El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha denunciado que un centro de educación infantil de Las Palmas de Gran Canaria no pudo abrir sus puertas el pasado 10 de septiembre “debido a las numerosas deficiencias fruto de una mala gestión del ejecutivo canario”.

“El pasado martes comenzó un nuevo curso escolar y todos los centros, incluidos los de educación infantil debían abrir sus puertas, pero desgraciadamente eso no ocurrió en la escuela infantil de La Fuente”, explicó el sindicado en una nota de prensa en la que explica que el centro se encontraba en obras iniciadas a finales de agosto.

Además de dichas obras, el secretario general de Sepca, Manuel González, agregó que las instalaciones, sobre todo los patios, “estaban llenos de suciedad, cucarachas y pulgones procedentes de unas palmeras en pésimo estado de cuidado”.

De igual modo, explicó que el centro, a comienzos de curso, carece de personal suficiente y de la figura del director de Centro y de un educador de apoyo“. ”La respuesta de la Consejería de Educación ha sido la de comenzar ya con independencia del estado de las instalaciones y, aunque falte personal, sin ofrecer una solución inmediata“, dijo.

Incluso, apuntó que por parte de algún funcionario responsable “se ha obligado a la plantilla más antigua de las escuelas infantiles a trabajar más allá de la jornada legal de 35 horas que establece la ley de presupuesto en vez de abordar la contratación de nuevo personal que indicaba la titular de la Consejería de Políticas Sociales”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha denunciado este miércoles que en lo que va de año, ya asciende a 12 millones de euros la cantidad que adeuda el Gobierno regional los empleados de la sanidad canaria.

“Esta cifra se debe a las horas que debe el Ejecutivo canario a los trabajadores sanitarios tras el acuerdo firmado el pasado año con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO”, expone en un comunicado el secretario de Sanidad de Sepca, Joaquín Franco.

Recuerda que en el acuerdo el Ejecutivo se comprometió a devolver las 35 horas semanales a los trabajadores de la sanidad canaria a partir del pasado 1 de enero, siempre supeditado a que el Gobierno central permitiera el gasto del superávit y, en caso de que esto fuera posterior, sería de aplicación con carácter retroactivo.

Sin embargo, Franco agrega que a día de hoy no hay ningún avance en esa materia. “A finales de abril el Servicio Canario de Salud deberá a cada trabajador las horas trabajadas durante cuatro meses, es decir 6 días a cada sanitario por que las ha trabajado de más”, sostiene Joaquín Franco.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció en julio de 2015 que el edificio con sus oficinas centrales situado en Ofra, el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, iba a ser el primero de propiedad municipal que utilizaría electricidad generada con fuentes renovables, mediante 88 paneles fotovoltaicos con un coste de 50.000 euros.

Transcurridos tres años, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), a través de su sección en el Consistorio chicharrero, ha criticado el “oscurantismo y el secretismo” del Gobierno local sobre esa instalación, ya que no se ha respondido a las solicitudes que por escrito han presentado, la primera hace dos años y medio ante la Junta de Personal y reiteradas este año, para conocer cuál ha sido el resultado de esa  inversión pública “anunciada a bombo y platillo”.

La sección del Sepca quiere conocer una serie de datos que, por el momento, sigue sin recibir: cuántos kilovatios por hora de producción propia han generado esos paneles, a cuánto asciende el ahorro neto en la factura de electricidad, si esta energía de origen renovable se almacena en baterías para poder ser utilizada en horas en que no hay luz solar o se inyecta directamente en la red trifásica previa conversión en corriente alterna, y en qué porcentaje se incrementa -en el cómputo anual- la producción energética en los meses de verano al aprovechar el mayor tiempo de insolación.

Otras dudas del sindicato no resueltas por los responsables municipales son con qué frecuencia se limpian los paneles solares para evitar que pierdan eficiencia, si está ya amortizada la inversión, si se han instalado en otras sedes municipales y si  se le aplica en este caso el real decreto que establece el llamado impuesto al sol.

La única respuesta recibida por esta organización sindical fue de la Dirección de Recursos Humanos, que en agosto pasado se declaró como órgano no competente para informar de estos asuntos.

