Las personas afectadas por la Ley Turística de Canarias de 2013 siguen recibiendo sanciones por no tener sus apartamentos cedidos a un explotador turístico y por hacer uso de ellos por su cuenta. “Hay personas a las que ya se les ha agotado la vía administrativa y lo que tienen es la carta de pago”, explica Maribe Doreste, portavoz de la plataforma de afectados (PALT). Antonia es ejemplo de ello, le llegó una sanción de 2.250 euros recientemente porque ha agotado la vía administrativa. “Tengo un plazo para pagarla y estoy reuniendo el dinero, pero soy viuda y tengo una minusvalía”, explica. La plataforma sostiene que hay miles de personas afectadas o susceptibles de serlo: muchas con apertura de expediente o propuesta de resolución. En sus registros cuentan con un fichero donde van actualizando las personas o complejos notificados. 

“El problema es que no se están pudiendo defender porque no saben que están siendo notificados, ya que nadie espera que te multen por usar tu casa”, expresa Maribe Doreste. “Ayer nos dimos cuenta de que había ya como 80 cartas de pago directamente porque se están notificando a través del boletín oficial”, destaca. No obstante, recuerda que hay casos como el del apartamento Las Algas que llegaron esos expedientes sancionadores a sus propiedades directamente.   

Antonia, por su parte, remarca que compró su piso con sus ahorros de toda la vida. “Con mis ahorros más una hipoteca, en su día lo compré, y ahora encontrarme con esto no lo entiendo”. “Es mi única propiedad”, insiste esta mujer, que vivía en esta propiedad y ahora vive con su hija por miedo a que la multa se le incremente a los 30.000 o incluso a 300.000 euros. “Yo he podido venirme con mi hija, pero y ¿si no tuviera a nadie más?” Además, señala que no tiene problema en que otras personas del complejo lo exploten turísticamente, pero insiste en que ella quiere disfrutar de una propiedad que ha adquirido. 

En el expediente de Antonia se señala que se le abre por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento”, ya que destina “la unidad al uso residencial (uso propio de la unidad alojativa, así como cesión sin ánimo de lucro a familiares y amigos)”. La inspección de Turismo preguntó al Ayuntamiento (en este caso Mogán) el uso asignado por el planeamiento municipal vigente a la parcela y este respondió que “el uso principal es establecimiento turístico de alojamiento, estando prohibidos los usos restantes” y agregó que el inmueble debe estar “destinado a prestar un servicio de alojamiento turístico por la empresa explotadora habilitada a tal efecto, no siendo, por tanto, susceptible de ser utilizado para un uso residencial”. 

En la resolución se menciona la Ley de 2013 que promueve la especialización hacia el uso turístico en determinadas zonas, evitando la residencialización. La Ley del Suelo de 2017 incluyó que se podrían acreditar los usos residenciales consolidados antes de esa fecha aunque esta norma no valdría para herederos ni si otras personas que compren el apartamento. La sanción señala que no queda acreditado en el caso de Antonia el uso consolidado, pero ella asegura a este periódico que compró el inmueble en 2006 y que en ningún momento se le dijo que tendría que destinarlo a explotación turística.

“Mi apartamento no ha estado nunca en ninguna página de alquiler, no ha estado nunca en explotación, jamás. No ha estado a disposición de terceros. Y además lo compré para disfrutarlo”, insiste. “¿Cómo iba a comprar algo que no puedo disfrutar si mi intención era esa?” se cuestiona. Además, añade que sabe de personas que tienen sus apartamentos en explotación y reciben apenas 300 euros, ya que no pueden ni explotarlo por su cuenta. 

La infracción cometida se encuentra tipificada “como muy grave”, siendo sancionable con multa entre 30.001 y 300.000 euros“. En este caso, se ha impuesto una sanción por cuantía total de 2.250,00 euros, por lo que ”se encuentra dentro del intervalo de la sanción de multa en las sanciones graves“, dice su resolución. 

Antonia se ha integrado en la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que le insiste en que tienen que luchar por su propiedad. Señala que va a seguir luchando, pero que todo es dinero,  “primero tienes que pagar la multa, segundo tienes que pagar por un abogado, y una serie de gastos que tú no prevés y que tú no tenías en ningún momento. ¿Y qué hago?”.

Maribe Doreste, por su parte, incide en que desde la plataforma (que no para de ganar socios) lo que se recomienda es, si a alguien le llega una multa o está notificado, tiene primero que contestar. “Están llegando multas a gente que no está contestando, no porque no quiera, sino porque no se ha enterado, porque han notificado en el boletín oficial”, asegura. 

“¿Por qué no me advirtió, señor notario? ¿Por qué no me advirtió de que la seguridad jurídica no existe en Canarias? ¿Por qué no me advirtió de que una escritura que cuesta sacrificio pagarla no vale para nada? ¿Por qué no me advirtió que donde pone en la escritura apartamento o bungalow se podría cambiar por unidad alojativa?”, son las preguntas que se hace un afectado de la plataforma. “¿Por qué no me advirtió de que el verdadero titular del apartamento es el explotador y no el que lo paga? ¿Por qué no me advirtió de que yo solo puedo comprarlo pero no vivirlo porque me podrían multar?”, añade. 

Turismo alega que las sanciones vienen si es “suelo turístico”

La Consejería de Turismo ha señalado a este periódico que “la normativa no expulsa a nadie de su vivienda, ni tampoco obliga a nadie a entregar las llaves a ningún explotador” y que “si ese expediente sancionador existe es porque hay constancia probatoria de que se trata de un establecimiento ubicado en suelo turístico”. 

El área que dirige Jéssica de León añade que la normativa urbanística con carácter general “es igual en toda España y todo el mundo debe respetar los usos definidos por el planeamiento urbanístico (principio de especialización de usos)” y que los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán se comprometieron el pasado año a iniciar los procedimientos de modificación de especialización de los usos del suelo y ese inicio de expediente suspendería los procedimientos sancionadores que estuvieran en marcha.

“Forma parte del expediente sancionador un informe urbanístico del ayuntamiento correspondiente, que establece que el establecimiento está amparado en una licencia turística, en suelo turístico para uso turístico, sin ese informe el expediente sancionador no prosperaría”, apunta.

