El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

Asuntos Internos ha abierto una investigación a raíz de que un detenido en Elgoibar por una presunta agresión sexual haya acabado ingresado en un centro hospitalario tras pasar por la comisaría. El consejero, Bingen Zupiria, ha pedido ya comparecer en el Parlamento para dar cuenta del caso y se ha remitido el asunto igualmente la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, ahora encabezada por Enrique Lucas.

Según ha relatado la Policía vasca en una nota, “la Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Elgoibar a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en el ámbito de la violencia de género el pasado domingo en Donostia”. Fue este lunes cuando la víctima, una mujer de 32 años, denunció lo sucedido en Donostia. La detención se ha producido en la madrugada del lunes al martes en Elgoibar, también en Gipuzkoa.

El detenido tiene 29 años y, tras ser localizado, fue “trasladado a dependencias policiales”. “Esta persona, encontrándose bajo custodia policial, ha sufrido una alteración de su estado de salud y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido. Al haberse producido los hechos en una 'ertzain-etxea', la jefatura de Asuntos Internos ha iniciado una investigación. Asimismo, el Departamento de Seguridad ha traslado el asunto a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco y el consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco”, ha indicado la comunicación oficial.

Un reciente informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, muestra que la denominada sección central de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que es la rama de la división de Investigación Criminal y Policía Judicial especializada en tramas de corrupción, tiene exclusivamente seis agentes. Es el equivalente en la Policía autonómica a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional. Este grupo, asimismo, ha asumido recientemente labores de apoyo en la investigación de casos que incluyan el manejo de criptomonedas.

Los datos figuran en una respuesta a una iniciativa del parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea, que preguntaba por las adaptaciones en la Ertzaintza para afrontar una nueva realidad, la criminalidad a través de criptoactivos. Explica Zupiria que son las comisarías las que inician los posibles trabajos, pero que hay dos grupos especializados como apoyo. El primero es la jefatura de coordinación de Ciberseguridad, que tiene una sección llamada Innovación y otra de Investigación propiamente dicha, con tres subsecciones, fraudes, delitos sexuales contra menores y “hacking y propiedad intelectual”.

En 2026 esta brigada “ha comenzado a asumir la realización de informes técnicos de trazabilidad de criptomonedas en aquellos casos en los que la complejidad de la investigación sobrepase los conocimientos del personal de investigación” de las comisarías. En total, tiene 26 agentes, con un subcomisario al frente, dos oficiales, tres suboficiales, cuatro cabos o agentes primeros y 16 ertzainas rasos.

Los 26 efectivos de Ciberseguridad -que nada tienen que ver con otro organismo externo llamado Cyberzaintza- son muchos más, en todo caso, que la plantilla del otro grupo de apoyo, la unidad de Delitos Económicos. Dispone de únicamente seis efectivos y el de más rango es un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. A finales de 2024, en otra comunicación de Zupiria al Parlamento, se hablaba de ocho policías adscritos, de modo que se ha perdido una cuarta parte en menos de dos años. En comparación, en 2025 se manejaba el dato de que la UCO disponía entre 500 y 600 guardiaciviles. La oposición y la Fiscalía han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de recursos en Euskadi contra la corrupción.

Por otro lado, Zupiria informa de que en 2025 la Ertzaintza conoció 541 denuncias relacionadas con criptomonedas. Los casos siguen bajo investigación, de modo que no hay aún conclusiones del resultado de esas pesquisas. Por el momento, no hay convenios con las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para cooperar en esta materia. “No constan casos investigados por la Ertzaintza vinculados a comunicaciones de las Haciendas forales en materia de criptoactivos durante los últimos cinco años”, asegura el consejero de Seguridad.

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria para la adopción de perros del Centro de Protección Animal con el objeto de su adscripción a la unidad canina de la Ertzaintza. Según ha informado el Gobierno vasco, el convenio tiene como objeto la cesión y posterior adopción de perros de propiedad municipal que por su edad y características etológicas puedan ser susceptibles de adiestramiento e integración en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

Este acuerdo de colaboración nace como resultado de la unión del trabajo desarrollado con perros por parte de esta unidad de la Ertzaintza y del Centro de Protección Animal de Vitoria. La unidad canina da apoyo al resto de las que conforman la Ertzaintza, así como a las diferentes policías locales de Euskadi y a Protección Civil en las necesidades que pudieran surgir, en las cuales sea necesario el trabajo y colaboración de los recursos con los que cuenta, según recoge Europa Press.

Para el desarrollo de esta labor, adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, los cuales reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne. Mediante este acuerdo el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria, responsable del Centro de Protección Animal de Armentia cederá los animales a la unidad canina de la Ertzaintza, durante el periodo de pruebas necesario, como máximo de tres meses de duración, para verificar la adecuación de los mismos a las tareas de la Unidad.

Tras finalizar ese plazo y si el animal se considera adecuado para su integración en la unidad canina, será identificado y registrado a nombre del Gobierno vasco, pero si el perro no se adapta a las necesidades de la unidad canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.

Si el animal cumple con los posibles requisitos para realizar el período de prueba, pero no cuente con edad suficiente para el inicio del adiestramiento de forma inmediata, ambas partes, Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria y la unidad canina de la Ertzaintza, tratarán de localizar una casa de acogida para el animal que se responsabilice del mismo, en el régimen habitual de cesión temporal de animales, hasta que el perro tenga la edad adecuada para iniciar las pruebas. El convenio de colaboración aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y no conlleva ningún compromiso financiero entre las partes.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha expedientado a seis agentes por no cumplir la instrucción policial que obliga a grabar mediante las denominadas 'bodycam', las cámaras incorporadas al uniforme, determinados operativos. Según información facilitada al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, entre diciembre de 2025 y mediados de marzo de 2026 “se han detectado siete actuaciones policiales en las que se podría haber contravenido la normativa interna en este aspecto”.

Zupiria ha informado al legislativo sobre el grado de implantación de las 'bodycam' a instancias del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Estas cámaras fueron ya anunciadas en la pasada legislatura después de que la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, entonces presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, recomendara su adquisición a la luz de los excesos en una detención en Bilbao. Sin embargo, no ha sido hasta 2025 cuando su uso se ha generalizado.

La Ertzaintza ha aprobado una instrucción interna, la número 42, para regular el funcionamiento de estos sistemas de grabación. Se ha ido implementando “progresivamente” desde marzo de 2025, es decir, desde hace trece meses. Los principios básicos son la “proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima” y que se preserven siempre los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Semanalmente se hacen “auditorías” del uso de las cámaras. Asuntos Internos “monitoriza” el control de la normativa e informa a las diferentes jefaturas de posibles “errores”.

