El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado la querella interpuesta contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, por los incidentes registrados en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo de 2026 con motivo de la llegada de los integrantes de la Global Summud Flotilla. Considera que no ha cometido ninguno de los delitos que se atribuían en la querella.

En un auto, el TSJPV se declara competente para conocer de esa querella exclusivamente en relación con el consejero por su condición de aforado, si bien acuerda desestimarla al considerar que los hechos respecto de esta persona “en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella”, informa Europa Press.

La querella origen de esta decisión fue interpuesta por Global Summud Flotilla por la presunta comisión de delitos de lesiones, detención ilegal, atentar contra la integridad moral, delito de odio y delitos cometidos por funcionarios públicos del artículo 540 del Código Penal contra los responsables de la Ertzaintza que ordenaron o dirigieron el operativo policial ese día en el aeropuerto, agentes de este cuerpo que actuaron en el despliegue policial y el propio consejero de Seguridad. Recayó en el Tribunal de Instancia de Bilbao que, dada la condición de aforado del consejero, se inhibió a favor de la sala de lo civil y penal del TSJPV.

En la querella, según se recuerda en el auto, se atribuye a Zupiria una “eventual responsabilidad penal por los hechos acaecidos con ocasión del dispositivo policial desplegado en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo, con motivo de la llegada de los integrantes de la Global Summud Flotilla, al afirmarse que, en su condición de máximo responsable del Departamento de Seguridad, ”asumió personalmente la responsabilidad de dicho operativo“. Pero estima que la ”responsabilidad penal es personal, no se asume, se ha de basar en hechos que indiciariamente al menos constituyan hechos criminales“.

Ese día se produjeron incidentes durante la llegada de los miembros de la Flotilla, contra los que actuó la Ertzaintza, y en los que cuatro personas fueron detenidas por desobediencia, grave resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según el TSJPV, esto “obviamente no acontece en el caso concreto, no constando que el consejero haya tenido intervención alguna en los hechos escuetos relatados en el escrito de querella o en la orden de acometida a que se refiere”. “De suerte que, independientemente de que dichos hechos ofrezcan o no notas de ilícito penal, la carencia de datos que autoricen atribuir intervención en ellos al citado aforado determina la improcedencia de abrir causa penal contra el mismo”, se indica en el auto.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha restado importancia a los problemas con la flota de helicópteros de la Ertzaintza, con un único aparato disponible durante el verano por el accidente del otro en el incendio de Galarreta (Álava) de junio y la adaptación y formación necesaria para poner en servicio el alquilado como reemplazo para ocho meses, mientras duran las reparaciones. A su juicio, hay “otras herramientas aéreas”, en referencia a los drones, que “están sustituyendo ya muchas de las tareas que antes se realizaban con helicópteros”.

Zupiria ha comparecido en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco para responder a una pregunta del PP sobre la situación de la flota de helicópteros. Es ahí cuando el titular de Seguridad ha mencionado que son ya diez los drones que tiene la Policía vasca, de diferentes tamaños y funcionalidades.

Según ha enumerado Zupiria hasta que la presidenta de la Cámara, su correligionaria Bakartxo Tejeria, le ha cortado, no solamente hacen algunas de las vigilancias aéreas o emisiones de imágenes de grandes eventos en directo, labor antes realizada con helicóptero, sino que se usan para investigaciones como detección de plantaciones de droga, para grabar “intercambios”, para hacer seguimientos de sospechosos o para labores de “ortofotografía”. También se están empleando como apoyo en búsqueda de desaparecidos en orografías complicadas y en catástrofes naturales como incendios o inundaciones, ha señalado.

Ainhoa Domaica, la portavoz del PP en materia de Seguridad, ha criticado que la Ertzaintza solamente disponga de dos helicópteros tras la renovación acometida en la flota. Según ha indicado, eso implica que si uno está fuera de servicio, como sucedió tras el accidente de Galarreta, toca pagar una elevada cantidad para alquilar un reemplazo, que además tarda en entrar en servicio por las obligadas adaptaciones y la formación de los pilotos y tripulantes. Ha insistido en que el mínimo debería ser de tres unidades.

Zupiria ha dicho no estar cerrado a una “reflexión” al respecto, pero ha pedido tener en cuenta que los medios aéreos han cambiado de modo drástico gracias a los drones. No ha negado que fue un “imprevisto” el problema tras el accidente de Galarreta y tampoco que el helicóptero alquilado llegó el 31 de julio y precisó de un tiempo de adaptación, pero ha insistido en hacer una “valoración positiva” del material disponible.

Domaica ha considerado que los agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate demandan más recursos y ha añadido que la “soberbia” es “muy mala consejera” a la hora de gestionar en la Administración. Ha apuntado también que la “broma” del alquiler de la nave de reemplazo será de alrededor de 1,1 millones de euros para solamente unos pocos meses y 200 horas de vuelo. La reparación del aparato siniestrado no tendrá coste adicional ya que será el seguro el que la cubra.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó en marzo la compatibilidad solicitada por el magistrado José Antonio González Saiz para simultanear sus funciones al frente de una de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con su designación como vocal de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo dependiente del Gobierno vasco y que investiga operativos policiales controvertidos. Todavía hoy, no obstante, González Saiz sigue figurando como uno de los miembros de esta comisión en su página web oficial ya que mantiene recurrida esta decisión.

Este asunto tiene su origen en la renovación de la comisión de control decidida a finales de 2025 tras el final de la etapa anterior, con el magistrado Juan Luis Ibarra como presidente, que asumió el cargo una vez terminada su carrera judicial. El Consejo de Gobierno lanzó una batería de nombres y, entre ellos, aparecía el del juez González Saiz. En aquel momento, este periódico ya indicó que procedía de una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente incluso había promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera.

Los nombramientos, formalmente, salieron del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, un órgano asesor presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. En el caso del magistrado, las fuentes consultadas indican que es el representante del Consejo General del Poder Judicial allí y que, cuando se valoraron las nuevas designaciones, él mismo se propuso para ocupar una vocalía en la comisión de control.

A finales de febrero, dos meses después del nombramiento y un mes después de una primera reunión en la que Enrique Lucas fue elegido como nuevo presidente de la comisión, el Consejo General del Poder Judicial sacó del orden del día de una reunión una “solicitud” de González Saiz en la que pedía “autorización de compatibilidad” para su nuevo puesto. Se pospuso la decisión para otra reunión, en este caso de la comisión permanente del órgano de Gobierno del poder judicial. Se celebró en marzo y, en ella, según consta en acta, el Consejo General del Poder Judicial decidió “apartarse” del visto bueno concedido por el Servicio de Personal Judicial y acordó “denegar” la “autorización” al magistrado. La decisión venía sustentada en la existencia de un informe del presidente del Superior vasco, Iñaki Subjiana, del que no se dan detalles, y por la “naturaleza y funciones” de la comisión, con temas que podrían suponer “controversias” relacionadas con sus funciones jurisdiccionales.

La resolución del CGPJ no es firme. Como se recogía en el acta, cabían dos recursos, uno ante el plenario del organismo y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en este caso ante una sala del Supremo. Fuentes judiciales indican que González Saiz hizo uso de su derecho y mantiene recurrida la medida. También pidió que cautelarmente, hasta que no llegase un pronunciamiento en firme, pudiera continuar como vocal, aunque nunca recibió respuesta. Ahora mismo no participa en las reuniones de este organismo de control policial, añaden estas fuentes.

Hace unos días, el juez González Saiz fue el ponente de una sentencia que tumbó el decreto que regulaba las exigencias de euskera en la Administración, atendiendo un recurso de Vox. Se da la circunstancia de que aquel decreto lo impulsó el consejero Zupiria cuando era responsable de Cultura, antes de ocuparse de la cartera de Seguridad. La resolución afea al Gobierno que aprobara el reglamento sin una memoria económica adecuada. Fuentes de Seguridad aseguran que no tienen constancia alguna de notificaciones sobre la incompatibilidad del vocal. La comisión de control, de su lado, no ha respondido a las preguntas de este periódico, aunque en sus actas más recientes nada se indica de un posible cambio en su composición.

La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado. Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera.

Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística. Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea.

¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

La vicelehendakari Bengoetxea, horas después, ha afirmado que la sentencia “no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración”. “Vamos a seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera”, ha comprometido. Ha añadido que tienen capacidad de recurrir ante el Supremo y que, igualmente, pueden usar el futuro decreto para incorporar los elementos anulados con “seguridad jurídica”.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una solicitud para celebrar una sesión monográfica sobre la situación, los retos y las políticas de seguridad pública en Euskadi. El objetivo es plantear un debate “riguroso y sereno” sobre esta cuestión, sin “negar” los problemas que existen pero evitando el “alarmismo” con fines políticos, alegan los partidos que integran el Gobierno vasco.

El debate tomaría como punto de partida las conclusiones del 'Basque Segurtasun Foroa', impulsado por el propio Ejecutivo y se enmarcaría en el proceso de elaboración del nuevo 'Plan Integral de Seguridad 2026-2030', según han informado ambos partidos en un comunicado. La mecánica habitual de estos debates es que al final se voten resoluciones.

Nacionalistas y socialistas estiman necesario plantear un debate “riguroso y sereno” en torno a la seguridad pública en Euskadi. Estas dos formaciones han recordado que la seguridad “constituye una condición necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades, para la convivencia democrática y para el normal desarrollo de la vida cotidiana”. Añaden que proteger a las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, prevenir los riesgos, y ofrecer una respuesta eficaz ante las emergencias “son responsabilidades esenciales de los poderes públicos y forman parte de la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”, informa Europa Press.

“Ante los que niegan los problemas de seguridad y los que los utilizan políticamente, nosotros creemos que hay que hablar de las cosas tal y como son”, ha afirmado el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi. El representante 'jeltzale' ha reconocido que “hay problemas de seguridad”, por lo que ha afirmado que es necesario “admitirlos para poder resolverlos”. “Por eso proponemos un espacio para poder analizar con sosiego, mucha serenidad y rigor, un asunto que afecta directamente al día a día de todas las personas que vivimos en Euskadi”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Seguridad del PSE-EE, Miren Gallástegui, ha destacado que las políticas de seguridad “deben construirse desde el rigor, sin negar las preocupaciones existentes en la sociedad, pero tampoco sobredimensionarlas ni alimentar discursos alarmistas”. En este sentido, ha considerado que la respuesta de las instituciones debe basarse en datos contrastados, en el conocimiento del territorio y de los cambios sociales, en la escucha de la ciudadanía, y en la evaluación permanente de las medidas adoptadas.

PNV y PSE-EE consideran que el Parlamento Vasco debe contribuir a “construir un diagnóstico compartido, fijar las prioridades políticas, y favorecer acuerdos amplios sobre el modelo de seguridad que Euskadi necesita para los próximos años” sobre la base del foro. Tras 33 encuentros y la participación de cerca de mil personas procedentes de instituciones, cuerpos policiales y servicios de emergencias, organizaciones sociales, agentes económicos, ámbitos educativos, asociaciones y ciudadanía, el 'Basque Segurtasun Foroa' ha finalizado ya su camino.

El Departamento de Seguridad ha dado cuenta al Parlamento Vasco de la historia de dos jóvenes policías locales que siguen patrullando como agentes en prácticas en Bilbao y en Getxo, en Bizkaia, a pesar de que se descubriera que, justo antes de acabar sus prácticas anteriores en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, accedieran de uniforme a unas dependencias oficiales para robar material valorado en unos 2.000 euros. Hay también abierta una investigación judicial por los presuntos delitos cometidos.

La documentación enviada por el consejero Bingen Zupiria al Parlamento Vasco, que fue solicitada por EH Bildu después de que el caso apareciera en 'El Correo', que aseguraba que los implicados habrían alegado que pensaba que llevarse objetos era algo común en ese Ayuntamiento, indica que Zumarraga iba a dar por finalizadas las prácticas de esta pareja de agentes el 23 de abril de este año. Se habían incorporado en mayo de 2024 e iban a pasar a nuevas plazas en Bizkaia. Pero justo al final de su estancia cometieron una “irregularidad relevante, pudiendo incluso revestir” la condición de “infracción penal”. El jefe del cuerpo municipal lo denunció a la “ertzantza” [sic].

El Gobierno vasco, que centraliza en la academia autonómica de Arkaute la formación tanto de la Ertzaintza como de los agentes municipales, ha negado en respuesta a la oposición que las plazas de Bilbao y Getxo les fueran concedidas después de los sucesos de Zumarraga. Se indica que estos policías “participaban en dos procesos selectivos que se solapaban”, el que les permitió ir a Zumarraga y el segundo, donde se les convalidó el anterior para pasar a nuevas plazas sin tener que repetir todas las pruebas. Fue el 15 de abril cuando se les aceptó el nuevo destino, el 21 de abril cuando se produjo el robo, el 23 cuando dejaban Gipuzkoa y el 24 cuando empezaban en Bilbao y Getxo.

“La primera comunicación en torno a la presunta implicación de estas personas en el robo de materiales y herramientas del Ayuntamiento de Zumarraga se produjo [...] cinco días después de que obtuviesen sus plazas en las Policías locales de Getxo y Bilbao [...]. Cabe destacar que, hasta que se producen los hechos a los que se refiere esta iniciativa, las personas implicadas superaron sin ninguna incidencia tanto los cursos de formación como los períodos de prácticas. [...] Cuando realizaron la entrevista personal [para ir al nuevo puesto] en octubre de 2025 ambos agentes estaban realizando su período de prácticas en Zumarraga a plena satisfacción”, expone el Departamento de Seguridad, que insiste en que incluso antes de estos sucesos la jefatura había “felicitado verbalmente” a los jóvenes en prácticas por su desempeño.

En todo caso, a finales de junio, el director general de Arkaute, Jon Goikolea, declaró “no aptos” a los investigados. Eso sí, textualmente se indica que “en la actualidad” —la documentación tiene fecha de 10 de septiembre— ambos agentes continúan en servicio. ¿Por qué? El “no apto” es solamente para Zumarraga, donde no tiene ya ninguna repercusión. “La evaluación de los períodos de prácticas se circunscribe a los hechos que acontecen en el desempeño de su trabajo en la Policía Local en la que estén desarrollando su labor, por lo que no pueden tomarse en consideración hechos o circunstancias ocurridos en otro puesto de trabajo”, se señala. Es más, la expulsión requiere una “condena” por “delito doloso”, o bien una inhabilitación disciplinaria. El caso está en una fase muy anterior en lo penal y Zumarraga nunca abrió un expediente disciplinario. “Si existiere una sentencia firme por los hechos acaecidos en Zumarraga, quedarían en su caso automáticamente excluidos del proceso selectivo en el que se encuentran inmersos”, se abunda sobre su destino actual en prácticas en Bizkaia.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo presidido por el jurista Enrique Lucas que supervisa operativos de la Ertzaintza y de los cuerpos locales, ha acordado la inadmisión de cinco denuncias presentadas por un colectivo autodenominado 'Agentes de la Ertzaintza anónimos'. En ellas, se alertaba de supuestas irregularidades en la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR).

Se trata de un escrito presentado a finales de 2025, en diciembre, y de otros cuatro de febrero, marzo y abril (por partida doble) de 2026. Todos ellos tenían en común que aludían a “mala praxis” en la “provisión de determinados puestos” en esa brigada policial. Aparentemente, esos mismos términos se han trasladado tanto a Asuntos Internos como a grupos políticos de la oposición en el Parlamento Vasco.

Las quejas son archivadas por cuestiones procedimentales, sin entrar en ningún caso en el fondo del asunto. La comisión recuerda que actúa cuando lo reclama el consejero de Seguridad, en el caso de problemas de la Ertzaintza, cuando lo hacen los alcaldes si la cuestión afecta a cuerpos locales o, incluso, cuando lo pide el Ararteko, la Defensoría del Pueblo. Asimismo, puede operar de oficio 'motu proprio' si hay alguna intervención con fallecidos o heridos graves.

Por ello, este organismo ha estimado que como el escrito no parte de ninguna de las partes “legitimadas” ni los hechos encajan en sus competencias procede no atender esta denuncia. Además, lamenta no poder hacer una notificación directa de la respuesta por ser un colectivo anónimo. Los escritos, en todo caso, son ya públicos.