El Defensor del Pueblo rechazó que el uso residencial esté prohibido 

Doreste apunta a una respuesta del Defensor del Pueblo que en 2019 recomendó al Gobierno de Canarias que respete el uso residencial de los afectados o que los indemnice. “No hay base jurídica suficiente para sostener, como sostiene la Administración de Canarias, que el uso residencial esté prohibido. No lo está. No puede estarlo, como se ha venido razonando, ni por la especialización del suelo ni por la naturaleza del establecimiento”, remarcaba esa carta. 

El pasado año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dio los pasos para aliviar estas multas a los propietarios. Lo que se aprobó fue la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio. Maribe Doreste recordó entonces que “hasta 2013 vivíamos tranquilos” y añade que, hasta entonces, estos pisos no podían explotarse turísticamente si no lo aprobaba un 51% de la comunidad de propietarios. 

En contra de la Ley del alquiler vacacional

La plataforma también ha protestado estos días contra el proyecto de ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias y ha enviado numerosos correos electrónicos. “La ley del alquiler vacacional vuelve a insistir en lo mismo y recae otra vez en la majadería de que nosotros no tenemos una vivienda, que lo que tenemos es una unidad alojativa y por tanto no tenemos derecho al uso de lo que es nuestro”, destaca Maribe Doreste. 

“Defendemos que la gente que quiera pueda hacer el alquiler vacacional y más en las áreas del litoral de todas las Islas Canarias”, sostiene. “A nosotros esta ley vuelve a ponernos en el disparadero, realmente es una ley tramposa, un caballo de troya, vienen a por nosotros, vienen en esta ley a por los residentes y a por los propietarios”. 

Las personas afectadas por la Ley Turística de Canarias están más cerca de que el Parlamento debata la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueven. Se trata de ciudadanos y ciudadanas que han llegado a ser sancionados por residir en viviendas que se encuentran en zonas calificadas actualmente como turísticas. Hay casos en los que esos pisos son sus residencias de toda la vida, con historias de sacrificio y de superación familiar. Las multas han llegado a ser de 2.500 euros. 

La Mesa de la Cámara Regional ha dado por verificadas las firmas presentadas tras considerar que se ha registrado un número suficiente: 22.876 en total. Así mismo, ha acordado remitir al Gobierno el texto de la citada proposición de iniciativa popular, ordenar la publicación el Boletín Oficial del Parlamento y la conservación de los pliegos así como toda la documentación de la Junta de Control que se unirá al expediente de la iniciativa.

“Estamos muy contentos porque se abre la posibilidad de proponer un texto legislativo que tiene como eje fundamental el desarrollo socialmente sostenible del turismo. Que se integra en la sociedad anfitriona, que permite el desarrollo económico y el progreso de nuestra tierra favoreciendo el reparto real y proporcional del beneficio que genera”, ha expresado la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, de la que es presidenta Maribe Doreste.

“Desde la PALT, queremos manifestar estamos a favor del turismo y que esto es un paso importante para poder defenderlo”, añade la plataforma, que subraya que el modelo turístico debe repercutir en la sociedad, de tal manera, que se mejoren los servicios en educación, sanidad, infraestructuras públicas y permita que los jóvenes puedan aspirar a un empleo no precario con el que tener acceso a una vivienda digna.

La plataforma expone que el modelo actual no respondía a las expectativas de la sociedad de este siglo, ni al progreso de esta y es por ello por lo sus componentes se decidieron a elaborar esta Iniciativa Legislativa Popular para que “todos cupiésemos” y “donde la armonía y la paz social permitiera que los habitantes de las islas se sintieran incluidos en los procesos de desarrollo de nuestra tierra sin perder la identidad canaria”.

Claves de la iniciativa legislativa

Los afectados por la Ley Turística se han mostrado desde hace años esperanzados con esta iniciativa legislativa que se registró en junio de 2022. En el texto señalan que el “principio de unidad de explotación, no responde respetuosamente al marco jurídico en el que debe encajarse, que es distinto al existente al momento de incorporarse al ordenamiento jurídico canario” y recuerdan que cuando hay un único explotador turístico para todas las fincas que componen un edificio, “es una inagotable fuente de conflictos”.

En este sentido, recuerdan que esta problemática se da en aquellos complejos divididos horizontalmente (donde se solapan el principio de unidad de explotación con el concepto de establecimiento y con las normas urbanísticas municipales). “La colisión del derecho privado, del derecho urbanístico y el derecho turístico se resuelve de forma distinta según se aborde la cuestión. Entre otras cuestiones, concluye el texto que ”es necesario formular en este contexto contemporáneo el principio y definir legalmente el concepto de establecimiento turístico alojativo“.

La iniciativa acota los servicios turísticos y las actividades en este ámbito, así como la actividad extrahotelera. Sobre el principio de unidad de explotación, el proyecto refleja que para operar en cualquiera de las modalidades de edificio/ complejo o conjunto “será requisito imprescindible” contar con “un acuerdo unánime de todos los propietarios de la edificación por plazo no inferior a diez años, como título habilitante, salvo en los casos de titular único y mientras se dé esa situación jurídica”.

Además, la empresa turística deberá “acreditar la titularidad de la propiedad u otros títulos jurídicos que la habiliten para la explotación de la totalidad de las unidades de alojamiento que constituyen el establecimiento así como el acuerdo unánime de todos los propietarios”.

No obstante, el proyecto no solo se centra en la cuestión de los apartamentos sino que inciden en promover un modelo alternativo. Entre los objetivos que se marca la ILP está la ordenación, planificación y promoción del turismo así como la calidad de los servicios turísticos.

También busca mejorar la competitividad del sector y la inspección y control de las actividades turísticas. El proyecto busca fomentar la investigación e innovación así como la diversificación de la oferta turística e inciden en promover la accesibilidad y proteger los recursos turísticos con el principio de desarrollo sostenible.

