran cocineros.

“A raíz de la amistad surgida y como quiera que la pareja no tenía a nadie con quien dejarlas mientras trabajaban, el acusado se ofreció a cuidar de las hijas, haciéndolo unas veces en casa de estas y otras veces en su casa”, relata la sentencia.

Así las cosas, el acusado, a lo largo de tres años y “siendo conocedor de la ventaja que le procuraba ser amigo de la familia y con la confianza que a su vez ello comportaba en orden a la mayor facilidad en la realización de los hechos”, abusó de las menores, que entonces contaban entre tres y cinco años la pequeña, y entre cinco y nueve años la mayor.

El hombre actuaba por separado, sin que una conociera lo que le había hecho a la otra. La sentencia relata distintos hechos en los que el acusado se masturbaba delante de las menores, les pedía que lo hicieran ellas, les realizaba tocamientos y les mostraba en el móvil páginas de pornografía.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad de forma continuada durante más de un año, así como por tenencia y producción de pornografía infantil.

Las actuaciones se iniciaron a través de la denuncia de la víctima, acción desde la cual se dio traspaso al Grupo de Menores de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife para iniciar una investigación con el objetivo de recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo.

Así, se pudo constatar que el presunto autor hizo uso de su relación de confianza con el menor y con la familia para cometer la agresión sexual, aprovechando las salidas de los progenitores del domicilio para cometer los hechos.

Además, según las manifestaciones recogidas, el investigado pudo haber grabado los hechos con dispositivos electrónicos, material que presuntamente después usó para coaccionar y amenazar al menor con llegar a difundirlas si no volvían a mantener encuentros sexuales.

Una vez detenido y obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a realizar la entrada y registro en el domicilio y pudieron localizar diversos elementos relacionados con los hechos. Se intervinieron numerosos teléfonos móviles y material informático que podrían haberse usado para grabar a la víctima durante los hechos investigados.

El autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó de inmediato su ingreso en prisión.

Actualmente la investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y determinar la posible existencia de otras víctimas, detalla la Policía Nacional.

Un hombre ha aceptado una condena de 11 años de prisión y el pago de 15.000 euros de indemnización por abusar sexualmente de su propia hija durante 13 años, desde que la menor tenía apenas 4 años hasta que cumplió los 17. Los hechos, ocurridos en Tenerife, se prolongaron durante años y llegaron a repetirse casi semanalmente.

Durante la celebración de la vista, a puerta cerrada, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada. También admitió que en la condena se aplicara la agravante de prevalimiento de la relación de parentesco, así como el hecho de que la víctima fuera menor de edad durante el periodo en el que se produjeron los abusos.

Los hechos probados recogen que las agresiones se producían principalmente cuando la madre de la víctima no se encontraba en casa. Con el paso de los años, los abusos fueron aumentando tanto en frecuencia como en gravedad, mientras el acusado imponía a su hija el silencio bajo la amenaza de que aquello debía permanecer como un secreto entre ambos.

Cuando la menor mostraba su rechazo o desaprobación, el padre recurría además a castigos y formas de control. Dejaba de hablarle, dejaba de prestarle apoyo en las tareas de la casa y le prohibía salir o estar con sus amigos.

La víctima, que actualmente tiene 26 años, no llegó a recibir asistencia psicológica, pero la Sala considera acreditado que aquellos hechos le han dejado secuelas que todavía persisten y que afectan a sus relaciones adultas con los hombres.

Además de los 11 años de prisión, el condenado deberá mantenerse alejado de su hija una vez salga de la cárcel. Durante los diez años posteriores a su puesta en libertad no podrá acercarse a ella a menos de 500 metros ni establecer ningún tipo de comunicación.

A ello se suma una pena de seis años de inhabilitación para desempeñar trabajos o actividades que impliquen contacto con menores.

La denuncia puso fin a años de abusos que habían permanecido ocultos dentro del ámbito familiar. El padre fue detenido en enero de 2025 y quedó en libertad al día siguiente, aunque con medidas cautelares que le prohibían acercarse o comunicarse con su hija. También se le prohibió salir del país y se le retiró el pasaporte.

Ahora, con el reconocimiento de los hechos ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el acusado deberá cumplir una condena de 11 años por unos abusos que comenzaron cuando su hija era apenas una niña de cuatro años y se prolongaron hasta los 17.

Un entrenador de voleibol ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad que había sido pupila suya durante dos temporadas tras invitarla a su casa para abusar de ella contra su voluntad, según ha anunciado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los hechos, investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, tuvieron lugar en diciembre de 2025 en el domicilio del detenido, entrenador y jugador de voleibol, y fueron puestos en conocimiento de los agentes mediante denuncia presentada por la propia víctima, informa en un comunicado la Jefatura.

