La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto una condena de ocho años y medio de prisión a un entrenador de deportes de Gran Canaria como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor.

Según la sentencia, los hechos sucedieron entre enero y junio de 2022, cuando el acusado era entrenador de la menor afectada en un equipo de voleibol en Gran Canaria.

El tribunal declara probado que, durante esa relación deportiva, el acusado agredió sexualmente en varias ocasiones a la víctima. La Sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración y aprecia la continuidad delictiva del artículo 74 del Código Penal.

La sentencia subraya que la prueba de cargo resultó suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y destaca, entre otros elementos, la coherencia del relato, su persistencia en el tiempo y la existencia de corroboraciones externas.

La resolución dedica especial atención al contexto de vulnerabilidad de la víctima, que era menor de edad, residía sola en la isla y dependía del acusado como figura de apoyo deportivo y personal.

También recoge que los informes forenses describen un cuadro compatible con estrés postraumático y ansiedad moderada, y que el tribunal valora ese impacto psíquico para fijar la responsabilidad civil.

La sentencia impone, además de la pena de prisión, nueve años de libertad vigilada, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y guarda, así como para profesiones u oficios con contacto regular y directo con menores durante 15 años. Asimismo, obliga al acusado a indemnizar a la víctima con 15.000 euros y acuerda la prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años.

Un home ha acceptat aquest dimarts una condemna de dos anys de presó per abusar sexualment, en una torrada familiar, de la filla de la persona que treballava netejant la seva casa. La nena tenia aleshores set anys.

L'home ha reconegut que el 2021 va convidar la treballadora i els seus dos fills al seu domicili. En un moment donat, el processat va començar a jugar a fet i amaga amb els dos menors, ocultant-se amb la menor a la dutxa del bany, on va abusar sexualment d'ella. Tal com relata la Fiscalia, la nena es va quedar en xoc, sense poder fer cap tipus de moviment, fins que la mare els va cridar per menjar.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha dictat una sentència de conformitat després que les parts hagin assolit un pacte que evitarà la celebració del judici.

L'acord rebaixa la pena inicialment reclamada -quatre anys de presó- en tenir en compte el temps transcorregut des dels fets i que el condemnat ha abonat la indemnització de 3.000 euros que se li reclamava. La Sala ha acordat suspendre l'entrada a presó amb la condició de no cometre cap delicte en els propers tres anys.

Un hombre ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente, en una torrada familiar, de la hija de la persona que trabajaba limpiando su casa. La niña tenía entonces de siete años.

El varón ha reconocido que en 2021 invitó a la trabajadora y a sus dos hijos a su domicilio. En un momento dado, el procesado empezó a jugar al escondite con los dos menores, ocultándose junto a la menor en la ducha del cuarto de baño, donde abusó sexualmente de ella. Tal como relata la Fiscalía, la niña se quedó en shock, sin poder realizar ningún tipo de movimiento, hasta que la madre los llamó para comer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un pacto que evitará la celebración del juicio.

El acuerdo rebaja la pena inicialmente reclamada -cuatro años de cárcel- al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos y que el condenado ha abonado la indemnización de 3.000 euros que se le reclamaba. La Sala ha acordado suspender la entrada en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos tres años.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Calvià (Mallorca) ha detingut un home de 41 anys, entrenador d'automobilisme, per presumptament assetjar i agredir sexualment una menor de 15 anys.

Els fets denunciats s'haurien produït a principis d'aquest any, encara que la denúncia no va ser interposada fins a dates recents, segons ha informat Diario de Mallorca i han confirmat fonts de la investigació a elDiario.es.

Els agents de la Policia Judicial van arrestar aquest dimecres l'entrenador, a qui atribueixen la presumpta comissió d'un delicte d'agressió sexual. Les indagacions romanen obertes i l'Institut Armat continua recaptant informació sobre el succeït.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià (Mallorca) ha detenido a un hombre de 41 años, entrenador de automovilismo en Mallorca, por presuntamente acosar y agredir sexualmente a una menor de 15 años.

Los hechos denunciados se habrían producido a principios de este año, aunque la denuncia no fue interpuesta hasta fechas recientes, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes de la investigación a elDiario.es.

Los agentes de la Policía Judicial arrestaron este miércoles al entrenador, a quien atribuyen la presunta comisión de un delito de agresión sexual. Las pesquisas permanece abiertas y el Instituto Armado continúa recabando información sobre lo sucedido.