El sindicato había acudido a este departamento toda vez que en 2015, cuando se presentó en público la instalación, el Ayuntamiento anunció que  la empresa adjudicataria, Dobons Technology, SL, colocaría una pantalla de 27 pulgadas en la recepción de estas oficinas municipales que debía informar en tiempo real a los usuarios y empleados públicos sobre la energía fotovoltaica producida y consumida en el edificio. Sin embargo, tal monitor nunca ha ofrecido esa información, “siempre ha estado en negro”.

La sección del Sepca le devolvió el escrito a Recursos Humanos, debido a que no cumplió con la obligación, estipulada por la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, de dirigir la demanda de información al órgano competente. El sindicato envió entonces a la Alcaldía una solicitud de información pública, prevista en la Ley de Transparencia, a raíz de lo cual se le comunicó que el documento con las preguntas había sido remitido, finalmente, a la Concejalía de Medio Ambiente, para su respuesta.

Hay que tener en cuenta que, si en estos casos en dos meses no son respondidas, el solicitante de información puede enviar una queja al Comisionado de la Transparencia del Parlamento canario, que tiene la potestad de sancionar y a sus requerimientos el organismo público tiene que contestar en un mes.

Falta de datos también a la prensa

Pues bien, ante la denuncia pública que ha hecho el sindicato en su web sobre falta de transparencia en relación con esta planta fotovoltaica, el jueves 30 de agosto Tenerife Ahora trató de contactar con el concejal responsable de esta área, Carlos Augusto Correa (del PP), para conocer su versión e intentar arrojar luz sobre las numerosas incógnitas que plantea el Sepca.

Desde el servicio municipal de prensa, se informó a este diario de que los panales fotovoltaicos sí estaban funcionando y de que al día siguiente, el viernes 31 de agosto, el concejal haría declaraciones a este medio, pues había solicitado un informe técnico. Pero han pasado ya casi dos semanas e, igual que lo ocurrido con el sindicato, el silencio es, por el momento, la respuesta recibida por el periodista.

En el Sepca siguen a la espera de poder acceder a los datos solicitados para sacar conclusiones, pero muestran sus recelos sobre los números que ofreció el Ayuntamiento en 2015: que esta energía renovable permitiría ahorrar 48.000 euros al año en la factura de la electricidad, de lo cual deduce que el kilovatio/hora se paga a 1,4 euros, “cuando el precio más desfavorable en el mercado es de 0,12 euros, es decir, 10 veces más cara, en tarifas de hora punta”.

Tampoco entiende el Sepca que se anunciara que la inversión de 50.000 euros se amortizara en tres años si a la vez se indicaba que el ahorro en un  año era casi de esa misma cuantía.

Suspicacias sobre el funcionamiento de la planta

La organización de empleados públicos ha llegado a sospechar que la planta fotovoltaica en realidad no ha estado generando electricidad, cuestión que aún deberá aclararle el Gobierno municipal, si bien las citadas fuentes oficiales consultadas por este diario indicaron que la instalación sí funciona, aunque sin aportar ningún dato más.

Las suspicacias sindicales surgen porque el real decreto sobre autoconsumo regula una serie de aspectos entre los que se encuentra “la tipología de la conexión de la planta solar, que muy probablemente el proyecto no contempló por ser anterior a la aprobación de esa normativa, pero sí le es de aplicación, por lo que para legalizarla  habría sido necesario aumentar el presupuesto inicial”.

También albergan los representantes sindicales otra duda técnica: si en el presupuesto publicado se incluye el precio del convertidor estático, llamado generalmente ondulador, necesario para convertir la corriente continua que da los paneles solares en corriente alterna trifásica.

Como la planta fotovoltaica solo cubre parte de la demanda eléctrica del edificio, en función de las horas de sol, este ondulador debe sincronizarse con la red eléctrica e integrarse con el sistema de alimentación ininterrumpida de Ofra para los servidores y mainframe (computadoras centrales), y el grupo electrógeno propio, precisa el sindicato. Es decir, la electricidad de fuente fotovoltaica tiene que inyectarse en la red eléctrica interior para bajar el consumo de la que procede del exterior.

Para que la instalación sea operativa es preciso que cuente con baterías para almacenar la electricidad generada por los paneles y utilizarla cuando no haya luz solar y además un convertidor de corriente continua (la almacenada en las baterías o la suministrada directamente por la planta fotovoltaica) a la red trifásica interior.

