El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha guardado este mediodía un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las inundaciones producidas en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

La corporación municipal muestra así su solidaridad y apoyo a estas dos comunidades autónomas por esta tragedia.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa capitalina, Carolina Darias, así como concejales y concejalas, y empleados y empleadas municipales que se concentraron en la entrada de las oficinas municipales situadas en la calle León y Castillo.

Tras el paso de la DANA, las últimas cifras de fallecidos ascienden ya a 92 en la provincia de Valencia y tres más en el resto del territorio.

Las Palmas de Gran Canaria ha retirado 49 años después de la muerte de Franco, la Medalla de Oro que se le había concedido así como el título de Hijo Adoptivo. Lo ha hecho este viernes en el pleno de la ciudad con el voto a favor del PP, que ha defendido que sería coherente con las leyes vigentes, aunque también ha lanzado mensajes sobre Venezuela, pidiendo que se luche también por su libertad.

La medida ha sido aprobada con 24 votos a favor y los cuatro votos en contra de Vox, que ha realizado su propia valoración de la historia, a pesar de los numerosos desaparecidos y asesinados en Canarias por la represión franquista.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, hizo mención a unas palabras escritas el 30 de septiembre de 1936 por el inspector de la Guardia Municipal de esa ciudad, Alberto Hernández Suárez, en las que anunciaba que perdona a todos cuanto daño le habían causado. Siete días después fue fusilado.

“Las leyes están para cumplirse y las leyes en el cumplimiento de las mismas son atemporales”, ha dicho Darias, que pidió respeto mientras intervenía. “De Vox no me voy a esperar nada nuevo, la ultraderecha en este país sabemos dónde está y sabemos de dónde viene y los apoyos que tienen”, dijo.

“Ahora tengo que decir que la primera intervención del grupo municipal popular con esa equidistancia al dictador a mí me ha sorprendido y que para no hablar de lo que establece la Ley de Memoria Democrática se hable de otras dictaduras también. Hay que escucharse lo que uno dice y además nos ha llamado franquitos y creo que es una falta de respeto hablar de franquitos”. “Estamos cumpliendo con una Ley que coincido con el representante del grupo mixto con que tenía que haberse traído antes, pero eson no me exime a mí como gobierno para no traerlo”, apuntó.

La alcaldesa insistió en que se aprobó la Ley de Memoria Democrática para impulsar el conocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas promocionando la justicia y el derecho de reparación.

El concejal Ignacio García Marina (PP) habló durante su intervención de “valores democráticos” y pidió “se coherente” y “beligerantes” con los dictadores “vivos, muertos y de todos los colores”. “Cuando ustedes se ven acorralados, no les van bien las cosas... sacan el comodín de Franco”, dijo.

El concejal popular también acusó al PSOE de tener “tips autoritarios que deberían empezar a eliminar”. “A los que se les está poniendo cara de franquistos es a ustedes al PSOE”. Así mismo animó a “ser combativos y beligerantes y luchar por la democracia en el mundo. Animo a estar al lado de nuestros hermanos de Venezuela”, apuntó.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reunirá esta semana con los colectivos feministas para buscar una solución a los actos del 8 de Marzo que se organizan con motivo del Día Internacional de la Mujer y que este año coinciden con la cabalgada del Carnaval de la ciudad.

En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, ha indicado que con los carnavales “a veces las fechas vienen dadas”, pero ha confiado en una solución, pues el Ayuntamiento va a tratar que “sea el mejor acto reivindicativo del 8 de Marzo y será fruto de ese diálogo y de lo que las redes feministas quieran”.

El acto podrá ser por la mañana o por la tarde, en función de lo que quieran, y para ello se van a sentar a dialogar, ha recalcado Darias.

“Esta es una ciudad grande, donde cabe todo tipo de eventos”, y los miembros del gobierno local están “comprometidos con la igualdad real y efectiva y con el feminismo”, ha subrayado la alcaldesa.

En la ciudad “caben todo tipo de eventos”, ha añadido la regidora, que ha indicado que en la reunión, que ya estaba prevista, participarán miembros de la Concejalía de Bienestar Social y de la de Carnaval, y que ya la semana pasada el Ayuntamiento mantuvo una con los colectivos feministas. 

La manifestación del 8M en Las Palmas de Gran Canaria quedará eclipsada el próximo año por la fiesta más multitudinaria de la ciudad: el Carnaval. Ese mismo día está programada la Cabalgata, algo que no ha contentado a los colectivos feministas. “Es un menosprecio más”, explica Nereida Vizuete, una de las portavoces de la red feminista de Gran Canaria. Desde el Consistorio, por su parte, aseguran que están pendientes de reunirse con los colectivos y que presentarán varias propuestas para hacer convivir una fecha tan señalada como el Día de las Mujeres con la fiesta más importante de la capital.

“La ciudad es una ciudad feminista y reivindica la igualdad y el colectivo podrá tener un papel importante el 8M, pero este año se da la circunstancia de que la cabalgata, que viene determinada por ser el sábado de la semana del martes de Carnaval y miércoles de ceniza, coincide con el 8 de marzo”, recalcan desde el consistorio, gobernado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos.

Nereida Vizuete, por su parte, afirma que cuando se conoció la fecha este verano, la red feminista solicitó una reunión con el Ayuntamiento y que la semana pasada este tema se llevó al Consejo de la Mujer. “Hemos intentado solucionar esto por la vía del diálogo internamente, pero como vemos que no ha dado fruto, pues nos hemos visto en la obligación de denunciarlo públicamente porque efectivamente que se pongan la cabalgata el 8 de marzo nos parece una falta de respeto, no a la red feminista, que no es dueña de este movimiento, sino a las mujeres”, remarca. 

“Nos enfada muchísimo. Es que luego pondrán las luces violetas en las instituciones, el lazo cada año es más grande y, sin embargo, los recursos cada vez son menos y la falta de respeto a las fechas señaladas también son más graves”, apunta Vizuete, que recuerda que no es la primera vez que un acto feminista queda eclipsado por la programación de actividades del Ayuntamiento, pues así ha ocurrido en el 25N, Día contra la Violencia Machista, que ha coincidido con el encendido navideño. 

“Es una muestra más del desinterés del Ayuntamiento por las políticas feministas y los derechos de las mujeres”, incide la red en un comunicado que ha publicado este lunes “después de haber intentado la vía del diálogo”. 

La Red entiende que aunque la manifestación por el 8M sea convocada a las 12.00 de la mañana, el hecho de convocar el acto del Carnaval más multitudinario el mismo día hace que se desvirtúe la lucha. “En lugar de acompañar y apoyar estas efemérides, el Ayuntamiento ha decidido relegar las luchas feministas en favor de una festividad que bien podría haberse organizado en una fecha alternativa”, expone la red. 

“Esto es un despropósito que no podemos tolerar”, afirma Vizuete, que añade que la red está preparando toda una campaña que comienza este lunes. “Hasta ahora, hemos venido trabajando intentando hacerlo por la vía del diálogo internamente y a partir de hoy vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque no se trata de que no haya carnaval ni muchísimo menos”, insiste.

La portavoz de la red considera que ese día podría haberse programado otro acto del Carnaval, pero no el más multitudinario. El Ayuntamiento, por su parte, afirma que la fecha se debe al calendario y a la coincidencia con la cuaresma.

Así mismo, Vizuete recuerda que no se puede solicitar fecha para la manifestación hasta un mes antes y cree que el hecho de que sea la cabalgata ese día compromete el tráfico, que varias calles estén cortadas o el número de efectivos policiales que velen por la seguridad.

El Ayuntamiento insiste en que tiene previsto realizar una reunión con los colectivos feministas de la ciudad para la organización del 8M. “La ciudad organizará los dos actos, siendo la manifestación del 8M, como cada año, uno de los actos reivindicativos más importantes en el calendario de la ciudad”, insisten desde el consistorio.

Cuatro asociaciones han reprochado en un comunicado conjunto la gestión de este área por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), la asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV) y la Asociación de la Industria Musical Canaria (AIMCA) muestran su preocupación por la dimisión del concejal de Cultura, Adrián Santana y “nombramiento de una nueva concejala delegada que no tiene un perfil cercano al sector cultural”. 

Así mismo, mencionan el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente. La Fiscalía Anticorrupción está realizando una investigación para esclarecer la gestión de esta entidad y se ha solicitado una auditoría externa que examine la gestión de los últimos cinco años. 

Sobre ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado que la Sociedad de Promoción ha abonado a proveedores el importe de 3,9 millones de euros correspondientes a facturas contabilizadas de 2023, lo que le ha permitido cancelar la deuda pendiente del pasado año.

Entre las cuestiones que estas asociaciones afean, se encuentra la gestión del pasado Carnaval, que inciden en que “ha batido récords de gasto, alcanzando los 7,35 millones de euros”, de los cuales el Ayuntamiento ha tenido que asumir 5,8 millones. Aunque el impacto económico de las fiestas en la ciudad se estima en casi 40 millones de euros, para los colectivos culturales “estos datos son alarmantes cuando observamos el enorme desequilibrio entre los costos y los ingresos”.