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

El juzgado de guardia de Girona ha enviado a prisión dos hombres de 35 y 44 años por pagar dinero a tres adolescentes menores de 16 años a cambio de mantener relaciones sexuales. Según ha avanzado el Diario de Girona y ha confirmado la agencia ACN, los hechos pasaron entre septiembre y diciembre del año pasado.

A raíz de tener conocimiento del caso, los Mossos iniciaron una investigación que concluyó con la detención de uno de los sospechosos el 28 de mayo pasado y del otro el miércoles 10 de junio. Los arrestados contactaban con las tres chicas —las tres menores de 16 años— a quienes conocían y les pagaban dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ellas.

Una vez cerrada la investigación, los agentes detuvieron a los dos hombres por un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 y por otro de prostitución y explotación sexual. Después de declarar, el juzgado de guardia decretó prisión para los dos.

Un profesor que daba clase en el colegio Albeiros de Lugo ha sido condenado a cinco años de prisión por agresión sexual continuada a una alumna menor de edad -tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos-. La Audiencia Provincial acaba de comunicar la decisión, en la que absuelve al hombre del resto de acusaciones realizadas por otras cuatro niñas del mismo centro escolar al considerar que, en estos casos, las pruebas resultan insuficientes para una condena.

La sentencia también inhabilita al hombre por un plazo de diez años para cualquier profesión en la que tenga contacto habitual con menores y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, la condena incluye una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez haya cumplido la pena de prisión y le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor.

La Fiscalía pedía para este profesor cinco años y seis meses de cárcel por estos hechos, pero el tribunal ha optado por el mínimo que prevé el marco penal aplicable -esos cinco años- porque considera que no se objetivó daño psíquico a la menor, que los hechos “no revistieron especial entidad” y que el hombre no tiene antecedentes penales. La acusación particular, por su parte, reclamaba 30 años, seis por cada uno de los cinco delitos de agresión sexual continuada.

El caso arrancó con una nota que la propia víctima, junto a otra compañera de estudios, escribió y dejó en el buzón del aula. Una profesora la revisó y avisó a la dirección del centro. Fueron varias las niñas que acusaron al profesor, pero la condena es finalmente por uno solo de los casos. La sentencia considera hechos probados que el hombre, nacido en 1976, impartía la asignatura de Música en el CEIP Albeiros desde hacía varios años y daba clase a la víctima en el curso 2023-24. La menor, nacida en 2014, era su alumna desde primero de infantil.

En estas clases, que eran una vez por semana, el hombre aprovechó “las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión” para, en varias ocasiones, hacia finales del segundo trimestre, hacerle tocamientos a la niña, recoge la sentencia. Describe varias de las situaciones: en una ocasión se acercó a la menor por detrás y, simulando hacerle un masaje, deslizó las manos por la parte delantera del cuello de ella hacia la parte superior del pecho; en otra, mientras bailaban, le puso la mano en el culo; y el 22 de mayo de 2024, el último miércoles que el ahora condenado dio clase, le negó permiso a la niña para ir al baño, la sentó en su regazo. Ella intentó escurrirse, pero el profesor la agarró por las axilas y la recolocó pegada a su abdomen “llegando a notar la menor su pene bajo sus nalgas”. En el relato de los hechos probados se añade que el hombre puso las manos entrelazadas sobre el pubis de la niña, con los meñiques dirigidos a los genitales de ella y haciendo presión en la zona. La menor aprovechó que él levantó una mano para rascarse la cabeza y se escabulló.

El fallo indica que estas situaciones “provocaron en la menor gran incomodidad, rechazo a acudir a clase y la queja a su tutora”. El hombre entró en prisión en mayo de 2024, pero salió en noviembre.

La Audiencia Provincial agrega en la sentencia que el relato de la menor tiene credibilidad y que no se aprecia en ella “ningún ánimo espurio, de venganza o animadversión” hacia el acusado, al que decía tener cariño hasta que ocurrieron los hechos. Su versión fue consistente, estuvo acompañada de “explicaciones con riqueza de matices y detalles” y no se aprecia en ella “ninguna inconsistencia o contradicción”. Añade que su relato está reforzado por otras pruebas, como la nota que firmó y el testimonio de las profesoras -la que leyó la nota en primer lugar y la tutora de las menores, que hablaron con ellas-; por lo que contaron otras menores compañeras de clase; por el testimonio de la madre de la niña, a la que esta contó lo que sucedía en clase y le decía que no quería ir a clase de Música; y por la prueba pericial, que concluye que la narración de la niña es creíble y añade que ella “no malinterpretó conductas del profesor, sino que se halla en una etapa evolutiva donde el pudor sexual emerge, lo que le hizo darse cuenta de que las conductas del profesor invadían su intimidad y no eran adecuadas”.

