El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una histórica demanda del colectivo que entrará en vigor este jueves.

El pleno del Senado aprobó el pasado 30 de septiembre la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones por una amplia mayoría, tras un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE.

Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ocho años, una amplia mayoría parlamentaria aprobó la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral.

Con esta reforma se modifican dos apartados del artículo 80 de la ley y se añaden otros tres, de forma que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.

Así, su testimonio tendrá valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales frente a las agresiones, se endurecen las penas para aquellos internos que cometan atentado contra la autoridad y se incluye el derecho a indemnización por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Como agentes de la autoridad, y en caso de ingresar en prisión, estos funcionarios serán separados del resto de reclusos en los centros penitenciarios y en los traslados, y tanto estos trabajadores como el personal laboral recibirán formación específica teórica y práctica obligatoria.

Un total de 21 escaños del Congreso volverán a estar en liza en las cinco circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según ha publicado ya el Boletín Oficial del Estado (BOE) no habrá por tanto variaciones respecto a los comicios de julio de 2023 en cuanto a los diputados que se elegirán en esta comunidad autónoma.

En la anterior cita electoral, el PP ganó en número de votos y de escaños en Castilla-La Mancha, consiguiendo un total de diez de estos diputados. El PSOE se hizo con ocho y Vox consiguió por primera vez representación castellanomanchega en la Cámara Baja con tres parlamentarios. La coalición bajo las siglas de Sumar no consiguió representación en esta región.

De cara a las próximas elecciones, en la provincia de Albacete volverán a decidirse cuatro escaños, que actualmente se reparten entre socialistas y ‘populares’: son el exalcalde Albacete, Emilio Sáez, e Isabel Iniesta, por el PSOE, y Carmen Navarro y Antonio Martínez, por el PP.

En la circunscripción electoral de Ciudad Real, el PSOE obtuvo dos diputados: Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, exportavoz del Gobierno y exalcaldesa de Puertollano, y Gonzalo Redondo. Por su parte, el PP consiguió otros dos escaños: el de Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido a nivel nacional; y el de Enrique Belda. Vox ganó un escaño en esta provincia para Ricardo Chamorro.

Cuenca, Guadalajara y Toledo

Los ‘populares’ ganaron en la provincia de Cuenca al ganar dos escaños para Beatriz Jiménez y Daniel Pérez; mientras que los socialistas consiguieron solo un diputado, Luis Carlos Sahuquillo.

En la provincia de Guadalajara, los tres escaños se repartieron entre el PSOE, el PP y Vox. Dos exalcaldes de la capital, el socialista Alberto Rojo y el ‘popular’ Antonio Román consiguieron escaño. Ángel López fue el diputado que ganó Vox en esta circunscripción.

Finalmente, en la circunscripción electoral de Toledo, la que tiene más escaños en liza, el PP también ganó con tres escaños para José Manuel Velasco, Pilar Alía y Agustín Conde. El PSOE se hizo con representación para el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez; y para la exalcaldesa de Toledo, exdelegada del Gobierno y actual ministra de Educación, Milagros Tolón. Vox se hizo con un escaño por esta provincia, que ocupa Manuel Mariscal.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el primer decreto de vivienda aprobado el martes por el Consejo de Ministros. El texto incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

Ente los principales puntos, se incluye la protección frente a los desahucios, que impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional, se amplía hasta 2030, después de que durante la tarde del lunes el borrador recogiera 2028 como fecha clave. También se refuerza la obligación de ofrecer alternativas residenciales de las administraciones autonómicas y municipales. Consulta el texto íntegro:

Otros puntos destacables:

El segundo decreto recoge la renovación automática de los alquileres y aún no se ha publicado en el BOE si bien ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados. Lo reproducimos íntegro a continuación:

El Principado de Asturias ha incoado el expediente para declarar zona arqueológica el yacimiento de Os Castros y el vinculado de A Veiga de Escouredo, en Taramundi. La declaración afectará a la protección del entorno de ambos yacimientos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este miércoles la resolución de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, dictada el pasado 22 de julio, por la que se inician los trámites para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de zona arqueológica.

Reconocido como poblado fortificado

El castro de Os Castros está situado en la localidad de Taramundi y ocupa la parte alta de un promontorio en espolón sobre el río Cabreira.

Tiene una superficie de 1,5-2 hectáreas, lo que le convierte en uno de los mayores castros del área interior de la zona Navia-Eo.

En el año 1969 fue reconocido como poblado fortificado por José Manuel González y Fernández-Valles. Entre 2000 y 2011 fue objeto de investigación arqueológica en el marco del Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia-Eo, descubriéndose una densa trama de estructuras constructivas que configuran un espacio de habitación denso, cuya larga secuencia temporal se extiende a lo largo de mil años, desde fines de la Edad del Bronce a la época altoimperial romana.

Una veintena de construcciones

Entre las estructuras exhumadas hasta el momento se encuentran, además de varios tramos de muralla, casi una veintena de construcciones, entre ellas una sauna.

El BOE recoge cómo es precisamente a la etapa altoimperial romana a la que corresponden los restos identificados apenas a 200 metros de distancia del poblado de Os Castros en el paraje de A Veiga de Escouredo, correspondientes a una ferrería de monte o prehidráulica; un taller ferrón en el que se llevaron a cabo las dos primeras fases de la cadena operativa de la producción de hierro artesanal. La ferrería fue objeto de excavación entre los años 2018 y 2019.

El Inventario del Patrimonio Cultural

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte incluyó en 2023 en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el yacimiento denominado “Os Castros de Taramundi”.

El Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias acordó informar favorablemente la incoación de procedimiento administrativo para su declaración como Bien de Interés Cultural ante la relevancia de los restos identificados en el poblado castreño de Os Castros y el vinculado taller metalúrgico romano de A Veiga de Escouredo, en octubre de 2024.

La vía de los recursos

La resolución del Principado deberá ser notificada al Ayuntamiento de Taramundi, al Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en cumplimiento del artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad previa de interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiéndose simultanearse ambos recursos. No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

El BOE ha formalizado este lunes la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra varios artículos de la Ley de Concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox en octubre de 2025. La providencia del Tribunal Constitucional, acordada por el Pleno el pasado 8 de septiembre, activa además la suspensión cautelar de los preceptos impugnados mientras el tribunal analiza el fondo del asunto. La publicación en el Boletín Oficial del Estado convierte esa suspensión en plenamente efectiva y marca el inicio del procedimiento judicial.