En el comunicado hacen hincapié en “la mala gestión de los espacios de titularidad municipal, que no cuentan con un equipo de trabajo para su debida administración. Hablamos, entre otros, del Museo Néstor, del Castillo de Mata, el Centro Pepe Dámaso, del Centro Cultural Jesús Arencibia, del Castillo de San Francisco o la Batería de San Juan”, subrayan. 

Afirman que “todos estos espacios son parte una gestión estratégica del ayuntamiento dirigida a tener una ciudad más enriquecida culturalmente, que contrasta con el poco compromiso por parte de la administración hacia el sector cultural de la ciudad, y con la ya mencionada mala gestión. Todos estos inmuebles e infraestructuras culturales tienen muchísimas carencias, como la falta de personal, los horarios reducidos, las necesidades estructurales...”

“Con la nueva adquisición de inmuebles por parte del Ayuntamiento, como el Fyffes y el antiguo cine de Guanarteme; se reafirma la eterna promesa de una gestión correcta y adecuada para los equipamientos culturales municipales. Sin embargo, debemos recordar que los espacios con los que ya contamos tienen enormes carencias y ni siquiera se cubren las programaciones anuales correspondientes. ¿Qué va a suceder con las nuevas adquisiciones? ¿Se contratarán gestores que administren estos espacios y que cuenten con un equipo capacitado? ¿Qué va a pasar con todos estos inmuebles, que ya son propiedad municipal y que no cuentan con una debida gestión? ¿Dónde está, por parte del ayuntamiento, la programación cultural para generar actividades culturales en todos y cada uno de los distritos de la ciudad? ¿Vamos a financiar a todo el sector cultural de Las Palmas de Gran Canaria con la misma inversión pública que se destina también al Carnaval de nuestra ciudad?”, se cuestionan las asociaciones firmantes.

IAC, MAV, AICAV y AIMCA inciden en que “es necesario que se realice una reflexión profunda sobre la manera en que se están gestionando nuestros recursos culturales. No solo se trata del Carnaval, que sin duda es una fiesta emblemática; sino de una política general de gestión pública que afecta también a otros proyectos culturales y artísticos. La cultura en Las Palmas de Gran Canaria no puede ser gestionada con improvisación ni con la falta de transparencia que estamos observando”. 

Los colectivos culturales denuncian “la falta de diálogo y participación entre el Ayuntamiento y el sector cultural local”. “Se han celebrado muchas reuniones en las que se promete una mayor consideración y compromiso con nuestro sector, sin llegar a ninguna acción concreta”, inciden.

“Nos preocupa gravemente que, en el contexto de la candidatura de nuestra ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, los colectivos culturales más representativos de la ciudad hayan sido sistemáticamente excluidos de las reuniones y debates para construir una estrategia sólida y participativa. Desde abril, la comisión de cultura no ha sido convocada, y las jornadas organizadas en el seno del Ayuntamiento han marginado al sector cultural municipal, pese a las declaraciones de la Oficina Técnica de la Candidatura, sobre la importancia de un ”proceso de experimentación colectiva“ y la necesidad de contar con un ”coro de voces distintas“, apuntan.

Por todo ello, proponen al ayuntamiento convocar una serie de reuniones con artistas, comisarios, comisarias gestores culturales, etc; que puedan ahondar en las problemáticas existentes en nuestro entorno capitalino. “Solicitamos una mayor transparencia, y creemos necesario hacer partícipe a la ciudadanía en todo lo relativo a las políticas culturales municipales”, afirman.

Así mismo, subrayan que el proyecto de candidatura para la Capital Europea de la Cultura 2031 “es una oportunidad única para nuestra ciudad, pero solo si se construye desde la inclusión y la participación de lxs actores culturales locales”. “Las Palmas de Gran Canaria tiene un potencial cultural enorme, pero este potencial no puede desarrollarse si los responsables políticos siguen gestionando la cultura de manera excluyente, elitista y sin contar con los verdaderos y verdaderas protagonistas del ecosistema cultural de la ciudad”, afirman.

“Instamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a tomar todas las medidas urgentes requeridas para atender a esta situación. Es fundamental que se convoque a los colectivos culturales locales y que se les otorgue un papel activo en el desarrollo de las decisiones sobre la política cultural municipal, a través del Consejo Sectorial de Cultura de nuestra ciudad. También solicitamos la máxima transparencia en las investigaciones relacionadas con la gestión de la Sociedad de Promoción y la adecuada rendición de cuentas sobre el gasto en eventos como el Carnaval, las Fiestas Navideñas y las Fiestas Fundacionales que, aunque fundamentales, no deben ser gestionados a costa de otros proyectos culturales igualmente importantes, inciden.

“La cultura en nuestra ciudad debe ser un motor de desarrollo económico y social, y para ello necesitamos una gestión eficaz, transparente y participativa. Desde AICAV, IAC, MAV y AIMCA, nos ponemos a su disposición para trabajar juntos y juntas en la construcción de un futuro cultural a la altura de Las Palmas de Gran Canaria”, concluyen. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este martes que se personará en el denominado 'caso Valka', que instruye la posible comisión de hasta siete delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo en el seno de la institución, y que examinará los pagos efectuados a las empresas investigadas.

Tras una reunión con los portavoces municipales de los grupos presentes en el Ayuntamiento de la capital grancanaria, a la que no acudió el PP según la corporación municipal, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias (PSOE), ha insistido en que, desde el primer momento, se ha prestado “la máxima colaboración con la Justicia”.

Es por ello que, una vez se han ido conociendo detalles de la investigación en marcha, y que se encuentra bajo secreto de sumario, y previa consulta con la asesoría jurídica, el Consistorio ha decidido personarse en la causa.

El denominado caso Valka, cuya investigación coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, se instruye la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

Son cinco las personas investigadas hasta la fecha, cuatro de ellas funcionarias del Ayuntamiento capitalino -una ya jubilada- y un empresario.

Darias ha informado a los grupos municipales de que el departamento de Recursos Humanos “está analizando la situación del empleado público del Ayuntamiento” que está bajo investigación tras una querella presentada por la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y por Anticorrupción.

También ha comunicado que la empresa pública Geursa, que se encuentra en el centro de la investigación judicial, ha iniciado el procedimiento de cumplimiento normativo de la propia entidad municipal establecido por la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Igualmente, el gobierno municipal de PSOE, Nueva Canarias y Podemos ha dispuesto la verificación de los pagos efectuados por el Ayuntamiento a las entidades Guerra Patrimonial FGG y Esvertical, que aparecen en la instrucción, al tiempo que el área de Contratación ha realizado averiguaciones de posibles subcontrataciones en relación a los contratos adjudicados.

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reitera su compromiso de actuar con responsabilidad, rigor y diligencia, de acuerdo con la legalidad vigente, respetando el principio de presunción de inocencia que corresponde al Estado de derecho en el que nos encontramos”, concluye la nota municipal. 

Cuando la asociación Rehoyas Avanza alertó de irregularidades en actuaciones urbanísticas en Tamaraceite Sur, no pensó que estuviera entregando un hilo desde el que la Guardia Civil podría tirar hasta investigar a cinco personas por presunta corrupción en el entorno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su denuncia ha desembocado en la llamada operación Valka, una presunta “trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente” a determinados empresarios “cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a Geursa S.A, así como, la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras”. 

La Fiscalía detalló el pasado lunes que hay cinco personas investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

Los vecinos de Las Rehoyas empezaron a agruparse hace ya nueve años alrededor de una plataforma que después pasó a ser una asociación. “De repente, me veo incluido en una reposición que nunca pedí y con unas condiciones que nunca quedaron claras en ningún momento”, explica Juan Francisco Sarmiento, presidente de la asociación. Lo que el Ayuntamiento planteaba como la solución a las viviendas sociales que estaban deterioradas en la zona pasó a ser un plan que los vecinos de las viviendas privadas no compartían: les obligaban a dejar sus inmuebles, que aún están pagando a su banco, y a cambio les prometían una vivienda de protección oficial con otras condiciones y en otro lugar. A ello se le suma que dos de los edificios de estos vecinos pasarían a ser suelo para una gasolinera. 

“Nos van a poner una gasolinera, en lo que viene siendo la rotonda de las Rehoyas, al lado de un instituto, de un colegio, de casas... Una gasolinera que ocupa lo que sería hoy el espacio casi de los dos edificios que tenemos. El sesenta y seis y el cuarenta”, aclara Marcos Hurtado, portavoz y secretario de la Asociación Rehoyas Avanza. “A nosotros nos van a dar una casa social, pero es que ese terreno que se le va a dar una gasolinera, ¿qué va a ser, una gasolinera social? ¿Va a ser en VPO también? ¿Una gasolinera a la que va todo el mundo y el precio de la gasolina esté más barato? porque va a ser un con terreno supuestamente del ayuntamiento, se cuestionan los dos vecinos. 

