Ya se puede consultar en el Boletín Ofiicial del Estado la publicación de los dos decretos anticrisis aprobados este viernes por el Gobierno como consecuencia de la guerra en Irán: uno con las medidas económicas generales y otro concreto para la congelación de los alquileres durante dos años.

Según recoge el propio texto con medidas económicas como una rebaja del IVA del 10% para los carburantes, el propósito del plan, “pivota en torno a medidas de carácter coyuntural, de respuesta inmediata a la guerra de Irán, y de carácter estructural y estratégica, enfocado en el largo plazo”. Además, entre esas medidas se encuentra también una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

Las medidas del plano económico incluirán el control sobre las empresas de carburantes al facultar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar de cerca la evolución de precios, costes y márgenes. El texto señala que “se habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos”. Durante tres meses desde su aprobación, los operadores con refino en España deberán remitir datos semanales sobre sus “costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio”. Además, el organismo deberá analizar el impacto del conflicto y “publicará un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes” que pondrá especial atención a “la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán”, supervisando así a las empresas patra que no puedan especular usando las ayudas del Gobierno para ampliar sus márgenes.

Por su parte, en el documento de vivienda, se indica que esta medida se debe al “impacto sobre la evolución de los precios de alquileres en un contexto de precios tensionados”, lo que “hace preciso adoptar medidas para evitar” un “excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda”, por lo que se considera necesario esta congelación de los precios. Una vez ya publicado en el BOE ya comienza su aplicación, aunque todavía a expensas de que los socios del Gobierno puedan tumbarlo en el Congreso.

Aquí puedes consultar el texto íntegro con las medidas económicas:

Y aquí tienes el texto íntegro con las medidas del alquiler:

La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado esta semana una oferta de trabajo. El Zinemaldia busca relevo para José Luis Rebordinos en la dirección del certamen. Se necesita una persona con experiencia en “la gestión y/o dirección de organizaciones de referencia en el ámbito audiovisual y creativo”. Además, deberá contar con altas capacidades de expresión oral y escrita en inglés y conocimientos de castellano y euskara. También se valora el conocimiento de francés.

La candidatura, en manos de una consultora de cazatalentos, exige capacidades de liderazgo y gestión de equipos, negociación y comunicación, así como conocimientos financieros y presupuestarios. El equipo espera contar con el relevo antes del Festival de Cannes para que pueda acompañar a Rebordinos. Su primer festival será el que celebrará la edición número 75, en 2027.

El consejo de administración del festival ha contratado a Batea, una consultoría de selección local. Los responsables piden a las personas interesadas su curriculum vitae y una carta de presentación, de máximo dos folios, en la que conste “su motivación para ocupar el cargo”. La oferta lleva publicada una semana, desde el 4 de marzo, en su página web. El plazo de inscripción se cerrará el 27 de marzo.

Hace dos años, Rebordinos anunció al consejo de administración su retirada a finales de 2026. Este órgano está compuesto por las instituciones públicas implicadas en el certamen: el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno vasco y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Éstos son los encargados de designar al equipo responsable del festival internacional.

Rebordinos asumió la dirección del Zinemaldia en 2011. Nacido en Errenteria en 1961, el cine fue su gran afición durante toda su vida, pese a haberse licenciado en Pedagogía Especial. También ha dirigido otros festivales de la ciudad como el Festival de Cine y Derechos Humanos durante ocho años y la Semana de Cine Fantástico y de Terror durante 21 años.

Durante los últimos años al frente del Zinemaldia, Rebordinos se ha enfrentado a diversas polémicas. En 2021, la concesión del Premio Donostia a Johnny Depp generó revuelo por las recientes denuncias de maltrato a mujeres que pesaban sobre el actor. En una línea similar, también se pidió retirar del festival el largometraje 'Sparta' por acusaciones, posteriormente desestimadas, de maltrato a los niños protagonistas durante la producción.

Situaciones parecidas ocurrieron con el documental 'Josu Ternera' sobre el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, que generó debate entre políticos, escritores y víctimas de ETA. Rebordinos reiteró en varias ocasiones que no había motivo de alarma y que condenaba las acciones terroristas de ETA. En 2024 también recibió críticas por la concesión de la Concha de Oro a 'Tarde de soledad', un retrato de la tauromaquia.

La última edición coincidió con un ataque israelí que derrumbó la torre más alta de la Ciudad de Gaza. El festival estuvo rodeado por manifestaciones a favor de Palestina, y acompañado por mensajes de artistas, como de Jennifer Lawrence, en contra el genocidio en Gaza.

El inicio de 2026 ha traído consigo la publicación de las primeras convocatorias de empleo público del año, con más de 30.000 plazas en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y fuerzas armadas. Estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, establecen los plazos, requisitos y procedimientos para que los aspirantes puedan acceder a puestos estables en la administración.

Las oposiciones abarcan distintos ámbitos, incluyendo gestión administrativa, apoyo técnico, perfiles tecnológicos y funciones operativas en los ejércitos. Cada convocatoria define con precisión los plazos de inscripción y las titulaciones necesarias, de modo que los aspirantes puedan planificar su participación dentro del calendario oficial de 2026.

Militar profesional de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria para el primer ciclo de 2026 con un total de 4.527 plazas, repartidas entre Ejército de Tierra (3.204 plazas), Armada (693 plazas) y Ejército del Aire y del Espacio (630 plazas). Entre las vacantes se incluyen plazas reservadas para deportistas de alto nivel y para aspirantes extranjeros.

Los puestos disponibles abarcan unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Infantería de Marina, operaciones, sistemas, energía y propulsión, así como mantenimiento de aeronaves y control aéreo. Los candidatos deben tener entre 18 y 29 años en la fecha de incorporación al centro de formación, prevista para el 4 de mayo de 2026, y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para solicitar cita previa estará abierto del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.

Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social

La Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado 1.556 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, distribuidas en 1.056 de acceso libre y 500 de promoción interna, con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Los puestos se orientan a la gestión administrativa del sistema de la Seguridad Social, incluyendo tramitación de expedientes y apoyo en procedimientos internos.

Los aspirantes deben contar con titulación universitaria, que puede ser Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. El plazo para presentar solicitudes de manera telemática se extiende hasta el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado 4.350 plazas para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, de las cuales 1.450 son de ingreso libre y 2.900 de promoción interna, con reservas para personas con discapacidad. Los puestos incluyen apoyo administrativo, registro de documentación, atención al público y manejo de aplicaciones informáticas básicas.

Para participar es necesario contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Administrativo (AGE)

El Cuerpo General Administrativo, subgrupo C1, ha convocado 2.512 plazas de ingreso libre, con reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen la gestión de expedientes y el apoyo a las unidades administrativas de ministerios y organismos públicos.

Se requiere como titulación mínima Bachillerato o Técnico de Formación Profesional de Grado Medio. Las solicitudes deberán presentarse antes del 22 de enero de 2026, y la convocatoria es gestionada por la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2)

El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, subgrupo A2, cuenta con 4.306 plazas, repartidas entre 1.356 de acceso libre y 2.950 de promoción interna, incluyendo reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen tareas de gestión, coordinación administrativa, elaboración de informes y supervisión de procedimientos.

Los aspirantes deben poseer titulación universitaria (Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica). El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, y la convocatoria corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpos de Informática (TIC)

Se han convocado 1.710 plazas de ingreso libre para perfiles tecnológicos. El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1) ofrece 1.030 plazas, con requisito de Bachillerato o Técnico, mientras que el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) convoca 680 plazas, con requisito de titulación universitaria.

Los puestos incluyen funciones de desarrollo, mantenimiento y gestión de sistemas informáticos y servicios digitales de la administración. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, gestionado por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

El Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a título póstumo a los ex presidentes del Principado de Asturias Sergio Marqués, Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, miércoles, los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, día 23.