La norma recurrida sustituyó a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019, aprobada entonces con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. El Ejecutivo central sostiene que la nueva regulación invade competencias estatales y rebaja la protección reconocida a las víctimas del franquismo en la legislación estatal de memoria democrática. Entre los aspectos cuestionados figuran la ampliación del periodo histórico que cubre la ley —que abarca desde 1931 hasta la actualidad—, las condiciones administrativas para tramitar exhumaciones y el tratamiento de las asociaciones memorialistas y de las ayudas públicas destinadas a sus actividades. El Gobierno presentó el recurso después de que fracasara la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Junta de Extremadura.

Los artículos suspendidos de manera cautelar son el 4.2, en el inciso que fija como objetivo “evitar el enfrentamiento entre españoles”; el 4.4; los artículos 16 y 17; y las disposiciones transitoria y derogatoria. Esta última dejaba sin efecto la ley autonómica de memoria histórica de 2019, lo que explica la relevancia jurídica de la suspensión acordada por el Constitucional.

La Junta de Extremadura ha defendido públicamente la norma y ha subrayado que la suspensión afecta solo a determinados preceptos, mientras que el resto de la ley continúa vigente. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, sostiene que la regulación mantiene el reconocimiento de todas las víctimas y los procedimientos de exhumación, y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico se personará en el procedimiento para defender la constitucionalidad de los artículos impugnados. Bautista reivindicó, en particular, la referencia a “evitar el enfrentamiento entre españoles”, que considera ajustada a la Constitución y representativa de una aspiración mayoritaria de la sociedad extremeña.

Vox reaccionó con mayor dureza. Su vicepresidente en la Junta, Óscar Fernández Calle, acusó al Constitucional de actuar contra la voluntad de la Asamblea y ha asegurado que la Ley de Concordia “se aprobará las veces que haga falta”. El PP, por su parte, ha tratado de rebajar el alcance de la resolución insistiendo en que la norma no queda anulada y que sus objetivos principales siguen en vigor.

El tribunal debe resolver ahora sobre el fondo del asunto, un proceso que puede prolongarse durante meses. Mientras tanto, la publicación de la providencia en el BOE formaliza tanto la apertura del procedimiento como la suspensión cautelar de los artículos afectados, y sitúa el debate sobre la memoria democrática en Extremadura en un nuevo plano institucional.

Guardar las nóminas durante años puede convertirse en una precaución importante de cara a la jubilación. Estos documentos permiten comprobar el salario percibido y las bases por las que se ha cotizado y pueden servir como respaldo si, al revisar el historial laboral, aparecen diferencias respecto a la información registrada por la Seguridad Social. Como medida práctica, se recomienda conservarlas durante al menos 10 años, aunque mantenerlas durante más tiempo puede resultar conveniente teniendo en cuenta los periodos utilizados para calcular la futura pensión.

La razón está en la información que contiene cada recibo salarial. Además del importe que finalmente recibe el trabajador, la nómina desglosa conceptos como el salario bruto y las bases de cotización. Comparar periódicamente esos datos con el informe de bases de cotización permite detectar posibles discrepancias antes de que hayan pasado años y estas puedan terminar repercutiendo en una prestación.

La legislación, sin embargo, no establece que el trabajador tenga que guardar sus nóminas durante un número determinado de años. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que el salario se liquide y pague documentalmente y establece que la empresa debe entregar un recibo individual que justifique ese pago, con las percepciones y deducciones correspondientes. No impone al empleado un periodo concreto durante el que deba conservarlo.

Los plazos legales que sí hay que tener en cuenta

Existen, no obstante, distintos plazos que explican por qué conviene no desprenderse rápidamente de esta documentación. Para reclamar cantidades económicas derivadas de la relación laboral, el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores establece un plazo de un año, que comienza a contar desde el momento en que la acción puede ejercitarse. Una nómina puede ser relevante, por ejemplo, para acreditar cantidades que el trabajador considere pendientes.

En materia de Seguridad Social, el horizonte es distinto. El artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social determina que prescriben a los cuatro años tanto el derecho de la Administración para determinar deudas por cuotas como la acción para exigir su pago y para imponer sanciones por incumplimientos de las normas de Seguridad Social. El mismo precepto contempla además circunstancias que interrumpen esa prescripción, entre ellas determinadas actuaciones administrativas dirigidas a liquidar o recaudar la deuda.

También existe una obligación específica para las empresas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción leve no conservar durante cuatro años la documentación que acredita determinadas obligaciones en materia de Seguridad Social, incluidos los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios. Ese plazo empresarial, sin embargo, no debe confundirse con una obligación equivalente para el empleado.

Por qué la jubilación amplía el horizonte

La jubilación explica por qué puede resultar conveniente mantener un archivo personal durante mucho más tiempo. La Ley General de la Seguridad Social contempla una implantación gradual de la nueva fórmula para calcular la base reguladora. Desde el 1 de enero de 2026, se toman las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Este periodo irá aumentando progresivamente hasta que, desde 2037, se aplique íntegramente la fórmula que selecciona 348 meses consecutivos (29 años) y escoge las 324 bases de mayor importe.

Además, para las jubilaciones causadas después del 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora aplicará la regulación vigente el 1 de enero de 2023 cuando ese cálculo resulte más favorable que el correspondiente en la fecha de jubilación. Por eso, los 10 años deben entenderse como una recomendación práctica y no como un plazo impuesto al trabajador por la legislación: conservar documentación de periodos anteriores puede proporcionar respaldo si posteriormente se detectan diferencias entre los datos salariales y las bases de cotización registradas.

A partir del próximo 1 de octubre cambiarán las normas para adelantar cuando la nieve dificulte la circulación por autopistas y autovías. El nuevo Reglamento General de Circulación establece expresamente que, en estas circunstancias, los conductores no podrán adelantar y deberán desplazarse por el carril situado más a la derecha. El incumplimiento de esta nueva obligación puede dar lugar a una multa de 200 euros.

La medida está incluida en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de junio. Aunque la reforma aborda numerosos aspectos de la seguridad vial, el propio texto fija su entrada en vigor para el 1 de octubre de 2026, por lo que será entonces cuando comiencen a aplicarse las nuevas obligaciones.

La prohibición no se aplicará simplemente porque esté nevando. El nuevo artículo 32 especifica que debe darse una situación en la que “la circulación se vea dificultada por las condiciones de la calzada a causa de la nieve”. Cuando ocurra, estará prohibido adelantar en autopistas y autovías y será obligatorio utilizar el carril derecho. En las carreteras con tres o más carriles por sentido también podrá emplearse el inmediatamente contiguo.

