En algún lugar de Argentina, una niña se graba un vídeo mostrando productos de una tienda de pijamas y lo publica en TikTok. Rápidamente, ese vídeo se llena de reacciones y comentarios, algunos muy escuetos, como el de un tal Alexis que escribe: “Zangi 1450”. Otros usuarios escriben cifras: “100x100”, o “50 x 50”. Otros ponen “Código Postal” o “café con pan”… o “cambio”. Esa niña no entenderá qué quieren decir. Pero quienes lo escriben saben lo que están diciendo, y entienden el código de los demás, porque es el lenguaje en clave que usan quienes buscan imágenes de menores en internet que luego intercambian y acaban circulando entre pederastas. 

Hablamos con Clara Jiménez Cruz, cofundadora y directora de la Fundación Maldita.es, sobre la investigación que acaba de publicar en la que se documenta cómo TikTok, la red social más popular entre los menores de edad, -también de menos de 13 años, aunque esté prohibido- se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los pederastas y pedófilos para conseguir y robar imágenes de menores, así como contactar con otros pedófilos para intercambiar imágenes y vídeos de niños y niñas para fines sexuales.  

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Una decena de nuevas víctimas potenciales del financiero y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein se han dirigido a la justicia francesa con la intención de ofrecer sus testimonios, según ha explicado este domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.

En una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL, Beccuau ha señalado que esas personas han dado el paso tras el llamamiento que hizo a comienzos de año, en el marco de la investigación puesta en marcha por “trata de seres humanos” y después de que la Administración de Estados Unidos publicara miles de documentos de Epstein, muerto en prisión en 2019.

La fiscal ha indicado que se tomará testimonio a estas presuntas víctimas, algunas de las cuales viven fuera de Francia, pero antes de eso los investigadores quieren “estructurar” su conocimiento sobre “la relación de Epstein con el conjunto de los protagonistas”, en particular estudiando los documentos puestos en línea por Estados Unidos.

Preguntada por si ha experimentado algún tipo de presión en la gestión de este caso, la representante del Ministerio Público respondió de forma tajante: “Absolutamente ninguna”.

Por otro lado, Beccuau avanzó que las denuncias interpuestas por mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante Patrick Bruel van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente teniendo en cuenta el domicilio del artista.

Puntualizó que por las informaciones de las que dispone, hay por el momento cuatro denuncias contra Bruel, ya que no se contabiliza la anunciada este viernes por la presentadora de televisión Flavie Flament, que dice haber sufrido una violación en 1991 cuando tenía 16 años, y que no se ha notificado formalmente.

En el mes de febrero, la Fiscalía Financiera francesa llevó a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

En el año 2021, la por aquel entonces consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció un programa piloto para la gestión de una Barnahus, un centro de atención integral en el que distintos departamentos se coordinan para tratar casos de violencia sexual en la infancia o adolescencia y en el que se atiende a las víctimas. El proyecto piloto comenzaría en el año 2022 y el centro se ubicaría en Vitoria. Los integrantes o el “grupo motor” del proyecto piloto comenzaron a reunirse en 2021 y, dos años después, anunciaron la apertura del centro en 2023. Sin embargo, no ha sido hasta el 13 de mayo de 2026 cuando el centro Barnahus ha comenzado a atender a los primeros menores en su centro en Euskadi.

En 2022 se realizó la primera presentación del local de Vitoria en el que se aplicaría el proyecto y desde el Gobierno vasco anunciaron que estaban trabajando en el acondicionamiento de un “espacio acogedor, armónico, seguro y amigable; ubicado en una zona residencial, alejado de comisarías, hospitales o juzgados; bien conectado mediante transporte público y accesible para personas con discapacidad o necesidades especiales. Un espacio que permita acoger, bajo un mismo techo, la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil”.

En 2023, se llevó a cabo un encuentro en el Palacio Europa en el que el equipo motor mostró las imágenes de cómo será el espacio Barnahus vasco. En aquel momento se indicó que se estaba trabajando en la ejecución de las obras que llevaban “cierto retraso”. “Hemos tenido un año intenso de trabajo en el que nos hemos reunido una vez al mes y estamos trabajando intensamente en coordinarnos. Dicho esto, es cierto que llevamos un retraso con las obras, pero nos parecía importante centrar nuestros esfuerzos primero en el contenido”, declaró la por aquel entonces viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia.

Tres años más tarde de aquel encuentro y cinco desde que se anunció por primera vez el proyecto piloto, este miércoles el equipo de trabajadores, que lleva meses recibiendo formación específica en violencia de género, como confirman a este periódico desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, comenzarán a atender a los primeros menores víctimas de violencia sexual.

“Barnahus (‘Casa de la Infancia’, en islandés) representa una nueva forma de entender la atención a la infancia víctima de violencia sexual: un modelo centrado en el interés superior del menor, que evita la revictimización y prioriza su bienestar. Por primera vez, todos los servicios —sociales, judiciales, sanitarios, policiales y educativos— trabajan bajo un mismo techo, en un entorno amable y seguro adaptado a la infancia. Euskadi adopta así un estándar europeo reconocido por el Consejo de Europa como buena práctica en la protección de los derechos de la infancia. El Barnahus de Vitoria será el primer centro de este tipo en Euskadi, atenderá a menores del territorio de Álava y servirá como referencia para futuras implantaciones en otros territorios. Con su puesta en marcha, se inicia una nueva etapa de protección y acompañamiento integral a las víctimas infantiles de violencia sexual, aseguran desde el Gobierno vasco.

