El autoritarismo empieza a supurar en las sociedades democráticas cuando los ciudadanos perciben que el relato de convivencia y progreso no se compadece con su realidad vital, según la tesis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado ante la quincena de mandatarios internacionales que acudieron a Barcelona para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia. “Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad. Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio”, ha advertido Sánchez.

Sentado ante la quincena de dirigentes internacionales que acudieron —entre ellos los de Brasil, México, Colombia y Sudáfrica—, Sánchez empezó su discurso evocando la imagen del vecino que ve un incidente en la calle y decide bajar a la calle a intervenir, en lugar de quedarse mirando por la ventana. “La preocupación hace observar, la responsabilidad hace actuar”, ha apuntado.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha indicado Sánchez, que ha advertido de que el gran riesgo de las sociedades modernas es que “la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera”.

Para poner coto a la situación y responder al empuje de la internacional ultraderechista, los líderes reunidos quieren dar estabilidad al formato tras una reunión en la que se debatió en torno a tres ejes principales: el multilateralismo, la gobernanza digital y la lucha contra la desigualdad, elementos necesarios para resistir al arreón ultra. “La respuesta no puede ser meramente defensiva”, ha defendido Sánchez. “Tenemos que demostrar que se fortalece día a día”, ha insistido.

Multilateralismo frente a la ley de la selva

“Sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Solo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI”, ha señalado Sánchez, que ha vuelto a insistir en su propuesta de que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer.

Otra de las ideas compartidas es acabar con la mentira descarnada en redes sociales, que España ya trata de regular con las últimas reformas legales en marcha. “No podemos aceptar que la desinformación condicione nuestras sociedades y la conversación pública en nuestros países. Ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación y mensajes violentos, o que el poder tecnológico quede fuera del control democrático”, ha señalado.

La grieta del extremismo

“Además de injusta, la desigualdad no es compatible con democracias sanas y fuertes. Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad”, ha reflexionado el presidente. “Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio. Nuestra agenda democrática es también por la justicia social, la cohesión, la igualdad de oportunidades, la paticipación de jóvenes, la igualdad de género y por sociedades más inclusivas”, ha dicho.

Sánchez elogió, en ese sentido, iniciativas como la del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que en la reunión del G20 en su país del año pasado planteó un Panel internacional sobre Desigualdad, así como el Observatorio Multilateral de Juventudes contra el Extremismo que salió de la segunda de las reuniones con el formato de la actual.

“Lo que nos une es más que un diagnóstico, es una visión. Nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder a demandas de nuestro tiempo [...] Debemos hacer frente al miedo con mas democracia y a la desigualdad con más justicia”, terminó.

En este escenario, el ejercicio del poder institucional exige algo más que presencia mediática o capacidad de impacto comunicativo. Requiere solvencia, responsabilidad y una comprensión clara del papel que corresponde a cada nivel de la administración.

Extremadura no es ajena a esta exigencia. Municipios con recursos limitados, sectores productivos sometidos a una presión creciente, retos demográficos estructurales y administraciones locales que reclaman coordinación configuran un panorama que no admite frivolidades. La ciudadanía no espera gestos simbólicos ni declaraciones efectistas; espera políticas sostenidas en el tiempo.

Conviene recordarlo: gobernar no equivale a vivir en una campaña permanente. Gobernar implica asumir costes políticos cuando es necesario y dotar de coherencia a la acción pública, incluso cuando esa tarea discurre lejos del foco mediático y carece de rédito inmediato. Por el contrario, si la política institucional se reduce a una sucesión de declaraciones, se resiente su legitimidad y se vacía de contenido la acción de gobierno.

La distancia entre responsabilidad institucional y política del gesto se hace visible cuando el debate público se desplaza de los problemas reales del territorio hacia controversias diseñadas para la confrontación, cuando se reemplaza la gestión por la escenificación y el interés general por la búsqueda de notoriedad.

En las últimas semanas, esta lógica se ha manifestado con claridad. En lugar de concentrar el esfuerzo político en los retos inmediatos de la comunidad —financiación autonómica, servicios públicos, desarrollo económico o cohesión territorial— se ha optado por introducir en la agenda regional enunciados de alcance estatal, sin utilidad práctica y basados en la descalificación. El resultado no es una mayor capacidad de respuesta, sino una confusión deliberada entre gobernar y representar.

Cuando una presidencia autonómica adopta una lógica de sobreactuación constante, el riesgo va más allá de la ineficacia coyuntural. Se pone en cuestión la propia función del autogobierno. La autonomía no se fortalece amplificando consignas nacionales ni compitiendo en el ruido político, sino ejerciendo con rigor las competencias disponibles y utilizando el poder institucional para mejorar el territorio.

Las comunidades autónomas no necesitan liderazgos teatrales ni gobiernos que confundan visibilidad con autoridad. Necesitan ejecutivos que planifiquen, dialoguen con los ayuntamientos y coordinen políticas públicas desde el conocimiento del territorio. La política útil suele ser discreta, constante y paciente, muy lejos de chisteras ridículas.

Extremadura necesita hoy decisiones firmes, presencia institucional real y una agenda propia. Necesita una política consciente de que el poder no es una puesta en escena, sino un compromiso con la realidad. Cuando la gestión se diluye en la frivolidad, no solo se erosiona la credibilidad del liderazgo: se debilita la confianza colectiva en la capacidad real de la política, que no es, ni más ni menos, que gobernar.

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Guadalajara ha sido reconocido con la Placa al Mérito Social en el Día de la Provincia 2025. El galardón fue entregado en el acto institucional celebrado finalmente, tras un primer aplazamiento debido al incendio en el Pico del Lobo, este pasado viernes, 17 de octubre, en la sede de la institución provincial.

El presidente de COSITAL Guadalajara, José Javier Ruiz Ochayta, fue el encargado de recoger la distinción, junto a Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha y vicepresidente del consejo estatal de COSITAL, y a Erika Calderari, vicepresidenta de COSITAL Guadalajara. Posteriormente, Ruiz Ochayta valoró el premio destacando su coincidencia con una efeméride muy especial. “Celebramos cien años desde la constitución de los colegios oficiales de secretarios en 1925. Este reconocimiento llega en un momento en el que queremos poner en valor tanto nuestra historia como el papel imprescindible que desempeñamos en el día a día de los ayuntamientos y diputaciones”, señaló.

Ruiz Ochayta recordó que la labor de los habilitados nacionales en las instituciones locales es “tan necesaria”, ya que supone velar por la legalidad de los acuerdos municipales y el buen uso de los fondos públicos, además de ejercer funciones que no desarrollan otros cuerpos funcionariales. “Somos una pieza clave porque estamos en todos los municipios, desde los más grandes hasta los más pequeños, incluso en los más alejados y con menor población. Allí también hay un secretario garantizando la legalidad y el buen funcionamiento administrativo”, apuntó.

El presidente provincial de COSITAL añadió que el galardón es “un motivo de orgullo para un colectivo que trabaja en un segundo plano. Como servidores públicos, que se reconozca nuestra labor diaria siempre es de agradecer, y más aún cuando el reconocimiento llega de una de las instituciones con las que trabajamos cada día, como es la Diputación Provincial”.

Recientemente, COSITAL Guadalajara organizó un acto conmemorativo del Centenario, que tenía lugar el pasado 10 de octubre en el auditorio del Centro San José de Guadalajara. La jornada contó con la asistencia de las principales autoridades provinciales, una ponencia sobre inteligencia artificial aplicada a la Administración local y un acto de confraternización, de manera que el“centenario fue también una mirada al futuro”, terminó Ruiz Ochayta.

La RAE ha respondido a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, después de que este criticara el jueves que la Real Academia Española no estuviera en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, “experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”. Ahora, la institución ha publicado un comunicado tras realizar un pleno en el que han deliberado sobre las declaraciones de García Montero.

“El pleno ha acordado por unanimidad manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE”, manifiesta la RAE. “Esta es una ocasión fundamental para la cultura y la lengua españolas, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes, que el director del Instituto Cervantes ha enturbiado con sus declaraciones”, agrega.

La Real Academia Española señala que “las declaraciones son especialmente lamentables al comenzar un Congreso que inaugurarán Su Majestad el Rey y la Excma. Sra. Presidenta del Perú, en el que, entre otras actividades, se va a recordar a Mario Vargas Llosa, uno de los académicos y escritores en español más relevantes del último siglo”. Además, indica que “el director de la RAE ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución: ”No solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país, con premios como el nacional de ensayo y el nacional de historia, además de incontables galardones de academias y universidades españolas y extranjeras“.

“Ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua la agresión a su director y presidente, que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones”, responde en su comunicado, destacando que “en el Congreso que va a comenzar en Arequipa se hará una presentación relevante de la renovación de los programas y obras académicas”.

“Las diferencias cualitativas entre el trabajo de tanto mérito de la RAE con cualquier otra institución que se ocupe del español y su cultura en el mundo son evidentes”, agrega la institución ante las declaraciones de García Montero a los medios de comunicación, sentenciando que “la RAE ha estado siempre muy satisfecha de sus excelentes relaciones históricas con el Instituto Cervantes y desea que se mantengan en el futuro”.

El reproche más extendido que se le hace al fiscal general del Estado, no sólo por parte de la derecha sino por una nutrida porción del progresismo, es el de no haber dimitido para “preservar” la institución de la Fiscalía antes de verse obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Siguiendo este razonamiento, el fiscal habría antepuesto su situación personal a la institución que encabeza, poniendo esta en riesgo de deslegitimación. En este sentido, García Ortiz habría mostrado un nulo respeto por la institución, puesto que su situación personal (el procesamiento al cual está sometido) cuestionaría la propia institución de la Fiscalía General del Estado. Preservar la institución requeriría, según este argumento, que el fiscal general renunciara a su cargo.

No es un argumento desdeñable. El respeto institucional es uno de los pilares de nuestro sistema democrático y ese respeto, se entiende, empieza en las personas que ocupan posiciones de relevancia en el entramado institucional del Estado. Atrincherarse en ellas cuando uno se enfrenta a un proceso judicial les hace un flaco favor a ojos de la ciudadanía. Hemos tenido varios ejemplos de ello a lo largo del medio siglo de singladura democrática, notablemente por parte de personas que han utilizado el aforamiento como parapeto en casos relacionados con la corrupción. De ahí que esta figura constitucional sea vista por una gran parte de la opinión pública como lo que no es (un privilegio) y no como lo que pretende ser: una defensa de la representación política frente a una posible utilización torticera de los mecanismos judiciales. No quisiera imaginar en lo que se convertiría la vida de algunos de nuestros parlamentarios si tuviesen que hacer frente a una catarata de procesos judiciales en cualquier audiencia provincial, instigados por cualquiera que pueda juntar cuatro recortes de digitales.

El caso contra el fiscal general, sin embargo, no encaja con el del acusado que se atrinchera detrás de su cargo, puesto que es precisamente su renuncia lo que persigue su procesamiento. El caso que nos ocupa no busca aclarar un posible delito, sino que ha sido (y sigue siendo) utilizado con un fin estrictamente político, que no es otro que conseguir la dimisión del fiscal general, como parte de una estrategia general para debilitar al Gobierno. Y no sólo eso. Parecería que el proceso es la manera en que el Supremo quiere hacerle pagar al Gobierno el mal trago que le ha supuesto la ley de amnistía. Y más aún, puesto que en el fondo el juicio al fiscal general sirve para mandar un mensaje cristalino al Gobierno y al sector progresista de la judicatura: el poder judicial nos pertenece y no vamos a dejar que ningún “sobrevenido” lo ponga en duda.