Los carriles que deberán quedar libres

El objetivo es que los carriles situados más a la izquierda permanezcan despejados para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves. Así, en una autopista o autovía con dos carriles por sentido, los conductores deberán circular por el derecho cuando la nieve dificulte el tráfico. Si existen tres o más, podrán utilizar los dos situados más a la derecha, mientras el resto deberán quedar libres para estos servicios.

La reforma concreta de este modo el comportamiento que deben adoptar los vehículos ante estas circunstancias meteorológicas. El propio preámbulo del real decreto explica que se introduce una utilización específica de los carriles en autopistas y autovías ante determinados fenómenos adversos, precisamente para facilitar el avance de los servicios de emergencia y de los quitanieves.

Saltarse esta prohibición puede tener consecuencias económicas. Según se indica, el incumplimiento se considera una infracción grave y comporta una multa de 200 euros, de acuerdo con las reglas de la Ley de Tráfico sobre adelantamientos, utilización de carriles y ordenaciones especiales de la circulación. La cantidad puede quedarse en 100 euros si se abona dentro del periodo de pago con reducción. La sanción no comporta por sí misma pérdida de puntos, sin perjuicio de que puedan existir otras infracciones asociadas a la conducción.

El cambio se integra en una reforma mucho más amplia del Reglamento General de Circulación. Entre sus novedades también figura una modificación de las condiciones para adelantar a peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclomotores, vehículos de movilidad personal, ciclistas o grupos de ciclistas. El conductor deberá mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros y, cuando la calzada disponga de más de un carril por sentido, tendrá que cambiar completamente de carril. Además, si la maniobra se realiza fuera de poblado, deberá reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía antes de iniciarla y durante toda su ejecución.

El Ministerio de Sanidad sacó a subasta pública 158 lotes de joyas procedentes de operaciones contra el narcotráfico, con precios de salida que en algunos casos arrancan en 10 euros. La convocatoria reúne más de 200 piezas, en su inmensa mayoría de oro de 18 quilates, entre ellas anillos, cadenas, pulseras, broches y pendientes, además de algunas joyas con diamantes y esmeraldas. La operación se realiza a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y los ingresos obtenidos se destinarán a financiar actuaciones frente a las adicciones.

La convocatoria corresponde a la Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el 28 de agosto y admite ofertas hasta el próximo 17 de septiembre. Sus detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto y todo el procedimiento se desarrolla por vía electrónica a través de la plataforma especializada Escrapalia. Los precios de salida parten de los 10 euros y Sanidad señala como potenciales interesados tanto a particulares como a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres e inversores privados.

Más de 200 piezas de oro y piedras preciosas

El catálogo está formado por más de 200 piezas repartidas en 158 lotes y predominan las confeccionadas en oro de 18 quilates. Entre los artículos descritos por Sanidad figuran pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes, algunos de ellos con piedras preciosas como esmeraldas y diamantes. La variedad de precios permite que determinados lotes comiencen en apenas 10 euros, aunque esa cantidad representa el mínimo de salida de la subasta y no el precio general de las joyas.

Las piezas pueden tener además distintos usos una vez adquiridas. Sanidad destaca la posibilidad de reintroducirlas directamente en el mercado minorista de segunda mano o de aprovechar el metal precioso por su valor al peso. Para participar, los interesados deben registrarse previamente en Escrapalia, aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria y depositar una fianza de garantía de 1.000 euros.

Qué ocurre con el dinero recaudado

Las joyas proceden del Fondo de Bienes Decomisados, encargado de gestionar este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El dinero conseguido con su venta se incorporará al propio Fondo para financiar actuaciones frente a las adicciones. Según explica Sanidad, el propósito es que la recaudación contribuya a revertir en la sociedad los daños provocados por las drogodependencias y el narcotráfico.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías, la asistencia a personas con problemas de drogodependencia y las iniciativas para favorecer su inserción social y laboral. En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha dedicado a medidas de reducción de la demanda. El 40% restante ha servido para reducir la oferta de drogas mediante la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras.

La cantidad que mueve este mecanismo supera ampliamente el alcance de esta subasta concreta. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. La cifra permite dimensionar el volumen de recursos que se destina tanto a programas de prevención y asistencia como a medidas dirigidas a combatir la oferta de drogas.

La subasta actual ofrece así dos posibilidades señaladas por el propio Ministerio: la venta de las piezas en el mercado de segunda mano o el reaprovechamiento del oro por su valor al peso. Quienes quieran optar a alguno de los 158 lotes deberán hacerlo a través de Escrapalia, donde se encuentran las condiciones de participación y el catálogo de los bienes puestos a la venta. Para poder pujar será necesario haberse registrado en la plataforma y haber depositado la fianza de 1.000 euros exigida por la convocatoria.

La Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su rechazo al expediente de Costas sometido a información pública sobre los derechos de propiedad de una finca en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), incluida en el dominio público marítimo-terrestre del deslinde Santa Águeda–Bahía El Pajar.

La entidad vecinal, ha manifestado en una nota su “profunda preocupación” por el trámite promovido por la Demarcación de Costas de Canarias, porque coincide con varios procesos judiciales en los que vecinos de la zona defienden sus viviendas y derechos de propiedad.

A su juicio, cualquier actuación sobre estos terrenos debe hacerse con “máximo rigor jurídico” y con plena garantía de la seguridad jurídica.

Según el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el expediente busca determinar los posibles derechos de una finca, incluida en el dominio público marítimo-terrestre por deslinde denominado C-DL-50 Santa Águeda – Bahía El Pajar, aprobado por Orden Ministerial a fecha 23 de enero de 1987, y que podrían corresponder a varios propietarios en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su “más firme rechazo” al expediente, al que atribuye posibles efectos sobre los derechos e intereses de los vecinos de El Pajar (Arguineguín).

Además, la Asociación explica que durante décadas, El Pajar ha experimentado una “compleja evolución urbanística y patrimonial”, con cesiones de terrenos, segregaciones, promociones públicas de viviendas y múltiples transmisiones de la propiedad.

La entidad defiende que en la zona existen fincas “perfectamente individualizadas y consolidadas”. Asimismo, anuncia que estudiará el expediente y toda la documentación histórica, urbanística y registral antes de presentar sus alegaciones, dentro de los 20 días hábiles, según el plazo legal establecido, y pide a las administraciones “máxima transparencia”, diálogo y seguridad jurídica.

También asegura que utilizará todos los instrumentos legales a su alcance “para defender los intereses del pueblo y de las futuras generaciones”, subraya la entidad.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha declarado, a propuesta del Gobierno del Principado, doce zonas tensionadas en los concejos de Gijón/Xixón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales con el objetivo de contener los precios de los alquileres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la relación de las doce zonas tensionadas que se concreta en los barrios de Cimadevilla y La Arena en Gijón/Xixón; Luanco, en Gozón; el barrio de La Magdalena, en Avilés; Arenas y Po, en Cabrales, y los núcleos urbanos de Llanes y de Posada de Llanes, así como las localidades de Po, Barro, Celorio y Nueva, en el concejo de Llanes.

