El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha trasladado este lunes a municipios y cabildos la necesidad de reajustar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y el Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para que las cuentas regionales de 2020 puedan crecer en 400 millones de euros.

Tras reunirse con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), Torres ha explicado que de cara al próximo ejercicio la comunidad canaria precisa contar con 400 millones de euros adicionales para poder sufragar la reducción de la jornada lectiva aprobada en la pasada legislatura sin fondos para el personal docente y sanitario y hacer frente también a “los 193 millones que se dejarán de ingresar este año por recaudación del IGIC”.

El presidente ha dicho que, frente a lo previsto por el anterior Gobierno regional, la Agencia Tributaria ya ha comunicado que este año se dejará de recaudar esa cantidad, a la que habría que sumar otros 180 millones con los que financiar la reducción horaria de los citados colectivos de trabajadores públicos.

Para “reponer” estas partidas en los próximos presupuestos regionales de 2020, Torres ha planteado a la Fecam y a la Fecai la necesidad de consensuar ciertos “reajustes” y “redefiniciones” del Fdcan, al que se le podrían introducir nuevos fines más sociales y sostenibles, acordes con la declaración de emergencia climática, así como nuevas anualidades.

El Gobierno también ha propuesto a ayuntamientos y cabildos la posibilidad de aplicar “nuevas distribuciones” al FCFM, un asunto que, en su opinión, puede debatirse “en una sosegada mesa de trabajo”.

Según Torres, las dos instituciones supramunicipales han mostrado su predisposición a estudiar la propuesta que les ha hecho llegar.

Una coincidencia que ha ratificado la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, y el de la Fecai, Antonio Morales.

La también alcaldesa de Candelaria ha agradecido que se generen estos foros de debate y colaboración entre el Gobierno canario y los municipios en relación a la financiación.

Brito ha afirmado, no obstante, que la Fecam, que está constituyendo sus nuevos órganos, tiene que abrir ahora un proceso de reflexión interna para poder hacer aportaciones a los ajustes que plantea el Ejecutivo que sustentan el PSOE, NC, Podemos y ASG.

Por su parte, el también presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expresado la “absoluta sintonía que existe entre la Fecai y el Gobierno de Canarias en las políticas sociales inclusivas y medioambientales que son necesarias para avanzar en esta tierra”.

Morales ha referido, sin embargo, que la Fecai tiene que estudiar, isla por isla y desde el punto de vista jurídico y económico las propuestas que ha hecho el Gobierno regional “porque reequilibrar las inversiones de esta manera puede producir” para algunos cabildos “problemas en la regla de gasto y en los equilibrios financieros”.

El presidente de la Fecai ha destacado que cada cabildo ha de hacer frente a distintas realidades, de ahí que algunos hayan presentado propuestas a financiar en cuatro años y otros que han proyectado iniciativas a más corto plazo.

Sobre el bloque de financiación municipal, Morales ha dicho que la Fecai está dispuesta a hablar con el Gobierno canario, si bien necesita saber antes si introducir retoques puede generar disfunciones en los presupuestos de las distintas instituciones insulares.

Las federaciones que aglutinan a los siete cabildos (Fecai) y a los 88 ayuntamientos canarios (Fecam) han recibido este lunes, 14 de octubre, toda la información sobre la situación económica actual y los planes del Gobierno de Canarias en relación con esa coyuntura, se informa en nota de prensa. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, han explicado además las líneas básicas de los Presupuestos de 2020, que están en proceso de elaboración.

A ese respecto el presidente de Canarias insistió en que “hemos planteado la voluntad de tener en 2020 los ingresos suficientes para poder responder a la agenda social”. Según las previsiones de la Agencia Tributaria Canaria, el año 2019 terminará con 193 millones de euros menos de recaudación tributaria propia, tras la bajada en medio punto del IGIC que se aplicó a finales de la legislatura anterior. Por ello, “pondremos en marcha medidas para corregir ese descenso en las cuentas de 2020”, recalcó Torres.

El presidente de Canarias también explicó que el año próximo hay que prever el gasto por la jornada lectiva reducida de los docentes y la de los profesionales sanitarios, que no estaban contempladas en 2019, lo que “supone que tengamos que presupuestar otros 180 millones de euros en el capítulo I (el de salarios)”.

Redefinición del Fondo de Desarrollo de Canarias

Una de las medidas que ha propuesto hoy el Gobierno de Canarias es reajustar el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), para lo que se va a poner en marcha una comisión técnica (el Fdcan tiene 1.600 millones de euros en 10 años, el periodo inicial previsto para su ejecución). Se propone una revisión de ese programa para darle más flexibilidad a la financiación anual y a los límites temporales de justificación de las inversiones, para que así los cabildos y ayuntamientos vayan más holgados con los proyectos.

Torres aseguró que, “si en lugar de diez años, tenemos que planearlo a once o doce para justificar esos fondos públicos, lo haremos”, y apuntó que la aplicación de esos reajustes no significaría que se reste ni un sólo euro a las administraciones insulares o locales canarias.

En el marco de ambas reuniones, tanto la Fecai (Federación de Cabildos Insulares) como la Fecam (Federación Canaria de Municipios) han sido informadas sobre la intención del Ejecutivo canario de reorientar el Fdcan hacia los servicios básicos urgentes. A este respecto, el presidente destacó la necesidad de “dar prioridad a las inversiones de carácter social, solidario y sostenible” para tener una Canarias “más limpia, más justa y mejor repartida desde el punto de vista solidario”.

Para la presidenta de la Fecam, María Brito, “ha sido un encuentro positivo para debatir y consensuar posturas respecto a la financiación y los nuevos presupuestos de Canarias”. Brito se comprometió a abrir un proceso de reflexión interna para abordar los posibles ajustes del programa Fdcan.

Por su parte, el presidente de la Fecai, Antonio Morales, destacó que “existe una absoluta sintonía con el Gobierno de Canarias en los ejes estratégicos centrados en las políticas sociales inclusivas, renta básica de ciudadanía y políticas ambientales”.

Torres culminó su comparecencia ante los medios de comunicación apuntando que “salgo muy satisfecho de ambas reuniones”. Además, agradeció la comprensión que han tenido tanto la Fecai como la Fecam a las propuestas del Gobierno autonómico.