La asociación ha llevado a los tribunales el Plan de Las Rehoyas y asegura que fue en el marco de ese malestar y de esas quejas cuando se reunieron con vecinos de Tamaraceite que les empezaron a explicar varias cuestiones que “olían mal”. Los vecinos pusieron una denuncia en la que recogían expropiaciones y unas presuntas irregularidades en unas permutas. Una de las cuestiones que denuncian es que se habrían vendido “terrenos inexistentes”. “La empresa municipal estaba permutando ese terreno cuando no existe, cuando no tiene referencia catastral, y es más, hay otras pruebas que no podemos nombrar ahora que nos afinan de que ese terreno no exista, que aseguran de que ese terreno no existe”, aclaran.

La Fiscalía confirmó la pasada semana a la agencia EFE que la operación Valka es una pieza separada en el caso de las permutas de Tamaraceite Sur. En el curso de la investigación de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo tras una denuncia ciudadana (la de Rehoyas Avanza), han surgido “hechos nuevos” que han terminado en la apertura de una pieza separada. Por esa denuncia, ya la Guardia Civil había realizado en junio de 2023 registros en la empresa pública de urbanismo Geursa. Esta semana se llevaron también a cabo registros tanto el lunes como el martes. 

Los portavoces de la asociación explicaron este viernes en un encuentro con los medios de comunicación situaciones como que se encontraron con un afectado, que tenía su casa y su negocio en estos terrenos de Tamaraceite. “De la noche a la mañana le tiran la casa, le tiran el terreno, el negocio abajo… y todos los residuos del terreno los entierran en una en la montaña de atrás”, resumen. “Nos encontramos con bastantes cosas raras”, afirman. Rehoyas Avanza alerta de que se produjeron expropiaciones en suelos que tenían calificación de rural y “con información privilegiada, tuvimos acceso a que determinadas personas estaban comprando todos esos terrenos que supuestamente no valían nada, comprándolos a euros con bastantes herederos, porque eran terrenos de de cultivo anteriormente, y de repente se revalorizan todos esos terrenos”. 

Los vecinos invitan a pasearse por Tamaraceite y ver cómo ha cambiado la zona y cómo en lugar de realizar viviendas de protección oficial han proliferado las casas de lujo. “Lo único público social que se ha hecho es un parque, que más que un parque, pues, un circuito de cemento, porque no no no no tiene ni ni jardines”. 

Pendientes de la reposición 

Además, recuerdan que el investigado en este caso es el mismo que el firmante del Plan de Las Rehoyas por lo que van a personarse en la causa. De momento están a la espera de una sentencia sobre el plan y ver si se paraliza. 

Sobre el caso que les atañe en su barrio afirman que nunca han estado en contra de la reposición de las viviendas que lo necesitan, pero que abogan porque “se hagan las cosas bien” y dejen tranquilas a las viviendas que son privadas. Explican que quieren que dejes las viviendas privadas tranquilas y que esta situación les ha colocado en la tesitura de que no pueden pedir créditos, porque su vivienda aparece como que va a ser derribada y que su comunidad de vecinos no ha podido ni arreglar el ascensor porque no pueden acceder a subvenciones porque las viviendas algún día serán derribadas supuestamente. En medio de todo ello, el plan de reposición va con cuatro años de retraso, mientras “se deja al barrio morir”. Y mientras tanto “¿tenemos que vivir así, en la basura?” se cuestionan los vecinos. 

La investigación abierta por el caso Valka, por una supuesta trama de corrupción urbanística en Las Palmas de Gran Canaria ha encendido a la oposición en el ayuntamiento capitalino. El PP ha anunciado que va a personarse en la causa y ha exigido explicaciones a la alcaldesa, la socialista Carolina Darias (en el puesto desde junio del pasado año). Este miércoles, en un acto la regidora señaló que el consistorio está dispuesto a colaborar con la Justicia, pero recordó que las informaciones que hasta ahora se han publicado sobre el caso apuntan a irregularidades que se habrían producido desde principios de los años 2000. 

“He escuchado a la oposición decir que comparezca para hablar, ¿y de qué de qué hablo, de qué época?”, se ha preguntado la alcaldesa, “porque desde principios del año 2000, hay alcaldías de todo signo y de todo color, ¿de cuál de ellas hablo?”, insistió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. 

Según confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía, la operación Valka es una pieza separada en el caso de las permutas de Tamaraceite Sur. En el curso de la investigación de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo tras una denuncia ciudadana (de la plataforma Rehoyas Avanza), han surgido “hechos nuevos” que han terminado en la apertura de una pieza separada.  Este jueves el periódico La Provincia recoge que en esa denuncia se hace referencia a actuaciones aparentemente fraudulentas que van desde 2002 hasta 2021. 

Desde el año 2002 hasta la actualidad han estado en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: José Manuel Soria (1995-2003), Josefa Luzardo (2003-2007); ambos del PP.  El socialista Jerónimo Saavedra (2007-2011), el popular Juan José Cardona (2011-2015) y el socialista Augusto Hidalgo (2015-2023). En la actualidad, ocupa el cargo Carolina Darias. 

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez insiste en que es “sorprendente” que el grupo de gobierno no haya tomado cartas en el asunto, pues según él, “tienen constancia de que se han adjudicado contratos en distintas áreas con la sociedad que es objeto de investigación por parte de la justicia”.

Para el PP, “Darias debería haber anunciado este miércoles que impulsaría un análisis minucioso desde el punto de vista administrativo de los expedientes urbanísticos afectados por esta supuesta trama, pero ha preferido atacar al PP en vez de asumir su responsabilidad como máxima dirigente municipal”. 

Cinco investigados: 

El Juzgado de Instrucción número dos de Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo de estas diligencias que pretenden esclarecer la posible existencia de “una trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a Geursa”. Así mismo, se investiga la posible adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras, entre las que se ejemplifica el caso de la Metroguagua, la pretendida solución a los problemas de movilidad de la ciudad, pero que lleva años acumulando demoras y eternas obras. 

Entre los delitos por los que se investiga a estas personas se encuentran los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Según informó la Fiscalía, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones y/o imputaciones.

El periódico Canarias 7 publicaba este martes los nombres de los investigados, entre los que se encuentran el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, un exdirectivo de Parques y Jardines (Miguel Ángel Padrón),  altos funcionarios de la gerencia y la oficina técnica de Geursa (Marina Más y Carlos Cabrera) y un empresario, Felipe Guerra. Además de la empresa Geursa, la Guardia Civil registró este lunes las dependencias de  la Concejalía de Parques y Jardines así como otras oficinas y domicilios, también en la isla de  Lanzarote. 

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, anuncia que su grupo político se personará en el caso Valka, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la capital grancanaria.

Delgado insiste en la “gravedad” de los delitos que se investigan: prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Además, remarca la “importante responsabilidad municipal” que ostentan (u ostentaban) los funcionarios -uno ya jubilado- que están siendo investigados.

“Vamos a ser parte de la causa personándonos en las diligencias que se encuentran actualmente abiertas, algo que formalizaremos en los próximos días, momento en el que lo trasladaremos a la opinión pública”, insistió la portavoz del PP en la capital grancanaria. Delgado tacha de “decepcionante” las declaraciones de Carolina Darias.

La alcaldesa apuntó que, según las informaciones periodísticas, la Operación Valka se remonta a comienzos de los años 2000. “He escuchado ayer a la oposición decir que comparezca para hablar, ¿y de qué de qué hablo, de qué época?”, se ha preguntado la alcaldesa, “porque desde principios del año 2000, hay alcaldías de todo signo y de todo color, ¿de cuál de ellas hablo?”

“Darias debería haber anunciado este miércoles que impulsaría un análisis minucioso desde el punto de vista administrativo de los expedientes urbanísticos afectados por esta supuesta trama, pero ha preferido atacar al PP en vez de asumir su responsabilidad como máxima dirigente municipal”, lamenta la portavoz del PP.

“¿Qué está haciendo la alcaldesa para que a nivel administrativo se esclarezcan los graves hechos investigados por un juzgado en la gestión municipal? En el Partido Popular no tenemos ningún problema en que se investigue hasta el último documento necesario y estamos con la conciencia tranquila en relación con este procedimiento. Desde el PP velamos por el interés general de los ciudadanos, no por el de un partido, y por eso queremos que se investigue a fondo y prueba de ello es nuestra personación”, remarca Delgado.

Los populares recuerdan que el secreto de sumario no impide que Carolina Darias, consciente de la gravedad de los hechos, “inicie una investigación interna en el Ayuntamiento, con el apoyo de la asesoría jurídica y del concejal de Urbanismo, entre otros, para conocer la magnitud de esta supuesta trama. Aunque la alcaldesa no quisiera revelar las conclusiones, tiene toda la potestad para llevar a cabo la investigación y compartir sus resultados con la Fiscalía. Hoy mismo podría haber anunciado un análisis exhaustivo de todos los documentos y expedientes afectados por esta investigación, pero no lo ha hecho”, se lamenta.

En el PP insisten en que hace un mes, la policía judicial entró en dependencias municipales para incautar documentación sobre la Sociedad de Promoción y esta semana lo hizo en Geursa, Parques y Jardines, y la Dirección General de Innovación Tecnológica. “Es gravísimo que se estén realizando estos registros en dependencias municipales y que Carolina Darias intente pasar por alto o, peor aún, implicar a otros. Como máxima responsable del Ayuntamiento, tiene la responsabilidad de impulsar una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y velar por el interés general y los recursos de todos”, concluye el partido en un comunicado.