“Todo esto, antes era tierra colorada”, dice Montse mientras señala al exterior de unos apartamentos del sur de Gran Canaria. Se trata de Las Algas, uno de los primeros complejos que se construyeron en los años sesenta, antes de que nadie imaginara que décadas después Playa del Inglés se convertiría en el corazón turístico de la isla. Ella llegó con apenas once años a esta casa donde vive ahora con su marido. Cuando era niña primero venía los fines de semana a ver a su padre, que habitaba en este piso porque era trabajador del conde de La Vega Grande (entonces, Alejandro del Castillo); propietario de gran parte de los terrenos del sur. Olga vive en el piso de al lado y explica que se trata de su casa familiar de toda la vida. Su padre también trabajaba para el conde, que dio la opción de comprar estos pisos para que sus empleados estuvieran cerca de su centro de trabajo, el entonces Hotel Oasis. Los padres de ambas tuvieron el puesto de maître (jefe de comedor) y compraron estos pisos porque entonces no había ni carreteras adecuadas para desplazarse por la isla. 

Olga llegó a esta casa con meses de vida y ahora tiene 54 años. Era 1969 cuando el apartamento, que cuenta con dos habitaciones, baño, salón comedor y balcón, se convirtió en la casa de sus tres hermanos, sus padres y ella. En una habitación amplia se disponían las dos literas y en la otra, el dormitorio de sus padres, que con mucho esfuerzo pagaron los cuatro millones de pesetas que costaba aquel inmueble. A ella y a sus hermanos venía una guagua a recogerlos para ir al colegio, rememora. “No nos han regalado nada”, asegura mientras sostiene incrédula una carta que ha recibido de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. En ella se le comunica que se tramita su expediente por la sanción que se le comunicó previamente de 2.250 euros y que tiene recurrida. “No voy a pagar porque no voy a darles la razón”, apunta. La sanción se le impone porque el suelo ahora es “turístico” y se le indica que debe estar dedicado a esta actividad, de acuerdo a la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, de 2013. Pero además, el apartamento no puede ser gestionado por ella misma, sino que tiene que hacerlo un explotador turístico. 

Montse asegura que en su caso ella no piensa ni recoger la sanción. “A mí no me van a echar de mi casa”, insiste. Ambas cuentan anécdotas de los primeros años viviendo en estos pisos y buscan fotografías. “No había nada construido alrededor y se escuchaba mucho el viento”, recuerdan. Desde los inicios, aseguran que había también personas extranjeras en estos apartamentos, pues el turismo en Canarias se caracteriza por ser de larga temporada. Esta modalidad se da sobre todo en invierno, cuando llegan personas del norte de Europa refugiándose del frío. Por ello, no entienden la polémica. Tampoco lo entendió el Defensor del Pueblo, que en una resolución de 2019 (la polémica viene arrastrándose varios años pero las multas llegan ahora) dijo que “en Canarias son frecuentes las estancias de larga duración. Por ello cree que la incompatibilidad entre el uso residencial y el turístico no es tan intensa, o no hay incompatibilidad en absoluto”. 

Desde hace meses está llegando este reguero de multas a familias canarias. Un matrimonio agotó esta Navidad el trámite administrativo tras llegarles los 2.250 euros de multa y se abre ahora el camino en la vía judicial. En la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que tiene su sede al lado de la Comisaría de Playa del Inglés, no dejan de analizar casos, de asesorar y recibir llamadas. Insisten en que no se paguen estas multas y que acudan a asesorarse. “Nos preguntamos dónde vamos a vivir y qué justifica que personas que no son millonarias se les esté sancionando por no tener su propiedad en manos de un explotador turístico con el pretexto del interés general”, subraya la presidenta del colectivo, Maribe Doreste. También añade que “no hay mayor interés general que el de la mayoría, ni función social de la propiedad que pueda estar por encima del derecho a la vivienda y lo que se está produciendo es una expropiación encubierta”, apunta. 

Olga insiste en la idea de que estas personas que tienen apartamentos no son millonarias. “Yo llevo trabajando desde los 17 años”, afirma. Empezó a trabajar en el centro comercial Metro (que de ser referente para el municipio ahora languidece en Playa del Inglés) y después ha seguido trabajando muy vinculada a la hostelería y al turismo. Subraya que siempre vivió en este apartamento de Las Algas, excepto durante unos años en los que su familia probó la experiencia de poner este piso en explotación turística. Una experiencia que en general los propietarios cuentan que no ha sido buena, pues hay meses que no se cobra nada porque el gestor indica que no se ha alquilado lo suficiente o en los que se cobra es muy poco. El matrimonio sancionado en plena Navidad indica que la explotación no era rentable porque solo recibían 200 euros. “¿Pretenden que lo ponga en explotación turística cuando esta es mi única vivienda, con esos 200 euros cómo me alquilo otro piso?” lamenta Olga. 

La familia de Olga compró otra casa en San Fernando, pero en 2009 cuando su padre falleció se mudó de nuevo a Las Algas a vivir en el apartamento que había sido toda la vida de su familia. Cuando su madre murió, en 2016, compró la parte del apartamento a sus otros tres hermanos y se quedó a vivir ahí. En sus años de vida ha estado empadronada la mayor parte del tiempo en Playa del Inglés, después en San Fernando y cuando se volvió a empadronar en Las Algas (en 2016) el Ayuntamiento nunca le puso ningún impedimento por residir ahí. Además, insiste en que paga sus impuestos como cualquier otro inmueble. 

La multa de Olga no se sostiene porque la Ley del Suelo de Canarias, de 2017, ya recogió que  las personas que residían en esos complejos antes de ese año y lo probaran como “derecho consolidado” podrían seguir haciendo uso de estos apartamentos como residencia, aunque esto no sería posible si se produce un cambio de propietarios, por tanto, ni siquiera contempla a los herederos, que tendrán (según la norma) que entregarlo en un futuro a un explotador. El apartamento de Olga siempre ha sido de su familia, ella está empadronada en él desde antes de esas fechas y es de su propiedad, con lo que cumple con todos los requisitos. 

Montse recalca que ella nunca ha tenido el apartamento en explotación turística. Siempre lo ha visto como la casa de sus padres y después como su casa, la de su marido y que será de su hijo. “Cuando lo compramos no nos dijeron nada de esto” y “no nos pusieron estas condiciones”, remarca. Además, ambas explican que son hijas de los trabajadores que levantaron el sur de Gran Canaria, que empujaron y trabajaron duro en el bum del turismo y que siempre se han adaptado ellos al turista. Por ejemplo, cuando en Playa del Inglés se comenzó con la remodelación de los apartamentos de las zonas pensando en la imagen del turismo, ellas pagaron la derrama correspondiente para adaptar su complejo y modernizarlo, algo para lo que afirman que nunca han recibido subvenciones y que lo han pagado con su nómina de trabajadoras. 