Internamente, se ha hecho una “labor pedagógica” sobre el funcionamiento de estos equipos, “incidiendo en las bondades de su utilización” ante posibles suspicacias. No se oculta que ha habido momentos en que las cámaras tenían que haber grabado y no lo han hecho y las jefaturas han pedido informes “para que estas anomalías fueran motivadas”. En este contexto de generalización en el que se han ido adoptando “medidas disciplinarias”, siete casos con seis agentes expedientados. Inicialmente, se han tipificado como “falta leve”. Hace unas semanas, el propio Zupiria admitió en el Parlamento, a la luz de una actuación en Sestao que acabó con dos heridos, que no se habían empleado estos dispositivos.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano ahora con el exvocal del CGPJ Enrique Lucas al frente, ha abierto una investigación por el fallecimiento de un varón de 33 años en aguas del río Bidasoa en febrero y cuyo cadáver fue hallado días después en la costa, pero ya en aguas de jurisdicción francesa. Se trata de un hombre, vecino de Irún, que había cometido un pequeño robo y que huía de la Ertzaintza. Se arrojó al agua y se le perdió el rastro durante ocho días.

En concreto, a instancias del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la comisión fue informada de que el 15 de febrero, a las 1.35 horas, un varón que huía de la Policía “tras cometer presuntamente un robo con fuerza” consistente en forzar una máquina de monedas del lavacoches de una gasolinera de Behobia “se arrojó al río Bidasoa, hundiéndose en las aguas tras mantenerse a flote unos minutos”.

El punto exacto fue en la calle de Juan Thalamas Labandibar de Irún. Se activó un dispositivo de rescate urgente pero no dio sus frutos hasta más de una semana después. El 23 de febrero, un operativo conjunto de la Guardia Civil española y de la Gendarmería francesa localizó un cadáver después de varios días de trabajo y se confirmó que era el del fugado. Estaba en aguas de Hendaya, frente a la playa. El operativo requirió de embarcaciones y de un helicóptero.

La comisión actúa en todos los casos en que hay un herido o un fallecido en el marco de una intervención policial. Eso sí, solamente se ceñirá a revisar la actuación de la Ertzaintza en el primer momento, el del descubrimiento del pequeño robo y las circunstancias de la fuga y del salto al Bidasoa. En una reunión celebrada el propio 23 de febrero, este órgano requirió al Departamento de Seguridad que concrete las actuaciones en marcha para esclarecer este caso, incluidos posibles expedientes de Asuntos Internos, las posibles comunicaciones en la noche de los hcechos, las grabaciones de videoviligancia y las denominadas 'bodycam', los sistemas de grabación que portan los agentes en sus uniformes.

Vuelco histórico en la Ertzaintza. La organización corporativa Euspel (Euskal Polizien Elkartasuna, oficialmente una “asociación sindical”) ha ganado las elecciones sindicales por vez primera en su historia, aunque con una escasa ventaja de apenas 70 sufragios sobre la segunda fuerza, Esan. La central ha capitalizado claramente su apoyo al movimiento 'Ertzainas en lucha', surgido en 2023 al calor del Tour de Francia y que demandaba una equiparación salarial con otros cuerpos con movilizaciones masivas en la calle y ante las instituciones. Euspel fue también el único sindicato que no apoyó el nuevo convenio que llegó después, como tampoco el denominado plan de empleo.

En números, Euspel crece de 10 a 20 delegados, mientras Esan se mantiene con 20 y Erne se hunde de 22 a 15. Sipe -parte del movimiento Jusapol- se mueve en la parte baja, con 4. La nueva candidatura Ekos se estrena con pocos votos y ningún representante y ELA, la última central de clase, continúa su descenso y apenas tiene ya un representante. Estos tres últimos no tendrán participación en el foro de negociación con el Departamento de Seguridad, la llamada Mesa 125 por el artículo de la ley de Policía que la regula.

La fotografía que dejan estos comicios es de hondo calado. La central mayoritaria durante dos décadas, Erne, se ha desplomado y queda como tercera fuerza, muy lejos de la victoria y de la segunda plaza de Esan con apenas 23% de los sufragios. Fuentes internas subrayan que los votos recibidos no llegan al 50% de la afiliación. Eran las primeras elecciones sin Roberto Seijo al frente en lustros.

Esan, la alternativa hace cuatro años, no ha podido alzarse con la primera posición con su casi 30%. Y eso que ha competido casi hasta el final del escrutinio, bastante más largo que lo anunciado, con una victoria en la base de Erandio que ha comprimido el resultado definitivo hasta que Oiartzun ha confirmado el cambio de ciclo pero con una ventaja de apenas 70 papeletas. Finalmente, Euspel ha alcanzado 1.732 apoyos, Esan 1.665 y Erne 1.280. Sipe ha logrado 354, ELA 214 y Ekos 160. Hay 104 votos en blanco.

Baja también Sipe, los cuartos en 2022. El resumen es de caída compartida para las tres siglas que pactaron con el consejero Bingen Zupiria el nuevo acuerdo regulador de las condiciones laborales y el calendario para completar la plantilla de 8.000 efectivos después de la ola de color amarillo que fue 'Ertzainas en lucha', a la que se aproximó Euspel.

Esta organización, que nació en 2004 como un sindicato corporativo de los escoltas de la base de Berrozi tras un expediente a 40 de ellos, ha ido creciendo con los años y se ha consolidado de golpe en los últimos dos. En la campaña electoral, en declaraciones a este periódico, ya vaticinaban el “viento de cola”. Un dato clave: Euspel ha “arrasado” en una de las unidades más simbólicas y germen de 'Ertzainas en lucha', la Brigada Móvil, según las fuentes consultadas.

Euspel se acercó a 'Ertzainas en lucha'. Incluso los invitaron a las mesas de negociación. “Otras organizaciones lo vieron como un ataque. Nosotros como una oportunidad. Eran 3.000 ó 4.000 presionando para evitar que se firmase un primer acuerdo absurdo. Salieron a la calle. No eran de fuera. Eran los propios ertzainas y en número suficiente para, cuanto menos, respetar aquello. Hubo una sintonía con ellos”, exponían las fuentes de la organización entrevistadas por este periódico en una de las escasas valoraciones públicas que han ofrecido antes de estas elecciones.

Euspel consideró estos comicios como “plebiscitarios”. Ellos defendieron el 'no' al nuevo convenio y buscaron capitalizar todo el rechazo a lo pactado por Erne, Esan y Sipe. “No llega a lo que necesitamos. Aspirábamos a la equiparación. La Policía de Bilbao aún nos sigue sacando una pasta. Hay muchas unidades sin subidas: se han olvidado de ellas. Lo conseguido no es de entidad como para justificar dejar la lucha en la calle”, interpretaban. Sobre la situación general de la Ertzaintza, Euspel criticaba igualmente que los 8.000 efectivos estén muy lejos. “No hay personal. No somos suficientes. Ya todo es llamamiento forzoso. Equiparan ir al Baskonia o al Athletic, a partidos programados desde hace un año, con una 'dana'. Ahora siempre hay necesidades de refuerzos”, protestaban desde esta organización.

