El Gobierno ha trasladado definitivamente a patronal y sindicatos la propuesta de deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades con el que tratar de compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y acercar a los empresarios a un acuerdo que lo eleve un 3,1%, hasta los 1.221 euros al mes.

El Ministerio de Hacienda ha diseñado una reducción creciente que se aplicaría solo en el ejercicio fiscal que comience en 2026 y vinculada a que las empresas aumenten el porcentaje de la plantilla que cobra por encima de la cuantía del SMI y a que la mantengan durante los dos años siguientes, bajo la amenaza de que tengan que devolver la ayuda con intereses en las próximas declaraciones tributarias.

La propuesta, adelantada por El País y a la que ha accedido este periódico, establece que solo podrán beneficiarse de la ayuda aquellas empresas en las que la plantilla media que cobra por encima del SMI aumente al final del ejercicio fiscal, con un aumento mínimo de una persona trabajadora en el caso de las compañías de menos de 100 empleados; que será de un 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores, para aquellas de mayor tamaño.

Del 25% al 100% de la subida del SMI

A partir de ahí, la cuantía de la reducción en la base imponible del impuesto será creciente en función de si ese porcentaje es mayor. Así, si la plantilla que cobra por encima de los 1.221 euros al mes crece menos del 5%, se aplicará un recorte del 25% del aumento bruto del SMI este año. Es decir, unos 130 euros de ayuda por trabajador que cobre el SMI. Este beneficio será creciente y en cuatro tramos, hasta alcanzar el 100% de la subida bruta del SMI (518 euros anuales) para aquellas compañías que tegan un 15% más de empleados por encima de la menor retribución posible.

A mayores, y además de los requisitos de subida salarial y mantenimiento del empleo, Hacienda establece que solo podrán beneficiarse de esta deducción las compañías cuyos gastos de personal estén por encima del 70% de los gastos de su resultado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La Mesa de Diálogo Social para la subida del SMI se reunirá de nuevo en la tarde de este jueves y, según avanzó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, será la última sobre esta retribución mínima para 2026. Formalmente, el Ministerio de Trabajo solo ha de consultar con los agentes sociales el alza, ya que la competencia es del Ejecutivo y lo hace mediante un reglamento que no tiene que pasar por el Congreso.

La patronal estableció como condición para avenirse a un acuerdo que el Gobierno ejecutara un cambio en la Ley de Desindexación de Contratos Públicos, una norma heredada del Ejecutivo de Mariano Rajoy que impide a las empresas que contratan con la Administración repercutir al Estado las subidas del SMI.

En los pasillos de Hacienda rechazaron esta propuesta porque tensionaría aún más las cuentas públicas, pero abrieron una negociación con el Ministerio de Trabajo para encontrar una solución quirúrgica con la que tratar de atraer a la CEOE.

“Nos interesa que remonten el salario mínimo, que tengan un estímulo que pueda compensar la subida de SMI de este año, pero que estimule a avanzar en esa escala salarial”, justificó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, después de la cita de este lunes en la que trasladó verbalmente la oferta a los agentes sociales.

La solución resulta bastante similar a la que encontraron Hacienda y Trabajo para resolver la tributación del SMI, a través de una deducción en el IRPF para sus perceptores y no mediante una elevación del mínimo exento, que se traslada a toda la pirámide salarial y termina siendo regresiva.

La patronal se comprometió a estudiar la propuesta en sus órganos internos, pero la oferta no ha cautivado a los sindicatos. “Genial que se incorpore la CEOE al acuerdo, pero, ojo, porque es mala pedagogía decir que el SMI se sube si lo pagan todos los españoles”, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, antes de conocer la letra pequeña.

Fuentes de la CEOE consultadas por este periódico dicen no haber recibido aún la oferta. De no adherirse la patronal al acuerdo para subir el SMI, todo parece indicar que la ayuda no saldrá adelante.

Ha comenzado la octava edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara con el objetivo de dar a los emprendedores, un conjunto de herramientas con el que poder gestionar el desarrollo de su proyecto empresarial.

De 45 candidatos presentados se han seleccionado 20 proyectos, de los cuales 16 están liderados por mujeres que pretenden impulsar el emprendimiento rural en la provincia. Se trata de un programa impulsado por CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro del marco de colaboración que mantiene con la Diputación Provincial de Guadalajara y junto con el partner financiero Eurocaja Rural.

Este programa de apoyo ha tenido su primer taller, el de presentación y networking, donde han participado Iván Garcia de la empresa IMPLICAN, primer premio de la VII edición del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, quienes mostraron la evolución de sus ideas, así como animado a los presentes a seguir adelante con sus sueños.

Durante este primer taller también han tenido lugar las presentaciones de los proyectos participantes y un networking entre los asistentes con el objetivo de compartir sus emociones al tiempo que veían sus miedos ante el reto de emprender y la ilusión por sacar su proyecto adelante.

Esta sesión colectiva se complementará con dos sesiones grupales más en el mes de septiembre, concretamente serán el destinado a dotar a los participantes de las últimas herramientas y técnicas de presentación de proyectos empresariales, y así, darle una visión actual de las necesidades del mercado, así como la referida al 'take action'.

Estas sesiones se complementarán con las sesiones individualizadas, donde los tutores mostrarán a los emprendedores las herramientas necesarias para el desarrollo de su proyecto empresarial.

Tras este camino formativo, llegará la presentación de proyectos ante un jurado compuesto por tres miembros designados por la organización, que elegirá a los tres mejores proyectos que tendrán un premio de 2.500 euros al mejor proyecto, 1.000 al segundo mejor proyecto y 500 euros al tercer mejor proyecto.

Inauguración de la octava edición

La inauguración del programa ha corrido a cargo de Javier Arriola secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Raúl de la Fuente Gil, diputado de planes provinciales, proyectos y cooperación técnica de la Diputación Provincial de Guadalajara y Mario Gamo, director de la oficina principal de Eurocaja Rural en Guadalajara.

El secretario general de la Patronal alcarreña puso de relieve la importancia que este programa tiene para que los proyectos puedan nacer, crecer o consolidarse de la mano de expertos, que sin duda les ayudaran a desarrollar sus ideas con mayores garantías de éxito. Al tiempo que recordó que “de este tipo de programas siempre se obtienen experiencias positivas”, por lo que ha animado a los participantes a aprovecharlo al máximo siempre con el compromiso de saber que ellos pueden hacerlo mientras que otros proyectos se han quedado a la espera.

Mientras que el diputado de planes provinciales, proyectos y cooperación técnica, Raúl de la Fuente, ha puesto en valor la colaboración y el compromiso de la diputación por apoyar a los emprendedores de la provincia.

Por su parte, el representante de Eurocaja Rural, como partner financiero del programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, puso a disposición de todos los emprendedores, la red de oficinas de la provincia para ayudarles en las necesidades financieras, de cara a la puesta en marcha de los proyectos o ampliaciones de los mismos.

Además, Enrique Aranda, director técnico del CEEI Guadalajara, explicó el ecosistema Ecoinntech, creado y diseñado para buscar nuevas formas de afrontar los desafíos a los que se enfrenta el tejido empresarial ofreciendo soluciones que posibilitarán la transformación de la manera en la que interactúan las empresas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), ha avanzado este martes en un acto en Valladolid que “tardará más o menos” pero la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas la “van a ganar”.

La ministra se ha dirigido directamente a la nueva presidenta de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme, la vallisoletana Ángela de Miguel - también presidenta de CEOE Valladolid - tras su oposición frontal a esta medida y le ha recordado que “los cambios no tienen que ser nominales”, sino que “tienen que servir para algo”.

Díaz ha considerado que el discurso de la nueva dirigente de Cepyme es “inaceptable en democracia” porque habla de ir en contra de la ley que puede ser aprobada en el Parlamento. “En democracia, señora Ángela de Miguel, manda la ciudadanía votando, no mandan las patronales, ese llamamiento a la insurrección, a la insumisión, no tiene cabida en democracia”, ha señalado la ministra de Trabajo.

La vicepresidenta ha pedido a la patronal que “respete a la ciudadanía que ha votado bien” en las últimas elecciones generales y asuma que no van a gobernar los empresarios, gente que “se está forrando”. “El llamamiento a la insurrección es muy grave”, ha sentenciado Díaz en su respuesta a De Miguel.

El lobby empresarial en contra de la reducción de la jornada laboral ya es público y directo. “Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas”, han pedido este miércoles las principales patronales del país, CEOE y Cepyme, en un comunicado conjunto. Lo han hecho además solo unas horas después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hiciera varios guiños a los empresarios, ofreciendo incorporar algunas de sus demandas a la norma, entre las que destaca abodar la reducción del “absentismo”.

“CEOE y CEPYME queremos alzar de nuevo la voz en contra de la aprobación del proyecto de Ley para la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana, por los graves perjuicios que va a ocasionar al tejido empresarial y, en consecuencia, a la economía y el empleo”, han insistido los empresarios poco después de las palabras de Díaz, que también ha adelantado que está negociando en el ámbito parlamentario “correcciones” para “acompañar a las empresas” que tengan que aplicar mayores reducciones de horarios.

Los empresarios se dirigen directamente a las formaciones políticas para que la ley no salga adelante. “Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto que tendrá una reducción de la jornada por la vía legal y al margen de la negociación colectiva”, apuntan CEOE y Cepyme.

Las patronales advierten de “una peor oferta de bienes y servicios o de un aumento de precios” para los consumidores, así como perjuicios para las empresas y los empleos, aunque no los concretan. “Producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo o con mayores costes va a ser muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y de nuestras plantillas”.

Acusan de “manipulación” a Trabajo sin datos

CEOE y Cepyme no solo no recogen el guante lanzado por Yolanda Díaz sino que cargan contra el Ministerio de Trabajo, al que acusan de “manipulación” por señalar en la memoria económica de la norma que los sectores de la agricultura, la hostelería y el comercio tienen mayores márgenes empresariales y beneficios que la media en los últimos años, “lo que les permite absorber un potencial incremento del coste laboral”.

El Ministerio de Trabajo reconoce en la memoria que estos sectores estarán también más impactados por la reducción horaria, porque tienen jornadas más largas. Pero, a la vez, recoge también esta otra foto de mayores márgenes y beneficios, que cifra a través del Observatorio de márgenes empresariales creado por el Gobierno, que han recogido un aumento de la brecha entre los beneficios de las empresas y los salarios desde la pandemia.

Trabajo apunta que, de media, los márgenes empresariales sobre ventas “en máximos desde 2009, habiéndose incrementado un 7% desde antes de la pandemia” y los beneficios –medidos por el resultado bruto de explotación– también “en máximos históricos”, con un aumento del 36% desde 2019. En la agricultura, los márgenes aumentaron un 36% y los beneficios, un 96% en ese periodo. En la hostelería, los aumentos son de un 35% y un 93%, respectivamente, y por último las cifras del comercio se sitúan en un 24% y 67%.

La CEOE y Cepyme, sin desmentir ninguna de las cifras de beneficios y márgenes, acusa al Ministerio de “manipulación” porque “perfila una realidad sesgada de la situación de sectores como la Agricultura, Ganadería y Pesca, la Hostelería y el Comercio, muy afectados por la medida, al igual que otros, para asegurar que ésta es asumible”, dicen las patronales.

Acusan al Ministerio de incidir “en la línea habitual de estigmatización de la empresa” y destacan que estos sectores están afectados “por la escasez de perfiles profesionales”, con vacantes sin cubrir. Una realidad que en los sindicatos vinculan principalmente con los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo en estas actividades. Además, destacan la desaparición de empresas, del 1,4% desde 2019 y que es más elevada en estos sectores: “el 1,6% en la Hostelería, al 4,8% en la Agricultura, Ganadería y Pesca y al 7% en el Comercio”. “Sumando estos tres sectores, se han quedado por el camino unas 25.500 empresas en los últimos cinco años”, denuncian.

“Instamos a los partidos políticos a que tomen en consideración estas cuestiones para evitar lo que será, sin duda, un grave error en materia de política económica que pagaremos empresas, ciudadanos y el país en su conjunto”, zanjan los empresarios.

El presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, avala al empresario gallego y exdirigente del Partido Popular César Blanco, afectado por una investigación de Hacienda, y parte del equipo de la nueva presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. “Nosotros lo que avalamos es al candidato que teníamos aquí. Los temas de Hacienda los tendrá que resolver la propia empresa. Creo que en ese sentido los servicios jurídicos de la propia empresa están trabajando sobre ello y creo que todo es muy legal, según las informaciones que tenemos en esta casa”, ha afirmado Vieites, a preguntas de los periodistas sobre este asunto.

En este sentido, ha precisado que lo que avala la patronal gallega “es al candidato” que ha “puesto allí, en Cepyme, en defensa de los intereses ya no solo de la CEG, sino también de las provincias gallegas, porque llevaba el respaldo de todas ellas”. En concreto, elDiario.es publicó que la Agencia Estatal de Administración Tributaria investiga contratos adjudicados por la patronal CEOE a dos sociedades del empresario gallego César Blanco, miembro de la junta directiva de la patronal y exdirigente del PP de Ourense de José Manuel Baltar.

“Organización unida”

Al margen de esto, el máximo representante del empresariado gallego ha destacado que ve “fundamental” que Cepyme sea “una organización útil, unida, que defienda los intereses de los empresarios”. Por ello ha valorado “esa unión con la CEOE en las estrategias adecuadas para poder competir”, que ve también “fundamental”. “Ese es el trabajo que tiene que hacer la nueva presidenta”, ha apuntado. De Miguel era la candidata alternativa que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó y apadrinó para competir con Gerardo Cuerva, ya que en los últimos meses los presidentes de ambas patronales se habían distanciado.

Este jueves, en las declaraciones a los medios de comunicación previas a un acto sobre aranceles, Juan Vieites, que recibió hace 10 días a De Miguel para mostrarle su respaldo acompañado por el propio César Blanco y otros dirigentes de la CEG, la ha animado a trabajar a favor de la colaboración público-privada, el “consenso”, sobre “estudios bien confeccionados” y “siempre con el diálogo social con los sindicatos”.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Se puede decir algo más del genocidio que estamos viendo ante nuestras narices. ¿Alguien puede comprender cómo hay posturas supuestamente neutrales mientras Israel acaba con el pueblo palestino en Gaza? ¿A qué está esperando la Unión Europea para actuar? ¿Cuántos miles de asesinatos son necesarios para frenar la carnicería que está cometiendo Israel contra la población indefensa de Gaza? 

Mientras ocurre este vergonzoso desastre humanitario, en nuestro país seguimos dándole vueltas al problema de la vivienda. Este miércoles empezó Sima, el salón inmobiliario de Madrid. No os vamos a engañar, es el lugar donde queda claro que la vivienda se ha convertido en un negocio pudiente. Los participantes volvieron a proponer para solventar el problema de acceso a la vivienda más construcción y menos control de precios, es decir, lo que ya se ha probado que no funciona.  

El Gobierno sigue buscando fórmulas para tratar que los precios no se disparen, aunque de momento con poco éxito y con bastantes diferencias entre los socios del Ejecutivo. Esta semana, Sumar ha sumado sus votos con el PP para desbloquear en el Congreso la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada, con la posición contraria del PSOE.

El Ministerio de Vivienda sigue confiando en que se apliquen las zonas tensionadas de precios, que el PP rechaza en las comunidades autónomas en las que gobierna. La ministra Isabel Rodríguez anunció que su departamento está ultimando una partida extraordinaria de 35 millones de euros para aquellas comunidades que hayan declarado zonas tensionadas o estén en proceso de hacerlo. Si no es con el palo a ver si con la zanahoria los gobernantes del PP deciden ponerse manos a la obra para acabar con el problema del acceso a la vivienda,

Sin embargo, donde hay un grave problema es en la utilización de la vivienda como producto turístico, ya que sigue siendo uno de los principales vectores para que los precios no paren de subir. El Banco de España ha publicado un informe en el que avisa de que las compras de los no residentes para uso vacacional agravan el problema de la vivienda. 

Ángel Gavilán director general de Economía y Estadística del Banco de España, destacó que la dificultad creciente para acceder a una casa en propiedad o en alquiler se está convirtiendo en “un cuello de botella para la actividad y el mercado laboral”, sobre todo en las capitales donde se concentra la mayor parte de los puestos de trabajo y en los principales destinos turísticos. 

Hay algunas acciones que sí pueden tener más impacto. El Ministerio de Consumo impuso a la plataforma Airbnb la retirada de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha enviado a la compañía tres resoluciones, al detectar decenas de miles de páginas que incumplen “diferentes normativas sobre viviendas de uso turístico”. Este Ministerio ya tiene respaldo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló una primera actuación de Consumo que obligaba a retirar anuncios de unos 5.800 pisos “de forma inmediata” en Madrid, Andalucía, Cataluña, Euskadi, Valencia y Baleares.

Este bloqueo de anuncios podría afectar a una de cada seis viviendas turísticas ofertadas en las principales plataformas en España. Los últimos datos estivales del Instituto Nacional de Estadística (INE) identificaron 397.000 viviendas anunciadas en Airbnb, Booking y Vrbo en agosto de 2024. En este enlace puedes saber si en tu calle hay una vivienda turística.

Hasta que no se solucione el problema del acceso a la vivienda, en algunas zonas no se debería permitir que los inmuebles se utilicen como un producto turístico. Para bajar los precios y que haya alquileres asequibles es necesario que el Gobierno regule con el objetivo de restringir al máximo los alquileres turísticos.  

El dato

17,1% de familias con niños

tiene riesgo de entrar en pobreza pese a que algunos de sus miembros tengan un empleo, según un informe de la ONG Save the children. La investigación revela una paradoja que también tira por tierra algunos de los axiomas neoliberales: el empleo como vía para salir de la pobreza. Ya no es así. Tener un trabajo en España no garantiza la capacidad para cubrir las necesidades básicas para vivir. La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella. Aquí te explicamos cuando tener hijos aumenta las dificultades para salir de la pobreza.  

El gráfico

Tras la imposición de unos requisitos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la insólita encuesta que propuso el Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell, el Ministerio de Economía tiene hasta el martes 27 de mayo para decidir si eleva al Consejo de Ministros su decisión final sobre la operación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, siempre se ha posicionado contra la operación, pero el visto bueno de la CNMC complica su oposición. En caso de ser positiva habrá que ver si el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone más condiciones a la entidad que preside Carlos Torres. Desde el BBVA se espera que la última palabra la tengan los accionistas del Sabadell. La CNMC dictaminó que BBVA (con Sabadell dentro de su perímetro) no debía cerrar oficinas en 274 municipios y a mantener la presencia física en otros 49 municipios, de los 1.094 en los que tienen oficinas ambas entidades. Aquí tienes un mapa  de las localidades donde el BBVA se compromete a mantener sucursales si hay fusión con Sabadell.  

Entrepreneur

 “Prácticas corruptas y de colusión” en un proyecto en Vietnam. Este es el motivo por el que el Banco Mundial ha marcado un “periodo de inelegibilidad” hasta noviembre de 2027 para presentarse a sus convocatorias a nuestro entrepreneur de la semana, TPF Getinsa Euroestudios S.L. Según el Banco Mundial los hechos tuvieron lugar cuando TPF Getinsa Euroestudios era subcontratista en tres contratos firmados en Vietnam. En este enlace te contamos cómo esta ingeniería pasó de recibir el respaldo del emérito Juan Carlos I en Vietnam a un fraude por el que ha sido sancionado por el Banco Mundial.  

Cada vez que habla sube el pan

Yo soy muy inquieto, no me voy a quedar quieto

Gerardo Cuerva — ex presidente de Cepyme 

Se acabó la primera parte de uno de los culebrones de esta primavera. La candidata impulsada por la gran patronal CEOE, Ángela de Miguel, ganó las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, desbancando al actual presidente Gerardo Cuerva. De Miguel era la aspirante de Antonio Garamendi, líder de CEOE, cuyas diferencias con Cuerva, especialmente frente a políticas del Gobierno de coalición, se han hecho notar públicamente. La campaña se ha caracterizado por una dura batalla electoral entre ambas candidaturas que ha tenido su reflejo en una guerra encarnizada en los medios. La pelea ha sido brutal porque ambos candidaturas estaban muy igualadas, como el resultado final ha evidenciado: 246 apoyos a De Miguel frente a 216 votos a Cuerva. Con este resultado la tempestad no se ha apaciguado. Está por ver si se cierra así la división en las organizaciones de empresarios españoles o hay un intento de escisión, una vez que Gerardo Cuerva parece que no se resigna a dar un paso atrás. Ya ha advertido de que los resultados “no pueden obviar la sensibilidad que hay en la organización”. Aquí te explicamos cómo las elecciones en la patronal de las pymes puede desembocar en un cisma en la organización empresarial.

Bien Público

Hubo una época en España que la modernidad y el progreso se medía por el número de hipermercados que se abrían en las afueras de las ciudades. Fue el pequeño sueño de una clase media ávida de consumir: un gran centro donde al que había que llegar el coche que te permitía llenar la cesta de la compra para una o dos semanas. Hoy los hipermercados están languideciendo como formato comercial. Desde la pandemia, los híper han perdido terreno en favor de tiendas más pequeñas en los 'súper' de barrio. El último traspié del gran formato comercial ha llegado por la filial española del grupo francés Auchan, Alcampo, que anunció el cierre de 25 establecimientos y el despido de más de 700 personas. No es que haya cambiado mucho la locura consumista, pero en el siglo XXI se busca más la proximidad y la comodidad de tiendas más cercanas, tanto geográfica como personalmente. Ya sabes que en elDiario.es defendemos la compra en tiendas de barrio. Aquí puedes leer un reportaje de Cristina G. Bolinches sobre la crisis del hipermercado: despidos y cierres que amenazan las tiendas de gran consumo. 

 Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Llegamos al final. Volvemos el jueves que viene. Hasta entonces, nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

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César Blanco, ex dirigente del PP de Ourense y miembro de la junta directiva de CEOE cuyos contratos con esta entidad investiga la Agencia Tributaria, ha cobrado de la patronal al menos 2,7 millones de euros por cursos de formación pagados con dinero público, según una relación de facturas a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Ex de la ejecutiva del polémico José Manuel Baltar en el PP de Ourense, Blanco se ha convertido en los últimos años en el campeón de las ayudas a la formación en España mientras tenía una empresa en el paraíso fiscal de Panamá que cerró tras destapar su existencia este medio.

elDiario.es ha accedido a 96 facturas emitidas a CEOE por G12 Grupo Empresarial de Servicios SL, una de las empresas de Blanco (la otra es Moba Skill) sobre las que la AEAT pide explicaciones a la patronal. Emitidas entre octubre de 2022 y el pasado 12 de febrero, suman 2.761.776,3 euros, exentos de IVA, en fondos públicos del plan de formación estatal gestionados por CEOE.

Junto a cursos de pequeño importe sobre “inteligencia emocional” (3.209.69 euros), “el papel de los recursos humanos” en la negociación colectiva (5.000 euros) o “prevención y actuación frente al acoso en el ámbito laboral” (11.475 euros), sobresalen tres facturas emitidas entre julio de 2023 y junio de 2024: 1.575.270,8 euros por una acción formativa sobre “Operaciones Auxiliares con Tecnologías Digitales” financiada con el Plan de Recuperación. El mayor pago, 657.927,04 euros por la “liquidación” de este servicio, es del pasado 4 de junio.

Sin transparencia

CEOE, que está sujeta a la Ley de Transparencia, no aclara cuántos contratos con fondos públicos ha adjudicado a Blanco. El importe recibido por G12 podría superar esos 2,7 millones, a tenor de una carta que la empresa remitió a CEOE en mayo de 2024 a petición de su auditora, Auren.