Una vigencia de tres años

Estas áreas, a las que se les aplicará la medida durante tres años, conforman la primera fase de declaración de zonas tensionadas en Asturias, según lo dispuesto por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que ahora iniciará las labores de seguimiento y control.

La declaración de zonas tensionadas busca limitar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda.

El ministerio ha destacado que los datos públicos “demuestran que la medida funciona”, ya que “se reducen y contienen los precios de los alquileres a la vez que el número de contratos en vigor continúan aumentando”.

Topes en los precios

Para ello, se establecen topes en el precio de los nuevos contratos de alquiler basados en índices de referencia oficiales como el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler (SERPAVI).

A partir de mañana, jueves, todos los nuevos contratos del alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que, según Vivienda, evita los incrementos “desproporcionados” que han ocurrido hasta la fecha.

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

Llamedo: “Es una necesidad”

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha remarcado este miércoles que la declaración de zonas tensionadas de vivienda en los barrios de Cimadevilla y La Arena de Gijón es “una necesidad” para solucionar el problema habitacional que existe en la ciudad.

Preguntada acerca de la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del recurso del Ayuntamiento de Gijón contra la declaración de estos barrios como zonas tensionadas de vivienda, Llamedo ha insistido en su respeto por la decisión del TSJA.

La vivienda, una prioridad

No obstante, ha recordado que la vivienda es una “prioridad”, tanto para el Ejecutivo regional como para el central, algo que se materializa, entre otras medidas, en la “apuesta” por la vivienda pública y por las declaraciones de zonas tensionadas.

A su juicio, esto se basa en una concepción de este bien “como derecho y no como un negocio”.

Llamedo ha remarcado que la declaración de zonas tensionadas en Gijón/Xixón es “una necesidad” basada en un “análisis técnico y riguroso”.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Museo Reina Sofía presenta carencias en sus sistemas de seguridad frente a los incendios, además de problemas con su inventario. Así lo ha señalado en un informe publicado este martes en el BOE, por el que la Comisión Mixta insta al Ministerio de Cultura a exigir al centro el cese de su director, Manuel Segade, si no se cumplen las premisas de actualización de su registro y la modernización de la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico antes del 31 de diciembre. Desde el Museo Reina Sofía afirman a elDiario.es que ya están trabajando en las soluciones pertinentes.

El Tribunal de Cuentas recoge que las obras de arte existentes en la institución, así como las que son propiedad de la misma, pero no están debidamente localizadas, “no pueden seguir en peligro”. De ahí a que la Comisión Mixta exija a la cartera liderada por Ernest Urtasun que pida al centro que presente informes con carácter mensual hasta que se tenga el “control absoluto del inventario de obras”, incluidas tanto las que están dentro del mismo, las que estén en depósito fuera de la pinacoteca y las depositadas en ella, de terceros.

Desde el Reina Sofía indican a este periódico que en el Museo “está realizando un proceso de revisión del inventario”, del que detallan que exige no solo la “comprobación física de las obras, sino también una revisión documental”, puesto que las principales anomalías detectadas se corresponden a momentos anteriores a la creación del actual museo, en 1988. En lo que respecta a la actualización de los fondos bibliográficos, explican que también están trabajando en ello, de manera conjunta entre los departamentos de Biblioteca, Gestión Económica y Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Servicios Generales.

Carencias en la protección frente a incendios

En lo que respecta a la seguridad y la protección frente a los posibles incendios, el Tribunal de Cuentas recoge que el mantenimiento y conservación de las instalaciones de seguridad del Reina Sofía está contratado con una empresa externa, que en 2022 elaboró dos informes sobre ambos asuntos.

En ellos se ponía de manifiesto que los equipos utilizados “no resultaban adecuados para su fin, tanto por su antigüedad, como por la obsolescencia técnica e insuficiencia en los medios instalados para cubrir la seguridad de todos los espacios” de la pinacoteca. Y que, por lo tanto, “no eran idóneos” para alcanzar el nivel de seguridad preciso y acorde con los sistemas y tecnología disponible del momento. De tal forma que en ambos se recomendaba la “sustitución o actualización” de estos sistemas.

El Tribunal de Cuentas expone que las “comprobaciones físicas” que han llevado a cabo sobre los aspectos reseñados en ambos documentos “han permitido constatar las deficiencias señaladas y su importancia”. También añade en su informe publicado este martes, que el Museo lleva desde 2023 abordando esta problemática, con diferentes “expedientes de contratación para renovar sus sistemas de seguridad y contra incendios”.

En concreto, desde el Reina Sofía comunican a este periódico que ya han “tramitado y adjudicado” una auditoría de seguridad, a través de un contrato menor, para “conocer las necesidades presupuestarias y técnicas en materia de Protección Contra Incendios, y que dispondrán de los resultados a finales de junio. ”De esta licitación se obtendrá la evaluación actual de las deficiencias en materia de seguridad y autoprotección, así como la reconfiguración de un Plan Director en estas materias“, comparten.

Localizar obras en “situaciones anómalas”

El Tribunal de Cuentas señala también “necesario” que el Reina Sofía complete la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico y aplique las normas de reconocimiento y valoración previstas en el Plan General de Contabilidad Pública, para que sirva de soporte de los registros contables de dichos bienes, informando en la memoria de las cuentas anuales sobre todos los aspectos relevantes vinculados con obras de arte.

El organismo ha comprobado que, en cuanto a la ubicación de las obras, 66 figuraban como “no localizadas”, en 27 obras valoradas en 278.206 euros la ubicación “no quedaba identificada” y 146 con una valoración de 4.889.880 euros no precisaban “su ubicación física en almacenes”. Por ello, recomiendan “finalizar los trabajos de localización y regularización administrativa” de las piezas que se encontraban en “situaciones anómalas”.

En el Reina Sofía aseguran que se “está trabajando en la revisión de la documentación existente” que permita identificar “cuál ha sido el último movimiento realizado con respecto a las mismas”. Desde la pinacoteca explican que en esta situación hay obras que estaban en edificios que se destruyeron durante la Guerra Civil; en otros casos se trata de depósitos de alta representatividad en edificios oficiales y ministerios constituidos desde principios del siglo XX, y otras son obras que documentalmente se asignan al Museo Español de Arte Contemporáneo, como donación al Estado, pero que nunca ingresaron físicamente al Museo, aunque “consta documentación”.