El equipo y el procedimiento a seguir

El equipo que atiende a los menores está formado por un equipo fijo y un equipo móvil. Por un lado, el equipo fijo lo forman cuatro personas: un coordinador, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social. Por otro lado, el equipo móvil se constituye por dos binomios de los servicios sociales de trabajador social y psicólogo. El equipo móvil está formado por un pediatra, un médico forense, una ginecóloga, Ertzaintza, fiscalía y judicatura.

Los menores serán derivados a Barnahus a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación Foral de Álava y a su llegada al centro al niño o a la niña se le realizará una acogida y una evaluación inicial multigrupo. A su vez, dispondrá del tiempo necesario para realizar una terapia adecuada a sus necesidades con la psicóloga del centro. De la misma manera, en el Barnahus, se le podrá hacer un examen médico para cuidar su salud. Una vez que la persona menor esté preparada (y nunca antes) el niño o la niña narrará el relato de lo que le ha ocurrido acompañado en todo momento por la psicóloga. “Podrá comunicar los hechos en un entorno profesional, seguro y sin necesidad de profundizar en el relato”, aseguran.

Conectados a la sala de la declaración, desde una sala contigua, el coordinador de Barnahus, la Ertzaintza, la Fiscalía y el equipo médico seguirán en directo el relato del menor. La jueza lo seguirá online y el relato de ese niño o niña tendrá el mismo valor judicial que una declaración en un juzgado. Asimismo, el menor recibirá apoyo psicológico y jurídico a lo largo de todo el proceso. “Los profesionales de servicios sociales, el equipo de trabajadores de Barnahus y los miembros de la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias del Gobierno vasco que se ocuparán de Barnahus ya han recibido una formación general y una formación especializada impartida por la EHU en colaboración con Save the Children. También han conocido la experiencia catalana de Barnahus donde ya cuentan con varios centros”, reconocen.

En cuanto el lugar en el que está ubicada la casa Barnahus, cuya localización es secreta para la protección de los menores, se trata de “un espacio acogedor y accesible, alejado de comisarías y juzgados”. “Se mantiene el anonimato y no se difundirá su ubicación para proteger a los menores que hayan sufrido una agresión”, informan desde el Gobierno vasco, quienes aclaran que Barnahus Vitoria consta de los siguientes espacios: recepción y sala de espera diáfana, sala para exploraciones médicas, tres espacios de terapia adecuados al bienestar de la persona menor, sala de declaración, sala contigua a la sala de declaración, una cocina-comedor, dos baños, sala de trabajo para el equipo fijo, sala de trabajo para el equipo móvil y una sala para la coordinación interinstitucional. Se trata de un espacio que estará abierto de lunes a viernes y el acceso será voluntario, gratuito, confidencial y respetuoso con la dignidad de las víctimas y sus familias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Custos-Tiscal, ha liberado a una menor de edad de 15 años que ha sido víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad en Isla Cristina (Huelva), tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla. En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.

Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada. Asimismo, fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas o ropa.

Liberada tras contactar con una amiga

Además, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia. La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la menor contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.

En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias pero posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro, denunció los hechos. Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El nuevo espacio de atención integral a menores víctimas de violencia sexual en Navarra, denominado Barnahus, entrará en funcionamiento el próximo 4 de mayo tras haber sido inaugurado hace unos meses. Representantes de la Comisión de Presidencia e Igualdad, de la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia y de la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra han visitado este miércoles las instalaciones del centro.

El modelo Barnahus, término islandés que se traduce por 'la casa de la infancia', es un modelo europeo reconocido, basado en la protección, la confianza y el respeto. El objetivo es ofrecer “un espacio amigable y especializado” que reúna, en un solo lugar, todos los servicios necesarios para atender a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años (a partir de los 16 años las atienden en el CAIVS) y a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años, así como menores con discapacidad, que han podido ser víctimas de violencia sexual.

El objetivo final es, según han explicado María Muñiz, psicóloga forense y coordinadora del centro, “evitar que los niños y niñas víctimas de violencia tengan que recorrer un camino complejo debido a múltiples entrevistas, distintos entornos institucionales y procesos largos que, en ocasiones, podían generar una revictimización”. Barnahus plantea “un espacio seguro, adaptado a la infancia, donde todos los sistemas implicados -justicia, servicios sociales, sanidad, fuerzas policiales y atención psicológica- puedan trabajar de manera coordinada”, ha expuesto.

Para ello, según ha explicado Maite Arenaza, el espacio se ha diseñado como un lugar “acogedor”, con techos de madera y abuhardillados para dar una sensación de hogar, ya que se considera que la arquitectura y la decoración de los espacios son también parte del proceso terapéutico, de ahí que cuente con salas con decoración infantil y adolescente para las entrevistas y terapias personales, así como con una cocina anexa que se utiliza también durante los tratamientos psicológicos.

El centro cuenta con los espacios adecuados para realizar las pruebas preconstituidas, es decir, las declaraciones ante el juez, para que el menor no tenga que acudir al Palacio de Justicia, un entorno “mucho más hostil”.

En cuanto al acceso a Barnahus, se ha definido un protocolo específico interdepartamental para definir el circuito de acceso: ante la sospecha de una agresión sexual a una persona menor o con discapacidad intelectual, los departamentos del Gobierno de Navarra y los profesionales implicados deben realizar una derivación formal y enviar a la persona al centro para su valoración y seguimiento. De la misma manera, las personas afectadas, sus familiares y personas allegadas tienen la opción de acudir directamente a Barnahus.

Una vez que el equipo recibe el caso, procederá a analizar toda la información disponible y recabará, en la medida de lo necesario, datos adicionales que permitan realizar una valoración completa y precisa de la situación.