El dato del censo era revelador de la falta de personal. Lejos de los 8.000 agentes prometidos desde 2004, estaban citados 7.078 finalmente, 1.375 alaveses, 3.755 vizcaínos y 1.948 guipuzcoanos. Se han elegido 60 delegados, 17, 23 y 20, respectivamente. Casi 4.000 habían votado por anticipado y no en las urnas habilitadas este jueves, que han estado abiertas de 10.00 a 18.00 horas. Solamente tres organizaciones han ganado elecciones en la Ertzaintza en cuatro décadas de historia, ELA -del que Esan es una escisión-, Erne y ahora Euspel.

En su página web dan unas pinceladas de lo que representan. “No somos sindicalistas. Somos policías trabajando por y para policías. Tenemos muy claro en qué lado estamos”, sostienen. Y agregan: “No tenemos perfil político y nuestro funcionamiento es asociativo. Todos somos iguales, independientemente de destinos y categorías”. En la nueva Mesa 125 solamente habrá tres siglas, Euspel, Esan y Erne. Por segunda vez en la historia solamente tendrán representación las centrales corporativas.

“Hoy da comienzo una nueva etapa en la representación sindical en la Ertzaintza. Muchas gracias a todos por vuestra confianza. Os aseguramos que no os vamos a decepcionar y lo vamos a dar todo para mejorar nuestras condiciones laborales”, han señalado desde Euspel al saberse ganadores. Esan, de su lado, se ve “consolidado” como segunda fuerza. Tras felicitar a los ganadores, han “animado” a Euspel a “impulsar y proponer medidas útiles, más allá de la crítica constante y queja permanente”. La central no oculta su “preocupación” por el crecimiento de la nueva primera fuerza. ELA, en una nota, se ha felicitado “seguir teniendo representación” en la Policía y por ser el único sindicato de clase.

Este 26 de marzo hay elecciones. La plantilla de la Ertzaintza vota quiénes serán sus 60 representantes sindicales. Y son unos comicios con una importancia singular. Son los primeros, por ejemplo, en que se medirá qué efecto tuvo en la plantilla la irrupción, en 2023, del movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', que aprovechó el foco de la salida del Tour de Francia desde Bilbao para darse a conocer, aunque luego terminó diluyéndose. Son también una reválida para Erne, central mayoritaria durante dos décadas seguidas y que en la anterior cita con las urnas aún tenía como líder al veterano Roberto Seijo. Esan, la segunda fuerza, ya se acercó en 2022 y aspira ahora a un adelantamiento.

Erne, como Esan y Sipe, han firmado con el equipo del actual consejero, Bingen Zupiria, la renovación de un convenio caducado desde hace más de una década. Euspel, la cuarta central que logró representación hace cuatro años, se situó en el 'no' y es la organización más próxima a lo que fue 'Ertzainas en lucha'. Hay dos candidaturas más en liza, una nueva organización corporativa llamada Ekos y la sección de ELA. Hace cuatro años, la histórica sigla se quedó sin representación en las mesas de negociación con una fuerte caída de votos. Con ellos desapareció ya todo el sindicalismo de clase, como antes se fueron CCOO y UGT, y ahora busca darse otra oportunidad.

Este periódico ha invitado a Erne, Esan, Euspel, Sipe, Ekos y ELA a exponer su visión de estas elecciones en tres bloques, sus perspectivas internas, la valoración de lo ocurrido con 'Ertzainas en lucha' y los posteriores acuerdos y, finalmente, la situación general de la Policía vasca. Las reflexiones de ELA se han incorporado 'a posteriori' en una actualización de la primera publicación. Uno de los puntos en común de las entrevistas es que la Ertzaintza no tiene 8.000 efectivos, la plantilla prometida en 2004. Hay un acuerdo, también con Erne, Esan y Sipe internamente y entre el Gobierno de PNV y PSE-EE con el PP en el Parlamento, para que sea una realidad en 2030. El censo de estas elecciones, que no supera los 6.900 electores, da una pista de las carencias estructurales de una organización que no tiene capacidad de incorporar interinos, que ha ganado algunas competencias en los últimos años -como la seguridad portuaria- y sobre la que pesa una cifra elevada de absentismo, del entorno del 10%.

Erne: “Pelea en la calle y capacidad pactista”

El sindicato mayoritario, Erne, llega a las elecciones tras haber celebrado su congreso hace escasas semanas. Allí, las bases ratificaron con un 100% la continuidad de Sergio Gómez de Segura, el que relevó a Roberto Seijo tras las elecciones sindicales de 2022. Sobre las perspectivas propias, el líder de Erne recalca que son los que más afiliación acreditan en la plantilla. “Nuestro aval es la independencia, la profesionalidad y ser apolíticos. No vamos a cambiar nuestra manera de manejarnos. Nuestra línea es muy seria y salimos a seguir capitaneando este barco que se llama Ertzaintza, que necesita un Erne fuerte y potente”, sostiene.

Erne ofrece un modelo mixto de acuerdos y confrontación. “Es una bicefalia. Pelea en la calle y capacidad pactista”, agrega el secretario general. Sobre 'Ertzainas en lucha', sostiene que no eran “asindicales”, sino que buscaban restar afiliación a las organizaciones tradicionales. “¡Qué fácil es la vida detrás de las siglas! Otras siglas de tres letras también señalaban a ertzainas [...] No paséis por comisaría en unos días”, era la letra, con alusiones a ETA, de una de las canciones a modo de rap de 'Ertzainas en lucha' sobre las centrales con representación legal. “Querían ir a reuniones que nos correspondían a nosotros”, expone el representante de Erne sobre aquellos intensos meses de 2023.

Después del 'boom' de aquel colectivo de color amarillo llegó la “unidad” de acción entre Erne, Esan y Sipe y el acercamiento de Euspel a 'Ertzainas en lucha'. Gómez de Segura defiende los acuerdos alcanzados, el del convenio y el del plan de empleo, y recuerda que recibieron un amplio visto bueno en un referéndum hecho entre las bases. “Es una de nuestras máximas: acuerdos decididos entre todos”, subraya Erne. La organización mantiene como una demanda clásica que se reconozca el derecho a la huelga de los ertzainas.

Sobre los retos de la Ertzaintza, asegura que “lo más importante es completar la plantilla”. También demanda una “formación más actualizada” e “inversiones” de importancia. “La casa que compramos hace cuarenta años era la bomba. Ahora toca arreglarla. Literalmente, se nos siguen cayendo las puertas de las furgonetas y de los edificios”, denuncia Gómez de Segura. Interpreta que el anterior Gobierno de Iñigo Urkullu “durante muchos años ajustó muchísimo el gasto en lo público” y que las consecuencias se están notando ahora, sea en Osakidetza, en Educación o en la Policía. “Ahora se ha abierto otra ventana [con los acuerdos con el Gobierno de Imanol Pradales] y estamos esperanzados”, abunda. A Gómez de Segura le preocupan también las “campañas” del entorno abertzale desanimando a los jóvenes a entrar en Arkaute, la pérdida de autoridad de los funcionarios y la falta de “empatía” de la clase política y judicial hacia la profesión policial.