En este sentido, y a pesar de las buenas intenciones de aquellos que desde la izquierda consideran que el fiscal general debería dimitir para preservar la institución que encabeza, la posible dimisión de este allanaría el camino al objetivo último de la causa judicial en la que se ha visto envuelto: la renuncia del propio fiscal general.

Precisamente por ello, porque nos encontramos ante una causa formalmente judicial que busca un resultado estrictamente político y no la persecución de un delito, la negativa a dimitir por parte del fiscal general puede ser entendida como un intento de preservar la institucionalidad, una muestra de respeto institucional en el sentido de que pretende, manteniéndose en el cargo a pesar de estar a punto de sentarse en el banquillo, denunciar y poner en evidencia el atentado contra las instituciones que supone instruir un proceso judicial con el objetivo último de conseguir un fin que no tiene nada que ver con la justicia. Para ello, García Ortiz no sólo no debe dimitir, sino que debe seguir en su cargo hasta que el tribunal dicte sentencia, porque haciéndolo, sentándose en el banquillo de los acusados conservando su cargo, es como pone en evidencia la intencionalidad política de todo el proceso.

Si el fiscal general hubiese dimitido en algún momento a lo largo de la instrucción a nadie se le escapa que el proceso hubiese languidecido hasta evaporarse, posiblemente salvando al tribunal de la obligación de juzgar y sentenciar el caso. En cambio, obligándolo a ir hasta el final, García Ortiz pone al tribunal ante un dilema severo: validar una instrucción jurídicamente pobre y políticamente dirigida o salvaguardar la propia institución del Supremo. Aquello que se reprocha al fiscal general se le podrá reprochar al tribunal que lo juzgará. ¿O es que no se le debe exigir al tribunal un respeto escrupuloso a sí mismo y al papel que ejerce en el entramado institucional del Estado y que actúe de forma que preserve el buen nombre y el buen hacer de la institución que encarna? ¿Acaso llevar el caso hasta el final (y condenar si llegase el caso) no es una falta palmaria de respeto institucional?

A veces parecería que la apelación al respeto a las instituciones va por barrios y sólo se aplica a una parte. A la izquierda se le exige que se ciña escrupulosamente a los procedimientos, a riesgo de vaciar de legitimidad al Estado y sus instituciones. A la derecha, por el contrario, el respeto institucional se le supone automáticamente. Así, hay quien tiene bula y puede saltarse los procedimientos y retorcer la legalidad en beneficio propio sin que nadie le reproche que, con ello, ponga en riesgo las instituciones. Lo hemos visto con el bloqueo a la renovación del CGPJ con el único objetivo de preservar una determinada mayoría, o con el manejo partidista del mecanismo de recusación en el TC para evitar según qué tipo de sentencias, o con la utilización para usos privados de las fuerzas de seguridad del Estado, encargados de entorpecer precisamente la investigación judicial de la caja B del PP. Esto parece que no atenta contra las instituciones ni las deslegitima, no es ningún escándalo ni resquebraja la confianza en el Estado. La simple negativa del fiscal general a dimitir, en cambio, parece capaz de poner en duda todo el entramado institucional del Estado.

La alcaldesa de Carrascosa, Celia Gómez, del Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora, ha denunciado públicamente la parálisis administrativa y política que sufren desde hace meses su municipio y las localidades de Cueva del Hierro y Valsalobre, dependientes del mismo secretario municipal.

La situación comenzó el pasado 21 de julio, cuando la secretaria titular inició una baja laboral que aún se mantiene. Desde entonces, los tres ayuntamientos se encuentran “totalmente bloqueados”, en palabras de Gómez. “Un ayuntamiento sin secretario está muerto. No podemos convocar plenos, aprobar facturas, pagar a los trabajadores ni acceder a subvenciones. Es una vergüenza absoluta”, ha señalado.

La regidora critica además que no exista una bolsa de secretarios habilitados que pueda cubrir estas ausencias. “Es una impotencia total. Se están cerrando pueblos de facto porque nos impiden hacer cualquier trámite. Es una forma más de condenar a la Serranía y de dejar morir a nuestros municipios”, ha afirmado.

Gómez explica que en las últimas semanas se ha puesto en contacto con la Junta de Comunidades y otras administraciones para exigir una solución inmediata. Sin embargo, lamenta que solo se le permita presentar escritos por internet, sin ofrecer canales presenciales o directos, y que las instituciones “se pasen la pelota de unas a otras sin dar una respuesta real a la urgencia que viven los pueblos”.

Además, la alcaldesa ha recordado que a finales de septiembre se abrirá un proceso de estabilización de secretarios, pero ninguna solución real ha llegado a Carrascosa ni a los pueblos que dependen de ella. “Seguimos igual: con una dinámica de inacción que nos tiene vetados para todo. Como alcaldesa me veo con las manos atadas, sin poder cumplir con mis vecinos ni con las obligaciones básicas del ayuntamiento”, ha denunciado.

La regidora insiste en que este problema no es un caso aislado y afecta a otros municipios de la provincia y de la España vaciada, lo que evidencia “un fallo estructural” en la gestión de los recursos humanos de la administración local.

Por ello, Celia Gómez reclama a las instituciones una “solución inmediata y efectiva” que permita devolver la normalidad a Carrascosa, Cueva del Hierro y Valsalobre: “Estamos hablando de pueblos que ya luchan por sobrevivir. Si además nos dejan sin la figura del secretario, nos dejan sin vida institucional, sin futuro”.

En el marco de la renovación institucional que se está produciendo en el seno del Consejo Regulador, los vocales del pleno han dado también hoy visto bueno a un cambio de calado para la gestión del organismo: el actual Secretario-Director General, José Luis Lapuente, quien ha ocupado este cargo durante 27 años, dejará sus funciones a partir del 1 de septiembre. Durante la sesión plenaria se ha puesto en común cómo Lapuente, próximo a su jubilación, tomará distancia de sus responsabilidades por motivos personales. Valorando profundamente su experiencia, y conocimiento, se ha convenido por ambas partes, mantener una cierta vinculación en materia de asesoramiento sectorial y estratégico a la Presidencia, durante un periodo estimado de tres años.

Al término de la sesión, el director general saliente ha expresado que “me toca abordar un cruce de caminos: adelantar un poco mi retiro o afrontar una nueva etapa y retos y creo que es el momento de parar e inclinarme por lo primero. De forma natural, aunque por mi sentido del compromiso he analizado si se trataba de una decisión reprochable y llegado a la conclusión de que no, además de que visto el acuerdo con el Consejo creo que también beneficiará a la Denominación, a la que tengo que agradecer todo. He cubierto una larga etapa y espero que me juzguen los hechos más que las palabras. Me toca ahora devolver el tiempo perdido a mi familia y a mí mismo”.

Por su parte, la presidenta ha dedicado unas palabras de agradecimiento a José Luis Lapuente, subrayando la extraordinaria dedicación y entrega que ha demostrado durante casi tres décadas. “José Luis ha guiado el Consejo Regulador con la firmeza imprescindible para un organismo de la relevancia de la DOCa Rioja. Su implicación ha trascendido las obligaciones del cargo, volcando esfuerzo y pasión en cada proyecto y evidenciando en todo momento sus altísimas capacidades profesionales. Quienes formamos parte de esta denominación hemos tenido el privilegio de contar con su profesionalidad y entrega, fundamentales para el crecimiento y prestigio del sector”.

Pérez Cuevas ha añadido que la noticia de su retiro genera sentimientos encontrados: “Por una parte, celebramos todos los avances alcanzados por la institución durante su gestión, el legado que deja y la satisfacción de ver sus deseos personales cumplidos; por otra, lamentamos perder parte de su dedicación, aunque su conocimiento y experiencia permanecerán en la casa gracias a sus nuevas funciones como Asesor de Presidencia”.

La noticia coincide con el inicio de una nueva etapa marcada por la visión de una recién estrenada Presidencia, que propone una gestión más cercana al inscrito y que le aporte un mayor valor, así como redefinir el rumbo del sector para los próximos años con un programa de trabajo dirigido a fortalecer la posición y prestigio de la denominación. Uno de los primeros pasos dados en este sentido ha sido la puesta en marcha del proceso de selección para cubrir el puesto de la dirección general de la entidad; Dicho proceso se ha realizado a través de un empresa especializada en la selección de talento, en el que han participado diversas candidaturas de alto nivel, tanto externas como también internas. El resultado de éste ha sido acordado por el comité de presidentes de comisión, quienes tras valorar las candidaturas finalistas, resolvió por unanimidad el proceso en favor de D. Pablo Franco Sarría. Tras desempeñarse como director del Órgano de Control desde 2017, Franco asumirá la responsabilidad de liderar la gestión integral del Consejo Regulador desde la fecha indicada.

La incorporación al puesto de Pablo Franco supone la promoción interna de uno de los ejecutivos clave del seno del Consejo Regulador de la DOCa Rioja. Franco, que se incorporó a la plantilla del ente exactamente hace 8 años, es Ingeniero en Industrias Alimentarias especializado en el sector Vitivinícola con un Máster en Viticultura, Enología y Marketing del vino y un MBA de una reconocida escuela de negocios. Su formación en materia de gestión se complementa con un programa de Gestión de Negocios y Management de la universidad de Georgetown. El nuevo Secretario-Director General cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector Vitivinícola, en los que se ha enfrentado a multitud de responsabilidades técnicas y de gestión. Además de sus demostradas dotes de liderazgo y de gestión de equipos, destacan su experiencia en la Dirección General de Bodegas y sus responsabilidades en distintos puestos de diversos consejos reguladores vitivinícolas, lo cual le otorga una visión 360 del sector.

Durante el pleno Raquel Pérez Cuevas ha destacado: “Como ha demostrado en los últimos años, Pablo es un profesional incansable, innovador, con una clara visión de negocio y un estilo cercano que le ha llevado a conocer las necesidades de nuestra Denominación y sus inscritos. No tengo duda de que es el líder que la gestión diaria de nuestro Consejo Regulador necesita para hacer frente a los importantes retos y proyectos que se avecinan”.

Por su parte, Pablo Franco ha declarado: “ser nombrado Director General de la DOCa Rioja es sin duda un enorme honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad; no cabe duda de que asumir una posición como ésta pudiera generar cierto vértigo, pero en mí despierta un profundo respeto y una gran emoción”. “Disfruto enormemente con este trabajo, y en esta nueva etapa como Secretario-Director General me voy a exigir el máximo a mí mismo, para construir grandes cosas de la mano del sector, y sobre todo, para hacer que los sueños de esta región se hagan realidad”, ha añadido.

Los 500 vecinos que han participado en el proceso de escucha impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia sobre el nuevo Guggenheim en la comarca de Busturialdea-Urdaibai han determinado que no se niegan a albergar nuevas infraestructuras culturales, pero rechazan la idea de hacerlo en Murueta. “A pesar de que no hay una oposición frontal a la posibilidad de desarrollar nuevas infraestructuras culturales, la ubicación en Murueta genera rechazo de manera transversal en diferentes perfiles y se ha convertido en un punto de fricción simbólica, cargado de valores ambientales, históricos y emocionales para la comunidad”, recoge el primer informe llevado a cabo por Agirre Lehendakaria Center -un organismo a cuyo frente está el lehendakari Juan José Ibarretxe- y la Universidad de Columbia de Nueva York, que concluye que “repensar la localización, dimensión y naturaleza de las posibles ubicaciones del museo permitiría reiniciar el debate”.