En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, GDoce pidió a la patronal que confirmase “el saldo que presentaba su cuenta con nosotros al 31 de diciembre de 2023, que según nuestros libros era de 701.239,53 euros a nuestro favor. El volumen de operaciones realizado con ustedes ha ascendido a 1.438.383,21 euros”, frente a los 1.351.520,78 euros que suman 29 facturas emitidas en 2022 y 2023 en poder de este medio.

La parte mollar de esos 2,7 millones son por ese plan de formación en digitalización que la CEOE adjudicó a G12 en 2023. Un acta de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de la patronal señala que el contrato fue uno de los “conflictos de interés” que analizó ese órgano, presidido por Alejandra Kindelán, vicepresidenta de CEOE y presidenta de la patronal bancaria, en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2023.

“En ninguno de los casos expuestos las personas que podrían tener un conflicto de interés han intervenido en la contratación”, dice el acta, que recoge que la patronal “debe impartir una formación que ha decidido dividir en 3 lotes diferentes para promover la competencia entre las empresas invitadas”: G12, Telefónica Educación Digital, QE Data, Método Consultores y Norwech Networks.

G12 presentó oferta para el lote 1, “la formación más básica de 30 horas con un máximo de 18.750 participantes. Tras la recepción de las ofertas, el Departamento de Formación ha propuesto adjudicárselo a G12 por el importe máximo de 1.834.587 €, si bien, en todo caso, la cantidad final a abonar dependerá del número de alumnos que finalmente formen”.

En presencia de Kindelán y los presidentes de Confemetal, José Miguel Guerrero, y la patronal de la construcción Seopan, Julián Núñez, y con José María Campos, responsable de Compliance de CEOE, como “invitado”, el secretario general, José Alberto González Ruiz, “informa de que D. César Blanco es miembro de la Junta directiva [de la patronal] y es presidente de Doce Blar SL, propietaria del 100% de GDoce”. Este hecho fue “informado por el Departamento de Formación tanto al Compliance Officer” como al secretario general.

Para darle su visto bueno, Kindelán pregunta “si se ha seguido el procedimiento interno de contratación y compras, de pública concurrencia, con la recepción de las diferentes ofertas, etc… así como si la persona que suscita el conflicto de interés se ha inhibido en esta cuestión”. 

Se concluye que se siguió “el procedimiento establecido” y se eligió a G12 conforme a un “criterio técnico”. Tenía “los medios técnicos y económicos necesarios para poder realizar esta formación” y “no ha contado con ninguna información privilegiada para poder presentar la oferta más competitiva”. En una convocatoria anterior, dice el acta, “se presentó para impartir formación” y “no se le adjudicó”.

CEOE ya advirtió de un “posible conflicto de interés” en otro plan de “capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva” financiado con fondos públicos y adjudicado a G12 en marzo de 2022. La memoria justificativa del contrato dice: “En esta subcontratación puede haber un posible conflicto de intereses que puede surgir del hecho de que D. Cesar Blanco Gómez es miembro de la Junta Directiva de CEOE y tiene participación en la empresa a subcontratar”.

La oferta de G12, de 477.270 euros, se impuso por poco a las de Foro Formación y Ediciones SL (478.065 euros) y Estudios Mega SL (478.635 euros). Esta última, domiciliada en Vigo (como muchas empresas de César Blanco), la fundó Giovanni Giardina, con quien el ourensano montó en 2012 la Fundación para la Competitividad (centrada en el mundo de la formación profesional) junto a otro empresario del sector en Galicia, Jorge Evaristo Cuntín Rey.

Los tres administran una empresa dedicada a educación “universitaria”, Galicia Open Univ, radicada en Vigo y aparentemente inactiva (sus últimas cuentas son de 2017). Cuntín preside Método Consultores, invitada a esa licitación de 2023. También tiene su propia empresa en Panamá, Método Consultores Panamá.

Un portavoz de Blanco señala que “en el sector de la formación hay cientos de concursos y licitaciones al año en toda España” y “es habitual presentarse en asociación con otras empresas del sector, con las que a veces se compite y otras veces se colabora”. “Ocurre también en otros sectores”.

Añade que “todos los servicios de formación realizados para la CEOE fueron adjudicados, como no puede ser de otra manera, observando escrupulosamente los procedimientos estipulados y cumpliendo los rigurosos controles internos de la CEOE y la normativa vigente. Estos concursos están guiados por criterios objetivos, de transparencia e idoneidad”.

“Los estatutos y normas internas de la CEOE no impiden la contratación de servicios profesionales con empresas de sus miembros, unos procedimientos que en esos casos son reforzados, examinando en las comisiones correspondientes si hubiera algún tipo de conflicto de intereses. En ningún caso de los concursos adjudicados se detectó conflicto de interés”, asegura.

G12 afirma que “la adjudicación de concursos por parte de la CEOE es un reflejo de la alta calidad de los servicios prestados y la profesionalidad durante más de 30 años en el sector de la formación, donde somos referentes a nivel nacional, ofreciendo nuestros servicios a cientos de clientes públicos y privados”.

CEOE no comenta sus relaciones con el gallego, cercano al presidente, Antonio Garamendi, y miembro del comité ejecutivo de Cepyme. Blanco se alineó con la nueva presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, en la cruenta guerra electoral que el martes desbancó al hasta entonces presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, enfrentado a Garamendi.

Una guerra paralela a las pesquisas sobre empresas de Blanco de Hacienda, que en febrero solicitó a CEOE “información detallada y completa” sobre los servicios facturados en 2022 por sus sociedades Moba Skill Training SL y G12; “contratos, convenios o acuerdos en virtud de los cuales se prestaron”; relación de las facturas e “identificación de la/s persona/s física/s (personal de MOBA y G12) con la que se relacionaban, y origen de las relaciones con estas personas/empresas”.

Pastel multimillonario

Las ayudas a la formación son un negocio multimillonario, especialmente tras la pandemia y los fondos Next Generation. A las empresas de Blanco les toca un buen pico. Según datos del Ministerio de Hacienda, varias de sus sociedades copan el ranking de empresas con más ayudas públicas de España.

Firmas como G12, Moba Skill, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue o Clictic se han adjudicado en los últimos años unos 100 millones en subvenciones públicas y contratos. En paralelo a esta explosión de ayudas, Blanco reactivó en 2022 la firma panameña que creó en 2012 y administraba con sus hijos, disuelta en noviembre.

Presidente de la patronal de su “amada” Nogueira de Ramuin, donde fue concejal del PP (1999-2003), fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP del anterior presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hijo de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, y condenado en enero por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, hoy Moba Skill.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación, Blanco suma amplia experiencia en el inmobiliario. Presidió la patronal del sector en Vigo, donde tiene una franquicia de Re/Max. Su hijo Brais, con el que comparte cargos y empresas, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. La liquidaron en 2021.

Hace un año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo los relacionó con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta. “Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó a Faro de Vigo.

La batalla por el liderazgo de la principal patronal de pymes ha llegado a su fin este martes tras meses de duro enfrentamiento entre las cúpulas de CEOE y de Cepyme, dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. Ángela de Miguel, candidata de la CEOE, se ha impuesto en las urnas sobre Cuerva, lo que refuerza al líder de gran patronal, pero está por ver es si esto cierra la división en las organizaciones de empresarios españoles. Algo que no está tan claro, ya que Gerardo Cuerva parece que no se resigna a dar un paso atrás. “Yo soy muy inquieto, no me voy a quedar quieto”, advirtió a los medios de comunicación justo después de su derrota.

“Las urnas han hablado”, destacó Ángela de Miguel justo después de convertirse en la primera presidenta de Cepyme, lo que la sitúa como la máxima representante de las pymes españolas en las mesas de diálogo social. Los resultados fueron muy ajustados: 246 votos a favor de De Miguel, el 52,7% de los votos emitidos, frente a los 216 apoyos para Cuerva, el 46%. Si se tiene en cuenta la totalidad del censo, de 505 vocalías, la candidata de la CEOE logró casi el 49% de los apoyos posibles y Cuerva, tras dos mandatos al frente de Cepyme, el 42%.

Gerardo Cuerva se aferró precisamente a este resultado en sus declaraciones a los periodistas. “No puedo obviar la sensibilidad que hay en la organización”, apuntó Cuerva, destacando “un 45%” de los votos a su favor. “Ahora es momento de reflexionar”, sostuvo el empresario granadino, que afirmó que va a trabajar “donde me digan los empresarios” y que “siempre” trabajará por las pequeñas y medianas empresas. “Tengo muchos proyectos vitales”, advirtió el granadino y añadió que seguía “creyendo en las organizaciones empresariales”.

Estas declaraciones abren varios posibles escenarios. Pueden quedarse en una simple reivindicación del recién destituido dirigente empresarial y candidato que rozó la reelección este 20 de mayo, pero que finalmente perdió por un puñado de votos. 30 para ser más exactos. O sus palabras pueden anticipar un nuevo capítulo en la división abierta en las patronales, en la que habría que ver si Gerardo Cuerva sigue con su carrera por el poder empresarial dentro de CEOE y Cepyme o si, ante su derrota en estos comicios, el granadino opta por un proyecto fuera de estas organizaciones.

En estos momentos, las entidades Pimec y Conpymes están ganando peso en los medios de comunicación y con el Gobierno, que les está dando más presencia institucional. Por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez se reunió hace unos días en la Moncloa con sus dirigentes, en plena batalla por los comicios de Cepyme, y el Ministerio de Trabajo ha incorporado a Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, una decisión que la CEOE ha impugnado en los tribunales.

La CEOE defiende la “unidad” y la victoria del “cambio”

Mientras en la CEOE destacan el resultado final, negro sobre blanco, que ha dado la victoria a su candidata, Ángela de Miguel. “Queremos un cambio. Una Cepyme más útil, que trabaje desde la unidad. Insisto: unidad. Hoy empieza esta nueva etapa y toca mirar hacia el futuro”, subrayó la empresaria vallisoletana tras alzarse con la presidencia de Cepyme. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, también reivindicó este martes que llega un “momento disruptivo” en Cepyme, de cambio, unidad y destacó la “lealtad” de Ángela de Miguel: “Esa lealtad que nos tenemos en la CEOE entre todos”. 

Pese a la victoria por la mínima, en la CEOE se han mostrado este martes muy contentos. Durante el escrutinio, la tensión era palpable en el auditorio Rafael del Pino en Madrid, lo que dejaba en evidencia que la elección estaba muy ajustada y la importancia de estos comicios. No solo para Cepyme, sino también para CEOE y su líder, Antonio Garamendi, que lanzaron una candidatura alternativa a Gerardo Cuerva y que, por lo tanto, tenían también un papel protagonista en estas elecciones.

La victoria de De Miguel se interpreta como un respaldo a Antonio Garamendi frente a Cuerva, que le ha tildado de “sumiso” frente al Gobierno y ha centrado gran parte de su campaña en situarse como un líder más combativo y político, escorado en la derecha de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del PP de Madrid. La derrota de Ángela de Miguel, en cambio, de haberse producido, preveía problemas para el empresario vasco al frente de la gran patronal, con algunas voces que pronosticaban que Cuerva podría disputarle el puesto en las próximas elecciones de la CEOE, previstas para el año que viene. Ese escenario no se ha producido.

Garamendi ha sostenido que la división en las patronales se ha cerrado este martes tras los comicios, ante las preguntas de los periodistas por el estrecho margen de la victoria. “La correlación de votos en Cepyme es muy diferente a la representatividad”, advirtió el presidente de CEOE y destacó que en la lista del Comité Ejecutivo de Ángela de Miguel “está representada la gran mayoría de las pymes de este país”, con un mayoritario apoyo de las patronales territoriales.

“Mañana es evidente que estamos todos juntos, se ha demostrado siempre en esta casa, que tenemos diferencias cuando hay que hablar de proyectos, de debates de los próximos cuatro años. Creo que es un debate ya cerrado, donde todo el mundo va a estar a una, en Cepyme, todos con Ángela, y también en CEOE”, argumentó el presidente de la gran patronal.

