La Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su rechazo al expediente de Costas sometido a información pública sobre los derechos de propiedad de una finca en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), incluida en el dominio público marítimo-terrestre del deslinde Santa Águeda–Bahía El Pajar.

La entidad vecinal, ha manifestado en una nota su “profunda preocupación” por el trámite promovido por la Demarcación de Costas de Canarias, porque coincide con varios procesos judiciales en los que vecinos de la zona defienden sus viviendas y derechos de propiedad.

A su juicio, cualquier actuación sobre estos terrenos debe hacerse con “máximo rigor jurídico” y con plena garantía de la seguridad jurídica.

Según el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el expediente busca determinar los posibles derechos de una finca, incluida en el dominio público marítimo-terrestre por deslinde denominado C-DL-50 Santa Águeda – Bahía El Pajar, aprobado por Orden Ministerial a fecha 23 de enero de 1987, y que podrían corresponder a varios propietarios en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su “más firme rechazo” al expediente, al que atribuye posibles efectos sobre los derechos e intereses de los vecinos de El Pajar (Arguineguín).

Además, la Asociación explica que durante décadas, El Pajar ha experimentado una “compleja evolución urbanística y patrimonial”, con cesiones de terrenos, segregaciones, promociones públicas de viviendas y múltiples transmisiones de la propiedad.

La entidad defiende que en la zona existen fincas “perfectamente individualizadas y consolidadas”. Asimismo, anuncia que estudiará el expediente y toda la documentación histórica, urbanística y registral antes de presentar sus alegaciones, dentro de los 20 días hábiles, según el plazo legal establecido, y pide a las administraciones “máxima transparencia”, diálogo y seguridad jurídica.

También asegura que utilizará todos los instrumentos legales a su alcance “para defender los intereses del pueblo y de las futuras generaciones”, subraya la entidad.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha declarado, a propuesta del Gobierno del Principado, doce zonas tensionadas en los concejos de Gijón/Xixón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales con el objetivo de contener los precios de los alquileres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la relación de las doce zonas tensionadas que se concreta en los barrios de Cimadevilla y La Arena en Gijón/Xixón; Luanco, en Gozón; el barrio de La Magdalena, en Avilés; Arenas y Po, en Cabrales, y los núcleos urbanos de Llanes y de Posada de Llanes, así como las localidades de Po, Barro, Celorio y Nueva, en el concejo de Llanes.

Una vigencia de tres años

Estas áreas, a las que se les aplicará la medida durante tres años, conforman la primera fase de declaración de zonas tensionadas en Asturias, según lo dispuesto por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que ahora iniciará las labores de seguimiento y control.

La declaración de zonas tensionadas busca limitar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda.

El ministerio ha destacado que los datos públicos “demuestran que la medida funciona”, ya que “se reducen y contienen los precios de los alquileres a la vez que el número de contratos en vigor continúan aumentando”.

Topes en los precios

Para ello, se establecen topes en el precio de los nuevos contratos de alquiler basados en índices de referencia oficiales como el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler (SERPAVI).

A partir de mañana, jueves, todos los nuevos contratos del alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que, según Vivienda, evita los incrementos “desproporcionados” que han ocurrido hasta la fecha.

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

Llamedo: “Es una necesidad”

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha remarcado este miércoles que la declaración de zonas tensionadas de vivienda en los barrios de Cimadevilla y La Arena de Gijón es “una necesidad” para solucionar el problema habitacional que existe en la ciudad.

Preguntada acerca de la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del recurso del Ayuntamiento de Gijón contra la declaración de estos barrios como zonas tensionadas de vivienda, Llamedo ha insistido en su respeto por la decisión del TSJA.

La vivienda, una prioridad

No obstante, ha recordado que la vivienda es una “prioridad”, tanto para el Ejecutivo regional como para el central, algo que se materializa, entre otras medidas, en la “apuesta” por la vivienda pública y por las declaraciones de zonas tensionadas.

A su juicio, esto se basa en una concepción de este bien “como derecho y no como un negocio”.

Llamedo ha remarcado que la declaración de zonas tensionadas en Gijón/Xixón es “una necesidad” basada en un “análisis técnico y riguroso”.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Museo Reina Sofía presenta carencias en sus sistemas de seguridad frente a los incendios, además de problemas con su inventario. Así lo ha señalado en un informe publicado este martes en el BOE, por el que la Comisión Mixta insta al Ministerio de Cultura a exigir al centro el cese de su director, Manuel Segade, si no se cumplen las premisas de actualización de su registro y la modernización de la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico antes del 31 de diciembre. Desde el Museo Reina Sofía afirman a elDiario.es que ya están trabajando en las soluciones pertinentes.

El Tribunal de Cuentas recoge que las obras de arte existentes en la institución, así como las que son propiedad de la misma, pero no están debidamente localizadas, “no pueden seguir en peligro”. De ahí a que la Comisión Mixta exija a la cartera liderada por Ernest Urtasun que pida al centro que presente informes con carácter mensual hasta que se tenga el “control absoluto del inventario de obras”, incluidas tanto las que están dentro del mismo, las que estén en depósito fuera de la pinacoteca y las depositadas en ella, de terceros.

Desde el Reina Sofía indican a este periódico que en el Museo “está realizando un proceso de revisión del inventario”, del que detallan que exige no solo la “comprobación física de las obras, sino también una revisión documental”, puesto que las principales anomalías detectadas se corresponden a momentos anteriores a la creación del actual museo, en 1988. En lo que respecta a la actualización de los fondos bibliográficos, explican que también están trabajando en ello, de manera conjunta entre los departamentos de Biblioteca, Gestión Económica y Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Servicios Generales.

Carencias en la protección frente a incendios

En lo que respecta a la seguridad y la protección frente a los posibles incendios, el Tribunal de Cuentas recoge que el mantenimiento y conservación de las instalaciones de seguridad del Reina Sofía está contratado con una empresa externa, que en 2022 elaboró dos informes sobre ambos asuntos.

En ellos se ponía de manifiesto que los equipos utilizados “no resultaban adecuados para su fin, tanto por su antigüedad, como por la obsolescencia técnica e insuficiencia en los medios instalados para cubrir la seguridad de todos los espacios” de la pinacoteca. Y que, por lo tanto, “no eran idóneos” para alcanzar el nivel de seguridad preciso y acorde con los sistemas y tecnología disponible del momento. De tal forma que en ambos se recomendaba la “sustitución o actualización” de estos sistemas.

El Tribunal de Cuentas expone que las “comprobaciones físicas” que han llevado a cabo sobre los aspectos reseñados en ambos documentos “han permitido constatar las deficiencias señaladas y su importancia”. También añade en su informe publicado este martes, que el Museo lleva desde 2023 abordando esta problemática, con diferentes “expedientes de contratación para renovar sus sistemas de seguridad y contra incendios”.