Olga y Montse muestran cómo en estos complejos se vive con normalidad y está interiorizada la convivencia con extranjeros, que en su mayoría vienen por largas temporadas de seis meses. Además, funcionan como cualquier comunidad de vecinos, con sus juntas, sus normas y sus derramas. En los pasillos personas de distintas nacionalidades y circunstancias se saludan y se ayudan en lo que pueden. También son parte de la comunidad los gatos, que entran y salen de los apartamentos como uno más de la familia. 

Una cuestión que no entienden es por qué se multa a unos apartamentos sí y a otros no. Por qué a unas zonas y calles sí ya otras no y cómo es que la sociedad canaria no sale a la calle en contra de estas medidas que ven injustas. “No quieren a los canarios en el sur”, es una de las frases más escuchadas, que también pronuncian desde la Plataforma de Afectados por la Ley  Turística. El colectivo calcula que de las 53.000 personas que residen en San Bartolomé de Tirajana, un 29% lo hacen en zonas consideradas turísticas, es decir, hay unas 16.900 residentes. Se trata de personas susceptibles de ser multadas, pero pueden verse afectadas hasta 40.000 en toda Canarias, si las sanciones avanzan por otros municipios con propietarios de apartamentos, sobre todo de Fuerteventura o el sur de Tenerife. 

“¿Que me multan por vivir en mi propia casa? Yo no me voy a ir de aquí”, dice Montse. Asegura que no se piensa preocupar y que es su casa “punto final”, zanja. Olga también asegura que no baraja marcharse y confía en que estas sanciones no tengan recorrido, pero sí reconoce sentirse angustiada y que es un tema que le preocupa. Tener que lidiar con el papeleo, buscar abogados, asesorarse… “Somos de la época en la que se pasó del tomate al turismo, ahora que no nos vengan con esa ley”, dice Montse, que añade que “venimos de levantar el turismo aquí, esto era tierra colorada”. Ambas recuerdan que sus padres trabajaron y lucharon mucho, incluso en épocas en las que había movilizaciones por la reducción de jornadas y los derechos de los trabajadores, se quedaban en el hotel porque tenían la condición de jefes de comedor. “Íbamos a ver incluso en Navidad a nuestros padres al hotel cuando no podían salir”, recuerdan. Eran tiempos donde el trabajo en la hostelería era aún más exigente y la gente se deslomaba para salvaguardar sus puestos. 

“Esta situación da rabia e impotencia”, insiste Montse. Ambas creen que sus familias han vivido y luchado mucho para que ahora se les diga que no pueden residir en su barrio de toda la vida porque se ha convertido en el punto turístico que es hoy, que no es más que el fruto del trabajo de tantos que como sus familias se sacrificaron. “Desde las instituciones nunca se nos ha facilitado nada, hemos sido nosotras las que nos hemos adaptado al turismo”, dicen ambas. Recuerdan que nunca han pedido ni se han quejado por no tener centro de salud u otros servicios, pues saben que tienen que desplazarse a San Fernando para ello y lo aceptan. Lo dicen a modo de ejemplo de que nunca han supuesto un problema para el Ayuntamiento. “Esta ley va en contra de la libertad y no se puede aplicar con carácter retroactivo porque nunca firmamos estas condiciones”, aseguran.

Una sanción de 2.250 euros en plena Navidad por no dejar su apartamento en manos de un explotador. Es lo que le llegó a la propietaria de un piso del sur de Gran Canaria por hacer uso privado de él. J.S.A, que prefiere salvaguardar su nombre completo porque sigue batallando por esta causa, lamenta la situación de indefensión en que se encuentra. Heredó este apartamento de su padre, que lo compró en los años 60 cuando el turismo ni siquiera había despegado en Canarias y Playa del Inglés no se había convertido en ese montón de inmuebles extrahoteleros. No se trata de un caso aislado, ya que esas sanciones se están acumulando desde hace meses y Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, no da abasto asesorando a las familias afectadas. “No quieren a los canarios en las zonas con potencialidad turística”, asegura.

Este año, esa plataforma ha recurrido el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria porque entiende que perpetúa que se favorezca a los explotadores turísticos y no que los propietarios canarios puedan hacer uso de estas propiedades. Al mismo tiempo, siguen luchando por promover en el Parlamento una reforma de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013 y su posterior reglamento, que incluyó el “principio de unidad de explotación”. Esto en la práctica supone que los dueños de los apartamentos no podrán alquilarlo por su cuenta, sino que debe hacerse cargo una única empresa explotadora (normalmente de fuera de las Islas). También recoge que esos pisos deben regirse al uso establecido en el plan de ordenación municipal y perjudica a quienes quieren vivir en él. 

El caso de J.S.A es uno de los más alarmantes por la enorme cuantía de la sanción. Pese a que esta propietaria recurrió la multa de la Consejería de Turismo, la resolución concluyó que había cometido una falta “grave” por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, toda vez que no hay explotación turística en la unidad alojativa” tras una inspección iniciada por el Gobierno de Canarias en 2022. En una visita realizada al complejo de 52 pisos, Turismo asegura que se constató que el establecimiento se encuentra cerrado al público en general y no existe recepción ni trabajadores, por lo que no hay “explotación turística” sino que cada propietario “hace uso que considere de su unidad” (o lo alquila por periodos o reside en él de forma total o parcial).

No obstante, sí que existía una entidad explotadora que dejó de operar hace cinco años. J.S.A y su marido recuerdan que no les compensaba tener su piso de esta manera. “Llegábamos a recibir 200 euros cuando el explotador alquilaba el apartamento en 900”, lamentan. Por ello, han decidido hacerse socios de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Muchas otras familias han ido pagando con mucho esfuerzo estos apartamentos en el sur, que tanto animaban a los canarios y canarias a comprar hace unas décadas. Ahora, sin embargo, se ven acorralados al tener que cederlos. 