Por su parte, Ángela de Miguel también ha reivindicado la “unidad” en el futuro de Cepyme y las organizaciones empresariales. “Cepyme somos todos y estoy segura de que estaremos todos trabajando”, defendió la empresaria vallisoletana tras ganar los comicios, que han tenido una participación en las urnas de más del 90% del censo. “Creo que Cepyme sale reforzada y lo demostraremos día a día”, sostuvo la nueva presidenta de la patronal.

La empresaria Ángela de Miguel ha ganado este martes las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, desbancando así al actual presidente Gerardo Cuerva. Por la mínima, con un ajustado resultado: 246 apoyos a De Miguel frente a 216 votos a Cuerva, solo 30 de diferencia. La vallisoletana fue la candidata impulsada por la gran patronal CEOE, cuyo líder, Antonio Garamendi, se había ido distanciando de Cuerva y cuyo enfrentamiento se ha saldado con una dura batalla electoral entre ambas candidaturas y una guerra encarnizada en los medios, algo inédito en la patronal.

“Las urnas han hablado. Queremos un cambio. Una Cepyme más útil, que trabaje desde la unidad. Insisto: unidad. Hoy empieza esta nueva etapa y toca mirar hacia el futuro”, ha afirmado Ángela de Miguel tras su elección como presidenta de Cepyme, la primera mujer que ocupa este cargo de representación de las empresas y que se sentará como máxima responsable de las pymes en la mesa del diálogo social con el Gobierno y los sindicatos. De Miguel ha agradecido a Gerardo Cuerva y su equipo su labor en los últimos seis años. “Ya sois parte de la historia de Cepyme”, ha anotado.

“Este es nuestro momento, el de una nueva Cepyme, más útil y más unidas. Es el momento de las pequeñas y medianas empresas, que recuperen su protagonismo”, ha defendido De Miguel, que ha acusado a la dirección de Cuerva de abandonar a las empresas.

Durante el escrutinio, pasadas las dos y media de la tarde en el auditorio Rafael del Pino en Madrid, la sala era un murmuro continuo, repleta caras de incertidumbre de los representantes empresariales, que no tenían claro quién saldría ganador de estas elecciones. “Hoy no es fácil saber quién va a ganar”, decía una de las concurrentes. “Empate, ¿os imagináis? Se va a decidir en los penaltis”, decía otro de los asistentes entre risas.

Tras mucha expectación y a la espera del resultado, caras largas: “Que repiten el recuento”. Otro rato de espera y, ahora sí, sonrisas en el entorno de CEOE y la candidatura de Ángela de Miguel, entre ellos Antonio Garamendi, presidente de CEOE, que ha acudido como vocal a votar como miembro de Confemetal. “Han ganado”, corría de oreja a oreja en las butacas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha felicitado a De Miguel por su nuevo liderazgo de Cepyme y ha dado también su “agradecimiento a Gerardo Cuerva por su labor estos años”. “Seguiremos trabajando juntos para reforzar el papel de nuestras pymes en la economía”, ha escrito el ministro en un mensaje publicado en X (antes Twitter). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha felicitado a De Miguel: “Quiero desearle los mejores aciertos a Ángela de Miguel, nueva presidenta de CEPYME. Espero que nos sigamos encontrando en el diálogo social, en la defensa de nuestras pequeñas y medianas empresas y en seguir mejorando los derechos laborales. ¡Toda la suerte!”, ha escrito en Bluesky.

Denuncia de “presiones” y “guerra sucia”

Los dos candidatos han llegado a la fecha de los comicios, este 20 de mayo, asegurando que sumaban los apoyos para ganar. Por un lado, bajo el paraguas de CEOE, Ángela de Miguel contaba con el respaldo expreso durante la campaña de multitud de grandes organizaciones patronales, como la madrileña CEIM, la catalana Foment, la patronal de autónomos ATA y la patronal sectorial del metal (Confemetal) y de la construcción (CNC), entre otras.

Por otro, Gerardo Cuerva solo había logrado durante la campaña el apoyo público del Colegio General de Gestores Administrativos, que explicaba por las “presiones” de las que acusó a CEOE y que, según el candidato granadino, estaban impidiendo que algunas organizaciones afines a su candidatura expresaran públicamente su respaldo. A la luz de los resultados de las elecciones, Gerardo Cuerva contaba con muchos apoyos silenciosos, pero finalmente no se han impuesto con una mayoría.

Desde el equipo de Gerardo Cuerva se situaba como clave para su victoria el voto presencial y secreto, frente a la delegación de voto (que permite que una persona reúna el voto de otros vocales y que supuso una propia batalla en la campaña electoral), para huir de estas supuestas “presiones” de CEOE y también para recabar votos disidentes dentro de organizaciones que públicamente habían apoyado a Ángela de Miguel, como CEIM, entre otras. Tras conocerse los resultados, algunos miembros de la candudatura de Cuerva reflexionaban sobre qué hubiera pasado sin voto delegado. “Tal vez habríamos ganado, pero no vale de nada pensarlo”, apuntaban.

La empresaria Ángela de Miguel condenó a esta estrategia como una llamada al “transfuguismo” y un ataque a la democracia interna de cada organización. Además, durante la campaña ha denunciado la “guerra sucia” en los medios de comunicación contra varios cargos ligados a CEOE que han apoyado la candidatura de De Miguel. “De CEOE cero, nunca. Jamás de los jamases haremos cosas que se han visto y que tengo que condenar. No me gustan absolutamente nada, entrar contra personas, con difamaciones”, ha afirmado este martes Antonio Garamendi, presidente de CEOE, a la entrada al auditorio.

Una vez proclamada presidenta de Cepyme a De Miguel, el líder de CEOE ha destacado la “cualificación y ganas” de Ángela de Miguel para liderar la patronal de pymes. “Estoy encantado, va a ser una magnífica presidenta”, ha celebrado Garamendi, que ha dado por “zanjada” la división interna en las patronales que se ha visto durante estas elecciones.

En la elaboración de la lista para los Comités Ejecutivos de ambos candidatos quedó patente la división y las disidencias dentro de varias patronales que se han vistyo también en unos resultados electorales tan ajustados. Aunque varias patronales habían votado en sus órganos internos su respaldo a Ángela de Miguel, algunos de sus vicepresidentes figuraban en la lista de su contrincante, Gerardo Cuerva. Es el caso de dos vicepresidentes de la CEOE de Castilla y León, un vicepresidente de Confemetal y otro de la patronal de la construcción, CNC, entre otros. Cuerva sumaba además en su lista a los líderes de dos patronales autonómicas, CEOE Castilla-La Mancha y CEOE Cantabria, y a cargos de varias provincias, como Badajoz.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga contratos adjudicados por la patronal CEOE a dos sociedades del empresario gallego César Blanco, miembro de la junta directiva de la patronal y ex dirigente del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar al que puede calificarse como campeón en las ayudas a la formación: sus empresas se han adjudicado cerca de cien millones de euros en subvenciones públicas y contratos de diferentes Administraciones mientras mantenía una firma en Panamá.

El pasado 28 de febrero, la delegación de la AEAT en Canarias remitió un requerimiento a la CEOE que solicita información sobre sus relaciones con dos empresas de Blanco, Moba Skill Training SL y G12 Grupo Empresarial de Servicios SL. 

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, requiere a la patronal “explicación detallada y completa de los servicios facturados por estas entidades” a la CEOE; “contratos, convenios o acuerdos en virtud de los cuales se prestaron los servicios”; una relación en formato Excel de las facturas recibidas y copia de las mismas; e “identificación de la/s persona/s física/s (personal de MOBA y G12) con la que se relacionaban, y origen de las relaciones con estas personas/empresas”.

“La información anterior, se refiere única y exclusivamente al año 2022”, indica el requerimiento de Hacienda.

elDiario.es preguntó a CEOE por esta investigación y por el importe de los contratos que ha adjudicado a César Blanco en los últimos años. “No vamos a comentar nada”, señalaron desde la patronal.

Un portavoz de GDoce indicó que “todos los servicios de formación realizados por la CEOE fueron adjudicados, como no puede ser de otra manera, observando escrupulosamente los procedimientos estipulados y cumpliendo los controles internos de la CEOE y la normativa vigente”.

Según ese portavoz, “estos concursos están guiados por criterios objetivos, de transparencia e idoneidad”; la Junta Directiva de la CEOE la forman “más de 200 personas” y los estatutos y normas internas de la patronal “no impiden la contratación de servicios profesionales con empresas de sus directivos. De hecho, por ser miembro de la Directiva, en estos casos pasa por un proceso reforzado de idoneidad”. 

Las contrataciones, añadió este portavoz de la empresa de Blanco, “se rigen por el Código Ético” y de Buen Gobierno de la CEOE; “en caso de que hubiera conflicto de intereses, son los órganos internos los que dirimen cada caso”.

“En ningún caso de los concursos adjudicados por GDoce y Moba se detectó conflicto de interés”. “Si GDoce y empresas de su grupo han sido adjudicatarias de contratos de formación no es por casualidad, pues son referente a nivel nacional, con más de 40 años en el sector, ofreciendo sus servicios a cientos de clientes públicos y privados en toda España”.

Pastel multimillonario

Las ayudas a la formación son un negocio multimillonario, especialmente tras la pandemia y los fondos Next Generation. Este martes, el Consejo de Ministros autorizó destinar 2.572 millones para Políticas Activas de Empleo (PAE), que se distribuirán entre las comunidades autónomas próximamente. Por primera vez se van a priorizar fondos para la formación en algoritmos, inteligencia artificial o formación de catástrofes.

De ese pastel a las empresas de Blanco les toca una parte relevante, a tenor del último listado de empresas más subvencionadas de España que publica el Ministerio de Hacienda. elDiario.es reveló en septiembre que varias de sus sociedades copan el ranking de empresas que más ayudas públicas recibieron en 2023, último ejercicio disponible.

Hasta ese año, varias de sus sociedades (GDoce, Moba Skill y otras como Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue, Clictic…) acapararon al menos 86 millones en subvenciones a la formación, más otros 10 millones en más de 210 adjudicaciones de distintas Administraciones desde 2018. Entre sus clientes está también la patronal CEOE, como revela ahora esta investigación de la Agencia Tributaria.

En paralelo a esta explosión de subvenciones, Blanco reactivó en 2022, el año sobre el que pide explicaciones el Fisco a la CEOE, una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá que creó en 2012 y administraba con sus hijos. Según consta en el Registro Mercantil panameño, esa sociedad fue disuelta el pasado 18 de noviembre, dos años y medio después de reactivarse y tras destaparse su existencia.

“No fuimos a Panamá a montar una empresa offshore, sino una universidad que no fuimos capaces de arrancar”, explicó Blanco en una carta remitida a elDiario.es el 30 de septiembre, días después de conocerse las multimillonarias ayudas y contratos que reciben sus empresas.

El gallego, que durante semanas no atendió las llamadas de este medio, expresó en esa misiva su “sorpresa y malestar” por dos informaciones destinadas a su juicio “a levantar sospechas sobre mi actividad profesional, la de mi familia y la de cientos de colaboradores durante más de tres décadas de actividad”, “dañando gravemente la reputación de nuestras empresas y el trabajo de los 759 empleados que las hacen posible”.

“Mi trayectoria es la de un profesional apasionado por su trabajo, feliz por el éxito siempre frágil y parcial de sus empresas, comprometido con el mundo asociativo y empresarial de mi sector y, eso sí, alejado de los medios de comunicación que, en no pocas ocasiones buscan hacer del éxito empresarial, un permanente motivo de sospecha”, lamentó.

Su grupo, explicó, tiene presencia “en diez comunidades autónomas, con 28 centros formativos que responden de más de 2.000 contratos anuales públicos y privados, sin haber recibido jamás ningún apercibimiento por parte de las administraciones públicas. Solo el año pasado por nuestras aulas pasaron 70.000 alumnos y alumnas”.

Ahora la Agencia Tributaria investiga los contratos que la CEOE adjudicó a dos de sus empresas en 2022, cuando los Blanco reactivaron la sociedad panameña ahora disuelta.