Así, en una reunión interdepartamental, se elaborará un plan de actuación conjunto que especificará los servicios que se propondrán a la familia y a cada persona menor y priorizará que la mayoría de estas acciones se realicen en la Barnahus, “garantizando así un proceso centrado en la protección de las niñas, niños y adolescentes en un entorno amigable”. En 2025, fueron atendidos en Navarra 78 menores víctimas de agresión sexual.

Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 años y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos primeros días de caos. Él pudo salir de La Ciudad poco después de que se fueran los Hermanos, pero sus antiguos compañeros le explicaron lo sucedido en el centro. “En esas semanas se hizo de todo. Se prendió fuego a la sala de actos, se recuperaron los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tiraban piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre.

Él acabó en el orfanato porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas por los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

El acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en Tomelloso ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante el juicio por unos hechos ocurridos en septiembre de 2022.

El procesado, A.N.L., de unos 50 años, ha reconocido los hechos, lo que ha evitado la celebración íntegra de la vista oral en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor.

El acusado ha reconocido que se encontró con la menor cuando regresaba a su domicilio tras finalizar la jornada escolar y, con el pretexto de pedirle fuego, se acercó a ella y la arrinconó en un lateral de la acera.

Durante aproximadamente una hora, realizó tocamientos de carácter sexual, incluyendo pecho, glúteos y cadera, llegando a introducir la mano entre la ropa de la menor y por debajo del pantalón del uniforme.

Además de la condena de dos años de prisión, que no cumplirá al no contar con antecedentes penales, se le impondrá una orden de alejamiento de seis años respecto de la víctima, así como una indemnización de 600 euros por los daños morales causados.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha detallado en un informe la “falta de reconocimiento” que han sufrido una treintena de víctimas de abusos sexuales por parte del religioso Patxi Exkiaga Lasa entre los años 1976 y 2012 en el colegio La Salle de Donostia por parte del centro. Tras un proceso de acompañamiento, escucha e interlocución, el Ararteko explica que las víctimas solicitaban apoyo institucional para que el Ararteko, dentro de sus competencias, “les acompañara e impulsara un proceso para conseguir un reconocimiento público del daño causado, el compromiso de investigación de los hechos y la reparación, tanto personal como moral y colectiva”. Algo que no ha sido posible por la negativa del centro que “limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga Lasa se hace público tras una investigación de El País en la que se relatan casos de abusos sexuales cometidos entre los años 1976 y 1996, si bien señalan que Patxi Ezkiaga Lasa permaneció en La Salle Donostia hasta 2012, por lo que las víctimas se muestran convencidas de que los abusos continuaron hasta dicha fecha. Se trata de niñas vinculadas a la actividad del colegio La Salle Donostia, alumnas en su mayoría, pero también participantes en el grupo de gimnasia rítmica y las excursiones al monte y campamentos organizados por el colegio. El Ararteko ha podido comprobar y así lo refleja en su informe, que “algunas de las víctimas sufrieron abusos sexuales graves durante años, cuyas consecuencias físicas y psicológicas y secuelas hoy en día, personales y familiares, son evidentes y precisan de atención inmediata especializada”.

Patxi Ezkiaga Lasa, quien además de docente tuvo responsabilidades directivas, “violentaba a las chicas delante de la clase, traspasando su espacio íntimo y personal”. “Sentaba a alumnas en su regazo frente al resto de alumnos. Durante la clase iba tocando desde la cintura hacia el pecho de las alumnas. Paseaba con una varita durante las clases entre los pupitres y cuando podía abría el escote de las alumnas con la misma. Aprovechaba las exposiciones de las alumnas en la pizarra para apoyar la mano en el hombro y acariciar la cara mientras tanto”, recoge el informe que sostiene que “todas las víctimas coinciden en señalar que cada año escolar tenía unas alumnas favoritas”.

Las víctimas relatan varios espacios donde se producían los abusos y tocamientos públicos y donde elegía a esas “alumnas favoritas: el club de escritura, donde ”los sábados Patxi Ezkiaga reunía a alumnas con interés en la literatura en euskera y sobre las que tenía mucha ascendencia como mentor y realizaba tocamientos frente a las otras alumnas sentadas todas en una gran mesa redonda“; las salidas al monte los fines de semana y especialmente los campamentos en Belagua (Izaba, Navarra), donde relatan que ”subía a dormir a alumnas a la parte superior de la borda con la excusa de protegerlas de los monitores chicos“ y también relatan varias víctimas que conocen que se daban abusos en las tiendas de campaña de las chicas. Además, los abusos se producían en las clases de gimnasia rítmica, a las que acudía con frecuencia, a pesar de no ser el profesor, ”para mirar y, en ocasiones, acercarse a las alumnas con la excusa de corregir sus posiciones y así poder realizar tocamientos“. ”En los casos más graves, se cita el despacho e, incluso su habitación en la parte superior del colegio. En este caso, la víctima relata que en el camino se cruzaba en los ascensores con otros religiosos y docentes que nunca impidieron que subiese a su habitación a una niña de entre 13 y 17 años“, indica el documento del Ararteko.

Las alumnas tenían códigos de protección entre ellas, como nunca acudir solas a su despacho o hacer siempre gimnasia con sudadera. Sin embargo, el religioso se intentaba ganar a los padres, siendo “muy afable en el trato y precedido del prestigio conferido a su figura conseguía que las familias le abrieran las puertas de sus casas”. Por último, algunas víctimas señalan que, cuando reunieron el valor para detener sus tocamientos, las sancionaba socialmente con su invisibilización, pero cesaba en sus intentos de abuso.