La presidenta de la plataforma de afectados resume que esas sanciones lo que están diciendo es que “si usted tiene una propiedad o una vivienda la tiene que forzosamente destinar al uso turístico, pero no lo puede hacer usted sino a través de un explotador turístico que te paga lo que le da la gana y usa lo que es tuyo para sacar dinero, que se tributa fuera”.

Señala que ya están llegando resoluciones a personas cuyo apartamento es su única alternativa como vivienda, como es el caso de una joven que acudió a la plataforma de afectados esta semana. “Están convirtiendo un espacio de producción social en un espacio de producción económica y esto implica el desplazamiento forzoso de la población”, remarca Doreste.

Más de 40.000 familias afectadas

Maribé Doreste explica que hay unas 40.000 familias afectadas por esta situación. Las multas están ahogando a las del sur de Gran Canaria, pero pronto pueden llegar a otras zonas de apartamentos familiares como es el caso de Fuerteventura. J.S.A aclaraba en el recurso presentado tras la sanción que su establecimiento no se comercializa turísticamente desde el año 2016. Así mismo, en ese documento se añade que su vivienda se encuentra en un complejo de 52 apartamentos divididos horizontalmente y que en él cabe la posibilidad de desarrollar usos turísticos, una actividad que insisten en que es “libre”. 

El recurso presentado por esta familia gira en torno a que “no puede sancionarse a un ciudadano que ejerce una libertad recogida constitucional y legalmente” y la recurrente agrega que, como propietaria, no desea realizar ninguna actividad económica con aquello que le pertenece. “El establecimiento y ejercicio de la actividad turística es libre”, insiste esta ciudadana, que entiende que la resolución de la Consejería de Turismo vulnera su derecho de propiedad. Así mismo, alude a que la ficha del complejo no cita en ningún momento ninguna norma con “usos prohibidos o incompatibles”. “Hay que partir del hecho de que siempre han existido apartamentos y bungalows no adscritos a ninguna explotación turística y ese uso residencial era, y es, absolutamente legal”. 

La norma de 2013 que les colocó en esta situación añade en un apartado que el uso residencial es compatible si está consolidado ese uso con anterioridad a 2017. La recurrente expone en este apartado que “está claro que su apartamento, como todos los demás, a 1 de enero de 2017 no estaba en explotación, ni lo ha estado desde entonces”, expone. Así mismo, insiste en que como propietaria tiene derecho a usarlo y no tiene la obligación de cederlo para su comercialización y que la amparan derechos y libertades básicas así como un conjunto de normas transitorias. 

La Consejería de Turismo no estima este recurso ni da por válido sus argumentos y remarca que el uso de ese suelo según el planeamiento vigente es el turístico y que el inmueble está registrado como parte de un complejo turístico. Se considera además que la infracción es grave y puede conllevar una multa de entre 1.501 y 30.000 euros. A la recurrente, J.S.A, esta notificación le ha llegado este 14 de diciembre y por ello la familia ha acudido a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que insiste en que está “trabajando a destajo” para dar una solución a todas las personas afectadas. Doreste indica que todas las sanciones se van a recurrir por la vía contencioso-administrativa y recuerda que cualquier persona afectada puede acudir a la plataforma, que abre los jueves por la tarde y sábados por la mañana.

Hay posibilidad de convivir todos

Este colectivo, que ha salido a la calle en numerosas ocasiones, mantiene la esperanza de que estas medidas que consideran injustas cesen. Se agarran entre otras cuestiones a una sentencia conocida hace unos meses que anuló una de esas cuantiosas multas de más de 2.000 euros al propietario de un apartamento del sur de Gran Canaria por hacer uso de él. 

Maribé Doreste remarca que tal y como está la situación de la vivienda, no entiende que se impongan estas multas. “No entendemos esta contradicción que la consejera de Turismo, que va a dios rogando y con un mazo dando. Por un lado, quiere proteger las viviendas para la gente y, por otro, te la quita porque dice que tu vivienda tienes que alquilarla para un uso turístico”. Insiste en que ante la situación alarmante de la vivienda en las Islas se dan muchos casos en que estas personas quieren alquilar sus apartamentos por largas temporadas, por ejemplo, a trabajadores de la hostelería. También se da el caso de padres que quieren ayudar sus hijos, entre otros. “Son en muchos casos segundas residencias de muchas personas pero no son millonarios, son trabajadores de a pie que con sus esfuerzos han conseguido tener una vivienda”, destaca.

Además pone su propio caso como ejemplo de que la convivencia entre propietarios y empresas turísticas en un mismo complejo es posible. Ella reside en su apartamento en el sur de Gran Canaria, donde afirma que se dan distintas modalidades sin problema. Por ello, recuerda que se registró en una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) en el Parlamento, que no dio tiempo de tramitarse en la pasada legislatura y que busca que “haya convivencia y paz social”.

La Policía ha detenido a un hombre de 35 años, con antecedentes, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, supuestamente cometido al promover una obra ilegal en un complejo turístico de Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria.

La obra promovida por el detenido fue iniciada a pesar de los informes desfavorables del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Además, la construcción no contaba con ningún tipo de medida de seguridad y había alterado gravemente la estabilidad del edificio.

Las gestiones policiales permitieron identificar a seis empleados, entre los que se encontraban dos individuos de nacionalidad marroquí en situación irregular, ha informado este sábado la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado.

En colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, agentes de la Policía Nacional realizaron esta intervención, en la que se pudo confirmar que el permiso de obra solicitado había sido denegado, ya que contaba con varios informes desfavorables del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La intervención policial finalizó con la detención del promotor de la obra como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, la incoación de dos expedientes de expulsión y el precinto de la obra por parte de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.

Instruido el correspondiente atestado policial, fue remitido a la Autoridad Judicial competente.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años y con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa después de que arrollara a una mujer que acompañaba a su expareja en un intento por atropellar al hombre en Playa del Inglés (Gran Canaria).

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla, en labores de prevención de la delincuencia, fue testigo de cómo un vehículo atropellaba a una mujer para luego darse a la fuga en la Calle Italia de este núcleo turístico del sur de la isla.

De esta manera, los agentes atendieron de forma inmediata a la víctima y comunicando a los otros funcionarios de servicio las características del vehículo fugado.

Así, fue otra patrulla la que localizó al vehículo en las inmediaciones, el cual presentaba daños en el parachoques, por lo que procedieron a identificar a su conductora.