Desde primera hora de la mañana, Miguel Hurtado y otras víctimas de abusos a menores en la Iglesia se han concentrado en las inmediaciones de Montserrat. Querían denunciar el “acto de violencia institucional que supone la visita del Papa a la zona cero de la pederastia clerical catalana”.

Hurtado, primer denunciante de abusos sexuales en la abadía, ha calificado de “absoluto despropósito” la llegada del Papa. “Se ha atrevido a ir al lugar del crimen sin hablar con las víctimas del delito y reparar el daño causado”, ha lamentado el también portavoz de la asociación Reparación Integral Ya.

Hurtado ha atendido a los medios desde la abadía y ha anunciado que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para dar a conocer el caso y reclamar la reparación de las víctimas. Asimismo, pide la creación de un monumento de homenaje permanente a las víctimas en el monasterio.

“Entiendo que Montserrat es una institución milenaria y que la Moreneta es la patrona de Catalunya, pero Montserrat es también el lugar del crimen donde el hermano Andreu Soler abusó de 12 niños durante 30 años con el conocimiento de tres abades que no lo denunciaron a la policía”, ha lamentado Hurtado, quien hace meses escribió una carta al Pontífice para que no visitara Montserrat.

Aunque nunca fue condenado judicialmente porque murió en 2008, una comisión de investigación interna de la abadía de Montserrat concluyó en 2019 que el monje Andreu Soler fue un “depredador sexual” de escuchas. Soler fue el monje responsable de los scouts entre los años setenta y noventa.

Sin embargo, León XIV no ha hecho referencia alguna a los abusos en su visita al santuario, que acaba de celebrar el milenario de su existencia. A los pies de la Moreneta, a la que ha llegado en helicóptero, a lo más que ha llegado el Papa ha sido a recordar cómo “los muros de este recinto” han sido custodios de “las alegrías y las penas, los gozos y las lágrimas de tantos fieles, y han escuchado también las voces celestiales del canto infantil de la Escolanía más antigua de Europa”.

El Papa ha querido centrar su intervención, antes del rezo del Rosario, en mostrar “el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre”. Y junto a ello, “la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide”. Una “violencia escondida” que “puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias”.

Ha tenido oportunidad de referirse a los menores al referirse a la Virgen de Montserrat, “que nos muestra a Jesús como un niño indefenso descansando en su regazo, pues aquí está Ella, junto a su Hijo, invitándonos a amarnos unos a otros”. Una oportunidad que el Pontífice ha dejado pasar para referirse a Jesús como un niño “que no lleva armaduras y será Él mismo quien luego, desnudo en la cruz, se abandone totalmente al Padre para salvarnos con la fuerza desarmada y desarmante del amor”.

El Papa ha dedicado el final de su oración a la Virgen: “Ella nos invita a reconocernos hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división”, ha terminado el Papa, quien ha pedido a María, “Reina de la paz, que enseñe a renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias. Aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la esperanza y la paz”.

Toda la información, en www.religiondigital.org

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana alertó hoy de cerca de un centenar de casos de violencia sexual contra menores en el entorno familiar. Santana reclamará, en el pleno del Parlamento de mañana martes, una respuesta institucional urgente previa exposición de varios casos recopilados tras reunirse con familias y colectivos afectados. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC demandó además una acción institucional coordinada y contundente frente a la violencia sexual que sufren niños y niñas en el ámbito familiar. Afeó al Gobierno presidido por Fernando Clavijo que no haya desarrollado las medidas de la proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, impulsada por NC-BC y aprobada a finales de noviembre de 2024 con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo la extrema derecha de Vox.

En una comparecencia solicitada a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, sobre las medidas impulsadas para paliar los daños de la violencia vicaria, sexual infantil e institucional en menores; Natalia Santana alertará de la gravedad de una realidad que, según los casos recopilados en las últimas semanas, afecta ya a cerca de un centenar de menores en las islas.

Instará al Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) y, especialmente, a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; a reforzar los mecanismos de protección, atención y reparación para las víctimas. También reclamará impulsar medidas de prevención que permitan detectar y frenar situaciones de abuso antes de que se produzcan o se prolonguen en el tiempo.