El 20 de noviembre de 2025, tras el proceso de interlocución con las víctimas, las personas interlocutoras del Ararteko presentaron a representantes de La Salle el acuerdo de propuestas elaborado por el grupo de víctimas. Este documento se planteaba como un primer paso para abrir un diálogo, ya fuera en torno a las medidas de reparación colectiva acordadas por las víctimas o a cualquier otra iniciativa que la congregación quisiera incorporar al proceso. Una semana más tarde, La Salle envió su respuesta. En ella, limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, “sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”, sostiene el informe.

“Esta respuesta suponía, en la práctica, la negativa de la institución a iniciar este proceso de diálogo con las víctimas, facilitado por el Ararteko, para trabajar de manera colaborativa el conjunto de demandas de reparación colectiva planteadas por las víctimas o cualquiera de las que decidieran abordar y la negativa a asumir este proceso restaurativo facilitado por el Ararteko con participación de las víctimas como colectivo, más allá de encuentros individuales, a los que sí se mostraban dispuestos”, aseveran. A juicio del Ararteko, estos encuentros individuales “no cumplían las condiciones avanzadas en el proceso colectivo de facilitación”, además, con su negativa, el centro se negaba a “abrir un debate público y compartido sobre las responsabilidades institucionales por las omisiones del pasado y sobre las garantías de no repetición en clave comunitaria”, detalla.

Para las víctimas, la negativa a las medidas de reparación colectiva supuso un “nuevo impacto doloroso”, al percibir que la reparación quedaba relegaba a una “lógica individual, sin abordar el daño colectivo ni la dimensión ética y social de lo sucedido”. “En opinión de las víctimas que han acudido al Ararteko, que se definen como 'víctimas incómodas' al no haberse conformado con los contactos que ha tenido la congregación con ellas ni con la petición de disculpas privadas que en algunos casos les han trasladado, la respuesta ha sido insuficiente. Esta actitud esquiva, esta inactividad les resulta especialmente dolorosa. Algunas víctimas, además, se han sentido especialmente dolidas tras su denuncia al ponerse en contacto el colegio o personas vinculadas al mismo con sus progenitores, generando un nuevo daño a los familiares y a ellas mismas y no tratando directamente con ellas como personas adultas”, sostienen desde el Ararteko.

El Ararteko ha lamentado en su escrito la imposibilidad de articular mecanismos de respuesta desde la justicia penal por el tiempo transcurrido, la falta de datos, la culpabilización de las víctimas, el miedo o la vergüenza a la hora de relatar lo sucedido. “Fruto de la escucha a estas víctimas, así como a otros testigos y acompañantes de las mismas, el Ararteko ha podido percibir la gravedad de los abusos sexuales cometidos por Patxi Ezkiaga Lasa contra una gran cantidad de víctimas durante, al menos, tres décadas y la gravedad de los daños individuales y colectivos que las mismas y, en ocasiones, sus familias, han sufrido solas y en silencio durante décadas como resultado de un ecosistema de impunidad en el Colegio La Salle Donostia y el conjunto de la sociedad vasca, cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días. Impunidad colectiva que sigue generando un daño enorme a las víctimas”, recoge el documento.

En este sentido, el Ararteko comparte “el profundo sentimiento de injusticia de las víctimas, familiares, acompañantes y amigos, agravado por el hecho de que, hasta el reportaje de El País, durante décadas nadie se interesó por las víctimas ni les preguntó cómo estaban. No obstante, al Ararteko le consta que actualmente algunos docentes del colegio La Salle Donostia están acompañando personalmente a las víctimas en este proceso de denuncia”. Por último, el Ararteko ha podido comprobar que los abusos sexuales sufridos y la impunidad de estos “siguen teniendo consecuencias muy graves en las víctimas, con manifestaciones en el ámbito laboral (largas bajas laborales desde que salen los reportajes en El País y se revive el trauma), tratamientos psicológicos y psiquiátricos, intentos de suicidio e incluso una vida de exilio fuera de Euskadi en el caso de algunas víctimas”, concluye el informe.

Tras la publicación del informe del Ararteko, La Salle ha difundido un comunicado para “reiterar con absoluta claridad” su “condena de los hechos ocurridos”. “Se trata de conductas inaceptables que provocaron un daño profundo y un sufrimiento injusto en las víctimas. Como institución educativa y como comunidad, nos sentimos profundamente consternados por lo sucedido y expresamos nuevamente nuestra cercanía, respeto y solidaridad con todas las personas que lo padecieron”, sostienen en el comunicado.

En su escrito, piden “perdón” a las víctimas, pero también hacen referencia a las víctimas que “han expresado su decepción o malestar” tras la negativa del centro a participar en el proceso guiado por el Ararteko, sin embargo, no hacen referencia clara a las medidas que tomarán de ahora en adelante. “Sabemos que ninguna palabra puede reparar plenamente el dolor causado, pero creemos que reconocer el daño y pedir perdón es un paso imprescindible de responsabilidad moral e institucional. Por ello, La Salle quiere reiterar su petición de perdón a todas las víctimas por el sufrimiento vivido y por no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido. Somos conscientes de que algunas víctimas han expresado decepción o malestar ante determinadas decisiones o procesos. Escuchamos esas reacciones con respeto y con atención. Precisamente por ello, La Salle está reflexionando con responsabilidad sobre cómo seguir avanzando para encontrar el mejor camino de encuentro con las víctimas, reforzando los espacios de diálogo y explorando las fórmulas que puedan contribuir de manera más adecuada al reconocimiento y a la reparación. Nuestra voluntad es clara: tender puentes, no cerrarlos; escuchar, no ignorar; y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado”, concluyen.

La Policía Nacional ha informado de la detención a finales de enero del enfermero de un centro de Educación Secundaria de la localidad madrileña de Leganés acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.

Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales.

A lo largo de los siguientes días otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero, un español de 28 años que finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.

Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre a un total de 11 años de prisión por los delitos de agresión sexual a una menor, corrupción de menores, facilitar la difusión de material pornográfico y tenencia de material pornográfico infantil. Por contra, el tribunal ha absuelto al procesado de otros delitos imputados inicialmente, entre ellos elaboración de material pornográfico, acoso telemático y otras dos agresiones sexuales.

La Audiencia Provincial subraya que la sentencia se dicta tras juicio oral celebrado a puerta cerrada, con pruebas preconstituidas y declaraciones grabadas, garantizando los derechos de defensa del acusado y la protección de la víctima durante todo el proceso.

Se ha establecido la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar frecuentado durante un periodo de hasta 14 años, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo tiempo.

Además, el condenado afronta inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores durante 18 años, y libertad vigilada por nueve años tras cumplir las penas de prisión. También se le impone inhabilitación para ejercer derechos de patria potestad, tutela o acogimiento durante ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes. La sentencia, recogida por Efe, también decreta el decomiso de todos los efectos intervenidos utilizados para cometer los delitos.

Según el fallo, los hechos probados ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando el acusado contactó con la víctima y otros menores mediante plataformas de mensajería y webs de citas, llegando incluso a mantener encuentros físicos con fines sexuales.

La sentencia destaca que la víctima “sufrió ansiedad, sentimientos de culpa y alteraciones en su rendimiento escolar, lo que requirió tratamiento psicológico para normalizar su estado emocional”. La resolución recuerda que el condenado puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Sigue dando misa en la iglesia de San Jorge, frente al estadio Santiago Bernabéu, mientras se recupera de una intervención del anunciado cáncer de riñón que padece. Porque el exobispo Rafael Zornoza, expulsado por León XIV de la diócesis de Cádiz y Ceuta después de que, en octubre pasado, El País revelara una denuncia de abusos contra él cuando ejercía como rector del seminario de Getafe, en los años 90, reside en la actualidad en la capital de España, refugiado en torno a la comunidad que lo vio surgir como sacerdote, al amparo de quien fuera primer obispo de Getafe, monseñor Golfín.

Zornoza vive en Madrid, en un apartamento en la calle Eduardo Dato que está siendo sufragado por la Conferencia Episcopal. Fuentes episcopales consultadas por elDiario.es aseguran que “es una práctica habitual cuando un obispo se retira, y decide irse a vivir fuera de su diócesis de origen”.

Y es que los obispos eméritos siguen manteniendo sueldo y, en algunos casos (depende de la diócesis) chófer y servicio. En el caso de Zornoza, se argumenta, “todavía no hay un proceso formal en marcha, apenas sabemos de una investigación preliminar cuyos resultados no se han hecho oficiales”. Un proceso que, como adelantó Religión Digital en primicia, sugiere al arzobispo de Sevilla (de la que depende Cádiz) la apertura de un proceso penal en contra del prelado.

“La Iglesia me ha abandonado, me ha traicionado”, cuentan que clamó Zornoza a los fieles de San Jorge al ser informado de los resultados de la investigación preliminar de La Rota, calificando de “un calvario” su declaración, pese a que se respetó, en todo momento, el procedimiento procesal. Él mismo fue informado, al igual que la víctima, de la decisión del tribunal, quien percibió “indicios sólidos de delito” y así lo comunicó al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Una vez que este reenvíe su propuesta a Roma, será el dicasterio de Doctrina de la Fe quien anuncie la apertura de un proceso, que a buen seguro se llevaría a cabo, también, en La Rota de Madrid.

La acusación contra él: “Me acariciaba y besaba”

En la carta que motivó la investigación, la víctima acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

¿A qué penas puede enfrentarse Zornoza?

En virtud del canon 1342, el obispo emérito de Cádiz y Ceuta podría ser sancionado, en caso de ser declarado culpable, a penas que van desde la secularización perpetua a la limitación del ejercicio del ministerio sacerdotal (podría prohibírsele, por ejemplo, el trato con menores, o la celebración pública de los sacramentos), pasando por la reparación económica de la víctima. O las víctimas, pues en los últimos días podrían haber surgido nuevos testimonios que, en caso de abrirse juicio canónico, podrían añadirse a la trama.

Toda la información en www.religiondigital.org

El exentrenador del Varea, acusado de abusos a menores y por los que el Fiscal en sus conclusiones definitivas solicita un total de 40 años y 9 meses de cárcel, ha declarado ante el juez que “nunca” ha buscado “ningún contacto físico o sexual” con sus jugadores, niega “tocamientos” y “abusos” y enmarca las conversaciones que mantenía con ellos con “un simple vacile de cualquier vestuario de fútbol”. En su intervención ha desmentido también que prometiera a cualquiera de ellos jugar en el Osasuna y sobre las conversaciones de Whastapp con ellos ha dicho que todas han sido “en tono de broma, reconozco que pueden haber sido inapropiadas, pero nunca con ninguna intención”.

Ha querido dejar claro que “nunca” ha hecho promesas a los jugadores con el Osasuna; “Yo solo presentaba informes, jamás podría haber tomado esas decisiones”. Además ha reiterado varias veces en su discurso que “jamás” ha pedido fotos a nadie“ de índole sexual a la vez que ha dicho: ”Detesto ese tipo de conductas“. El procesado niega también el encuentro en el domicilio con la principal víctima del caso -un menor de 15 años en el momento de los hechos- afirmando que ese día no estaba en Logroño. Y rechaza, por último, cualquier ”tocamiento a menores“.

Así ha respondido el acusado, G.S.L., en su turno de palabra en la segunda y última sesión del juicio en la Audiencia Provincial de La Rioja contra este hombre por haber cometido presuntamente delitos contra la libertad sexual de ocho menores de edad en el ámbito deportivo.