La arrestada, de forma espontánea, manifestó que momentos antes quiso atropellar a su expareja sentimental y no a la mujer que le acompañaba.

Finalmente, una vez instruido el correspondiente atestado policial, fue remitido a la Autoridad Judicial competente.

Dos personas han sido detenidas por tener a la venta alimentos que contenían estupefacientes, como marihuana, en un comercio de Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, según ha informado este miércoles la Guardia Civil.

Los agentes y los inspectores de sanidad intervinieron el pasado 28 de junio en el comercio un total de 588 gramos de marihuana, 22 gramos de hachís y 10 mililitros de aceite de hachís ocultos en alimentos como galletas, caramelos, pasteles y bebidas como vino, agua o refrescos, se indica en un comunicado.

Los agentes fueron alertados por inspectores de la Unidad de Inspección Sanitaria que observaron que en el negocio situado en la localidad de Playa Del Inglés se encontraban a la venta diferentes alimentos que contenían marihuana.

La normativa europea prohíbe la venta de productos estupefacientes como el cannabis, de ahí a que los detenidos, una mujer y un hombre de 39 y 33 años de edad, respectivamente, hayan sido detenidos por delitos contra la salud pública y por contrabando, ya que introdujeron la droga ocultándola en aduanas bajo la apariencia de otro tipo de alimentos.

Los propietarios del negocio han quedado a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de la localidad de Maspalomas.

Las selecciones de España, en la categoría masculina, y Portugal, en la femenina, conquistaron este domingo el I Torneo Internacional Gran Canaria de balonmano playa, que se ha disputado en la sureña Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

En varones, España y Portugal disputaron una final que se decantó por un justo 2-0 (23-18 y 25-20) a favor de los denominados 'Hispanos de la arena', que dirige Jaime 'Jimy' Osborne, según han informado fuentes de la organización.

El entrenador de la selección española ha asegurado que estaba “muy orgulloso” de todos sus pupilos porque, además de conseguir la victoria, “lo han dado todo, por lo que me voy muy contento antes de afrontar el Europeo en Polonia”.

“Este torneo en la isla ha marcado el gran nivel que ahora tenemos y, además, nos ha permitido disfrutar de un lugar precioso y de su gente”, ha señalado.

Por su parte, la final en categoría femenina tuvo a los mismos contendientes, aunque en esta ocasión las jugadoras lusas se llevaron la victoria ante las españolas -'Guerreras de la arena'-, a quienes superaron en la ronda de penaltis después de un 1-1 y parciales de 22-24 y 20-15.

El seleccionador español, Diego Carrasco, ha resaltado que, pese a la derrota, sus jugadoras han ido “de menos a más” durante el evento grancanario.

“Esta isla nos ha acogido muy bien y nos queda la pena de no haber podido ganar el título, pero ahora tenemos una deuda que saldar: conquistarlo en el futuro”, ha afirmado.

Por otra parte, Francia se hizo con la tercera posición del podio en la categoría masculina, al igual que Holanda se adueñó del bronce en la femenina, al caer ambos combinados nacionales con Portugal en la ronda de semifinales, 21-18, 20-26 y 9-6 por un lado y 18-16, 16-25 y 7-4, por otro.

Un espectacular incendio ha sorprendido esta mañana a los vecinos de Playa del Inglés. Una llamativa columna de humo y llamas se elevaba sobre un restaurante situado en la avenida Estados Unidos de la localidad.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 7.50 horas de la mañana de este martes, en la que se avisaba de que se estaba produciendo un incendio en un restaurante de un complejo de bungalows ubicado en la citada avenida.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de San Bartolomé de Tirajana, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico, aunque no ha habido heridos.

La Policía Nacional ha intervenido prendas de vestir y complementos valorados en un toral de 1.267.700 euros que estaban a la venta en tres tiendas de un conocido centro comercial y de ocio de la zona turística de Playa del Inglés, al sur de Gran Canaria, en una operación en que detuvo a ocho personas, según ha informado este jueves.

Inspecciones periódicas que hacen en comercios ubicados en núcleos turísticos y susceptibles de vender objetos falsificados llevaron a agentes de dicho cuerpo a detectar los productos falsificados, por lo que se decidió efectuar un registro de los establecimientos donde se ofertaban con la ayuda de un perito judicial y se confirmó la actividad delictiva.

Las investigaciones al respecto condujeron además a la detención de cinco hombres y una mujer, identificados como propietarios o empleados de los comercios registrados, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial, destaca un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Y añade que las pesquisas efectuadas hicieron posible también el arresto de otros dos hombres, ambos con antecedentes delictivos por actos de similar naturaleza, acusados de falsificar prendas de vestir y complementos de primeras marcas para distribuirlas después en las tiendas referidas.

Seis hamacas han aparecido completamente destrozadas en la mañana de este sábado en el sector 1 de Playa de Inglés, la playa de mayor afluencia de público de San Bartolomé de Tirajana, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Las tumbonas fueron destrozadas por los efectos de un objeto afilado y cortante, convirtiéndolas en inservibles para el servicio de uso y disfrute de los bañistas que reclaman su uso.

En enero de este año, el Ayuntamiento afrontó una nueva fase de renovación del mobiliario de playa, con la inversión de 450.000 euros para adquirir más de 2.700 hamacas y 1.455 sombrillas.

Según el Consistorio, “ese esfuerzo del gobierno municipal se enfrenta a intervenciones humanas como las acaecidas este sábado, con el único fin de causar un perjuicio colectivo no sólo a los usuarios de la playa, sino también a las arcas municipales”.

Desde el Ayuntamiento consideran que “la intervención humana con un efecto tan pernicioso como el que se produce con este destrozo sólo busca generar también un deterioro a la marca Maspalomas Costa Canaria, primer destino turístico de Canarias y uno de los más importantes en el circuito vacacional europeo”.

El concejal delegado de Seguridad y Playas de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo Ojeda, ha lamentado esta actuación sobre el mobiliario playero, “propia de personas gamberras, que en nada benefician a nuestra marca turística, sino todo lo contrario, parece que se regocijan con generar una imagen negativa del municipio que más economía genera en Gran Canaria”.