Cinco personas están siendo investigadas en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la operación “VALKA”. Se les imputan al menos siete delitos como prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

Según adelanta este martes Canarias7, se trata de el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, un exdirectivo de Parques y Jardines (Miguel Ángel Padrón),  altos funcionarios de la gerencia y la oficina técnica de Geursa (Marina Más y Carlos Cabrera) y un empresario, Felipe Guerra.

La Guardia Civil ejecutó este lunes por orden judicial varias entradas y registros domiciliarios, entre ellos, en la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), y en la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por diversos delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo. Además de la isla de Gran Canaria, se han realizado registros en Lanzarote.

La investigación se centra en la posible existencia de “una trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a GEURSA S.A, así como, la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras (como por ejemplo la MetroGuagua)”.

Según informa la Fiscalía, la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones y/o imputaciones.

Los registros fueron ejecutados simultáneamente por un operativo conjunto de la Guardia Civil integrado por miembros del Seprona, UCOMA, Grupo de Delitos Tecnológicos y EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial Comandancia de Las Palmas, bajo la dirección del magistrado instructor del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria y de los fiscales delegados de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas.

“Un episodio puntual de contaminación bacteriana en las aguas”, era la explicación que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria daba hace, este viernes, justamente siete años para argumentar el cierre temporal al baño en la playa de El Confial. La Concejalía de Ciudad de Mar del Consistorio capitalino tomaba esta decisión el 26 de abril de 2017 después de que un análisis realizado por el Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias reflejase que las aguas de esta bahía superaban el límite establecido para la bacteria enterococos intestinal.

Desde la Corporación han intentado durante más de un lustro encontrar el foco de esa contaminación fecal, pero no se ha dado con el origen y se han seguido produciendo episodios de concentración elevada de este microbio. Por esta razón, una bandera roja se ha mantenido izada en esta playa de forma permanente a lo largo de estos años para alertar a los bañistas del peligro.

Las actuaciones para solventar este problema han sido diversas. Entre las primeras intervenciones que se realizaron, se encuentra la limpieza del foso de la Casa Roja, una antigua estación de bombeo ubicada en el paseo hacia El Confital, y de la galería de saneamiento que conecta este edificio con Los Nidillos. A esta actuación se le sumó la revisión de la caseta de la Cruz Roja de la playa para verificar que no se estuviese produciendo ninguna filtración, además de la comprobación por parte del Servicio de Aguas de que no se estuviesen provocando vertidos desde la red municipal.

Asimismo, se realizaron diversos estudios del subsuelo y se amplió la recogida de muestras de agua hacia mar abierto para averiguar si las mareas eran responsables de estos índices de bacteria. Todas estas investigaciones han permitido concluir que la contaminación viene de “aguas arriba” pero se ha calificado el origen como “difuso” al no haberse localizado un foco concreto.

Las Coloradas, posible epicentro del problema

El Ayuntamiento también ha barajado la posibilidad de que la contaminación fecal provenga de la red de saneamiento del barrio de Las Coloradas o de las infraestructuras de la zona militar de la Isleta. Aunque esta última ha transmitido al Consistorio que ha canalizado sus aguas residuales, según se ha informado a este periódico desde el Área de Ciudad de Mar de la Corporación.

Por su parte, en Las Coloradas a partir del pasado noviembre se ha llevado a cabo una primera fase de renovación de la red de saneamiento. La empresa a cargo de esta reforma ha sido Canaragua Concesiones por un valor de 272.636 euros. Esta obra es la primera que se realiza después de más de dos décadas y con ella el Ayuntamiento pretende reforzar las actuaciones en la zona alta de El Confital y de esta manera acabar con cualquier problema que esté ocasionado la proliferación de bacterias en el litoral.

Pérdida de consideración de zona de baño

El pasado mes de junio Sanidad Pública eliminó la playa de El Confital del listado de zonas de baño al considerar que había perdido esta condición al mantenerse en el tiempo los episodios de contaminación en sus aguas. Según los datos publicados por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (NAYADE), en esta parte del litoral entre 2021 y 2022 se superaron más de catorce veces los niveles óptimos de esta bacteria. La legislación establece que para que el agua tenga una calidad óptima los valores de enterococos intestinales tienen que estar en torno a los 200 UFC/100ml. En cambio, en los últimos años en la bahía de El Confital se ha superado este parámetro, llegando incluso a los 1700 UFC/100ml.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido acatar la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y paraliza la estabilización de más de 600 trabajadores. La oferta de empleo hacía funcionarios a personal laboral indefinido (no fijo) y temporales de larga duración y fue anulada recientemente.

En concreto, el TSJC anuló la Oferta de Empleo Público (OPE) de mayo de 2022 en lo que se refiere a plazas propias de funcionarios ocupadas por “personal laboral indefinido no fijo y temporal”, pues estima que “son objeto de oferta mediante vínculo funcionarial” y anulaba a su vez otras plazas que estima que no se ajustan a los requisitos de la Ley para la reducción de la temporalidad. Tras la incertidumbre generada, el Ayuntamiento y el sindicato UGT (que se personó en la causa) estaban analizando si recurrir al Supremo.

No obstante, la situación podía dilatarse aún más en el tiempo y antes de que finalice 2024 esas plazas deben estar estabilizadas. Tras una reunión con los sindicatos y según un escrito que se ha trasladado a las organizaciones sindicales este mismo martes, el Ayuntamiento ha tomado esta decisión tras realizar un análisis jurídico del asunto y añaden que el grupo de Gobierno, “tiene el máximo respeto a los pronunciamientos judiciales, por ello, daremos cumplimiento al fallo judicial en todos sus términos, puesto que lo contrario supondría no acatar la sentencia”.

Así mismo, en ese escrito apuntan que se “paralizará” aquella convocatoria y “aquellas plazas afectadas” por el fallo judicial y se impulsarán “aquellas que no lo están, con el fin de cumplir con los plazos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”. 

El consistorio se compromete a “modificar, a la mayor brevedad posible, la plantilla de empleados y empleadas públicos para dar ejecución a la sentencia” y a “continuar informando a las organizaciones sindicales y a las empleadas y empleados públicos garantizando la transparencia de todo el proceso de estabilización”.

“Tal y como trasladamos en las distintas mesas de trabajo con las organizaciones sindicales, que solicitamos a los sindicatos que continúen manteniendo la responsabilidad de la que siempre han hecho gala y que aunemos esfuerzos en pro de garantizar la estabilidad en el empleo a las personas trabajadoras de este, nuestro Ayuntamiento”, indica el área de Recursos Humanos del Consistorio, que se compromete a sacar adelante esas plazas este año.

Dos sentencias contradictorias

El conflicto nació después de que el Ayuntamiento anunciara su pretensión de estabilizar plantilla tal y como marca la Ley. En mayo de 2022, se llevó la oferta extraordinaria de empleo público a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y fue publicada días después en el Boletín Oficial de Las Palmas. El proceso no contó con el respaldo de todos los sindicatos y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) demandó al consistorio a fin de que se anule la parte del procedimiento que hace referencia a la “inclusión de las denominadas plazas propias de personal funcionario ocupadas por personal laboral indefinido no fijo y temporal que son objeto de oferta mediante vínculo funcionarial” y a una serie de plazas que consideró que no estaban ajustadas a la ley.

Aunque se ofertaron más de 900 plazas en esa convocatoria del Ayuntamiento, las afectadas ahora son 644 porque son las referidas a personal laboral indefinido no fijo o temporal de larga duración. 

Distintas fuentes sindicales indicaron recientemente a este periódico que el personal laboral ha venido ocupando plazas que están pensadas para funcionarios de carrera, pero, no pueden tener sus mismas condiciones en cuanto a participar en concursos de traslados, comisiones de servicios, mayores garantías en las excedencias… Y remarcan que a la administración le supone un problema en el sentido de que estos trabajadores y trabajadoras (los laborales) no pueden firmar documentos que requieren de que lo haga un funcionario de carrera como tal.

La sentencia del TSJC que ahora no será recurrida llega después de que otra del pasado mes de octubre (de la misma sala del TSJC pero con distinto ponente) se pronunciara en sentido contrario, es decir, que sostuviera que la oferta pública de empleo fue ajustada a la ley y que no se está pretendiendo “cambiar vínculos” ni “funcionarizar empleados” sino “remediar una situación concreta”. “La administración ha ofertado plazas para la estabilización temporal de empleo que cumplen los requisitos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2001 sin que a la vista de lo expuesto concurra ningún motivo de ilegalidad, ni siquiera apreciamos que las demandantes tengan legitimación activa para la impugnación”.

Sin embargo, aunque esta sentencia entra en el fondo de la cuestión en sus argumentos, el fallo se limita a concluir que las personas que demandaron (afiliadas de Intersindical Canaria) no estaban legitimadas para hacerlo, pues entre otras cuestiones, el sindicato del que forman parte se había retirado del recurso que en principio había presentado.