“Estamos ante una emergencia social que no puede seguir siendo invisibilizada. Hablamos de niños y niñas que han sufrido violencia sexual presuntamente a manos de familiares y que necesitan una respuesta inmediata de todas las instituciones”, sostuvo la diputada nacionalista.

En las últimas semanas, Santana afirmó haber mantenido encuentros con madres, asociaciones y colectivos vinculados a la protección de la infancia. Fruto de ese trabajo, hizo un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para situar la protección de la infancia como una prioridad institucional y para dotar de más recursos a los servicios especializados que trabajan con las víctimas y sus familias.

“Las administraciones tienen la obligación de garantizar que estos menores encuentren amparo, protección y reparación. Pero también debemos generar las condiciones necesarias para prevenir nuevos casos y romper el silencio que todavía rodea muchas situaciones de abuso”, remarcó Natalia Santana.

En ese sentido, afeó al gabinete de Clavijo que no desarrollara las medidas contenidas en una proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, presentada por Santana y aprobada por el pleno de la Cámara a finales de noviembre de 2024, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo la extrema derecha. 

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat, ha escenificado una reunión ficticia con León XIV a las puertas de la Nunciatura. Aunque el Pontífice tendrá este lunes 8 de junio un encuentro con un grupo de víctimas de abusos en la Iglesia, Hurtado no está entre ellas.

“Usted ha sido muy alabado por hablar de forma muy clara y contundente del derecho internacional, de la dignidad del ser humano, de la importancia de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Papa, hay que ser coherente. Uno tiene que hacer y comportarse de forma conforme a lo que predica”, le ha pedido Hurtado a una fotografía de León XIV.

Así, ha asegurado que la visita del Pontífice a Montserrat no cumple “ninguno” de los “criterios” de los derechos humanos. “La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Yendo usted a Montserrat, no cumple con ninguno de estos criterios”, ha dicho.

También ha criticado la decisión de León XIV de recibir a víctimas de abusos de “perfil bajo” y no a los “activistas” con una acción llamada 'Silla vacía' frente a las puertas de la residencia del Papa en Madrid, donde desde las 12.47 horas se encuentra León XIV.

Durante la 'performance', Hurtado se ha colocado delante de una foto del Pontífice y le ha hablado como si lo hubiera recibido. Así, le ha dicho a esta imagen del Papa lo que le habría “gustado explicarle en persona” si le hubiera recibido. “Cuando los medios de comunicación y la opinión pública escuchen lo que le voy a decir a León, entenderán por qué no ha sido invitado”, ha avanzado antes de la escenificación.

“El Papa lo que no quiere bajo ningún concepto es tener víctimas que le aprieten y le hagan preguntas incómodas que no quiere responder”, ha precisado Hurtado ante medios de comunicación.

De hecho, Hurtado ha asegurado que en abril pidió reunirse con el Santo Padre, pero no ha recibido contestación por parte del Vaticano. “Ni siquiera para decirme que la reunión no es posible”, ha añadido.

“Ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente”, ha zanjado.

Por otro lado, Hurtado ha reconocido que tanto la Iglesia Católica y como la abadía de Montserrat pueden tener “luces y sombras” pero ha lamentado que se “blanqueen los delitos”.

“Son instituciones milenarias que tienen luces y sombras, pero lo que no se puede hacer jamás es pretender que las sombras nunca han existido y blanquear los delitos. ¿Qué es lo que usted hace si va a Montserrat sin mencionar el escándalo de pederastia que ha sucedido en la abadía y sin proclamar públicamente que va a encargarse de que todas las víctimas sean reparadas?”, ha apuntado.

Durante la performance, algunas personas han intentado interrumpir a Hurtado al grito de “el Valle no se toca”. De hecho, cuando el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, ha entrado en la Nunciatura para la reunión privada que León XIV celebra con los Agustinos, le han gritado: “Cobo, traidor, hereje. El Valle no se toca”.

El rey mencionó los abusos ese lunes, pero el papa no

Tras recibir al pontífice este lunes, Felipe VI reconoció en su discurso el “dolor causado” por los abusos en la Iglesia y afirmó que no eran “representativos de la inmensa comunidad eclesial”. Posteriormente, asociaciones de víctimas criticaron que estas palabras, a su juicio “muy desafortunadas”, negaban el carácter estructural de los abusos a menores.