Esan: “La carga de trabajo es brutal”

Esan quiere convertirse “en la primera fuerza” en la Ertzaintza, según traslada el delegado y portavoz Iñaki Uraga. Escisión de ELA en su momento, esta sigla mantiene una línea creciente que le acercó a Erne en 2022 y que aspiran a mantener. “Hace cuatro años estuvimos a poca distancia. Hemos demostrado que trabajamos, negociamos y conseguimos avances”, defiende Uraga sobre su organización. Dice que tienen “tranquilidad” porque los ertzainas sabrán “distinguir”. “La crítica sin proyecto no aporta nada. Ofrecemos proyecto y no palabras. La Ertzaintza necesita soluciones reales”, insiste.

Uraga ve como algo “normal” que brotara 'Ertzainas en lucha' para canalizar el malestar de la plantilla. Eso le merece el “máximo respeto”. Pero recalca que, delante de unas urnas, lo que se pone en juego son “trayectorias”. Esan pone “encima de la mesa” de los electores “los acuerdos conseguidos”. “Todos los avances han sido por la actividad sindical”, insiste sobre el nuevo convenio, pero también sobre mejoras del pasado como la carrera profesional, la jubilación anticipada, el SAM y otras medidas. “Los acuerdos no son para las siglas. Son para los ertzainas”, recalca Uraga.

¿Cómo ve Esan la Ertzaintza? La plantilla es “insuficiente” y “hay unidades que trabajan constantemente al límite”, lo que obliga hacer “refuerzos y refuerzos”. Las horas extraordinarias se han multiplicado estos años, como ha constatado este periódico. “Tenemos una estructura para 8.000 y no llegamos a 7.000. La carga de trabajo es brutal. Muchas veces, hacemos el trabajo de dos y hasta de tres ertzainas”, protesta Uraga. De cara a grandes eventos y operativos especiales, Esan también quiere que la Ertzaintza vuelva a ser “una de las Policías de Europa mejor equipadas”. “Necesitamos la incorporación de materiales modernos, seguros y adaptados”, recalca el portavoz.

Esan alerta también de las campañas contra la Ertzaintza por parte de una “minoría”. Cita la aparición de pintadas como ejemplo de ello. “Todos, sin excepciones, deben condenarlo y abandonar la ambigüedad”, sostiene el sindicato, mirando de reojo a EH Bildu. “Respeto social a quienes garantizan la seguridad”, repite Uraga, aunque asegura que “el respeto también se defiende poniendo más recursos para la Ertzaintza”.

Euspel: “Son elecciones plebiscitarias”

Euspel es la tercera fuerza en la Ertzaintza. La asociación que nació desde la base de Berrozi ha ido creciendo. En los últimos años también lo han hecho, según las fuentes consultadas para este reportaje, que sienten tener el “viento de cola” por lo sucedido desde 2023. Euspel se acercó a 'Ertzainas en lucha'. Incluso los invitaron a las mesas de negociación. “Otras organizaciones lo vieron como un ataque. Nosotros como una oportunidad. Eran 3.000 ó 4.000 presionando para evitar que se firmase un primer acuerdo absurdo. Salieron a la calle. No eran de fuera. Eran los propios ertzainas y en número suficiente para, cuanto menos, respetar aquello. Hubo una sintonía con ellos”, confirman estas fuentes.

Euspel considera que las elecciones internas son “plebiscitarias”. Ellos defendieron el 'no' al nuevo convenio y quieren capitalizar todo el rechazo a lo pactado por Erne, Esan y Sipe. “No llega a lo que necesitamos. Aspirábamos a la equiparación. La Policía de Bilbao aún nos sigue sacando una pasta. Hay muchas unidades sin subidas: se han olvidado de ellas. Lo conseguido no es de entidad como para justificar dejar la lucha en la calle”, interpretan. Y añaden que no solamente es malo ahora, a corto plazo, sino también en la perspectiva de que puede pasar otra década hasta que se firme el siguiente, como ha ocurrido en la última ocasión.

Sobre la Ertzaintza, Euspel critica igualmente que los 8.000 efectivos estén muy lejos. “No hay personal. No somos suficientes. Ya todo es llamamiento forzoso. Equiparan ir al Baskonia o al Athletic, a partidos programados desde hace un año, con una 'dana'. Ahora siempre hay necesidades de refuerzos”, protestan desde esta organización.

Sipe: “Hemos perdido afiliación por Ertzainas en lucha”

Sipe es la cuarta fuerza en liza. Está asociada con FEPOL, la organización mayoritaria de los Mossos d'Esquadra, y forma parte también de las dinámicas de Jupol y Jusapol, con gran peso en las Fuerzas de Seguridad del Estado en los últimos años. Una de sus iniciativas compartidas es reivindicar el derecho a la huelga. Juan Carlos Sáez, su responsable, es el único que admite que han perdido afiliación por 'Ertzainas en lucha'. Y han “expulsado” a otros por ir “contra los estatutos” en aquel movimiento. “Es muy curioso. Los que eran 'asindicales' están todos en Euspel. Tenían que haberse presentado. Es lo que pensamos que tenían que haber hecho”, plantea Sáez.

Esta organización dice haber hecho una “apuesta” por los acuerdos con Erne y Esan, que han proporcionado “el mejor convenio de la Ertzaintza”. “Si los ertzainas lo han entendido, nos darán su voto. Si no, pues no estaremos en la mesa”, asume Sáez. Sipe logró el mínimo para estar en los foros de negociación en 2022, pero venía de haberse quedado fuera en las anteriores, las de 2017. Sipe ofrece un “análisis muy crítico” de la situación de la Ertzaintza en particular y de la seguridad en general. “Hay una sensación de inseguridad manifiesta en Euskadi. No hay personal suficiente en la calle. La última promoción ha salido hace cuatro días y han ido cinco a Seguridad Ciudadana. Es una vergüenza. Van 150 a Investigación y otros tantos a Tráfico. Es una auténtica vergüenza”, protesta Sáez.

Esta central remarca, en todo caso, que tiene “recurridas” las elecciones. Como principales “irregularidades” cita que aparecieron papeletas erróneas de su candidatura en Gipuzkoa, que “no hay cabinas” para el voto diferido, el que ya pueden hacer los agentes desde hace semanas o sin esperar al día de las elecciones. “El proceso está viciado. No es transparente”, sostiene Sáez.

ELA: “Los corporativos sólo se preocupan de agradar los oídos de sus afiliados”

Desde ELA, indican por escrito que “la primera fuerza sindical de este país”, con un 40% de representación general y “más de 105.000” afiliados, tiene que “recuperar la representación perdida” en la Policía vasca hace cuatro años. “Cuando ELA era fuerte en la Ertzaintza, las condiciones laborales eran un ejemplo para el resto. Hoy, una mesa donde sólo están presentes los sindicatos corporativos es una buena noticia para el Departamento y una mala noticia para el colectivo”, inciden.