Además, cree el Sepca que la instalación de cogeneración tiene que cumplir el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, el conocido como impuesto al sol.

Otro aspecto que desea clarificar la sección sindical del Sepca en el Ayuntamiento que preside el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) tiene que ver con que el expediente de adjudicación de esta instalación no aparece en el Portal de la Transparencia. Así que considera que, por el momento, son demasiadas sombras sobre un proyecto que necesita mucha luz.

El grupo sindical en la primera Corporación señala que nunca ha “manifestado calificativo alguno en medios de comunicación contra ningún representante político” y muestra su rechazo a “esa forma de actuar”.

Los representantes del grupo sindical Sepca (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias) en el Cabildo de La Palma, “nos desvinculamos completamente de las declaraciones vertidas en distintos medios de comunicación  contra el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Luis Camacho”, señala en una nota de prensa. 

Apuntan que “si bien es cierto que mantenemos la reivindicación por haber sido excluidos, a nuestro juicio, indebidamente de la Mesa General de Negociación y que, en este sentido, se evidencia una discrepancia en cuanto al modo de acreditar el porcentaje de  representatividad necesario para tener presencia en dicho órgano. Y que de  las acciones u omisiones que a este respecto se tomen, pudieran derivarse perjuicios para la administración   por quedar anuladas las decisiones tomadas. También lo es que nuestras reivindicaciones no han traspasado este ámbito”.

Desde el Sepca en el Cabildo de La Palma, se añade en la nota, “queremos transmitir que nunca hemos manifestado calificativo alguno en medios de comunicación, contra ningún  representante político o sindical, mostrando nuestro rechazo a esa forma de actuar, y con el convencimiento de seguir realizando nuestra labor como hasta ahora, utilizando el diálogo y los cauces correspondientes, por lo que trasladamos nuestras disculpas tanto al consejero como a aquellas personas u organizaciones que puedan haberse visto agraviadas por la publicación”.

El pasado 29 de enero el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), nivel regional, difundió un comunicado donde pedía la dimisión del consejero de Hacienda y Recurso Humanos del Cabildo de La Palma, Luis Camacho, por “sus nefasta labor en material de personal”.  Apuntó que “la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la oposición frontal tanto del Sepca como de CCOO y la actitud antisidical hacia esta organización excluyéndola de la mesa general de forma ilegal, dejan patente su nefasta gestión” en la citada materia y “su manifiesta incapacidad y talante para relacionarse institucionalmente con los sindicatos”. 

Argumenta para plantear la solicitud la “nefasta gestión en materia de personal” y “manifiesta incapacidad y talante para relacionarse institucionalmente con los sindicatos”.

Anuncia que “en el caso de que el Cabildo se empecine en excluir a este sindicato de la mesa general de negociación, impugnará la aprobación inicial del Presupuesto General y Plantilla de Personal para el año 2016”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), en un comunicado, pide la dimisión del consejero de Hacienda y Recurso Humanos del Cabildo de La Palma, Luis Camacho, por “sus nefasta labor en material de personal”. Apunta que “la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la oposición frontal tanto del Sepca como de CCOO y la actitud antisidical hacia esta organización excluyéndola de la mesa general de forma ilegal, dejan patente su nefasta gestión” en la citada materia y “su manifiesta incapacidad y talante para relacionarse institucionalmente con los sindicatos”.

En la nota indica que “a pesar de que el Sepca tiene acreditada en la Dirección General de Trabajo, al día de hoy, una representatividad del 30% de los delegados (miembros de Comité de Empresa y delegados de Junta de Personal), ha sido excluida de la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias con la intención de perjudicar de forma intencionada a esta organización sindical al privarle de su legítimo derecho a participar en dicha Mesa como miembro de pleno derecho para negociar aspectos comunes del personal funcionario y laboral, como la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, o la negociación del capítulo de personal de los Presupuestos Generales de la Corporación local”.

Apunta que “con tal intención se busca también limitar la negociación a sindicatos más dóciles, y de paso dejar solo a CCOO, el cual se opone frontalmente a la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, motivo por el cual, según los medios de comunicación, se levantó de la última mesa general, abandonando la negociación por estar en total desacuerdo con el documento presentado de RPT”.