Mientras, el papa no hizo mención a este tema en su intervención, en la que pidió evitar “las palabras que enfrentan”.

También este sábado un grupo de asociaciones, entre las que se encuentran ANIR, AVA, Justice Iniciative, Infancia Robada Madrid o LulaCris, reclamaron a León XIV una escucha “verdaderamente inclusiva” y han denunciado la exclusión de colectivos que consideran representativos de las víctimas y que llevan años trabajando por la verdad, la justicia y la reparación: “No queremos una foto con el Papa: queremos derechos y reparación para todas las víctimas”.

En la misma línea se ha pronunciado el Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias, comunidad que el papa visitará después de Madrid y Barcelona. La entidad ha criticado que, ante las denuncias de los feligreses afectados, los responsables optan por ignorar los casos o trasladar a los curas implicados a otros lugares.

La historia solo se conoce con el paso del tiempo. Los hechos alcanzan su verdadera dimensión cuando mirando desde la calma y sin la intoxicación de la premura se puedan enlazar narrativas que ahora parecen inconexas y opacadas por la espuma de la actualidad. Este tiempo solo se comprenderá en una década. Piezas accesorias que ahora parecen que no encajan irán colocándose, enseñando el mapa completo de la corrupción actual que es mucho más profundo que el que alcanza únicamente a los peones de la política. 

Las conexiones entre jueces, abogados y otros particulares que operan de forma poco clara quedan ocultas entre tanto ruido y no tienen la atención que merecen porque por el momento solo interesa la rama política y gubernamental. El caso Plus Ultra tiene una dimensión que todavía no hemos transitado porque no tiene como objetivo acabar con este gobierno y no hay asociada una pieza de caza mayor de las que interesan a la mayoría mediática con capacidad para marcar la agenda pública. El abogado Miguel Palomero aparece en la causa en unas conversaciones en las que se habla de hacer “una kitchen gabinet” para tumbar el proceso que se había abierto en un juzgado de instrucción de Madrid contra la aerolínea. En otra de las conversaciones dijo que había 50.000 euros para “jueces, policías y funcionarios”. 

A raíz de esas informaciones el juez Calama investiga al comisario Jesús García Martín apoyándose en otros indicios agravados como el posible cobro de 7.000 euros y regalos de botellas de vino por parte de la trama. Por otro lado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, abrió un expediente contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra la fiscal María Luisa Llop, que pidió el archivo de la causa de Plus Ultra sobre el rescate en 2021. Las dos fiscales aparecen mencionadas en el sumario. Pero hay una salvedad si apareces mencionado para librarte de que te abran un simple expediente: ser juez. Lo oscuro tras las togas. 

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional se vio obligado a inhibirse en la causa de Plus Ultra porque tenía relación con uno de los investigados, el abogado Miguel Palomero, ya que lo conoció en el año 2023 para pedirle consejo y asesorarle profesionalmente en la venta de unas tierras de sus hijos. La asesoría del abogado le salió gratis porque el letrado no quiso cobrarle a cambio de una comida entre los dos que finalmente se produjo el 22 de enero de 2024 a la que sucedió un nuevo encuentro más casual con un café. Nadie es culpable ni sospechoso de nada por quedar a tomar café con nadie, pero por eso se llama muchas veces a testificar a quien puede aportar información sobre el proceder de casos en investigación. Y si se tiene conocimiento de que un abogado que aparece en conversaciones diciendo que tiene dinero para sobornar jueces come con un juez de manera privada lo mínimo es llamar y preguntar qué se habló en esa comida para saber si el juez tiene algo que aportar para que se sepa la verdad. 

Estamos en un momento procesal en España en el que se dan procesos judiciales contra personas de izquierdas, familiares del presidente y miembros asociados al Ejecutivo en los que aparecen encausados, en ocasiones con indicios leves o inexistentes. Al contrario de lo que sucede con quien no tiene filias progresistas, porque no ha aparecido en ningún momento el planteamiento de llamar, aunque sea a testificar en fase de instrucción, a esos jueces que aparecen vinculados a los miembros de la trama. Pero hay un caso peor. Atiendan.