El informe describe a Murueta, donde las instituciones piensan ubicar parte del museo junto con la antigua Cubiertos Dalia de Gernika, no solo como un lugar físico, sino como “un espacio simbólico cargado de significados colectivos”. “Las 945 hectáreas del humedal combinan orgullo territorial, memoria histórica, sensación de agravio por el abandono institucional y narrativas de protección del humedal. No es solo un entorno natural, ahora es también un símbolo identitario y político. La intervención en un espacio así requiere comprender su triple dimensión: material (humedal y terrenos contaminados), discursiva (narrativas de reserva protegida o de imposición) y afectivo-simbólica (atmósferas de desconfianza o resistencia). Estas dimensiones crean un ambiente colectivo que impide un debate constructivo si no se reconoce su complejidad”, indica el documento presentado este miércoles por Gorka Espiau.

Tras las entrevistas realizadas en un proceso de escucha que comenzó en febrero de este año, los ciudadanos argumentan que no sienten una participación real en la toma de decisión. Se les informa o consulta, pero su voz no transforma los resultados. “La verdadera transformación exige escalar hacia modelos de asociación o poder ciudadano, donde no solo se informa o consulta, sino que se comparte poder de decisión, en un ejercicio genuino de gobernanza colaborativa. En resumen, Murueta es un lugar cargado de atmósferas afectivas y simbolismo colectivo. Abordarlo únicamente como un emplazamiento técnico o turístico no reconoce su densidad material, discursiva y emocional”, señala el informe.

Las voces contrarias a la instalación del museo en la comarca solicitan un nuevo modelo de turismo y soluciones concretas a los problemas de vivienda y transporte que genera el modelo actual. “Todas las narrativas coinciden en que durante los últimos diez años ha cambiado la manera en la que la sociedad vasca entiende el valor del turismo, no solo en Urdaibai. Si hace una década atraer visitantes a una comarca en desarrollo era interpretado positivamente, en la actualidad existe una visión mucho más crítica sobre los impactos reales que genera. Lo que antes era sinónimo de prosperidad, hoy genera dudas y resistencias por su impacto directo en vivienda, movilidad, servicios y cohesión social”, adelanta.

Por otro lado, los testimonios de personas más especializadas en las industrias culturales demandan mayor claridad y definición del proyecto museístico. “Consideran que se ha presentado el continente, pero se ha hablado poco del contenido y de la pertinencia de una nueva infraestructura de estas características. Las personas entrevistadas hasta el momento muestran una necesidad de identificarse con el proyecto, así como de ligarlo a su identidad. En opinión de estos sectores, la especialización en arte y naturaleza no debería estar reñida con una mayor presencia del arte contemporáneo vasco de vanguardia”, recoge.

A modo de conclusión, el informe sostiene que, a pesar de las diferencias y matices, todos los testimonios tienen en común el desarrollo humano sostenible. “Las personas que llevan décadas trabajando en el impulso de la reserva de la biosfera consideran que se ha producido una evolución muy positiva en la comarca. Anteriormente se veía la declaración de reserva de la biosfera como un posible freno al desarrollo económico y esta narrativa ha evolucionado positivamente. Hoy en día, encontramos opiniones a favor y en contra de la ampliación del museo, pero por encima de narrativas diferentes existen patrones comunes y los argumentos que se utilizan para construir estas narrativas son similares: es necesario combinar una protección especial del entorno (por su carácter de reserva natural) con el desarrollo socioeconómico de la zona, debemos apostar por un modelo de turismo que tenga en cuenta los impactos negativos que genera, especialmente en la calidad del empleo, el impacto directo en la subida de los precios de la vivienda y en la saturación de los sistemas de transporte. Existe un gran consenso sobre esta cuestión y hasta la fecha, es muy destacable que no hayamos recogido ninguna narrativa negacionista sobre el cambio climático o que se posicione fuera del marco de valores asociado al desarrollo humano sostenible”, indica el documento.

Cinco patrones sobre el Guggenheim de Urdaibai

En el proceso se han encontrado cinco tipos de posicionamiento diferentes o patrones, como los nombran en la investigación. El primero son quienes están totalmente en contra. “Su principal objetivo es evitar que se lleve a cabo este proyecto y considera que la discusión debe centrarse en esta cuestión más allá de que haya otros temas relevantes relacionados con el desarrollo de la comarca. Aunque en las interpretaciones colectivas le hemos asignado una edad y una profesión ficticia para humanizarlo, dentro de este mismo patrón confluyen diferentes generaciones, género, ocupaciones o incluso ideologías y posiciones políticas. Sus argumentos son contundentes: la posible ubicación del museo en el humedal de Murueta no respeta la legislación vigente, no existe información suficiente sobre el proyecto y las decisiones se han tomado en contra de la voluntad de la ciudadanía”.

El segundo patrón lo componen las personas que están en contra de la ampliación, pero a favor del desarrollo de la comarca. “Este segundo patrón se opone también a la ampliación del museo, pero considera que es necesario centrar la discusión en el desarrollo de la comarca. Es una cuestión de prioridad o urgencia. Este patrón también es compartido por diferentes ideologías, géneros y generaciones. Las narrativas recogidas en este patrón consideran que Urdaibai está estancada y en declive. A pesar de conocer las propuestas que se están impulsando por las instituciones en el marco del nuevo Plan Estratégico de la comarca y la declaración de zona de actuación prioritaria (ZAP), consideran que la inversión económica es insuficiente, la discusión ha sido superficial y limitada a los agentes menos críticos”.

El tercer patrón está a favor de una posible ampliación del museo. “Su principal argumento es que hay que tomar la iniciativa ante una situación de declive. En su opinión, las instituciones tienen la responsabilidad y la legitimidad democrática para plantear iniciativas tractoras y disruptivas y, aunque son conscientes de que pueden surgir críticas, argumentan que siempre se cuestiona lo nuevo, hasta que funciona. El cuarto patrón, por su parte, no tiene una posición totalmente definida y representa a personas que en función del desarrollo de la iniciativa, se posicionaría a favor o en contra de la ampliación del museo. Por último, el quinto patrón representa principalmente a aquellas personas que expresan impotencia, desafección y escepticismo respecto a los procesos participativos e institucionales.

El proceso de escucha no es vinculante, ya que corresponderá a las instituciones valorar los resultados y comunicar sus impresiones y posibles actuaciones futuras. “El enfoque de escucha profunda no reemplaza la decisión, pero ofrece la base para diseñar políticas públicas que se sostengan en el tiempo porque hacen un esfuerzo especial por entender los marcos de sentido de la ciudadanía. En un nivel más profundo, este debate nos permite hablar de qué modelo de desarrollo queremos para la comarca (y para el conjunto de Euskal Herria) y cómo deben activarse los procesos de gobernanza colaborativa con una fuerte perspectiva comunitaria”, concluye el documento.

A partir de ahora, el proceso continúa con más testimonios, hasta alcanzar los 1.000 e incorporar con ello a voces que aún no están suficientemente representadas, como personas jóvenes, personas mayores, personas migradas, pescadores y profesionales de la hostelería, entre otros colectivos. También se comprobará si hay cambios en los discursos dominantes entre agosto y diciembre y si emergen nuevos discursos vinculados a los acontecimientos relacionados con el proyecto de ampliación del museo.

Antes de final de año, Agirre Lehendakaria Center en colaboración con AC4-Columbia University celebrarán un seminario con expertos internacionales para contrastar resultados preliminares y enriquecer el análisis con nuevas perspectivas. Por último, llevarán a cabo la presentación del informe final a principios de 2026 con los principales hallazgos recogidos en 2025.

Jennifer Piscopo, profesora titular de Género y Política en la Universidad de Londres y directora del Instituto de Género del Royal Holloway, ha visitado Euskadi para tomar parte en el seminario organizado por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) sobre en la representación sustantiva de las mujeres en política, bajo el título ‘¿Cómo es la política para ellas?’. Durante su intervención ha reflexionado sobre la falta de la paridad de género en las instituciones y para darle solución ha abogado por la defensa de las cuotas para lograr una paridad de género y adoptar medidas con perspectiva de género y códigos de conducta dentro de los partidos que promuevan la igualdad. “Hay voces críticas que dicen que las cuotas sacrifican el mérito, pero eso está desmentido con datos y estudios que comparan carreras de hombres y mujeres. Dichas investigaciones concluyen que las mujeres no están menos cualificadas que los hombres y que las mujeres que llegan a la política están más cualificadas, porque se exigen -y se les exige- mucho más”, ha asegurado.

En su conferencia ha señalado que “las mujeres que consiguen traspasar las barreras y llegar a las instituciones, una vez dentro no son consideradas en todas las comisiones, la mayoría se dedican a las áreas feminizadas, que son consideradas menos prestigiosas”. ¿Por qué sigue ocurriendo esto?

Históricamente, la política es cosa de hombres y ellos van a buscar guardar el poder y los privilegios, por lo que si tienen que sacrificar algunas comisiones en instituciones no van a renunciar a los más importantes. Las mujeres llegan a las instituciones, pero ocupan áreas consideradas menos prestigiosas, porque dentro de los Parlamentos hay ciertas comisiones y posiciones de liderazgo que valoran más. Las mujeres una vez llegan al Parlamento tienen que seguir luchando para conseguir más oportunidades y las posiciones de liderazgo dentro del Parlamento.

¿Qué ocurre cuando las mujeres que llegan al poder no son feministas y promueven políticas contrarias a la igualdad?

Las mujeres son un grupo diverso, no están totalmente de acuerdo en las posiciones políticas y respecto a la igualdad de género. La expectativa de que todas las mujeres sean feministas en política viene por un estereotipo de género porque no tenemos la expectativa de que los hombres sean feministas en la política. Por eso es importante que haya más y más mujeres para ser más diversas y así protagonizarán políticas de distintas ideologías. Los votantes tienen que exigir lo mismo a los hombres y a las mujeres. No podemos esperar que sean solo las mujeres las que se encarguen de las políticas feministas, debe ser tarea de todos.

Ha aportado datos y ha hablado de estudios contra las voces críticas que dicen que las cuotas sacrifican el mérito. ¿Por qué los datos no acallan ese tipo de críticas?

Para algunas personas la oposición a las cuotas o a la paridad no se puede corregir con los datos. Para ellos es una oposición ideológica. He dado muchísimos discursos y en ellos muestro los datos. No hay diferencia entre la preparación y la experiencia previa entre mujeres y hombres en política y me siguen preguntando “¿qué pasa con el mérito?”. No estoy hablando de una opinión, son datos, pruebas empíricas claras que demuestran que no hay una brecha de mérito entre las mujeres que llegan a la política en comparación con los hombres. Pero con ciertas personas es muy difícil discutir sobre las cuotas y esas cuestiones porque no es que estén en contra de las cuotas, es que no quieren perder su estatus.

La expectativa de que todas las mujeres sean feministas en política viene por un estereotipo de género

¿Las mujeres actúan de forma diferente en los casos de corrupción que los hombres?

Es difícil. Yo no quiero reforzar la idea de que las mujeres son naturalmente o esencialmente más honestas. Tenemos que entender las estructuras de la política. Hay ciertos patrones, como por ejemplo, que actualmente las mujeres en la política son menos corruptas tenemos que preguntar por qué y puede ser porque las mujeres son nuevas en la política y no han tenido oportunidad de acceder a los beneficios de la corrupción. La corrupción se maneja en redes, muchas veces informales y masculinizadas y quizás las mujeres están fuera de esas redes. Otra razón puede ser que se culpa más a las mujeres de la corrupción que a los hombres. Cuando una mujer se plantea ser corrupta piensa que la van a culpar más a ella si descubren que lo ha hecho. Puede que estadísticamente las mujeres sean menos corruptas, pero tenemos que analizar el porqué utilizando la perspectiva de género y no solo los estereotipos.