En concreto se sienta en el banquillo por presuntos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años; presuntos delitos de acoso sexual a menores de 16 años; presuntos delitos de revelación de secretos; presuntos delitos de pornografía infantil y presunto delito de tenencia de material pornográfico.

El Fiscal en sus conclusiones provisionales solicitaba 47 años de prisión aunque, finalmente, tras la celebración del juicio, pide 40 años y 9 meses al eliminar uno de los delitos de abusos. En cuestión de multas propone cifras por importe de 14.600 euros y 49.000 euros de indemnización por daños morales a los menores en concepto de responsabilidad civil, una cantidad de la que responderá de manera subsidiaria el Club Atlético Osasuna, para el que el acusado trabajaba como oteador.

En este punto, y por parte de la letrada del Osasuna, ésta ha indicado en sus conclusiones finales que “una vez demostrada toda la práctica” en este juicio, queda patente que las conversaciones y los hechos se hicieron “fuera del horario laboral del acusado o de su labor profesional con el club” y excluye la responsabilidad civil subsidiaria que le imponen porque sus actividades “fueron hechas al margen de su trabajo”. “Utilizó el Osasuna como anzuelo” y “nosotros también somos perjudicados del caso”. Además ha solicitado la devolución de la fianza ya presentada por el club.

Volviendo a la declaración del acusado, éste ha reconocido que conoce “a todos los implicados en el caso”.

Con respecto a la relación que mantenía con los jóvenes indica que “siempre ha habido encuentros en casas, restaurantes, en el mismo club, con padres, jugadores, técnicos... había una relación por Whastapp pero me ratifico en mis palabras yo nunca he llevado ninguna intención de nada, ha sido todo en broma”.

Preguntado por el episodio que relató la principal víctima -por el que comenzó el caso- en el interior de un domicilio donde el menor indicó que le hizo un masaje con el que se sintió “incómodo”, el acusado afirma que ese día, el 12 de marzo de 2022, él “estaba en el pueblo riojano de Jubera cambiando unos candados y hay unas cámaras de vigilancia y personas que lo demuestran”.

“Sintomatología traumática” de la víctima

Precisamente, antes de su declaración han tomado la palabra las dos profesionales encargadas del estudio de dicha víctima. El informe psicológico presentado confirma “la sintomatología traumática” que presenta el joven -que era menor en el momento de los hechos- así como “estrés postraumático y ansiedad”. Las profesionales que atendieron al menor han confirmado ante el juez que “si hubiera sido por el menor, nunca hubiera revelado” este acontecimiento “por vergüenza -recordamos que fue la madre quien desveló la situación ante la Policía-.

“Mostró mucha resistencia a contar los hechos, aún en el contexto familiar, sentía culpabilidad”, han afirmado. Aseguran también que el relato del menor “por su estructura, la forma de narración, por la aportación de datos... es creíble” y aún con el paso del tiempo es coherente. “No se ve en el joven -subrayan- ni odio, ni rencor, ni posibilidad de venganza”.

En concreto, la principal víctima del exentrenador declaró ayer que el propio acusado le llevó el 12 de marzo de 2022 a su domicilio de Logroño. “Me llevó a su casa en coche, entramos, me llevó a su cuarto, me dijo que me desnudase y me tumbó en una camilla, tapándome con una toalla, para darme un masaje”. Un masaje, indica, que se centró en la zona genital. Afirma que “estaba nervioso, tenía miedo y solo quería llamar a mi madre pero no tenía el móvil cerca. Quería pedir ayuda e irme de allí. Era imposible que me fuera de esa casa”.

En su testimonio destaca que el procesado “me dijo que me inventara una excusa para ese día para decirle a mis padres”. Ha recordado también que el acusado le ofreció llevarle al Centro de Tecnificación del Osasuna “sin que lo supieran mis padres” y “me ofreció regalos”. Por último, en sus conclusiones definitivas, el abogado del acusado ha criticado “la presión mediática a la que ha estado sometido su cliente en todo el proceso” y ha pedido que se juzgue “por pruebas, no sospechas ni conjeturas. No hay pruebas directas”.

Finalmente, en el turno de su última palabra, el acusado ha querido ratificar que “en ningún momento ha habido ni una intencionalidad de ocasionar o causar un daño. Creo que las conversaciones han podido ser inapropiadas”. “Yo esas fotos ni las he visto ni tengo constancia de que estuvieran en mi dispositivo. Me ratifico en que estos hechos son totalmente reprochables a cualquier persona que las haga. Yo jamás he hecho nada, me considero inocente”, ha finalizado.

Los abusos sexuales que un padre ejercía sobre su hija de siete años para retransmitirlos en directo a cambio dinero virtual no han terminado con su detención. La Policía Nacional continúa buscando a los hombres que habían pagado a este individuo, ahora en prisión provisional, por emitir el contenido a sabiendas de que se sometía a una menor de edad. La niña permanece ahora junto a su madre, con la que el protegenitor compartía puntualmente la custodia tal y como señalan fuentes policiales. Por las retransmisiones recibía monedas generadas por una aplicación móvil, que luego intercambiaba por ganancias y regalos o popularidad en la red.

La investigación comenzó a finales de noviembre a raíz de una denuncia anónima que llegó a las autoridades. “Alguien había recopilado datos del detenido y nos había enviado la información. Tirando del hilo descubrimos que todo ocurría a través de una aplicación de streaming que está legalizada en España y tiene controles de contenido o sistemas de software especializados”, revela Óscar, el subinspector de la unidad policial de delitos informáticos que ha investigado el caso, con una advertencia: “Al final, es casi imposible vigilar todas las retransmisiones privadas en directo”.