La Policía destaca que el investigado había sido entrenador de la menor durante dos temporadas anteriores, circunstancia por la que ambos ya se conocían previamente, y que mantenía contacto con la víctima a través de una red social, medio mediante el cual habría facilitado a la menor su número de teléfono y la dirección de su domicilio, hasta donde esta se desplazó.

Una vez en la vivienda, presuntamente, se produjeron relaciones de carácter sexual contra la voluntad de la víctima. Tras las investigaciones desarrolladas por los agentes, se procedió a la localización y detención del entrenador, quien, finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir imágenes de los abusos en Internet. La investigación, iniciada tras una alerta internacional, se desarrolló en menos de 24 horas y permitió poner a la menor bajo protección y localizar abundante material de explotación sexual infantil en el domicilio del arrestado.

Los agentes recibieron con carácter urgente varios informes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización estadounidense dedicada a la protección de menores, que fueron canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations).

Los avisos alertaban de varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que apuntaban a la posible comisión de graves delitos contra una menor. Además, existían indicios de que el responsable se encontraba en España y tenía acceso permanente a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores iniciaron de inmediato las gestiones para identificar al autor. En pocas horas determinaron que se trataba del padre de la menor y que ambos convivían en el mismo domicilio.

Arrestado en menos de 24 horas

Una vez confirmada la identidad del investigado y el riesgo al que estaba expuesta la niña, los agentes se desplazaron de inmediato hasta su domicilio, donde procedieron a su detención. Durante el registro, la menor fue puesta bajo protección policial.

Los investigadores intervinieron además numerosos dispositivos informáticos. El análisis de estos aparatos permitió confirmar, según la Policía, la existencia de abundante material relacionado con la explotación sexual infantil, presuntamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

La investigación apunta además a que el arrestado utilizaba herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes de explotación sexual infantil a partir de fotografías y vídeos de menores obtenidos en redes sociales.

También grababa a una vecina desde su vivienda

Durante el registro, los agentes localizaron asimismo archivos de vídeo que apuntarían a otro delito. Se trataría de grabaciones realizadas clandestinamente desde el domicilio del detenido hacia la vivienda contigua, en las que habría captado imágenes de una vecina en el interior de su casa.

La rápida intervención policial permitió poner fin a la situación de riesgo para la menor y garantizar su protección inmediata.

Una vez finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, un delito de corrupción de menores y otro contra la intimidad. El juez decretó su ingreso en prisión.

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por diez nuevas violaciones y 40 abusos sexuales contra el excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia y condenado en 2025 a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad.

En un comunicado, la fiscal de Lorient, Laëtitia Mirande, explicó que durante el juicio aparecieron o se confirmaron “nuevos delitos” y la Fiscalía recibió “denuncias complementarias”. Por ello, se ha abierto una investigación judicial por “40 hechos de agresiones sexuales” y “10 hechos de violaciones” a menores de 15 años. “Los hechos contemplados, no prescritos”, datan de entre 1987 y 2017 y “afectan a 48 víctimas”, agregó Mirande.

Estas nuevas investigaciones contra Le Scouarnec, de 75 años, podrían significar la apertura de un nuevo proceso, después del celebrado en 2025 en Vannes.

En ese mediático juicio, el médico admitió todos los hechos que se le imputaban. Él mismo apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas —de una media de 11 años de edad— lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

El cirujano especialista en aparato digestivo cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia. En 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

La Guàrdia Civil ha detingut un professor de ball de Mallorca com a presumpte autor d'agressions sexuals a almenys cinc de les seves alumnes menors d'edat -d'entre vuit i 12 anys-, a les quals suposadament va gravar mentre abusava d'elles i posteriorment va difondre el contingut a través d'internet.

Segons ha avançat aquest divendres el diari Última Hora i fonts de la investigació han confirmat a elDiario.es, els fets investigats es remunten, almenys, al passat mes de març. L'arrestat és un home de 25 anys i nacionalitat espanyola.

Les presumptes agressions van sortir a la llum després d'una alerta emesa per la base de dades internacional International Child Sexual Exploitation Database (ICSE). A partir d'aquest avís, els investigadors van localitzar diverses gravacions de contingut sexual explícit que, presumptament, havien estat realitzades pel professor i distribuïdes posteriorment mitjançant aplicacions de missatgeria i a través de la 'dark web'.