En concreto, desde el Reina Sofía comunican a este periódico que ya han “tramitado y adjudicado” una auditoría de seguridad, a través de un contrato menor, para “conocer las necesidades presupuestarias y técnicas en materia de Protección Contra Incendios, y que dispondrán de los resultados a finales de junio. ”De esta licitación se obtendrá la evaluación actual de las deficiencias en materia de seguridad y autoprotección, así como la reconfiguración de un Plan Director en estas materias“, comparten.

Localizar obras en “situaciones anómalas”

El Tribunal de Cuentas señala también “necesario” que el Reina Sofía complete la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico y aplique las normas de reconocimiento y valoración previstas en el Plan General de Contabilidad Pública, para que sirva de soporte de los registros contables de dichos bienes, informando en la memoria de las cuentas anuales sobre todos los aspectos relevantes vinculados con obras de arte.

El organismo ha comprobado que, en cuanto a la ubicación de las obras, 66 figuraban como “no localizadas”, en 27 obras valoradas en 278.206 euros la ubicación “no quedaba identificada” y 146 con una valoración de 4.889.880 euros no precisaban “su ubicación física en almacenes”. Por ello, recomiendan “finalizar los trabajos de localización y regularización administrativa” de las piezas que se encontraban en “situaciones anómalas”.

En el Reina Sofía aseguran que se “está trabajando en la revisión de la documentación existente” que permita identificar “cuál ha sido el último movimiento realizado con respecto a las mismas”. Desde la pinacoteca explican que en esta situación hay obras que estaban en edificios que se destruyeron durante la Guerra Civil; en otros casos se trata de depósitos de alta representatividad en edificios oficiales y ministerios constituidos desde principios del siglo XX, y otras son obras que documentalmente se asignan al Museo Español de Arte Contemporáneo, como donación al Estado, pero que nunca ingresaron físicamente al Museo, aunque “consta documentación”.

“Es un proceso trabajoso y de gran minuciosidad, que requiere consultas en diferentes archivos e instituciones públicas y privadas”, argumentan desde la institución, y avanzan que en los casos en los que no puedan resolverse de otra manera, se pondrá en conocimiento de la Brigada de Patrimonio que colabora con Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura o se interpondrá directamente una denuncia de carácter policial.

La digitalización del transporte da un nuevo paso en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece el nuevo marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector viario y sus conexiones con otros modos de movilidad. La norma incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2023/2661 y busca mejorar la gestión del tráfico, la movilidad y la información a los viajeros mediante un mayor intercambio de datos entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras.

La regulación se enmarca en la estrategia europea para avanzar hacia un sistema de transporte más conectado, seguro, eficiente y sostenible. Según el Gobierno, la digitalización y el uso inteligente de los datos son herramientas fundamentales para responder a los desafíos actuales de movilidad y mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados en la gestión del transporte. El nuevo real decreto sustituye al marco vigente desde 2012 y adapta la legislación española a las últimas modificaciones introducidas por la Unión Europea.

Más intercambio de información sobre tráfico y movilidad

Uno de los aspectos centrales de la norma es el refuerzo del ecosistema de datos de movilidad. El real decreto establece la obligación de que determinados datos estén disponibles en formato digital y sean accesibles a través de los denominados Puntos de Acceso Nacional, concebidos como ventanillas únicas para el intercambio de información relacionada con el transporte y la movilidad.

Entre esos nodos figura el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, gestionado por la Dirección General de Tráfico desde marzo de 2021. Este sistema concentra información de alto valor sobre el estado de las carreteras, incidencias, restricciones de circulación, cierres de vías o carriles, obras, obstáculos y otros eventos que puedan afectar al tráfico. Junto a él, la norma reconoce otros dos puntos de acceso gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: el dedicado al transporte multimodal y el orientado a las zonas de estacionamiento seguras para vehículos pesados.

La Comisión Europea considera estos mecanismos esenciales para garantizar la interoperabilidad de los servicios de movilidad en toda la Unión Europea. El objetivo es evitar la fragmentación de la información, facilitar el transporte internacional de mercancías y viajeros y mejorar la gestión coordinada de incidencias y situaciones de emergencia tanto dentro de cada país como a escala comunitaria.

Nuevas obligaciones de comunicación electrónica

La regulación también refuerza la transmisión electrónica de información vinculada a la gestión del tráfico. Las autoridades responsables, los titulares o gestores de infraestructuras, los operadores de transporte y otros proveedores de datos deberán comunicar a los correspondientes Puntos de Acceso Nacional información relacionada con restricciones de circulación, cierres de vías, obras, eventos e incidencias que puedan afectar a la movilidad.

Para ello, el real decreto modifica diversos artículos del Reglamento General de Circulación con el fin de reforzar la disponibilidad de información sobre limitaciones de tráfico e incidencias en tiempo real y asegurar que dichas medidas sean comunicadas electrónicamente a los sistemas habilitados para su gestión.

Impulso a la movilidad conectada

El nuevo marco normativo sirve además de apoyo al despliegue de tecnologías conectadas que la DGT viene desarrollando en los últimos años. Entre ellas destacan la plataforma DGT 3.0, la baliza V16 conectada y otros dispositivos capaces de intercambiar información en tiempo real con los centros de gestión del tráfico. Según la entidad liderada por Pere Navarro, estas herramientas permiten anticipar riesgos, mejorar la circulación y aumentar la seguridad vial mediante respuestas más rápidas ante cualquier incidencia en carretera.

La norma incorpora asimismo garantías relacionadas con la protección de datos personales, la accesibilidad y la igualdad de acceso a los servicios digitales de movilidad. El tratamiento de datos solo podrá realizarse cuando resulte necesario para la prestación de servicios de transporte inteligente y deberá ajustarse a la normativa europea y española de privacidad. Además, las aplicaciones y servicios deberán ser utilizables por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o con menores competencias digitales. Con esta regulación, España se alinea con la estrategia comunitaria para construir un espacio común de movilidad inteligente basado en la conectividad, el intercambio de información y la digitalización del transporte.

El nuevo Reglamento General de Carreteras aprobado por el Gobierno e incorporado al BOE no prohíbe que los ciclistas circulen por el arcén de las carreteras estatales, aunque sí introduce un cambio de enfoque que podría transformar parte de la red viaria en los próximos años. La norma impulsa el desarrollo de vías ciclistas segregadas y de itinerarios más seguros para bicicletas dentro de futuras actuaciones sobre carreteras estatales, siempre que se garantice la seguridad vial y el correcto funcionamiento de la vía.