Por último, hay que decir que se ha acordado crear una mesa de trabajo para estudiar un cambio en la distribución del Bloque de Financiación canario. “Ambas federaciones dijeron que están abiertas a valorar posibles modificaciones”, indicó Ángel Víctor Torres.

El alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, ha sido elegido miembro de la nueva ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) donde defenderá los intereses de los municipios palmeros. La asamblea general de la entidad supramunicipal ha procedido a elegir una nueva directiva, compuesta por 19 miembros, entre los que estará el alcalde tijarafero, se informa en nota de prensa.

Marcos Lorenzo ha señalado que asume “con ilusión y muchas ganas el reto de trabajar por los municipios de Canarias, pues son precisamente los ayuntamientos la primera línea de trabajo de la administración pública de cara a los ciudadanos”.

En ese sentido, añadió que “a pesar de eso no siempre podemos expresar en primer lugar nuestra opinión respecto a muchos temas que afectan al día a día de nuestros vecinos, especialmente en lo que atañe a la financiación necesaria para afrontarlos”, por lo que considera que “el trabajo que podamos realizar en la Fecam ayudará a mejorar la situación respecto de la administración local y los vecinos y vecinas”.

Finalmente, Marcos Lorenzo ha querido agradecer “la confianza depositada por mis compañeros de Coalición Canaria La Palma por haberme propuesto para asumir esta representación dentro de la nueva ejecutiva de la Fecam”.

Los otros integrantes palmeros de esta ejecutiva serán Vicente Rodríguez de Puntagorda y Noelia García de Los Llanos de Aridane.

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han suscrito este viernes un plan para mejorar la atención social que ofrecen los Ayuntamientos canarios valorado en más de 17 millones de euros, un 40% más que el ejercicio anterior.

El convenio ha sido firmado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, y el presidente de la Fecam, Ramón Manuel Plasencia. Cristina Valido ha asegurado que con este plan concertado los ayuntamientos darán continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

“Mientras tengamos posibilidad de crecimiento vamos a reforzar a los municipios, que son nuestras trincheras y las puertas a las que tocan los ciudadanos cuando lo están pasando mal”, ha aseverado la consejera, quien espera que esta financiación se vea reforzada en un futuro no muy lejano con la aprobación de la ley de servicios sociales.

La consejera ha asegurado que la demanda en atención social “es mucha”, por lo que hay que “pelear” por mejorar las cifras año a año, si bien ha precisado que por mucho que mejoren las subvenciones siempre habrá personas a las que no les llegue las ayudas.

Entre los retos próximos está la revisión de la PCI, a la que el presidente se comprometió con patronal y sindicatos.

El presidente de la Fecam, Ramón Manuel Plasencia, ha valorado que la financiación del plan haya aumentado un 40%, lo que permitirá que los ayuntamientos sigan prestando servicios básicos. 

Asimismo, ha explicado que el criterio para distribuir las cantidades entre los ayuntamientos se basa en la cantidad de población y otros criterios fijados desde el año 2014. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la necesidad de elaborar una estrategia orientada a que haya más empleo, formación y con la que se propicie un cambio de modelo productivo.

El fin es darle a los ciudadanos herramientas efectivas para que puedan tomar las riendas de su propia vida, ha comentado Clavijo, quien ha afirmado que la recuperación económica solo llegará a las familias a través del empleo y los salarios. 

Por ello, ha abogado por la mejora de los salarios, lo cual es necesario para subir la renta disponible a las familias, ya que “la gente solo sale del umbral de la pobreza cuando tiene trabajo estable de calidad”.

Canarias es la comunidad autónoma que más empleo generó en el último trimestre, pero “ni el empleo es de la calidad que nos gustaría ni los salarios son los que creemos que deben ser en una recuperación que ya está llegando a la cuenta de resultados de las empresas”, ha manifestado.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se desplazarán a La Palma el próximo lunes para mantener un encuentro con los alcaldes de Puntagorda, Vicente Rodríguez; El Paso, Sergio Rodríguez; y Los Llanos de Aridane, Noelia García, miembros de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) de La Palma.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la concesión de las subvenciones de la medida 7.4 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para la realización de inversiones destinadas a la creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales para las poblaciones rurales, incluidas las actividades recreativas culturales y las infraestructuras para este fin.

Estas ayudas suponen un total de 5,5 millones de euros para el desarrollo de 58 proyectos que llevarán a cabo 41 ayuntamientos y cabildos del archipiélago.

El consejero del área en el Ejecutivo canario, Narvay Quintero, ha explicado que, entre otras actuaciones, se sufragarán acciones para la mejora de las instalaciones de centros culturales y casas de cultura, el acondicionamiento de espacios e infraestructuras deportivas públicas, la creación de parques infantiles y circuitos biosaludables, la adaptación de espacios para la puesta en marcha de aulas de formación y el desarrollo de proyectos culturales.

En cuanto al reparto por islas, 2,12 millones de euros se destinan a iniciativas de Tenerife (Candelaria, El Rosario, El Tanque, Fasnia, Garachico, Granadilla, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza, Los Realejos, Los Silos, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Tegueste y Vilaflor), 1,57 a proyectos en Gran Canaria (Valleseco, Artenara, Firgas, Mogán, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Brígida, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Vega de San Mateo), 1,17 a actuaciones en La Palma (Barlovento, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Santa Cruz de La Palma, Tijarafe, Mazo y el Cabildo insular), 328.359 a La Gomera (San Sebastián y Alajeró), 254.244 a El Hierro (La Frontera y El Pinar) y 59.857 se destinarán a Fuerteventura (Pájara).

La selección de proyectos aprobados se ha efectuado siguiendo los criterios consensuados con la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

“Las líneas de la medida 7 del PDR, destinadas a financiar inversiones en los municipios rurales de Canarias, suman 12,9 millones de euros y son de vital importancia para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y su actividad económica, ya que buscan equiparar los servicios del entorno rural a los que ofrecen las ciudades para incrementar las oportunidades que ofrecen estos núcleos a las personas que residen en ellos y fijar así población en el medio rural”, destacó Quintero.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha planteado este martes, 3 de octubre, a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en una reunión mantenida en la sede de esa 4ntidad en Santa Cruz de Tenerife y a la que ha asistido también el director del Servicio Canario de Empleo, que la ejecución para este año 2017 de un Plan de Empleo Social extraordinario se lleve a cabo fundamentalmente con fondos del Ejecutivo regional y que los ayuntamientos que deseen acogerse a él y si así lo consideran lo hagan de manera voluntaria, indica la Fecam en una nota de prensa.