En total, s'haurien identificat almenys 27 vídeos i diverses fotografies de les menors, obtingudes, segons la investigació, aprofitant-se de la posició d'autoritat que exercia sobre elles. Entre el material intervingut també figuraven imatges generades mitjançant intel·ligència artificial.

Després de l'alerta remesa per l'agència internacional especialitzada en la lluita contra l'explotació sexual infantil, els investigadors van analitzar el material intervingut fins a identificar un element clau: la samarreta que vestia una de les menors. L'estampació va permetre als agents del Departament de Ciberdelinqüència de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil relacionar-la amb una associació de break dance de Mallorca, cosa que va permetre centrar la investigació i avançar en la identificació de l'entorn de les víctimes.

Després de ser posat a disposició judicial, el Jutjat de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó provisional. Per el moment no han transcendit més detalls sobre la investigació.

La Guardia Civil ha detenido a un profesor de baile de Mallorca como presunto autor de agresiones sexuales a al menos cinco de sus alumnas menores de edad -de entre ocho y 12 años-, a las que supuestamente grabó mientras abusaba de ellas y posteriormente difundió el contenido a través de internet.

Según ha adelantado este viernes el diario local Última Hora y fuentes de la investigación han confirmado a elDiario.es, los hechos investigados se remontan, al menos, al pasado mes de marzo. El arrestado es un hombre de 25 años y nacionalidad española.

Las presuntas agresiones salieron a la luz tras una alerta emitida por la base de datos internacional International Child Sexual Exploitation Database (ICSE). A partir de ese aviso, los investigadores localizaron varias grabaciones de contenido sexual explícito que, presuntamente, habían sido realizadas por el profesor y distribuidas posteriormente mediante aplicaciones de mensajería y a través de la 'dark web'.

En total, se habrían identificado al menos 27 vídeos y varias fotografías de las menores, obtenidas, según la investigación, aprovechándose de la posición de autoridad que ejercía sobre ellas. Entre el material intervenido también figuraban imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Tras la alerta remitida por la agencia internacional especializada en la lucha contra la explotación sexual infantil, los investigadores analizaron el material intervenido hasta identificar un elemento clave: la camiseta que vestía una de las menores. La estampación permitió a los agentes del Departamento de Ciberdelincuencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionarla con una asociación de break dance de Mallorca, lo que permitió centrar la investigación y avanzar en la identificación del entorno de las víctimas.

Tras ser puesto a disposición judicial, el Juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión provisional. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la investigación.

La Policía Canaria ha detenido este miércoles a una persona en el marco de una operación que investiga un supuesto delito contra la libertad sexual de menores, que continúa abierta y cuyas actuaciones han sido declaradas secretas.

En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario ha explicado que la detención, en el marco de la operación denominada Panmesh, se ha llevado a cabo en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación practicaron una entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial.

Como resultado de las actuaciones practicadas, se procedió a la detención de una persona presuntamente relacionada con los hechos investigados y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

Asimismo, la consejería señala que la investigación continúa abierta, y que las actuaciones judiciales han sido declaradas secretas con el fin de preservar el adecuado desarrollo de la investigación y proteger especialmente la identidad, la intimidad y los derechos de las personas menores de edad afectadas.

Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a seis hombres por su presunta implicación en una red de descarga y distribución de material de explotación sexual infantil en una operación en la que se intervino a uno de ellos siete armas de fuego ilícitas y más de 1.400 cartuchos.

La investigación comenzó en febrero de 2025, cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectó la actividad de varios usuarios residentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que presuntamente descargaban y distribuían pornografía infantil, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

Las pesquisas permitieron identificar a los seis investigados, localizados en los municipios de La Victoria de Acentejo, La Laguna, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Según la Policía, los detenidos utilizaban redes de intercambio de archivos entre iguales (peer to peer), que permiten compartir información directamente entre dispositivos sin necesidad de un servidor central, para descargar y distribuir material pedófilo.

Con autorización judicial, los agentes practicaron seis entradas y registros en distintos domicilios, donde intervinieron numerosos ordenadores, discos duros de gran capacidad, teléfonos móviles y otros dispositivos de almacenamiento que contenían abundante material de explotación sexual infantil.

En uno de los registros localizaron además siete armas de fuego ilícitas preparadas para su uso, cinco armas cortas y dos largas, así como más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, algunos catalogados como munición de guerra, por lo que al arrestado también se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas.

La Policía ha informado asimismo de que otro de los detenidos contaba con antecedentes por hechos similares y tenía instaladas aplicaciones específicas para la descarga de este tipo de archivos ilícitos.