Los hechos son los siguientes. Un juez de la Audiencia Nacional dejó la carrera y se dedica ahora a la abogacía, un juez que ha llevado los más importantes casos de corrupción de este país, los que hizo que no prosperaran, salvando a María Dolores de Cospedal, o los que impulsó en contra de la sala penal que tenía por encima, el intento por llevar a Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo por el caso de la tarjeta de Dina. Ese juez se llama Manuel García-Castellón y resulta que comparte dirección en su nuevo papel como abogado con la empresa de Julio Martínez Sola, el dueño de Plus Ultra. Este juez aparece mencionado para que sea llamado cuando el empresario es detenido en un sumario en el que aparece como investigado y en el que se dice que hay dinero para jueces, fiscales y funcionarios. Eso sería motivo lo suficientemente poderoso como para que al menos se le pregunte qué es lo que pasa ahí y si la relación de amistad de más de 30 años entre el juez y el investigado se queda solo en eso, en amistad. Pero en España los indicios solo parecen ser relevantes cuando apuntan en una dirección determinada con un objetivo claro. 

Tengo muy claro que hay mucha mierda en las investigaciones abiertas con personas relacionadas con el Gobierno. Casos de corrupción ciertos y escandalosos. Hay mierda real y mierda inventada, y también que mucha de la mierda que hay se mete debajo de la alfombra y se busca algo con lo que tapar el olor cuando afecta a personajes que han hecho política en el sentido adecuado para la magistratura. Vivimos un momento de infoxicación real en el que es imposible tomar distancia para poder escudriñar lo que se esconde entre la masiva aportación de hechos, documentos, sumarios, autos y horas de información y debates en prensa, la mayoría de las veces sin la profundidad y el contexto necesario. Los que intentamos hacerlo nos sentimos abrumados para intentar explicar que no todo es blanco o negro ni un juego de trincheras, que hay casos reales de corrupción y campañas vergonzosas de utilización de la justicia por parte de ultras con toga y sin ella. Son tiempos oscuros en los que solo importa ganar a costa de cualquier buena praxis y la mayoría solo busca alimentar sus sesgos y sus odios. No lo encontrarán aquí porque creo que lo que importa para tener una sociedad sana y fuerte es acceso a la verdad y pensamiento crítico con el que defender unos valores de progreso por encima de las personas y los partidos. La izquierda necesita la verdad para ser útil. 

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas. Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que “hay secreto de sumario y se está investigando”, por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que “se esclarezcan los hechos”. Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que -sin entrar en pormenores del caso- aludía a las “delicadas circunstancias” relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, “desde el primer momento” en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado “con la máxima diligencia y responsabilidad”. Apunta que está “colaborando plenamente” con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. “Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, continúa.

Por ello, apela a que “se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada”, y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga “desde el respeto absoluto” hacia los menores afectados. El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para “acompañar adecuadamente a las familias y alumnos” y concluye con un agradecimiento a la “comprensión, colaboración y responsabilidad” de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene “información directa”

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de “información directa” y ha alegado que se trata de un colegio privado. En todo caso, ha transmitido “todo el apoyo que se pueda dar a las niñas” afectadas y “a sus familias”. Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería “absolutamente despreciable”. “Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas”, ha zanjado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la condena de diez años de prisión contra un hombre por dos delitos de tentativa de agresión sexual a una menor debido a que la carga probatoria no alcanzó el nivel necesario para enervar la presunción de inocencia.

El Consejo General del Poder Judicial ha señalado que la Sala de lo Penal ha estimado el recurso de apelación presentado por el acusado y ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, acordando su absolución.

De esta manera, la resolución sostiene que la carga probatoria no obtuvo el nivel necesario al apreciar insuficiencias y contradicciones en la prueba practicada.

El relato que ahora no se ha considerado probado sostenía que en septiembre de 2019 y en abril de 2022 el acusado había intentado abusar sexualmente de una sobrina menor de edad con la que convivía, en la primera ocasión en el domicilio familiar y en la segunda en un descampado.

El tribunal ha declarado que no puede afirmarse con la certeza exigible la existencia de los hechos denunciados y concluye que debe prevalecer el principio de in dubio pro reo, precisando que la sentencia de instancia queda revocada y que las costas se declaran de oficio.

Al respecto, la Sala ha recordado que el recurso de apelación permite revisar plenamente la valoración probatoria y que, en delitos de esta naturaleza, la declaración de la víctima puede ser suficiente solo si aparece acompañada de credibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia incriminatoria.

Sin embargo, aprecia que en este caso no concurren corroboraciones periféricas bastantes y que existen contradicciones relevantes sobre extremos nucleares del relato.