La Fecam considera que los consistorios municipales del Archipiélago “han dado claro ejemplo de solidaridad y de importante apoyo económico durante todo estos años de crisis, incluso en asuntos como el empleo cuyas competencias corresponden a otras instituciones”. De esta manera -señala la Federación- han sido ya varios los años en los que al 50% junto al Gobierno de Canarias se han aportado fondos para la contratación de trabajadores en situación de desempleo de larga duración y en clara situación de riesgo de exclusión teniendo que hacer frente en muchas ocasiones a otras situaciones de emergencias demandadas por los vecinos y vecinas de nuestros municipios“.

En este sentido, la Fecam apunta que “a estas altura del presente año 2017 son muchos los consistorios que no cuentan con partidas específicas para poder aportar los fondos necesarios de manera extraordinaria a esta iniciativa y es por ello, que debe ser el Gobierno de Canarias quien realice el esfuerzo económico necesario por las vías que considere para continuar con esta iniciativa altamente valorada por los ciudadanos canarios”.

Por otro lado, la Federación Canaria de Municipios ha planteado en esta misma reunión, una serie de criterios en relación con la convocatoria publicada para la contratación de parados de larga duración por parte del Gobierno de Canarias que establece el límite de quince ayuntamientos para que sea ampliada a 29 consistorios que en estos momentos cumplen esos objetivos.

El director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, ha avanzado que muchos participantes de competiciones de deporte adaptado podrán beneficiarse de la convocatoria para deportistas de élite de Castilla-La Mancha, cuya resolución definitiva se hará pública en los próximos días.

Amores ha mostrado el apoyo del Gobierno regional al trabajo que desarrolla la Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM), durante el acto de entrega de trofeos del XXI Campeonato Regional de Natación, que se ha celebrado en el Complejo Deportivo 'Juan de Toledo' de la ciudad de Albacete.

Ha recordado que en todas las convocatorias para la promoción del deporte a través de los clubes o la organización de eventos, “siempre hemos incluido criterios para igualar las competiciones y prácticas deportivas para las personas con capacidades diferentes”.

La XXI edición del Campeonato Regional de Natación que organiza FECAM, se ha celebrado los días 17, 18 y 19 de febrero en la piscina 'Juan de Toledo' de Albacete, y ha contado con la participación de 240 personas, 160 nadadores y nadadoras, 48 técnicos, 12 personas de organización, y 20 voluntarios. 

Este campeonato que se ha celebrado por octava vez en Albacete, también se ha desarrollado en otras ocasiones en Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Villarrobledo, y en esta edición ha contado con 25 deportistas más que en 2016.

En este acto se ha guardado un minuto de silencio por la ex nadadora del club Asprodeta, Sandra Domínguez, con más de 50 medallas de oro en su palmarés, además de dos medallas de oro en el Campeonato de Europa de Hungría en 1998 y participante en los Juegos Mundiales de Verano 'Special Olympics' de Carolina del Norte (EEUU), que falleció en enero pasado. FECAM ha querido reconocer a esta nadadora entregando una placa conmemorativa a su familia.

La Federación de Municipios advierte de que el anteproyecto no ha sido consultado con los ayuntamientos

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha pedido este sábado que se paralice el Anteproyecto de Modificación de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que actualmente tramita el Gobierno de Canarias, por no haberse consultado a los ayuntamientos.

La Comisión de Turismo y Transportes de la Federación Canaria de Municipios, considera, que no solo es el colectivo de taxistas es el que se opone al anteproyecto mencionado, sino que existen otras entidades que podrían presentar sus objeciones.

Según indica en un comunicado, “los ayuntamientos de Canarias cuentan con una información de primera mano precisamente por ser las instituciones que de alguna forma, más directamente se encuentran relacionadas con el problema del transporte por carretera en sus respectivas localidades” y la ley les otorga competencias relativas al transporte por carretera.

El presidente accidental de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso, ha pedido este viernes que los consejos insulares, donde están representados el Servicio Canario de Empleo, los ayuntamientos, cabildos y agentes sociales, sean los que sigan y controlen los programas relacionados con las políticas activas de empleo propuestos por los cabildos.

Carlos Alonso se ha reunido este viernes con el director general de Coordinación y Apoyo Técnico de la Vicepresidencia, Antonio Olivera, y una representación de universidades, sindicatos y empresarios para determinar si son los cabildos quienes gestionarán los fondos para empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El presidente del Cabildo de Tenerife ha defendido, según ha comentado posteriormente a los periodistas, que sean los consejos insulares de empleo los que evalúen, controlen y realicen un seguimiento de las políticas activas de empleo, que representarán el 20% del Fdcan, igual que i+d+i el 5% e infraestructuras el 75%.

No obstante, ha precisado, la intención de la Fecai es que sean los cabildos, en coordinación con los ayuntamientos, los que ejecuten las políticas de empleo para que así haya una mejor coordinación entre administraciones.

Por el contrario, el Servicio Canario de Empleo prefiere que estas políticas de empleo se sustenten en convenios específicos con cada uno de los cabildos, lo que, a juicio de Alonso, esto supondría entorpecer y dificultar la gestión de los fondos.

Para el presidente, la vía “más ágil” es que la firma de un convenio general entre Gobierno canario y cada uno de los cabildos incluya una cláusula específica para que los consejos insulares se encarguen del seguimiento y control de las acciones de empleo.

Es decir, la Fecai propone un convenio general por cada isla en vez de, como sugiere el Gobierno, convenios específicos por cada proyecto sobre políticas activas de empleo que presenten las corporaciones insulares.

Asimismo, reclama que el Ejecutivo articule fondos adicionales del Fdcan para financiar los proyectos que ha presentado y que también tiene que ver con el empleo.