La Justicia ha reabierto una problemática en torno al personal que iba a ser considerado estabilizado como funcionario en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una reciente sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la Oferta de Empleo Público (OPE) de mayo de 2022 en lo que se refiere a plazas propias de funcionarios ocupadas por “personal laboral indefinido no fijo y temporal”, pues estima que “son objeto de oferta mediante vínculo funcionarial” y anula otras plazas que estima que no se ajustan a los requisitos de la Ley para la reducción de la temporalidad. El consistorio está analizando este último fallo del TSJC y no ha determinado aún si lo recurrirá. No obstante, “la incertidumbre es máxima” explican distintas fuentes sindicales. 

La sentencia llega después de que otra del pasado mes de octubre (de la misma sala del TSJC pero con distinto ponente) se pronunciara en sentido contrario, es decir, que sostuviera que la oferta pública de empleo fue ajustada a la ley y que no se está pretendiendo “cambiar vínculos” ni “funcionarizar empleados”  sino “remediar una situación concreta”. “La administración ha ofertado plazas para la estabilización temporal de empleo que cumplen los requisitos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2001 sin que a la vista de lo expuesto concurra ningún motivo de ilegalidad, ni siquiera apreciamos que las demandantes tengan legitimación activa para la impugnación”. Sin embargo, aunque esta sentencia entra en el fondo de la cuestión en sus argumentos, el fallo se limita a concluir que las personas que demandaron (afiliadas de Intersindical Canaria) no estaban legitimadas para hacerlo, pues entre otras cuestiones, el sindicato del que forman parte se había retirado del recurso que en principio había presentado.

El conflicto nace después de que el Ayuntamiento anunciara su pretensión de estabilizar plantilla tal y como marca la Ley. De hecho, es un mandato de la Unión Europea que se rebaje al 8% la temporalidad en toda España. Por ello, en mayo de 2022, se llevó la oferta extraordinaria de empleo público a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y fue publicada días después en el Boletín Oficial de Las Palmas. El proceso no contó con el respaldo de todos los sindicatos y La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) demandó al consistorio a fin de que se anule la parte del procedimiento que hace referencia a la “inclusión de las denominadas plazas propias de personal funcionario ocupadas por personal laboral indefinido no fijo y temporal que son objeto de oferta mediante vínculo funcionarial” y a una serie de plazas que consideró que no estaban ajustadas a la ley.

El sindicato UGT se personó en la causa y aparece como codemandado en la misma. Ricardo Ríos, portavoz de esta asociación sindical, apunta que aceptó la tesis de la administración porque la Ley 20/21 de lo que habla es de “estabilizar plazas” y no personas. Entiende que es un proceso de libre concurrencia y abierto a la ciudadanía, al que se puede presentar cualquier ciudadano o ciudadana. Explica que la RPT está compuesta de funcionarios y esas son, por tanto, las plazas que ofertaba la administración. Aunque se ofertaron más de 900 plazas en esa convocatoria del Ayuntamiento, las afectadas ahora son 644 porque son las referidas a personal laboral indefinido no fijo o temporal de larga duración. 

Distintas fuentes sindicales indican que en estos años el personal laboral ha venido ocupando plazas que están pensadas para funcionarios de carrera, pero, no pueden tener sus mismas condiciones en cuanto a participar en concursos de traslados, comisiones de servicios, mayores garantías en las excedencias… Y remarcan que a la administración le supone un problema en el sentido de que estos trabajadores y trabajadoras (los laborales) no pueden firmar documentos que requieren de que lo haga un funcionario de carrera como tal. Aunque, en general, estos compañeros que (si no se recurre la sentencia) se quedarán consolidados como personal laboral y no como funcionarios, no perderán sus puestos de trabajo, pero sí que se verán sometidos a otras condiciones. Por ejemplo, en un determinado momento pueden pasar a ser privatizados como ocurrió en su día con la limpieza de Parques y Jardines o con las escuelas infantiles. 

Los argumentos de la última sentencia

Para el sindicato CSIF, que llevó a los tribunales este proceso, la última sentencia del TSJC devuelve la “seguridad jurídica” y entiende que el Ayuntamiento debió primero estabilizar al personal laboral indefinido como laboral Fijo (y luego realizar procesos de funcionarización) y al funcionario Interino estabilizarlo como Funcionario de Carrera. En la otra balanza se encuentra el resto de sindicatos como UGT (personado en la causa), CCOO, USPB (que engloba a policías y bomberos); estos dos últimos sindicatos afean en un comunicado que también tengan que eliminarse las plazas vacantes que se habían ofertado en la inicial. En este punto peligran las plazas que ahora ocupan agentes de movilidad, por ejemplo.

El TSJC, con Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres como ponente, estima la exposición realizada por el letrado del sindicato CSIF y determina que “ninguna técnica o método podría superar la brillantísima exposición que, respecto de los diversos aspectos del litigio, ha efectuado el letrado de la actora en el escrito de conclusiones”. De este modo, concluye que las “plazas deben ser ofertadas conforme a la naturaleza del vínculo de los actuales ocupantes, aún cuando tratándose de plazas de personal laboral, las funciones que se realicen sean propias de Cuerpos funcionariales”. Así mismo, indica la Sala que “la estabilización ha de producirse con el vínculo actual, y una vez adquirida estabilización, podrán ser articulados, en su caso, los procesos de funcionarización que procedan”.

“Obvia nuevamente señalar que se están estabilizando plazas y no puestos, tal como señala el Informe Jurídico de la Directora General de la Asesoría Jurídica del propio  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 04/05/2022”, recoge la sentencia haciendo alusión a los argumentos del letrado de CSIF. Ese informe de la asesoría jurídica añadía que “un laboral en fraude de ley en la Administración se convierte en un laboral fijo, aunque esté ocupando plaza de funcionario”. 

El fallo indica que “no es posible, por tanto para este personal actualmente temporal la transformación automática de una relación laboral en una relación estatutaria o funcionarial, de tal suerte que esto solo resulta posible tras la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y por los cauces previstos para dichos supuestos y no otros”. 

En la sentencia se recoge que la FECAM ha venido reiterando su preocupación por la escasez de personal con vínculo funcionarial y que aboga porque “una vez finalizados los procesos de estabilización se inicien las negociaciones para llevar a cabo los cambios procedentes”.

El reciente fallo concluye que se deben “anular tales resoluciones, en el particular en que se incluyen en la OEP las plazas propias del personal funcionario ocupadas por personal laboral indefinido no fijo y temporal, y que son objeto de oferta mediante vínculo funcionarial; quedando igualmente anulada la inclusión de las plazas expresamente enumeradas en los hechos primero y segundo de la demanda actora, en cuanto carecen de los requisitos previstos en la disposición adicional sexta u octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”.

Otras fuentes sindicales consultadas insisten en que si lo que se estabilizan son las plazas y no las personas, por qué ha de tenerse en cuenta ese vínculo, es decir, el tratarse de personal laboral no fijo, pues es un proceso al que podía presentarse cualquier persona que cumpliera los requisitos. Desde UGT, al igual que desde el Consistorio, se está analizando la sentencia ya que se trata de una situación nueva y el tiempo corre en contra, pues antes del 31 de enero de este año esas plazas deben estar estabilizadas. 

La candidata socialista Carolina Darias ha ganado las elecciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la única de las diez mayores ciudades de España donde este partido continúa como primera fuerza política. Con más del 90% de los votos escrutados, la exministra suma doce concejales, aumentando su representación respecto a 2019 con un asiento más en el Consistorio.

“No solo hemos consolidado la mayoría, sino que la hemos aumentado hasta los 50.000 votos”, ha expresado Darias, que ha dado valor a los resultados en la capital grancanaria ante el contexto general.

“Ha sido un gran trabajo y una gran campaña. Dije que venía a darlo todo por la ciudad y a eso me voy a dedicar los próximos cuatro años”, ha abundado la candidata socalista, que ha asegurado estar “ilusionada y emocionada”.

El PSOE puede revalidar el bastón de mando de la Alcaldía de la ciudad más poblada del Archipiélago reeditando el mismo pacto desde 2015: con Nueva Canarias, que pierde la mitad de sus concejales y se queda con Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez, y Unidas Sí Podemos, que pasa de tres a contar tan solo con la representación de Gemma Martínez. Así, suman justamente los 15 de los 29 concejales del Consistorio que dan la mayoría absoluta.

Aunque supera sus resultados de 2019, el Partido Popular no ha logrado arrebatarle la victoria al partido que ha ganado las dos últimas elecciones en la capital isleña. La candidatura liderada por Jimena Delgado ha conseguido nueve concejales, dos más que hace cuatro años.

La principal novedad en el Consistorio es la irrupción de Vox, que por primera vez ha conseguido representación y lo ha hecho con cuatro asientos. Coalición Canaria, después de acudir en alianza en los comicios de 2019 junto a Unidos por Gran Canaria, cuando lograron dos concejales, ha conseguido mantener un asiento, el de Francis Candil, mientras que la candidatura de Enrique Hernández Bento se ha quedado fuera.

Ciudadanos, que en los anteriores comicios consiguió dos asientos gracias a 14.527 votos, tampoco consigue representación tras siquiera alcanzar 700 papeletas.