Este caso, aunque las resoluciones de la comisión no aportan detalles, puede guardar relación con unos comentarios realizados en abril por el PP en el Parlamento Vasco. Ainhoa Domaica dijo haber tenido acceso a escritos anónimos que hablaban también de “mala praxis”. Mencionó presuntas “amenazas” a quienes preparaban pruebas con embarcaciones para que filtraran su contenido o también el presunto uso de los barcos oficiales “para uso particular fuera de servicio” con el ánimo de preparar los exámenes.

“Me ha dejado sin palabras, señora Domaica”, respondió entonces el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que consideró “acusaciones” de carácter “gravísimo” y poco fundamentadas las que allí se habían manifestado. Solamente añadió que él no iba a interferir en posibles actuaciones de Asuntos Internos. Sí señaló que no se podía hablar de “denuncia” porque ese término solamente se emplea, según su criterio, cuando la queja se eleva a los tribunales.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha condenado los altercados registrados durante la madrugada del domingo en Bilbao, en la que los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal fueron atacados con el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos, y ha mostrado su preocupación por “la gravedad de algunos comportamientos incívicos”, con “gente muy joven” involucrada.

En una entrevista este lunes en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha destacado que la “tónica general” de las fiestas celebradas durante este verano en Euskadi ha sido la “tranquilidad”, y ha puesto en valor la colaboración entre la Ertzaintza y las diferentes policías locales y municipales “que ha permitido que se respirara un ambiente de seguridad”. No obstante, en relación con los incidentes de la madrugada del domingo en Bilbao, ha señalado que le preocupa “la gravedad de algunos comportamientos incívicos”. Según ha explicado, en imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación se pudo observar a “gente muy joven, lanzando objetos, tanto a la policía local de Bilbao como a La Ertzaintza”.

Pese a reconocer que los incidentes se produjeron “a altas horas de la madrugada, cinco y media, en fiestas de Bilbao”, ha insistido en que se trata de comportamientos “además de incívicos, inaceptables y que en ningún caso deberíamos normalizar”.

Además, el consejero también ha señalado que de las 14 personas detenidas por los incidentes “hay varias personas que efectivamente son conocidas de la Ertzaintza y han sido objeto de diferentes, identificaciones, investigaciones e incluso de canciones en años anteriores”. Según detalló el departamento de Seguridad tras los altercados, uno de los menores detenidos ha sido investigado en hasta tres ocasiones anteriores, y uno de los adultos fue detenido en tres ocasiones e investigado en hasta 12 ocasiones.

Por otro lado, ha reflexionado sobre la responsabilidad de quienes “estamos en la actividad política” con “el señalamiento a la Ertzaintza”. “La Ertzaintza es la policía democrática y legítima de esta sociedad. En el caso de que se produzca algún comportamiento inadecuado, por supuesto, hay que explicarlo, pero yo creo que no podemos permitir que se esté cuestionando permanentemente la mera existencia del la Ertzaintza o su carácter democrático y legítimo”, ha aseverado.

En cuanto a los agentes heridos, ha explicado que varios efectivos de la Ertzaintza y un agente de la Policía Municipal han sido atendidos en la mutua y que, en el caso de la Policía vasca, cinco agentes han causado baja por las heridas sufridas. Zupiria ha precisado que presentan “contusiones, algunos cortes, algunas heridas que han necesitado sutura y puntos”, y ha trasladado su “solidaridad a estos agentes” y les ha deseado “la recuperación más rápida posible”.

Asimismo, ha agradecido la labor desarrollada durante todo el verano por los mandos de la Ertzaintza y de las policías locales, que “han trabajado conjuntamente de forma coordinada”, y ha reconocido “la profesionalidad de los agentes que han tenido que trabajar mientras otros estábamos de fiesta”.

Respecto al origen de la intervención policial, el consejero ha explicado que se produjo en el marco de un incidente, “una pelea”, ante el que los agentes tuvieron que intervenir y fueron “recibidos de forma agresiva” por personas que estaban de fiesta.

En ese sentido, ha rechazado que el lanzamiento de botellas y piedras contra los agentes pueda considerarse parte de las celebraciones. Se trata de personas, ha añadido, que “interpretan que esto de echar botellas y piedras a la Ertzaintza y a la policía local, es una parte del programa festivo”, ha ironizado, antes de insistir en que “no podemos aceptarlo por normalidad”.

Zupiria confía en que “cada una de estas personas que han participado en estos incidentes sea debidamente identificada y sea citada después la investigación policial al juzgado correspondiente o reciba en casa la multa correspondiente por el comportamiento que han tenido”.

Preguntado por la actuación policial previa al lanzamiento de objetos, el consejero ha afirmado que fue “progresiva y proporcionada”.

Sobre la posibilidad de que estos hechos formen parte de una 'tendencia de ataques' con 'motivación política' con 'las policías como objeto', ha reconocido no constatar la existencia de “ninguna motivación política”. “Existen personas que tienen antecedentes delictivos y luego existen juega, alcohol, deshinibición, y comportamientos incívicos y desadecuados”, ha concluido.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cree que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha puesto sobre la mesa cuestiones esenciales como la organización de la migración para que sea “asumible y aceptada socialmente” al considerarla “necesaria”, o el aspecto humanitario, que es “muy gordo y difícil de atender”. Además, ha eludido contestar sobre si cree que el Ejecutivo español ha actuado 'tarde y mal', porque se trata de una situación “muy complicada”.

Zupiria ha subrayado que lo ocurrido en Ceuta “ha puesto sobre la mesa cuestiones que van a estar muy presentes en los próximos meses, uno el debate sobre la inmigración”. “Nadie va a rechazar la inmigración, ¿pero de qué manera se tiene que producir esa inmigración? ¿De qué manera la hacemos frente? ¿De qué manera la organizamos para que sea algo asumible y sea aceptado socialmente porque la necesitamos?”, ha apuntado en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press.

La segunda cuestión es si los servicios de información “que se supone que todo Estado tiene, o toda Policía tiene, o todo Ejército tiene, ha actuado debidamente o no, si han contado o no con esa información”. En tercer lugar, ha admitido que hay “un aspecto humanitario muy gordo, que es difícil de atender”, y en cuatro lugar existe “una reivindicación política por parte del Estado de Marruecos de un territorio que está bajo la soberanía española”. “Estas son cuestiones que se han colado este verano en la agenda política y que yo creo que van a dar mucho que hablar en los próximos meses”, ha manifestado.

El consejero de Seguridad ha dicho que, según los datos que en estos momentos se están manejando, en Ceuta puede haber 2.000 personas menores de edad, “muchos y muchas de ellas niños y niñas, gente muy muy joven y no hay forma de saber cómo han llegado esas personas”. “Lo primero, desde un punto de vista humanitario, es buscar la mejor situación y la mejor cobertura para esas personas. Por lo tanto, identificarlas, saber de dónde vienen, saber qué antecedentes familiares tienen, por qué en ese momento han decidido pasar a Ceuta”, ha defendido.

En su opinión, eso “es algo fundamental y es lo primero”, también incluso para un escenario en el que se acabara “acogiendo a varios cientos de esas personas”. “Si van a venir al Estado, si van a ser acogidas en centros menores, si se les va a tener que hacer un acompañamiento, dar formación, dar educación, también conviene saber qué antecedentes y qué relaciones familiares tienen para atenderlos de vida”, ha explicado.

Preguntado por si cree que se ha actuado 'mal y tarde' en Ceuta, ha reconocido que “es una situación muy difícil”. “No me atrevo a cuestionar la reacción que ha habido, ni si ha habido una información previa, ni cómo lo hubieran hecho otros. Es muy complicado”, ha subrayado.

En cuanto a las quejas trasladadas por el consejero de Seguridad al Ejecutivo del Estado tras las detenciones por la Policía Nacional de varias personas que habrían agredido a gente que llevaba la camiseta de la selección española en el Mundial de fútbol, al considerarlo una intromisión en las competencias de la Policía vasca, ha explicado que no ha recibido “ninguna respuesta”, pero entiende que “las agendas de los responsables del Ministerio de Interior ahora mismo están muy ocupadas”. “Creo que es un asunto que legal y jurídicamente está claramente establecido en el Estatuto de Autonomía, en los acuerdos que ha habido entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España: ¿Qué es lo que corresponde hacer a la Ertzaintza como Policía integral de esta comunidad y cuáles son las funciones que quedan reservadas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil?, ha apuntado.