La sentencia subraya que “no se dispone de más prueba que la de la declaración de la menor” en uno de los episodios, y que en el otro concurren “contradicciones” que impiden sostener el relato acusatorio con el grado de certeza exigible, concluyendo que la prueba es insuficiente para mantener la condena.

En algún lugar de Argentina, una niña se graba un vídeo mostrando productos de una tienda de pijamas y lo publica en TikTok. Rápidamente, ese vídeo se llena de reacciones y comentarios, algunos muy escuetos, como el de un tal Alexis que escribe: “Zangi 1450”. Otros usuarios escriben cifras: “100x100”, o “50 x 50”. Otros ponen “Código Postal” o “café con pan”… o “cambio”. Esa niña no entenderá qué quieren decir. Pero quienes lo escriben saben lo que están diciendo, y entienden el código de los demás, porque es el lenguaje en clave que usan quienes buscan imágenes de menores en internet que luego intercambian y acaban circulando entre pederastas. 

Hablamos con Clara Jiménez Cruz, cofundadora y directora de la Fundación Maldita.es, sobre la investigación que acaba de publicar en la que se documenta cómo TikTok, la red social más popular entre los menores de edad, -también de menos de 13 años, aunque esté prohibido- se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los pederastas y pedófilos para conseguir y robar imágenes de menores, así como contactar con otros pedófilos para intercambiar imágenes y vídeos de niños y niñas para fines sexuales.  

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Una decena de nuevas víctimas potenciales del financiero y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein se han dirigido a la justicia francesa con la intención de ofrecer sus testimonios, según ha explicado este domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.

En una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL, Beccuau ha señalado que esas personas han dado el paso tras el llamamiento que hizo a comienzos de año, en el marco de la investigación puesta en marcha por “trata de seres humanos” y después de que la Administración de Estados Unidos publicara miles de documentos de Epstein, muerto en prisión en 2019.

La fiscal ha indicado que se tomará testimonio a estas presuntas víctimas, algunas de las cuales viven fuera de Francia, pero antes de eso los investigadores quieren “estructurar” su conocimiento sobre “la relación de Epstein con el conjunto de los protagonistas”, en particular estudiando los documentos puestos en línea por Estados Unidos.

Preguntada por si ha experimentado algún tipo de presión en la gestión de este caso, la representante del Ministerio Público respondió de forma tajante: “Absolutamente ninguna”.

Por otro lado, Beccuau avanzó que las denuncias interpuestas por mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante Patrick Bruel van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente teniendo en cuenta el domicilio del artista.

Puntualizó que por las informaciones de las que dispone, hay por el momento cuatro denuncias contra Bruel, ya que no se contabiliza la anunciada este viernes por la presentadora de televisión Flavie Flament, que dice haber sufrido una violación en 1991 cuando tenía 16 años, y que no se ha notificado formalmente.

En el mes de febrero, la Fiscalía Financiera francesa llevó a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

En el año 2021, la por aquel entonces consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció un programa piloto para la gestión de una Barnahus, un centro de atención integral en el que distintos departamentos se coordinan para tratar casos de violencia sexual en la infancia o adolescencia y en el que se atiende a las víctimas. El proyecto piloto comenzaría en el año 2022 y el centro se ubicaría en Vitoria. Los integrantes o el “grupo motor” del proyecto piloto comenzaron a reunirse en 2021 y, dos años después, anunciaron la apertura del centro en 2023. Sin embargo, no ha sido hasta el 13 de mayo de 2026 cuando el centro Barnahus ha comenzado a atender a los primeros menores en su centro en Euskadi.

En 2022 se realizó la primera presentación del local de Vitoria en el que se aplicaría el proyecto y desde el Gobierno vasco anunciaron que estaban trabajando en el acondicionamiento de un “espacio acogedor, armónico, seguro y amigable; ubicado en una zona residencial, alejado de comisarías, hospitales o juzgados; bien conectado mediante transporte público y accesible para personas con discapacidad o necesidades especiales. Un espacio que permita acoger, bajo un mismo techo, la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil”.

En 2023, se llevó a cabo un encuentro en el Palacio Europa en el que el equipo motor mostró las imágenes de cómo será el espacio Barnahus vasco. En aquel momento se indicó que se estaba trabajando en la ejecución de las obras que llevaban “cierto retraso”. “Hemos tenido un año intenso de trabajo en el que nos hemos reunido una vez al mes y estamos trabajando intensamente en coordinarnos. Dicho esto, es cierto que llevamos un retraso con las obras, pero nos parecía importante centrar nuestros esfuerzos primero en el contenido”, declaró la por aquel entonces viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia.