Y añaden: “Mientras ELA lideraba las huelgas y movilizaciones en el sector público para hacer frente a estos recortes, los sindicatos corporativos de la Ertzaintza sólo se preocupaban de agradar los oídos de sus afiliados y afiliadas, con acuerdos vacíos de contenido, dando a entender que la Ertzaintza es una isla”. La sección sindical de ELA critica igualmente las políticas “neoliberales” de los Gobiernos y critica que el “recorte de plantilla” deja ya “por debajo de 7.000 agentes” la dotación de la Ertzaintza.

Ekos: “Ya ha sido un triunfo poder presentarnos”

Ekos se creó el 1 de enero de 2023 y es la primera ve que se presenta. Tiene unos 200 afiliados y, según Zigor Sola, voca de la directiva, funcionan “como una asociación”. “Pensábamos que los sindicatos habían perdido el foco. Por eso empezamos. Ya ha sido un triunfo poder presentarnos”, abunda Sola, que admite que será “muy difícil” obtener representación mínima como para entrar en la mesa 125, como se conoce internamente al foro de negociación con el Departamento de Seguridad. Si lo hicieren, prometen “no tener liberados”.

Ekos asegura haber apoyado a 'Ertzainas en lucha' y entiende que los acuerdos laborales de Erne, Esan y Sipe “se han quedado cortos”. “Se podía haber conseguido más. Con los pies en la tierra, creemos que nos podíamos haber acercado más [a las demandas de la plantilla] con ese tirón de movilizar a tanta gente”, asegura Sola. ¿El gran reto de la Policía vasca? “El Departamento no hace más que coger competencias con un problema de plantilla muy grande. No damos abasto. La gente no puede más. Las cuentas no dan. ¡Están yendo compañeros de Vitoria a cubrir San Mamés!”, lamenta.

La Ertzaintza y el Tribunal de Instancia de Irún tienen abierta una investigación por la existencia de un posible delito de “daños” en el descarrilamiento de un tren de mercancías peligrosas ocurrido en Irún el 6 de febrero. Se trata de determinar “si ha podido haer algún tipo de negligencia o imprudencia”, explica el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la cronología de este incidente ferroviario ocurrido pocos días después del de Adamuz en Córdoba y de los problemas en la red de Rodalies de Barcelona.

Los datos facilitados al Parlamento vasco a instancias del representante del PP Santiago López Céspedes, sitúan a las 22.56 horas del 6 de febrero el momento en que el titular de la infraestructura, el organismo estatal Adif, informó al 112 del “descarrilamiento de un convoy de mercancías, el penúltimo vagón del tren”. Los hechos se produjeron en la estación de Irún, a la altura de Belaskoenea. Inicialmente, se indicó que “no se habían producido daños personales ni materiales”, aunque el tráfico quedó cerrado. Se movilizó a Bomberos y Policía Local, además de a la Ertzaintza.

La primera patrulla de la Ertzaintza llegó en seis minutos, a las 23.02 horas. A las 23.05 horas, Adif ya había despejado una vía para “restablecer” el tráfico ferroviario. A las 23.13 horas, la patrulla indicó que eran tres los vagones afectados, todos ellos cisternas. Eran los últimos del tren. Los Bomberos llegaron a las 23.40 horas (a los 44 minutos del aviso) y “en principio” descartaron tanto un posible sabotaje como “daños graves”.

Los agentes de la Ertzaintza identificaron al responsable de Adif y al maquinista del tren. Y elaboraron un reportaje fotográfico del suceso. Hasta las 4.23 horas los técnicos estuvieron trabajando en la zona, ya siendo 7 de febrero. Sin embargo, hasta 48 horas después no se dio por resuelta la incidencia. Y no del todo. Porque la comisaría de Irún “instruye diligencias de investigación por un posible delito de daños, para determinar si ha podido haber algún tipo de negligencia o imprudencia”. Con este informe policial, se ha incoado una pieza penal en el Tribunal de Instancia de Irún.

“Al encontrarse los hechos bajo investigación judicial, no es posible trasladar más información técnica acerca del incidente”, se excusa Zupiria. Añade, eso sí, que los servicios de emergencia operaron en coordinación y que, además, trabajaron de la mano de Adif y de otros organismos. “Se activaron los protocolos operativos correspondientes, confirmándose que las cisternas permanecían intactas, sin fugas ni afección al entorno, y que no existía riesgo inmediato para la población”, asegura el consejero de Seguridad.

Según Adif, el tren llevaba “diversas materias peligrosas”, pero no se concretan. Cada vagón llevaba una indicación informativa, “con sus correspondientes códigos de peligro”. Se insiste en que nunca hubo “riesgo inmediato” para la ciudadanía. Renfe indicó en su momento que las sustancias transportadas eran, dentro de la clasificación, de las de menore peligrosidad.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha adjuntado al Parlamento Vasco un documento de finales de 2025 de la Real Federación Española de Fútbol, organizadora del Campeonato de España (más conocido como Copa del Rey), en el que se recuerda que los grupos de animación Herri Norte Taldea, del Athletic Club de Bilbao, e Iraultza 1921, del Deportivo Alavés, son considerados ultras y contrarios a la ley de 2017 que busca “erradicar cualquier forma de violencia, intolerancia o discriminación en el fútbol”. En el listado está también Indar Gorri de Osasuna, que habitualmente colabora en diferentes actividades con los anteriores.

Zupiria ha entregado esta documentación a instancias de EH Bildu, que preguntaba por el fuerte dispositivo de la Ertzaintza con motivo del partido en Vitoria entre el Deportivo Alavés y el Real Betis Balompié de finales de enero, donde hubo una kalejira previa organizada por Iraultza 1921. El titular de Seguridad insiste en que el club conoce desde hace nueve años los “requerimientos” sobre su grupo de animación. Indica también el máximo responsable político de la Ertzaintza que “según todas las evidencias” los problemas detectados hace ya años “no han sido resueltos”. Expone Zupiria que la Policía vasca opera en los estadios de fútbol “en todas las competiciones” aplicando la normativa en vigor. Insiste en que “no se incauta de ningún material, salvo que haya estado relacionado con la comisión de un delito, falta o infracción administrativa”.

Se da la circunstancia de que, en noviembre, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte planteó una sanción al Deportivo Alavés y el cierre durante un mes del estadio de Mendizorroza, que no se ha ejecutado. El punto de debate eran unos murales que rodean el estadio, de titularidad municipal. De ellos han desaparecido ya las referencias a Iraultza 1921. “Los murales presentes en el exterior del estadio son una representación gráfica del legado centenario del Deportivo Alavés y una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad”, expuso entonces que el club. En el caso de Herri Norte Taldea, en las últimas semanas han emergido denuncias de agresiones sexuales presuntamente cometidas por algunos de sus integrantes.