Tras asegurar que en su día acordaron cómo afrontarían esta situación, se ha mostrado convencido de que, si todos asumen lo que les corresponde y hay coordinación, todos serán “mucho más eficaces”. “Nos estamos enfrentando a cuestiones muy delicadas. No hay más que mirar a Ceuta y a todo lo que puede venir”, ha avisado.

Ante la argumentación de que las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden intervenir ante delitos de odio, Bingen Zupiria ha respondido que “todo cabe dentro de un delito de odio”. “Y es una situación que antes la vivimos con los delitos de medio ambiente, también cuando se legisló sobre las garantías que un menor debe tener, también en los temas de violencia contra la mujer. Es un tema recurrente. Por eso es bueno que los principios estén bien claros para todos y nos atengamos a lo que en su día acordamos”, ha insistido.

En cuanto a las actuaciones concretas de la Ertzaintza en los incidentes en el Mundial, ha recordado que hay más de una veintena de atestados abiertos “que tendrán su correspondiente procedimiento judicial o sancionador”.

Actitudes antisistema

Zupiria también se ha referido al Plan estratégico de Seguridad Integral 2026-2030 que pretende impulsar, para apuntar que buscará acuerdos para ello. “Es importante que todos tengamos claro cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. Algunas tienen que ver con la pérdida de valores que probablemente estamos viviendo y con la falta de respeto a la autoridad, otras tienen que ver con cómo nos enfrentamos a los nuevos riesgos que la seguridad tiene en estos momentos”, ha indicado.

No obstante, ha resaltado que también hay que hacer frente a “otro tipo de eventos que este verano se han padecido como, por ejemplo, las olas de calor o las tormentas inesperadas, etcétera”.

“Hay varios ámbitos que reclaman nuestra atención y creo que nos encontramos ante una oportunidad para que, a partir de ese plan estratégico y de las medidas que todas las instituciones vascas vamos a tener que ir adoptando, alcancemos una situación que permita ofrecer un horizonte de seguridad y certidumbre a la sociedad vasca”, ha resaltado.

Asimismo, ha destacado que “la relación entre ciudadanía, defensa, policías locales, guardias municipales, es de absoluta normalidad y de colaboración”. “Es verdad que hay casos puntuales y que hay grupos concretos que no lo viven así y se comportan de otra manera”, ha añadido.

Según ha indicado, “hay comportamientos extraños” y “algunos responden a actitudes antisistema, de rechazo a las instituciones democráticas y también a las Policías, al Ertzaintza y a la Policía Local como instituciones democráticas”.

“Hay también grupos políticos que todavía se resisten a aceptar, por ejemplo, a la Ertzaintza como la Policía democrática y legítima que esta sociedad decidió tener para garantizar la seguridad de su ciudadanía y de sus bienes”, ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que hay “algunos comportamientos puntuales de gente que, sobre todo varones, de noche, consumos de alcohol y otras sustancias, donde se pierde el respeto al prójimo y también a la autoridad”.

Bingen Zupiria ha señalado que un ertzaina “dedica casi el 80% de su desempeño profesional a atender actuaciones preventivas o situaciones en las que hay que auxiliar o ayudar a un ciudadano o a una ciudadana”. “A partir de ahí, se están y se han producido estos dos últimos años acontecimientos muy concretos que han exigido el uso de la fuerza. Por tanto, la formación y la preparación de los agentes de la Ertzaintza para hacer frente a esas situaciones son importantes y están en la agenda del Departamento y de la Academia Vasca de la Policía en Arkaute”, ha asegurado.

El sindicato Esan ha condenado las pintadas aparecidas en Alegría-Dulantzi contra la Ertzaintza, en las que se les llama “zipaios” y les piden que abandonen el municipio alavés, y ha exigido al Ayuntamiento y a todos los partidos con representación municipal “una condena pública, inmediata, firme y sin matices”. En un comunicado, Esan ha condenado “con absoluta contundencia las nuevas pintadas y amenazas” dirigidas, a su juicio, contra un agente de la Ertzaintza en Alegria-Dulantzi. “Esto no es una gamberrada, no es una pintada más, es un señalamiento directo contra una persona por ser ertzaina. Se está intentando intimidar, señalar y convertir en objetivo a un trabajador público, a un vecino que desarrolla su profesión al servicio de la ciudadanía vasca”, ha añadido.

A su juicio, “esto es especialmente grave porque no es un hecho aislado”. “En los últimos meses, estamos viendo cómo vuelven a aparecer en diferentes localidades de Euskadi pintadas, amenazas, insultos y mensajes de odio contra ertzainas. Desde Esan nos negamos a normalizarlo”, ha afirmado.

Esan ha dicho que ya saben “demasiado bien a dónde conduce una sociedad cuando empieza a tolerar el señalamiento de personas por su profesión”. “Detrás de cada uniforme hay una persona, hay una familia, hay hijos, padres, parejas y amigos que también sufren cuando alguien decide señalar públicamente a uno de los suyos”, ha añadido.

Por ello, ha asegurado que, “ante hechos de esta gravedad”, no aceptan “silencios, equidistancias, ambigüedades ni condenas de trámite”. “Exigimos al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y a todos los grupos políticos con representación municipal una condena pública, inmediata, firme y sin matices”, ha apuntado, según informa a Europa Press.

Tras advertir de que “aquí no hay espacio para medias tintas”, ha dicho que “hoy han señalado a un ertzaina, y la pregunta ahora es muy sencilla: ¿quién va a mirar hacia otro lado?”. “Porque, ante una amenaza y un señalamiento personal, el silencio también tiene consecuencias. Quien pretende despachar estos hechos como una simple pintada, contribuye a banalizar algo que jamás deberíamos volver a considerar normal en Euskadi”, ha censurado.

Esan ha asegurado que no piden “privilegios para los ertzainas”, sino que exigen “algo elemental en cualquier democracia: que nadie tenga miedo por ser ertzaina, que nadie sea señalado en su pueblo por vestir un uniforme y que ninguna familia tenga que convivir con una amenaza sobre uno de los suyos”.

La central sindical ha avisado de que va a denunciar públicamente “todos y cada uno de estos episodios”. “Porque mirar hacia otro lado nunca ha solucionado el problema. El odio que se tolera, crece; el señalamiento que se normaliza, se repite; y las amenazas contra los ertzainas no son libertad de expresión, son intimidación, son hostigamiento y son una línea roja”, ha concluido.

De igual forma, el sindicato ErNE ha reclamado que sean llevados ante los tribunales de justicia los responsables de estas pintadas. En este sentido, ha pedido que se modifique el Código Penal con el objetivo de “dar respuesta a estos indeseables”. “No se puede ni se debe normalizar que ”quienes tienen encomendada la protección y seguridad de toda la ciudadanía, sean objeto de amenazas, intimidación o señalamiento por el mero hecho de ser policías“.

El Departamento de Seguridad ha aprobado ya la licitación, con un presupuesto que varía entre los 257.967,18 y los 264.469,53 euros IVA incluido, de una nueva oficina de atención ciudadana de la Ertzaintza en la recién reformada estación de Atotxa, en Donostia, que es a la vez de trenes de media y larga distancia y de Cercanías, pero igualmente de autobuses. Debería estar operativa en 2027. Es un local “cedido” por Adif, el organismo estatal gestor de la terminal ferroviaria. El cuerpo ya dispone de espacios similares en el aeropuerto de Loiu o en la estación de Abando-Indalecio Prieto de Bilbao, igualmente gestionada por Adif.

Según la documentación oficial consultada por este periódico, se va a proceder a remodelar un local de unos 60,62 metros cuadrados a la izquierda de la entrada principal desde el paseo de Francia. Se va a crear una zona de recepción y espera, dos salas de denuncias —en algunos documentos se barrunta la posibilidad de que la segunda la emplee la Guardia Municipal de Donostia— y una zona de aseo para el personal de la minicomisaría. Se precisarían dos ertzainas por turno, uno para hacer el triaje y otro para recoger las denuncias, estima la Policía autonómica.