Tres años más tarde de aquel encuentro y cinco desde que se anunció por primera vez el proyecto piloto, este miércoles el equipo de trabajadores, que lleva meses recibiendo formación específica en violencia de género, como confirman a este periódico desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, comenzarán a atender a los primeros menores víctimas de violencia sexual.

“Barnahus (‘Casa de la Infancia’, en islandés) representa una nueva forma de entender la atención a la infancia víctima de violencia sexual: un modelo centrado en el interés superior del menor, que evita la revictimización y prioriza su bienestar. Por primera vez, todos los servicios —sociales, judiciales, sanitarios, policiales y educativos— trabajan bajo un mismo techo, en un entorno amable y seguro adaptado a la infancia. Euskadi adopta así un estándar europeo reconocido por el Consejo de Europa como buena práctica en la protección de los derechos de la infancia. El Barnahus de Vitoria será el primer centro de este tipo en Euskadi, atenderá a menores del territorio de Álava y servirá como referencia para futuras implantaciones en otros territorios. Con su puesta en marcha, se inicia una nueva etapa de protección y acompañamiento integral a las víctimas infantiles de violencia sexual, aseguran desde el Gobierno vasco.

El equipo y el procedimiento a seguir

El equipo que atiende a los menores está formado por un equipo fijo y un equipo móvil. Por un lado, el equipo fijo lo forman cuatro personas: un coordinador, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social. Por otro lado, el equipo móvil se constituye por dos binomios de los servicios sociales de trabajador social y psicólogo. El equipo móvil está formado por un pediatra, un médico forense, una ginecóloga, Ertzaintza, fiscalía y judicatura.

Los menores serán derivados a Barnahus a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación Foral de Álava y a su llegada al centro al niño o a la niña se le realizará una acogida y una evaluación inicial multigrupo. A su vez, dispondrá del tiempo necesario para realizar una terapia adecuada a sus necesidades con la psicóloga del centro. De la misma manera, en el Barnahus, se le podrá hacer un examen médico para cuidar su salud. Una vez que la persona menor esté preparada (y nunca antes) el niño o la niña narrará el relato de lo que le ha ocurrido acompañado en todo momento por la psicóloga. “Podrá comunicar los hechos en un entorno profesional, seguro y sin necesidad de profundizar en el relato”, aseguran.

Conectados a la sala de la declaración, desde una sala contigua, el coordinador de Barnahus, la Ertzaintza, la Fiscalía y el equipo médico seguirán en directo el relato del menor. La jueza lo seguirá online y el relato de ese niño o niña tendrá el mismo valor judicial que una declaración en un juzgado. Asimismo, el menor recibirá apoyo psicológico y jurídico a lo largo de todo el proceso. “Los profesionales de servicios sociales, el equipo de trabajadores de Barnahus y los miembros de la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno vasco que se ocuparán de Barnahus ya han recibido una formación general y una formación especializada impartida por la EHU en colaboración con Save the Children. También han conocido la experiencia catalana de Barnahus donde ya cuentan con varios centros”, reconocen.

En cuanto el lugar en el que está ubicada la casa Barnahus, cuya localización es secreta para la protección de los menores, se trata de “un espacio acogedor y accesible, alejado de comisarías y juzgados”. “Se mantiene el anonimato y no se difundirá su ubicación para proteger a los menores que hayan sufrido una agresión”, informan desde el Gobierno vasco, quienes aclaran que Barnahus Vitoria consta de los siguientes espacios: recepción y sala de espera diáfana, sala para exploraciones médicas, tres espacios de terapia adecuados al bienestar de la persona menor, sala de declaración, sala contigua a la sala de declaración, una cocina-comedor, dos baños, sala de trabajo para el equipo fijo, sala de trabajo para el equipo móvil y una sala para la coordinación interinstitucional. Se trata de un espacio que estará abierto de lunes a viernes y el acceso será voluntario, gratuito, confidencial y respetuoso con la dignidad de las víctimas y sus familias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Custos-Tiscal, ha liberado a una menor de edad de 15 años que ha sido víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad en Isla Cristina (Huelva), tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla. En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.

Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada. Asimismo, fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas o ropa.

Liberada tras contactar con una amiga

Además, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia. La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la menor contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.

En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias pero posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro, denunció los hechos. Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.