La modificación forma parte del Real Decreto 899/2025, publicado el 10 de octubre de 2025, mediante el que se aprueba el nuevo Reglamento General de Carreteras. El texto actualiza la normativa estatal y dedica varios apartados al impulso de la movilidad ciclista dentro de la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Pese a algunos titulares difundidos en los últimos días, el BOE no elimina la obligación general de que las bicicletas circulen por el arcén derecho cuando este exista y sea practicable. Las normas generales de circulación continúan vigentes y los ciclistas seguirán utilizando el arcén en la mayoría de carreteras convencionales mientras no exista una infraestructura específica alternativa.

La nueva consideración jurídica de las vías ciclistas

Lo que sí hace la nueva regulación es modificar la consideración jurídica de las vías ciclistas. El artículo 9 del reglamento establece que las vías ciclistas “no tendrán la consideración de carreteras ni de elemento funcional de éstas”, aunque podrán desarrollarse como elementos complementarios destinados a favorecer la movilidad en bicicleta.

El propio preámbulo del BOE explica que el objetivo es avanzar hacia “una red continua y segura” que facilite la movilidad ciclista en ámbitos urbanos, periurbanos e interurbanos. El texto subraya además que las nuevas iniciativas deberán coordinarse con el resto de administraciones públicas para garantizar conexiones seguras y homogéneas.

En la práctica, esto significa que futuras actuaciones sobre carreteras estatales podrán incorporar carriles bici segregados físicamente del tráfico motorizado o infraestructuras específicas para bicicletas dentro de proyectos concretos de movilidad y seguridad vial. El alcance de esas actuaciones dependerá de cada proyecto y de los criterios técnicos aplicados en cada tramo de carretera.

El objetivo: reducir la siniestralidad ciclista

La reforma llega en un contexto marcado por la preocupación por la siniestralidad ciclista en carretera. Según datos de la DGT difundidos durante 2025, 46 ciclistas murieron en accidentes de tráfico en España durante 2024, gran parte de ellos en vías interurbanas. El nuevo reglamento se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar la seguridad y la movilidad ciclista en la red viaria estatal.

El reglamento también insiste en reforzar el modelo de movilidad sostenible impulsado por el Ejecutivo en los últimos años. Entre las prioridades aparece la creación de itinerarios ciclistas conectados, evitando interrupciones o tramos considerados especialmente peligrosos para quienes se desplazan en bicicleta entre municipios o áreas metropolitanas.

Por tanto, la principal novedad del BOE no es una prohibición inmediata del uso del arcén por parte de los ciclistas, sino el impulso de nuevas infraestructuras ciclistas y de un modelo de movilidad más seguro y conectado dentro de futuras actuaciones sobre la red estatal de carreteras. Hasta que esas infraestructuras existan, las normas actuales de circulación seguirán aplicándose con normalidad.

Ya se puede consultar en el Boletín Ofiicial del Estado la publicación de los dos decretos anticrisis aprobados este viernes por el Gobierno como consecuencia de la guerra en Irán: uno con las medidas económicas generales y otro concreto para la congelación de los alquileres durante dos años.

Según recoge el propio texto con medidas económicas como una rebaja del IVA del 10% para los carburantes, el propósito del plan, “pivota en torno a medidas de carácter coyuntural, de respuesta inmediata a la guerra de Irán, y de carácter estructural y estratégica, enfocado en el largo plazo”. Además, entre esas medidas se encuentra también una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

Las medidas del plano económico incluirán el control sobre las empresas de carburantes al facultar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar de cerca la evolución de precios, costes y márgenes. El texto señala que “se habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos”. Durante tres meses desde su aprobación, los operadores con refino en España deberán remitir datos semanales sobre sus “costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio”. Además, el organismo deberá analizar el impacto del conflicto y “publicará un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes” que pondrá especial atención a “la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán”, supervisando así a las empresas patra que no puedan especular usando las ayudas del Gobierno para ampliar sus márgenes.

Por su parte, en el documento de vivienda, se indica que esta medida se debe al “impacto sobre la evolución de los precios de alquileres en un contexto de precios tensionados”, lo que “hace preciso adoptar medidas para evitar” un “excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda”, por lo que se considera necesario esta congelación de los precios. Una vez ya publicado en el BOE ya comienza su aplicación, aunque todavía a expensas de que los socios del Gobierno puedan tumbarlo en el Congreso.

Aquí puedes consultar el texto íntegro con las medidas económicas:

Y aquí tienes el texto íntegro con las medidas del alquiler:

La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado esta semana una oferta de trabajo. El Zinemaldia busca relevo para José Luis Rebordinos en la dirección del certamen. Se necesita una persona con experiencia en “la gestión y/o dirección de organizaciones de referencia en el ámbito audiovisual y creativo”. Además, deberá contar con altas capacidades de expresión oral y escrita en inglés y conocimientos de castellano y euskara. También se valora el conocimiento de francés.

La candidatura, en manos de una consultora de cazatalentos, exige capacidades de liderazgo y gestión de equipos, negociación y comunicación, así como conocimientos financieros y presupuestarios. El equipo espera contar con el relevo antes del Festival de Cannes para que pueda acompañar a Rebordinos. Su primer festival será el que celebrará la edición número 75, en 2027.

El consejo de administración del festival ha contratado a Batea, una consultoría de selección local. Los responsables piden a las personas interesadas su curriculum vitae y una carta de presentación, de máximo dos folios, en la que conste “su motivación para ocupar el cargo”. La oferta lleva publicada una semana, desde el 4 de marzo, en su página web. El plazo de inscripción se cerrará el 27 de marzo.

Hace dos años, Rebordinos anunció al consejo de administración su retirada a finales de 2026. Este órgano está compuesto por las instituciones públicas implicadas en el certamen: el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno vasco y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Éstos son los encargados de designar al equipo responsable del festival internacional.

Rebordinos asumió la dirección del Zinemaldia en 2011. Nacido en Errenteria en 1961, el cine fue su gran afición durante toda su vida, pese a haberse licenciado en Pedagogía Especial. También ha dirigido otros festivales de la ciudad como el Festival de Cine y Derechos Humanos durante ocho años y la Semana de Cine Fantástico y de Terror durante 21 años.

Durante los últimos años al frente del Zinemaldia, Rebordinos se ha enfrentado a diversas polémicas. En 2021, la concesión del Premio Donostia a Johnny Depp generó revuelo por las recientes denuncias de maltrato a mujeres que pesaban sobre el actor. En una línea similar, también se pidió retirar del festival el largometraje 'Sparta' por acusaciones, posteriormente desestimadas, de maltrato a los niños protagonistas durante la producción.

Situaciones parecidas ocurrieron con el documental 'Josu Ternera' sobre el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, que generó debate entre políticos, escritores y víctimas de ETA. Rebordinos reiteró en varias ocasiones que no había motivo de alarma y que condenaba las acciones terroristas de ETA. En 2024 también recibió críticas por la concesión de la Concha de Oro a 'Tarde de soledad', un retrato de la tauromaquia.