Alonso se ha mostrado convencido de que, al tratarse de “una cuestión política”, el próximo el comité de selección del Fdcan llegue a un acuerdo y seleccione los programas y proyectos presentados.

El Fondo de Desarrollo de Canarias, creado por el Ejecutivo autonómico a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General de Tráfico a Empresas (IGTE), está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago.

Para esta primera convocatoria se ha recibido solicitud de financiación para un total de 51 proyectos y 7 programas, que suman una cuantía definitiva de algo más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

Los recursos existentes en el Fdcan para ese periodo ascienden a 1.600 millones de euros.

Será el Consejo de Gobierno quien aprobará las propuestas definitivas, así como los porcentajes de financiación de las mismas que correrán a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que se materializarán a través de los convenios que se suscribirán entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda.

El Gobierno de Canarias se reunirá este viernes con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y una representación de universidades, sindicatos y empresarios para acabar de cerrar que sean los cabildos los que presenten los programas relacionados con el empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y no la Comunidad Autónoma, que es la que tiene la competencia.

Esta reunión tendrá lugar cuatro días después de que el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, reconociera que existen “problemas técnicos” a la hora de que sean los cabildos los que presenten los programas, si bien garantizó que las políticas de empleo representarán el 20% del Fdcan, igual que i+d+i el 5% e infraestructuras el 75%.

El presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, avanzó hoy, después de la reunión de la federación celebrada para tratar, en otros asuntos, el proyecto de reforma de la Ley del Suelo y los recursos de Fdcan, que el encuentro de mañana tiene como objetivo llegar a una propuesta que pueda ser asumida por todos.

La Fecai ha acordado que Gobierno y cabildos firmen un convenio para llevar a cabo las distintas actuaciones correspondientes a las políticas activas de empleo en todas las islas, ha informado Curbelo, quien cree que esta idea “coincide en buena parte” con la propuesta del Ejecutivo que se definirá mañana.

Los cabildos tienen experiencia en la promoción económica y en la dinamización de las islas, ha destacado el presidente de la Fecai, quien ha defendido que los cabildos canarios sean órganos ejecutores de las políticas activas de empleo.

Ha recordado, asimismo, que los cabildos son cooperadores desde el punto de financiación en las políticas activas de empleo, pues cada uno de ellos aportan recursos en función de su dimensión económica, Gran Canaria y Tenerife el 50%; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma el 20%; y La Gomera y El Hierro el 10%.

Según Curbelo, los problemas técnicos a la hora de que sean los cabildos los que presenten los programas relacionados con políticas activas de empleo, quedarían “indudablemente” resueltos con la firma de un convenio con el Gobierno.

“El Gobierno tendrá que resolverlo de esa manera, yo creo que es una manera sensata de colaboración para poder llevar a cabo políticas activas de empleo en las islas”, ha manifestado.

El presidente del Cabildo de La Gomera no podrá asistir mañana al encuentro que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife pero será el de Tenerife, Carlos Alonso, el que vaya a exponer la decisión de la Fecai, ha comentado Curbelo, quien está completamente seguro de que el Ejecutivo flexibilizará su posición y habrá acuerdo para que así el próximo lunes el comité de selección del Fdcan seleccione los programas y proyectos presentados.

Según ha detallado Curbelo, El Hierro recibirá un total de 6,1 millones del Fdcan, La Gomera 8,4 millones, Lanzarote 18 millones, Fuerteventura 15 millones, Gran Canaria 41 millones, Tenerife 44 millones y La Palma 17.

Estas cuantías se han repartido en base a diferentes criterios; en el caso de i+d+i, que supone el 5% del total del Fdcan, se ha dado teniendo en cuenta la inversión media de la Comunidad Autónoma entre 2011 y 2017 en cada una de las islas.

Respecto al área de infraestructuras, que representa el 75% del total, se ha distribuido teniendo en cuenta la triple paridad; mientras que para el 20% dirigido a las políticas activas de empleo se ha utilizado el criterio del número de parados de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año.

El Fondo de Desarrollo de Canarias, creado por el Ejecutivo autonómico a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General de Tráfico a Empresas (IGTE), está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del archipiélago.

Para esta primera convocatoria se ha recibido solicitud de financiación para un total de 51 proyectos y 7 programas, que suman una cuantía definitiva de algo más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

Los recursos existentes en el Fdcan para ese periodo ascienden a 1.600 millones de euros.

Será el Consejo de Gobierno quien aprobará las propuestas definitivas, así como los porcentajes de financiación de las mismas que correrán a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que se materializarán a través de los convenios que se suscribirán entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda.

Los ayuntamientos de Canarias “están todavía con un gran retraso en la administración electrónica”, según ha constatado la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que ha decidido ayudar a los consistorios a implantarla porque permitirá ahorrar “muchos millones de euros”.

Prueban que esa rebaja de costes es posible hechos como que, “por ejemplo, la tramitación no electrónica de un certificado de empadronamiento le cuesta al sistema 75 euros, mientras que en formato electrónico le cuesta cinco euros, con lo cual el ahorro es de 70 euros” solo en la gestión de uno de esos documentos, ha declarado el especialista en administración electrónica Víctor Almonacid.

La Fecam ha recurrido a este profesional, que trabaja como secretario general del Ayuntamiento de Alcira (Valencia) y tiene gran experiencia en esta materia, para diseñar su “Plan estratégico de implantación de la administración electrónica para los municipios de Canarias”, según ha explicado este lunes la presidenta de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Dunia González, al presentar el proyecto.

Con él, se busca contribuir a que las corporaciones locales de las Islas sean más eficientes y reduzcan gastos pero, sobre todo, que cumplan las leyes nacionales más recientes que regulan su funcionamiento, que establecen la obligación de contar con vías telemáticas de relación con los ciudadanos, ha explicado.

La también alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) ha relatado que para elaborar el proyecto se llevó a cabo previamente un estudio sobre la situación de los ayuntamientos de las Islas en materia de administración electrónica, cuyos resultados ha confesado que fueron peores de lo esperado.

“La verdad es que nos llevamos una sorpresa viendo los diferentes puntos del camino en los que se encuentran los diferentes ayuntamientos”, ya que “unos están más avanzados, pero, a nivel general, podemos decir que estamos todavía con un gran retraso”, ha declarado al respecto.