El análisis forense de los equipos informáticos permitió recuperar archivos ocultos y registros de actividad que los investigados habían tratado de eliminar para dificultar la investigación, lo que facilitó reconstruir el sistema empleado para distribuir el material.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto una condena de ocho años y medio de prisión a un entrenador de deportes de Gran Canaria como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor.

Según la sentencia, los hechos sucedieron entre enero y junio de 2022, cuando el acusado era entrenador de la menor afectada en un equipo de voleibol en Gran Canaria.

El tribunal declara probado que, durante esa relación deportiva, el acusado agredió sexualmente en varias ocasiones a la víctima. La Sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración y aprecia la continuidad delictiva del artículo 74 del Código Penal.

La sentencia subraya que la prueba de cargo resultó suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y destaca, entre otros elementos, la coherencia del relato, su persistencia en el tiempo y la existencia de corroboraciones externas.

La resolución dedica especial atención al contexto de vulnerabilidad de la víctima, que era menor de edad, residía sola en la isla y dependía del acusado como figura de apoyo deportivo y personal.

También recoge que los informes forenses describen un cuadro compatible con estrés postraumático y ansiedad moderada, y que el tribunal valora ese impacto psíquico para fijar la responsabilidad civil.

La sentencia impone, además de la pena de prisión, nueve años de libertad vigilada, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y guarda, así como para profesiones u oficios con contacto regular y directo con menores durante 15 años. Asimismo, obliga al acusado a indemnizar a la víctima con 15.000 euros y acuerda la prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años.

Un home ha acceptat aquest dimarts una condemna de dos anys de presó per abusar sexualment, en una torrada familiar, de la filla de la persona que treballava netejant la seva casa. La nena tenia aleshores set anys.

L'home ha reconegut que el 2021 va convidar la treballadora i els seus dos fills al seu domicili. En un moment donat, el processat va començar a jugar a fet i amaga amb els dos menors, ocultant-se amb la menor a la dutxa del bany, on va abusar sexualment d'ella. Tal com relata la Fiscalia, la nena es va quedar en xoc, sense poder fer cap tipus de moviment, fins que la mare els va cridar per menjar.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha dictat una sentència de conformitat després que les parts hagin assolit un pacte que evitarà la celebració del judici.

L'acord rebaixa la pena inicialment reclamada -quatre anys de presó- en tenir en compte el temps transcorregut des dels fets i que el condemnat ha abonat la indemnització de 3.000 euros que se li reclamava. La Sala ha acordat suspendre l'entrada a presó amb la condició de no cometre cap delicte en els propers tres anys.

Un hombre ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente, en una torrada familiar, de la hija de la persona que trabajaba limpiando su casa. La niña tenía entonces de siete años.

El varón ha reconocido que en 2021 invitó a la trabajadora y a sus dos hijos a su domicilio. En un momento dado, el procesado empezó a jugar al escondite con los dos menores, ocultándose junto a la menor en la ducha del cuarto de baño, donde abusó sexualmente de ella. Tal como relata la Fiscalía, la niña se quedó en shock, sin poder realizar ningún tipo de movimiento, hasta que la madre los llamó para comer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un pacto que evitará la celebración del juicio.

El acuerdo rebaja la pena inicialmente reclamada -cuatro años de cárcel- al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos y que el condenado ha abonado la indemnización de 3.000 euros que se le reclamaba. La Sala ha acordado suspender la entrada en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos tres años.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Calvià (Mallorca) ha detingut un home de 41 anys, entrenador d'automobilisme, per presumptament assetjar i agredir sexualment una menor de 15 anys.

Els fets denunciats s'haurien produït a principis d'aquest any, encara que la denúncia no va ser interposada fins a dates recents, segons ha informat Diario de Mallorca i han confirmat fonts de la investigació a elDiario.es.

Els agents de la Policia Judicial van arrestar aquest dimecres l'entrenador, a qui atribueixen la presumpta comissió d'un delicte d'agressió sexual. Les indagacions romanen obertes i l'Institut Armat continua recaptant informació sobre el succeït.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià (Mallorca) ha detenido a un hombre de 41 años, entrenador de automovilismo en Mallorca, por presuntamente acosar y agredir sexualmente a una menor de 15 años.

Los hechos denunciados se habrían producido a principios de este año, aunque la denuncia no fue interpuesta hasta fechas recientes, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes de la investigación a elDiario.es.

Los agentes de la Policía Judicial arrestaron este miércoles al entrenador, a quien atribuyen la presunta comisión de un delito de agresión sexual. Las pesquisas permanece abiertas y el Instituto Armado continúa recabando información sobre lo sucedido.