La última edición coincidió con un ataque israelí que derrumbó la torre más alta de la Ciudad de Gaza. El festival estuvo rodeado por manifestaciones a favor de Palestina, y acompañado por mensajes de artistas, como de Jennifer Lawrence, en contra el genocidio en Gaza.

El inicio de 2026 ha traído consigo la publicación de las primeras convocatorias de empleo público del año, con más de 30.000 plazas en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y fuerzas armadas. Estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, establecen los plazos, requisitos y procedimientos para que los aspirantes puedan acceder a puestos estables en la administración.

Las oposiciones abarcan distintos ámbitos, incluyendo gestión administrativa, apoyo técnico, perfiles tecnológicos y funciones operativas en los ejércitos. Cada convocatoria define con precisión los plazos de inscripción y las titulaciones necesarias, de modo que los aspirantes puedan planificar su participación dentro del calendario oficial de 2026.

Militar profesional de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria para el primer ciclo de 2026 con un total de 4.527 plazas, repartidas entre Ejército de Tierra (3.204 plazas), Armada (693 plazas) y Ejército del Aire y del Espacio (630 plazas). Entre las vacantes se incluyen plazas reservadas para deportistas de alto nivel y para aspirantes extranjeros.

Los puestos disponibles abarcan unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Infantería de Marina, operaciones, sistemas, energía y propulsión, así como mantenimiento de aeronaves y control aéreo. Los candidatos deben tener entre 18 y 29 años en la fecha de incorporación al centro de formación, prevista para el 4 de mayo de 2026, y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para solicitar cita previa estará abierto del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.

Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social

La Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado 1.556 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, distribuidas en 1.056 de acceso libre y 500 de promoción interna, con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Los puestos se orientan a la gestión administrativa del sistema de la Seguridad Social, incluyendo tramitación de expedientes y apoyo en procedimientos internos.

Los aspirantes deben contar con titulación universitaria, que puede ser Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. El plazo para presentar solicitudes de manera telemática se extiende hasta el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado 4.350 plazas para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, de las cuales 1.450 son de ingreso libre y 2.900 de promoción interna, con reservas para personas con discapacidad. Los puestos incluyen apoyo administrativo, registro de documentación, atención al público y manejo de aplicaciones informáticas básicas.

Para participar es necesario contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Administrativo (AGE)

El Cuerpo General Administrativo, subgrupo C1, ha convocado 2.512 plazas de ingreso libre, con reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen la gestión de expedientes y el apoyo a las unidades administrativas de ministerios y organismos públicos.

Se requiere como titulación mínima Bachillerato o Técnico de Formación Profesional de Grado Medio. Las solicitudes deberán presentarse antes del 22 de enero de 2026, y la convocatoria es gestionada por la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2)

El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, subgrupo A2, cuenta con 4.306 plazas, repartidas entre 1.356 de acceso libre y 2.950 de promoción interna, incluyendo reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen tareas de gestión, coordinación administrativa, elaboración de informes y supervisión de procedimientos.

Los aspirantes deben poseer titulación universitaria (Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica). El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, y la convocatoria corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpos de Informática (TIC)

Se han convocado 1.710 plazas de ingreso libre para perfiles tecnológicos. El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1) ofrece 1.030 plazas, con requisito de Bachillerato o Técnico, mientras que el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) convoca 680 plazas, con requisito de titulación universitaria.

Los puestos incluyen funciones de desarrollo, mantenimiento y gestión de sistemas informáticos y servicios digitales de la administración. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, gestionado por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

El Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a título póstumo a los ex presidentes del Principado de Asturias Sergio Marqués, Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, miércoles, los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, día 23.

La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el fin de premiar el mérito en el servicio al Estado; es la más alta de las órdenes civiles españolas y se encuentra entre las más antiguas de las que se conservan en el mundo.

Un gesto de justicia histórica

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha explicado que esta concesión es “un gesto de justicia histórica y de gratitud democrática hacia tres presidentes que contribuyeron de forma decidida a construir la Asturias moderna, abierta y cohesionada de hoy”.

Adriana Lastra ha subrayado que “cada uno desde su sensibilidad política y su momento histórico defendieron la autonomía asturiana, el fortalecimiento de los servicios públicos y el progreso económico y social, siempre con la mirada puesta en el bienestar de la ciudadanía”.

Diálogo, acuerdos y estabilidad

Con esta Gran Cruz, ha añadido, el Gobierno de España reconoce trayectorias marcadas por “el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la estabilidad institucional, valores especialmente necesarios en tiempos de incertidumbre y polarización”.

Para la delegada del Gobierno, los tres ex presidentes del Ejecutivo asturiano condecorados a título póstumo fueron “referentes de responsabilidad y lealtad institucional”.

La lealtad institucional

Un reconocimiento que, en su opinión, tiene una “dimensión muy humana” ya que es un homenaje a la labor de quienes ya no están, pero también a sus familias, “a quienes compartieron con ellos sacrificios, ausencias y renuncias en favor del servicio público”.

“Asturias se reconoce en su legado, su lealtad institucional, su impulso a la autonomía asturiana y su compromiso social. Esta condecoración simboliza ese orgullo compartido. De este modo, la Delegación del Gobierno en Asturias -ha añadido- reafirma su voluntad de seguir trabajando junto al Gobierno del Principado y sus instituciones en favor del progreso, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

Barbón: “Es un gesto de enorme valor”

En términos muy similares se ha pronunciado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, para quien esta condecoración a título póstumo para sus tres antecesores en el cargo es “un gesto de enorme valor”.

Se trata de un reconocimiento otorgado en un momento especial, al coincidir en un año “de despedidas dolorosas” como la del expresidente Antonio Trevín, y en el mismo año en el que se ha recordado en el parlamento asturiano a Sergio Marqués en el 30 aniversario de su elección como presidente.

Reconocimientos públicos

Barbón ha recordado además que a ambos expresidentes, en este mismo año, se les dedicaron sendos espacios públicos : a Marqués, en la calle de Gijón donde tiene su sede el Consejo Consultivo del Principado y a Trevín “en su amada Llanes”, dándole el nombre al dique en el que están los Cubos de la Memoria, proyecto que él impulsó.

En Gijón, siendo Ana González alcaldesa, también se le dedicó un paseo al expresidente Vicente Álvarez Areces.

El presidente del Gobierno regional ha expresado su satisfacción por estos reconocimientos, como es habitual en él, a través de las redes sociales. A través del post, que reproducimos a continuación, comunica estas condecoraciones a título póstumo y reproduce también el BOE donde se pueden ver los Reales Decretos.

Barbón también ha reiterado las actuaciones que él mismo ha llevado a cabo desde su llegada a la Presidencia del Principado donde, según enumera, “ha impulsado honrar la memoria y trayectoria de quienes le precedieron en el cargo, a los que se les ha concedido el tratamiento vitalicio de presidente, se ha culminado la galería de retratos de los presidentes y se han bautizado las distintas salas de Presidencia con sus nombres, desde el Presidente Rafael Fernández hasta el Presidente Vicente Álvarez Areces”.