Dunia González no ha ofrecido datos concretos sobre las dimensiones de ese retraso ni tampoco lo ha hecho Víctor Almonacid, que, además, ha querido matizar que, en todo caso, Canarias “no está peor que el resto de España”, donde “el grado de implantación de la administración electrónica es bajo, es pobre”, según ha asegurado, destacando que lo hacía “con cierta tristeza”.

No obstante, ha añadido que existen excepciones, tanto en el país en general como en el Archipiélago en concreto, donde ha subrayado que en Gran Canaria “hay dos o tres ayuntamientos que están muy bien”.

Y no solo se trata de corporaciones de localidades muy pobladas, sino que incluso, según ha precisado, “hay municipios medianos o pequeños que sí que han dado pasos firmes” en el desarrollo de la administración electrónica.

Algo que la Fecam desea que hagan también todos los demás ayuntamientos del Archipiélago amparados por el proyecto presentado este lunes, ha afirmado la presidenta de la Comisión de Nuevas Tecnologías.

Dunia González ha avanzado que lo que se pretende es que las llamadas instituciones más cercanas pueden atender a los ciudadanos a distancia y sin tener que requerirles certificados o fotocopias del documento nacional de identidad o similares de aquí a 2019.

Un año en que se debería culminar, conforme a lo inicialmente previsto, el desarrollo del Plan estratégico de implantación de la administración electrónica para los municipios de Canarias, siguiendo un calendario que, desde ahora hasta entonces, marca “diferentes hitos a cumplir” para hacer posible es objetivo final, ha explicado su redactor.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) a través de su Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad con motivo de celebrarse el próximo 25 de noviembre el  Día Internacional  de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y este 7 de noviembre el primer aniversario de  la marcha contra las violencias machistas, que reunió en las calles de Madrid a cientos de miles de personas, entre ellas a más de 100 representantes canarias, impulsa en todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, “una moción que posibilite una declaración institucional que pretende contribuir, desde el ámbito de las  competencias municipales,  a actuar a favor de la igualdad de género y contra las violencias machistas, entendiendo éstas  no sólo la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, sino todas las demás formas en las que se presenta”, señala en un comunicado.

La Fecam recuerda con su iniciativa, “que así lo exige el Convenio de Estambul, que entró en vigor en el Estado español en agosto de 2014, sin que se hayan introducido sus preceptos en la legislación y en las prácticas políticas de las Administraciones Públicas”.

La entidad representante de los municipios canarios, en su propuesta apunta  que además se pretende que los consistorios se sumen a la “declaración del año 2017 como Año contra la Violencia de Género”, y con ello “el compromiso  de desarrollar, en el ámbito de sus competencias y en aplicación de la legislación vigente, una política municipal activa, integral, participativa y coordinada en favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, poniendo especial atención en la violencia que sufren las mujeres jóvenes y adolescentes, además de aumentar las  partidas destinadas a Igualdad y a luchar contra la violencia de género. 

En este sentido, se añade en la nota, “la Fecam invita a los ayuntamientos a poner en marcha iniciativas que doten a las mujeres, especialmente a las jóvenes, de los recursos necesarios para hacer frente a la vulnerabilidad y promuevan el empoderamiento. Al mismo tiempo, se trabajará con los jóvenes la prevención de comportamientos sexistas y la adopción de una actitud activa y firme contra las micro-agresiones sexistas cotidianas. Todo ello colaborando con los centros integrados en la Red de Centros Educativos Promotores de Igualdad (Consejería de Educación) radicados en nuestro municipio, así como con las acciones de educación afectivo-sexual en clave de igualdad que éstos emprendan y se adquirirá también el compromiso  a cooperar intensamente con las administraciones insular y autonómica en el Marco Estratégico Tenerife Violeta y la Estrategia Canaria de Igualdad para promover la igualdad y combatir la violencia de género”. 

En la nota se apunta que “cabe recordar que la Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha bajado de proteger a 31.691 víctimas en 2010 a 16.613 en 2015” y que “el presupuesto del Estado para violencia de género en 2016 son 25,2 millones de euros, un 11% menos que en 2009”. Según datos oficiales, precisa, “1.447.687 mujeres han sufrido alguna vez violencia sexual, el 29% antes de los 18 años y en este pasado  verano de 2016 decenas de miles de personas se han manifestado contra las agresiones sexuales en fiestas locales, creando una nueva conciencia social que demanda una respuesta de los poderes públicos entre otros aspectos como el aumento de la custodia compartida de hijas e hijos judicialmente impuesta sin acuerdo y subsisten las visitas y custodias por maltratadores”.

La Federación de Municipios y los ayuntamientos canarios, concluye, “invitan a la ciudadanía y, de manera muy especial a las y los jóvenes de los diferentes municipios a participar activamente en los diferentes actos que se lleven a cabo con motivo del 25 de noviembre, así como en el programa de sensibilización, prevención y educación para la igualdad Fiestas y Barrios por la Igualdad, que se pondrá en marcha en 2017”.

El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha celebrado durante este viernes, 2 de septiembre, su reunión ordinaria en La Palma, concretamente a la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández de El Paso.

Manuel Ramón Plasencia Barroso, presidente de la Fecam señaló tras el encuentro que  “la Federación de Municipios ha pretendido mostrar su solidaridad con esta Isla y concretamente con los municipios afectados por el incendio que se produjo a principios del mes de agosto, así como conocer directamente las inquietudes y demandas de los compañeros alcaldes cuyas localidades se vieron perjudicadas por este desastre ecológico que tuvo en vilo a toda Canarias hace una semanas”,

El presidente de la Fecam y también alcalde de Alajeró, en una nota de prensa,  informa que “entre el  jueves y este viernes, hemos tenido la oportunidad de conocer directamente las zonas afectadas y concretar sobre aquellos puntos en los que como una sola voz, el  municipalismo canario debe prestar  su apoyo tanto a los vecinos y vecinas como a las corporaciones locales que demandan medidas inmediatas para paliar los efectos socioeconómicos producidos por esta situación,  así como a los sectores empresariales, comerciales, agentes y establecimientos turísticos en general”.