La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el fin de premiar el mérito en el servicio al Estado; es la más alta de las órdenes civiles españolas y se encuentra entre las más antiguas de las que se conservan en el mundo.

Un gesto de justicia histórica

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha explicado que esta concesión es “un gesto de justicia histórica y de gratitud democrática hacia tres presidentes que contribuyeron de forma decidida a construir la Asturias moderna, abierta y cohesionada de hoy”.

Adriana Lastra ha subrayado que “cada uno desde su sensibilidad política y su momento histórico defendieron la autonomía asturiana, el fortalecimiento de los servicios públicos y el progreso económico y social, siempre con la mirada puesta en el bienestar de la ciudadanía”.

Diálogo, acuerdos y estabilidad

Con esta Gran Cruz, ha añadido, el Gobierno de España reconoce trayectorias marcadas por “el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la estabilidad institucional, valores especialmente necesarios en tiempos de incertidumbre y polarización”.

Para la delegada del Gobierno, los tres ex presidentes del Ejecutivo asturiano condecorados a título póstumo fueron “referentes de responsabilidad y lealtad institucional”.

La lealtad institucional

Un reconocimiento que, en su opinión, tiene una “dimensión muy humana” ya que es un homenaje a la labor de quienes ya no están, pero también a sus familias, “a quienes compartieron con ellos sacrificios, ausencias y renuncias en favor del servicio público”.

“Asturias se reconoce en su legado, su lealtad institucional, su impulso a la autonomía asturiana y su compromiso social. Esta condecoración simboliza ese orgullo compartido. De este modo, la Delegación del Gobierno en Asturias -ha añadido- reafirma su voluntad de seguir trabajando junto al Gobierno del Principado y sus instituciones en favor del progreso, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

Barbón: “Es un gesto de enorme valor”

En términos muy similares se ha pronunciado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, para quien esta condecoración a título póstumo para sus tres antecesores en el cargo es “un gesto de enorme valor”.

Se trata de un reconocimiento otorgado en un momento especial, al coincidir en un año “de despedidas dolorosas” como la del expresidente Antonio Trevín, y en el mismo año en el que se ha recordado en el parlamento asturiano a Sergio Marqués en el 30 aniversario de su elección como presidente.

Reconocimientos públicos

Barbón ha recordado además que a ambos expresidentes, en este mismo año, se les dedicaron sendos espacios públicos : a Marqués, en la calle de Gijón donde tiene su sede el Consejo Consultivo del Principado y a Trevín “en su amada Llanes”, dándole el nombre al dique en el que están los Cubos de la Memoria, proyecto que él impulsó.

En Gijón, siendo Ana González alcaldesa, también se le dedicó un paseo al expresidente Vicente Álvarez Areces.

El presidente del Gobierno regional ha expresado su satisfacción por estos reconocimientos, como es habitual en él, a través de las redes sociales. A través del post, que reproducimos a continuación, comunica estas condecoraciones a título póstumo y reproduce también el BOE donde se pueden ver los Reales Decretos.

Barbón también ha reiterado las actuaciones que él mismo ha llevado a cabo desde su llegada a la Presidencia del Principado donde, según enumera, “ha impulsado honrar la memoria y trayectoria de quienes le precedieron en el cargo, a los que se les ha concedido el tratamiento vitalicio de presidente, se ha culminado la galería de retratos de los presidentes y se han bautizado las distintas salas de Presidencia con sus nombres, desde el Presidente Rafael Fernández hasta el Presidente Vicente Álvarez Areces”.

Honrar la historia de Asturias

Asegura que es una forma de reconocer la institución de la Presidencia del Principado de Asturias, “la más alta representación de nuestra autonomía y primera autoridad de Asturias y, cómo no, reconocerles a las personas que la asumieron su trayectoria, su compromiso, su trabajo, los momentos duros que tuvieron que afrontar y, también, recordar sus aciertos”.

Este nuevo reconocimiento a los expresidentes fallecidos, concedido por el Rey y a propuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado ayer, “va en esta misma línea”, ha ratificado el jefe del Ejecutivo asturiano, para quien “honrar su memoria es también, honrar la historia de Asturias”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente un conjunto de convocatorias que suman cientos de plazas en distintos cuerpos y categorías de la administración pública española. Estas oportunidades incluyen tanto puestos de funcionario de carrera como de personal estatutario, abarcando sectores como la administración local, la seguridad y la sanidad. Los procesos se distribuyen entre ámbitos locales, autonómicos e internacionales, y se ofrecen tanto a quienes buscan acceso libre como a quienes pertenecen a colectivos con derecho a plazas reservadas por discapacidad.

Los plazos para presentar solicitudes varían según cada convocatoria, con fechas que se extienden desde finales de noviembre hasta principios de 2026 en algunos casos. Las convocatorias se ajustan a la normativa específica de cada cuerpo o servicio, garantizando procedimientos de selección regulados y transparentes. Estas nuevas oportunidades reflejan la diversidad de perfiles y especialidades requeridas en el sector público, ofreciendo distintas vías de acceso según el tipo de puesto y la titulación exigida.

Auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Valencia 

El Ayuntamiento de Valencia ha abierto un proceso para cubrir 176 plazas de auxiliar administrativo, todas disponibles mediante ingreso libre. Los candidatos deben poseer al menos la Educación Secundaria Obligatoria o un título equivalente. La convocatoria se desarrolla dentro del ámbito local de la ciudad y el período para presentar solicitudes se extiende desde el 2 hasta el 31 de diciembre de 2025. La selección se realizará según los criterios establecidos en la normativa de empleo público local.

Médicos inspectores en la Inspección Sanitaria de la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca 161 plazas de médicos inspectores, con 148 destinadas a ingreso libre y 13 reservadas a personas con discapacidad general. Los aspirantes deben ser licenciados o graduados en Medicina. Esta convocatoria tiene carácter internacional y sigue los procedimientos de acceso libre del personal funcionario. El plazo de inscripción abarca del 2 al 31 de diciembre de 2025.

Agentes de la Escala Básica de la Ertzaintza

La Academia Vasca de Policía y Emergencias convoca 120 plazas de agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, todas mediante ingreso libre. Los candidatos deben contar con Bachillerato, equivalente o un título superior. Esta convocatoria tiene ámbito autonómico en la Comunidad Autónoma del País Vasco y las solicitudes pueden presentarse desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2025. El proceso se ajusta a la normativa de selección de personal funcionario del Departamento de Seguridad.

Médicos de familia en equipos de atención primaria — Servicio de Salud de las Illes Balears

El Servicio de Salud de las Illes Balears (IBSALUT) ha abierto 103 plazas para médicos de familia en atención primaria. De estas, 86 son de ingreso libre, 10 internas y 7 reservadas a personas con discapacidad general. Se requiere la titulación en Medicina y la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. La convocatoria tiene alcance local, en la provincia de Baleares, y el plazo de presentación se extiende desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2025.

Facultativos especialistas de área — Servicio de Salud de las Illes Balears

El mismo organismo convoca 307 plazas para distintos especialistas médicos, con 293 de acceso libre, 2 internas y 12 para personas con discapacidad general. Los candidatos deben haber completado la Licenciatura o Grado en Medicina y poseer el título de la especialidad correspondiente. La convocatoria mantiene el mismo ámbito local que la de médicos de familia y el mismo período de inscripción, del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025. El procedimiento de selección se ajusta a la normativa estatutaria para personal sanitario.

Auxiliares administrativos en centros del Servicio Aragonés de Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha convocado 254 plazas de auxiliar administrativo, de las cuales 218 son de ingreso libre y 26 reservadas a personas con discapacidad general. Los aspirantes deben contar con Educación Secundaria, Formación Profesional de primer grado o certificado equivalente. La convocatoria se extiende a toda la Comunidad Autónoma de Aragón, y el plazo para presentar solicitudes va del 29 de enero al 28 de febrero de 2025. La selección se regirá por los procedimientos estatutarios para personal sanitario.