¿Las mujeres tienen que masculinizarse para llegar a la política?

La política tiene ciertos comportamientos masculinos por razones de ser política y quienes quieren tener éxito en política deben jugar a ese juego según las reglas existentes. Si un hombre viene con un estilo de liderazgo más feminizado, más amable, más suave, recibe aplausos, como en el caso del liderazgo de [Barack] Obama. Sin embargo, si una mujer ejerce ese tipo de liderazgo más suave van a decir que no tiene la fuerza para estar en la política. Lo que estamos viendo en este momento es que ni los hombres con estilos de liderazgo más feminizados, como Obama, están teniendo éxitos con este giro mundial al populismo frente a los liderazgos hipermasculinizados.

Es importante que los hombres se expresen como feministas, aunque ahí también hay un problema y es que se valora más a un hombre feminista que a una mujer

Este tipo de liderazgos hipermasculinizados pueden llevar a que políticos ejerzan violencia a la hora de hablar o normaliza otras cuestiones como las agresiones sexuales ejercidas por ellos. Sin embargo, muchos de ellos quedan impunes. ¿Por qué no se castiga la violencia en política?

El problema es que no se castiga a la violencia hacia las mujeres en ningún ámbito, ni en el universitario, ni laboral ni doméstico, entonces ocurre lo mismo en la política. Tenemos un problema como sociedad y es que no nos tomamos en serio la violencia hacia las mujeres. Es algo que ocurre en todos los espacios y es el gran reto del feminismo.

En ese sentido, ¿los hombres de qué manera pueden llegar a ser aliados?

Es importante que los hombres se expresen como feministas, aunque ahí también hay un problema y es que se valora más a un hombre feminista que a una mujer. Un ejemplo de ello es Justin Trudeau cuando se describió a sí mismo como feminista y recibió alabanzas por ello, pero luego no defienden políticas feministas porque eso supone ya un problema. Es un avance que los hombres tomen la bandera feminista porque no pueden ser las mujeres las que luchen solas por la igualdad.

El equipo docente del instituto público IES Burdinibarra BHI de Trapagaran, en Bizkaia, ha enviado un escrito al Departamento de Educación del Gobierno vasco denunciando una serie de “graves irregularidades”. Señalan como supuesto responsable al actual subdirector del centro y próximo director para el curso 2025-2026.

“Se han constatado reiteradas faltas de respeto y comportamientos inapropiados hacia diversos miembros del profesorado, manifestados tanto en el trato cotidiano como en el marco de reuniones internas y sesiones de claustro. Entre dichas conductas se incluyen expresiones despectivas tales como 'elementos', 'profesores tóxicos', 'esas de la EGB' (edadismo manifiesto) o 'paracaidistas' y 'transeúntes', refiriéndose a docentes interinos. También se han observado actitudes intimidatorias respecto a la permanencia del profesorado en el centro, generando incertidumbre y desconfianza entre los afectados. Existen testimonios directos que recogen afirmaciones particularmente graves, como la pronunciada por el vicedirector en relación a una profesora en particular: ”me voy a encargar personalmente de que esa profesora no esté aquí el año que viene“. Estas manifestaciones evidencian un ejercicio del poder basado en la intimidación y en decisiones arbitrarias, contrarias a los principios de respeto, diálogo y equidad que deben regir la convivencia escolar. Esta situación ha contribuido a instaurar un ambiente laboral marcado por la tensión, la inseguridad y el malestar”, denuncian los profesores.

Según destacan, el vicedirector, supuestamente “ha mantenido conversaciones con docentes interinos a quienes se les ha ofrecido plazas con antelación a su publicación oficial, incluyendo a algunos con puntuaciones inferiores en las listas oficiales y asignándoles puestos de responsabilidad, lo que genera fundadas sospechas de trato preferente y arbitrariedad, atentando contra los principios de mérito, igualdad y transparencia que deben presidir la función pública educativa”. “En una reciente reunión del AMPA, se restringió de manera deliberada la participación activa del profesorado y alumnado. En dicha reunión, el vicedirector manifestó expresamente que la asignación de los cargos directivos recaerá exclusivamente en su persona, manifestación que contraviene frontalmente la normativa vigente, la cual establece procedimientos objetivos, públicos y transparentes que garantizan el derecho de concurrencia conforme a criterios legalmente establecidos. En ese mismo foro, el vicedirector negó de forma explícita y directa la continuidad de un docente estable en el centro, pese a que este ostenta una posición preferente en las listas oficiales de sustituciones, vulnerando de manera clara y contundente competencias exclusivas del Departamento de Educación, así como los principios elementales de equidad y legalidad administrativa”, critican los profesores.

Otra de las cuestiones que critican los docentes del instituto público, es que “el vicedirector imputaba públicamente a varios docentes la supuesta coacción sobre sus compañeros en el contexto de convocatorias de huelga, imputaciones carentes de sustento y que, lejos de fomentar un clima de confianza, generan división y desconfianza en el claustro”. “Estas acusaciones, unidas a manifestaciones explicitas de apoyo del vicedirector a la escuela concertada, revisten especial gravedad dada su responsabilidad institucional”, aseguran.

Además de ello, acusan al subdirector de utilizar un canal de Telegram en el que comparte “desinformación, bulos y mensajes que desacreditan a trabajadores y sindicatos”. “Esta actividad se ha intensificado especialmente durante las jornadas de huelga en el sector público, en las que ha mostrado un posicionamiento claramente favorable al Gobierno vasco y a los responsables del Departamento de Educación, utilizando un discurso propagandístico contrario al derecho de huelga y a la legitima reivindicación laboral”, lamentan los trabajadores. Este periódico ha revisado el canal de Telegram y ha comprobado mensajes sobre las huelgas celebradas en la enseñanza pública. En dichos mensajes se muestra contrario a la huelga y a favor de las “negociaciones” y “el aumento en inversión en educación pública” del Gobierno vasco.

“En definitiva, la situación descrita compromete gravemente la estabilidad institucional del IES Burdnibarra BHI, deteriora a calidad educativa y menoscaba las condiciones laborales del profesorado y el bienestar del alumnado. De no adoptarse, con la urgencia que la gravedad de los hechos exige, las medidas correctoras oportunas, el centro podría verse abocado a una situación insostenible, que pondría en riesgo su viabilidad funcional y favorecería, de modo directo, la consolidación de la educación concertada en la zona, ámbito del cual el vicedirector es miembro declarado. Por todo lo expuesto, se insta a las autoridades competentes a actuar con la máxima diligencia en la investigación y esclarecimiento exhaustivo de estos hechos, así como a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar un entorno educativo fundamentado en los principios irrenunciables de equidad, transparencia, respeto y participación democrática que deben guiar la función pública educativa”, concluyen los docentes.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco confirman a este periódico que por el momento desconocen la situación y no tienen información al respecto, pero que están realizando las consultas necesarias para ello.

La celebración institucional del Día de La Rioja ha comenzado, como cada año, la tarde anterior al 9 de junio con el Pregón en Santa Coloma. Precisamente, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha apelado a los valores de la Convención de Santa Coloma en 1812. “El valor, el coraje y el arrojo de quienes enfrentaron tiempos inciertos con determinación hicieron posibles logros que hoy nos definen como comunidad. Su ejemplo nos recuerda que la constancia y el compromiso son claves para avanzar con firmeza”.

Este acto institucional lo organiza la Cámara regional para conmemorar la Convención celebrada en este municipio el 8 de diciembre de 1812 en el que un grupo de 73 representantes de 59 localidades riojanas se congregaron aquí para reclamar que la provincia se gobernase por sí misma (aunque fue un 8 de diciembre, la fecha se trasladó hace años al 8 de junio para enmarcarse en los actos centrales del Día de La Rioja).

El acto se ha desarrollado en la plaza de la Convención, “un escenario lleno de historia y de memoria en el que cada elemento representa lo que fuimos y lo que hicimos para llegar a lo que hoy somos: una comunidad fuerte y unida que camina con determinación hacia el futuro, recordando a aquellos que lo hicieron posible, a quienes hoy rendimos tributo y cuyo legado pervive en cada paso que damos”, ha comentado Fernández Cornago.

La presidenta del Parlamento ha ahondado en la idea de que “debemos recordar de dónde venimos, porque en la memoria de quienes nos precedieron está la raíz de todo lo que somos”. “Y en el origen de todo están nuestros pueblos. Fueron ellos quienes abrieron la senda, pusieron la semilla y desbrozaron el camino para construir un territorio fuerte, capaz y autosuficiente”.

El papel de los municipios

Fernández Cornago ha elogiado el papel de los pueblos en la construcción de la autonomía, ha asegurado que “son memoria viva, el reflejo de lo que somos como sociedad” y ha declarado que “ahora y siempre, a La Rioja, a los riojanos, nos corresponde mirar hacia nuestros pueblos y darnos entre todos el aliento necesario para seguir adelante. Su voz se escucha y se atiende. Como ocurrió aquí hace 213 años”.

El recuerdo a los municipios riojanos le ha dado pie para rememorar el legado de Práxedes Mateo Sagasta en el bicentenario de su nacimiento, aludiendo a una frase del célebre político riojano que luce en una placa en la entrada del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros y que la presidenta pudo ver en su visita al municipio. “El poder municipal es, pues, el primero cuya necesidad conocemos. Él liga a los hombres a su suelo natal y en él se conservan recuerdos de su niñez”, concluye el texto de la placa.

Además, la presidenta de la Cámara autonómica ha puesto de relieve la importancia de La Rioja en el conjunto de España: “Hemos forjado nuestro propio destino con determinación, pensando no sólo en La Rioja, sino también en el conjunto de España”. “Porque estamos enormemente orgullosos de formar parte de este gran país y aportar nuestra esencia, nuestra historia, nuestro talento y todo nuestro potencial”, ha enfatizado. “A nuestra nación, a sus valores, a los pilares sólidos que han mantenido nuestro Estado de Derecho, los riojanos correspondemos con nuestra lealtad e integridad”, ha concluido la presidenta del Parlamento.

El acto institucional del Pregón se ha completado con la intervención de la alcaldesa de Santa Coloma, Begoña Palacios, quien ha resaltado la importancia histórica de la localidad. Asimismo y como es tradicional, el grupo de danzas de la localizad ha interpretado varios bailes y alumnos de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja han interpretado tres piezas

Al acto del Pregón han asistido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz; los consejeros del Gobierno regional, diputados regionales, alcaldes de numerosos municipios riojanos, así como representantes de las esferas judicial, policial, militar, social y cultural de la comunidad.

El Gobierno de Asturias tiene sobre la mesa una propuesta para declarar por decreto cuatro días institucionales propios de la comunidad autónoma. Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo regional, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, al término del Consejo de Gobierno en su habitual reunión de los lunes.

Las fechas elegidas son el 31 de enero como Día de las Instituciones Asturianas, el 11 de marzo como Día de la Memoria de las Víctimas de la Covid-19, el 3 de abril como Día del Municipalismo Asturiano y el 25 de mayo como Día de la Bandera de Asturias.

Fechas claves

Además de estas cuatro jornadas se mantiene el 8 de septiembre como Día de Asturias; una festividad que se viene celebrando desde 1980.