Por tal motivo, añade, el Sepca “ha dirigido solicitud de certificación a la Dirección General de Trabajo para acreditar la representatividad de los sindicatos en el Cabildo y una reclamación administrativa previa conminando al Cabildo a que cese de inmediato en la conducta antisindical de excluirle de los foros de negociación a los que tiene legítimo derecho por tener la representación exigible para ello, así como la anulación de todos los acuerdos adoptados en dichas mesas por ser nulos de pleno derecho”. Finalmente, inidca, “se solicita también del ente local certificación del número de reuniones celebradas con la finalidad de instar judicialmente las indemnizaciones económicas correspondientes por la flagrante violación de los derechos fundamentales de igualdad de trato y libertad sindical en su vertiente participación institucional en los foros de negociación colectiva”.

Adelanta que “en el caso de que el Cabildo de La Palma se empecinara en su actitud de excluir a este sindicato de la mesa general de negociación de una forma caprichosa y sin argumento legal alguno, el Sepca impugnará la aprobación inicial del Presupuesto General y Plantilla de Personal para el año 2016, el cual se está elaborando en estos momentos por falta de negociación, consecuencia de la ilegítima exclusión del Sepca de dicha mesa general”.

Por ultimo, el Sepca “lamenta la decisión del Cabildo de excluirle indebidamente de los foros de negociación no sólo por las irregularidades legales que se cometen con tal atropello, sino por las consecuencias perjudiciales para el personal tanto funcionario como laboral, ya que una de las virtudes de este sindicato no es precisamente la docilidad a la hora de aprobar la futura Relación de Puestos de Trabajo, por ejemplo”, concluye.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias ha formalizado demanda judicial por la vía contenciosa administrativa solicitando “la nulidad de la Relación de Puestos de Trabajo” del Consistorio de la Villa y “la inmediata paralización

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha formalizado “demanda judicial por la vía contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de la Villa de  Mazo y la inmediata paralización de la misma hasta que se resuelve judicialmente el litigio”, señala en un comunicado.

En la nota se indica que “se denuncia la injustificada disminución de retribuciones de varios funcionarios y la conversión automática de personal laboral en funcionario interino, con un evidente desprecio a la legalidad vigente”. Añade que “entre el colectivo de perjudicados o agraviados figuran los afiliados que tiene este sindicato en el municipio, organización que se opuso frontalmente desde el principio a la consumación del desaguisado y chapuza jurídica”.

Apunta que “no se ha producido la correspondiente negociación con el Comité de Empresa para realizar el proceso de funcionarización o consolidación de empleo”. Dice que “este extremo es relevante porque ello se tendría que haber resuelto antes que la aprobación de la RPT, o subsidiariamente, la RPT no tendría que haber realizado la conversión automática”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias niega que el jefe de la Policía Local “tuviera constancia de los hechos”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha emitido un comunicado en el que informa que “coincidiendo con la reciente publicación en diversos medios de comunicación acerca de la denuncia interpuesta contra varios trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma sobre la supuesta utilización irregular de bonos municipales para repostar gasolina en vehículos particulares, este sindicato, mayoritario en el ámbito de los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pide prudencia y cordura”.

El Sepca solicita al Ayuntamiento “máxima colaboración con la Fiscalía para la investigación de los hechos denunciados, y lamentamos que se intente empañar por terceros la imagen de honradez y honorabilidad de los funcionarios locales, recordando que les asiste como a todos los justiciables su legítimo derecho a la presunción de inocencia”.

Añade que “hemos de manifestar que no es cierto que el jefe de la Policía Local tuviera constancia de los hechos, ni que se le haya informado al respecto, tal y como nos ha manifestado el propio afectado, el cual nos ha autorizado a que desmintamos tal extremo”.

Asimismo, el Sepca “quiere dejar meridianamente claro que no va a entrar en ninguna guerra entre sindicatos, ya que el interés que nos mueve no es otro que el de salvaguardar el buen nombre del conjunto de funcionarios de este Ayuntamiento, el cual se está empañando de forma innecesaria, circulando en diversos mentideros incluso con nombres y apellidos una hipotética responsabilidad de tipo penal, por unos hechos que solamente están siendo objeto de investigación”, concluye.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias aplaude que el Ayuntamiento “haya reconsiderado su decisión inicial”.

El sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) “se congratula de que el Ayuntamiento de Garafía haya reconsiderado su decisión de contratar seguridad privada para realizar funciones propias de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad (seguridad ciudadana) con motivo de las fiestas de San Antonio del Monte”, informa Antonio Brito Pérez, miembro de la sección de Administración Local del Sepca.