La publicación de nuevas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado vuelve a abrir oportunidades de acceso al empleo público en distintos organismos y administraciones. Los procesos, distribuidos entre el ámbito estatal y varias comunidades autónomas, incluyen puestos con distintos requisitos de titulación y diferentes modalidades de acceso. Las convocatorias establecen también cupos específicos para personas con discapacidad, así como plazos concretos para la presentación de solicitudes.

Las ofertas publicadas abarcan una variedad de perfiles, desde tareas administrativas hasta funciones vinculadas a la asistencia e información en organismos de la Administración General del Estado y en servicios autonómicos. Cada proceso establece sus propios criterios de participación, el tipo de vínculo profesional y el sistema de selección, con la finalidad de cubrir las plazas disponibles conforme a la normativa vigente.

Estas convocatorias se enmarcan en el calendario habitual con el que las administraciones renuevan sus plantillas y cubren vacantes. Los aspirantes deben revisar las bases específicas de cada proceso para comprobar la documentación necesaria, los requisitos académicos y las fechas de inscripción.

Auxiliar de la Administración general de Galicia

La Administración gallega ha abierto un proceso selectivo para cubrir 83 puestos en el cuerpo de auxiliares. Del total, 72 se destinan al turno de ingreso libre y 11 quedan reservados para candidatos con discapacidad general. El procedimiento está dirigido a personal funcionario y solo pueden participar personas con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Se trata de una convocatoria de carácter autonómico, circunscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia. Las solicitudes podrán registrarse entre el 26 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025.

Celadores en el Servicio Aragonés de Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha puesto en marcha una convocatoria con 211 vacantes para celadores. De estas plazas, 164 forman parte del acceso libre, mientras que 28 se reservan para aspirantes con discapacidad general y 29 se dirigen a personas con discapacidad intelectual. Para participar es suficiente acreditar el certificado de escolaridad o una titulación equivalente. El proceso está orientado a personal estatutario dentro del ámbito sanitario de Aragón. El periodo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre de 2025.

Información y asistencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha convocado 250 puestos vinculados a tareas de información y asistencia en el ámbito estatal. En esta oferta, 232 plazas corresponden al acceso libre y 18 están reservadas para personas con discapacidad general. Este proceso se dirige a personal laboral con contrato fijo y exige contar con bachillerato o una titulación equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 26 de diciembre de 2025.

Información y asistencia — Grupo Profesional I1

La convocatoria correspondiente al Grupo Profesional I1 reúne 310 plazas, de las que 286 se reservan para promoción interna y 24 para personas con discapacidad general. La convocatoria se dirige a personal laboral y requiere contar con bachillerato o un título equivalente. El plazo de presentación estará disponible hasta el 26 de diciembre de 2025.

Información y asistencia — Grupo Profesional I2

El Grupo Profesional I2 incorpora 310 puestos para funciones de información y asistencia. De ellos, 286 se ofrecen mediante acceso libre, mientras que 24 quedan reservados a personas con discapacidad general. La convocatoria corresponde a contratación fija y requiere disponer de la Educación Secundaria Obligatoria o una titulación equivalente. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de diciembre de 2025.

La Seguridad Social estrenó el pasado 3 de marzo de 2025 un nuevo marco de protección para quienes donen órganos o tejidos en vida. La medida, recogida en la Ley 6/2024 publicada en el BOE del 21 de diciembre, incorpora la “situación especial de incapacidad temporal” para estos procesos. La norma parte del principio recogido en su preámbulo: la donación en vida es un acto altruista que no debe suponer un perjuicio económico ni laboral para la persona donante. Además, adapta el sistema de permisos y bajas a todas las fases que exige una donación para su posterior trasplante.

El preámbulo recuerda que España es líder mundial en donación y trasplantes y que la normativa vigente (Ley 30/1979, Directiva 2010/53/UE y Real Decreto 1723/2012) ya regulaba las condiciones de extracción en vida. Sin embargo, la cobertura laboral se canalizaba hasta ahora como enfermedad común, con exigencias de cotización mínima y sin un subsidio completo. La nueva ley corrige ese encaje y define un régimen específico de incapacidad temporal que se sitúa dentro de las contingencias comunes, pero con condiciones reforzadas.

Qué implica esta incapacidad temporal

La incapacidad temporal especial abarca todo el proceso: desde los días dedicados a la preparación médica hasta el ingreso hospitalario, la intervención de extracción y el periodo posterior hasta el alta por curación. El BOE detalla que la situación comprende tanto días “discontinuos como ininterrumpidos” en los que la persona donante reciba asistencia sanitaria y no pueda trabajar por la preparación de la cirugía o por el propio trasplante. El legislador subraya que estas ausencias no pueden tratarse como una patología, sino como un proceso sanitario derivado de una decisión voluntaria.

Cambios de la norma

Uno de los cambios centrales es la eliminación de requisitos de cotización. La ley modifica el artículo 172 de la Ley General de la Seguridad Social para que, a diferencia de la enfermedad común, no se exija ningún periodo previo de cotización. La intención es que cualquier persona que se someta a una donación en vida, independientemente de su historial laboral, pueda acceder a la prestación económica.

La protección económica se refuerza también en la cuantía y el pago. El artículo 171 fija que el subsidio será del 100% de la base reguladora establecida para las contingencias comunes y que se abonará desde el mismo día de la baja, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal (INSS, ISM o mutua), tal como recoge igualmente la nota oficial de la Seguridad Social. Este esquema equipara la cobertura a la de las contingencias profesionales en términos de intensidad.

La ley también introduce cambios en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ambos textos incorporan un permiso retribuido por “el tiempo indispensable” para los actos preparatorios de la donación, siempre que se realicen dentro de la jornada laboral. El BOE detalla que estos actos incluyen sesiones de información clínica, informes, exploraciones médicas y la prestación del consentimiento expreso, tal como exige la normativa de trasplantes.

Más personal protegido y una nueva disposición adicional

La extensión de la nueva protección alcanza al personal de distintos regímenes especiales: funcionarios civiles del Estado, personal de Justicia, Fuerzas Armadas y trabajadores del sector marítimo-pesquero. En todos estos ámbitos, la donación en vida pasa a reconocerse expresamente como situación especial de incapacidad temporal, con las mismas condiciones que en el Régimen General: cobertura durante el proceso completo y subsidio al 100% según las reglas propias de cada régimen.

La norma incorpora además una disposición adicional única que obliga al Gobierno a evaluar sus efectos en un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor. El objetivo es comprobar si la medida aumenta el número de donantes vivos y valorar la posible ampliación de esta protección a otros colectivos que actualmente no estén incluidos.

El Boletín Oficial del Estado y los boletines oficiales de las CCAA ha dado luz verde a cinco convocatorias de empleo público que suman más de 1.400 plazas en distintos ámbitos y modalidades. Estos procesos abarcan desde ofertas nacionales del Ministerio del Interior y del Estado hasta convocatorias autonómicas de Galicia e Illes Balears, con plazas para puestos que van desde el ámbito sanitario al servicio general administrativo.

Las fechas de inscripción están ya activas en algunos casos, y en otros operan plazos que se abrirán próximamente, según las resoluciones publicadas. Cada convocatoria fija requisitos específicos de titulación, tipo de personal y vía de acceso, lo que obliga a los aspirantes a revisar con detalle el contenido oficial y específico de cada una para asegurarse de que cumplen las condiciones exigidas.

900 plazas para Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

El Ministerio del Interior ha abierto el proceso de selección para 900 plazas del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en régimen de personal funcionario, bajo la modalidad de ingreso libre. Para participar, se exige poseer título de Bachillerato, Técnico o equivalente. El plazo de presentación de instancias arrancó el 10 de octubre de 2025 y concluye el 6 de noviembre de 2025. El periodo habilitado comprenderá veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de la convocatoria en el BOE.