Los datos de participación en Las Palmas de Gran Canaria muestran que la abstención ha ascendido a casi el 50%, superando ligeramente el dato de 2019. En total, han acudido a votar en la capital isleña 151.854 personas de un censo de 305.421.

El número seis de la lista que encabeza Carolina Darias por el PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Montenegro (quien fuera hasta junio pasado director del colegio Heidelberg, sustituido por un exconcejal de Vox), ha decidido este jueves “dar un paso a un lado” en la candidatura tras conocerse que es afiliado al PP desde 1989, si bien ha asegurado que nunca pagó una cuota y que jamás ha participado en la vida orgánica de ese partido.

Montenegro, que afirma haber sido afiliado por un familiar en 1989 cuando ni siquiera vivía en Las Palmas, ha señalado, en un comunicado remitido a la agencia EFE, que ha enviado una carta a Darias en la que le expone que siempre se ha sentido una persona “independiente” que se incorporó a la lista del PSOE por considerar que es “la mejor opción para la ciudad”.

“No quisiera perjudicar en nada a esa candidatura y he decidido dar un paso a un lado y seguir colaborando con ella en todo lo que sea necesario hasta lograr el triunfo en las próximas elecciones”, concluye.

Además, según ha podido saber Canarias Ahora, una vez comunicada la decisión a Darias, Montenegro envió un correo electrónico al PP de Gran Canaria para que lo borren de su base de datos y recordándole que no ha abonado cuotas como afiliado a este partido en su vida.

Por su parte, en un breve comunicado, el comité de campaña de Darias ha agradecido a Montenegro “su generosidad y compromiso con la candidatura”. 

Sustituido del colegio Heidelberg “por socialista”

Montenegro estuvo 14 años al frente del colegio Heidelberg y fue sustituido por el consejo de administración precisamente  después de que uno de sus vocales proclamara que “un socialista no puede dirigir este colegio”.

La pareja del hasta hoy número seis en esta candidatura es además miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE en Canarias, la dirigente socialista Elena Sáinz Peláez, actual alto cargo de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias.

El entorno de Montelongo confirma que nunca ha ocupado cargos políticos en su vida ni ha militado como tal en ningún partido.

Una candidatura anunciada a principios de marzo

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE aprobó el pasado 3 de marzo la propuesta de candidatura al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria para las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 28 de mayo, y que encabezará Carolina Darias. De entre todos los nombres propuestos en la lista, destacó el nombramiento como segundo del veterano Hernández Spínola, así como la sexta plaza, entonces ocupada por el que fuera director del colegio Heidelberg hasta hace unos meses, Miguel Ángel Montenegro.

El todavía alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, destacó que “sin lugar a duda, esta es la mejor candidatura para gobernar la ciudad y continuar con el proyecto de progreso que iniciamos en 2015”. Por su parte, Carolina Darias, candidata socialista a la alcaldía, señaló que “esta no solo es una lista para afrontar el presente, sino que se proyecta hacia el futuro”.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, es el nombre que suena con fuerza para encabezar la candidatura del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria de cara a las próximas elecciones de 2023. Sin embargo, no se espera que de momento se produzca una crisis de gobierno y, por tanto, cambios en los próximos meses en el Ejecutivo estatal, lo que retrasaría esta posible designación o abriría la posibilidad de celebrar primarias en otro de los plazos establecidos por la formación. Este 10 de septiembre expira la fecha tope para pedir un aplazamiento en la celebración de primarias de aquellos municipios con más de 20.000 habitantes. La Agrupación Socialista de la capital grancanaria, de momento, ha decidido optar por esta vía y acogerse al calendario alternativo que se fijó en el Comité Federal del partido el pasado mes de julio. Una decisión que la militancia califica de “prudente”. 

Según adelantó el periódico Canarias 7, el pasado fin de semana se celebró una reunión de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Las Palmas de Gran Canaria para abordar precisamente el calendario de primarias. Fuentes del partido han confirmado a este periódico que se optará por ese calendario alternativo, y aunque gran parte de la militancia valora y apoya que se designe a Darias como candidata, también hay quienes defienden un proceso de primarias al que opten aquellas personas que tengan vocación municipalista y proyecto para la capital. “Como socialistas estamos orgullosos de contar con un mecanismo democrático y transparente”, expone una militante. 

La secretaria de Organización del PSOE en las Islas, Nira Fierro, recuerda que no se estaría incumpliendo el calendario ni pidiendo nada excepcional, ya que las bases de la convocatoria recoge diferentes plazos, por lo que Las Palmas de Gran Canaria, como cualquier otra ciudad estaría cumpliendo con los tiempos establecidos. Además, subraya que se trata de un proceso largo y descarta hablar de posibles candidatas, ya que se trata de decisiones personales y ni siquiera se encuentra abierto el proceso de recepción de precandidaturas. 

El calendario alternativo recoge que la presentación de candidaturas se produciría entre el 21 y el 22 de noviembre. Un día después, se recogerían los avales y la campaña de información se produciría entre el 1 y el 10 de diciembre. La primera vuelta de la jornada de votación se sitúa el 11 de ese mismo mes y la segunda vuelta el día 18. Por tanto, la proclamación definitiva del candidato o candidata a Las Palmas de Gran Canaria se conocería el día 22. 

A la espera de un equilibrio en las candidaturas

Diferentes militantes consultadas remarcan que la designación de Darias por el Comité Federal del PSOE congelaría por completo las primarias y aunque el sentir es el de que se celebre este proceso, también se acataría esta decisión excepcional que recogen los estatutos del partido. En lo que sí que coinciden es en que la candidatura a esta ciudad la encabece una mujer, pues otras de las listas más importantes estarán lideradas por hombres, como previsiblemente ocurrirá en el Cabildo de Gran Canaria con Augusto Hidalgo (actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria) o a la presidencia del Gobierno de Canarias, una candidatura que liderará el actual presidente, Ángel Víctor Torres. En Santa Cruz de Tenerife, la única candidata perfilada es Patricia Hernández. 

De momento, ninguna persona del partido quiere confirmar abiertamente su deseo de presentarse a las primarias de Las Palmas de Gran Canaria si finalmente se celebran. Sí que se han barajado diferentes personalidades destacadas en la formación y militantes apuntan, por ejemplo, a la posibilidad de que se presente la consejera de Derechos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, que además fue tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2007 y 2011, así como concejala de Gobierno de las áreas de Igualdad, Juventud y Empleo. Durante 2011 y 2015 fue portavoz del Grupo Municipal Socialista en ese ayuntamiento, y en ese último año viceconsejera de Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias.

También con un perfil municipalista, desde las bases se menciona a la actual concejala de Servicios Públicos y Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, quien tampoco confirma que finalmente vaya a dar ese paso, aunque sí admite que se ha reunido con diferentes personas del partido para explorar las distintas posibilidades. Sin embargo, no hay nada decidido e insiste en respetar los plazos y en que comunicará su decisión, si finalmente da el paso, en el tiempo oportuno. 

No obstante, la militancia baraja que si finalmente se celebran primarias en noviembre aparecerán otros candidatos y candidatas. Distintos militantes apuntan que esto demostraría que se trata de un partido “fuerte”. “Podemos tener el orgullo de los militantes que tenemos”, sostiene otra afiliada, que añade que este proceso de primarias les diferencia de otros partidos pero insiste en que se acatará la decisión de que una persona pueda ser designada por el Comité Federal del PSOE como recogen sus reglamentos. 

El nombramiento de Carolina Darias es actualmente una incógnita. Por un lado, en el partido se le ve como una candidata fuerte, pero también se recuerda que el Ministerio de Sanidad ha sufrido cambios en esta legislatura, pues Darias fue nombrada ministra del área sustituyendo a Salvador Illa en plena crisis de la COVID-19, motivo por el que hay quien no confía en que finalmente se vaya a producir ese movimiento. Darias de momento no se ha pronunciado al respecto. La dirigente socialista, antes de ser ministra de Sanidad, ocupaba la cartera de Política Territorial y Función Pública (2020-enero de 2021). Tras las elecciones autonómicas, fue nombrada consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias y de 2015 a 2019 fue la primera mujer presidenta del Parlamento de Canarias. También fue delegada del Gobierno en Canarias y ha sido consejera en el Cabildo de Gran Canaria y concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Izquierda Unida Canaria, fuerza política socia de Podemos en la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, no prevé pedir el acta del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, que se dio de baja de su partido el pasado mes de junio tras la apertura de expediente de expulsión. Su formación política comunicó el pasado mes a la Secretaría General del Pleno esta situación a fin de que el concejal pase al grupo de los no adscritos. La coordinadora general de la formación, Luisa Tamayo, señala a las preguntas de este periódico que “una petición de acta tiene que pasar por la mesa de Unidas Podemos, que por ahora no ha pasado. Nosotros en principio no tenemos intención de convocarla”. Y añade que “ si tuviéramos que valorar esa cuestión, pues la valoraríamos”. No obstante, indica que no se ha producido “una incidencia política que nos haga preocuparnos en pedir el acta a un concejal”. 