Plasencia insta en nombre de los ayuntamientos de Canarias a que “adopten las medidas urgentes y se busquen las soluciones pertinentes para paliar las graves consecuencias que trae consigo las secuelas de esta tragedia”.

Brif regional y apoyo al sector platanero

Apuntó que el Comité Ejecutivo celebrado en La Palma trató diversos aspectos además de los señalados con anterioridad, como el de solicitar del Gobierno de Canarias que “incentive su esfuerzo para instar al Estado sobre  la necesidad de incorporar los recursos económicos pertinentes  para la creación de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales  (BRIF), tal y como ha sido demandado ya por diversos organismos y otras instituciones de la Comunidad Autónoma”, se indica en la nota.

La Fecam también muestra su “solidaridad y apoyo al sector platanero palmero, que demanda un equilibrio de los precios del plátano en el mercado y las medidas necesarias por parte del Gobierno de Canarias para evitar la pérdida de poder adquisitivo, las crisis periódicas de precios,   la falta de respuesta a diversos aspectos que afectan al sector y que han motivado que este mismo viernes se produjera una importante manifestación en la Isla.

El Comité Ejecutivo de la Fecam  adoptó asimismo acuerdos  relacionados con el Plan de Emergencia Social 2016 y tuvo conocimiento de los diferentes dictámenes de las Comisiones Sectoriales de la Federación entre otros asuntos de un amplio orden del día. 

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) considera que su representación municipal en la Comisión de Turismo y Transportes es “insuficiente y poco equitativa”, frente a la que está previsto conceder a los cabildos insulares o a los grupos empresariales y sindicales, al tiempo que pide la incorporación de un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores.

Así lo ha informado este lunes la Fecam, que presentará alegaciones al Reglamento de la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias, impulsado por el Gobierno autonómico, pues considera “inaceptable” su representatividad de los mismos en el pleno y en cada una de las mesas de este futuro organismo.

En este sentido, critica que dicha representación “se limite a un único vocal representante, con la excepción de dos en la mesa interadministrativa correspondiente” y recuerda que la propia representatividad del grupo de asociaciones privadas “es también mayor que la de las entidades locales del Archipiélago”.

Sostiene que no se ha tenido en cuenta la importancia y el papel de las ciudades y pueblos en este sector del transporte por carretera, otorgando al total de los 88 municipios “una mínima participación”.

Este organismo afirma que se “ha dado la espalda a núcleos de población que se ven afectados por toda la problemática” que continuamente se está generando en este sector.

Asegura la Fecam que se olvidan las propias competencias que tienen los ayuntamientos “determinadas claramente en el artículo 8 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias”.

Hipólito Suárez, presidente de la Comisión de Transporte de la Federación Canaria de Municipios y alcalde de Moya, recuerda que entre esas competencias, está la participación en la delimitación y regulación de zonas de prestación conjunta y áreas sensibles en el transporte público como el taxi.

Solicita igualmente el alcalde una organización administrativa “que haga efectiva la integración insular del propio transporte público regular de viajeros”.

La Fecam cree que “ni en la composición del pleno de la Mesa de Transportes Terrestres, ni en la Mesa Interadministrativa de la misma, así como en la del Taxi, la de Viajeros o la de Mercancías, es incomprensible que exista una amplia representación por cada uno de los siete cabildos insulares”.

Insiste en que incluir una representación de los municipios turísticos y otra en los que se haya declarado área sensible alguna de las infraestructuras radicadas en su término municipal, para “poder aportar la realidad de aquellas localidades en el ámbito de cada una de las mesas que compondrán este futuro organismo”.

La Federación Canaria de Municipios exige también la incorporación en la Mesa de Viajeros de una persona en representación de las asociaciones de usuarios y consumidores, para lo cual se ha presentado también alegación al respecto.

Por último, la Fecam advierte que si no se aceptan estas condiciones, incorporadas en su escrito de alegaciones, hará valorar su futura participación en este organismo.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha invitado a todos los ayuntamientos de las Islas a aprobar mociones de apoyo a la reforma de la Ley del Suelo que promueve el Gobierno de la comunidad autónoma y que otorga a los consistorios un papel decisivo sobre el futuro del urbanismo.

La reforma de la Ley deja en manos de cada ayuntamiento la aprobación definitiva de su plan de ordenación, sin necesidad obtener el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), como ocurre hasta ahora.

Ese cambio ha suscitado críticas entre colectivos ecologistas, sindicatos, algunos partidos políticos y entidades como la Fundación César Manrique, que temen las consecuencias que puede tener para la conservación del territorio del Archipiélago.

Ante críticas como esa, el comité ejecutivo de la Fecam ha acordado expresar su apoyo al proyecto del Gobierno de Canarias, porque considera que ha incorporado sus propuestas.

“La Fecam considera que el Gobierno ha acogido las propuestas llevadas a cabo por los ayuntamientos con un ánimo bastante constructivo y recoge, entre otros asuntos, la demanda municipal de intentar sintetizar la maraña normativa que facilitará tanto a la Administración como al ciudadano mucho las cosas”, asegura.

La Federación de Municipios Canarios destaca, asimismo, que el Ejecutivo haya aceptado su sugerencia de incorporar fondos públicos para “fortalecer las oficinas técnicas de los ayuntamientos, garantizando así que las competencias que se van a asumir puedan salir adelante con garantías y con celeridad”.

La Fecam también aplaude al Ejecutivo por haber aceptado su demanda de que parte de los fondos del desaparecido IGTE (en concreto el 20 %) se gasten en iniciativas de empleo social.

“Los ayuntamientos canarios consideran que esa línea de actuación creará un auténtico plan de choque para hacer frente a la situación de muchas familias del archipiélago. Las políticas activas de empleo potenciarán también la creación de mayor riqueza en otros sectores de la sociedad como el comercio y, por consiguiente, repercutirá en el consumo”, asegura la Federación.

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado este martes dedicar una parte de los fondos del extinto IGTE para 2016 a aumentar la partida destinada al plan de empleo social, que permite a los ayuntamientos contratar a parados de larga duración y escaso recursos.

Actualmente la financiación del plan de empleo social son unos diez millones de euros, con los que se realizan más de 3.000 contratos laborales entre las personas más vulnerables socialmente.