El empresario, como explicaba en esa misiva, fue concejal por el PP en “mi amada Nogueira de Ramuin (1999-2003)”, en la Ribeira Sacra (Ourense) y cuya patronal local, Aenor, preside. Luego fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP del ex presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hijo de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, y que fue condenado en enero por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora.

Blanco es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021, a elección de las organizaciones empresariales.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y mediante el procedimiento negociado sin publicidad la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, la anterior denominación de Moba Skill, ahora investigada por la Agencia Tributaria, y que Blanco creó en 2004 en Nogueira de Ramuin.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación Blanco suma amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. De hecho presidió la patronal del sector en esa ciudad, Asemi. 

Su hijo Brais Blanco, con el que comparte cargos y empresas, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021. Hace un año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo relacionó a ambos con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta.

“Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó esta empresaria a Faro de Vigo.

Miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, César Blanco es vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), que aspiró a presidir hace más de una década. Cercano al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, es miembro del comité ejecutivo de la patronal Cepyme.

Blanco está alineado con la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel, en las elecciones del próximo 20 de mayo en la patronal de pymes. La presidenta de CEOE Valladolid aspira a desbancar al actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, admirador de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que lleva semanas en una encarnizada guerra por el poder en Cepyme.

El presidente de Cepyme y candidato a las elecciones presidenciales de la patronal de pymes, Gerardo Cuerva, ha presentado su lista para el Comité Ejecutivo que le acompañará en su candidatura en los próximos comicios de la Confederación, con un total de 24 nombres --incluido el suyo-- de los hasta 30 permitidos.

Entre ellos está el nombre de Ángel Nicolás, presidente de CECAM, la patronal castellanomanchega y María Soledad García, vicepresidenta de CECAM que está al frente de CEOE-CEPYME en Guadalajara.

Las elecciones se celebrarán el próximo martes 20 de mayo. Si vuelve a ser reelegido presidente en las próximas elecciones Gerardo Cuerva asegura que “desde el minuto uno” trabajará bajo el principio de unidad empresarial con CEOE, como “no puede ser de otra manera”, según recoge Europa Press.

Cepyme está integrada por 505 vocales representantes de 147 organizaciones de ámbito territorial y sectorial. De las vocalías, 230 pertenecen a las 56 organizaciones territoriales y las 275 restantes a las 91 organizaciones sectoriales.

Cuerva anunció hace unos meses que se presentaría a la reelección para presidir Cepyme, un cargo que ostenta desde 2019, tras relevar al actual presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Posteriormente, Cuerva fue reelegido presidente de Cepyme en 2021 con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo y con los avales de más de la mitad de las organizaciones miembro de Cepyme.

Su rival, la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel, cuenta con el apoyo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y es la candidata alternativa que el presidente de la CEOE estaba buscando para competir con Cuerva, ya que en los últimos meses los presidentes de ambas patronales se habían distanciado. La razón, según algunas fuentes empresariales, ha sido la actitud de Cuerva, que habría sido demasiado crítico con el Gobierno.

CECAM entrega sus premios anuales en una edición “especial”

Precisamente esta semana, el miércoles 14 de mayo, CECAM entrega sus XXII Premios Empresariales en un acto que se celebrará en la catedral primada de Toledo.

Es, según la organización empresarial una edición “especial”, ya que se van a entregar tanto los galardones correspondientes a 2025, como los de 2024. Aquella edición fue cancelada en octubre del pasado año debido a la DANA que dejó siete fallecidos en Castilla-La Mancha.

A dos semanas para las elecciones a dirigir Cepyme, que ha aflorado una guerra soterrada en la patronal española, hay una dura pugna para recabar –e intentar atar– los apoyos y votos por parte de ambos candidatos: el actual presidente, Gerardo Cuerva, y Ángela de Miguel, apoyada por la CEOE y su presidente Antonio Garamendi. Públicamente, De Miguel ha logrado el respaldo de multitud de organizaciones, frente a solo una de Cuerva, sin embargo en la campaña del actual líder de Cepyme advierten de una “clara victoria”, apoyándose en el “voto secreto” frente a su delegación, que tachan de “secuestro” o “incautación” de apoyos.

La campaña para las elecciones en la patronal de pequeñas y medianas empresas, que se celebrará el próximo 20 de mayo, empezó mucho antes de lo que marcan los tiempos formales. Prácticamente, desde que estalló en público el conflicto entre Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, que se ha plasmado en una guerra encarnizada en los medios de comunicación, con la denuncia de “guerra sucia” con filtraciones contra varios cargos de CEOE, y una división en la patronal española de la que se responsabilizan mutuamente.

En las últimas semanas, los dos candidatos han publicitado sus candidaturas en dos desayunos informativos, con multitud de críticas y ataques cruzados, y a la vez tratando de recabar el favor de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como protagonista inesperada en este enfrentamiento. Además, ha cobrado fuerza un rumor de que podría hablar un tercer candidato o candidata a las elecciones, pero por el momento no se ha confirmado ningún nombre.

Por un lado, la vallisoletana Ángela de Miguel, presidenta de CEOE en la región, denuncia el abandono de las pymes por la actual dirección y se presenta como una opción de “cambio” necesario en Cepyme que garantice la unidad de acción en la patronal, de la mano de CEOE y ATA, una vez perdida esta afinidad con Cuerva. En el otro bando, Gerardo Cuerva hace bandera de su independencia al “aparato” de CEOE, al que acusa de “presiones” en su contra, y se sitúa como una figura más combativa contra el Gobierno de coalición, sin “complejo” a posicionarse políticamente con los postulados más conservadores.

Los dos empresarios están invirtiendo y peleando por el discurso y la promoción de sus candidaturas. Una muestra es que ambos han contratado equipos profesionales para impulsarlas: la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) en el caso de Ángela de Miguel y Gonzalo Garnica, hombre fuerte en CEOE durante décadas y que ahora asesora a Cuerva como director de su campaña, apoyado por la agencia Viewpoint para la comunicación.

Apoyos públicos frente a secretos

Como suele ser habitual en los procesos electorales, los dos candidatos aseguran que van ganando. “La suma de apoyos a Gerardo Cuerva hace pronosticar una clara victoria en la votación”, ha afirmado su director de campaña, Gonzalo Garnica, este miércoles por la mañana. “Eso lo sabemos porque hablamos uno por uno con todos”, añadía Garnica, que no ha facilitado el nombre, ni el número de apoyos ante las “presiones” de CEOE denunciadas por Gerardo Cuerva. El presidente de Cepyme de momento solo ha recabado un apoyo público: el del Colegio General de Gestores Administrativos.

Por la tarde, la candidatura de Ángela de Miguel ha difundido una lista de las personas que formarán parte de su comité ejecutivo. Con nombres y apellidos, y las organizaciones a las que pertenecen, de multitud de sectores y territorios, De Miguel ha reunido ya 27 miembros de su comité, una demostración de fuerza ya que la lista puede contener hasta 30 personas. “De Miguel liderará Cepyme para garantizar que las pymes están en el centro de la actividad económica y social”, dicen desde su candidatura.

Frente a los apoyos públicos de la empresaria vallisoletana, el equipo de Gerardo Cuerva sostiene que tiene el voto comprometido de muchas organizaciones que no se han posicionado públicamente, en territorios como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía o Extremadura, entre otras, y en multitud de sectores, como la construcción, el metal, la sanidad y la educación privadas, entre otros. Gonzalo Garnica dice que están trabajando en la lista del comité ejecutivo que acompañará a Cuerva. “Desde luego, no tenemos ningún problema para esas 30 plazas y muchas más”, afirma.

Además, los de Cuerva indican que también tienen apoyos disidentes dentro de las entidades que han decidido en sus órganos internos el voto a la candidata de la CEOE. En concreto, recuerdan que la patronal madrileña CEIM ha anunciado el voto a Ángela de Miguel “por mayoría”, no por unanimidad. “Interpretamos que hay una minoría que es partidaria de Cuerva”. Con los mismos términos “de mayoría” han mostrado su respaldo a la candidata de CEOE la patronal del metal Confemetal o la de la construcción CNC, por ejemplo.

Esos anunciados apoyos secretos, si bien no permiten a Cuerva sacar músculo de sus respaldos, también han situado una idea de gran incertidumbre sobre los comicios y de incógnita sobre el apoyo “real” de cada candidatura. Hay tantas dudas que en muchas patronales no quieren enemistarse con ningún bando, porque no tienen la seguridad de cuál será el ganador.

La delegación de voto: clave para el voto disidente

En este contexto, hay un elemento clave de cara a los comicios del día 20 de mayo: la delegación de voto. Con esa mirada puesta en el voto disidente y en contra de la candidatura apoyada por CEOE, en el equipo de Gerardo Cuerva insisten en la conveniencia del voto presencial, “libre y secreto”, frente a la delegación de voto, una opción que intentó tumbar Cuerva –sin éxito ante la oposición frontal de CEOE y miembros de Cepyme–.

“Las organizaciones son libres de nombrar como vocales a quienes le dé la gana. Una vez nombrados, creo que lo que no se puede hacer es incautarles, secuestrarles, o obligarles a delegar el voto”, ha afirmado este miércoles Garnica sobre la delegación de voto. “¿Mejoran las expectativas de voto de Cuerva si el voto es secreto? Sí, por supuesto”, reconocía el director de la campaña de Cuerva.

La delegación de voto permite el control de más votos en manos de un determinado vocal, lo que en el equipo de Cuerva consideran que juega en favor de CEOE, del “aparato”, no solo por el poder de ser la gran patronal, sino también por la dependencia económica de muchas organizaciones de la “casa madre” de los empresarios.

Fuentes patronales de ambos bandos reconocen que la victoria se esclarecerá seguramente el propio día 20 de mayo, sin esperanzas de que haya un acuerdo de candidatura única antes. Si gana De Miguel, se pondría fin a la guerra entre las cúpulas de Cepyme y CEOE. Si gana Cuerva, aunque el granadino ha prometido “unidad”, muchas voces prevén que el empresario inicie una nueva campaña: para desbancar a Antonio Garamendi de la presidencia de CEOE.

Defensa “sin complejos” del “liberalismo” como ideología de la mano de Isabel Díaz Ayuso y críticas a la “sumisión” ante el “Gobierno más hostil” contra las empresas. Así ha presentado este lunes Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, su candidatura para intentar revalidar su cargo. En plena guerra con la dirección de la gran patronal, CEOE, que dirige Antonio Garamendi y que ha impulsado otra candidatura, la de la empresaria vallisoletana Ángela de Miguel, Cuerva ha denunciado multitud de “presiones” de CEOE, pero también “múltiples” del Gobierno en su contra. “Me quieren cortar la cabeza”, ha afirmado.

El empresario granadino ha lanzado su candidatura a las elecciones de Cepyme que se celebran el próximo 20 de mayo en un desayuno informativo en la capital de Nueva Economía Fórum, como hizo Ángela De Miguel hace dos semanas. Cuerva ha tildado a la candidata “funcionario al servicio y las órdenes” de Antonio Garamendi y la CEOE y ha pedido el voto de las pymes si apuestan por la independencia y sus “principios”.

Cuerva, ha sido presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en una protagonista inesperada de la campaña y del enfrentamiento en las patronales. Ayuso, sin mostrar su apoyo expreso al presidente de Cepyme, ha celebrado el trabajo de Cuerva en defensa de las pymes y ha cargado contra el Gobierno por multitud de cuestiones, como el apagón, las demoras en el AVE por el sabotaje de este fin de semana o la ley para reducir la jornada laboral, entre otras. “Se la necesita mucho, ahora más que nunca”, ha dicho Ayuso sobre la pequeña y mediana empresa.

Contra la “sumisión” y la “neutralidad ideológica”

“Durante estos días han sido muchos los que me han advertido sobre este desayuno, alertándome sobre su carácter político y recomendándome que no hiciera ningún pronunciamiento de tipo político”, ha afirmado Gerardo Cuerva, que ha criticado a quienes confunden la “neutralidad política” con la “neutralidad ideológica”.