Recuerda que como ya denunció el sindicato el pasado 5 de junio, “lo coherente sería dotarse de efectivos de otros municipios (policías locales) de forma provisional y remunerados de forma extraordinaria, o recabar de la Subdelegación del Gobierno en La Palma el oportuno auxilio para que faciliten efectivos de la Guardia Civil con el fin de evitar los graves riesgos que en materia de seguridad ciudadana se pueden producir debido a la aglomeración masiva de personas (en torno a unas 10.000) durante la celebración de las fiestas populares de San Antonio del Monte, y no acudir a la contratación de seguridad privada que inicialmente tenía previsto realizar el alcalde en funciones del municipio”.

Los responsables del Sepca muestran su satisfacción por que “finalmente se hayan tenido en cuenta nuestras reivindicaciones y se haya reconsiderado la decisión inicial, porque, en caso contrario, nos habríamos visto obligados a acudir a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y presentar una denuncia por un presunto delito de usurpación de funciones”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias comunica “al nuevo grupo de gobierno que salga elegido en la sesión plenaria de 13 de junio de 2015 que una de las asignaturas pendientes será abordar la escasez de efectivos (solo dos policías locales para todo el municipio es claramente insuficiente para garantizar con un mínimo de seguridad las funciones a realizar)”.

El secretario de Acción Sindical de la FSC-CCOO en Canarias, Juan Miguel Suárez Santana, en un comunicado, se pregunta “qué intereses defiende el SEPCA (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias) en el Ayuntamiento de la Villa de Mazo”. Señala que “el pasado 20 de febrero se debatió y aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mazo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), después de un periplo de más de un año y medio, donde se ha desarrollado una campaña, desde el ámbito político y sindical, que se ha caracterizado, a nuestro entender, por informaciones interesadas y falsas que pretendían empañar el proceso de elaboración y negociación de la misma”.

“Pero lo que no entendemos en ese proceso”, subraya, “es la incursión de la organización sindical SEPCA, que le precede la demanda presentada y cuya sentencia estuvo a punto, con informe jurídico de la letrada del Ayuntamiento incluido, de dejar en la calle a cuatro trabajadores que venían desempeñando sus funciones como personal laboral”. Añade que “no contento con ello, y cuando se pretende con la negociación de la RPT con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación (CCOO y UGT) por parte del Ayuntamiento regularizar esta situación, vuelven a la carga con anunciados procedimientos penales y administrativos para boicotear su aprobación definitiva”.

Suárez Santana indica que “a todo ello, esta organización sindical no solo no tiene representación en este Ayuntamiento, sino que, en las recientes elecciones sindicales realizadas para constituir el Comité de Empresa, ni siquiera presentan candidatura”.

Alega que “es palmario que la administración local en Canarias se ha construido a lo largo de estos años, precisamente por la ausencia de mecanismos de organización de los recursos humanos como las RPT, de forma irregular, siendo su principal efecto la laboralización y la precariedad de sus recursos humanos”.

Apunta que “existen mecanismos legales que permiten organizar los recursos humanos, abordar la consolidación de empleo y la defensa de los derechos, tanto retributivos como de condiciones de trabajo, de los empleados públicos de las administraciones locales en Canarias, que entre otras cuestiones acometa el necesario proceso de funcionarización de sus recursos humanos para garantizar la imparcialidad y objetividad en sus funciones de servicio público”.

Desde luego, agrega, “el camino que ha emprendido el SEPCA, parece que lleva el camino de cerrar las administraciones locales en Canarias; en el caso de la Villa de Mazo, el número de trabajadores laborales que desempeñan puestos de funcionarios son muchos más, de los que ha denunciado de manera interesada SEPCA, para defender intereses particulares frente a los intereses generales que están defendiendo los sindicatos en la Mesa General de Negociación”.

Sostiene que “no es verdad que con la aprobación de la RPT se le cambie el vinculo al trabajador laboral que estaba ocupando un puesto de trabajo, que por ministerio de la ley se ha transformado en funcionario”. Señala que “el acuerdo alcanzado y la legislación permite que el trabajador laboral que viniera ocupando ese puesto, lo continúe desempeñando, sin que se produzca novación de su contrato, hasta que se ocupe el mismo por los procedimientos selectivos legalmente previstos.