La Federación, según el documento facilitado al Parlamento, pidió la “colaboración activa” de los clubes para “evitar que estos grupos realicen actos, desplieguen su simbología o introduzcan elementos de animación que los identifiquen”. Los clubes, que deben proporcionar seguridad privada y colaborar con la Policía, tienen que “extremar” los controles de acceso. Las sanciones no son pequeñas: de hasta 650.000 euros, se recuerda.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha aportado este miércoles en el Parlamento Vasco algunos detalles adicionales de la investigación abierta la pasada semana a dos agentes de la comisaría de Sestao por una intervención en la que resultó herida una mujer y un joven acreditó lesiones en los testículos. Zupiria ha indicado que los intervinientes en un inicio fueron ertzainas de paisano, de modo que no portaban las denominadas 'bodycam' implementadas en los últimos años para evitar casos de excesos en el uso de la fuerza. Y ha añadido que los efectivos de una furgoneta de uniformados que se sumó después “no las tenían activadas”, lo que supone un “incumplimiento” de la normativa interna. Ahora se buscan imágenes para tratar de aclarar lo sucedido, aunque las primeras ya visionadas parece apuntar a una negligencia.

Zupiria, apenas una semana después de conocidos estos hechos, ha comparecido en la Cámara para dar cuenta de este asunto aprovechando otras comparecencias que tenía pendientes. Ha indicado que tuvieron lugar por la noche el 22 de febrero. En concreto, se alude a que la patrulla camuflada, de dos componentes, tuvo un encontronazo con un grupo de personas en la calle de José Antonio de Aguirre y que “emplearon la fuerza”. Al parecer, la respuesta se explica porque llegaron a zarandear el vehículo oficial. Los ertzainas llevaban porras extensibles. Finalmente, después de llegados los refuerzos, fueron tres los detenidos, una mujer, su hijo y un amigo. Se les acusó de “atentado” contra agentes de la autoridad. No se han dado detalles de lo sucedido realmente en la intervención.

Como se había empleado la fuerza, antes de ser enviados a comisaría, se les realizó una exploración en un centro de salud. Ya en la base policial de Sestao, que da servicio también a Barakaldo, el joven refirió dolor testicular. Fue enviado por segunda vez y quedó hospitalizado. La mujer también ha aportado un parte de lesiones del hospital de Cruces. El día 24 iba a celebrarse un juicio rápido contra los detenidos, que ha quedado suspendido a la vista de las circunstancias. Por el contrario, se ha abierto una triple investigación. Por un lado, tanto Asuntos Internos como la comisión de control y transparencia lo analizarán desde el punto de vista policial; por otro lado, el consejero ha aludido también a que el asunto está “en manos de la Justicia”.

En las investigaciones internas, Zupiria ha dicho que se buscan más vídeos, tanto de cámaras de seguridad como de redes sociales. Ha puesto encima del tema a dos grupos de elite, a la unidad central de Inteligencia y a la Policía Científica, según lo expuesto en el Parlamento. Ahora bien, las primeras imágenes revisadas han llevado ya a poner el asunto en manos de Asuntos Internos.

Tras hacer el relato de lo sucedido, ha dejado este mensaje: “En las actuaciones oficiales, los agentes de la Ertzaintza deben mantener un estricto autocontrol, para afrontar las situaciones de tensión que pueden producirse en las relaciones con la ciudadanía”. Según Zupiria, los policías han de ser “adiestrados” en ese “autocontrol” para “evitar reacciones impulsivas”. “Debe quedar claro que se trata de actuaciones estrictamente personales, que no responden ni representan el funcionamiento ordinario ni los valores de la Ertzaintza [...]. Tolerancia cero ante cualquier conducta irregular, defensa firme del prestigio institucional de la Ertzaintza y respaldo absoluto a la inmensa mayoría de los agentes que desempeñan su trabajo con profesionalidad, ética y vocación”. Se ha informado, igualmente, de que los dos ertzainas que actuaron en primer lugar “resultaron también heridos y acudieron a la mutua”.

En la misma sesión parlamentaria, el viceconsejero Ricardo Ituarte ha dado explicaciones por otro expediente en manos de Asuntos Internos, en este caso relacionado con el comisiario de Ondarroa. Aparentemente, intercedió en una causa por consumo de drogas de su hijo y hubo una desaparición de las pruebas. Según se ha indicado en la Cámara, se ha determinado que es habitual que un superior pregunte a su equipo por expedientes, pero sí se reconoce un fallo en la cadena de custodia. Eso sí, “no se ha podido acreditar” la responsabilidad directa del comisario en la “desaparición” o “sustracción” de las evidencias. El PP ha formulado duras críticas al Departamento de Seguridad por la gestión de este asunto. “¿Le parece normal que desaparezcan expedientes y aquí no pase nada?”, ha preguntado la 'popular' Ainhoa Domaica.

Una mujer ha interpuesto una denuncia por los golpes que le habrían propinado agentes de la Ertzaintza durante una detención. Durante la madrugada del sábado al domingo pasado una patrulla no uniformada de la comisaría de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de la localidad vizcaína. En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Tras una discusión, los agentes se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el vehículo policial.

Tras la llegada de dotaciones uniformadas se procedió a la detención de tres personas implicadas en las agresiones, concretamente, dos hombres de 19 y 22 años, y una mujer, de 51 años, por atentado a agentes de la autoridad. Dos de ellas, la mujer y el hombre de 22 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratadas de las lesiones que presentaban. El hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo. Tras los incidentes los dos agentes agredidos acudieron a la mutua, para ser tratados de los golpes que recibieron.

Tras conocer lo sucedido en Sestao la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Una de las primeras diligencias practicadas ha sido recoger la denuncia de la mujer que resultó agredida y detenida. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, y el consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.

La parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco, uno de los dos únicos cargos públicos de la formación de ultraderecha en Euskadi, Amaia Martínez Grisaleña, ha reaccionado iracunda a la decisión de la EHU, la Universidad pública vasca, de cerrar el campus de Vitoria este lunes 23 de febrero -suspensión de clases incluida- ante la convocatoria de un acto con la dirigente catalana Júlia Calvet. Hay también previstas contramanifestaciones convocadas por el entorno de GKS, en concreto por la antigua Ikasle Abertzaleak (actual IAS). Lo primero es a las 12.30 y lo segundo un poco antes, a las 12.00.

Martínez Grisaleña ha llamado “tirano autoritario” al rector, Joxerramon Bengoetxea, elegido en 2024, ha considerado que “no ha debido tomar la medicina” y le ha pedido “que se dedique a dar clases” y a “limpiar la basura proetarra” del campus de Vitoria. Así se ha expresado ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, donde ha defendido también que la convocatoria se debe a la aparición de pancartas en el recinto universitario, algunas de ellas contra el alavés Santiago Abascal, el líder de Vox.

La EHU hizo notar que el acto coincide en fecha con el intento del golpe de Estado de 1981 y añadió la importancia de adoptar un “cordón sanitario” frente al “totalitarismo”. Sus medidas incluyen el cierre de los edificios, la prohibición de aparcar desde más de cuatro horas antes de las convocatorias y que la docencia sea telemática este lunes. Son más de 7.000 los estudiantes del campus de Álava, con facultades como las de Farmacia o Letras, entre otras. La Ertzaintza prepara un fuerte despliegue de seguridad.

Martínez Grisaleña ha rebajado el acto a una “mesa informativa” y ha insistido en que sus más de cinco años en el Parlamento Vasco nunca ha “conmemorado” el 23 de febrero. La Universidad, argumenta Vox, ha de ser un “espacio plural y neutral” y no un recinto que favorezca a la izquierda.