“La nueva oficina de atención ciudadana deberá ser visible desde el interior de la estación, no tanto por el exterior porque está prevista para atender al público usuario de los servicios de la estación”, se describe en los pliegos del contrato, que ya ha salido a concurso y que, una vez resuelto, deberá permitir disponer en cuatro meses de las nuevas instalaciones. Se ha dado importancia, eso sí, a que el recurso policial sea visible “desde el acceso a los tornos”, es decir, el punto de mayor tránsito de personas en la estación.

Seguridad admite ofertas de las empresas interesadas en acometer la reforma hasta el 9 de septiembre. “La contratación resulta necesaria para dotar a la Ertzaintza de un espacio adecuado de atención a la ciudadanía en la estación intermodal de Atotxa, mejorando la prestación del servicio público en un punto estratégico de gran afluencia de personas”, señala Fernando Trujillo Gorbea, del área de Estudios y Proyectos de Seguridad.

Aunque la oficina es de la Ertzaintza y la pagará el Gobierno vasco, en una de las memorias del expediente de contratación se menciona que una de las salas podría ser cedida a la Guardia Municipal. “La actividad a desarrollar está basada en atender al público de la estación a la hora de dar respuesta a un tema relacionado con la intervención policial. El público accede [a la oficina] por la entrada de la estación a través de un pasillo, explica y facilitará sus datos al policía situado en el puesto de control y queda en la espera hasta que el policía le da acceso a la sala de denuncias donde informará del suceso y el policía tomará los datos oportunos. Se prevé que haya dos policías por turno, uno en el puesto de control y otro en una de las salas de denuncias. Cada sala de denuncias corresonde a diferentes corporaciones, Ertzaintza y Policia Municipal”, indica este informe.

Se da la circunstancia de que esta oficina estará a muy pocos metros de la nueva comisaría conjunta para Ertzaintza y Guardia Municipal que Gobierno vasco y Ayuntamiento han anunciado ya. El terreno cedido para esa otra oficina está justo al otro lado de las vías, cerca de Tabakalera. Pero son proyectos diferentes. Según informó el alcalde Jon Insausti (PNV) en junio, esa comisaría tendría una superficie de 553 metros cuadrados. Fue llamado “proyecto pionero” de “colaboración entre cuerpos policiales” aunque un mes antes, en mayo, ya estaban hechos los informes para que esos mismos cuerpos cooperarán a unos pocos metros, dentro de la estación de Atotxa.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que analiza operativos controvertidos de la Ertzaintza o de los cuerpos locales y que desde hace unos meses está presidida por Enrique Lucas, ha cambiado radicalmente el criterio de la etapa anterior, la de Juan Luis Ibarra, y ha acordado la suspensión de tres investigaciones en marcha por estar abiertas en paralelo actuaciones judiciales. Se trata de tres intervenciones de la Ertzaintza, la que dejó un joven con lesiones en un testículo en el barrio de Rekalde de Bilbao (abril de 2025), la denuncia de otro varón por heridas presuntamente causadas en la cara por un proyectil de 'foam' de la Brigada Móvil en el marco de los disturbios tras la visita de la Falange a Vitoria (octubre de 2025) y una intervención en Sestao que dejó dos heridos, madre e hijo (febrero de 2026). Por el contrario, la comisión sí ha emitido su dictamen sobre una detención de la Policía de Getxo y ha estimado que los dos agentes actuantes lo hicieron con plena proporcionalidad.

Hasta ahora, la comisión había defendido que su labor era totalmente diferente a la penal y, no solamente eso, lanzó incluso en sus memorias de la etapa de Ibarra críticas a Asuntos Internos de la Ertzaintza por intentar establecer como requisito para trasladar información policial —que no judicial— el que lo autorizara el Tribunal de Instancia correspondiente. En uno de los informes, se hablaba de que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. La labor de la comisión había servido para ofrecer recomendaciones en las actuaciones policiales, como la exigencia del uso de 'body cams', cámaras en el unifome que grabaran detenciones o cargas.

Dentro de una renovación de vocalías de la comisión, Ibarra, que venía de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presentó su renuncia y el nuevo presidente de este grupo de trabajo pasó a ser Lucas, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV. En esta nueva etapa, se da por bueno que Asuntos Internos no entregue el material si el juzgado no le da luz verde. Y son ya tres las investigaciones suspendidas por este motivo, cuando en toda la historia del organismo eso no había sucedido nunca.

El detalle de los cuatro casos

Sobre el caso de Rekalde, se indica que “el juzgado N.º 4 de Bilbao [en referencia a la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia] no ha aprobado el acceso de la [comisión] al atestado policial levantado sobre la actuación policial”. Y se añade que “la negativa se expresa en unos términos claros y terminantes que no dejan lugar a la duda”. La comisión, por lo tanto, “no está en condiciones de elaborar su informe —ni lo estará— hasta que la autoridad judicial no apruebe el acceso al atestado y a la demás información relevante del caso o recaiga resolución firme que ponga fin a la vía judicial, una vez agotadas todas las instancias y recursos legalmente posibles”. Como referencia comparativa, la sentencia firme sobre la muerte de Íñigo Cabacas tras recibir en 2012 en la cabeza el impacto de una pelota de goma no llegó hasta 2021.

El segundo asunto que ahora queda en suspenso es el relativo a la denuncia de un joven por lesiones en la cara en el marco de las cargas de la Ertzaintza en Vitoria el día de la fiesta nacional de España, donde hubo un acto del que fuera partido único de la dictadura y contramanifestaciones. La comisión pidió información a Asuntos Internos, esta unidad pidió permiso al juzgado y el Tribunal de Instancia de Vitoria indicó que todos los sumarios son inaccesibles para las partes no personadas. “La decisión judicial priva a esta comisión del conocimiento del documento legalmente previsto para dejar constancia de los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y la anotación de todas las circunstancias de la actuación policial investigada. Es decir, de una fuente principal de información sobre lo sucedido”, se puede leer en la resolución.

Y hay un tercer expediente en idénticas circunstancias. A finales de febrero, en Sestao una patrulla camuflada, de dos componentes, tuvo un encontronazo con un grupo de personas en la calle de José Antonio de Aguirre y “emplearon la fuerza”. Fueron tres los detenidos por zarandear el vehículo policial. Uno de ellos refirió dolor testicular y su madre también aportó un parte de lesiones del hospital de Cruces. En este caso, los argumentos de la comisión son los mismos, incluso textuales en su redacción. No tienen permiso judicial para ver la documentación de la propia Ertzaintza y, por lo tanto, queda suspendida la investigación.

Se da la circunstancia de que este organismo tiene encomendada la revisión de otras actuaciones, particularmente la del aeropuerto de Loiu durante el recibimiento de activistas de la flotilla Global Summud. Es un asunto que también está judicializado, por lo que de mantenerse el mismo criterio tampoco se emitiría ningún informe de conclusiones o recomendaciones.

En este contexto, la comisión sí ha resuelto otro tema que tenía pendiente. Se deja claro que es un asunto sobre el que no pesaba actuación judicial alguna. Se trata de una detención de la Policía Local de Getxo. Se indica que los dos agentes municipales intervinientes lo hicieron ajustándose a los criterios de proporcionalidad. Sí se entiende que “debió aplicarse un plus de diligencia”, porque la reducción del arrestado que fue grabada en vídeo y que incluyó algunos golpes llegó después de que se le aflojaran los grilletes y el arrestado pudiera escaparse.

Como recomendaciones, se pide una “generalización” de las 'bodycam' también en cuerpos locales para evitar las diferentes “interpretaciones” de los vídeos que pueden grabar particulares, regular el “afojamiento” de los grilletes para evitar que eso pueda convertirse en un problema añadido —incluso ser empleados como “arma peligrosa” a modo de “puño americano”— y, en general, regular la vigilencia y las normas para actuar con personas bajo arresto.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha elevado una queja al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del PSOE, por las dos detenciones realizadas por la Policía Nacional en las últimas horas en dos localidades de Bizkaia a presuntos responsables de los incidentes contra aficionados de la selección española de fútbol en el marco de la final de la Copa del Mundo contra Argentina. Zupiria insiste en que ese cuerpo se ha saltado todo el reparto competencial que otorga a la Ertzaintza la condición de “Policía integral” en la comunidad autónoma.