123 plazas para Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

El Ministerio de Hacienda convoca 123 plazas de contratación fija para el servicio de conducción de vehículos de transporte por carretera, todas en modalidad de acceso libre. La titulación mínima requerida es Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, otro título de Formación Profesional de grado medio equivalente, o en su defecto, el título de Bachiller.

Se exige también el permiso de conducir clase B, entre otros posibles requisitos que se indican en la convocatoria. El plazo de solicitud se extiende desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 4 de noviembre de 2025, durante veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación oficial.

121 plazas para Médico de Urgencias

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha publicado una oferta de 121 plazas para médicos de urgencias, de las cuales 81 son de libre acceso, 31 para promoción interna, y 9 reservadas para discapacidad general. Esta convocatoria es de carácter estatutario y de vía ordinaria. Se exige el título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria o la certificación habilitadora que estipula el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio. La convocatoria opera en ámbito autonómico gallego.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 1 de octubre de 2025 y se extiende hasta el 14 de noviembre de 2025, ambos inclusive, desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

111 plazas para Pinche y Cocinero/a

El SERGAS también convoca un total de 111 plazas para las categorías de pinche y cocinero/a. De esas plazas, 45 son de libre acceso, 56 para promoción interna, y 5 están reservadas para discapacidad general, además de 5 para discapacidad intelectual. La titulación exigida es un certificado de escolaridad o equivalente. Al igual que para los médicos, el plazo para presentar solicitudes va del 1 de octubre de 2025 hasta el 14 de noviembre de 2025, desde el día posterior a la publicación oficial.

128 plazas para Auxiliar de Administración General

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha aprobado un proceso selectivo con 128 plazas de Auxiliar de Administración General, destinadas a personal funcionario mediante ingreso libre. De ese total, 120 plazas se destinan al cupo general y 8 están reservadas para personas con discapacidad general. Se requiere el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

El plazo de presentación se abrió inicialmente entre el 12 de febrero de 2025 y el 11 de marzo de 2025 (veinte días hábiles desde su publicación en el BOIB). Con posterioridad, se ha otorgado un nuevo plazo desde el 3 de octubre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2025, también durante veinte días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en el BOIB.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes el decreto de embargo de compraventa de armas a Israel, como medida de presión ante el genocidio en Gaza que está perpetrando el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El texto, cuyo contenido íntegro reproducimos a continuación, también incluye una prohibición de importar productos originarios de los territorios palestinos ocupados.

El decreto establece la prohibición de comprar y vender armas a Israel. “Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”.

La prohibición de comprar o vender armas al Estado israelí ha entrado en vigor este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente decreto:

El Gobierno de Cantabria (PP) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que apruebe “cuanto antes” la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2026-2030 y la publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que nuevos proyectos empresariales e industriales interesados en instalarse en la comunidad autónoma lo hagan definitivamente.

Así lo ha reclamado este jueves el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, al ministerio que dirige Sara Aagesen, durante una jornada de presentación de un informe sobre la I+D+i en Cantabria.

Allí ha reivindicado que Cantabria está atrayendo proyectos, como por ejemplo el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', que supondrá una inversión de más de 3.600 millones de euros, la “inversión privada más grande de la historia de Cantabria” y que generará unos 1.500 puestos de trabajo: 350 directos y 1.100 indirectos y que ya ha sido declarado como proyecto empresarial estratégico.

Arasti ha asegurado que hay otros proyectos que no cita porque -según ha dicho- no puede, “no porque no existan”. Y es que, según ha indicado, “muchos” de ellos necesitan de la aprobación de dicha planificación por parte del Ministerio y su publicación en el BOE.

Y es que, según ha explicado, cuando una empresa se quiere instalar, necesita energía eléctrica y esta la proporciona, precisamente, esa planificación cuya publicación en el BOE ha reclamado al Ministerio.

“A un Gobierno hay que pedirle muchísimas cosas: que trabaje; que tenga éxito e incluso que tenga suerte pero creo que hay que pedirle una cosa: que gobierne y se gobierna a través del Boletín Oficial del Estado”, ha aseverado.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, considera “insuficiente” la financiación ofrecida por el Gobierno de la nación para atender “en condiciones dignas” a los menores migrantes que deberá acoger la comunidad autónoma procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno de España aprobase un Real Decreto en el que se indica que Castilla-La Mancha tiene capacidad para acoger a 692 niños y niñas menores no acompañados. Este miércoles se ha publicado en el BOE y permitirá iniciar las derivaciones a las distintas comunidades autónomas.

Hoy la portavoz ha recordado que la distribución que se aprobó en julio - a la región llegarían 320 menores migrantes, con una financiación de cuatro millones de euros- ya fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Castilla-La Mancha. Y es que, sostiene que el modelo de acogida de la comunidad autónoma “responde a unas condiciones de dignidad que no pueden cumplirse con los modelos de masificación”.

Ha explicado que se ha vuelto a pedir “financiación suficiente” para poder dar respuesta a esa acogida en condiciones “dignas y humanitarias” en línea con el compromiso de solidaridad de Castilla-La Mancha.

Canarias pide la contingencia migratoria: Castilla-La Mancha ofreció diez plazas

El pasado 15 de agosto la Consejería de Bienestar Social trasladó al Gobierno de Canarias la disponibilidad de 10 plazas libres para acoger a niños y niñas, “y se hizo de manera voluntaria en cuanto se detectó que había plazas suficientes”, según ha dado a conocer hoy la consejera portavoz.

Precisamente hoy Canarias ha solicitado, como ya anunciase ayer, la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida.

El objetivo es que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados --las islas tienen unos 5.200-- en virtud al decreto ley aprobado este martes. El presidente canario Fernando Clavijo comentado que “ya no hay excusas”, según recoge Europa Press, para iniciar el proceso y se ha mostrado “convencido” de que la Fiscalía intervendrá “de oficio” para garantizar su cumplimiento.

En este contexto, desde Castilla-La Mancha, la consejera portavoz Esther Padilla ha recalcado que “si se materializa el traer ese volumen de niños y niñas, y de una manera abrupta, será imposible atenderlos en las condiciones en que la propia ministra Pilar Alegría dijo que habría que hacerlo”, y se ha mostrado convencida de que este posicionamiento es compartido por el conjunto del Gobierno de la nación, “ya que el Ministerio de Seguridad Social dijo que, dentro de la capacidad que tiene en sus centros, no podía acoger a los 1.000 menores previstos”.

“Esos menores necesitan de acompañamiento permanente de profesionales y de dotación para infraestructuras, lo que supone un coste que está muy encima de la cantidad de 100 millones de euros aprobada por el Gobierno, y supone además un descenso importante de la financiación por plaza que se venía recibiendo hasta ahora”, ha concluido.

Ha transcurrido más de un año y seguimos igual: en el BOE no se publican las leyes en euskera. En cambio, en el BOE se publican en catalán no sólo las leyes definitivamente aprobadas por el Congreso de los Diputados, sino también otras normas importantes, gracias al convenio suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Sabemos que publicar algo en euskara en el Boletín Oficial de la República francesa (Journal officiel de la République française) será más difícil, pero es igualmente necesario.

Debemos recordar que la posibilidad de publicar en versión auténtica en euskera los textos legales que definitivamente aprueba el Congreso de los Diputados español se recogió en la modificación del Reglamento de la Cámara. En este sentido, el Congreso de los Diputados y Euskaltzaindia firmaron un convenio el 3 de diciembre de 2024, si bien el Boletín Oficial de las Cortes Generales y el BOE siguen sin publicar los textos legales en euskera. Euskaltzaindia nos ha respondido que se están definiendo el sistema de recepción de textos y el proceso de tramitación de las traducciones, pero, entre tanto, los y las euskaldunes debemos seguir leyendo los textos en castellano.