Minutos antes, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha manifestado también en el Parlamento Vasco su deseo de “no contribuir a generar ninguna polémica”. Sí ha considerado el acto de Vox una “provocación de una quincena de personas de un partido autoritario” pero ha confiado en que todas las partes, este lunes, puedan “ejercer sus derechos” constitucionales “con total normalidad”, es decir, sin incidentes.

Vitoria ya fue escenario el 12 de octubre de una situación similar, con una convocatoria de Falange Española y de las JONS -el que fuera partido único de la dictadura- y contramanifestaciones del entorno de GKS. En aquella ocasión, Zupiria cargó contra los “fascistas vascos” por los incidentes que se produjeron.

La Ertzaintza ha tenido que retirar 10.207 cartuchos de 'foam', su principal munición antidisturbios. Estaban “defectuosos”. Lo hizo entre los años 2022 y 2023, según datos oficiales entregados al Parlamento Vasco en respuesta a preguntas tanto del PP como de EH Bildu. 3.234 de ellos estaba asignados a la Brigada Móvil, la unidad especializada en control de orden público; 5.569 eran del tipo SIR, el menos lesivo, y 4.638 del SIR X.

El consejero Bingen Zupiria ha actualizado este miércoles, a instancias de EH Bildu, una tabla facilitada en su momento a petición del PP sobre materiales defectuosos. En la primera, no había datos de la Brigada Móvil, que es la unidad que en pura teoría más emplea este armamento adquirido hace ya más de una década para sustituir a las pelotas de goma. Atribuye Zupiria a un “error de transcripción” que no se ofrecieran todos los datos en su momento y actualiza ahora la cifra hasta 10.207 proyectiles retirados, sumados 1.202 SIR y 2.032 SIR X.

Es una cifra elevada ya que entre 2020 y 2023 la Policía vasca adquirió exactamente 22.205 unidades de SIR y 17.175 de SIR X. Se trata de una compra de 900.000 euros a Eurodis System España. Expone Zupiria que la munición de 'foam' tiene una caducidad de cinco años. “En el propio cartucho aparece el número de lote. A través de éste se conoce el año de fabricación y, por ende, el año de caducidad”, agrega. Señala que es “la persona usuaria” la que “reporta” posibles “defectos”, que “pueden ser debidos a la fabricación o a las condiciones en que ha estado almacenado”.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El agente 25145 de la Ertzaintza, que propinó un golpe en la cara a un varón en Irún en 2023 y que ha admitido ya en sede judicial los hechos, como ha adelantado este periódico, vio levantada en febrero del año pasado la suspensión cautelar que pesaba sobre él desde que trascendió un vídeo sobre lo sucedido, en 2024, y ha vuelto al cuerpo. Aunque inicialmente no realizaba tareas de cara al público, según ha expuesto este martes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria –“no está haciendo labores de patrullaje”–, en la actualidad ya trabaja de nuevo en la calle.

El caso ha vuelto a la actualidad luego de que la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano que revisa operativos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, emitiera un duro dictamen sobre este episodio. No solamente censuran el golpe injustificado al joven sino que otros cinco ertzainas y cuatro municipales de Irún, presentes allí mismo, no lo impidieran o atendieran a la víctima. Igualmente, revela que minutos después, tras ser socorrido por otro ciudadano y habiendo pedido asistencia al 112, el mismo agente 25145 hizo que se le negara una ambulancia mintiendo sobre lo sucedido. Nada quedó plasmado por escrito en los informes.

Fuentes judiciales indicaron que en marzo habrá una vista en la que se determinarán las responsabilidades penales del ertzaina, aunque ya ha admitido su responsabilidad en una declaración que tuvo lugar a finales de 2025. La Fiscalía entiende que podría ser encuadrado como un atentado “leve” y no “grave”, lo que le permitiría evitar la entrada efectiva en prisión, si bien sí se expone a inhabilitación.

Temporalmente, este funcionario estuvo suspendido de empleo, aunque no de sueldo. Tuvo una retribución “básica” y una ayuda familiar. Sin embargo, ganó un recurso interno y el propio Zupiria admitió la reincorporación. En un primer momento estuvo en otro puesto, realizando “otras actividades en comisaría”. Ahora, en cambio, ya está de nuevo en Seguridad Ciudadana, haciendo trabajo de calle.

¿Y a partir de marzo? Desde el “absoluto respeto” al informe de la comisión y asumiendo la “obligación” de atender a sus propuestas de mejora para evitar nuevas situaciones de este tipo, Zupiria ha emplazado a la sentencia para determinar el “futuro profesional” del ertzaina 25145.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha admitido que la organización de la más reciente oposición de acceso a la Ertzaintza se vio desbordada y tuvo que retrasarse 75 minutos por falta de “sillas, mesas y exámenes” para todos los presentes, exactamente 3.188 examinandos. Y eso que unos 500 que habían dado su nombre no acudieron al BEC de Barakaldo. Ante las críticas recibidas por lo sucedido -los sindicatos han llegado a calificarlo de “grave desastre”- , Zupiria ha justificado que la “media de participación” en este tipo de procesos es del 73,8% de los inscritos y que la academia de Arkaute, el organismo responsable, preparó una capacidad para atender incluso a un 80%. Sin embargo, hubo “mayor participación que nunca”, un 85%, y “faltaban 188 sillas, mesas y exámenes”.

Zupiria, en respuesta al “cuestionamiento” que ha tenido la oposición, ha insistido en que “todo el proceso que se siguió el sábado pasado en BEC cumplió con todas las garantías de seguridad” y que en un tiempo razonable se lograron copias y material para que cupiera todo el mundo. “En todo momento se mantuvo la cadena de custodia de los exámenes”, ha recalcado también el titular de Seguridad. Es el primer proceso con Jon Goikolea al frente de Arkaute, que accedió al cargo tras la dimisión de Miren Dobaran, que apenas estuvo un año.

Esta convocatoria, la trigésima quinta promoción de la Ertzaintza, nació ya en medio de la polémica dado que en la anterior prueba, en el verano de 2025, se acreditó un elevadísimo número de suspendidos. En su camino hacia alcanzar los 8.000 efectivos prometidos hace más de dos décadas, la Policía vasca tuvo que ajustar otro examen porque apenas 380 de los 3.609 candidatos aprobaron y se quedaron sin cubrir 270 plazas. De las 150 plazas previstas se optó por elevarlas a 473, siempre con las vacantes de la anterior en mente.

Zupiria se ha felicitado de que ahora hay un 59% de aprobados en la primera prueba, la única cuyos resultados se conocen, la psicotécnica. 1.880 de 3.186 calificados han superado esa primera fase, muy por encima del 19% del precedente más próximo en el tiempo. En los próximos días, tras un período de reclamaciones, se darán las notas de la prueba teórica. El porcentaje, siempre según los datos de Zupiria, eso sí, continúa por debajo de las medidas históricas.