Honrar la historia de Asturias

Asegura que es una forma de reconocer la institución de la Presidencia del Principado de Asturias, “la más alta representación de nuestra autonomía y primera autoridad de Asturias y, cómo no, reconocerles a las personas que la asumieron su trayectoria, su compromiso, su trabajo, los momentos duros que tuvieron que afrontar y, también, recordar sus aciertos”.

Este nuevo reconocimiento a los expresidentes fallecidos, concedido por el Rey y a propuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado ayer, “va en esta misma línea”, ha ratificado el jefe del Ejecutivo asturiano, para quien “honrar su memoria es también, honrar la historia de Asturias”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente un conjunto de convocatorias que suman cientos de plazas en distintos cuerpos y categorías de la administración pública española. Estas oportunidades incluyen tanto puestos de funcionario de carrera como de personal estatutario, abarcando sectores como la administración local, la seguridad y la sanidad. Los procesos se distribuyen entre ámbitos locales, autonómicos e internacionales, y se ofrecen tanto a quienes buscan acceso libre como a quienes pertenecen a colectivos con derecho a plazas reservadas por discapacidad.

Los plazos para presentar solicitudes varían según cada convocatoria, con fechas que se extienden desde finales de noviembre hasta principios de 2026 en algunos casos. Las convocatorias se ajustan a la normativa específica de cada cuerpo o servicio, garantizando procedimientos de selección regulados y transparentes. Estas nuevas oportunidades reflejan la diversidad de perfiles y especialidades requeridas en el sector público, ofreciendo distintas vías de acceso según el tipo de puesto y la titulación exigida.

Auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Valencia 

El Ayuntamiento de Valencia ha abierto un proceso para cubrir 176 plazas de auxiliar administrativo, todas disponibles mediante ingreso libre. Los candidatos deben poseer al menos la Educación Secundaria Obligatoria o un título equivalente. La convocatoria se desarrolla dentro del ámbito local de la ciudad y el período para presentar solicitudes se extiende desde el 2 hasta el 31 de diciembre de 2025. La selección se realizará según los criterios establecidos en la normativa de empleo público local.

Médicos inspectores en la Inspección Sanitaria de la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca 161 plazas de médicos inspectores, con 148 destinadas a ingreso libre y 13 reservadas a personas con discapacidad general. Los aspirantes deben ser licenciados o graduados en Medicina. Esta convocatoria tiene carácter internacional y sigue los procedimientos de acceso libre del personal funcionario. El plazo de inscripción abarca del 2 al 31 de diciembre de 2025.

Agentes de la Escala Básica de la Ertzaintza

La Academia Vasca de Policía y Emergencias convoca 120 plazas de agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, todas mediante ingreso libre. Los candidatos deben contar con Bachillerato, equivalente o un título superior. Esta convocatoria tiene ámbito autonómico en la Comunidad Autónoma del País Vasco y las solicitudes pueden presentarse desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2025. El proceso se ajusta a la normativa de selección de personal funcionario del Departamento de Seguridad.

Médicos de familia en equipos de atención primaria — Servicio de Salud de las Illes Balears

El Servicio de Salud de las Illes Balears (IBSALUT) ha abierto 103 plazas para médicos de familia en atención primaria. De estas, 86 son de ingreso libre, 10 internas y 7 reservadas a personas con discapacidad general. Se requiere la titulación en Medicina y la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. La convocatoria tiene alcance local, en la provincia de Baleares, y el plazo de presentación se extiende desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2025.

Facultativos especialistas de área — Servicio de Salud de las Illes Balears

El mismo organismo convoca 307 plazas para distintos especialistas médicos, con 293 de acceso libre, 2 internas y 12 para personas con discapacidad general. Los candidatos deben haber completado la Licenciatura o Grado en Medicina y poseer el título de la especialidad correspondiente. La convocatoria mantiene el mismo ámbito local que la de médicos de familia y el mismo período de inscripción, del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025. El procedimiento de selección se ajusta a la normativa estatutaria para personal sanitario.

Auxiliares administrativos en centros del Servicio Aragonés de Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha convocado 254 plazas de auxiliar administrativo, de las cuales 218 son de ingreso libre y 26 reservadas a personas con discapacidad general. Los aspirantes deben contar con Educación Secundaria, Formación Profesional de primer grado o certificado equivalente. La convocatoria se extiende a toda la Comunidad Autónoma de Aragón, y el plazo para presentar solicitudes va del 29 de enero al 28 de febrero de 2025. La selección se regirá por los procedimientos estatutarios para personal sanitario.

La publicación de nuevas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado vuelve a abrir oportunidades de acceso al empleo público en distintos organismos y administraciones. Los procesos, distribuidos entre el ámbito estatal y varias comunidades autónomas, incluyen puestos con distintos requisitos de titulación y diferentes modalidades de acceso. Las convocatorias establecen también cupos específicos para personas con discapacidad, así como plazos concretos para la presentación de solicitudes.

Las ofertas publicadas abarcan una variedad de perfiles, desde tareas administrativas hasta funciones vinculadas a la asistencia e información en organismos de la Administración General del Estado y en servicios autonómicos. Cada proceso establece sus propios criterios de participación, el tipo de vínculo profesional y el sistema de selección, con la finalidad de cubrir las plazas disponibles conforme a la normativa vigente.

Estas convocatorias se enmarcan en el calendario habitual con el que las administraciones renuevan sus plantillas y cubren vacantes. Los aspirantes deben revisar las bases específicas de cada proceso para comprobar la documentación necesaria, los requisitos académicos y las fechas de inscripción.

Auxiliar de la Administración general de Galicia

La Administración gallega ha abierto un proceso selectivo para cubrir 83 puestos en el cuerpo de auxiliares. Del total, 72 se destinan al turno de ingreso libre y 11 quedan reservados para candidatos con discapacidad general. El procedimiento está dirigido a personal funcionario y solo pueden participar personas con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Se trata de una convocatoria de carácter autonómico, circunscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia. Las solicitudes podrán registrarse entre el 26 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025.

Celadores en el Servicio Aragonés de Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha puesto en marcha una convocatoria con 211 vacantes para celadores. De estas plazas, 164 forman parte del acceso libre, mientras que 28 se reservan para aspirantes con discapacidad general y 29 se dirigen a personas con discapacidad intelectual. Para participar es suficiente acreditar el certificado de escolaridad o una titulación equivalente. El proceso está orientado a personal estatutario dentro del ámbito sanitario de Aragón. El periodo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre de 2025.