Ya el martes, cuando trascendieron los arrestos realizados por la Policía Nacional, Zupiria manifestó que era una competencia de la Ertzaintza y que, de hecho, ese cuerpo tenía ya abiertas sus propias investigaciones por los incidentes registrados en la noche del España-Argentina. Ahora, en Euskadi Irratia, ha indicado que “se le ha comunicado al Gobierno de España que esto es inaceptable”.

Preguntado por las reflexiones de sindicatos policiales como el SUP, que han remarcado que la Policía Nacional tiene perfecta capacidad para recoger esas denuncias y realizar las investigaciones, ha agregado que él no “discute” con sindicatos policiales y que directamente habla “con el Gobierno de Madrid”, en relación al de España, y con el ministro del ramo, Grande-Marlaska. La delegada del Gobierno en Euskadi, la también socialista Marisol Garmendia, ha defendido expresamente las operaciones y ha recalcado que está en juego un presunto “delito de odio”.

Zupiria, en la entrevista ha mencionado el Estatuto de 1979, las leyes estatales de 1986 y sus desarrollos para recalcar que hay una “delimitación de servicios” de lo que pueden y no pueden hacer las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y ha insistido en que, lejos de mirar a otro lado, la Ertzaintza también analiza los incidentes contra aficionados de la selección española. Ha explicado que son cinco los arrestados y ha elevado a medio centenar los investigados. Esta semana se indicó que, además de en Bilbao, hay causas abiertas en otras muchas localidades. Zupiria ha confiado en que algunos de ellos puedan ser multados en aplicación de la conocida como 'ley mordaza' o incluso imputados en los tribunales.

¿Cómo se articula el reparto competencial policial en Euskadi? La Ertzaintza es la Policía principal o “integral” y, según el artículo 17 del Estatuto de 1979, están “reservadas” para las Fuerzas de Seguridad del Estado “los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario” y también “la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado”.

En todo caso, “podrán intervenir en el mantenimiento del orden público” en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa “a requerimiento del Gobierno del País Vasco” o “por propia iniciativa”. Se menciona en el Estatuto, asimismo, que “en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales”.

Zupiria ha añadido que esta controversia sobre la Policía Nacional responde a una dinámica general en la que hay “poderes del Estado” que “están por encima” del partido que Gobierna en “Madrid”. Ha vinculado estas actuaciones con las dificultades para negociar el traspaso de las competencias de la Seguridad Social, pendientes también desde 1979 y que han encallado este verano.

El consejero también se ha referido a los casos de violencia callejera que se producen en Euskadi y ha señalado a grupos de “extrema izquierda” como responsables. Ha relacionado estas agresiones a seguidores de la selección española a la respuesta a una visita de la Falange a Vitoria el 12 de octubre de 2025.

El comité del Sindicato Unificado de Polícia (SUP) en Euskadi, segunda fuerza de la Policía Nacional, ha criticado con dureza que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, acusara a este cuerpo de extralimitarse en sus competencias al haber arrestado a dos personas (en Muskiz y en Getxo) por los incidentes contra aficionados de la selección española de fútbol con motivo de la final de la Copa del Mundo de hace dos domingos. El SUP recalca que la Policía Nacional es un cuerpo “integral” en “todo el territorio” y que tiene “plenas competencias” para actuar si ve un delito, “máxime tratándose de un delito de odio” y cuya denuncia fue recibida en una comisaría propia.

Según el SUP, “los acuerdos 'políticos' a los que refiere el consejero estarían por encima de la aplicación de la ley en un régimen totalitario o una república bananera, pero no en un Estado de Derecho donde lo que prevalece y regula la convivencia, los derechos y las libertades, es la ley”. “La ciudadanía solo quiere convivir en paz, mantenerse aislada de conflictos, sin que le importe lo más mínimo el color del uniforme que vista la Policía que les proteja”, abunda la central.

¿Cómo se articula el reparto competencial policial en Euskadi? La Ertzaintza es la Policía principal o “integral” y, según el artículo 17 del Estatuto de 1979, están “reservadas” para las Fuerzas de Seguridad del Estado “los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario” y también “la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado”.

En todo caso, “podrán intervenir en el mantenimiento del orden público” en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa “a requerimiento del Gobierno del País Vasco” o “por propia iniciativa”. Se menciona en el Estatuto, asimismo, que “en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales”.

En todo caso, el SUP cuestiona también la labor de la Ertzaintza en Bilbao, donde se produjeron las agresiones que dieron pie a los arrestos. Según el sindicato, “no se entiende” que se autorizase “una manifestación contra la celebración del partido” cuya finalización era el lugar donde se iba a congregar la “multitud de personas” que iban a ver el encuentro contra Argentina, una pantalla gigante en Doña Casilda Iturrizar organizada por el PP.

“Como tampoco se entiende que, una vez que se ha permitido la movilización, no se den instrucciones precisas” para “mantener embolsados a los manifestantes” y evitar que se mezclasen con otros grupos de personas, dice la central. Se habrían evitado así “las imágenes de los desórdenes públicos y de las agresiones que se difundieron incluso a nivel internacional dejando tras de sí una imagen de intolerancia y violencia de Bilbao”, que es precisamente candidata a ser subsede de la Copa del Mundo de 2030.

Según el sindicato de la Policía Nacional, Zupiria hace “equilibrios” de cara a su “electorado” —el PNV defiende la existencia de selecciones vascas diferenciadas de las españolas, también en fútbol—, pero la seguridad no se puede gestionar “en base a cálculos políticos”. En paralelo, el colectivo Aske ha considerado que estas personas han sido arrestadas por su militancia política y lo enmarca en una “ofensiva” del “nacionalismo español”. La Ertzaintza también arrestó a cinco personas y mantiene abiertas una veintena de investigaciones no solamente en Bilbao sino en otras localidades, tal y como indicó el consejero Zupiria.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha acusado a la Policía Nacional de saltarse el reparto competencial al detener este lunes a dos hombres por los incidentes registrados en Bilbao durante la final del Mundial de fútbol que España le ganó a Argentina y durante las celebraciones posteriores. La Ertzaintza ha arrestado a otras cinco personas por los mismos motivos.

Las detenciones de la Policía Nacional se han producido este lunes. Los hombres arrestados, ambos de 29 años, están acusados de delitos de odio, de desórdenes públicos y de lesiones a un joven. Zupiria ha explicado que se había alcanzado un “acuerdo político” para determinar qué funciones correspondían a la Ertzaintza y cuáles a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ha sostenido que, con la detención este lunes de dos hombres, la Policía Nacional se ha excedido en sus funciones.

El Ministerio del Interior ha detallado que, durante las concentraciones organizadas en Bilbao para manifestarse contra la selección española, los manifestantes profirieron “a su paso insultos a personas que vestían la camiseta”. El PP había instalado una pantalla gigante para poder seguir el partido. Causaron daños al mobiliario urbano y agredieron a personas. Un joven que esperaba al comienzo del partido, señala el ministerio, “sufrió por parte de un grupo de los radicales una agresión de manera sorpresiva”.

Zupiria ha ofrecido también datos de la actuación de la Ertzaintza. La Policía vasca, ha explicado, tiene abierta cerca de una veintena de atestados y diligencias por los incidentes registrados, en su mayoría contra aficionados de la selección española. Se están investigando en las comisarías de Vitoria, Bilbao, Donostia, Bergara, Erandio, Sestao y Durango. Entre el domingo y el lunes, hubo cinco arrestados en el momento de los hechos. Además, hay más de medio centenar de personas identificadas por participar en los disturbios. Ha añadido que habrá propuestas de sanción en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana (la 'ley mordaza') e imputaciones judiciales.

Cambio total en la Ertzaintza. A la ya conocida jubilación del jefe policial, Josu Bujanda, se suma ahora la salida de la directora, Victoria Landa, la primera mujer con esa responsabilidad en la historia de la institución. Tras la última sesión del Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de agosto, se ha comunicado el ascenso del 'número dos', Alfonso Garaikoetxea, como nuevo jefe de la Ertzaintza y la asignación de labores de dirección las asumirá el exdirigente del PNV vizcaíno Aitor Landa.