Tamayo entiende que su formación no debe entrar a valorar esta situación, ya que “es una cuestión interna de Podemos con sus afiliados”. “No hay una incidencia política en el concejal de gobierna”, insiste. Así mismo, remarca que el acta es de Unidas Podemos (la candidatura en la que ambas formaciones concurrieron a distintas instituciones) y hay una labor de Gobierno que se debe seguir desarrollando. Sobre si esta cuestión puede afectar a una futura confluencia de cara a las elecciones de 2023, la coordinadora de IUC responde que “en absoluto”. 

El concejal Javier Doreste señaló este miércoles a los medios de comunicación que no dejaría su acta precisamente porque esta pertenece a Unidas Podemos, que no se la ha reclamado y afirmó que cuenta con el apoyo de sus socios en el pacto de Gobierno, PSOE y Nueva Canarias. “Esto no es más que una anécdota que no tiene nada que ver con la buena marcha ni el mantenimiento de la gobernabilidad en la ciudad”, dijo. La baja en Podemos y la petición de que pase al grupo de los no adscritos también afecta a otra concejala, Mercedes Sanz. 

Una relación rota entre Doreste y Podemos

Los motivos que llevaron a Podemos a iniciar el expediente de expulsión se remontan a hace unos meses. Después de que Meri Pita anunciara su paso al grupo mixto en una dura carta firmada por varios cargos de Podemos, el partido anunció que varias de estas personas ya habían sido advertidas con ser expedientadas “por incumplimiento del código ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación”. Entre los firmantes se encontraban la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; Yaiza Gorrín Rodríguez, que era concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que abandonó el partido tras la decisión de Pita; Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro; Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura o Pilar Arbelo, concejala de Vivienda, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Ingenio. 

El concejal de Urbanismo recordó este martes a Canarias Ahora que ya había anunciado que no se presentaría más a unas elecciones y que no sería por tanto rival de Podemos. No obstante, sí subraya que está dispuesto a trabajar en la constitución de una plataforma que recupere el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria Puede (la plataforma con la que concurrió Podemos e IU a las elecciones de 2015), “sin liderar listas”. 

Cree que en ese espacio debe estar Podemos, IU, Equo así como otras formaciones progresistas como Reunir, registrada el pasado 23 de febrero por otra exdiputada, Carmen Valido, muy cercana a Meri Pita y Javier Doreste. Apunta que la intención de esta fuerza es “llegar a acuerdos en ese espacio progresista y ”recuperar ese espíritu que tenía podemos, asambleario y entre todos“. Su objetivo de cara a las próximas elecciones apunta que es aportar para constituir ese fin y que ”la experiencia de ocho años de gobierno no se tire por la borda“. 

Así mismo, este miércoles animó a Podemos a que realiza una reflexión y se ha preguntado cuánta gente queda de los inicios, “especialmente aquellos vinculados a colectivos sociales, vecinales, ecologistas, sindicatos...” El teniente de alcalde remarcó que no tiene que dar explicaciones sobre la decisión en sí “porque la ha tomado otro”, aunque sí ha subrayado que tiene un “compromiso con la ciudad, con los militantes y votantes” que cumplirá hasta el 28 de mayo para que haya un gobierno de progreso en Las Palmas de Gran Canaria y lo siga habiendo“.

El concejal de Urbanismo y teniente de alcalde en Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha asegurado este miércoles a los periodistas, durante la presentación del proyecto de movilidad vertical del municipio, que no renunciará a su acta ni tampoco peligra la gobernabilidad del tripartito. Según destacó, sus socios de gobierno (PSOE y NC) le apoyan. Se trata de unas declaraciones que realiza después de que se hiciera público que ya no milita en Podemos, después de que se le abriera expediente de expulsión y se diera de baja del partido el pasado mes de junio, al igual que la concejala  del distrito de Tamaraceite-Tenoya y San Lorenzo, Mercedes Sanz. “Esto no es más que una anécdota que no tiene nada que ver con la buena marcha ni el mantenimiento de la gobernabilidad en la ciudad”, ha dicho.

Podemos Canarias comunicó el 27 de julio esa situación a la Secretaría General del Pleno, con el objetivo de que pasen a ser concejales no adscritos, pero no será hasta septiembre cuando se aclare la situación y el partido se pronuncie oficialmente.

“Soy miembro de la coalición Unidas Podemos, que es la que firma el acta y a la que corresponde el grupo municipal y esta formación no me ha expulsado ni me ha pedido que pase a no adscrito”, ha expresado. Según ha podido confirmar este periódico, el pasado 16 de junio se dieron de baja tanto Doreste como la concejala del distrito de Tamaraceite-Tenoya y San Lorenzo, Mercedes Sanz. Antes de que esto se produjera el partido había iniciado un expediente de expulsión para ellos y otros firmantes de la carta en la que Meri Pita anunciaba su paso al grupo Mixto en el Congreso. Se trata de un expediente que con el que se les había advertido previamente a varios firmantes “por incumplimiento del codigo ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación”.

Doreste insiste en que el pacto no peligra

“Serán otros los que tendrán que aclarar por qué hacen público este anuncio ahora”, ha continuado, ya que el expediente a Doreste y a otros miembros del partido se abrió el pasado mes de marzo, tras su apoyo público a la diputada Meri Pita, ahora parte del grupo Mixto del Congreso. “Ya sabían mis diferencias con la dirección y a nadie le ha cogido de sorpresa. Otra cosa es que se decida en este momento, a nueve meses de las elecciones arriesgar un gobierno de progreso, algo que no han conseguido”, ha recalcado.

Doreste insistió este martes a este periódico en que el acta está a nombre de la coalición Unidas Podemos y que, por tanto, tanto los concejales como el grupo municipal es de UP .Este miércoles en esas declaraciones ha añadido que en su momento hablaron con el alcalde Augusto Hidalgo (PSOE) y Pedro Quevedo (NC), quienes le garantizaron su apoyo, ha dicho, al igual que “también militantes, activistas y de colectivos que no entienden que se dé esta situación”.

En esas declaraciones recogidas por Efe se añade que el concejal también ha llamado a una reflexión a los votantes y se ha preguntado cuánta gente queda de los inicios de Podemos en 2014, especialmente aquellos vinculados a colectivos sociales, vecinales, ecologistas, sindicatos...“ El teniente de alcalde de la capital grancanaria ha asegurado además que no tiene que dar explicaciones sobre la decisión en sí ”porque la ha tomado otro“, aunque sí ha subrayado que tiene un ”compromiso con la ciudad, con los militantes y votantes“ que cumplirá hasta el 28 de mayo para que haya un gobierno de progreso en Las Palmas de Gran Canaria y lo siga habiendo”.

Trabajar por una confluencia

El concejal de Urbanismo recordó este martes que ya había anunciado que no se presentaría más a unas elecciones. Doreste sí subrayó a Canarias Ahora que está dispuesto a trabajar en la constitución de una plataforma que recupere el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria Puede, “sin liderar listas”. Un espacio en el que cree que debe estar Podemos, IU, Equo así como otras formaciones progresistas. No esconde que también debería estar Reunir, la formación registrada el pasado 23 de febrero por otra exdiputada, Carmen Valido, muy cercana a Meri Pita y Javier Doreste, que remarca que la intención de esa fuerza no es un partido como tal, sino que su intención es llegar a acuerdos en ese espacio progresista y “recuperar ese espíritu que tenía podemos, asambleario y entre todos”. Su objetivo de cara a las próximas elecciones apunta que es aportar para constituir ese fin y que “la experiencia de ocho años de gobierno no se tire por la borda”.

Precisamente, Reunir también se pronunciaba sobre este caso este miércoles. En unas declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Reunir Canarias, Emma Colao, ha opinado que Podemos trata de “guillotinar” a todo aquel que se salga del discurso de la Dirección, a quien ha criticado por “traicionar” los principios que llevaron a la formación morada a la política.

Según ha podido confirmar este periódico, el pasado 16 de junio se dieron de baja tanto Doreste como la concejala del distrito de Tamaraceite-Tenoya y San Lorenzo, Mercedes Sanz. Antes de que esto se produjera el partido había iniciado un expediente de expulsión para ellos y otros firmantes de la carta en la que Meri Pita anunciaba su paso al grupo Mixto en el Congreso. Se trata de un expediente que con el que se les había advertido previamente a varios firmantes “por incumplimiento del codigo ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación”.

El primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ya no es miembro de Podemos. Este martes confirmó en la Cadena Ser que había sido expulsado de la formación. Más tarde, aseguró a este periódico que en julio la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había recibido una carta donde se informaba de la expulsión. El partido confirma que el también concejal de Urbanismo ya no es miembro de la formación, pero aclara que durante la apertura del expediente de expulsión el concejal se había dado de baja de militancia del partido.

Doreste ha señalado esta tarde a este periódico que tanto él como otros militantes tomaron la decisión de darse de baja de militancia en junio, pero lo habían llevado “de forma discreta” y no entiende por qué “se filtra” esta información ahora. “No entendemos esto a nueve meses de las elecciones”, apunta.