El calendario institucional marca estas fechas por su significado con hechos relevantes que tuvieron una trascendencia especial en la región.

Día de las Instituciones Asturianas

Cronológicamente, la primera se celebraría el 31 de enero y se dedicaría al Día de las Instituciones Asturianas. Se ha elegido coincidiendo con la fecha de entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, el 31 de enero de 1982, una jornada con un foco informativo en centros escolares y en la que todas las instituciones tendrían jornadas de puertas abiertas.

En Memoria de las Víctimas de la Covid

Le seguiría en el calendario institucional el 11 de marzo como el Día de la Memoria de las Víctimas de la Covid y se recordaría que el 11 de marzo de 2020 falleció el salesiano Avelino Uña, la primera víctima de la pandemia en Asturias.

El consejero Peláez ha recordado hoy en rueda de prensa que, desde esa fecha, el Principado organiza un acto de reconocimiento.

Día del Municipalismo Asturiano

El 3 de abril se regularía oficialmente como Día del Municipalismo Asturiano. Esta fecha retrotrae al 3 de abril de 1979 cuando tuvieron lugar las primeras elecciones municipales democráticas en España, tras la dictadura franquista.

La propuesta más reciente es la que ayer mismo lanzó el presidente Barbón para que a partir de ahora el 25 de mayo se convierta en el Día de la Bandera de Asturias.

Día de la Bandera de Asturias

La capital asturiana acogió ayer el acto institucional del Día de la Bandera y, en su intervención, el presidente del Principado anunció su intención de promover una ley autonómica que regule oficialmente tanto esta jornada como los reconocimientos vinculados a esta conmemoración.

El objetivo, según avanzó, sería “consolidar institucionalmente el 25 de mayo como una fecha clave en el calendario del Principado” y apostó por convertir esta jornada “en una convocatoria hacia el porvenir, que pasa por contar con la juventud, por hacerla protagonista y situarla en el centro de nuestro proyecto como sociedad”.

El Día de Asturias

Esa propuesta ha sido debatida esta mañana en el Consejo de Gobierno. De esta forma, quiere homenajear el acontecimiento histórico del 25 de mayo de 1808, fecha en la que el pueblo asturiano decidió ir a las armas contra el ejército de Napoleón. Con el levantamiento, la Junta fue la primera institución española que proclamó la soberanía popular. Las tropas asturianas tomaron como enseña la actual bandera del Principado.

Y así llegamos hasta el 8 de septiembre, cuando un decreto del Consejo Regional de Asturias instituyó en 1980 el 8 de septiembre como Día de Asturias, que pasó a establecerse como una jornada festiva en la comunidad por la Ley 5/1984, de 28 de junio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ensalzado este lunes la figura del Rey de España, Felipe VI, y de su padre, Juan Carlos I, a los que considera garantes de la “estabilidad institucional” en unos momentos marcados por la polarización y el cambio constante en el panorama político nacional.

Así lo ha destacado durante la inauguración de la exposición 'Felipe VI: Una década de la historia de la Corona de España' que se expone en la Diputación de Ciudad Real hasta el próximo 27 de marzo y que recoge una selección de fotografías, objetos y documentos que ilustran los diez primeros años de reinado de Felipe VI.

Según el presidente castellanomanchego, Felipe VI es, “sin lugar a dudas”, la institución que “más certidumbre” ofrece en un tiempo lleno de desafíos. “Su capacidad de cumplir con su deber y de ejercer con templanza su responsabilidad, es una guía para el resto de las instituciones públicas,” ha afirmado García-Page.

Durante su intervención, García-Page también ha reflexionado sobre el contraste entre la política actual y la figura del monarca, al representar “la seriedad, el valor de la palabra y la estabilidad”, en un contexto en el que “las noticias duran cuarto de hora” y se vive “del espectáculo de la mañana, de la tarde y de la noche”.

Asimismo, el presidente regional ha aprovechado la ocasión para reivindicar también el papel “histórico” que jugó Juan Carlos I durante la transición democrática. “Es imposible imaginar qué otra institución podría haber servido como puente en un momento tan crucial, especialmente si lo queríamos hacer en paz, convivencia y mediante el diálogo”, ha señalado.

Finalmente, García-Page ha subrayado que tanto Juan Carlos I como Felipe VI han sabido cumplir “con creces” su papel en momentos históricos determinantes, consolidando la madurez democrática de España y que, como fruto, han dado “los mejores 50 años de la historia de España”.

En el acto de inauguración también han estado presentes el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el decano-presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares y duque de Calabria, Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleans; la duquesa de Arcos y decana de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha subrayado que esta exposición “es un homenaje a una década de servicio ejemplar” sobre la figura de Felipe VI, cuyo “compromiso con España ha sido inquebrantable”.

De igual modo, ha comentado que la muestra constituye una oportunidad única para acercar a los ciudadanos el legado y la labor del monarca en sus diez años de reinado.

Por su parte, Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, ha destacado la “conexión histórica” de Ciudad Real con la Corona al ser fundada en el Siglo XIII por Alfonso X y llevando el nombre de 'Villa Real', para posteriormente ser elevada a ciudad y pasándose a llamar Ciudad Real.

De la misma manera, Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont ha agradecido a la Diputación de Ciudad Real su labor para que la capital y el Palacio Provincial acojan esta exposición, al tiempo que ha agradecido al patrocinador de la exposición, Globalcaja, su colaboración para hacer posible que la figura y el trabajo de Felipe VI pueda ser observada por todos los vecinos y visitantes de la ciudad.

Finalmente, Francisco Cañizares ha subrayado el “orgullo” que supone a la ciudad ser anfitriona de esta exposición, que “pone en valor los diez años de reinado de Felipe VI, una institución básica para la convivencia y la unidad de los españoles”.

La exposición conmemorativa del décimo aniversario de la Proclamación de Felipe VI recorre la figura y labor institucional de los Reyes de España durante el primer decenio de su reinado.

Organizada por Patrimonio Nacional junto a la Diputación de la Grandeza de España y la Fundación de la Nobleza, la muestra destaca el papel constitucional de la Corona “como símbolo de democracia, compromiso social y proyección de futuro”.

Inaugurada en el Palacio Real de Madrid el pasado año, la exposición ofrece un recorrido temático y visual que incluye un vídeo sobre la monarquía actual, imágenes de momentos clave de la historia reciente y una sala dedicada a los principales símbolos de la Monarquía.

Además de a Ciudad Real, la exposición ya ha viajado a otras ciudades como Granada, Sevilla y Zaragoza.

Como cada 25N, el Parlamento de La Rioja ha acogido el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un acto organizado organizado por el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y presentado en esta ocasión por la periodista de Onda Cero, Cecilia Romero.

La presidencia del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, ha abierto el acto con una intervención en la que ha realizado un llamamiento a “trabajar juntos para erradicar la violencia, promover la igualdad y construir un mundo donde todas las mujeres podamos vivir sin miedo”. Asimismo, ha recordado que “la lucha contra la violencia es una responsabilidad compartida y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar”.

Fernández Cornago ha mostrado “nuestra más enérgica repulsa a cualquier forma de violencia hacia las mujeres” y ha considerado “sumamente acertada” la campaña de esta edición, porque se centra en “uno de los colectivos que sigue siendo invisible: las mujeres mayores”. “Lamentablemente muchas mujeres mayores han interiorizado este rol y no se identifican como víctimas, sienten vergüenza y vértigo ante la posibilidad de romper los lazos que les atan a sus agresores”, ha continuado la presidenta del Parlamento. 

Fernández Cornago ha expresado su deseo de que “con la ayuda de todos estoy segura de que lograréis romper las cadenas que os atan y alcanzar una vida en plenitud. Ojalá que todos los recursos y apoyos de lo que nos hemos dotado sean ese aleteo capaz de transformar esta dura realidad, al igual que ocurre con el llamado ‘efecto mariposa’, ése por el cual un pequeño gesto que se va replicando en otros rincones es capaz de cambiar el mundo”.

Durante el acto se ha proyectado un video con declaraciones de dos víctimas y la presidenta de la Asociación de Escritoras de La Rioja, María José Marrodán, ha recitado tres poemas alegóricos. Para finalizar, ha tomado la palabra el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que ha recordado a las mujeres mayores víctimas de violencia que “nunca es tarde para empezar un proyecto de vida nueva, que no importa la edad” y ha insistido en que “no estáis solas”. “Siempre es posible iniciar una vida mejor”, ha asegurado.

“Es duro salir del círculo de la violencia, pero es necesario y nunca es tarde”

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja ha querido incidir en que “es falso que no sea posible iniciar una nueva vida, tenemos que contribuir entre todos a combatir y disipar esta situación”. En ese sentido, ha comparado a las mujeres víctimas de violencia de género con las mariposas que rompen la crisálida para volar “es duro salir del círculo de la violencia, pero es necesario y nunca es tarde”, ha subrayado.Capellán ha concluido su intervención con el poema de Loreto Mora ‘No puedo guardar silencio’ mandando un mensaje de esperanza: “tenéis derecho a una vida digna, una vida libre, una vida feliz, no importa la edad, no estáis solas”.

El temporal del 29 d’octubre passat, que va arrasar l’Horta Sud i va afectar 75 municipis en tota la província de València, va provocar desperfectes de diversa índole en 92 centres educatius i va afectar uns 24.000 alumnes de diferents etapes educatives. En les últimes dues setmanes han anat reobrint diferents col·legis i instituts (dilluns mateix ho han fet una dotzena en les localitats d’Albal, Aldaia, Alfafar, Alginet, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, València i Xirivella). No obstant això, hi ha altres infraestructures els alumnes de les quals encara no han pogut tornar a les aules, i una vintena han patit danys de gran envergadura, per la qual cosa s’han de reubicar en altres llocs mentre s’executen les obres de reconstrucció de les infraestructures.

Un d’aquests centres afectats per la DANA, encara que no ha sigut objecte de danys tan importants com altres, és el CEIP Jaume I el Conqueridor de Catarroja, els alumnes del qual la Conselleria d’Educació preveu que tornen a classe dilluns que ve. La comunitat educativa del col·legi ha remés una carta al director general de Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Jorge Cabo, per a transmetre-li el seu malestar i descontentament per la “situació d’abandó experimentada” des de l’inici de la tragèdia. Han tardat tres setmanes a tindre notícies del departament que dirigeix José Antonio Rovira, com reconeix a elDiario.es Xavi Leal, director del centre.

No saben si és casualitat o no, però dilluns mateix han rebut la visita dels tècnics de Tragsa, l’empresa que ha de fer les tasques de neteja del centre, i de l’Invassat (Institut València de Seguretat i Salut en el Treball): “Volem obrir com més prompte millor, perquè l’alumnat ho necessita, però els tècnics que ens han visitat ens han transmés que és complicat que dilluns disposem del certificat de salubritat perquè les instal·lacions puguen ser utilitzables”. El centre, que té 470 alumnes, ha d’assumir-ne uns 300 del CEIP Vil·la Romana, molt més afectat per la DANA.

El director confia a aconseguir un “entorn segur” per als estudiants al més prompte possible, “però per a això fa falta encara molta faena que ha de fer personal especialitzat”. Així doncs, insisteix a reclamar a la Conselleria un protocol per a saber com actuar, “per a tindre clar, per exemple, si els alumnes i els professors hem de portar màscara, perquè estem envoltats de llots contaminats, a més de piles de cotxes i estris”.