“Si es evidente que las organizaciones debemos ser apolíticas, no unirnos a ningún partido, ni hacer seguidismo por unas siglas, también lo es que no podemos renunciar a nuestra ideología, que es la del liberalismo. La empresa sólo prosperará, el empresario solo podrá iniciar, desarrollar su actividad y hacer que progrese, sobre la base del liberalismo”, ha sostenido Cuerva.

El presidente de Cepyme ha criticado en cambio la “sumisión” ante el “Gobierno más hostil” para la iniciativa privada, en clara referencia a la CEOE. “Nadie puede pedirnos que, en aras de una mal entendida institucionalidad, aceptemos de buen grado doctrinas intervencionistas, sin crítica, sumisamente”, ha indicado.

Ahora “no firmaría” la reforma laboral y llamada al “voto secreto”

Cuerva ha afirmado que ha intentado defender “la independencia” de Cepyme dentro de CEOE y sus “principios” y ha asegurado que por ello quieren cortarle “la cabeza”. El líder de Cepyme ha señalado directamente a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, por “presiones” para que no presentara su candidatura, así como para que otras organizaciones empresariales den su apoyo a Ángela de Miguel. “No lo han conseguido”, ha afirmado sobre su renuncia y ha explicado que se presenta a revalidar el cargo por “responsabilidad” con sus principios.

Como muestra de esa voz disidente y más confrontada con el Gobierno, Gerardo Cuerva ha afirmado que hoy en día “no firmaría” la reforma laboral. “Me alineraría con Miguel Garrido y con CEIM (patronal madrileña)”, ha dicho el presidente de Cepyme, que pactó la legislación, pero se desmarcó públicamente de ella en una entrevista en El Mundo. “Ese mal entendido buenismo y respeto institucional nos lleva a tomar decisiones erráticas para el mundo empresarial”, ha sostenido.

Aunque por el momento los pronunciamientos públicos de las organizaciones empresariales se han decantado mayoritariamente por la candidatura de Ángela de Miguel, Gerardo Cuerva ha apelado al voto secreto para apoyar “su proyecto”. “Votad en conciencia, de forma secreta y personal”, ha animado Cuerva. “Poned el voto en aquella Cepyme/CEOE que queráis para el futuro”, ha rematado al final, en un mensaje que alimenta las visiones que ven al granadino como un posible rival de Antonio Garamendi para dirigir la gran patronal en caso de que gane los comicios de Cepyme.

Lluvia de ataques y críticas en la presentación en Madrid de la candidata de la CEOE a liderar Cepyme, la empresaria Ángela de Miguel, que pretende desbancar al actual líder de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, en una guerra encarnizada entre las organizaciones empresariales sin precedentes. En presencia de Cuerva, De Miguel ha criticado la “debilidad” de Cepyme y ha afirmado que “las pymes se sienten abandonadas”, por lo que ha reivindicado la necesidad de “un cambio”. También se ha referido a la “guerra sucia” contra su proyecto, cargado con dureza contra el Gobierno y repartido multitud de elogios a Isabel Díaz Ayuso, una protagonista inesperada de esta batalla.

La empresaria vallisoletana, actual presidenta de CEOE-Cepyme Valladolid, abogada de profesión, ha protagonizado un duro desayuno informativo en la capital, organizado por Nueva Economía Fórum. De Miguel ha insistido en que en la actualidad hay una “Cepyme débil”, que ha afirmado que está lastrando a otras organizaciones: la gran patronal, CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, y la de autónomos ATA, liderada por Lorenzo Amor.

Como ejemplos, la empresaria ha dicho que CEOE, Cepyme y ATA forman una “banqueta de tres patas” y “una pata no engancha bien”, en referencia a la organización que lidera Gerardo Cuerva. También: “Somos un ecosistema, cuando desaparece un insecto al final eso repercute en el depredador. Nos necesitamos todos y nos necesitamos todos fuertes”.

Ante las voces que culpan a la dirección de CEOE del “abandono” de las pymes, por su mayor inclinación a las empresas de mayor tamaño, Ángela de Miguel ha afirmado que las empresas señalan “a quien conocen”, a Antonio Garamendi o a Lorenzo Amor, con un claro señalamiento a Cuerva por no estar presente o no ser conocido siquiera entre en tejido empresarial. Gerardo Cuerva, que ha dado unas declaraciones a los medios de comunicación al final del acto, no ha querido entrar a las críticas a su gestión, que ha recordado que no recae solo en su persona, sino en un equipo.

De Miguel ha sostenido que hace falta una “Cepyme fuerte”, para la que se ha comprometido si es elegida como presidenta de la patronal de pequeñas y medianas empresas. “Queremos una Cepyme muchísimo más reivindicativa, muchísimo más fuerte, muchísimo más unida y más útil. Los empresarios lo que queremos es ser útiles. Para eso tenemos que ser una voz, con un discurso duro, pero eso no es suficiente. Hay que estar 365 días reivindicando, con una lluvia fina con reivindicaciones, siempre presente”, ha sostenido.

La abogada y empresaria de Valladolid también se ha referido a la “guerra sucia” contra su candidatura y la “desinformación”, por las noticias que se han publicado contra varios cargos de CEOE que apoyan su elección. “No todo vale”, ha lamentado Ángela De Miguel, que ha animado a sus apoyos a que sean “valientes”: “La guerra sucia os está llegando a muchos”.

El líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha lamentado “que hubiese” una guerra sucia durante la campaña electoral, que ha afirmado que perjudica a todos, por lo que ha llamado a “una responsabilidad máxima” y el “respeto a las personas y al trabajo de cada uno”. “Ojalá sea una campaña constructiva, para construir una mejor Cepyme. Destesto el horror de una campaña sucia, jamás puede estar presente en unas elecciones”, ha sostenido Cuerva, que pretende presentar su candidatura en otro desayuno el próximo 5 de mayo, 15 días antes de los comicios, que se celebrarán el próximo día 20.

Críticas al “intervencionismo” del Gobierno y alabanzas a Ayuso

Las críticas directas al Gobierno de coalición progresista también han sido protagonistas de la presentación de Ángela de Miguel, que ha calificado al Ejecutivo de “hostil” con las empresas y en concreto con las pymes. Presentada por Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, el empresario ha sido el encargado de lanzar los ataques más duros contra el Gobierno.

Garrido ha criticado el “infierno fiscal” que viven las empresas por los impuestos y las cotizaciones sociales, el “intervencionismo asfixiante” del Gobierno y lamentado la reducción de la jornada a las 37 horas y media a la semana que pretende aprobar Trabajo, que ha asegurado que perjudicará a las empresas. Citando el dicho de que “la fiesta siempre la pagan los mismos”, Garrido ha llegado a afirmar de que los impuestos financian las “fiestas” y “las orgias”.

Ángela de Miguel ha afirmado que la situación actual es “dramática” y que compartía “cada una de sus palabras”. “Las pymes no pueden soportar tanta intervención”, ha afirmado sobre la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que todas las empresas tengan un delegado de prevención. “El Gobierno no nos está ayudando absolutamente nada”, ha concluido la vallisoletana.

Por contra, Miguel Garrido y Ángela de Miguel se han deshecho en halagos y alabanzas para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región. El presidente de CEIM ha sostenido que “no es casualidad” que la Comunidad de Madrid sea la región que más crece, “ni consecuencia de la capitalidad, sino fruto de unas políticas adecuadas”. De Miguel ha agradecido a Ayuso “su política económica”, que ha considerado responsable de que “Madrid sea foro y polo de atracción de las empresas”.

Al ser preguntada por la igualdad en las direcciones de las patronales y empresas, Ángela de Miguel ha afirmado que ella estaba en su posición “como persona, no como mujer” y ha considerado que hay muchos ejemplos y “normalidad” en el liderazgo de mujeres en empresas y en gobiernos. Como ejemplo, ha vuelto a alabar a Ayuso. “Una presidenta de la Comunidad, que lo hace muy bien y no es por ser mujer, sino porque lo hace francamente bien y nos gustaría esa política para el resto de España”, ha afirmado la empresaria.  

Nuevo frente de conflicto entre organizaciones empresariales. La patronal CEOE ha impugnado ante los tribunales la entrada de la catalana Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, que ordenó recientemente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La organización dirigida por Antonio Garamendi ha pedido a la Audiencia Nacional medidas cautelares con el objetivo de parar la ejecución de esta orden, que implicaría la cesión de uno de sus asientos en el órgano consultivo en favor de la organización empresarial catalana.

La petición ante la Audiencia Nacional, adelantada por La Vanguardia y que confirman fuentes de CEOE a elDiario.es, supone la ampliación de un recurso previo presentado en 2024 contra la regulación del nombramiento de las vocalías de esta Comisión Nacional de Convenios Colectivos, el procedimiento por el que ahora el Ministerio de Trabajo da entrada a la organización liderada por Antonio Cañete a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos.

La entrada de Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos es relevante y puede tener trascendencia más allá del nuevo esquema dentro de este órgano consultivo. Por ejemplo, con vistas a quién representa a las pymes en otros órganos como el Consejo Económico y Social (CES) y la mesa de diálogo social estatal, en la que el Gobierno negocia leyes y consulta sus políticas. Ahora ocupan sus asientos las patronales CEOE y Cepyme, cuyas direcciones mantienen en estos momentos una guerra encarnizada.

En Pimec, como explica en esta entrevista su presidente, defienden que el actual sistema de representatividad de las pymes no es adecuado y reclaman su papel como voz de las pequeñas y medianas empresas. En la gran patronal, por el contrario, defienden que Pimec no cuenta con la representatividad necesaria a nivel estatal para formar parte de este y otros órganos nacionales.

Fuentes de Pimec consideran “sorprendente y preocupante que una organización como la CEOE, en lugar de aceptar una representación empresarial más plural, democrática y ajustada a la realidad, recurra a la vía judicial para bloquearla”.

Un nuevo reparto de asientos inminente

“Se han pedido medidas cautelares para parar la ejecución de la orden hasta que se resuelva”, explican en la CEOE a este medio. La orden firmada por Yolanda Díaz, y publicada en el BOE este mes, cesó a los vocales de CEOE y Cepyme de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos e instó a un nuevo reparto de los asientos entre las tres organizaciones empresariales. Hay seis vocalías ocupadas por las organizaciones empresariales (cinco de CEOE y una de Cepyme).

El Ministerio dio diez días a CEOE, Cepyme y Pimec para comunicar a la Dirección General de Trabajo “el acuerdo unánime” sobre la nueva distribución de las vocalías. Si pasado ese plazo no hay acuerdo, la encargada del reparto es Dirección General de Trabajo, que debe determinar el número de personas que corresponde proponer a cada organización, para que en el plazo de diez días estas comuniquen quiénes son los titulares y suplentes propuestos para su nombramiento.

El recurso de CEOE ante los tribunales trata de frenar así esta nueva asignación de asientos en el órgano consultivo hasta que la Audiencia Nacional resuelva sobre el recurso presentado. En Pimec subrayan su voluntad de “dialogar y alcanzar consensos”, por lo que propusieron abrir una negociación con CEOE y Cepyme para acordar “un reparto más justo de las vocalías y evitar que las grandes empresas concentren cinco de las seis plazas disponibles”.

La organización catalana sostiene que “las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y el 70% del empleo y su voz no puede seguir siendo ignorada en órganos donde se deciden cuestiones clave como los convenios colectivos”.

La Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Entre sus funciones figuran la “resolución de consultas, sin carácter vinculante, sobre el ámbito funcional de los convenios” y “ funciones de observatorio de negociación colectiva (información, estudio, documentación y difusión de la negociación colectiva)”, entre otras.

La batalla en las patronales de empresarios no solo continúa, sino que se ha agravado en las últimas semanas. Y eso que aún queda más de un mes para las elecciones en la patronal de medianas y pequeñas empresas (Cepyme) que destaparon el conflicto. Desde un goteo de noticias contra varios cargos de CEOE, que han derivado en varios expedientes en las Comisiones de Régimen Interno de ambas organizaciones, hasta una pugna por el respaldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La pelea entre las direcciones de CEOE y de Cepyme, lideradas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, no solo está siendo anómala por disputarse públicamente. También por la gravedad del choque. Garamendi ha impulsado una candidatura alternativa (la empresaria Ángela de Miguel) para disputar a Cuerva el liderazgo de Cepyme, lo que desveló las grandes diferencias entre ambos, que vienen de largo.