El consejero de Seguridad no ha querido entrar a valorar si los ajustes en la evaluación -en la psicotécnica antes había que aprobar cada una de las cuatro partes en que se dividía y ahora se exige un 50% en el total- han motivado la subida de aprobados. A su juicio, el proceso de selección de los ertzainas ha de ser analizado como un todo que se completa cuando adquieren la condición de funcionario tras la “fase de estudios” en Arkaute y las prácticas en las comisarías. “La parte principal se produce en la academia”, ha manifestado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha recordado que las unidades antidisturbios de la Ertzaintza no han vuelto a emplear las escopetas de pelotas de goma desde que se generalizaron los nuevos lanzadores de 'foam'. Responde así a una pregunta en el Parlamento Vasco de Gorka Ortiz de Guinea, de EH Bildu, a la luz de las peticiones de algunos sindicatos policiales, como Esan, de recuperar ese tipo de armamento ante la nueva realidad delincuencial. La última de las bolas de caucho utilizadas fue la que mató, tras un impacto en la cabeza, al joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cabacas en abril de 2012.

Zupiria no responde claramente a su opinión sobre la posibilidad de recuperar las pelotas de goma. Alega que “el consejero de Seguridad no interviene en la elaboración de las directrices que regulan los operativos policiales”. Recuerda, en todo caso, que este material no está prohibido, aunque sí muy limitado. El protocolo implantado en 2014 marca que solamente podrán emplearlas los efectivos de la Brigada Móvil (la unidad antidisturbios propiamente dicha) y únicamente en circunstancias muy excepcionales. Antes, las patrullas también las usaban.

“Su porte se reserva para situaciones en las que exista un elevado riesgo para los agentes intervinientes y/o terceras personas. Asimismo, requerirá, salvo en los casos de riesgo inminente, la autorización previa de la jefatura de la Ertzaintza, quien lo recabará, en su caso, de la viceconsejería de Seguridad o de la dirección de la Ertzaintza”, remarca. Los viceconsejeros que han ocupado ese puesto desde 2014, Josu Zubiaga, Rodrigo Gartzia y el actual, Ricardo Ituarte, nunca han avalado el uso de ese tipo de armamento.

Zupiria sí deja claro que el personal de Brigada Móvil está capacitado para usar esos lanzadores. “Han realizado un curso de capacitación y reciben formación continua precisa para su uso”, asegura. Añade que las escopetas operativas “permanecen depositadas en el búnker de la unidad”, es decir, en la base de Iurreta. “Es el personal de logística de esa unidad el responsable de su mantenimiento”, agrega.

El agente de la Ertzaintza con código profesional 25145, que en 2023 propinó un golpe en la cara a un varón ante la pasividad de otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales de Irún y que luego ocultó los hechos hasta el punto de negar una ambulancia que se había pedido al 112, ha admitido su responsabilidad en sede judicial. La Fiscalía plantea que pueda ser condenado por atentado contra la integridad moral, con penas de hasta dos años de cárcel -que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes-, aunque, según el Código Penal, “en todo caso” comportan la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años.

El funcionario, que estuvo suspendido cautelarmente desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno, compareció el 23 de octubre en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”. Sin esa rebaja, la pena de prisión es sustancialmente superior y podría comportar el ingreso efectivo en un centro penitenciario. Hay una vista programada para el próximo mes de marzo en la que se podrá cerrar una conformidad y resolver esta causa judicial.

Aunque los hechos son de 2023 y se conocieron en 2024, ha sido en los últimos días cuando se ha publicado un dictamen de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca con severos reproches por lo ocurrido. Se señala con claridad la desproporción de la intervención de los diez agentes implicados y el trato vejatorio dispensado a la víctima. Además, se relata cómo 'a posteriori' se trató de ocultar lo sucedido hasta el punto de impedir que el golpeado recibiera asistencia sanitaria. Consta también que la Ertzaintza tardó meses en entregar la información requerida por el organismo de control, mucho más que la Policía de Irún.

Fuentes del Departamento de Seguridad, preguntadas por la parte disciplinaria del caso, indican que el asunto “está en los juzgados”. Remarcan que cautelarmente ya fue suspendido este ertzaina. En todo caso, las actuaciones de Asuntos Internos están paralizadas a expensas de la resolución judicial.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970) ha prometido este jueves su cargo como titular del Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ante el pleno del Parlamento, reunido por vez primera en 2026 tras un largo parón por Navidad. Acto seguido, ha anunciado que una de sus primeras misiones será analizar la decisión de la Ertzaintza de informar del origen de los detenidos, una medida controvertida que incluso el propio PNV cuestiona en otros cuerpos como las Policías de Bilbao y Barakaldo.

“He tenido la oportunidad de estar ahora con el consejero de Seguridad [Bingen Zupiria] y, a la máxima brevedad, hablaremos del asunto”, ha indicado a los periodistas en su primera rueda de prensa, en la que ha contestado en euskera y castellano. Después, “discutirá” el asunto con su equipo y hará pública una “decisión”. Como no hacía “ni media hora” que había accedido al cargo, no querido ser “imprudente” y mojarse sobre otros temas, como la crisis de las vacunas caducadas.

Mancisidor, licenciado en Derecho, doctor en Relaciones Internacionales y en Historia y con un extenso currículum en ámbitos variados, como Unesco Etxea o colaborador del diario 'Deia', aún no ha hecho público quién será su 'mano derecha'. En los últimos años, como el nombramiento suele ser propuesto por la coalición de PNV y PSE-EE, es habitual que la adjunta sea una mujer y socialista. Mancisidor se ha limitado a señalar que lo hará público este lunes tras comunicarlo a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y que será “un perfil muy adecuado y muy alto”. El Ararteko, en todo caso, pierde a quien ha sido su secretario general desde la creación del organismo, Faustino López de Foronda, que se ha jubilado recientemente. Es el cargo técnico más alto.

Consciente de que no ha concitado el apoyo de todos los partidos en su designación -además de PNV y PSE-EE le votó el PP, pero recibió duras críticas de EH Bildu-, ha insistido en querer ser el 'ombudsman' de “todos”. Ha rehuido polémicas y ha señalado que no se reducirá el uso del euskera ni en la atención a la ciudadanía ni en los actos públicos.

Ha señalado también que no tomará partido por “siglas” pero sí será militante de la defensa de los “derechos democráticos”. Independencia sí pero no neutralidad, ha apuntado, porque “el Ararteko no puede ser neutral” ante las injusticias. Ha cuestionado los populismos y abogado, asimismo, por “reconstruir la confianza en lo público”. También ha prometido “transparencia”.

Mancisidor ha estado acompañado en el Parlamento por familiares y allegados, pero también por sus predecesores, Manuel Lezertua, Iñigo Lamarca o Mertxe Agúndez, una adjunta cuya interinidad se prolongó tanto que es considerada como una titular más del Ararteko. En estos meses de transición tras la salida de Lezertua y la designación del nuevo defensor de nuevo la 'número dos', Inés Ibáñez de Maeztu ha dirigido este organismo.