“Es un proceso trabajoso y de gran minuciosidad, que requiere consultas en diferentes archivos e instituciones públicas y privadas”, argumentan desde la institución, y avanzan que en los casos en los que no puedan resolverse de otra manera, se pondrá en conocimiento de la Brigada de Patrimonio que colabora con Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura o se interpondrá directamente una denuncia de carácter policial.

La digitalización del transporte da un nuevo paso en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece el nuevo marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector viario y sus conexiones con otros modos de movilidad. La norma incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2023/2661 y busca mejorar la gestión del tráfico, la movilidad y la información a los viajeros mediante un mayor intercambio de datos entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras.

La regulación se enmarca en la estrategia europea para avanzar hacia un sistema de transporte más conectado, seguro, eficiente y sostenible. Según el Gobierno, la digitalización y el uso inteligente de los datos son herramientas fundamentales para responder a los desafíos actuales de movilidad y mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados en la gestión del transporte. El nuevo real decreto sustituye al marco vigente desde 2012 y adapta la legislación española a las últimas modificaciones introducidas por la Unión Europea.

Más intercambio de información sobre tráfico y movilidad

Uno de los aspectos centrales de la norma es el refuerzo del ecosistema de datos de movilidad. El real decreto establece la obligación de que determinados datos estén disponibles en formato digital y sean accesibles a través de los denominados Puntos de Acceso Nacional, concebidos como ventanillas únicas para el intercambio de información relacionada con el transporte y la movilidad.

Entre esos nodos figura el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, gestionado por la Dirección General de Tráfico desde marzo de 2021. Este sistema concentra información de alto valor sobre el estado de las carreteras, incidencias, restricciones de circulación, cierres de vías o carriles, obras, obstáculos y otros eventos que puedan afectar al tráfico. Junto a él, la norma reconoce otros dos puntos de acceso gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: el dedicado al transporte multimodal y el orientado a las zonas de estacionamiento seguras para vehículos pesados.

La Comisión Europea considera estos mecanismos esenciales para garantizar la interoperabilidad de los servicios de movilidad en toda la Unión Europea. El objetivo es evitar la fragmentación de la información, facilitar el transporte internacional de mercancías y viajeros y mejorar la gestión coordinada de incidencias y situaciones de emergencia tanto dentro de cada país como a escala comunitaria.

Nuevas obligaciones de comunicación electrónica

La regulación también refuerza la transmisión electrónica de información vinculada a la gestión del tráfico. Las autoridades responsables, los titulares o gestores de infraestructuras, los operadores de transporte y otros proveedores de datos deberán comunicar a los correspondientes Puntos de Acceso Nacional información relacionada con restricciones de circulación, cierres de vías, obras, eventos e incidencias que puedan afectar a la movilidad.

Para ello, el real decreto modifica diversos artículos del Reglamento General de Circulación con el fin de reforzar la disponibilidad de información sobre limitaciones de tráfico e incidencias en tiempo real y asegurar que dichas medidas sean comunicadas electrónicamente a los sistemas habilitados para su gestión.

Impulso a la movilidad conectada

El nuevo marco normativo sirve además de apoyo al despliegue de tecnologías conectadas que la DGT viene desarrollando en los últimos años. Entre ellas destacan la plataforma DGT 3.0, la baliza V16 conectada y otros dispositivos capaces de intercambiar información en tiempo real con los centros de gestión del tráfico. Según la entidad liderada por Pere Navarro, estas herramientas permiten anticipar riesgos, mejorar la circulación y aumentar la seguridad vial mediante respuestas más rápidas ante cualquier incidencia en carretera.

La norma incorpora asimismo garantías relacionadas con la protección de datos personales, la accesibilidad y la igualdad de acceso a los servicios digitales de movilidad. El tratamiento de datos solo podrá realizarse cuando resulte necesario para la prestación de servicios de transporte inteligente y deberá ajustarse a la normativa europea y española de privacidad. Además, las aplicaciones y servicios deberán ser utilizables por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o con menores competencias digitales. Con esta regulación, España se alinea con la estrategia comunitaria para construir un espacio común de movilidad inteligente basado en la conectividad, el intercambio de información y la digitalización del transporte.

El nuevo Reglamento General de Carreteras aprobado por el Gobierno e incorporado al BOE no prohíbe que los ciclistas circulen por el arcén de las carreteras estatales, aunque sí introduce un cambio de enfoque que podría transformar parte de la red viaria en los próximos años. La norma impulsa el desarrollo de vías ciclistas segregadas y de itinerarios más seguros para bicicletas dentro de futuras actuaciones sobre carreteras estatales, siempre que se garantice la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la vía.

La modificación forma parte del Real Decreto 899/2025, publicado el 10 de octubre de 2025, mediante el que se aprueba el nuevo Reglamento General de Carreteras. El texto actualiza la normativa estatal y dedica varios apartados al impulso de la movilidad ciclista dentro de la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Pese a algunos titulares difundidos en los últimos días, el BOE no elimina la obligación general de que las bicicletas circulen por el arcén derecho cuando este exista y sea practicable. Las normas generales de circulación continúan vigentes y los ciclistas seguirán utilizando el arcén en la mayoría de carreteras convencionales mientras no exista una infraestructura específica alternativa.

La nueva consideración jurídica de las vías ciclistas

Lo que sí hace la nueva regulación es modificar la consideración jurídica de las vías ciclistas. El artículo 9 del reglamento establece que las vías ciclistas “no tendrán la consideración de carreteras ni de elemento funcional de éstas”, aunque podrán desarrollarse como elementos complementarios destinados a favorecer la movilidad en bicicleta.

El propio preámbulo del BOE explica que el objetivo es avanzar hacia “una red continua y segura” que facilite la movilidad ciclista en ámbitos urbanos, periurbanos e interurbanos. El texto subraya además que las nuevas iniciativas deberán coordinarse con el resto de administraciones públicas para garantizar conexiones seguras y homogéneas.

En la práctica, esto significa que futuras actuaciones sobre carreteras estatales podrán incorporar carriles bici segregados físicamente del tráfico motorizado o infraestructuras específicas para bicicletas dentro de proyectos concretos de movilidad y seguridad vial. El alcance de esas actuaciones dependerá de cada proyecto y de los criterios técnicos aplicados en cada tramo de carretera.

El objetivo: reducir la siniestralidad ciclista

La reforma llega en un contexto marcado por la preocupación por la siniestralidad ciclista en carretera. Según datos de la DGT difundidos durante 2025, 46 ciclistas murieron en accidentes de tráfico en España durante 2024, gran parte de ellos en vías interurbanas. El nuevo reglamento se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar la seguridad y la movilidad ciclista en la red viaria estatal.