Landa asumió la máxima dirección política de la Ertzaintza en 2021 a propuesta de Josu Erkoreka. Ahora cede su puesto cinco años después en un claro cambio de perfil. El PNV vuelve a optar por un cargo de corte más político y no por una persona con galones dentro del cuerpo, como lo fueron Antonio Varela, Gervasio Gabirondo o la propia Victoria Landa, que era comisaria. Desde 2009, con la salida del dirigente nacionalista Jon Uriarte, no se optaba por este formato salvo en el período de Rodrigo Gartzia durante unos meses en 2021.

Según ha indicado el consejero Bingen Zupiria, Aitor Landa “cuenta con 37 años de experiencia en labores de emergencia de diferente índole”, también en la extinción de incendios. Este técnico agrícola, era ahora subdirector de Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzua, se ha indicado. En 2024 salió del Bizkai Buru Batzar del PNV. Aunque Victoria Landa está próxima a la edad de jubilación, se ha indicado que “volverá a ejercer funciones dentro del cuerpo”. Zupiria le ha agradecido su “compromiso” y “colaboración” en este lustro.

En el caso de la jefatura policial, el máximo rango interno, Zupiria ha optado por la continuidad. El elegido es Garaikoetxea, familiar del que fuera primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea. Desde 2019 es el jefe de la división de Protección Ciudadana, la más relevante del cuerpo. Técnicamente, era el 'número dos' de Bujanda y tiene el rango de intendente. Agente desde 1985, ha tenido cargos en comisarías como la de Donostia o jefaturas territoriales. En 2024 se hizo conocido por provocar un altercado con un 'influencer' estando de vacaciones en Polonia. El consejero Zupiria ha confiado en que los nombramientos permitan lograr una “modernización” de la Policía vasca, particularmente el cumplimiento de la plantilla de 8.000 efectivos.

A preguntas de los periodistas, el consejero Zupiria ha confirmado que tiene deseo de “dotar de un contenido más político” a la Ertzaintza en la segunda mitad de la legislatura y ha señalado que Victoria Landa podría tener “responsabilidades importantes” en la estructura policial en el futuro. Sobre el incidente en Polonia, Zupiria ha recordado que nada más llegar al cargo le pidió explicaciones “oralmente y por escrito” al intendente y que, al verlas, mantuvo “toda la confianza” en él para sus funciones de entonces. “Por esa misma confianza le hemos designado jefe de la Ertzaintza”, ha apostillado.

Por su parte, el sindicato Erne ha mostrado su “decepción y tristeza” por los nombramientos. Ha lamentado que no se haya optado por el “talento interno”. Sobre el caso concreto de Garaikoetxea, la central recalca “se ha optado por una persona que, durante años, ha ocupado puestos de máxima responsabilidad e influencia dentro de la organización con tan nefastos resultados y ha protagonizado momentos que han puesto en ridículo a la Ertzaintza”.

Otros nombramientos

El Consejo de Gobierno ha dado cuenta también de otros nombramientos. Así, como adelantó este periódico, se ha creado un segundo puesto directivo en el Instituto de la Memoria, Gogora. Aunque es un organismo que depende de la parte del PSE-EE del Ejecutivo, el elegido es un dirigente del PNV, Ion Gambra, que ya era responsable de Derechos Humanos en la Diputación de Gipuzkoa.

Asimismo, en el área de Gobernanza, Administración Pública y Autogobierno ha comunicado la salida del viceconsejero Agustín Zubillaga y de la directora de Relaciones Laborales, Cristina Bañales. Igualmente, Sabino San Vicente es ascendido a viceconsejero para cubrir la vacante. Entran Iratxe Núñez como directora de Atención a la Ciudadanía y Alfredo Olea en Relaciones Laborales.

*NOTA: Por error se había indicado en la primera versión de esta información que desde 2009 no había habido un director que no fuera ertzaina cuando entre 2020 y 2021, durante unos meses, lo fue Rodrigo Gartzia

Dentro de la documentación solicitada en el Parlamento Vasco en relación a la controvertida actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu el día de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado también un informe sobre la formación recibida por los agentes de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, “en los últimos veinte años”. El documento, que pretende poner en valor que el “autocontrol” es algo que está “integrado” de forma “transversal” en la academia de Arkaute, muestra no solamente que los ertzainas realizan ejercicios de vigilancia del orden público o para el uso adecuado de los lanzadores de 'foam', sino también, por ejemplo, aprendizaje de “costumbres musulmanas” y técnicas para “identificar” en los manifestantes “emociones conflictivas latentes” o “conductas corporales problemáticas”. Incluso se les imparten técnicas que, según el Ministerio de Sanidad y organizaciones médicas, son “pseudoterapias” sin sustento científico.

Según la memoria, el “curso de especialización básico” de la Brigada Móvil tiene una parte de “fundamentos” para el trabajo como antidisturbios, lo que incluye una enseñanza del “marco jurídico” regulador de los derechos de reunión o de manifestación y “herramientas de autocontrol de estrés y afrontamiento de situaciones críticas”. Igualmente, hay otro módulo de “procedimientos” en caso de “alteraciones” del orden público y, finalmente, otro sobre dispositivos planificados.

Además del curso básico, hay otras actividades formativas “preceptivas” y que guardan relación con las instrucciones internas 6 (derecho de reunión y manifestación), 42 (manejo de las nuevas 'bodycam' de grabación incorporadas a los uniformes), 51 (derecho de huelga), 67 (videovigilancia) y 73 (gestión de las armas y municiones). Igualmente, se apunta a entrenamientos como un simulacro en “grandes infraestructuras de transporte”, manejo de las furgonetas o 'francias' que utiliza la brigada, “embolsamientos” en grandes eventos deportivos, desalojos o uso de los escudos y de las porras.

Sin embargo, el informe entregado por Zupiria alude también a “cursos de actualización y perfeccionamiento”. Arrancaron en 2015 con actividades sobre “terrorismo internacional” o “islamismo radical”, pero en 2016 se hizo una actividad de “costumbres musulmanas”, de la que no se dan más detalles. Se repitió en 2018, aunque entonces como “costumbres policiales y actividad policial”. En 2020 hubo otro módulo de “interculturalidad y violencia de género”. En 2024 se trabajó la “prevención de la conducta suicida” y en 2026 lo último que se ha hecho es una formación en “soporte vital básico”.

La última parte del informe detalla las formaciones “específicas” para “trabajar el autocontrol” dentro del currículum general. El consejero Zupiria y también el lehendakari, Imanol Pradales, apelaron a este concepto después de las cargas de Loiu, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se insiste en que “de manera constante” se trabaja en conceptos como la “proporcionalidad” en la respuesta. “Los instructores inciden en la resistencia a la provocación, la protección de los ciudadanos ajenos a los incidentes y el auxilio preventivo, asegurando la eficacia en el desarrollo de las actuaciones policiales”, se apunta.

Aquí se indica que en el curso de acceso a la unidad antidisturbios se enseñan “técnicas” para “detección de microexpresiones biológicas asociadas a emociones conflictivas latentes, alegría, arrogancia, asco, desprecio, ira, sorpresa y temor”, así como para la “identificación técnica de conductas corporales problemáticas”. El entrenamiento se hace “mediante análisis de fotografías de expresiones faciales, evaluación de vídeos reales de incidentes y dinámicas reales de simulación”.

En el “programa reglado de gestión del estrés y autocontrol”, que está “implementado desde 2022”, se incluye la importancia de detectar “indicadores de riesgo” tanto en uno mismo como en el resto de compañeros de la unidad, pero se mencionan también actividades de “respiración”, incluida la “respiración cuadrada, respiración 4-7-8 y respiración Nadi shodna”, el MABP, unas siglas que responden a “mindfulness aplicado al bienestar policial”, “ejercicios de relajación progresiva de Jacobson” y dos actividades cuestionadas por su rigor científico, la denominada PNL (programación neurolingüística) y la meditación en movimiento (chi kung, bioenergía chi). También se menciona la “meditación del guerrero” o “hiperfoco”.

Igualmente, en el módulo segundo del programa de prevención de riesgos psicosociales se trabajan las “dinámicas de funcionamiento del psiquismo”, con un “análisis de los antecedentes evolutivos de la personalidad y la maduración emocional”. Se hace una “explicación teórica de las estructuras psíquicas basadas en e modelo freudiano (ello o principio del placer, yo o principio de realidad y superyó o principio de la norma y la ley) y su impacto en la rigidez conductual del adulto”. Se trabajan, asimismo, “rodeos manipulativos” y se alude a conceptos como el “banco de niebla” o el “disco rayado”.