Gerardo Cuerva ha mantenido un perfil más político, propio, en contra del Gobierno de coalición, lo que no ha gustado al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, atacado en varias ocasiones a nivel interno por pactar con el Ejecutivo medidas como la reforma laboral. Una legislación que también pactó Cuerva como líder de Cepyme, pero de la que se desmarcó de inmediato en los medios.

Cuerva es, además, uno de los nombres que ha sonado en alguna ocasión para disputar el puesto a Garamendi al frente de la gran patronal española (CEOE), pero en el último Congreso el granadino no dio el paso y terminó por ceder su apoyo a Garamendi frente a la candidata lanzada desde Catalunya, Virginia Guinda.

Con las cartas sobre la mesa sobre la falta de confianza y sintonía entre ambos, primero el enfrentamiento se centró en el sistema de votación en los comicios, que finalmente se inclinó del lado de CEOE, al aceptar Gerardo Cuerva que se mantuviera la delegación de voto, entre amenazas de llevar la disputa a los tribunales. Tras este, la batalla ha derivado en lo que algunos llaman una “guerra sucia” en los medios de comunicación, con multitud de informaciones contra varios cargos de CEOE, gran parte de ellas apoyadas públicamente por un vicepresidente de Cepyme, José Manuel de Riva.

La guerra se traslada a los medios

Las noticias se han centrado sobre todo en Lorenzo Amor, líder de la asociación de autónomos ATA, vicepresidente de CEOE y figura en la que se ha venido apoyando Antonio Garamendi. Amor fue reelegido recientemente como presidente de ATA en unos comicios en los que la asociación llevó decenas de sus empleados y sus familiares a votar, como desveló elDiario.es.

El vicepresidente de Cepyme ha acusado de “conflicto de intereses” a Amor y de “facturar a nombre de su mujer”, por los contratos de ATA y otras empresas a una consultoría propiedad de Irene Galisteo. Amor ha negado cualquier conflicto de intereses con CEOE e irregularidad, y en ATA responden a este medio que no harán “declaración alguna por respeto al proceso electoral”. Además, José Manuel De Riva ha apuntado también por “conflicto de intereses” a Santiago Aparicio, líder de CEOE en Castilla y León y que –como Amor– ha brindado su apoyo a la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel.

La empresaria y líder de la patronal de Valladolid también ha sido foco de las informaciones, con tres asociaciones –la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam)– que pidieron a la Comisión de Régimen Interno de Cepyme que investigaran a De Miguel por “trato de favor”. Según ha podido saber elDiario.es, este expediente ya se ha cerrado en el órgano de la patronal de pymes.

Quejas en el Comité extraordinario de los aranceles

En este contexto, el Comité Ejecutivo de CEOE se reunió el pasado jueves, 10 de abril, de manera extraordinaria por la amenaza de la guerra comercial arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ante el terremoto que está suponiendo el choque entre las dos patronales, en la reunión también se expuso la batalla en los medios de comunicación a propósito de las elecciones en Cepyme, según fuentes patronales.

“Muchas organizaciones están hartas del descrédito y no comparten el daño reputacional”, indican desde la CEOE. Todas las publicaciones han señalado a cargos de CEOE y a la candidatura de Ángela de Miguel. Ante las quejas, Gerardo Cuerva intervino en el Comité Ejecutivo de la CEOE para rechazar los ataques en los medios de comunicación.

Unos días antes, Cepyme había lanzado un comunicado con el que llamó a la “responsabilidad” ante la cercanía de las elecciones en la patronal “y ante la preocupante escalada de informaciones y declaraciones que se están publicando en las últimas semanas”. La organización pidió “el cese de los ataques personales para crear un clima de debate constructivo” y fuentes próximas a Cuerva dicen a este medio que quieren que las discusiones se centren “exclusivamente en las propuestas sobre el futuro de las pymes y de la organización”.

Ayuso entra en la campaña de los empresarios

Otro anuncio mediático ha abierto una pugna particular dentro del enfrentamiento empresarial. El Mundo publicó que la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, apoyaba al rival de Garamendi en los comicios de Cepyme. Ayuso, una de las voces políticas más duras contra el Gobierno de coalición y en favor del neoliberalismo económico, iba a “amadrinar” su candidatura para revalidar su cargo como líder de Cepyme, indicaba el periódico.

Ese mismo día, 2 de abril, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, rechazó la toma de partido y defendió la “absoluta neutralidad” del Gobierno regional en las elecciones de Cepyme. Ya había salido a negar la información el líder de CEOE, Antonio Garamendi. El portavoz de la Comunidad de Madrid indicó que Ayuso, que ya participó en un acto de Cepyme contra el Ejecutivo el pasado verano que generó un gran malestar en CEOE, solo presentaría al actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en un desayuno informativo.

“Nosotros ahí seremos neutrales, e insisto, no tenemos ningún problema, lógicamente, en presentar al actual presidente de Cepyme, pero también a cualquier otro candidato que pueda solicitárselo y ahí estaremos”, añadió el consejero de Presidencia madrileño. Así lo ha hecho la candidatura impulsada desde CEOE, ya que Isabel Díaz Ayuso también estará en un desayuno informativo que dará Ángela de Miguel en Madrid, el próximo 23 de abril. Aunque en esta cita solo como asistente.

Ángela de Miguel será presentada por el presidente de CEIM, la patronal madrileña, Miguel Garrido, crítico con Antonio Garamendi en el pasado, pero que ganó poder en las últimas elecciones de CEOE y que ha respaldado a Lorenzo Amor ante las informaciones en su contra, por ejemplo. Sin embargo, CEIM no ha tomado aún partido públicamente por la candidata respaldada por Garamendi, una situación que algunas fuentes indican que puede ser reflejo de diferencias internas en el seno de la organización.

En cualquier caso, recuerdan en las patronales, el voto es secreto, por lo que aunque una organización muestre su apoyo a un determinado candidato, luego sus representantes pueden votar a quien consideren. Una situación que eleva la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones, el próximo 20 de mayo.

Movimiento del Ministerio de Trabajo en el esquema de las organizaciones patronales más representativas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha firmado una orden por la que se reconoce a la organización Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) la legitimación para formar parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Por ello, cesa a los vocales de CEOE y Cepyme e insta a un nuevo reparto de los asientos entre las tres organizaciones empresariales.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que Pimec solicitó su inclusión en esta Comisión adscrita a la Dirección General de Trabajo, del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. El escrito considera que Pimec tiene el estatus de “más representativa” de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, “lo cual conlleva la legitimación para estar representada en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos”.

La Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Entre sus funciones figuran la “resolución de consultas, sin carácter vinculante, sobre el ámbito funcional de los convenios” y “ funciones de observatorio de negociación colectiva (información, estudio, documentación y difusión de la negociación colectiva)”, entre otras.

La decisión es relevante y puede tener trascendencia más allá del nuevo esquema de este órgano. En Pimec, organización liderada por Antoni Cañete, defienden que el actual sistema de representatividad de las pymes no es adecuado y reclaman su papel como voz de las pequeñas y medianas empresas. elDiario.es ha preguntado si Pimec será incluida en las mesas de negociación del diálogo social, dado este estatus de “más representativa”, pero en Trabajo han indicado que por el momento la decisión se ciñe a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. CEOE y Cepyme ya han manifestado su negativa a una posible incorporación de Pimec.

Pimec ha adquirido además un rol más relevante en el último año en uno de los asuntos centrales para el Ministerio de Trabajo: la reducción de la jornada de trabajo. Sin la garantía de los votos de Junts para que la ley salga adelante, el debate se ha ubicado mucho en Catalunya, con más atención a la reacción de las patronales catalanas en la materia, entre las que se sitúa Pimec, menos beligerante que Foment (integrada en CEOE) en este tema.

Este nuevo esquema en la representatividad de las patronales también llega en un momento delicado en las organizaciones empresariales, con una batalla total entre las direcciones de CEOE y de Cepyme, lideradas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, con el foco en las próximas elecciones de Cepyme, que se celebrarán el 20 de mayo.

Cese de cargos patronales y nuevo reparto

La orden publicada este jueves en el BOE recoge también el cese de las seis vocalías con las que cuenta el lado empresarial (5 las ocupa CEOE y una, Cepyme) e insta “a todas las organizaciones legitimadas a alcanzar un acuerdo sobre la composición del mismo”.

La ministra de Trabajo da diez días a CEOE, Cepyme y Pimec para comunicar a la Dirección General de Trabajo “el acuerdo unánime” sobre la nueva distribución de las vocalías.

Transcurrido el plazo inicial de diez días sin que se haya comunicado un acuerdo, la Dirección General de Trabajo determinará el número de personas que corresponde proponer a cada organización y dará traslado a éstas de dicha distribución, para que, en el plazo de diez días, comuniquen las personas titulares y suplentes propuestas para su nombramiento, informa la agencia Europa Press.

Para la distribución de las vocalías en caso de falta de acuerdo se seguirán los siguientes criterios: a cada organización más representativa, ya sea estatal o de comunidad autónoma, le corresponderá una vocalía. Una vez adjudicadas las vocalías anteriores, las restantes se adjudicarán del siguiente modo: “en el caso de la renovación del grupo de representación empresarial, si se debe a la entrada de una nueva organización, se reducirán en una las vocalías de la organización que contara con más vocalías en la distribución anterior a la entrada de la nueva organización”, recoge la regulación de la Comisión.

Contra esta orden firmada por Díaz, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados a partir de mañana viernes. Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, ante el Ministerio, en el plazo de un mes contado también a partir de mañana, 11 de abril.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros volvemos a estar horrorizados con los ataques de Israel a los palestinos de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, con el respaldo de Donald Trump, ha vuelto a poner en marcha el genocidio de los palestinos. Los últimos bombardeos israelíes han asesinado a más de 400 personas. El horror del genocidio continúa. Netanyahu trata de volver a ocultar sus problemas internos de corrupción con la sangre de los gazatíes.  

Pero entremos en el tema del dinero, que por algo este es un boletín de economía. Hay un debate muy interesante, pese a que algunas elites lo quieren evitar, sobre la democratización de la economía, especialmente en el mundo de la empresa. España está todavía muy lejos de Alemania, donde en muchas empresas hay una representación de los trabajadores en los consejos de administración, lo que aporta más transparencia, participación y un mejor funcionamiento de las compañías. 

Ya se ha creado una comisión de expertos que asesorará al Ministerio de Trabajo en una futura “Ley de democracia en las empresas”, que tendrá que tener preparado un informe para el próximo septiembre. No es el único sitio donde hay que mejorar la representatividad y la democracia en el mundo económico. 

Otro ámbito de decisión relevante son las relaciones entre los agentes sociales. Entre empresarios y sindicatos se negocian los convenios colectivos y, a veces, con la participación del Gobierno se diseñan leyes que luego se aprobarán en el Congreso. Sin embargo, aunque los sindicatos siguen un proceso claro de elecciones en las empresas, en el universo empresarial no es tan claro el entorno democrático. 

Es cierto que en el ámbito de las empresas hay elecciones tanto para la presidencia de la patronal CEOE como en el caso de las pequeñas compañías, aglutinadas en Cepyme. De hecho, hay una pugna de poder entre el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ante los comicios para elegir al presidente de las pymes.  

Sin embargo, en el caso de las asociaciones de autónomos, la representatividad está más en duda que nunca. Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo. Aquí tienes un reportaje sobre quién negocia leyes en nombre de los autónomos, cuando su representatividad lleva atascada más de diez años.

El problema se ha acentuado ante las dudas en el proceso electoral para la reelección de Lorenzo Amor en la presidencia de ATA, que publicó la periodista Laura Olías en elDiario.es. Es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas también en el ámbito de las asociaciones de los autónomos, que se sientan con el Gobierno a discutir leyes que afectan a millones de personas. Es necesario que la democracia también llegue a todos los ámbitos económicos.