Según ha podido confirmar este periódico, el pasado 16 de junio se dieron de baja tanto Doreste como la concejala del distrito de Tamaraceite-Tenoya y San Lorenzo, Mercedes Sanz. Antes de que esto se produjera el partido había iniciado un expediente de expulsión para ellos y otros firmantes de la carta en la que Meri Pita anunciaba su paso al grupo Mixto en el Congreso. Se trata de un expediente que con el que se les había advertido previamente a varios firmantes “por incumplimiento del codigo ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación”.

El partido acordó después la suspensión de militancia, pero desde el Comité de Garantías Estatal se contestó que no era posible proceder a ello ya que ambos concejales de Las Palmas de Gran Canaria se habían dado de baja de la formación. Por ello, el expediente no tuvo finalmente mayor recorrido. Podemos Canarias comunicó el 27 de julio esa situación a la Secretaría General del Pleno, con el objetivo de que pasen a ser concejales no adscritos, pero no será hasta septiembre cuando se aclare la situación y el partido se pronuncie oficialmente.

También fue expedientada la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; Yaiza Gorrín Rodríguez, que era concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que abandonó el partido tras la decisión de Pita; Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro; Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura o Pilar Arbelo, concejala de Vivienda, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Ingenio. Gran parte de ellos estuvieron presentes en la rueda de prensa que dio Meri Pita para explicar las causas de su decisión y donde negó niega ser tránsfuga de Podemos: “Las actas no son de los partidos, son de la ciudadanía que nos vota”, dijo.

Doreste prevé continuar en la concejalía

Podemos forma parte del pacto de gobierno en la ciudad con tres concejales, junto al PSOE (que ostenta la alcaldía) y Nueva Canarias. Doreste ha explicado a este periódico que su intención es continuar en el Ayuntamiento hasta que finalice el mandato. Sostiene que se presentó por la candidatura Unidas Podemos y que es a esa coalición a la que pertenece su acta. Insiste en que ha realizado “un trabajo intenso en el ayuntamiento” y que no entiende por qué “se ha filtrado” la carta de su expulsión.

El teniente de alcalde asegura que tiene retos aún por finalizar antes de que acabe el mandato como presentar el plan de movilidad vertical (que se comunicará este miércoles), el plan de ahorro energético de la ciudad, asuntos que tienen que ver con la agenda europea y administrar los proyectos financiados por Europa, entre otras cuestiones que menciona. “Ahora seguiré trabajando por la ciudad”, remarca.

El concejal de Urbanismo recuerda que ya había anunciado que no se presentaría más a unas elecciones. No obstante, sí subraya que está dispuesto a trabajar en la constitución de una plataforma que recupere el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria Puede, “sin liderar listas”. Un espacio en el que cree que debe estar Podemos, IU, Equo así como otras formaciones progresistas. No esconde que también debería estar Reunir, la formación registrada el pasado 23 de febrero por otra exdiputada, Carmen Valido, muy cercana a Meri Pita y Javier Doreste, que remarca que la intención de esa fuerza no es un partido como tal, sino que su intención es llegar a acuerdos en ese espacio progresista y “recuperar ese espíritu que tenía podemos, asambleario y entre todos”. Su objetivo de cara a las próximas elecciones apunta que es aportar para constituir ese fin y que “la experiencia de ocho años de gobierno no se tire por la borda”.

El caso de Arrecife

Podemos vive una situación similar en la capital de Lanzarote. En Arrecife, la formación se presentó con la candidatura Lanzarote en Pie, donde asegura que ya no cuenta con representación. La concejala Leticia Padilla ya no millita en Podemos, por lo que entiende que debería pasar a otro grupo. Desde el partido señalan que hace más de un año solicitó al Ayuntamiento el pase de la concejala al grupo de no adscritos, “como tránsfuga porque entendíamos que Lanzarote en Pie no tenía entidad jurídica y no te puedes quedar representando a un partido que no existe”, añade César Merino.

Verdes Equo Canarias ha decidido que sus dos concejales en el Ayuntamiento de Arrecife abandonen el grupo municipal Lanzarote en Pie - Sí Podemos, y pasen al grupo que corresponda según decida el consistorio por decreto de la alcaldesa. La formación explicó que la decisión viene motivada, por un lado, porque Podemos, formación con la que se firmó el acuerdo y se presentó el proyecto, ya ni tiene representación en el grupo municipal y, por otro, porque el partido “no está teniendo voz propia dentro del mismo ni ha podido tener acceso a las cuentas del grupo municipal en ningún momento”. 

La suspensión de militancia y el expediente abierto al primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha acabado con su expulsión del partido. Así lo ha confirmado el también concejal de Urbanismo este martes en la Cadena Ser. Doreste asegura a este periódico que se limitó a ratificar en la emisora que había recibido hacía un mes una carta en la Secretaría del Pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria y que no quiso hacer pública en su momento porque no quería perder “ni un minuto” en esa cuestión. No obstante, fuentes del partido y como así ha corroborado Doreste, explican que él se dio de baja de militancia del partido antes de que se terminara de resolver el expediente, el pasado mes de junio. Podemos forma parte del pacto de gobierno en la ciudad con tres concejales, junto al PSOE (que ostenta la alcaldía) y Nueva Canarias.

Fuentes de Podemos han confirmado la expulsión, pero el partido quería esperar al pleno de septiembre para hacerlo público. El expediente abierto a Doreste y a otros miembros del partido se produjo el pasado mes de marzo, después de que apoyara la misiva de la ahora diputada tránsfuga Meri Pita, cuando anunció su paso al grupo mixto, lo que colocó al partido en Canarias sin representación en el Congreso (el otro representante, Alberto Rodríguez, perdió su escaño tras una decisión de la presidenta del Congreso muy cuestionada y continúa su batalla jurídica para recuperarlo).

Otra de las concejalas expulsadas del partido es Mercedes Sanz, edil del distrito de Tamaraceite-Tenoya y San Lorenzo. No obstante, no fueron los únicos a quienes se abrió expediente en su momento. También fue expedientada la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; Yaiza Gorrín Rodríguez, que era concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que abandonó el partido tras la decisión de Pita; Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro; Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura o Pilar Arbelo, concejala de Vivienda, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Ingenio. Gran parte de ellos estuvieron presentes en la rueda de prensa que dio Meri Pita para explicar las causas de su decisión y donde negó niega ser tránsfuga de Podemos: “Las actas no son de los partidos, son de la ciudadanía que nos vota”, dijo.

Esa tesis defiende también Doreste, cuya intención es continuar en el Ayuntamiento hasta que finalice el mandato. Sostiene que se presentó por la candidatura Unidas Podemos y que es a esa coalición a la que pertenece su acta. Insiste en que ha realizado “un trabajo intenso en el ayuntamiento” y que no entiende por qué “se ha filtrado” la carta de su expulsión.

El teniente de alcalde asegura que tiene retos aún por finalizar antes de que acabe el mandato como presentar el plan de movilidad vertical (que se comunicará este miércoles), el plan de ahorro energético de la ciudad, asuntos que tienen que ver con la agenda europea y administrar los proyectos financiados por Europa, entre otras cuestiones que menciona. “Ahora seguiré trabajando por la ciudad”, remarca.

El futuro de Doreste y las confluencias

El concejal de Urbanismo recuerda que ya había anunciado que no se presentaría más a unas elecciones. Si finaliza el período hasta 2023 habrá completado un total de dos mandatos en los que ha ostentado los mismos cargos. En el primero (2015-2019) fue elegido por la plataforma Las Palmas de Gran Canaria Puede, ya que la formación que en aquel momento lideraba Pablo Iglesias en el ámbito estatal y Meri Pita en Canarias había decidido no presentarse con su nombre en las elecciones municipales. En 2019, la situación cambió y el partido ya contaba con más recorrido y se presentó en el caso de Las Palmas de Gran Canaria con la coalición Unidas Podemos, al igual que en el Congreso.

No obstante, Doreste sí subraya que está dispuesto a trabajar en la constitución de una plataforma que recupere el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria Puede, “sin liderar listas”. Un espacio en el que cree que debe estar Podemos, IU, Equo así como otras formaciones progresistas. No esconde que también debería estar Reunir, la formación registrada el pasado 23 de febrero por otra exdiputada, Carmen Valido, muy cercana a Meri Pita y Javier Doreste, que remarca que la intención de esa fuerza no es un partido como tal, sino que su intención es llegar a acuerdos en ese espacio progresista y “recuperar ese espíritu que tenía podemos, asambleario y entre todos”. Su objetivo de cara a las próximas elecciones apunta que es aportar para constituir ese fin y que “la experiencia de ocho años de gobierno no se tire por la borda”.

Distintas fuentes de Podemos han confirmado en los últimos meses a este periódico que trabajan por lograr una gran influencia y que los acuerdos están muy avanzados con “antiguos compañeros de viaje” como Izquierda Unida. Además, el partido celebrará el próximo mes de septiembre primarias en las distintas islas y municipios con el fin de regenerar los equipos y lograr esas candidaturas de unida. Con la expulsión de Doreste y Mercedes Sanz, permanece como concejala de Podemos la responsable de Sostenibilidad Ambiental, Agricultura, Ganadería y Pesca, Belén Hidalgo.