Los ayuntamientos han transmitido al Gobierno que están en condiciones de gestionar hasta fin de año hasta 20 millones adicionales con cargo a los fondos del IGTE para realizar otras 6.000 contrataciones.

Esta propuesta será estudiada por el Gobierno de Canarias, que tiene previsto aprobar el próximo lunes el decreto para la ejecución de estos fondos, según se ha acordado en una reunión de la ejecutiva de la Fecam con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y los consejeros de Economía, Pedro Ortega, y de Presidencia, Aarón Afonso.

Aunque inicialmente estos fondos no estaban previstos para políticas activas de empleo, el hecho de que la partida para este año, unos 160 millones de euros, tenga que ser gastada antes del 31 de diciembre porque el sobrante no se puede incorporar a 2017, ha llevado a buscar esta posible fórmula para su ejecución.

En la reunión no se ha fijado una cantidad exacta, porque se va a estudiar la capacidad administrativa de los ayuntamientos para absorber y ejecutar los nuevos fondos, explicó el presidente de Fecam, Ramón Plasencia.

“Lo que se trata es de contratar al mayor número de personas con pocos recursos”, dijo Plasencia, y señaló que las políticas activas de empleo entran en la filosofía del IGTE, que se pretende que sea un fondo para el desarrollo de Canarias.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, señaló sobre este asunto que los ayuntamientos dicen que pueden gastarse entre 10 y 20 millones de euros adicionales a los 10 millones ya presupuestados en el plan de empleo social, pero habrá que estudiarlo y analizarlo para fijar las posibilidades de ejecución reales.

Además de destinar nuevos fondos a empleo social, el Gobierno y los municipios quieren articular otras fórmulas para poder gastar el dinero correspondiente a 2016 antes del 31 de diciembre y para que salga antes la convocatoria para 2017.

Otro de los asuntos abordados en la reunión y que preocupa a los municipios es qué pasaría con los programas y proyectos que se van a financiar con cargo al IGTE si, estando aún en ejecución, estos fondos dejaran de llegar en el futuro por una decisión unilateral del Estado, que es el que se los ha cedido a la Comunidad Autónoma.

El compromiso del Gobierno en ese caso es que todos los proyectos y programas propuestos y en ejecución por los ayuntamientos serían financiados hasta su finalización, aunque no se abrirían convocatorias para nuevas iniciativas.

Sin embargo, por razones de legalidad, esa garantía del Gobierno sería un compromiso político que no quedaría reflejado por escrito ni en el decreto ni en los convenios que se suscriban para la ejecución de los proyectos, dijo Barragán.

“No puede haber una cláusula por motivos legales, pero si ocurre buscaremos una manera de resolverlo, si están firmados los convenios buscaremos alguna fórmula de compromiso político para financiar los proyectos ya iniciados”, explicó Barragán.

El presidente de la Fecam interpretó tras la reunión que ha quedado clara la garantía de financiación por el Gobierno de los proyectos iniciados en caso de que desaparezca el fondo.

Ramón Plasencia se mostró satisfecho con los compromisos del Gobierno con los municipios, que incluyen que el decreto que se apruebe la próxima semana se pueda revisar en cualquier momento en función de posibles problemas que surjan, ya que es su primer año de aplicación

“Se han recogido las sugerencias más importantes de la Fecam así que hemos dado el visto bueno al decreto con el compromiso de que pueda ser revisable en cualquier momento”, subrayó.

El Gobierno canario y la Fecam han analizado el borrador de la Ley del Suelo en Las Palmas de Gran Canaria y han coincido en que la norma precisa una ficha financiera para que los ayuntamientos puedan contar con más personal que elabore los diferentes planeamientos generales.

La reunión ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y de una nutrida representación de la directiva de la Fecam.

El alcalde de Guía de Isora (Tenerife) y presidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Pedro Martín, ha asegurado a los medios de comunicación que el encuentro ha sido “productivo”, ya que han podido presentar “numerosas alegaciones”.

“Es conocida la postura de la Fecam a favor de una Ley que es necesaria para sintetizar una maraña normativa de la que todo el mundo habla, pero que nadie le metía mano. Ya era hora de que cuatro leyes cabecera que estaban actuando sobre el territorial al final converjan en una sola”, ha subrayado.

Martín ha agregado que la Fecam ha hecho una serie de propuestas al Gobierno que han sido acogidas con “bastante ánimo constructivo”, ya que se analizará su documento y, en breve, se debatirán algunas de las cuestiones que hoy han planteado.

“Entre nuestras propuestas destaca una mayor dotación económica para fortalecer las oficinas técnicas municipales, con el fin de conseguir que la Ley, que responsabiliza a los ayuntamientos de determinadas cuestiones, pueda salir adelante”, ha resaltado el regidor.

Pedro Martín ha recordado que en los últimos años el Gobierno ha pasado de una inversión en planeamiento municipal de más de 6 millones de euros a solo 1, y que si se quiere es que los consistorios asuman responsabilidades “así va a estar complicado”.

“Planteamos asimismo la necesidad de tener oficinas que asesoren a los ayuntamientos y que ayuden a resolver conflictos, ya que, desgraciadamente, está muy judicializado el debate urbanístico, y lo que pretendemos es buscar alternativas que eviten los conflictos”, ha añadido.

Martín ha desvelado que cuestionan “cómo resolver conflictos en caso de diferencia de criterios entre ayuntamientos y cabildos y, en su caso, entre estos y el Gobierno autónomo, y que administración tendría que decidir en esos casos”.

“Queremos una revisión de lo que se entiende por asentamiento rural, porque es muy diferente uno en La Gomera a otro en Lanzarote, por poner un ejemplo, y habría que buscar elementos en común”, ha dicho.

La Fecam también ha cuestionado las excepcionalidades de la Ley, tanto para el Gobierno como para los cambildos, que se acote no porque se haya inventado algo nuevo -que ya constan en la norma anterior-, sino para que “no exista excesiva discrecionalidad en las decisiones a la hora de valorar que una determinada actuación en el territorio y pueda superponerse sobre los ayuntamientos”.