Información y asistencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha convocado 250 puestos vinculados a tareas de información y asistencia en el ámbito estatal. En esta oferta, 232 plazas corresponden al acceso libre y 18 están reservadas para personas con discapacidad general. Este proceso se dirige a personal laboral con contrato fijo y exige contar con bachillerato o una titulación equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de diciembre de 2025.

Información y asistencia — Grupo Profesional I1

La convocatoria correspondiente al Grupo Profesional I1 reúne 310 plazas, de las que 286 se reservan para promoción interna y 24 para personas con discapacidad general. La convocatoria se dirige a personal laboral y requiere contar con bachillerato o un título equivalente. El plazo de presentación estará disponible hasta el 26 de diciembre de 2025.

Información y asistencia — Grupo Profesional I2

El Grupo Profesional I2 incorpora 310 puestos para funciones de información y asistencia. De ellos, 286 se ofrecen mediante acceso libre, mientras que 24 quedan reservados a personas con discapacidad general. La convocatoria corresponde a contratación fija y requiere disponer de la Educación Secundaria Obligatoria o una titulación equivalente. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de diciembre de 2025.

La Seguridad Social estrenó el pasado 3 de marzo de 2025 un nuevo marco de protección para quienes donen órganos o tejidos en vida. La medida, recogida en la Ley 6/2024 publicada en el BOE del 21 de diciembre, incorpora la “situación especial de incapacidad temporal” para estos procesos. La norma parte del principio recogido en su preámbulo: la donación en vida es un acto altruista que no debe suponer un perjuicio económico ni laboral para la persona donante. Además, adapta el sistema de permisos y bajas a todas las fases que exige una donación para su posterior trasplante.

El preámbulo recuerda que España es líder mundial en donación y trasplantes y que la normativa vigente (Ley 30/1979, Directiva 2010/53/UE y Real Decreto 1723/2012) ya regulaba las condiciones de extracción en vida. Sin embargo, la cobertura laboral se canalizaba hasta ahora como enfermedad común, con exigencias de cotización mínima y sin un subsidio completo. La nueva ley corrige ese encaje y define un régimen específico de incapacidad temporal que se sitúa dentro de las contingencias comunes, pero con condiciones reforzadas.

Qué implica esta incapacidad temporal

La incapacidad temporal especial abarca todo el proceso: desde los días dedicados a la preparación médica hasta el ingreso hospitalario, la intervención de extracción y el periodo posterior hasta el alta por curación. El BOE detalla que la situación comprende tanto días “discontinuos como ininterrumpidos” en los que la persona donante reciba asistencia sanitaria y no pueda trabajar por la preparación de la cirugía o por el propio trasplante. El legislador subraya que estas ausencias no pueden tratarse como una patología, sino como un proceso sanitario derivado de una decisión voluntaria.

Cambios de la norma

Uno de los cambios centrales es la eliminación de requisitos de cotización. La ley modifica el artículo 172 de la Ley General de la Seguridad Social para que, a diferencia de la enfermedad común, no se exija ningún periodo previo de cotización. La intención es que cualquier persona que se someta a una donación en vida, independientemente de su historial laboral, pueda acceder a la prestación económica.

La protección económica se refuerza también en la cuantía y el pago. El artículo 171 fija que el subsidio será del 100% de la base reguladora establecida para las contingencias comunes y que se abonará desde el mismo día de la baja, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal (INSS, ISM o mutua), tal como recoge igualmente la nota oficial de la Seguridad Social. Este esquema equipara la cobertura a la de las contingencias profesionales en términos de intensidad.

La ley también introduce cambios en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ambos textos incorporan un permiso retribuido por “el tiempo indispensable” para los actos preparatorios de la donación, siempre que se realicen dentro de la jornada laboral. El BOE detalla que estos actos incluyen sesiones de información clínica, informes, exploraciones médicas y la prestación del consentimiento expreso, tal como exige la normativa de trasplantes.

Más personal protegido y una nueva disposición adicional

La extensión de la nueva protección alcanza al personal de distintos regímenes especiales: funcionarios civiles del Estado, personal de Justicia, Fuerzas Armadas y trabajadores del sector marítimo-pesquero. En todos estos ámbitos, la donación en vida pasa a reconocerse expresamente como situación especial de incapacidad temporal, con las mismas condiciones que en el Régimen General: cobertura durante el proceso completo y subsidio al 100% según las reglas propias de cada régimen.

La norma incorpora además una disposición adicional única que obliga al Gobierno a evaluar sus efectos en un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor. El objetivo es comprobar si la medida aumenta el número de donantes vivos y valorar la posible ampliación de esta protección a otros colectivos que actualmente no estén incluidos.

El Boletín Oficial del Estado y los boletines oficiales de las CCAA ha dado luz verde a cinco convocatorias de empleo público que suman más de 1.400 plazas en distintos ámbitos y modalidades. Estos procesos abarcan desde ofertas nacionales del Ministerio del Interior y del Estado hasta convocatorias autonómicas de Galicia e Illes Balears, con plazas para puestos que van desde el ámbito sanitario al servicio general administrativo.

Las fechas de inscripción están ya activas en algunos casos, y en otros operan plazos que se abrirán próximamente, según las resoluciones publicadas. Cada convocatoria fija requisitos específicos de titulación, tipo de personal y vía de acceso, lo que obliga a los aspirantes a revisar con detalle el contenido oficial y específico de cada una para asegurarse de que cumplen las condiciones exigidas.

900 plazas para Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

El Ministerio del Interior ha abierto el proceso de selección para 900 plazas del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en régimen de personal funcionario, bajo la modalidad de ingreso libre. Para participar, se exige poseer título de Bachillerato, Técnico o equivalente. El plazo de presentación de instancias arrancó el 10 de octubre de 2025 y concluye el 6 de noviembre de 2025. El periodo habilitado comprenderá veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de la convocatoria en el BOE.

123 plazas para Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

El Ministerio de Hacienda convoca 123 plazas de contratación fija para el servicio de conducción de vehículos de transporte por carretera, todas en modalidad de acceso libre. La titulación mínima requerida es Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, otro título de Formación Profesional de grado medio equivalente, o en su defecto, el título de Bachiller.

Se exige también el permiso de conducir clase B, entre otros posibles requisitos que se indican en la convocatoria. El plazo de solicitud se extiende desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 4 de noviembre de 2025, durante veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación oficial.

121 plazas para Médico de Urgencias

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha publicado una oferta de 121 plazas para médicos de urgencias, de las cuales 81 son de libre acceso, 31 para promoción interna, y 9 reservadas para discapacidad general. Esta convocatoria es de carácter estatutario y de vía ordinaria. Se exige el título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria o la certificación habilitadora que estipula el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio. La convocatoria opera en ámbito autonómico gallego.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 1 de octubre de 2025 y se extiende hasta el 14 de noviembre de 2025, ambos inclusive, desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

111 plazas para Pinche y Cocinero/a

El SERGAS también convoca un total de 111 plazas para las categorías de pinche y cocinero/a. De esas plazas, 45 son de libre acceso, 56 para promoción interna, y 5 están reservadas para discapacidad general, además de 5 para discapacidad intelectual. La titulación exigida es un certificado de escolaridad o equivalente. Al igual que para los médicos, el plazo para presentar solicitudes va del 1 de octubre de 2025 hasta el 14 de noviembre de 2025, desde el día posterior a la publicación oficial.