Carta a la conselleria

“Per a la recuperació del centre no hem rebut cap ajuda de la Conselleria d’Educació, cap ajuda per a gestionar el punt d’ajuda humanitària que se’ns va sol·licitar a través d’una tècnica de la Generalitat, cap ajuda per a traure el fang, ni per a gestionar la recuperació de les infraestructures afectades, ni per a neteja, desinfecció i descontaminació, ni tampoc cap intervenció per a avaluar les condicions de salubritat”, denúncia la missiva remesa per Leal a Cabo, que també detalla els danys que han patit les instal·lacions i el mobiliari.

La comunitat educativa lamenta que s’haja “declinat tota la responsabilitat” en la gestió municipal, en un consistori amb els recursos humans i les infraestructures “profundament afectats” pel temporal: “Sembla que l’únic interés per part de la Conselleria és que reprenguem prompte les classes”.

Fins a la data, totes les faenes fetes per a la recuperació de l’escola han sigut a càrrec de personal voluntari i treballadors del centre, que, “la major part també, s’han vist afectats en l’àmbit personal per les conseqüències de la catàstrofe, amb l’escàs suport que des de l’Ajuntament es podia aportar, ja que estan centrats a atendre els greus problemes que pateix el nostre poble”. Únicament els últims dies, explica Leal, han tingut una brigada de militars allotjats que han fet faenes de vigilància i retirada de material d’ajuda humanitària emmagatzemat en diferents dependències dels tres edificis i el pati de l’escola.

Des del 31 d’octubre, el col·legi es va convertir en un centre de recollida i repartiment d’ajuda humanitària: “Totes les dependències de la planta baixa dels tres edificis s’han convertit en magatzem, i les dues plantes restants de l’edifici de Primària s’han utilitzat per a instal·lar-hi el Post de Comandament Avançat, dependències de gestió municipal i zona d’alberg, tant per a les forces de seguretat com per a ciutadans que han perdut la casa”.

El 4 de novembre passat, el centre va rebre la visita d’un inspector i quatre tècnics d’infraestructures de la Conselleria d’Educació per a revisar els danys, una visita de què “no ha derivat cap intervenció”. La visita de l’inspector de zona, divendres passat dia 15, “va estar orientada simplement a determinar quins espais podrien ser útils i al més prompte possible per a reprendre l’activitat, acollint també deu classes de l’alumnat del CEIP Vil·la Romana, profundament afectat”.

Neteja de l’entorn

D’altra banda, el director de l’escola relata que, davant del centre, tenen dos abocadors de fang i residus dels carrers i una “muntanya” de cotxes sinistrats: “El seu impacte ambiental i de contaminació haurien de ser també avaluats des del punt de vista de la salut”. Tal com recorden, estan situats en la zona zero de la catàstrofe, una zona “calenta” en què poden sorgir noves complicacions sanitàries “si no s’actua amb més agilitat i mitjans del que s’ha fet fins ara”.

Leal considera primordial no sols una descontaminació correcta del centre i el seu entorn executada per personal qualificat, sinó també l’avaluació i la certificació que “estem en un entorn segur per al retorn del nostre alumnat i el personal laboral”. “Aquesta situació d’abandó és comú a tots els centres educatius públics i concertats de Catarroja, que estem en comunicació constant per a coordinar l’ajuda i facilitar la tornada”, indiquen.

Finalment, insten la Conselleria que considere la possibilitat d’ampliar el temps d’acolliment d’alumnat en altres centres, cosa que, a parer seu, “permetria una tornada a les aules més segura i facilitaria el retorn de les famílies”. I en el cas d’haver d’ampliar en el temps aquestes circumstàncies, “s’hauria de preveure de manera extraordinària el fet de no perdre la plaça a la seua escola”: “Tots sabem que la millor manera de superar l’impacte emocional d’aquesta tragèdia per als menors és que puguen recuperar la normalitat en el seu entorn habitual”. Per això, sol·liciten que es reconsidere la possibilitat d’instal·lar aules prefabricades en espais públics en els casos del CEIP Vil·la Romana i de l’IES Berenguer Dalmau, els més afectats a Catarroja.

El temporal del pasado 29 de octubre, que arrasó l'Horta Sud y afectó a 75 municipios en toda la provincia de Valencia, provocó desperfectos de diversa índole en 92 centros educativos y afectó a unos 24.000 alumnos de diferentes etapas educativas. En las últimas dos semanas han ido reabriendo diferentes colegios e institutos (este mismo lunes lo ha hecho una docena de ellos en las localidades de Albal, Aldaia, Alfafar, Alginet, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Valencia y Xirivella). Sin embargo, hay otras infraestructuras cuyos alumnos todavía no han podido volver a las aulas, y una veintena de ellos han sufrido daños de gran envergadura, por lo que deben ser reubicados en otros lugares mientras se ejecutan las obras de reconstrucción de las infraestructuras.

Uno de estos centros afectados por la DANA, aunque no ha sido objeto de daños tan importantes como otros, es el Ceip Jaume I el Conqueridor de Catarroja, cuyos alumnos la Conselleria de Educación prevé que vuelvan a clase el próximo lunes. La comunidad educativa del colegio ha remitido una carta al director general de Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Jorge Cabo, para transmitirle su malestar y descontento por la “situación de abandono sufrida” desde el inicio de la tragedia. Han tardado tres semanas en tener noticias del departamento que dirige José Antonio Rovira, como reconoce a elDiario.es Xavi Leal, director del centro. 

No saben si es casualidad o no, pero este mismo lunes han recibido la visita de los técnicos de Tragsa, la empresa que debe realizar las tareas de limpieza del centro, y del Invassat (Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball): “Queremos abrir cuanto antes porque el alumnado lo necesita, pero los técnicos que nos han visitado nos han transmitido que es complicado que el próximo lunes dispongamos del certificado de salubridad para que las instalaciones puedan ser utilizables”. El centro, que cuenta con 470 alumnos, debe asumir a unos 300 del Ceip Vil·la Romana, mucho más afectado por la DANA.

El director confía en conseguir un “entorno seguro” para los estudiantes lo antes posible, “pero para eso hace falta todavía mucho trabajo que debe realizar personal especializado”. Así, insiste en reclamar a la Conselleria un protocolo para saber cómo actuar, “para tener claro, por ejemplo, si los alumnos y los profesores debemos llevar mascarilla, porque estamos rodeados de lodos contaminados, además de pilas de coches y enseres”.

Carta a la conselleria

“Para la recuperación del centro no hemos recibido ninguna ayuda de la Conselleria de Educación, ninguna ayuda para gestionar el punto de ayuda humanitaria que se nos solicitó a través de una técnica de la Generalitat, ninguna ayuda para sacar el fango, ni para gestionar la recuperación de las infraestructuras afectadas, ni para limpieza, desinfección y descontaminación, ni tampoco ninguna intervención para evaluar las condiciones de salubridad”, denuncia la misiva remitida por Leal a Cabo, que también detalla los daños que han sufrido las instalaciones y el mobiliario.

La comunidad educativa lamenta que se haya “declinado toda la responsabilidad” en la gestión municipal, en un consistorio con los recursos humanos y las infraestructuras “profundamente afectados” por el temporal: “Parece que el único interés por parte de la Conselleria es que retomemos pronto las clases”.

Hasta la fecha, todos los trabajos realizados para la recuperación de la escuela han corrido a cargo de personal voluntario y trabajadores del centro, quienes “en su mayoría también se han visto afectados a nivel personal por las consecuencias de la catástrofe, con el escaso apoyo que desde el Ayuntamiento se podía aportar, ya que están centrados en atender los graves problemas que está sufriendo nuestro pueblo”. Únicamente en los últimos días, explica Leal, han tenido a una brigada de militares alojados que han realizado trabajos de vigilancia y retirada de material de ayuda humanitaria almacenado en diferentes dependencias de los tres edificios y el patio de la escuela.

Desde el 31 de octubre, el colegio se convirtió en un centro de recogida y reparto de ayuda humanitario: “Todas las dependencias de la planta baja de los tres edificios se han convertido en almacén, y las dos plantas restantes del edificio de Primaria se han utilizado para instalar el Puesto de Mando Avanzado, dependencias de gestión municipal y zona de albergue, tanto para las fuerzas de seguridad como para ciudadanos que han perdido sus viviendas”.

El pasado 4 de noviembre, el centro recibió la visita de un inspector y cuatro técnicos de infraestructuras de la Conselleria de Educación para revisar los daño, una visita de la que “no ha derivado ninguna intervención”. La visita del inspector de zona, el pasado viernes 15, “estuvo orientada simplemente a determinar qué espacios podrían ser útiles y a la mayor brevedad para retomar la actividad, acogiendo también diez clases del alumnado del Ceip Vil·la Romana, profundamente afectado”.

Limpieza del entorno

Por otra parte, el director de la escuela relata que delante del centro tienen dos vertederos de fango y residuos de las calles y una “montaña” de coches siniestrados: “Su impacto ambiental y de contaminación deberían ser también evaluados desde el punto de vista de la salud”. Tal y como recuerdan, están situados en la zona cero de la catástrofe, una zona “caliente” en la que pueden surgir nuevas complicaciones sanitarias “si no se actúa con más agilidad y medios de lo que se ha hecho hasta ahora”.

Leal considera primordial no solo una correcta descontaminación del centro y su entorno ejecutada por personal cualificado, sino también la evaluación y certificación de que “estamos en un entorno seguro para el regreso de nuestro alumnado y personal laboral”. “Esta situación de abandono es común a todos los centros educativos públicos y concertados de Catarroja, que estamos en constante comunicación para coordinar la ayuda y facilitar la vuelta”, indican.

Por último, instan a la Conselleria a que considere la posibilidad de ampliar el tiempo de acogida de alumnado en otros centros, lo que, a su juicio, “permitiría una vuelta a las aulas más segura y facilitaría el regreso de las familias”. Y en el caso de tener que ampliar en el tiempo estas circunstancias, “se debería contemplar de manera extraordinaria el hecho de no perder la plaza en su escuela”: “Todos sabemos que la mejor forma de superar el impacto emocional de esta tragedia para los menores es que puedan recuperar la normalidad en su entorno habitual”. Por ello, solicitan que se reconsidere la posibilidad de instalar aulas prefabricadas en espacios públicos en los casos del Ceip Vil·la Romana y del IES Berenguer Dalmau, los más afectados en Catarroja.

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha recibido un total de 98.070 euros de las Cortes, según figura en su declaración de actividades, bienes y rentas publicada este jueves por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En concreto, Bellido, percibió 80.521,66 euros en sus funciones en el Parlamento regional, así como 17.548,60 en concepto de indemnización. Además, declara tener la propiedad de una vivienda de 197 metros cuadrados al 50% en Azuqueca de Henares. En cuanto a sus cuentas corrientes, su declaración indica que poseía una cuenta personal con 29.786 euros y otra cuenta familiar con 121.610 euros.

Mientras, la vicepresidenta primera del Parlamento, Josefina Navarrete, recibió de las Cortes 60.391,28 más 17.548,60 euros como indemnización. Navarrete tiene una vivienda de 149 metros al 100% de propiedad en Barrax más una ampliación de 73 metros cuadrados. En cuanto a sus cuentas, informó de una con 22.693 euros, así como un plan de pensiones con 4.921,52 euros.

De su lado, el vicepresidente segundo, Santiago Lucas-Torres, ganó 30.765,83 euros de las Cortes, así como 9.283,60 en concepto de indeminzación y 1.487,50 en gastos de locomoción. De igual manera, recibió 1.500 euros de una mutua de accidentes de trabajo, 9.420 euros por servicios de consultoría y 3.000 euros más en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles y negocios.