En nuestro caso, el 11 de octubre de 2011 el Gobierno Vasco firmó un convenio similar al firmado por las autoridades catalanas, pero una vez finalizada su vigencia no se ha firmado ninguno nuevo y no se ha dado paso a la publicación en euskera de las normas que nos afectan (al menos a quienes vivimos en Hego Euskal Herria). Más llamativo aún, ¿por qué las leyes que aprueban el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra, aunque estén redactadas también en euskera, las publican exclusivamente en castellano en el BOE?

En AET no podemos mirar para otro lado y seguiremos presionando hasta conseguir que todas las leyes se publiquen también en euskera. Si lo han conseguido en Catalunya, ¿por qué los y las euskaldunes no?

El mes de junio de 2025 encara su recta final con varias convocatorias de oposiciones aún abiertas en el ámbito de la Administración General del Estado. Se trata de procesos selectivos destinados a cubrir plazas de personal funcionario en distintos cuerpos, con distintos niveles de titulación exigida, desde Educación Secundaria Obligatoria hasta titulaciones superiores.

Estas oposiciones recogen un número significativo de plazas, todas con un mínimo de 50 vacantes, y contemplan reservas específicas para personas con discapacidad general e intelectual. Entre los puestos ofertados figuran tanto perfiles administrativos como auxiliares y cuerpos especializados en gestión. Todas las convocatorias permiten el acceso por turno libre, y la mayoría se ajustan a un proceso selectivo por oposición o concurso-oposición, según el cuerpo y la categoría.

La solicitud debe presentarse exclusivamente de forma electrónica a través del portal oficial de la Administración General del Estado. Es imprescindible disponer de identificación digital Cl@ve o certificado electrónico, abonar la tasa correspondiente, salvo exenciones legalmente previstas, y asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos en cada proceso.

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

La Consejería de la Presidencia ha convocado un total de 60 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, mediante acceso libre. De estas plazas, 55 son de acceso general y 5 están reservadas para personas con discapacidad general, sin reserva para discapacidad intelectual.

La convocatoria está dirigida a quienes posean el título de Ingeniero Técnico Forestal o cualquier otro que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según las directivas comunitarias. Las plazas corresponden al ámbito territorial de Castilla y León.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de julio de 2025. Esta es una oportunidad destacada para quienes buscan empleo público técnico especializado en el área forestal.

Para más información, visita la página oficial de la convocatoria.

Oposición Técnico de Gestión

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana convoca 60 plazas para el cuerpo de Gestión, con 55 plazas de acceso libre, 4 para personas con discapacidad general y 1 para discapacidad intelectual. No hay plazas para acceso interno.

La convocatoria es para toda la Comunidad Valenciana y requiere tener grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. El plazo para presentar solicitudes es del 17 al 30 de junio de 2025. Las pruebas son por oposición.

Para más información, visita el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Oposición Administrativo

El Ayuntamiento de Bilbao convoca 76 plazas para Administrativo, de las cuales 72 son de acceso libre y 4 reservadas para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno. De estas, 30 plazas requieren perfil lingüístico 2 de euskera, y 3 plazas con discapacidad también requieren este perfil.

La convocatoria es para la provincia de Bizkaia y exige titulación de bachiller o técnico. El plazo para presentar solicitudes es del 12 de junio al 9 de julio de 2025. Las pruebas son por oposición.

Para más detalles, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Subescala de Secretaría, Categoría de Entrada

Se convocan 102 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de las cuales 92 son de acceso libre y 10 para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno.

El ámbito geográfico es nacional y se requiere estar en posesión de título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo para presentar solicitudes es del 5 de junio al 2 de julio de 2025. Las pruebas son por oposición.

Para más detalles, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Subescala de Secretaría-Intervención

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado 584 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de las cuales 526 son de acceso libre y 58 para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno.

El ámbito geográfico es nacional y se requiere título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo para presentar solicitudes es desde el 5 de junio hasta el 2 de julio de 2025. Las pruebas se realizarán mediante oposición.

Para más información, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Subescala de Intervención-Tesorería

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado 315 plazas para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de las cuales 284 son de acceso libre y 31 para personas con discapacidad general. No hay plazas para acceso interno.

El ámbito geográfico es nacional y se requiere título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. El plazo para presentar solicitudes es desde el 5 de junio hasta el 2 de julio de 2025. Las pruebas se realizarán mediante oposición.

Para más información, consulta el Boletín Oficial del Estado.

Cuando se adquiere un coche de segunda mano a un particular —es decir, no a un concesionario—, el comprador está obligado a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este tributo, aunque es de carácter estatal, está cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que su gestión, cuantía y exenciones varían según el lugar de residencia del comprador.

Qué grava el ITP y quién debe pagarlo

El ITP grava la transmisión de bienes entre particulares. En el caso de los coches, recae exclusivamente sobre el comprador. No se paga este impuesto si el vehículo se adquiere a un profesional o empresa, en cuyo caso se aplica el IVA. Tampoco en operaciones como herencias, donaciones o algunas transmisiones entre familiares, aunque en estos casos pueden intervenir otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones.

Cada comunidad tiene sus propias normas

El tipo impositivo varía entre el 4% y el 8%, según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid, País Vasco, Aragón, Navarra o Murcia se aplica un 4%, mientras que en Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León puede alcanzar el 8 %, aunque algunas aplican tipos reducidos para vehículos con baja potencia fiscal. En otras regiones, como Cataluña, no se paga si el coche tiene más de 10 años y su valor no supera los 40.000 euros.

Cómo se calcula

El cálculo del ITP se basa en el valor fiscal del coche, que publica el Ministerio de Hacienda cada año en el Boletín Oficial del Estado. A ese valor se le aplica un coeficiente reductor en función de la antigüedad del vehículo, que puede llegar al 90 % si el coche tiene más de 12 años. Tras esa reducción, se aplica el tipo impositivo autonómico correspondiente.

Para ilustrar cómo se aplica este tributo: un coche valorado en 14.100 euros según tablas oficiales, con más de doce años, podría tener una base imponible de solo 1.410 euros tras aplicar una reducción del 90%. Si se adquiere en Madrid, donde el tipo es del 4%, el impuesto a pagar sería de 56,40 euros. La cantidad final puede variar notablemente según la comunidad y las características del coche.

Qué documentación se necesita

Para pagar el ITP es necesario contar con el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo y el contrato de compraventa. También hay que presentar el modelo 620 (si el trámite es presencial) o el modelo 621 (si se hace online). Algunas comunidades permiten realizar todo el proceso por vía telemática con certificado digital, mientras que otras requieren cita previa en oficinas liquidadoras.

Existen excepciones en las que el ITP no se aplica. No se paga si el coche se compra a un profesional, si se recibe por herencia o donación, o en ciertos casos entre familiares. Además, algunas comunidades ofrecen exenciones o bonificaciones a personas con movilidad reducida o para determinados tipos de vehículos. Es fundamental revisar las condiciones específicas de la comunidad donde se va a realizar la transferencia.

“Recuerdo perfectamente el primer recorte, lo publicaron en el BOE poco antes de Navidad. Me había tomado unos días de vacaciones y de repente empezaron todos a llamarme; la gente venía a la oficina de la cooperativa llorando, estaba asfixiada económicamente y venía a desahogarse. Fue muy duro, yo les había invitado a montarse al barco y ese barco se hundía. Pero es que estábamos todos en el mismo barco”. En esa misma oficina de la planta solar La Jeresa, en Lorca (Murcia), Dioni Ruiz –52 años, auxiliar administrativa– rememora el tijeretazo a las ayudas económicas a la producción de energía solar fotovoltaica que ella y otros 417 socios de la cooperativa recibieron hasta 2010 por su inversión en una planta de cuatro megavatios de potencia instalada.