Dice que “el SEPCA debería saber que defender intereses particulares, utilizando argumentos legales superados por el desarrollo legislativo, pero sobre todo por la doctrina jurisprudencial, ponen en peligro cerca de 15.000 puestos de trabajo que en la Administración Local canaria ocupan puestos de trabajo que deberían ser desarrollado por personal funcionario. Lo trabajadores-as no son responsables del desaguisado existente en la Administración local en Canaria en esta materia, por eso desde la FSC-CCOO Canarias trabajamos por buscar soluciones que, cumpliendo con el principio de legalidad, permita regularizar esta situación en las mejores condiciones para este personal. Esto cuenta con el amparo de la actual legislación y el propio Tribunal Constitucional, que avala los procesos de funcionarización y consolidación de empleo”.

El secretario de Acción Sindical de la FSC-CCOO en Canarias, en la nota, expone que “el SEPCA no nos va a dar lecciones a los sindicatos de clase, que llevamos defendiendo el respeto de los principios constitucionales de publicidad, igualdad, capacidad y meritos en el acceso a la Administración Pública”.

Apunta que “una vez aprobada la RPT, ahora toca llevar a la práctica, en cuanto la legislación lo permita en los casos de consolidación de empleo, ya que los procesos de funcionarización no están limitados por las actuales restricciones de las leyes de PGE, mediante la aprobación en primer término las Bases Generales de Acceso y Plan de Ordenación de Recursos Humanos, lo negociado en los criterios generales y procedimiento de desarrollo de la RPT”. Es más, precisa, “el pasado día 24 de febrero se constituyó la Mesa General de Negociación con presencia de CCOO y UGT y se abrió la negociación con las organizaciones sindicales legitimadas para alcanzar acuerdos al respecto.

Entiende que “la política del miedo en este caso solo se combate con la claridad y la transparencia y de eso parece que no pueden presumir los detractores de la RPT, en algunos casos se ha llegado a afirmar que lo que se pretendía era poner a funcionarios a dedo, sin pasar los correspondientes proceso selectivos; faltando a la verdad, el SEPCA sigue insistiendo, llegando a parecer que por sus actos es ese su objetivo, que corren peligro los puestos de trabajo del personal laboral que sus puestos se han convertido a funcionario”.

El pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, agrega, “se convirtió el 20 de febrero en un acto aunque tedioso, muy clarificador, con la lectura por parte de la alcaldesa de varios dictámenes e informes jurídicos que tiraban por tierra los informes negativos del secretario de la Corporación, y daba luz a toda la campaña desarrollada en contra del proceso de elaboración y contenido de la RPT que se sometía a la aprobación del pleno”.

Por último, concluye, “queremos poner en valor, que a pesar que en estos tiempos cercanos a las elecciones, muchos alcaldes han metido en los cajones los procesos de elaboración de las RPT, la alcaldesa de Mazo, desde el principio apostó por el desarrollo de este proceso y que a pesar de las dificultades y la falta de colaboración de la oposición, que ha jugado a sacar rédito político, haya acudido al asesoramiento externo y la solicitud de informes, que sin lugar a duda van a ayudar a despejar las dudas y las incertidumbres de los trabajadores y trabajadoras de la Villa de Mazo, pero también la del resto de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esa misma situación en los ayuntamientos de la Isla de La Palma y Canarias”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias anuncia asimismo que interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento acordada por los concejales del grupo de Gobierno en la sesión monográfica celebrada el pasado viernes y que duró casi seis horas.

La organización sindical entiende que los miembros del grupo de Gobierno de la Villa han podido cometer un presunto delito de “prevaricación administrativa”.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) ejercerá “acciones penales” contra los concejales del grupo de Gobierno (CC) del Ayuntamiento de Villa de Mazo al entender que, al aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio, han podido cometer “un presunto delito de prevaricación administrativa”, según ha indicado LA PALMA AHORA el asesor-representante del SEPCA, Antonio Brito Pérez. Asimismo, añadió, interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la citada aprobación llevada a cabo por los ediles nacionalistas en el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, 20 de febrero. La sesión, con un único punto en el orden del día, duró casi seis horas. En concreto, se inició a las 14:30 horas y se prolongó hasta las 19:50. Al efecto, Brito Pérez apuntó que “la alcaldesa abusó del uso de la palabra y durante más de cuatro horas ‘obsequió’ a los asistentes con la lectura de varios informes externos para contradecir los reparos y avisos de ilegalidad que manifestaron los técnicos del Ayuntamiento, y de forma significativa los informes negativos evacuados por el secretario municipal”.