El gráfico

Desde la pandemia la oferta turística en España no ha parado de cambiar. Plataformas como Airbnb han logrado establecerse con una propuesta sólida que solo una fuerte y restrictiva regulación puede cambiar. La percepción del turismo en determinadas ciudades ha cambiado. La turismofobia ya es una realidad ante una propuesta turística que llena el centro de las urbes de aglomeraciones de viajeros que no dejan vivir a los locales y el incremento del precio de la vivienda, ya que se dedican los inmuebles al alquiler turístico, reduciendo el residencial. La oferta de las plataformas ha hecho que las cadenas hoteleras rediseñen su propuesta hacia el lujo y abandonen formatos baratos. Aquí te contamos cómo la oferta hotelera se vuelve de lujo.  

El dato

12.165 millones de euros

Es el montante de las sentencias favorables que han ganado las grandes empresas energéticas españolas contra el Estado, es decir, que las pagamos todos los contribuyentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década. Los casos judiciales que ha perdido la Administración Pública contra las empresas de todos los sectores se han traducido en indemnizaciones por 21.530 millones. En el caso energético, el “canon hidráulico”, la financiación del bono social eléctrico o el impuesto especial a los hidrocarburos son algunos de los litigios que han ganado las energéticas poniendo sobre la mesa su capacidad para contratar a potentísimos bufetes de abogados capaces de doblarle el brazo al Estado. Aquí te contamos que el sector energético gana más de la mitad de las indemnizaciones por las sentencias en contra del Estado.  

Entrepreneur

Hay que tirar de refranero español para intentar comprender cómo actúan algunas fortunas en España: no es tarde cuando la dicha es buena. Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado por fin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. La compañía multinacional de seguridad privada nunca había comunicado su existencia. La CNMV pide esta información a las empresas cotizadas. Aquí te explicamos la mala memoria de la heredera de Prosegur o cómo olvidarse de informar a la CNMV que tienes una sociedad con 27 millones en Islas Caimán creada en 2012.  

Verde que te quiero verde

En nuestro apartado de la enésima patada al medio ambiente por parte de algunas empresas vuelve a tomar protagonismo el fallido almacén submarino de gas Castor. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que en su desmantelamiento se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas”. La infraestructura fue clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón tras las inyecciones de gas que se hicieron en 2013. Aunque es un proyecto fracasado de la constructora ACS, el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolver 1.350 millones a Santander, CaixaBank y Bankia por el Castor. Destinado a convertirse en chatarra, te contamos cómo el Gobierno venderá lo que pueda recuperarse del almacén Castor “para optimizar y reducir las pérdidas”.

Cada vez que habla sube el pan

El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble

Anuncio del fondo Hipoges

El mercado de la vivienda en España es lo más parecido al salvaje Oeste. Frente a los precios desbocados, las aplicaciones de anuncios de compraventa o alquiler de inmuebles se han llenado de ofertas, normalmente por debajo de los precios de mercado, de viviendas con advertencias de que están ocupadas. En la mayoría de los casos se trata de inquilinos que tienen un título válido, ya sea un alquiler social o están acogidos a la moratoria hipotecaria. Por ejemplo, una mujer se encontró con que su vivienda estaba en portal de compraventa a un precio de 40.000 euros cuando ella se hipotecó por más de 100.000 euros.  “No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas. Y yo tengo un contrato, estoy al día de pago y hay leyes que me avalan. Es terrible ver la imagen de tu hogar en venta”, señala. Aquí puedes leer un reportaje sobre cómo los fondos se deshacen de pisos con familias dentro.

No es el único ejemplo de abusos del que hemos informado esta semana alrededor de la vivienda. Tratar de negociar el precio a la hora de comprar un piso se ha convertido en misión imposible. Las tensiones de precios, las compras con fines especulativos y la bonanza económica reducen la capacidad de negociación de las familias. En esta información te explicamos la misión imposible de negociar el precio con la vivienda disparada.

Bien Público

Esta semana el diario ABC ha destapado un escándalo que vuelve a poner el ojo sobre los servicios que presta la sanidad privada. En la investigación del periódico conservador se señalaba, con decenas de informes aportados por oncólogos, que la empresa Atrys les presionaba para que no prescriban tratamientos caros contra el cáncer. Tremendo. La cuestión es que Atrys es una compañía tras la que están algunas de las mayores fortunas de España. Estamos hablando del empresario José Elías, conocido por ir al límite y repartir eslóganes para emprendedores; Carmen Ybarra Careaga, con un patrimonio estimado en 760 millones y participaciones en numerosas cotizadas a través de su holding Onchena; Los Domínguez de Gor, dueños de Mayoral; o Jon Riberas, con participaciones en empresas como el fabricante de componentes de automoción Gestamp, la acerera Gonvarri, CIE Automotive, GAM y alguna que otra inmobiliaria cotizada; entre otros inversores de Atrys. En esta información de Antonio M. Vélez te desvelamos quién está detrás de la empresa a los que los oncólogos acusan de recibir presiones para que no prescriban terapias caras contra el cáncer.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó lo que se daba. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Mientras tanto, si tienes propuestas o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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El presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, Gerardo Cuerva, ha anunciado este martes ante los órganos de gobierno de la Confederación que la fecha de las nuevas elecciones para presidir la organización empresarial será el próximo 20 de mayo, informa Europa Press. Cuerva se enfrentará a Ángela de Miguel, presidenta de la patronal de Valladolid y candidata que apoya la CEOE, en plena guerra con el líder de Cepyme.

Cepyme ha reunido este martes a la Junta Directiva de la Confederación para fijar la fecha a las próximas elecciones, después de que la semana pasada Cuerva informara de que propondría mantener “de manera extraordinaria” la delegación del voto en estos comicios.

Es decir, que la delegación de voto no se limitará, como había aprobado la Junta Directiva de Cepyme hace unas semanas, en contra del criterio de su COmité Ejecutivo, y que habría recrudecido la batalla en las patronales, con amenazas incluso de llevar a Cuerva ante los tribunales.

Cuerva pide un proceso electoral “limpio”

Gerardo Cuerva ha pedido que el proceso electoral sea “limpio, transparente y constructivo”, según ha informado Cepyme en un comunicado.

De esta manera, el próximo 20 de mayo se vivirá un duelo de candidatos para liderar la patronal de pymes. Por un lado el actual presidente, Gerardo Cuerva, y por otro la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel, apoyada por la patronal que preside Antonio Garamendi.

La disputa abierta entre Garamendi y Cuerva se agravó cuando el presidente de Cepyme decidió impulsar una reforma del reglamento interno de la Confederación para limitar el voto delegado de cara a las elecciones, una reforma que solo se aprobó con el apoyo de la Junta Directiva y no del Comité Ejecutivo, y que llevó a los seguidores y detractores de Cuerva a iniciar una 'guerra' de informes jurídicos.

Esta batalla por la legalidad de la reforma finalizó el pasado viernes con un comunicado de Cepyme en el que se especificaba el compromiso de Cuerva de mantender la delegación de voto intacta para estos comicios.

Gerardo Cuerva lleva al frente de la patronal de pymes desde 2019, tras relevar a Garamendi en el cargo. Posteriormente, fue reelegido presidente de Cepyme en 2021 con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo y con los avales de más de la mitad de las organizaciones miembro de Cepyme.

Ya hay nombre de la candidatura de la CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, para disputar la presidencia de la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) a su actual líder, Gerardo Cuerva. Se trata de la presidenta de la patronal CEOE-Cepyme en Valladolid, Ángela de Miguel, que competirá con Cuerva en plena guerra en las patronales por el liderazgo nacional de las pymes. El anuncio se ha producido el día en que la actual dirección celebra los Premios Cepyme, en Madrid.

“Doy este paso al frente, con mucha ilusión, por sentido de la responsabilidad y compromiso personal con las pymes españolas. Las pymes españolas son un actor esencial del tejido industrial nacional y son clave para el desarrollo económico y social de nuestro país. En un contexto socioeconómico y geopolítico como al que nos enfrentamos, considero que ayudarlas a impulsar su crecimiento, competitividad, innovación e internacionalización es un asunto crítico. En esta tesitura, Cepyme juega un papel clave, por lo que se tiene que reforzar el consenso y la unidad dentro de la organización”, ha explicado De Miguel, recoge Europa Press.

En este sentido, la candidata ha hecho referencia a los últimos acontecimientos vividos en Cepyme, que han generado un enorme enfrentamiento a propósito de la delegación de voto para los próximos comicios a liderar la patronal, que se celebrarán este año.

“Veo con máxima preocupación, como miembro de la Junta Directiva, las acciones que está llevando a cabo el actual presidente, tanto el que no se hayan convocado aún elecciones pese a haberse cumplido el plazo máximo para hacerlo, como las últimas maniobras para obviar los Estatutos y los órganos de gobierno de esta organización, que nos han forzado a una votación nula para cambiar sin atribuciones y en el último momento el régimen electoral”.

La delegación de voto fue rechazada por el Comité Ejecutivo de Cepyme, pero aún así se sometió a votación en la Junta Directiva de la patronal y salió adelante. Tras ello, miembros de CEOE y el Comité Ejecutivo de Cepyme han pedido a Cuerva que rectifique, con la advertencia de posibles consencuencias jurídicas, pero el líder de Cepyme defiende la legitimidad de la restricción del voto delegado.

Ayer martes, se celebró una reunión del Comité Ejecutivo, en el que las dos partes enfrentadas aportaron informes jurídicos que respaldan sus posturas. Se prevé que el próximo día 11, la Junta Directiva de Cepyme convoque las elecciones.

En los Premios Cepyme celebrados este miércoles, tanto Antonio Garamendi como Gerardo Cuerva se han enviado mensajes en este clima de crispación. El presidente de CEOE ha pedido dejar los intereses personales “a un lado”, como hizo el lunes en las elecciones de ATA, y trabajar por la unidad de las organizaciones empresariales para hacerlas “más fuertes”. Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha recordado que él representa y da voz a las pequeñas y medianas empresas que están “lejos” de los grandes centros económicos.

Abogada y empresaria

Ángela de Miguel ha destacado que su experiencia, tanto como presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme durante más de diez años, como por su condición de empresaria a la cabeza de una pyme, le han dado la oportunidad de conocer profundamente y en primera persona la situación y necesidades que demandan las pequeñas y medianas empresas en el contexto actual, informa Europa Press.

Asimismo, a través de un comunicado, De Miguel indica que avanzó esta decisión al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien le manifestó que cuenta con su “total confianza” y, posteriormente, la trasladó también a los órganos de gobierno de CEOE-Cepyme de Valladolid y de CEOE Castilla y León, de la que es vicepresidenta.

De Miguel, abogada y empresaria, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y con un Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Es fundadora y directora del bufete Negotia Abogados.

Es presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme desde 2014, una de las organizaciones empresariales más importantes de la región de Castilla y León, que representa a empresarios y autónomos en Valladolid.

Desde 2018 es también vicepresidenta y portavoz de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León). Además, es miembro de la Junta Directiva de CEOE desde 2014 y pertenece a la Comisión de Internacional, la Comisión de Igualdad, la Comisión de RSE y la Comisión jurídica.

“Durante mi mandato he centrado mis esfuerzos en fomentar el crecimiento y la competitividad de las empresas locales, impulsando la innovación y apoyando la transformación digital de las pymes. También, he jugado un papel fundamental en el diálogo social entre las empresas, las administraciones públicas y los sindicatos. Mi objetivo ha sido representar los intereses de los empresarios de Valladolid y asegurar que se escuche su voz en la formulación de políticas económicas y laborales”, ha concluido Ángela de Miguel.

La candidata a la Presidencia de Cepyme es, además, presidenta de la Asociación Empresarial México-España (AEMEES), vicepresidenta de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), presidenta de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio y miembro del Comité Ejecutivo y del Pleno de la Cámara de Comercio de Valladolid.