Para captar clientes, el padre primero difundía imágenes con su hija y trataba de localizar así a gente interesada en este tipo de material delictivo. Como pago, los clientes abonaban unos 20 o 30 euros por la emisión, aproximadamente; en general cantidades “poco elevadas” según reseña la Policía. El detenido tenía antecedentes penales aunque ninguno vinculado a la naturaleza de estos hechos, desvela el subinspector del caso. De momento, continúan buscando a otros implicados que hayan infringido la prohibición legal que pesa sobre la pornografía infantil en España.

Una denuncia anónima y salas privadas para las retransmisiones

Al registrar el domicilio del padre encontraron, además, dos teléfonos móviles en los que se encontraron grandes cantidades de material pornográfico. El correo anónimo que motivó la investigación se recibió a través de denuncias.pornografia.infantil@policia.es, un canal de colaboración ciudadana habilitado por la Policía Nacional para estos casos de abuso a menores. Permite a los ciudadanos poner en conocimiento de los agentes algún indicio de delitos con esta categoría, y entre 2024 y 2025 recibió más de 5.000 mensajes que luego fueron analizados por la Brigada Central de Investigación Tecnológica.

Después de varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de livestreaming para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, atrayendoles con fotos tumbado con su hija sobre la cama. El detenido establecía estos contactos a través de una aplicación de mensajería externa y difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija menor de edad, a cambio de obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento en materia de visibilidad.

Después de pasar a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó el ingreso inmediato en prisión del actual detenido. A raíz de este caso, la Policía Nacional ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y perseguir este tipo de delitos e invita a denunciar cualquier actividad sospechosa, asegurando anonimato y confidencialidad.

Jeffrey Epstein, líder de una red de tráfico y abuso sexual de menores para otros hombres con dinero, se suicidó hace seis años en una celda de una cárcel de Nueva York, pero no se llevó todos sus secretos a la tumba. Algunos dejaron rastro en su correo electrónico y en su agenda de contactos. Ese material, que en parte ya se había filtrado durante la investigación, se acaba de publicar casi por completo. Son tres millones de páginas. Son cientos de miles de correos electrónicos… más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Mientras los periodistas intentamos revisar, contrastar, recabar información, corroborar versiones… Internet se llena de hallazgos muy relevantes, sí, pero también de titulares arriesgados y especulaciones. Así que nosotros, con la información que tenemos, tratamos de explicar lo que se sabe y lo que no se sabe hasta el momento. Lo hacemos con el colaborador de elDiario.es y con el director adjunto de Maldita.es, Carlos Hernández Echevarría. 

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La Audiencia provincial de Lugo ha cerrado este jueves el caso de un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en complicidad con la madre de la víctima, unos hechos que tuvieron lugar entre 2017 y 2019.

Según informa Europa Press, Fiscalía y acusación particular han llegado a un acuerdo con ambos abogados defensores, por lo que los acusados han reconocido los hechos consiguiendo una rebaja de la pena desde los 27 años que se pedían inicialmente hasta los tres años y siete meses, a cambio han asegurado una indemnización para la víctima de 150.000 euros, muy por encima de los 20.000 que solicitaba la Fiscalía.

Los hechos se remontan a 2017, cuando la víctima, que tenía en aquel momento 12 años de edad, fue obligada por su madre a mantener relaciones sexuales con el hombre en varias ocasiones. Los hechos se repitieron durante dos años hasta el día su décimo cuarto cumpleaños.

Además, la madre fue acusada de malos tratos, ya que, como reconoció, golpeó a la menor porque lloraba durante las agresiones, algo de lo que se quejaba el hombre. Por cada encuentro la menor recibía 50 euros, pero tenía que entregar la mitad a su madre.

Al final, aceptaron los dos acusados una pena de 3 años, 7 meses y 4 días de prisión, que se cumplirá íntegramente con ingreso en los próximos días, en ambos casos por agresión sexual e inducción a la prostitución.

Además, él deberá mantenerse alejado de la víctima durante 6 años y después tendrá un periodo de libertad vigilada de 5 años, además de la prohibición de trabajar cerca de menores por otros 8.

Ella contará con la misma pena, a la que se le suman 40 días de trabajo comunitario por el maltrato, además de alejamiento por 6 años e inhabilitación de la patria potestad por 1 año. Tampoco podrá trabajar en contacto con menores por un periodo de 8 años.

Esta cuantiosa rebaja de la pena fue en común acuerdo por la víctima, que a día de hoy ya es mayor de edad y “busca únicamente una reparación económica a la altura de los hechos”, tal y como explicó el abogado de la acusación particular, Jacobo Vázquez.

Como detalló al término de la sesión, la Fiscalía solicitaba 20.000 euros, aunque la acusación particular pidió desde el inicio 300.000. Al final se acordó una reparación de 150.000 euros, de los que ya se abonaron 100.000 y el resto se pagarán a razón de 10.000 euros cada año.

“Los dos acusados ya iban a recibir una importante rebaja en las penas por dilaciones indebidas en el proceso, que se retrasó más de cinco años, y también por la reparación del daño, debido a que ya ingresaron en la cuenta de la víctima 100.000 euros. Pero, lo importante es que ella con este dinero pueda rehacer su vida”, concluyó el abogado.

L'acusat de violar la seva filla de tres anys i contagiar-li una malaltia venèria ha negat els fets i ha manifestat que la transmissió va poder produir-se de manera accidental mentre es dutxaven junts i fins i tot després, en eixugar-se amb la mateixa tovallola.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma jutja des d'aquest dilluns l'home, qui, a preguntes del fiscal, ha assegurat que no sabia que tenia gonorrea, encara que sí que tenia una picor, admetent que es ficava a la banyera plena d'aigua després d'orinar i que després es banyava la nena. Ha reconegut que va poder haver-hi un contacte físic accidental amb la nena, encara que mai de caràcter sexual.