Como Dioni hay muchos más. Son los pioneros abandonados de la fotovoltaica. Más de 62.000 familias invirtieron sus ahorros, entre 2007 y 2008, para impulsar la incipiente producción solar del país, alentados por una campaña gubernamental que garantizaba un retorno de la inversión a los diez años. Pero llegó la crisis económica y una batería de medidas que culminó con la reforma eléctrica de 2013 y supuso un recorte retroactivo del 30% de sus ingresos, ahogando a estos pequeños inversores, en su mayoría agricultores y ganaderos. La justicia española consideró legales aquellos recortes, pero los tribunales internacionales, a los que acudieron los fondos de inversión extranjeros, hoy están dando la razón a los demandantes. Los pequeños productores españoles reclaman igualdad de trato.

En total, la asociación Anpier, que pelea por los derechos de los afectados y denuncia “una estafa de Estado”, calcula que la inversión media por persona rondó los 300.000 euros. Muchas familias tuvieron que refinanciar avalando los nuevos préstamos con sus bienes personales, principalmente sus casas, con créditos de hasta 20 años. En torno al 20% se vio obligado a malvender su instalación fotovoltaica al no poder asumir los gastos. En Lorca, el sindicato de agricultores COAG lideró el proyecto Huerta Solar de La Jeresa, una cooperativa social de 418 socios en la que cada uno es propietario de una instalación de 10kW. El parque, con una potencia total de 4MW, echó a andar en 2008. Funciona con una cuota que cubre el mantenimiento de las instalaciones. Cuando uno de los seguidores se estropea, la cooperativa asume el coste de la reparación e ingresa al propietario el importe que deja de percibir mientras no está en funcionamiento.

Dioni Ruiz, administrativa de 52 años, optó por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. "Accedieron porque vieron si no tendrían que embargarnos a todos

Dioni Ruiz trabajaba en COAG cuando se lanzó el proyecto y fue la encargada de explicárselo a los socios y animarles a apuntarse. Cuando vinieron los recortes, fue también la primera a la que se dirigieron en busca de una explicación. Al igual que la mayoría de los socios, Ruiz invirtió los 79.000 euros más IVA que costaba cada instalación gracias a un préstamo financiado al 100%. El cálculo era pagar los 840 euros mensuales de la letra del préstamo con los ingresos de la planta y amortizar la inversión a los diez años. Cuando llegaron los primeros recortes se acababa de meter en una hipoteca.

Su marido, pintor en el sector de la construcción, se había quedado en paro por la crisis. Tuvieron que mudarse una temporada a casa de la madre de ella para recortar todo lo que fuera posible. Al final, optaron por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. “Estuvimos negociando con el banco mucho tiempo, primero a nivel personal y luego de forma colectiva con la cooperativa. Fueron años muy difíciles. Finalmente, accedieron porque vieron si no, tendrían que embargarnos a todos”, resume.

“Fue una época criminal”, confirma Juan Francisco Torroglosa, ingeniero de 45 años y encargado del mantenimiento de La Jeresa. Él tenía 27 años y estaba a punto de casarse cuando entró en el proyecto alentado por su conciencia ambiental y el respaldo legal de la inversión. “Me veía al poco tiempo con una hipoteca. Trabajaba entonces en la obra, hubo la crisis inmobiliaria y se me juntó todo. Fue un drama. De todo se sale, pero hay que pasarlo”, dice ahora Torroglosa. No olvida aquellos años de hacer malabarismo con las tarjetas de crédito y de cubrir un préstamo con otro. “Estábamos en modo economía de guerra, no gastar nada de nada que no fuera pagar esto”, resume por su parte Jaume Pedrós, agricultor de 63 años. Él y su mujer invirtieron casi 500.000 euros en un parque solar en Lérida, que agrupa las instalaciones de 12 familias de la zona. Aportaron el 20% y el banco el 80%. Hicieron lo imposible por evitar refinanciar porque suponía disparar los intereses del préstamo. “Aguantamos como pudimos”, recuerda.

Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra. Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora

Ángel Lario, de 68 años, agricultor jubilado de Murcia, invirtió con la intención de completar su jubilación. “El primer recorte equivalía a estar tres meses sin cobrar. Y pensamos, bueno, hay que apechugar con la crisis, es temporal. Pero siguieron más y más recortes… hasta que no podíamos aguantar la situación”, relata. Lario tuvo que vender un terreno para poder refinanciar el préstamo.

Joaquín García Belmonte, técnico de riego agrícola, 36 años, entró en el proyecto en familia, junto a sus padres, su hermano y su hermana. “Mi padre nos trajo la idea y a todos nos pareció bien. Pensamos: es una inversión de futuro, vamos allá”, recuerda García Belmonte, que entonces tenía 20 años. Cuando llegaron los tiempos malos, su padre, ahora fallecido a consecuencia de un cáncer, fue de los primeros que se movilizaron en defensa de los intereses de los productores, acudiendo a todas las reuniones de la cooperativa y participando en las manifestaciones organizadas por Anpier por todo el país. “Ahora nos encontramos en una situación en la que el promotor del proyecto falleció y no llegará a ver rentabilizada su inversión”, lamenta.

En el caso de Huertas Teruel, se embarcaron en la aventura siete miembros de su familia: sus padres, su hermana, su hermano y su cuñada y su marido y ella. “Mis padres eran agricultores, mi hermano tenía una inmobiliaria, mi cuñada era esteticista. Teníamos situaciones muy diferentes, pero todos lo pasamos mal. Y no nos podíamos ayudar los unos a los otros porque estábamos todos igual”, recuerda esta autónoma de 49 años.

Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras", recuerda Francisco Fernández Lindón

Cuando invirtió, ella tenía una niña de dos años y estaba embarazada de la segunda. Trabajaba con su marido en un comercio de cerrajería. Como muchas parejas jóvenes, pensaron que les ayudaría a pagar la universidad de sus hijas.

Teruel y su marido lograron esquivar la refinanciación a base de muchas horas extras de trabajo y de privaciones. “En el banco nos conocían y también nos permitieron mantenernos a descubierto un tiempo, y poco a poco íbamos metiendo dinero cuando lo conseguíamos. Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra”, relata. “Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora”.

Cargar con la culpa

A la pesadilla económica se sumó la campaña de culpabilización a la que les sometieron los poderes públicos. “Lo primero que hicieron y que nos dolió mucho fue criminalizarnos; dijeron que teníamos la culpa del precio de la luz. Cuando le contabas a la gente que no llegabas a fin de mes, te decían que tenías la culpa por haber querido enriquecerte a su costa”, asegura. “Cuando veo a mis padres, que eran agricultores y además regentaban un bar, que no han hecho más que trabajar en su vida para que nosotros pudiéramos estudiar, me da mucha rabia”, dice.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, explica que se culpó a las primas a las renovables de contribuir al déficit tarifario eléctrico, cuando este fue consecuencia de la limitación de la subida de la luz aprobada en 2002. En el año 2008 arrastraba ya una deuda acumulada de 17.157 millones de euros, sin intereses. El principal problema, asegura, fue la falta de previsión del Gobierno ante la drástica caída en el mercado mundial de los precios de los paneles solares a finales de 2007, que alentó la entrada de grandes empresas y fondos de inversión en muy poco tiempo. Para finales de 2008, se habían construido ya 3.200 MW, más de ocho veces el objetivo inicial fijado para 2010.

“Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras”, recuerda Francisco Fernández Lidón, profesor de secundaria ahora jubilado, de 72 años. “Lo indignante es que después de nosotros se metieron de lleno los fondos de inversión. Hemos ido reclamando lo nuestro hasta el Supremo y no nos han dado la razón. Los fondos han reclamado y el Gobierno sí tiene que pagarles”, se indigna Torroglosa.