“Esta intervención vandálica no nos va a arredrar, sino todo lo contrario, porque desde el Ayuntamiento continuamos trabajando sin desánimo para que Maspalomas Costa Canaria no decaiga como marca turística, con un prestigio internacional que algunos parecen interesados en perjudicar desde dentro, en una incomprensible actitud autodestructiva, lo que por otro lado no es de buenos ciudadanos”, añadió el edil.

Un hombre de nacionalidad británica falleció durante la tarde este viernes ahogado en Playa del Inglés, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa Salvamento Marítimo, tras tener noticias de que un varón había desaparecido cuando se bañaba, los servicios de emergencias activaron un dispositivo de búsqueda, siendo el hombre finalmente localizado y confirmándose su fallecimiento tras un intento de reanimación en la orilla.

Por su parte, el helicóptero Helimer 210 y la embarcación Salvamar Menkalinan de Salvamento participaron en la búsqueda, además del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y Cruz.

Un hombre de 42 años ha sido detenido en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) por la Policía Nacional, por presuntamente acosar de manera reiterada a una mujer en la localidad de Playa del Inglés, con quien había mantenido una amistad.

Según informa este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el sospechoso, que cuenta con antecedentes policiales, persiguió a la mujer en varias ocasiones por la vía pública e, incluso, llegó a realizarle fotografías en su puesto de trabajo.

La nota especifica que los hechos se produjeron una vez que la mujer decidió romper la amistad que sostenía con el detenido.

El miedo a sufrir algún tipo de represalia llevó a la víctima a denunciarlo ante la Policía, que una vez lo arrestó lo puso a disposición de la Justicia, concluye la Jefatura Superior.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer danesa de 52 años como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa al discutir con su compañero de piso e intentar clavar un destornillador en el cuello y el pecho del hombre en presencia de varios agentes.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, varias llamadas al 091 alertaron de una fuerte riña entre una mujer y hombre en una calle de San Bartolomé de Tirajana.

De esta manera, los funcionarios que se desplazaron al lugar se entrevistaron con ambos, quienes reconocieron haber mantenido una acalorada discusión momentos antes.

Cuando los agentes procedieron a la identificación de ambos, la mujer se dirigió al interior del domicilio para recoger su documentación, mientras que al regresar, y sin mediar palabra, clavó un objeto punzante a su compañero de piso en el cuello y en el pecho.

De inmediato, la mujer fue desarmada y detenida como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y el hombre fue trasladado hasta el centro hospitalario más cercano, donde fue atendido de las lesiones sufridas.

Finalmente, los hechos fueron puestos en conocimiento del Consulado de Dinamarca en la isla.

La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de lesiones en su puesto de trabajo al dar una paliza a un compañero con el que discutió sobre el horario de salida, ha informado este martes la Jefatura Superior en un comunicado.

La víctima necesitó ser trasladado hasta un centro de salud cercano para ser asistido de las lesiones.

Los hechos se produjeron en un establecimiento comercial de Playa del Inglés, al que se trasladaron los funcionarios policiales que asistieron a la víctima y solicitaron la presencia de una ambulancia para que trasladara al mismo hasta un centro de salud cercano, donde recibió cuatro puntos de sutura en la cara.

El detenido, C.S.M., con numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial, indica la nota.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal organizado tras atracar una joyería de Playa del Inglés (Gran Canaria) y ha detenido a sus cuatro componentes, que actuaron de manera “extremadamente violenta” y de forma organizada, estableciendo funciones de vigilancia previa, seguimientos asistidos con GPS y venta de los objetos sustraídos.

Además, emplearon guantes y máscaras de silicona para ocultar el rostro, que habían adquirido previamente a través de Internet, según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

De la joyería sustrajeron 130 anillos, 54 pendientes, 38 colgantes, 13 relojes, 60 cadenas y 38 pulseras, todo ello de oro y valorado en más de 935.000 euros.

Fue el pasado 8 de abril. El teléfono 091 recibió la llamada de un hombre que solicitaba ayuda, ya que había acudido a la joyería de su padre, ubicada en un centro comercial de Playa del Inglés, encontrándola cerrada.

Desde el exterior podía observar un gran charco de sangre en el suelo junto al mostrador, no pudiendo observar a su progenitor.

El dueño, herido y con las manos atadas

Los agentes que se desplazaron al lugar forzaron la puerta de acceso al local, pudiendo observar a un hombre tendido en el suelo, con las manos atadas a la espalda, graves heridas en el rostro y la ropa impregnada de sangre.

De inmediato se presentó una ambulancia en el lugar, que asistió a la víctima y la trasladó hasta un hospital del sur de Gran Canaria, donde fue tratado de numerosos hematomas y cortes en la cabeza, además de un coágulo encefálico, por lo que se procedió a su traslado de urgencia hasta el Hospital Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresado.

Por su parte, el comercio se encontraba desordenado y con numerosas vitrinas de seguridad abiertas de las que faltaban gran cantidad de objetos de valor. Con los indicios obtenidos en el lugar del robo, los funcionarios policiales iniciaron una investigación para determinar la autoría de los hechos, cuyas diligencias fueron decretadas secretas por la Autoridad Judicial.

Dicha investigación se centró en un grupo criminal organizado, especializado en los robos en joyerías, que empleaban especial violencia durante los mismos y detectados por los investigadores en el sur de la isla.

Las gestiones policiales permitieron la identificación de una mujer, integrante del grupo, que se encargó de realizar las vigilancias en la joyería durante los días previos al robo.

Gorros, guantes y una máscara de silicona

Asimismo, la Policía determinó que el día del atraco y minutos antes del cierre del comercio, uno de los hombres del grupo acudió a la joyería portando gafas, gorro, guantes y una máscara de silicona para ocultar su rostro e impedir su identificación.

Tras acceder al establecimiento, golpeó violentamente al propietario, sustrayendo de los escaparates y vitrinas del mismo 130 anillos, 54 pendientes, 38 colgantes, 13 relojes, 60 cadenas y 38 pulseras, todo ello de oro y valorado en más de 935.000 euros.

Los investigadores policiales pudieron localizar algunas de las piezas sustraídas, que habían sido vendidas por otro de los integrantes del grupo en comercios especializados ubicados en distintos puntos de la isla.