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

El juzgado de guardia de Girona ha enviado a prisión dos hombres de 35 y 44 años por pagar dinero a tres adolescentes menores de 16 años a cambio de mantener relaciones sexuales. Según ha avanzado el Diario de Girona y ha confirmado la agencia ACN, los hechos pasaron entre septiembre y diciembre del año pasado.

A raíz de tener conocimiento del caso, los Mossos iniciaron una investigación que concluyó con la detención de uno de los sospechosos el 28 de mayo pasado y del otro el miércoles 10 de junio. Los arrestados contactaban con las tres chicas —las tres menores de 16 años— a quienes conocían y les pagaban dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ellas.

Una vez cerrada la investigación, los agentes detuvieron a los dos hombres por un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 y por otro de prostitución y explotación sexual. Después de declarar, el juzgado de guardia decretó prisión para los dos.

Un profesor que daba clase en el colegio Albeiros de Lugo ha sido condenado a cinco años de prisión por agresión sexual continuada a una alumna menor de edad -tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos-. La Audiencia Provincial acaba de comunicar la decisión, en la que absuelve al hombre del resto de acusaciones realizadas por otras cuatro niñas del mismo centro escolar al considerar que, en estos casos, las pruebas resultan insuficientes para una condena.

La sentencia también inhabilita al hombre por un plazo de diez años para cualquier profesión en la que tenga contacto habitual con menores y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, la condena incluye una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez haya cumplido la pena de prisión y le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor.

La Fiscalía pedía para este profesor cinco años y seis meses de cárcel por estos hechos, pero el tribunal ha optado por el mínimo que prevé el marco penal aplicable -esos cinco años- porque considera que no se objetivó daño psíquico a la menor, que los hechos “no revistieron especial entidad” y que el hombre no tiene antecedentes penales. La acusación particular, por su parte, reclamaba 30 años, seis por cada uno de los cinco delitos de agresión sexual continuada.

El caso arrancó con una nota que la propia víctima, junto a otra compañera de estudios, escribió y dejó en el buzón del aula. Una profesora la revisó y avisó a la dirección del centro. Fueron varias las niñas que acusaron al profesor, pero la condena es finalmente por uno solo de los casos. La sentencia considera hechos probados que el hombre, nacido en 1976, impartía la asignatura de Música en el CEIP Albeiros desde hacía varios años y daba clase a la víctima en el curso 2023-24. La menor, nacida en 2014, era su alumna desde primero de infantil.

En estas clases, que eran una vez por semana, el hombre aprovechó “las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión” para, en varias ocasiones, hacia finales del segundo trimestre, hacerle tocamientos a la niña, recoge la sentencia. Describe varias de las situaciones: en una ocasión se acercó a la menor por detrás y, simulando hacerle un masaje, deslizó las manos por la parte delantera del cuello de ella hacia la parte superior del pecho; en otra, mientras bailaban, le puso la mano en el culo; y el 22 de mayo de 2024, el último miércoles que el ahora condenado dio clase, le negó permiso a la niña para ir al baño, la sentó en su regazo. Ella intentó escurrirse, pero el profesor la agarró por las axilas y la recolocó pegada a su abdomen “llegando a notar la menor su pene bajo sus nalgas”. En el relato de los hechos probados se añade que el hombre puso las manos entrelazadas sobre el pubis de la niña, con los meñiques dirigidos a los genitales de ella y haciendo presión en la zona. La menor aprovechó que él levantó una mano para rascarse la cabeza y se escabulló.

El fallo indica que estas situaciones “provocaron en la menor gran incomodidad, rechazo a acudir a clase y la queja a su tutora”. El hombre entró en prisión en mayo de 2024, pero salió en noviembre.

La Audiencia Provincial agrega en la sentencia que el relato de la menor tiene credibilidad y que no se aprecia en ella “ningún ánimo espurio, de venganza o animadversión” hacia el acusado, al que decía tener cariño hasta que ocurrieron los hechos. Su versión fue consistente, estuvo acompañada de “explicaciones con riqueza de matices y detalles” y no se aprecia en ella “ninguna inconsistencia o contradicción”. Añade que su relato está reforzado por otras pruebas, como la nota que firmó y el testimonio de las profesoras -la que leyó la nota en primer lugar y la tutora de las menores, que hablaron con ellas-; por lo que contaron otras menores compañeras de clase; por el testimonio de la madre de la niña, a la que esta contó lo que sucedía en clase y le decía que no quería ir a clase de Música; y por la prueba pericial, que concluye que la narración de la niña es creíble y añade que ella “no malinterpretó conductas del profesor, sino que se halla en una etapa evolutiva donde el pudor sexual emerge, lo que le hizo darse cuenta de que las conductas del profesor invadían su intimidad y no eran adecuadas”.