En 2016, el Tribunal Supremo español dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Los fondos internacionales, por su parte, han recurrido a la justicia internacional, en su mayoría a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, al que estaba adherido España. En total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han abierto 51 arbitrajes: 39 se han resuelto ya –diez de ellos a favor de España y tres condenas anuladas–, diez quedan pendientes de sentencia–una de las demandas anuladas ha vuelto a presentarse– y tres demandantes han desistido.

El Gobierno apuesta por agotar todas las vías legales y asegura que ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar. De momento, ha logrado reducir en un 85% la cuantía de las indemnizaciones, de los 10.635 millones de euros reclamados a los 1.476 millones actualmente reconocidos. Otros 1.447 millones están pendientes de resolución.

En 2016, el Tribunal Supremo dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Transición Ecológica recuerda también que “para incentivar la confianza de todos los inversores, nacionales o extranjeros” adoptó en 2019 el Real Decreto-ley 17/2019 que garantiza a las plantas afectadas una rentabilidad razonable del 7,39% hasta el año 2031. Con ello evitó una nueva reducción de la tasa prevista a partir de 2020, que hubiera supuesto una caída al 4,5%. Para acogerse a esta medida, los inversores extranjeros con demandas en cortes de arbitraje debían renunciar a ellas. El Ministerio considera que para 2032 las instalaciones afectadas por los recortes, en su inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán “sobradamente amortizadas”.

Para los afectados, aquella medida fue un alivio que evitó un recorte adicional, pero en ningún caso repara el daño ocasionado. El presidente de la asociación Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, espera que el cambio de la titular de Transición Ecológica permita reanudar las conversaciones con el Gobierno para encontrar “una solución pactada y consensuada que ponga fin a este drama”. De momento, una primera medida que propone es ampliar unos cinco años la vida útil retribuida de las instalaciones.

A pesar de las desilusiones, casi dos décadas después, Jaume Pedrós piensa que la inversión en sí fue buena porque era de futuro. “Sigo creyendo en las renovables. El problema es que no creo en los políticos”, asegura. “Cuando empezamos teníamos en mente ampliar con el tiempo las instalaciones, pero claro, se te quitan las ganas de invertir en este país. Es una pena”, concluye.

“Yo, con recuperar la inversión me conformo. Me consuelo pensando en que al menos algo he participado en la reducción de las emisiones de CO₂ ”, dice resignada Dioni Ruiz, esbozando una sonrisa. “Pero lo que más pena me da es toda la gente que se ha quedado por el camino, los que han tenido que vender porque no podían asumir los gastos y también los que han luchado por este proyecto y han fallecido antes de verlo rentable”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una amplia oferta de empleo público que abre la puerta a miles de aspirantes que desean acceder a la función pública en distintas áreas. Las convocatorias incluyen plazas para docentes, personal sanitario y especialistas en diferentes disciplinas, con plazos de inscripción abiertos hasta el mes de abril. Estas oportunidades abarcan tanto el ámbito estatal como el autonómico, ofreciendo estabilidad y proyección profesional en sectores estratégicos.

Las oposiciones anunciadas reflejan la apuesta por reforzar sectores clave como la educación y la sanidad, con especial atención a comunidades como Andalucía, Baleares, el País Vasco y Madrid. La oferta incluye más de 1.500 plazas para médicos de familia, más de 3.000 vacantes para profesores de enseñanza secundaria en distintas comunidades y más de 1.300 plazas para facultativos especialistas de área.

A ello se suman procesos selectivos para juristas lingüistas en el ámbito internacional. Los interesados deberán revisar los requisitos específicos de cada convocatoria y formalizar su inscripción dentro de los plazos establecidos.

Profesores de Enseñanza Secundaria en Baleares

La comunidad autónoma de Baleares ha convocado 567 plazas. De ellas, 351 son para profesores de enseñanza secundaria, de las cuales 300 corresponden al turno libre, 23 están reservadas para personas con discapacidad y 28 para promoción interna. Además, 150 plazas son para maestros, 45 para profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, ocho para profesores de artes plásticas y diseño, diez para profesores de música y artes escénicas y tres para profesores de escuelas oficiales de idiomas.

Los aspirantes deberán poseer el título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto, o bien el título de grado correspondiente o equivalente a efectos de docencia. Las condiciones y requisitos de participación deben cumplirse a 27 de marzo de 2025, fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Médicos de Familia de Atención Primaria en Andalucía

En el ámbito sanitario, Andalucía ha convocado 1.547 plazas para médicos de familia de atención primaria. De estas, 1.392 se destinan al turno libre y 155 al cupo de discapacidad. Para optar a estas plazas, los candidatos deberán contar con el título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o acreditar cualquiera de los títulos, certificados o diplomas recogidos en el Real Decreto 853/1993. El plazo de inscripción es hasta el 31 de marzo de 2025.

Pediatras de Atención Primaria en Andalucía

También en Andalucía se han publicado 330 plazas para pediatras de atención primaria, de las cuales 297 son de acceso libre y 33 están reservadas para personas con discapacidad. Para acceder a estas vacantes es imprescindible estar en posesión del título de Médico Especialista en Pediatría. El plazo de inscripción es hasta el 28 de marzo de 2025.

Facultativos Especialistas de Área en Andalucía

El Servicio Andaluz de Salud ha lanzado una oferta de 1.333 plazas para facultativos especialistas de área en diversas especialidades médicas. De estas, 1.214 son de acceso libre y 119 están destinadas a personas con discapacidad. Los aspirantes deberán contar con el título de especialista en la especialidad a la que se presentan. Entre las áreas ofertadas se encuentran alergología, cirugía general y del aparato digestivo, dermatología, neurología, oncología, oftalmología, psiquiatría y urología, entre otras. El plazo de inscripción es hasta el 28 de marzo de 2025.

Profesores de Enseñanza Secundaria en el País Vasco

El Gobierno Vasco ha convocado 1.268 plazas para profesores de enseñanza secundaria. El reparto de vacantes incluye 545 de acceso libre, 89 reservadas para personas con discapacidad y 634 destinadas a promoción interna. Los candidatos deberán acreditar el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o grado, así como titulaciones equivalentes a efectos de docencia. Las especialidades convocadas están detalladas en el Anexo VII de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes termina el 3 de abril de 2025.

Juristas Lingüistas en Organismos Internacionales

La Unión Europea ha abierto un proceso selectivo para 208 plazas de juristas lingüistas en distintas lenguas. La convocatoria EPSO/AD/423/25 ofrece oportunidades en danés (25 plazas), alemán (25), inglés (33), estonio (25), croata (25), neerlandés (25), rumano (25) y esloveno (25). Los candidatos deberán cumplir con los requisitos académicos específicos detallados en la convocatoria oficial. El plazo para presentar candidaturas concluye el 10 de abril de 2025.

Profesores de Enseñanza Secundaria en Madrid

La Comunidad de Madrid ha convocado 1.877 plazas para profesores de enseñanza secundaria en sectores singulares de formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño, así como maestros de taller de artes plásticas y diseño. Del total, 1.584 son de acceso libre, 153 están destinadas a personas con discapacidad y 140 corresponden a promoción interna. Los aspirantes deberán contar con una titulación universitaria habilitante para la docencia. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 11 de abril de 2025.

La Administración pública andaluza ha abierto nuevas convocatorias para cubrir miles de plazas en diversos sectores. Estos procesos de selección representan una excelente oportunidad para aquellos interesados en acceder a un empleo público, al tiempo que contribuyen a la mejora de los servicios públicos en la comunidad autónoma de Andalucía.

Con un amplio abanico de categorías profesionales, que van desde la enseñanza hasta el sector sanitario, Andalucía ofrece plazas distribuidas en diferentes especialidades, con un plazo de inscripción que se extiende hasta mediados de marzo.