El reglamento también insiste en reforzar el modelo de movilidad sostenible impulsado por el Ejecutivo en los últimos años. Entre las prioridades aparece la creación de itinerarios ciclistas conectados, evitando interrupciones o tramos considerados especialmente peligrosos para quienes se desplazan en bicicleta entre municipios o áreas metropolitanas.

Por tanto, la principal novedad del BOE no es una prohibición inmediata del uso del arcén por parte de los ciclistas, sino el impulso de nuevas infraestructuras ciclistas y de un modelo de movilidad más seguro y conectado dentro de futuras actuaciones sobre la red estatal de carreteras. Hasta que esas infraestructuras existan, las normas actuales de circulación seguirán aplicándose con normalidad.

Ya se puede consultar en el Boletín Ofiicial del Estado la publicación de los dos decretos anticrisis aprobados este viernes por el Gobierno como consecuencia de la guerra en Irán: uno con las medidas económicas generales y otro concreto para la congelación de los alquileres durante dos años.

Según recoge el propio texto con medidas económicas como una rebaja del IVA del 10% para los carburantes, el propósito del plan, “pivota en torno a medidas de carácter coyuntural, de respuesta inmediata a la guerra de Irán, y de carácter estructural y estratégica, enfocado en el largo plazo”. Además, entre esas medidas se encuentra también una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

Las medidas del plano económico incluirán el control sobre las empresas de carburantes al facultar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar de cerca la evolución de precios, costes y márgenes. El texto señala que “se habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos”. Durante tres meses desde su aprobación, los operadores con refino en España deberán remitir datos semanales sobre sus “costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio”. Además, el organismo deberá analizar el impacto del conflicto y “publicará un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes” que pondrá especial atención a “la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán”, supervisando así a las empresas patra que no puedan especular usando las ayudas del Gobierno para ampliar sus márgenes.

Por su parte, en el documento de vivienda, se indica que esta medida se debe al “impacto sobre la evolución de los precios de alquileres en un contexto de precios tensionados”, lo que “hace preciso adoptar medidas para evitar” un “excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda”, por lo que se considera necesario esta congelación de los precios. Una vez ya publicado en el BOE ya comienza su aplicación, aunque todavía a expensas de que los socios del Gobierno puedan tumbarlo en el Congreso.

Aquí puedes consultar el texto íntegro con las medidas económicas:

Y aquí tienes el texto íntegro con las medidas del alquiler:

La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado esta semana una oferta de trabajo. El Zinemaldia busca relevo para José Luis Rebordinos en la dirección del certamen. Se necesita una persona con experiencia en “la gestión y/o dirección de organizaciones de referencia en el ámbito audiovisual y creativo”. Además, deberá contar con altas capacidades de expresión oral y escrita en inglés y conocimientos de castellano y euskara. También se valora el conocimiento de francés.

La candidatura, en manos de una consultora de cazatalentos, exige capacidades de liderazgo y gestión de equipos, negociación y comunicación, así como conocimientos financieros y presupuestarios. El equipo espera contar con el relevo antes del Festival de Cannes para que pueda acompañar a Rebordinos. Su primer festival será el que celebrará la edición número 75, en 2027.

El consejo de administración del festival ha contratado a Batea, una consultoría de selección local. Los responsables piden a las personas interesadas su curriculum vitae y una carta de presentación, de máximo dos folios, en la que conste “su motivación para ocupar el cargo”. La oferta lleva publicada una semana, desde el 4 de marzo, en su página web. El plazo de inscripción se cerrará el 27 de marzo.

Hace dos años, Rebordinos anunció al consejo de administración su retirada a finales de 2026. Este órgano está compuesto por las instituciones públicas implicadas en el certamen: el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno vasco y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Éstos son los encargados de designar al equipo responsable del festival internacional.

Rebordinos asumió la dirección del Zinemaldia en 2011. Nacido en Errenteria en 1961, el cine fue su gran afición durante toda su vida, pese a haberse licenciado en Pedagogía Especial. También ha dirigido otros festivales de la ciudad como el Festival de Cine y Derechos Humanos durante ocho años y la Semana de Cine Fantástico y de Terror durante 21 años.

Durante los últimos años al frente del Zinemaldia, Rebordinos se ha enfrentado a diversas polémicas. En 2021, la concesión del Premio Donostia a Johnny Depp generó revuelo por las recientes denuncias de maltrato a mujeres que pesaban sobre el actor. En una línea similar, también se pidió retirar del festival el largometraje 'Sparta' por acusaciones, posteriormente desestimadas, de maltrato a los niños protagonistas durante la producción.

Situaciones parecidas ocurrieron con el documental 'Josu Ternera' sobre el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, que generó debate entre políticos, escritores y víctimas de ETA. Rebordinos reiteró en varias ocasiones que no había motivo de alarma y que condenaba las acciones terroristas de ETA. En 2024 también recibió críticas por la concesión de la Concha de Oro a 'Tarde de soledad', un retrato de la tauromaquia.

La última edición coincidió con un ataque israelí que derrumbó la torre más alta de la Ciudad de Gaza. El festival estuvo rodeado por manifestaciones a favor de Palestina, y acompañado por mensajes de artistas, como de Jennifer Lawrence, en contra el genocidio en Gaza.

El inicio de 2026 ha traído consigo la publicación de las primeras convocatorias de empleo público del año, con más de 30.000 plazas en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y fuerzas armadas. Estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, establecen los plazos, requisitos y procedimientos para que los aspirantes puedan acceder a puestos estables en la administración.

Las oposiciones abarcan distintos ámbitos, incluyendo gestión administrativa, apoyo técnico, perfiles tecnológicos y funciones operativas en los ejércitos. Cada convocatoria define con precisión los plazos de inscripción y las titulaciones necesarias, de modo que los aspirantes puedan planificar su participación dentro del calendario oficial de 2026.

Militar profesional de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria para el primer ciclo de 2026 con un total de 4.527 plazas, repartidas entre Ejército de Tierra (3.204 plazas), Armada (693 plazas) y Ejército del Aire y del Espacio (630 plazas). Entre las vacantes se incluyen plazas reservadas para deportistas de alto nivel y para aspirantes extranjeros.

Los puestos disponibles abarcan unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Infantería de Marina, operaciones, sistemas, energía y propulsión, así como mantenimiento de aeronaves y control aéreo. Los candidatos deben tener entre 18 y 29 años en la fecha de incorporación al centro de formación, prevista para el 4 de mayo de 2026, y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para solicitar cita previa estará abierto del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.

Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social

La Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado 1.556 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, distribuidas en 1.056 de acceso libre y 500 de promoción interna, con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Los puestos se orientan a la gestión administrativa del sistema de la Seguridad Social, incluyendo tramitación de expedientes y apoyo en procedimientos internos.

Los aspirantes deben contar con titulación universitaria, que puede ser Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. El plazo para presentar solicitudes de manera telemática se extiende hasta el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado 4.350 plazas para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, de las cuales 1.450 son de ingreso libre y 2.900 de promoción interna, con reservas para personas con discapacidad. Los puestos incluyen apoyo administrativo, registro de documentación, atención al público y manejo de aplicaciones informáticas básicas.

Para participar es necesario contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Administrativo (AGE)

El Cuerpo General Administrativo, subgrupo C1, ha convocado 2.512 plazas de ingreso libre, con reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen la gestión de expedientes y el apoyo a las unidades administrativas de ministerios y organismos públicos.

Se requiere como titulación mínima Bachillerato o Técnico de Formación Profesional de Grado Medio. Las solicitudes deberán presentarse antes del 22 de enero de 2026, y la convocatoria es gestionada por la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2)

El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, subgrupo A2, cuenta con 4.306 plazas, repartidas entre 1.356 de acceso libre y 2.950 de promoción interna, incluyendo reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen tareas de gestión, coordinación administrativa, elaboración de informes y supervisión de procedimientos.

Los aspirantes deben poseer titulación universitaria (Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica). El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, y la convocatoria corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpos de Informática (TIC)

Se han convocado 1.710 plazas de ingreso libre para perfiles tecnológicos. El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1) ofrece 1.030 plazas, con requisito de Bachillerato o Técnico, mientras que el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) convoca 680 plazas, con requisito de titulación universitaria.

Los puestos incluyen funciones de desarrollo, mantenimiento y gestión de sistemas informáticos y servicios digitales de la administración. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, gestionado por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

El Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a título póstumo a los ex presidentes del Principado de Asturias Sergio Marqués, Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, miércoles, los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, día 23.

La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el fin de premiar el mérito en el servicio al Estado; es la más alta de las órdenes civiles españolas y se encuentra entre las más antiguas de las que se conservan en el mundo.

Un gesto de justicia histórica

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha explicado que esta concesión es “un gesto de justicia histórica y de gratitud democrática hacia tres presidentes que contribuyeron de forma decidida a construir la Asturias moderna, abierta y cohesionada de hoy”.

Adriana Lastra ha subrayado que “cada uno desde su sensibilidad política y su momento histórico defendieron la autonomía asturiana, el fortalecimiento de los servicios públicos y el progreso económico y social, siempre con la mirada puesta en el bienestar de la ciudadanía”.

Diálogo, acuerdos y estabilidad

Con esta Gran Cruz, ha añadido, el Gobierno de España reconoce trayectorias marcadas por “el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la estabilidad institucional, valores especialmente necesarios en tiempos de incertidumbre y polarización”.

Para la delegada del Gobierno, los tres ex presidentes del Ejecutivo asturiano condecorados a título póstumo fueron “referentes de responsabilidad y lealtad institucional”.

La lealtad institucional

Un reconocimiento que, en su opinión, tiene una “dimensión muy humana” ya que es un homenaje a la labor de quienes ya no están, pero también a sus familias, “a quienes compartieron con ellos sacrificios, ausencias y renuncias en favor del servicio público”.

“Asturias se reconoce en su legado, su lealtad institucional, su impulso a la autonomía asturiana y su compromiso social. Esta condecoración simboliza ese orgullo compartido. De este modo, la Delegación del Gobierno en Asturias -ha añadido- reafirma su voluntad de seguir trabajando junto al Gobierno del Principado y sus instituciones en favor del progreso, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

Barbón: “Es un gesto de enorme valor”

En términos muy similares se ha pronunciado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, para quien esta condecoración a título póstumo para sus tres antecesores en el cargo es “un gesto de enorme valor”.

Se trata de un reconocimiento otorgado en un momento especial, al coincidir en un año “de despedidas dolorosas” como la del expresidente Antonio Trevín, y en el mismo año en el que se ha recordado en el parlamento asturiano a Sergio Marqués en el 30 aniversario de su elección como presidente.

Reconocimientos públicos

Barbón ha recordado además que a ambos expresidentes, en este mismo año, se les dedicaron sendos espacios públicos : a Marqués, en la calle de Gijón donde tiene su sede el Consejo Consultivo del Principado y a Trevín “en su amada Llanes”, dándole el nombre al dique en el que están los Cubos de la Memoria, proyecto que él impulsó.

En Gijón, siendo Ana González alcaldesa, también se le dedicó un paseo al expresidente Vicente Álvarez Areces.

El presidente del Gobierno regional ha expresado su satisfacción por estos reconocimientos, como es habitual en él, a través de las redes sociales. A través del post, que reproducimos a continuación, comunica estas condecoraciones a título póstumo y reproduce también el BOE donde se pueden ver los Reales Decretos.

Barbón también ha reiterado las actuaciones que él mismo ha llevado a cabo desde su llegada a la Presidencia del Principado donde, según enumera, “ha impulsado honrar la memoria y trayectoria de quienes le precedieron en el cargo, a los que se les ha concedido el tratamiento vitalicio de presidente, se ha culminado la galería de retratos de los presidentes y se han bautizado las distintas salas de Presidencia con sus nombres, desde el Presidente Rafael Fernández hasta el Presidente Vicente Álvarez Areces”.

Honrar la historia de Asturias

Asegura que es una forma de reconocer la institución de la Presidencia del Principado de Asturias, “la más alta representación de nuestra autonomía y primera autoridad de Asturias y, cómo no, reconocerles a las personas que la asumieron su trayectoria, su compromiso, su trabajo, los momentos duros que tuvieron que afrontar y, también, recordar sus aciertos”.

Este nuevo reconocimiento a los expresidentes fallecidos, concedido por el Rey y a propuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado ayer, “va en esta misma línea”, ha ratificado el jefe del Ejecutivo asturiano, para quien “honrar su memoria es también, honrar la historia de Asturias”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente un conjunto de convocatorias que suman cientos de plazas en distintos cuerpos y categorías de la administración pública española. Estas oportunidades incluyen tanto puestos de funcionario de carrera como de personal estatutario, abarcando sectores como la administración local, la seguridad y la sanidad. Los procesos se distribuyen entre ámbitos locales, autonómicos e internacionales, y se ofrecen tanto a quienes buscan acceso libre como a quienes pertenecen a colectivos con derecho a plazas reservadas por discapacidad.