El representante del SEPCA apuntó que en el pleno “no se concretó el coste económico de dichos informes, a pesar de las insistentes peticiones de información realizadas por la oposición”. Tampoco “abordaron la cuestión de fondo importante, cual es si la conversión automática vía RPT de personal laboral en personal funcionario, sin previo y preceptivo proceso selectivo, es ilegal o no”.

Recordó que “las retribuciones que percibe el personal a reconvertir (sobre todo las complementarias) tienen su soporte jurídico en normas convencionales, reglamentarias y legales de carácter laboral y no de tipo estatutario o administrativo. Es decir, se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo en vigor (fundamentalmente)”. Añadió que “no se ha producido la correspondiente negociación con el Comité de Empresa para realizar el proceso de funcionarización o consolidación de empleo. Este extremo es relevante porque ello se tendría que haber resuelto antes que la aprobación de la RPT, o subsidiariamente, la RPT no tendría que haber realizado la conversión automática”.

Subrayó que “la Ley obliga a los ayuntamientos a tener Relación de Puestos de Trabajo o documento similar (Catálogo de Puestos de Trabajo). Por tanto, no se entiende la premura en aprobar un documento a todas luces ilegal y contrario a derecho”.

Dijo que “esa conversión automática no sólo es contraria a derecho, sino que ocasionará unos perjuicios de muy difícil reparación al colectivo de trabajadores afectados (en la mayoría personal temporal o interino) ya que en el caso de que se consumase la aprobación de la RPT podrían perder todos sus derechos en el futuro, entre ellos indemnización en caso de despidos”. Detalla que tampoco “podrían pedir excedencia los laborales fijos porque no podrían regresar en el futuro al reconvertirse sus plazas como personal funcionario interino”.

Resaltó que “existen tres informes negativos emitidos por el secretario municipal de 4-9-2013; 3-10-13 y 5-11-14 en el que se advierte expresamente que podrían incurrir en responsabilidades aquellos concejales que votaran favorablemente a su aprobación”. En el mismo sentido se ha manifestado “la oposición, tal como consta en el acta de celebración del pleno”.

Antonio Brito detalló que “la fotografía hasta el día 20 de febrero respecto al personal que realiza funciones para el Ayuntamiento es la siguiente: plantilla de personal: 14 funcionarios de carrera y 67 trabajadores contratados en régimen laboral, de los cuales la mitad aproximadamente son interinos o temporales; catálogo de personal: 23 funcionarios y 70 trabajadores contratados en régimen laboral y estatuto jurídico laboral (Estatuto de los Trabajadores).

Apunta que “en la Relación de Puestos de Trabajo se reconvierte masivamente al personal contratado en régimen laboral en funcionarios interinos. De carrera no pueden ser porque no se han realizado los correspondientes procesos selectivos. De interinos tampoco deberían ser porque no se han desarrollado los procesos selectivos previos”.

A juicio del SEPC, agrega, “el camino correcto habría sido el siguiente: mantenimiento del catálogo de puestos de trabajo, negociación y resolución completa de los procesos de funcionarización y de consolidación de empleo; y una vez culminados en el tiempo los mismos, negociación, aprobación y desarrollo ulterior de la Relación de Puestos de Trabajo”.

El SEPCA insiste en que esta decisión “supondrá no sólo el consiguiente despilfarro, sino lo que es más importante, la depuración de responsabilidades en el ámbito penal, y la más que previsible asunción de responsabilidades en el ámbito contencioso administrativo, y por añadidura, el consiguiente coste moral que va a ocasionar a los propios trabajadores (situación de desasosiego e inquietud), derivada por un enfrentamiento de tipo personal con el secretario municipal, y en la utilización política del asunto enfrentando a los trabajadores con este sindicato por no seguir las premisas de otros sindicatos más interesados en componendas que en resolver de forma satisfactoria y legal los problemas que se le vayan presentando por una improvisada e ineficaz gestión de su propio personal”.