128 plazas para Auxiliar de Administración General

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha aprobado un proceso selectivo con 128 plazas de Auxiliar de Administración General, destinadas a personal funcionario mediante ingreso libre. De ese total, 120 plazas se destinan al cupo general y 8 están reservadas para personas con discapacidad general. Se requiere el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

El plazo de presentación se abrió inicialmente entre el 12 de febrero de 2025 y el 11 de marzo de 2025 (veinte días hábiles desde su publicación en el BOIB). Con posterioridad, se ha otorgado un nuevo plazo desde el 3 de octubre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2025, también durante veinte días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en el BOIB.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes el decreto de embargo de compraventa de armas a Israel, como medida de presión ante el genocidio en Gaza que está perpetrando el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El texto, cuyo contenido íntegro reproducimos a continuación, también incluye una prohibición de importar productos originarios de los territorios palestinos ocupados.

El decreto establece la prohibición de comprar y vender armas a Israel. “Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”.

La prohibición de comprar o vender armas al Estado israelí ha entrado en vigor este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente decreto:

El Gobierno de Cantabria (PP) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que apruebe “cuanto antes” la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2026-2030 y la publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que nuevos proyectos empresariales e industriales interesados en instalarse en la comunidad autónoma lo hagan definitivamente.

Así lo ha reclamado este jueves el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, al ministerio que dirige Sara Aagesen, durante una jornada de presentación de un informe sobre la I+D+i en Cantabria.

Allí ha reivindicado que Cantabria está atrayendo proyectos, como por ejemplo el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', que supondrá una inversión de más de 3.600 millones de euros, la “inversión privada más grande de la historia de Cantabria” y que generará unos 1.500 puestos de trabajo: 350 directos y 1.100 indirectos y que ya ha sido declarado como proyecto empresarial estratégico.

Arasti ha asegurado que hay otros proyectos que no cita porque -según ha dicho- no puede, “no porque no existan”. Y es que, según ha indicado, “muchos” de ellos necesitan de la aprobación de dicha planificación por parte del Ministerio y su publicación en el BOE.

Y es que, según ha explicado, cuando una empresa se quiere instalar, necesita energía eléctrica y esta la proporciona, precisamente, esa planificación cuya publicación en el BOE ha reclamado al Ministerio.

“A un Gobierno hay que pedirle muchísimas cosas: que trabaje; que tenga éxito e incluso que tenga suerte pero creo que hay que pedirle una cosa: que gobierne y se gobierna a través del Boletín Oficial del Estado”, ha aseverado.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, considera “insuficiente” la financiación ofrecida por el Gobierno de la nación para atender “en condiciones dignas” a los menores migrantes que deberá acoger la comunidad autónoma procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno de España aprobase un Real Decreto en el que se indica que Castilla-La Mancha tiene capacidad para acoger a 692 niños y niñas menores no acompañados. Este miércoles se ha publicado en el BOE y permitirá iniciar las derivaciones a las distintas comunidades autónomas.

Hoy la portavoz ha recordado que la distribución que se aprobó en julio - a la región llegarían 320 menores migrantes, con una financiación de cuatro millones de euros- ya fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Castilla-La Mancha. Y es que, sostiene que el modelo de acogida de la comunidad autónoma “responde a unas condiciones de dignidad que no pueden cumplirse con los modelos de masificación”.

Ha explicado que se ha vuelto a pedir “financiación suficiente” para poder dar respuesta a esa acogida en condiciones “dignas y humanitarias” en línea con el compromiso de solidaridad de Castilla-La Mancha.

Canarias pide la contingencia migratoria: Castilla-La Mancha ofreció diez plazas

El pasado 15 de agosto la Consejería de Bienestar Social trasladó al Gobierno de Canarias la disponibilidad de 10 plazas libres para acoger a niños y niñas, “y se hizo de manera voluntaria en cuanto se detectó que había plazas suficientes”, según ha dado a conocer hoy la consejera portavoz.

Precisamente hoy Canarias ha solicitado, como ya anunciase ayer, la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida.

El objetivo es que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados --las islas tienen unos 5.200-- en virtud al decreto ley aprobado este martes. El presidente canario Fernando Clavijo comentado que “ya no hay excusas”, según recoge Europa Press, para iniciar el proceso y se ha mostrado “convencido” de que la Fiscalía intervendrá “de oficio” para garantizar su cumplimiento.

En este contexto, desde Castilla-La Mancha, la consejera portavoz Esther Padilla ha recalcado que “si se materializa el traer ese volumen de niños y niñas, y de una manera abrupta, será imposible atenderlos en las condiciones en que la propia ministra Pilar Alegría dijo que habría que hacerlo”, y se ha mostrado convencida de que este posicionamiento es compartido por el conjunto del Gobierno de la nación, “ya que el Ministerio de Seguridad Social dijo que, dentro de la capacidad que tiene en sus centros, no podía acoger a los 1.000 menores previstos”.

“Esos menores necesitan de acompañamiento permanente de profesionales y de dotación para infraestructuras, lo que supone un coste que está muy encima de la cantidad de 100 millones de euros aprobada por el Gobierno, y supone además un descenso importante de la financiación por plaza que se venía recibiendo hasta ahora”, ha concluido.

Ha transcurrido más de un año y seguimos igual: en el BOE no se publican las leyes en euskera. En cambio, en el BOE se publican en catalán no sólo las leyes definitivamente aprobadas por el Congreso de los Diputados, sino también otras normas importantes, gracias al convenio suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Sabemos que publicar algo en euskara en el Boletín Oficial de la República francesa (Journal officiel de la République française) será más difícil, pero es igualmente necesario.

Debemos recordar que la posibilidad de publicar en versión auténtica en euskera los textos legales que definitivamente aprueba el Congreso de los Diputados español se recogió en la modificación del Reglamento de la Cámara. En este sentido, el Congreso de los Diputados y Euskaltzaindia firmaron un convenio el 3 de diciembre de 2024, si bien el Boletín Oficial de las Cortes Generales y el BOE siguen sin publicar los textos legales en euskera. Euskaltzaindia nos ha respondido que se están definiendo el sistema de recepción de textos y el proceso de tramitación de las traducciones, pero, entre tanto, los y las euskaldunes debemos seguir leyendo los textos en castellano.