En cuanto a sus propiedades, declara poseer al 50% tres viviendas de 88, 177 y 153 metros cuadrados y dos garajes en Campo de Criptana; además de otra vivienda de 129 metros y dos garajes al cien por cien de propiedad en la misma localidad; otra vivienda de 177 metros en el mismo lugar al 33,33% de propiedad; otro inmueble de 63 metros cuadrados al 50%; tres inmuebles más de 116, 59 y 69 metros al 50% en Miguel Esteban; una vivienda de 136 metros cuadrados en Madrid; y una propiedad más de 623 metros cuadrados en Arenales de San Gregorio al 50%.

Además, declara tener 50% del capital de una empresa con un valor de 101.500 euros, el 29,62% de otra valorada en 60.101,20 euros, el 19,71% de una tercera por valor de 219.400 euros y el 50% de otra empresa más valorada en 95.000 euros. En cuanto a sus cuentas, poseía un saldo medio en cuentas bancarias de 31.480 euros, un fondo de pensiones con 11.526,93 euros y un seguro por valor de 15.606,25 euros.

Secretarios de la Mesa

A continuación, el secretario primero de las Cortes, Fernando Mora, ganó 60391,28 euros de las cortes más 17.548 euros en indemnización, así como 101,34 euros en intereses de cuotas, depósitos y activos financieros. Mora posee un piso de 100 metros cuadrados en Toledo, una vivienda unifamiliar de 233 en Nambroca, una plaza de garaje en Toledo y una vivienda de 60 metros cuadrados con garaje-trastero en Chipiona, todos ellos al 50% de propiedad. En cuanto a su cuenta corriente, declaraba tener una con 139.930 euros.

Finalmente, la secretaria segunda de las Cortes, Tania Andicoberry, percibió 30.765,83 euros de las Cortes más 9.283,60 en indemnización y 4.264 en concepto de locomoción; así como 10.377,93 del Ayuntamiento de Almansa; 1.001,41 euros como letrada; y 269,42 en concepto de intereses. Andicoberry posee un piso de 95 metros cuadrados en Almansa, además de una plaza de garaje, y un piso de 80 metros en Santa Pola, todos ellos al 50%. En cuanto a sus cuentas, tenía un saldo de 12.700 euros y un seguro de vida por 150.000 euros.

Grupos políticos

En cuanto a los grupos políticos, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Tomás Godoy, declaró percibir 66.107 euros de las Cortes, así como 17.548,60 euros como indemnización y 4.193,50 en locomoción, además de 4.078,82 euros por actividades agrícolas, 3.612,32 como productor de energía, 22,95 en intereses de cuentas y 4.500 por arrendamiento de inmueble.

En lo que refiere a sus propiedades, Godoy posee dos viviendas con garaje y trastero de 170 y 99 metros en Cuenca (la primera de ellas al 50% y la segunda al 100% de propiedad) y otra vivienda de 332 metros en Casas de Fernando Alonso al 12%. De igual modo, también es propietario de de cinco terrenos rústicos al 50% y dos más al 100% en Casas de Haro, seis más en Casas de Fernando Alonso, dos más en San Clemente y otras dos en Casas de los Pinos.

De igual modo, el presidente de los socialistas en las Cortes cuenta con el 25% de una empresa valorada en 18.000 euros, una cuenta corriente con 62.000 euros, un plan de pensiones por 26.954 euros y un fondo de inversión valorado en 16.000 euros.

Por su parte, la secretaria socialista, Ana Isabel Abengózar, ganó 63.391,28 euros de las Cortes, así como 17.548,60 como indemnización y 1.260 más en gastos de locomoción. Abengózar posee un inmueble industrial de 52 metros cuadrados al 50% y una cuenta bancaria con 90.000 euros.

En cuanto al PP, su presidente, Paco Núñez, ganó 60.391,28 euros, además de 17.548,60 como indemnización y 1.440 euros en concepto de gastos de locomoción. En cuanto a propiedades, Núñez declara poseer un terreno urbano de 345 metros cuadrados en El Casar y una vivienda de 145 en Almansa, ambas al 50%. En cuanto a sus cuentas, presentó una con 6.000 euros de saldo y otra con otros 1.000.

Mientras, la portavoz 'popular', Carolina Agudo, recibió 30.765,83 de las Cortes y 37.106,47 euros del Senado, además de 9.283,60 euros en concepto de inmdenización del Parlamento autonómico. Agudo declara poseer el 100% de una parcela urbana de 2.500 metros cuadrados en Toledo y una cuenta con 5.670,28 euros.

El portavoz de Vox percibe salarios de las Cortes, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Alovera

En lo que respecta a Vox, el presidente del Grupo Parlamentario, David Moreno, percibió 30.765,83 euros de las Cortes, además de 9.283,60 euros como indemnización y 622,50 en gastos de locomoción. De igual modo, declara ganar 3.500 euros de actividades profesionales, 2.062,57 por al arrendamiento de una nave y 40 más del Ipeta.

En lo que refiere a propiedades, Moreno posee una casa de 180 metros cuadrados, y otra de 120 en Talavera, así como dos naves de 76 y 480 metros y un local comerical de 125 en la misma ciudad, un solar industrial de 2.000 metros en Cazalegas y otro solar urbano de 245 metros en Las Herencias, todos ellos al 16,66% de propiedad. Además, tiene acciones por valor de 1.000 euros en una empresa y por 990 euros en otra y y un saldo en cuentas bancarias de 2.386 euros.

Finalmente, el portavoz de Vox, Iván Sánchez, declara ganar 30.765,83 euros de las Cortes más 9.283,60 como indemnización y 1.562,50 como gasos de locomoción, además de 14.247,92 euros de la Diputación de Guadalajara y 7.613,88 euros del Ayuntamiento de Alovera. Sánchez posee una vivienda al 50% de 280 metros cuadrados en Alovera y acciones de una empresa por valor de 10.500 euros y de otra por 12.500. Además tiene un saldo medio en cuentas bancarias de 32.500 euros.

El pasado viernes a las ocho y media de la mañana una convocatoria urgente llegaba a los buzones electrónicos de los medios de comunicación. El Partido Popular anunciaba una rueda de prensa de su portavoz en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, apenas tres horas más tarde. No especificaba motivos, apenas el habitual “asuntos de actualidad”. Cuando Pazos Couñago se dirigió finalmente a la prensa lo hizo para descerrajar un inhabitual ataque contra uno de los miembros del Consello de Contas, el organismo fiscalizador de la Xunta, de carácter estatutario y cuya composición acordó por unanimidad la Cámara autonómica. “Es preocupante el afán de protagonismo del conselleiro designado por el socialismo gallego”, dijo, “preocupado por criticar a la Xunta en cualquier ámbito”.

El Consello de Contas no es la única insitución oficial, derivada del Estatuto de Autonomía, blanco de los ataques de la derecha gubernamental gallega en los últimos meses. El Consello da Cultura Galega, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o incluso el Instituto Galego de Estatística han recibido rapapolvos por parte de cargos del PP, desde el propio Alfonso Rueda hasta sus diputados y terminales mediáticas. Un extraño discurso implícitamente antisistema -siempre y cuando el sistema no les dé la razón en todo- se abre paso entre los populares gallegos.

El contexto de las extemporáneas declaraciones de Pazos Couñago no era un contexto cualquiera. El Consello de Contas funciona desde 1985 y se encarga del “control externo de la actividad económica y financiera del sector público en la comunidad”, es decir, según expone su propia página web, “de la fiscalización y control del dinero público, la valoración sobre la utilidad del mismo, la eficiencia en disposición, la racionalidad, así como la posible información sobre las mejoras en su gestión”. Dos de los últimos informes emitidos por la institución no fueron amables con los sucesivos gobiernos del PP en Galicia: uno certificó el despilfarro en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, 470 millones de euros más debido a la privatización por la que optó Feijóo; el otro puso el foco sobre la escasa ejecución de fondos europeos en 2022, menos de la mitad de los 1.300 millones de euros.

El portavoz parlamentario de los populares no los mencionó. Optó por centrar la arremetida en el conselleiro propuesto por el PSdeG, a quién no citó por su nombre. “Es la primera vez en la historia que uno de los conselleiros del Consello de Contas pretende hacer sombra al conselleiro mayor, la persona que ostenta la representatividad y que es quien debe informar de las actividades del consello”, afirmó. Tampoco aclaró a qué se refería. La persona designada por el Partido Socialista, Simón Rego, había publicado un artículo en el Faro de Vigo en el que denunciaba el abuso de los contratos menores por parte del Gobierno gallego. Lo reiteró en una entrevista en la Cadena SER. Pero en ambos casos evitó presentarse como representante del órgano al que llegó también con los votos del PP y se identificó con su profesión, administrador civil del Estado.

“La órbita del BNG”

Solo unas semanas antes, la maquinaria del PP se había esforzado en cargar contra otra institución pública, recogida en el Estatuto de Autonomía, y con funciones de asesoría a los ejecutivos autonómicos, el Consello da Cultura Galega. Este órgano, que preside la filóloga Rosario Álvarez, elaboró y publicó un denso y duro informe sobre el impacto de la hipotética construcción de una macrocelulosa en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo). Sus 180 páginas, firmadas por expertos en las diferentes materias, concluían que la instalación de la factoría proyectada por la compañía portuguesa Altri constituiría “una grave fractura en el territorio”, implicaría muchos menos puestos de trabajo de los anunciados y causaría efectos negativos en el medio ambiente. La Xunta y el PP no se lo tomaron a bien.

Si la línea argumental sobre el Consello de Contas consistió en cargar contra su miembro socialista, esta vez la derecha optó por otro de sus clásicos: los autores del documento “forman parte de la órbita del BNG”. Daba igual que se tratase de prestigiosos profesores universitarios o investigadores profesionales. Para dos eurodiputados del PP, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, eran apenas “supuestos especialistas” a los que despachaban con una acusación de “nula independencia”, y lo hacían apenas cinco horas después de la presentación a la prensa del informe. Pudiera ser que les hubiera dado tiempo a leerlo completo, pero no lo parecía. A esta primera andanada se sumó la secretaria general del partido, la también diputada Paula Prado. Y, fin de semana por medio, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.

“Yo no voy a entrar porque no me leí el informe. Leí informaciones periodísticas y es sorprendente que, entre las actividades del Consello da Cultura Galega, esta sea de tanta importancia como para presentarla en rueda de prensa”, afirmó al término de la reunión semanal de su gabinete, y cuando habían pasado cuatro días desde la publicación del texto. El cuestionamiento de la legitimidad del órgano asesor para opinar sobre una instalación industrial fue otra de las líneas argumentales del PP, que también usó la prensa afín. El jefe de informativos de la Radio Galega asumió con entusiasmo la idea y pronunció un editorial militante que provocó agudas críticas pero también burlas descarnadas en las redes. El caso es que la institución señalada por los populares cuenta entre sus competencias con la de “asesorar y consultar los poderes públicos de la comunidad autónoma, especialmente la Xunta y el Parlamento de Galicia”. Su concepto de la cultura no es restrictivo y se estructura en seis secciones permanentes, entre ellas una de patrimonio y bienes culturales, otra de ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad u otra de pensamiento. El emplazamiento elegido por Altri con el favor de la Xunta afecta, además, al Camiño de Santiago.