Una de las derivadas del crimen de la discoteca Mítika, en el que se investiga a un portero del local de ocio nocturno del centro comercial Dendaraba de Vitoria por golpear y matar a un cliente, el joven Kerman Villate, es el expediente administrativo abierto contra la empresa contratada por el establecimiento para los controles de acceso y seguridad, del grupo Le Basque. Ya era conocido que la filial de esta compañía presente en el local (Le Basque Services) no tenía habilitación, como tampoco la tenía el investigado por el homicidio. Pero nuevos datos apuntan ahora a que en la noche de autos, de febrero de 2025, llegó a estar trabajando como “coordinador” de ese operativo una persona ajena a la compañía y que le facturaba desde otra mercantil dedicada al “mantenimiento y reparación de toda clase de vehículos a motor”, según el Registro Mercantil.

La unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza requirió al director de Le Basque -un grupo que tiene otras actividades para eventos, desde seguridad hasta servicio de ambulancias- que aclarara el papel de ese “coordinador”. Y fue ahí cuando, por escrito, la empresa admitió que se operaba mediante una subcontrata. Este material ha sido incorporado hace unos días al sumario judicial del caso, que sigue abierto en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Las conclusiones de la Ertzaintza son claras y señalan que no solamente Le Basque Services no tenía autorización como empresa de seguridad, sino que desde luego tampoco estaba habilitada la compañía del sector automovilístico, llamada Basaldea 84. En todo caso, el propio portero subcontratado asumió, en su declaración, que él tenía la misión de “coordinar” al equipo de control en Mítika y manifestó que trabajaba “para una empresa de seguridad de nombre Le Basque Team” y que “por ser el más veterano” solía actuar como “responsable del dispositivo de seguridad”.

Desde Le Basque explican que son un grupo con diferentes ramas. Indican que la empresa contratada por Mítika era Le Basque Services y que en ningún caso hacían labores de seguridad, sino simplemente de control de accesos. Este tipo de trabajos, según exponen, no precisan de habilitación administrativa especial. Es su principal línea de defensa. Recuerdan las fuentes consultadas que Le Basque sí tiene otra filial de seguridad, llamada Le Basque Security, y que no sería para ellos un problema ofrecer ese servicio en caso de haber sido necesario.

Se da la circunstancia de que, según datos policiales, tanto Le Basque como los dos porteros, el investigado y el “coordinador” de seguridad, tienen abundantes antecedentes por agresiones. En su mayoría son de la propia Mítika, pero hay algunos otros casos en diferentes locales de ocio nocturno de Vitoria. Los precedentes rondan la veintena e incluyen “patadas”, “puñetazos” y otras agresiones. Aquí se pueden leer algunos de ellos.

Según la Ertzaintza, no hay dudas de que Mítika contrató un servicio de “seguridad” con una empresa no autorizada y que, a su vez, subcontrató parte del trabajo a otra mercantil que tampoco lo estaba. Se añade, asimismo, que el personal carecía de las habilitaciones que garanticen en su desempeño “los principios básicos de legalidad, integridad, dignidad” y “correción en el otrato con los ciudadanos”.

Las actuaciones tras el crimen de Mítika siguen dos vías. En la judicial, descartada ya la posibilidad de que el caso sea juzgado como “asesinato” a pesar del empeño de los abogados de la familia de la víctima, se apura la fase de instrucción. Formalmente, el plazo se ha terminado y la segunda responsable de la investigación, la magistrada Marta Escudero, no ha concedido ninguna prórroga adicional. Ahora se están recibiendo documentos ya solicitados previamente.

Por otro lado, en la vía administrativa el Departamento de Seguridad ha propuesto una sanción a la empresa gestora de Mítika (30.000 euros), a Le Basque (40.000 euros) y a cada uno de los porteros presentes en la noche de autos (6.001 euros) por las irregularidades detectadas. El propio consejero, Bingen Zupiria, agradeció la labor de la familia de Villate para destapar las irregularidades en el ocio nocturno. “Nos han hecho ver a todos que, efectivamente, hay una normativa que había que ajustar y endurecer”, señaló en Radio Vitoria. Le Basque, por el contrario, confía aún en que sus alegaciones sean atendidas pero, de lo contrario, adelantan que recurrirán a la vía contencioso-administrativa.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado al Parlamento Vasco un segundo parte con las lesiones sufridas por los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en las cargas del aeropuerto de Loiu, a finales de mayo, cuando llegaron activistas de la Global Summud Flotilla. EH Bildu, solicitante de la información sobre un polémico operativo que dio la vuelta al mundo, había presentado un recurso de amparo después de que, hace dos semanas, la respuesta a la pregunta sobre los agentes heridos se ventilara en unas pocas líneas. Ahora, la información facilitada es algo más amplia, pero Zupiria se niega a que vaya más allá porque uno de los activistas “perteneció a la organización terrorista ETA, de la que no consta arrepentimiento alguno ni petición de perdón por los actos terroristas cometidos, entre cuyas víctimas se encuentran también miembros de la Ertzaintza”.

Según Zupiria, facilitar toda la información médica a la Cámara no sería ni “proporcional”, ni “idóneo” ni “necesario”. Reprocha a EH Bildu que no concrete “la finalidad para la que se solicita la información” e incluso el “alcance que podría tener”. Por ello, se limita a facilitar, después de una larga exposición jurisprudencial, los datos que cree “razonables” y “suficientes”.

En relación a las lesiones de los agentes, si en un primer momento, a comienzos de julio, se indicó que los heridos en el dispositivo de Loiu fueron 14 -exactamente el doble que la primera información oficial-, que la gravedad de las lesiones fue “leve” y que ocho recibieron la baja laboral, ahora se añade que cinco tuvieron “lesiones superficiales”, otros cinco “lesiones múltiples”, tres “esguinces-torceduras” y uno “otro tipo de dislocaciones”. Nada más.

El consejero del PNV ya se escudó en ETA en su comparecencia en el Parlamento Vasco a los pocos días de los hechos. “En este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca. Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, manifestó ese día.

“La pregunta parlamentaria realizada por EH Bildu no justifica el uso de los datos de salud ni respeta el principio de proporcionalidad, ni los derechos fundamentales en juego. Es más, en legislaturas anteriores, tal y como traslada su parlamentario [Gorka Ortiz de Guinea], desde el Departamento de Seguridad se entregaron copia de dichos partes [médics], de los cuales se hizo un uso político indebido [...], toda vez que se publicitaron sin tener en cuenta la vulneración del derecho a la protección de datos personales”, abunda el consejero del PNV, sin concretar a qué episodio se refiere. Ortiz de Guinea es parlamentario desde 2023 y miembro de la comisión de Seguridad desde 2025.

Agrega el titular de Seguridad que “es conocido que una vez finalizado el operativo de Loiu aparecieron pintadas y fotografías de uno de los funcionarios de la Ertzaintza que formó parte” del despliegue. Fueron localizadas “no sólo en su domicilio, sino también en el centro de estudios de sus descendientes”. “¿Dónde queda la protección de este servidor público y de su familia? ¿Cuál es el interés público a velar? ¿Está relacionado con la salud pública?”, se pregunta Zupiria.

Agrega que “las lesiones que sufrieron los ertzainas en el operativo de Loiu fueron consecuencia de la necesidad del empleo de la fuerza pública para hacer frente a actos violentes”. Sostiene que “en algunos casos” hubo “ataques dirigidos personalmente” a los uniformados. “Estamos ante la única respuesta factibe ante una situación de violencia”, sentencia Zupiria sobre un asunto que sigue aún bajo investigación. Son al menos cuatro las causas abiertas, la judicial, la de Asuntos Internos -por partida doble-, la del Ararteko (Defensoría del Pueblo) y la de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca.

La Mesa del Parlamento ha dado por zanjada la cuestión con esta ampliación de información de Zupiria y estima que el recurso de Ortiz de Guinea de EH Bildu ya ha quedado obsoleto. El parlamentario abertzale había presentado un escrito recordando que el reglamento de la Cámara -que tiene rango de ley- concede a los electos derecho a solicitar información oficial al Gobierno.