En nuestro caso, el 11 de octubre de 2011 el Gobierno Vasco firmó un convenio similar al firmado por las autoridades catalanas, pero una vez finalizada su vigencia no se ha firmado ninguno nuevo y no se ha dado paso a la publicación en euskera de las normas que nos afectan (al menos a quienes vivimos en Hego Euskal Herria). Más llamativo aún, ¿por qué las leyes que aprueban el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra, aunque estén redactadas también en euskera, las publican exclusivamente en castellano en el BOE?

En AET no podemos mirar para otro lado y seguiremos presionando hasta conseguir que todas las leyes se publiquen también en euskera. Si lo han conseguido en Catalunya, ¿por qué los y las euskaldunes no?

El mes de junio de 2025 encara su recta final con varias convocatorias de oposiciones aún abiertas en el ámbito de la Administración General del Estado. Se trata de procesos selectivos destinados a cubrir plazas de personal funcionario en distintos cuerpos, con distintos niveles de titulación exigida, desde Educación Secundaria Obligatoria hasta titulaciones superiores.

Estas oposiciones recogen un número significativo de plazas, todas con un mínimo de 50 vacantes, y contemplan reservas específicas para personas con discapacidad general e intelectual. Entre los puestos ofertados figuran tanto perfiles administrativos como auxiliares y cuerpos especializados en gestión. Todas las convocatorias permiten el acceso por turno libre, y la mayoría se ajustan a un proceso selectivo por oposición o concurso-oposición, según el cuerpo y la categoría.

La solicitud debe presentarse exclusivamente de forma electrónica a través del portal oficial de la Administración General del Estado. Es imprescindible disponer de identificación digital Cl@ve o certificado electrónico, abonar la tasa correspondiente, salvo exenciones legalmente previstas, y asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos en cada proceso.

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

La Consejería de la Presidencia ha convocado un total de 60 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, mediante acceso libre. De estas plazas, 55 son de acceso general y 5 están reservadas para personas con discapacidad general, sin reserva para discapacidad intelectual.

La convocatoria está dirigida a quienes posean el título de Ingeniero Técnico Forestal o cualquier otro que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según las directivas comunitarias. Las plazas corresponden al ámbito territorial de Castilla y León.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de julio de 2025. Esta es una oportunidad destacada para quienes buscan empleo público técnico especializado en el área forestal.

Para más información, visita la página oficial de la convocatoria.

Oposición Técnico de Gestión

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana convoca 60 plazas para el cuerpo de Gestión, con 55 plazas de acceso libre, 4 para personas con discapacidad general y 1 para discapacidad intelectual. No hay plazas para acceso interno.

La convocatoria es para toda la Comunidad Valenciana y requiere tener grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. El plazo para presentar solicitudes es del 17 al 30 de junio de 2025. Las pruebas son por oposición.

Para más información, visita el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Oposición Administrativo

El Ayuntamiento de Bilbao convoca 76 plazas para Administrativo, de las cuales 72 son de acceso libre y 4 reservadas para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno. De estas, 30 plazas requieren perfil lingüístico 2 de euskera, y 3 plazas con discapacidad también requieren este perfil.

La convocatoria es para la provincia de Bizkaia y exige titulación de bachiller o técnico. El plazo para presentar solicitudes es del 12 de junio al 9 de julio de 2025. Las pruebas son por oposición.

Para más detalles, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Subescala de Secretaría, Categoría de Entrada

Se convocan 102 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de las cuales 92 son de acceso libre y 10 para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno.

El ámbito geográfico es nacional y se requiere estar en posesión de título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo para presentar solicitudes es del 5 de junio al 2 de julio de 2025. Las pruebas son por oposición.

Para más detalles, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Subescala de Secretaría-Intervención

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado 584 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de las cuales 526 son de acceso libre y 58 para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno.

El ámbito geográfico es nacional y se requiere título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo para presentar solicitudes es desde el 5 de junio hasta el 2 de julio de 2025. Las pruebas se realizarán mediante oposición.

Para más información, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Subescala de Intervención-Tesorería

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado 315 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de las cuales 284 son de acceso libre y 31 para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno.

El ámbito geográfico es nacional y se requiere título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo para presentar solicitudes es desde el 5 de junio hasta el 2 de julio de 2025. Las pruebas se realizarán mediante oposición.

Para más información, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Cuando se adquiere un coche de segunda mano a un particular —es decir, no a un concesionario—, el comprador está obligado a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este tributo, aunque es de carácter estatal, está cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que su gestión, cuantía y exenciones varían según el lugar de residencia del comprador.

Qué grava el ITP y quién debe pagarlo

El ITP grava la transmisión de bienes entre particulares. En el caso de los coches, recae exclusivamente sobre el comprador. No se paga este impuesto si el vehículo se adquiere a un profesional o empresa, en cuyo caso se aplica el IVA. Tampoco en operaciones como herencias, donaciones o algunas transmisiones entre familiares, aunque en estos casos pueden intervenir otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones.

Cada comunidad tiene sus propias normas

El tipo impositivo varía entre el 4% y el 8%, según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid, País Vasco, Aragón, Navarra o Murcia se aplica un 4%, mientras que en Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León puede alcanzar el 8 %, aunque algunas aplican tipos reducidos para vehículos con baja potencia fiscal. En otras regiones, como Cataluña, no se paga si el coche tiene más de 10 años y su valor no supera los 40.000 euros.

Cómo se calcula

El cálculo del ITP se basa en el valor fiscal del coche, que publica el Ministerio de Hacienda cada año en el Boletín Oficial del Estado. A ese valor se le aplica un coeficiente reductor en función de la antigüedad del vehículo, que puede llegar al 90 % si el coche tiene más de 12 años. Tras esa reducción, se aplica el tipo impositivo autonómico correspondiente.

Para ilustrar cómo se aplica este tributo: un coche valorado en 14.100 euros según tablas oficiales, con más de doce años, podría tener una base imponible de solo 1.410 euros tras aplicar una reducción del 90%. Si se adquiere en Madrid, donde el tipo es del 4%, el impuesto a pagar sería de 56,40 euros. La cantidad final puede variar notablemente según la comunidad y las características del coche.

Qué documentación se necesita

Para pagar el ITP es necesario contar con el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo y el contrato de compraventa. También hay que presentar el modelo 620 (si el trámite es presencial) o el modelo 621 (si se hace online). Algunas comunidades permiten realizar todo el proceso por vía telemática con certificado digital, mientras que otras requieren cita previa en oficinas liquidadoras.

Existen excepciones en las que el ITP no se aplica. No se paga si el coche se compra a un profesional, si se recibe por herencia o donación, o en ciertos casos entre familiares. Además, algunas comunidades ofrecen exenciones o bonificaciones a personas con movilidad reducida o para determinados tipos de vehículos. Es fundamental revisar las condiciones específicas de la comunidad donde se va a realizar la transferencia.