En un contexto de creciente demanda de profesionales en ámbitos como la educación, la sanidad y la investigación, la apertura de estas plazas ha generado una alta expectación entre los opositores. Desde los docentes hasta los técnicos de atención sanitaria, las convocatorias están abiertas a todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

Con el plazo de inscripción aún disponible, los aspirantes se pueden organizar para las pruebas de selección que determinarán quiénes accederán a estos puestos. A continuación, se detallan algunas de las convocatorias más relevantes en Andalucía, con un desglose de plazas disponibles en cada una.

Convocatoria para maestros

La convocatoria para el cuerpo de maestros es una de las más destacadas, con un total de 4.401 plazas, de las cuales 3.951 son de acceso libre y 450 están reservadas para personas con discapacidad. Las especialidades disponibles son diversas y cubren una amplia gama de áreas pedagógicas, lo que permite a los aspirantes elegir la que más se ajuste a su perfil profesional.

Entre las especialidades ofertadas se encuentran Educación Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Primaria.

Los aspirantes deberán cumplir con uno de los siguientes requisitos de titulación para poder presentarse:

El plazo de inscripción es hasta el 19 de marzo de este año.

Convocatoria para profesores de Enseñanza Secundaria

Otra de las convocatorias más relevantes es la de los profesores de Enseñanza Secundaria, con un total de 3.276 plazas convocadas. De estas, 2.916 son plazas de acceso libre, mientras que 360 están reservadas para personas con discapacidad.

La convocatoria abarca una amplia variedad de especialidades, como Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Geología, Inglés, Economía, Informática, Construcciones Civiles y Edificación, así como diversas áreas técnicas como Organización y Mantenimiento de Vehículos, Sistemas Energéticos, y Producción Agraria, entre otras.

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de titulación para poder participar en el proceso de selección:

El período de inscripción termina el próximo 19 de marzo.

Convocatoria para técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería

El sector sanitario también ha sido protagonista de la última convocatoria de oposiciones en Andalucía, con 3.049 plazas convocadas para el puesto de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. De estas plazas, 2.744 son de acceso libre y 305 están destinadas a personas con discapacidad.

Los requisitos para acceder a estas plazas son los siguientes:

El plazo de inscripción es hasta el 18 de marzo de este año.

Convocatoria para técnicos especialistas en Radiodiagnóstico

En el ámbito sanitario, también se han convocado 296 plazas para técnico/a especialista en Radiodiagnóstico, de las cuales, 266 son de acceso libre y 30 están reservadas para personas con discapacidad.

Los requisitos de titulación necesarios para acceder a estas plazas son los siguientes:

El período de inscripción termina el próximo 18 de marzo.

Convocatoria para técnicos especialistas en Laboratorio

Finalmente, la convocatoria para técnico/a especialista en Laboratorio cuenta con 268 plazas disponibles. De estas plazas, 242 son de acceso libre y 26 están destinadas a personas con discapacidad.

Los requisitos de titulación son los siguientes:

El plazo de inscripción es hasta el 18 de marzo de este año. 

Balears s'ha compromès a crear un canal extern de denúncies després de la supressió fa un any, en virtut de la llei autonòmica que regula la declaració de patrimoni i activitats dels càrrecs públics, de la Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dijous l'acord de la Comissió Bilateral Estat-Balears que resol discrepàncies sorgides sobre aquesta qüestió, segons el qual la Comunitat Autònoma es compromet a canviar la llei de transparència i establir un mecanisme de control extern.

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques valora ara si aquest canal de denúncies extern serà de nova creació o es farà via conveni amb l'Estat perquè sigui l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, figura prevista a la llei estatal, la que reculli les denúncies dels ciutadans de les Illes. Aquest organisme, però, està pendent de creació.

El compromís de la creació del canal extern de denúncies ja va ser avançat aquest dimecres per la consellera del ram, Antònia Estarellas, en una comissió parlamentària, després de les crítiques de l'oposició respecte a la liquidació de l'OAIB.

“Hi ha moltes maneres de fer-ho. Una, com ho van fer vostès i sense cobertura legal”, va dir la consellera, recordant que no hi havia cap disposició normativa que atribuís a l'extinta oficina la categoria de canal extern denúncies. “El Govern mai no va denominar l'oficina canal extern”, va insistir.

Altres acords a la Bilateral

El BOE ha publicat, a més, altres acords aconseguits a la bilateral referits a discrepàncies plantejades en relació amb el decret d'activitat sanitària del març del 2024, sobre diversos aspectes de la llei de simplificació administrativa i la llei d'emergència habitacional.

En concret, el Govern dóna el vistiplau a la legalització d'habitatges en rústic, encara que amb la condició que aquesta figura no s'estengui a sòl urbà o urbanitzable.

En matèria d'habitatge, després de l'acord assolit a la bilateral, el Govern central no frenarà les mesures encaminades a crear habitatges a preu limitat, els canvis d'usos, les divisions d'habitatges grans en petits, el creixement en alçada o la reconversió de locals en habitatges.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha celebrat els acords i ha recordat que l'Executiu no qüestionava les mesures en si sinó l'instrument emprat, la llei, i no els canvis als plantejaments municipals.

Llavors s'ha aclarit que són els municipis els que tenen la possibilitat d'acollir-se a alguna de les mesures, acollir-se a totes o rebutjar-les. “L'autonomia municipal estava intacta i ha quedat clar que la mesura entra dins de les vies”, ha conclòs.

Balears se ha comprometido a crear un canal externo de denuncias tras la supresión hace un año, en virtud de la ley autonómica que regula la declaración de patrimonio y de actividades de los cargos públicos, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-Balears que resuelve discrepancias surgidas en torno a esta cuestión y, según el cual, la Comunidad Autónoma se compromete a cambiar la ley de transparencia y establecer un mecanismo de control externo.

La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas valora ahora si este canal de denuncias externo será de nueva creación o se hará vía convenio con el Estado para que sea la Autoridad Independiente de Protección del Informante, figura prevista en la ley estatal, la que recoja las denuncias de los ciudadanos de las Islas. Este organismo, sin embargo, está pendiente de creación.

El compromiso de la creación del canal externo de denuncias ya fue adelantado este miércoles por la consellera del ramo, Antònia Estarellas, en una comisión parlamentaria, tras las críticas de la oposición respecto a la liquidación de la OAIB.

“Hay muchas formas de hacerlo. Una, como lo hicieron ustedes y sin cobertura legal”, dijo la consellera, recordando que no había ninguna disposición normativa que atribuyera a la extinta oficina la categoría de canal externo denuncias. “El Govern nunca denominó a la oficina canal externo”, insistió.

Otros acuerdos en la Bilateral

El BOE ha publicado, además, otros acuerdos alcanzados en la bilateral referidos a discrepancias planteadas en relación al decreto de actividad sanitaria de marzo de 2024, sobre varios aspectos de la ley de simplificación administrativa y la ley de emergencia habitacional.

En concreto, el Gobierno da el visto bueno a la legalización de viviendas en rústico, aunque con la condición de que esta figura no se extienda a suelo urbano o urbanizable.

En materia de vivienda, tras el acuerdo alcanzado en la bilateral, el Gobierno central no frenará las medidas encaminadas a crear viviendas a precio limitado, los cambios de usos, las divisiones de viviendas grandes en pequeñas, el crecimiento en altura o la reconversión de locales en viviendas.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha celebrado los acuerdos y ha recordado que el Ejecutivo no cuestionaba las medidas en sí sino el instrumento empleado, la ley, y no los cambios en los planteamientos municipales.

Se ha aclarado entonces que son los municipios los que tienen la posibilidad de acogerse a alguna de las medidas, acogerse a todas o rechazarlas. “La autonomía municipal permanecía intacta y ha quedado claro que la medida entra dentro de los cauces”, ha concluido.