En este sentido, Martín ha especificado que la Ley estable una herramienta ágil como son las modificaciones puntuales, ha sostenido que algunas de esas excepcionalidades podrían entrar a través de los planes generales y que, cuando no fuera posible, “sería necesario establecer determinados límites a esas situaciones”.

La Fecam entiende que hay asuntos como la ubicación de una cárcel o determinados problemas energéticos, por poner un ejemplo, en los que el Gobierno tiene que actuar y, por lo tanto, reconoce ese derecho, pero le gustaría que se delimitara y conocer en qué situaciones se puede producir.

En su opinión, algo ha venido funcionando mal en Canarias en las últimas décadas cuando solo 12 municipios tienen aprobado su Plan General, que otros 35 los tienen en tramitación y doce ayuntamientos “ni se les espera porque han tirado la toalla”.

Por su parte, Nieves Lady Barreto ha dicho que la Ley del Suelo dispondrá de ficha financiera, al igual que de la asistencia jurídica durante todo el proceso, y Clavijo ha puesto sobre la mesa que sea la Fecam la que haga una petición de económica.

“La Fecam lleva reclamando esta financiación para dotar de más personal a sus oficinas y, en este caso, los planeamientos se hacen con equipos externos al del propio ayuntamiento, por lo que se necesita dinero para sacarlos adelante”, ha reconocido.

La consejera ha indicado que, desde el primer momento, se planteó que todo lo que tenga que ver con planeamiento tuviera un procedimiento que agilizara la tramitación, ya que en Canarias se tarda una media de doce años para aprobar los planes, aunque hay ayuntamientos que, incluso, llevan dieciséis en trámites.

“Ese problema hay que afrontarlo reduciendo trámites y eliminado duplicidades de competencias, entre otros asuntos”, ha señalado.

Nieves Lady Barreto, ha recordado que desde el año 1986 más de la mitad del territorios de Canarias está protegido, pero que la protección alcanza a casi el 86 por ciento porque no solo la establece la Ley de Espacios Naturales, sino también los planes de los cabildos y generales “con aquellos suelos con valores ambientales”.

“Lo que se plantea con la Ley son unos planes más ágiles y que se puedan desarrollar donde se pueda actuar en aquel 14 por ciento que queda del territorio”, ha comentado.

El alcalde de Guía de Isora (Tenerife), Pedro Martín Domínguez, ha anunciado que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) presentará 200 alegaciones al proyecto de la Ley del Suelo de Canarias, que en la actualidad tramita el Gobierno regional, a la que calificó de “densa”, ya que se compone de 408 artículos.

Martín Domínguez, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la Fecam, señaló en rueda de prensa que desde este martes comenzará a reunirse con los distintos grupos de la Cámara para presentarles las alegaciones confeccionadas por expertos de la mencionada federación.

El alcalde de Guía de Isora consideró que es necesario que la futura Ley del Suelo tenga sus correspondientes reglamentos para su desarrollo, “porque las leyes que carecen de reglamentos no resultan efectivas”.

También propuso que los ayuntamientos puedan realizar valoraciones ambientales en espacios reducidos con el fin de ser más efectivos.

A este respecto, Pedro Martín defendió que los ayuntamientos puedan emitir informes medioambientales en, por ejemplo, parcelas de 300 metros o en una manzana, “no por supuesto en el trazado de una autopista o en obras grandes”.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la Fecam aseguró que estaban de acuerdo en que se mantuviera la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), con una redimensión de la misma y que pueda seguir emitiendo informes vinculantes y preceptivos.

“Queremos que se definan los ámbitos competenciales, las competencias que tienen cada una de las administraciones pero no queremos, como ha pasado en los últimos años, que la Cotmac sea un elemento de bloqueo y desconfianza hacia los municipios”, subrayó.

En las alegaciones de los ayuntamientos, añadió Martín Domínguez, también se solicita definir los asentamientos rurales y que en los planes territoriales e insulares que se tengan en cuenta a los ayuntamientos.

Además pedirán definir los procedimientos excepcionales en los planeamientos y que las modificaciones de un plan sean por actividades esenciales para la ciudadanía.

El alcalde de Guía de Isora (Tenerife) y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la Fecam (Federación Canaria de Municipios), Pedro Martín (PSOE), afirma que la futura Ley del Suelo de Canarias es un “avance indudable”.

Tras reunirse con la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en compañía del presidente y viecepresidente de la federación, Manuel Plasencia e Ignacio Rodríguez, señala no obstante que se van a presentar alegaciones “sobre aspectos que o bien son mejorables o debieran ser modificados”.

Según Martín, es una ley “muy importante” dado que en la Comunidad Autónoma se tarda una media de 10 a 12 años en aprobar un Plan General Municipal o seis años en lo que se refiere a un plan parcial, “algo incomprensible especialmente por los vecinos y vecinas de nuestros municipios, que son en definitiva los principales afectados”.

Asimismo, dice que esta iniciativa está en la línea de evitar las actuales duplicidades e injerencias entre administraciones o incluso permitir establecer los correspondientes plazos que “inevitablemente” reducirán los tiempos de tramitación.

Martín señala, no obstante, que existen algunos aspectos a los que los ayuntamientos plantearán alegaciones, como son la de las determinaciones que no separan adecuadamente los usos turísticos y residenciales o también, la potestad que mantiene la futura Ley de que a los cabildos y el Gobierno, de forma excepcional, se les permita realizar reclasificaciones de suelo que pueden contradecir los propios planes generales municipales.

Competencias definidas

Como aspecto positivo, valora que “se definen claramente las competencias que tendrán tanto los ayuntamientos como los cabildos y el Gobierno de Canarias, un problema que venía arrastrándose durante décadas, al tiempo que se clarificarán los usos como el del suelo rústico, que son demandas históricas de los municipios canarios especialmente aquellos con gran implantación de territorio rural”.

Martín afirma que “no faltará el empeño” de todos los alcaldes de Canarias de mejorar en lo posible la Ley, “que entre sus principales retos está el de evitar solapamientos y el exceso de trámites burocráticos, aceptando un criterio de partida, no se clasificarán nuevos suelos ni turísticos ni residenciales”.

No obstante, avisa de que la postura es “eminentemente municipalista y serán los partidos políticos los que ahora deben fijar criterio en este debate”.