L'home s'ha definit com “un desastre i molt deixat” en qüestions d'higiene personal. “Em rento la cara al matí i ja no em rento més”, ha reconegut.

La Fiscalia reclama 15 anys de presó per al processat i el pagament d'una indemnització de 20.000 euros com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual.

En el seu escrit de qualificació provisional, el fiscal detalla que els fets van ocórrer al llarg d'octubre de 2022 al domicili de Palma en què convivien. L'home, aprofitant els moments en què es quedava a soles amb la menor i de la seva ascendència com a progenitor, presumptament la va violar i la va sotmetre a tocaments de caràcter sexual.

Com a conseqüència d'això, li va contagiar una malaltia venèria que ja era conscient que patia. La víctima va haver de rebre tractament mèdic durant prop d'un any.

Al novembre de 2022, un jutjat li va imposar una ordre d'allunyament i li va prohibir comunicar-se amb les seves filles, la custòdia de les quals va recaure de forma exclusiva en la mare.

El acusado de violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea ha negado los hechos y ha manifestado que la transmisión pudo haberse producido de manera accidental mientras se duchaban juntos e incluso después, al secarse con la misma toalla.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzga desde este lunes al hombre, quien, a preguntas del fiscal, ha asegurado que no sabía que tenía gonorrea, aunque sí que tenía un escozor, admitiendo que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña. Ha reconocido que pudo haber un contacto físico accidental con la niña, aunque nunca de carácter sexual.

El hombre se ha definido como “un desastre y muy dejado” en cuestiones de higiene personal. “Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más”, ha reconocido.

La Fiscalía reclama 15 años de prisión para el procesado y el pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal detalla que los hechos ocurrieron a lo largo de octubre de 2022 en el domicilio de Palma en el que convivían. El hombre, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la menor y de su ascendencia como progenitor, presuntamente la violó y la sometió a tocamientos de carácter sexual.

Como consecuencia de ello, le contagió de una enfermedad venérea que ya era consciente que sufría. La víctima tuvo que recibir tratamiento médico durante cerca de un año.

En noviembre de 2022, un juzgado le impuso una orden de alejamiento y le prohibió comunicarse con sus hijas, cuya custodia recayó de forma exclusiva en la madre.

“Está siendo un goteo constante, pero hemos notado un repunte en víctimas que, ahora sí, quieren denunciar”. Desde que el pasado 8 de enero Gobierno e Iglesia firmaran el histórico acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, las peticiones de información por parte de nuevos supervivientes se han multiplicado, tal y como ha podido comprobar elDiario.es de manera directa (varias de ellas se han puesto en contacto con nosotros para saber adónde acudir), y han confirmado a este portal varias asociaciones de víctimas. “Me gustaría saber cómo poder informarme”, “Quisiera ponerme en contacto con algunas asociaciones de víctimas”, son algunos de los mensajes recibidos.

“Hemos recibido al menos una docena de nuevos testimonios en estos días”, proclaman desde Infancia Robada. Algo similar sucede en el caso de Lulacris o en las asociaciones de víctimas de Navarra. Algunos de estos casos llegan directamente, a través de los mecanismos de información de las asociaciones. Otras, directamente vía Defensor del Pueblo, que todavía no ha comenzado su trabajo, pues el mandato aún no ha sido firmado, ni los baremos establecidos.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, por su parte, constatan esta realidad, y esperan que, una vez establecido el procedimiento y puesto en marcha el plazo propuesto por el acuerdo (un año, prorrogable uno más), sean “cientos” las víctimas que puedan apoyarse en este instrumento de reparación, que supera (aunque no anula) en plan PRIVA.

"La Iglesia no va a caer en bancarrota", apuntan fuentes episcopales, que cifran en 150-200 los nuevos casos que puedan surgir con el nuevo modelo

Entre las razones, se encuentra la mayor confianza que desprende el aval del Estado frente a las suspicacias que muchas víctimas mantienen en el modelo propuesto por la Iglesia. A la vez, la convicción (planteada por el presidente del Gobierno a las asociaciones) de que los baremos de indemnización serán superiores a los planteados actualmente por el plan PRIVA, la apertura de compensaciones para familiares de víctimas que murieron mientras el proceso estaba en marcha y, también, que las víctimas que ya recibieron una indemnización de la Iglesia puedan pedir al Defensor del Pueblo que vuelva a evaluarse su caso.

Desde la Conferencia Episcopal, por su parte, dan por “superada” la primera fase, y estiman que el nuevo modelo no llegará a las “150-200” peticiones, bastantes más, por cierto, de las que se han decidido a acudir al PRIVA en el último año y medio. Después de años de suspicacias, los obispos “no tienen miedo” de asumir sus responsabilidades. “La Iglesia no va a caer en bancarrota”, apuntan fuentes episcopales consultadas, que sugieren que, en un año de funcionamiento, la institución, la Comisión del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) ha recibido ya 114 casos para su estudio y ha dictaminado una reparación económica de más de 1,9 millones de euros.

Con todo, el proceso es especial, toda vez que las víctimas cuyos casos hayan prescrito solo tendrán un año (prorrogable a dos) para solicitar su reparación. “Después, esa puerta estará cerrada. La del Gobierno, no la de la Iglesia”, recalcan desde la CEE. Las víctimas, por su parte, seguirán trabajando para “informar y asesorar” a los supervivientes, que cada vez más buscan acogerse al modelo de atención acordado entre la Iglesia y el Gobierno y que tiene a los supervivientes en el centro.

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