Los plazos para presentar solicitudes varían según cada convocatoria, con fechas que se extienden desde finales de noviembre hasta principios de 2026 en algunos casos. Las convocatorias se ajustan a la normativa específica de cada cuerpo o servicio, garantizando procedimientos de selección regulados y transparentes. Estas nuevas oportunidades reflejan la diversidad de perfiles y especialidades requeridas en el sector público, ofreciendo distintas vías de acceso según el tipo de puesto y la titulación exigida.

Auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Valencia 

El Ayuntamiento de Valencia ha abierto un proceso para cubrir 176 plazas de auxiliar administrativo, todas disponibles mediante ingreso libre. Los candidatos deben poseer al menos la Educación Secundaria Obligatoria o un título equivalente. La convocatoria se desarrolla dentro del ámbito local de la ciudad y el período para presentar solicitudes se extiende desde el 2 hasta el 31 de diciembre de 2025. La selección se realizará según los criterios establecidos en la normativa de empleo público local.

Médicos inspectores en la Inspección Sanitaria de la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca 161 plazas de médicos inspectores, con 148 destinadas a ingreso libre y 13 reservadas a personas con discapacidad general. Los aspirantes deben ser licenciados o graduados en Medicina. Esta convocatoria tiene carácter internacional y sigue los procedimientos de acceso libre del personal funcionario. El plazo de inscripción abarca del 2 al 31 de diciembre de 2025.

Agentes de la Escala Básica de la Ertzaintza

La Academia Vasca de Policía y Emergencias convoca 120 plazas de agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, todas mediante ingreso libre. Los candidatos deben contar con Bachillerato, equivalente o un título superior. Esta convocatoria tiene ámbito autonómico en la Comunidad Autónoma del País Vasco y las solicitudes pueden presentarse desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2025. El proceso se ajusta a la normativa de selección de personal funcionario del Departamento de Seguridad.

Médicos de familia en equipos de atención primaria — Servicio de Salud de las Illes Balears

El Servicio de Salud de las Illes Balears (IBSALUT) ha abierto 103 plazas para médicos de familia en atención primaria. De estas, 86 son de ingreso libre, 10 internas y 7 reservadas a personas con discapacidad general. Se requiere la titulación en Medicina y la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. La convocatoria tiene alcance local, en la provincia de Baleares, y el plazo de presentación se extiende desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2025.

Facultativos especialistas de área — Servicio de Salud de las Illes Balears

El mismo organismo convoca 307 plazas para distintos especialistas médicos, con 293 de acceso libre, 2 internas y 12 para personas con discapacidad general. Los candidatos deben haber completado la Licenciatura o Grado en Medicina y poseer el título de la especialidad correspondiente. La convocatoria mantiene el mismo ámbito local que la de médicos de familia y el mismo período de inscripción, del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025. El procedimiento de selección se ajusta a la normativa estatutaria para personal sanitario.

Auxiliares administrativos en centros del Servicio Aragonés de Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha convocado 254 plazas de auxiliar administrativo, de las cuales 218 son de ingreso libre y 26 reservadas a personas con discapacidad general. Los aspirantes deben contar con Educación Secundaria, Formación Profesional de primer grado o certificado equivalente. La convocatoria se extiende a toda la Comunidad Autónoma de Aragón, y el plazo para presentar solicitudes va del 29 de enero al 28 de febrero de 2025. La selección se regirá por los procedimientos estatutarios para personal sanitario.

La publicación de nuevas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado vuelve a abrir oportunidades de acceso al empleo público en distintos organismos y administraciones. Los procesos, distribuidos entre el ámbito estatal y varias comunidades autónomas, incluyen puestos con distintos requisitos de titulación y diferentes modalidades de acceso. Las convocatorias establecen también cupos específicos para personas con discapacidad, así como plazos concretos para la presentación de solicitudes.

Las ofertas publicadas abarcan una variedad de perfiles, desde tareas administrativas hasta funciones vinculadas a la asistencia e información en organismos de la Administración General del Estado y en servicios autonómicos. Cada proceso establece sus propios criterios de participación, el tipo de vínculo profesional y el sistema de selección, con la finalidad de cubrir las plazas disponibles conforme a la normativa vigente.

Estas convocatorias se enmarcan en el calendario habitual con el que las administraciones renuevan sus plantillas y cubren vacantes. Los aspirantes deben revisar las bases específicas de cada proceso para comprobar la documentación necesaria, los requisitos académicos y las fechas de inscripción.

Auxiliar de la Administración general de Galicia

La Administración gallega ha abierto un proceso selectivo para cubrir 83 puestos en el cuerpo de auxiliares. Del total, 72 se destinan al turno de ingreso libre y 11 quedan reservados para candidatos con discapacidad general. El procedimiento está dirigido a personal funcionario y solo pueden participar personas con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Se trata de una convocatoria de carácter autonómico, circunscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia. Las solicitudes podrán registrarse entre el 26 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025.

Celadores en el Servicio Aragonés de Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha puesto en marcha una convocatoria con 211 vacantes para celadores. De estas plazas, 164 forman parte del acceso libre, mientras que 28 se reservan para aspirantes con discapacidad general y 29 se dirigen a personas con discapacidad intelectual. Para participar es suficiente acreditar el certificado de escolaridad o una titulación equivalente. El proceso está orientado a personal estatutario dentro del ámbito sanitario de Aragón. El periodo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre de 2025.

Información y asistencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha convocado 250 puestos vinculados a tareas de información y asistencia en el ámbito estatal. En esta oferta, 232 plazas corresponden al acceso libre y 18 están reservadas para personas con discapacidad general. Este proceso se dirige a personal laboral con contrato fijo y exige contar con bachillerato o una titulación equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de diciembre de 2025.

Información y asistencia — Grupo Profesional I1

La convocatoria correspondiente al Grupo Profesional I1 reúne 310 plazas, de las que 286 se reservan para promoción interna y 24 para personas con discapacidad general. La convocatoria se dirige a personal laboral y requiere contar con bachillerato o un título equivalente. El plazo de presentación estará disponible hasta el 26 de diciembre de 2025.

Información y asistencia — Grupo Profesional I2

El Grupo Profesional I2 incorpora 310 puestos para funciones de información y asistencia. De ellos, 286 se ofrecen mediante acceso libre, mientras que 24 quedan reservados a personas con discapacidad general. La convocatoria corresponde a contratación fija y requiere disponer de la Educación Secundaria Obligatoria o una titulación equivalente. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de diciembre de 2025.