Registro policial y detenciones

En este sentido, con todos los indicios recabados en la investigación, la Autoridad Judicial ordenó el pasado 9 de junio la entrada y registro en el domicilio de dos de los miembros del grupo, ubicado en un complejo turístico de la zona de Sonneland, en San Bartolomé de Tirajana.

En el mismo fueron intervenidos una pistola simulada, dispositivos de seguimiento GPS, prismáticos, inhibidores de frecuencia, matrículas falsas, ganzúas, 11 teléfonos móviles, 3 tabletas electrónicas y 2 ordenadores portátiles.

También fueron localizadas gran parte de las joyas sustraídas en el atraco y las prendas de ropa y las máscaras que supuestamente había utilizado uno de ellos la noche de los hechos.

Detenida una pareja

Por todo ello, R.P., un hombre de 42 años y nacionalidad rusa, y M.J.C.G., una mujer de 33 años, residentes en el domicilio, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de lesiones graves.

También se procedió a la detención del miembro de la organización que vendió parte de las joyas sustraídas y que responde a las iniciales A.A., italiano de 49 años.

Finalmente, la investigación policial desembocó en la detención del cuarto integrante del grupo, V.Z.L.S. hombre de 33 años y encargado de la logística, quien compró a través de una página de Internet las máscaras de silicona empleadas en el robo.

El grupo, totalmente desarticulado

Con estas cuatro detenciones, ha sido totalmente desarticulado este grupo organizado dedicado a los robos con violencia, cuyos miembros contaban todos ellos con antecedentes policiales.

Finalmente, instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellos y la finalización del secreto de las actuaciones.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil intervinieron el pasado martes dos nasas de pesca, carentes de identificación, en el fondo del Sebadal de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas informa este viernes de que las nasas incumplían diferentes preceptos recogidas en la legislación, como carecer el arte de balizamiento preceptivo.

La colaboración ciudadana e institucional ha sido fundamental en el hallazgo de las nasas, ya que fue un particular el que, tras una inmersión de recreo, encontró las nasas y lo comunicó a la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno canario, que requirió la cooperación de la Guardia Civil para su extracción.

El Instituto armado recuerda que la utilización de nasas viene regulada una Orden que desarrolla el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias y que fijan una serie de disposiciones como la regulación de las placas identificativas, la profundidad mínima a la que deben situarse, el balizamiento y las bollas permitidas.

A bordo de la patrullera Río Tambre, componentes del GEAS procedieron a la búsqueda de las mencionadas nasas mediante la técnica del buceador remolcado en la zona descrita.

Las nasas fueron localizadas en el fondo marino, a 15 metros de profundidad y de una zona que está incluida en la Red Natura 2000, catalogada como de especial conservación y denominada Sebadal de Playa Inglés, el cual abarca un área de 2.700 hectáreas.

La Guardia Civil subraya que el uso furtivo de nasas en el litoral marítimo puede conllevar sanciones administrativas de hasta 60.000 euros, en virtud de la Ley de Pesca Marítima del Estado.

Las nasas intervenidas fueron trasladas a tierra, donde han quedado a disposición de la Viceconsejería de Pesca y Agricultura del Gobierno de Canarias para su destrucción, y la Guardia Civil prosigue con el operativo contra las nasas ilegales.

La Policía Nacional ha identificado entre 68 y 70 menores de edad en un local de ocio nocturno del sur de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en el centro comercial Plaza, de la zona turística de Playa del Inglés, en Maspalomas.

Según fuentes policiales, la inspección estaba programada ante los avisos que había recibido el cuerpo sobre el hecho de que en este recinto, la discoteca MTV, se concentran de forma habitual menores de edad.

Una vez en el lugar, los agentes llamaron a los padres de los jóvenes y se rellenó el correspondiente acta.

Además, las mismas fuentes aseguran que la Policía Local del municipio de San Bartolomé de Tirajana colaboró llevando a cabo las actas por superar el aforo permitido en este centro.

No se trata de la primera vez que se produce un suceso como este en este local. También en agosto de 2014 se produjo una redada en la que se identificaron hasta 41 jóvenes de entre 14 y 17 años, muchos de ellos bebiendo alcohol. Ese mismo verano, se produjo, aparte de esta, otra redada de menores en la zona.

El Tribunal Supremo ha anulado el plan para regenerar la zona de Playa del Inglés, corazón turístico de la isla de Gran Canaria. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha ratificado una sentencia de abril de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaraba nulo este plan porque el plazo de tramitación había superado el límite que fija la legislación, estimando de esta manera el recurso interpuesto contra esta norma por Hostelería Canaria Internacional, entidad que ha estado representada por el abogado y arquitecto especializado en Urbanismo Carmelo Padrón.

Según recoge en su edición de este martes el periódico Canarias 7, el Supremo ha desestimado las alegaciones de las administraciones implicadas -Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana- y ha confirmado el fallo, así como la condena en costas para estas instituciones. La sentencia es firme.

El magistrado José Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el ponente de la sentencia que declara la caducidad de un expediente que se abrió el 8 de agosto de 2006 y fue aprobado casi cuatro años después, en mayo de 2010, cuando “se habían vencido sobradamente todos los plazos de caducidad señalados por la normativa canaria aplicable”.

En su resolución de abril de 2015, el TSJC había calificado de “profuso, confuso y frecuentemente contradictorio en sus propios términos” el plan ahora anulado de forma definitiva.

El mismo periódico informa que el tribunal canario ha tumbado también el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico de San Bartolomé de Tirajana- Maspalomas Costa Canaria.

Los hechos se desencadenaron tras el aviso de la perjudicada a los agentes que patrullaban la zona turística de San Bartolomé de Tirajana

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 21 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia en Playa del Inglés (Gran Canaria) tras, supuestamente, tirar fuerte del pelo de una mujer, robarle el bolso y huir.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos se desencadenaron tras el aviso de la perjudicada a los agentes que patrullaban la zona turística de San Bartolomé de Tirajana.

De esta manera, la víctima contó que momentos antes un individuo le había tirado fuertemente del pelo sustrayendo su bolso, teniendo al responsable localizado a escasos metros.

Así, los agentes procedieron a localizar, identificar y detener al responsable de los hechos por las inmediaciones, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, recuperando el bolso y el dinero de la mujer.

Finalmente, instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su libertad con cargos.