Contra un juez del Superior

Esta nueva versión del PP que arremete contra la institucionalidad del Estatuto de Autonomía tampoco deja fuera de su campo de tiro a los tribunales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el órgano que “culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma”, ha frenado más de medio centenar de proyectos de parques eólicos. La laxitud del Gobierno gallego a la hora de aplicar la legislación medioambiental aparece como uno de los principales motivos, más allá de la muy errática política de energías renovables de los sucesivos ejecutivos de la derecha gallega. Alfonso Rueda no hace autocrítica. Ni la más mínima. Según el presidente gallego, los autos del Superior provocan “una gravísima y total paralización” del sector, y su gabinete los ha recurrido ante el Supremo. Que no siempre le da razón.

El Partido Popular ha ido más allá que su líder. La parálisis eólica, que en realidad arranca con las cuestionables decisiones de Feijóo respecto al plan eólico del bipartito de Partido Socialista y BNG, se debe, señala la derecha, a que un juez del Tribunal Superior fue líder, entre 2016 y 2020, de En Marea. “Como líder de En Marea, Luís Villares intentó paralizar todos los proyectos industriales”, llegó a publicar en redes el PP gallego sin aportar pruebas de ninguna clase. Es más, el propio Villares, magistrado de la sala tercera del Contencioso-Administrativo del TSXG, que no ha respondido en público, sí pidió apartarse de alguna deliberación sobre la materia por haberse reunido con los colectivos ecologistas durante su etapa en política parlamentaria.

La estadística oficial cuestionada

Tampoco aportó muchas pruebas ni argumentos demasiado sólidos el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, cuando la semana pasada cuestionó, en sede parlamentaria, la labor del Instituto Galego de Estatística (IGE), que depende directamente de la Xunta y está dirigido por José Antonio Campo Andión, un hombre que llegó al cargo con Manuel Fraga y fue recuperado para el puesto, tras los años del gobierno bipartito de PSdeG y BNG, por Alberto Núñez Feijóo. Según García, el dato de que, tras 15 años de PP en el Gobierno gallego, se haya multiplicado por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no sabe hablar gallego no es “consistente” y “hay que cogerlo con mucha cautela”. ¿La razón? Que los niños no responden directamente a la encuesta del IGE, sino que lo hacen “las personas que en ese momento se encuentran en el hogar”. El trabajo estadístico oficial no sirve tampoco a los populares si, otra vez, no les da la razón en todo o avala sus políticas en los términos en los que el presidente de la Xunta acostumbra a venderlas públicamente.

El Día de las Instituciones, la fiesta que conmemora el nacimiento en 1778 en la Casa de Juntas de Puente San Miguel (Reocín) de lo que hoy es la Comunidad Autónoma, reconocerá este año la labor de las Casas de Cantabria.

El alcalde, Pablo Diestro, y el concejal de Cultura, Fernando Callejo, han presentado el programa de actividades del Día de las Instituciones, que se desarrollará del 22 al 28 de julio, cuando se celebrará el acto central.

El regidor ha explicado que para celebrar “la fiesta más importante del municipio”, se ha elaborado un programa muy amplio, “que abarca todos los gustos y edades”, y que incluye bolos, conciertos, comida popular, folclore o exhibiciones de deportes rurales, entre otras actividades.

Una celebración que este año tendrá como protagonistas a las Casas de Cantabria. El Ayuntamiento de Reocín ha aprobado el nombramiento de Merino Mayor de los Nueve Valles a las 29 Casas de Cantabria repartidas por España y por diferentes lugares del mundo porque “son los mejores embajadores que podemos tener”, según Diestro.

Hasta el momento, han confirmado su asistencia a los actos de nombramiento del Merino Mayor de los Nueve Valles, que tendrá lugar el 27 de julio en la Casa de Juntas, y al acto del Día de las Instituciones el domingo 28, una docena de Casas de Cantabria, algunas de lugares tan lejanos como Argentina, cuyos representantes viajarán a Puente San Miguel para recibir esta distinción.

Las Casas de Cantabria designarán un representante que será el que intervendrá en el Día de las Instituciones y todas ellas recibirán como recuerdo una reproducción de la Casa de Juntas, “para que esté en sus sedes, recordando esta fecha”, ha indicado el concejal.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de Cantabria que el 28 de julio, además de las enseñas habituales, ondeen frente a la Casa de Juntas las banderas de todos los lugares donde existen Casas de Cantabria.

En abril del año 2010 echaba a andar en Asturias la asociación Asturias Laica. Lo hacía con un objetivo compartido con la ya existente Europa Laica, y de la mano de José Luis Iglesias, catedrático de Historia, fundador en la década de los 70 del sindicato educativo Suatea y con un compromiso inquebrantable con la educación pública y laica.

Asturias Laica nacía hace catorce años para reclamar a las autoridades el cumplimiento del principio constitucional que recoge la separación de Iglesia y Estado, garantizando de esta forma la verdadera democracia, tal y como siempre defendió José Luis Iglesias, fallecido el pasado mes de enero, y presidente de la asociación hasta que en 2018 le pasó el testigo a Luis Fernández.

Razonar, argumentar, dialogar y convencer son los cuatro pilares fundamentales sobre los que se asienta esta organización que tiene dos fechas clave en el calendario, entre otras, como lo son el 29 de junio y el 8 de septiembre.

El 29 de junio, Día de San Pedro, Gijón conmemora la festividad de su patrono, efeméride que el párroco de la Iglesia de San Pedro conmemora con una bendición de las aguas del Cantábrico y una ofrenda floral, acto al que, salvo contadas excepciones, siempre han acudido los representantes políticos de la ciudad, y cita ineludible cada año desde su fundación para Asturias Laica cuyos integrantes se concentran en el Campo Valdés para exigir la desvinculación de los representantes institucionales de toda la ciudadanía, de los actos religiosos.

Desde Asturias Laica recuerdan del Tribunal Constitucional del 13 de mayo de 1982 del Tribunal Constitucional, según la cual “… el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso …”. Ya que la Corporación Municipal, como tal, es una parte constituyente del Estado, se prohíbe a sí misma cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos de signo religioso, explica Luis Fernández.

Según se desprende de esta sentencia y tal y como señala Fernández, los derechos fundamentales y el Constitucional piden a las autoridades su no participación en actos confesionales, ya que “las instituciones no tienen religión”.

El presidente de Asturias Laica refuerza, por tanto, el argumento que la asociación defiende y es lo “inadecuado” de la presencia de la alcaldesa de Gijón en un acto religioso como es la bendición de las aguas por “irrespetuoso e inconstitucional”.

En el caso de la bendición de las aguas en la bahía gijonesa, explica Luis Fernández, hay quien intenta justificar la presencia de representantes públicos esgrimiendo el argumento de que es un acto que es un rito, una tradición que ha excedido hace ya mucho tiempo lo religioso.

“Vivimos en un país que confunde los ritos con la religión”, se lamenta, y explica que Asturias Laica también hay personas creyentes, pues en ningún momento se ataca a la religión, sencillamente se apela a la laicidad de las instituciones pues las creencias religiosas son asunto personal, no de Estado.

Un reglamento en hibernación

En abril de 2023, Gijón puso la primera piedra para convertirse en la segunda ciudad de toda España con una corporación municipal completamente laica. Y así fue cuando, de la mano de la entonces alcaldesa Ana González Rodríguez, primera y única regidora de la ciudad que nunca asistió a la bendición de las aguas en San Pedro, precisamente por mantener la laicidad de las instituciones, el Ayuntamiento aprobó el Reglamento de Acofensionalidad o Laicidad Municipal.

La mayoría de izquierdas que por aquel entonces prevalecía en la bancada del pleno municipal posibilitó esta aprobación de carácter inicial, que dio paso a la apertura del plazo de alegaciones que debería haber concluido con la aprobación definitiva, que nunca llegó a producirse por la vuelta de Foro Asturias al gobierno de la ciudad, de la mano de PP y Vox, tras las elecciones municipales de 2023.

Este reglamento, que para Luis Fernández está en “hibernación”, pues su tramitación ha quedado en “stand by”, fue aplaudido por Asturias Laica “como un éxito”. Se asentaba sobre dos principios, por un lado, la separación entre el poder público municipal y las distintas confesiones religiosas u otras convicciones personales, y por otro, en la igualdad y el principio de no discriminación por razón de religión o ideología.

Recogía que la separación y neutralidad de toda la Corporación en el ejercicio de su labor institucional, de todos los actos religiosos, o la eliminación de la simbología religiosa de todos los edificios de propiedad municipal.

Asimismo aclaraba que ningún acto religioso sería considerado oficial ni se incorporaría como oficial, y especificaba que cualquier acto religioso que se celebrase en espacios públicos estarían sometidos al mismo procedimiento de concesión de permisos o pago de tasas que cualquier otro acto promovido por un particular o entidad privada.

Durante el período de alegaciones destacan las presentadas por el párroco de la iglesia de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, quien, entre otras cuestiones, apelaba a un reglamento cuya necesidad era inexistente o comparaba la bendición de las aguas con la cabalgata de reyes, navidades, semana santa o fiestas nacionales, autonómicas o locales, cuya celebración se preguntaba si también se iba a prohibir.

La realidad es que con lo el cambio de gobierno municipal este documento se ha quedado “en el limbo”, pues como explica Luis Fernández, no se ha aprobado definitivamente, pero sí de manera inicial y las alegaciones están sin responder. Así insta al gobierno local a ir hacia adelante o hacia atrás, es decir, a rematar el proceso o a anular lo que se ha hecho ya que cuentan con la mayoría suficiente para hacerlo. “Prefieren tenerlo congelado”, afirma Fernández.

La “inadmisible” relación entre Principado y Arzobispado

Junto a la del Día de San Pedro hay otra fecha señalada en el calendario para la laicidad, y es el 8 de septiembre, Día de Asturias y también Día de Covadonga, que se conmemora en el Santuario de Covadonga con una misa oficiada por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y a la que acuden los representantes institucionales del Principado, encabezados por el presidente, Adrián Barbón, creyente católico reconocido y también practicante.

Sanz Montes, sacerdote madrileño que fue nombrado arzobispo de Oviedo a finales de 2009, es muy dado a mezclar política y religión, y por ello nunca ha escondido que no comulga en absoluto con postulados progresistas, de hecho, lejos de esconderlo, utiliza el púlpito para promulgarlo.

Así, cada vez que tiene oportunidad, y el Día de Asturias en Covadonga es una de esas citas, carga en su homilía, abiertamente, contra el feminismo, eutanasia, el ecologismo o refiriéndose como la leyenda del beso al beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso, por el que Luis Rubiales será juzgado, “un sainete jaleado con estrategias calculadas”.

Todo esto sucede ante la presencia del presidente Barbón, algo que “enfada muchísimo” a Asturias Laica porque “es escandaloso”. En este sentido aseguran respetar que el presidente asturiano sea creyente, pero califican de inadmisible “que vaya a rendirle pleitesía en nombre de todos los asturianos”.

Lejos de escudarse en sus creencias personales, Barbón siempre ha respondido que su presencia en Covadonga se debe, en primer lugar, a que es el presidente del Principado y así lo hicieron todos sus antecesores. Tras la homilía del pasado año, visiblemente molesto, y al preguntársele por su asistencia este año, Adrián Barbón respondía que quizás era el arzobispo el que no le quería allí.

El presidente asturiano participaba también este fin de semana en la fiesta de L'Amuravela de Cudillero, conmemoración 'pixueta' del día de San Pedro, cuya tradición está vinculada a la construcción de la iglesia parroquial del mismo nombre.