Dentro de la documentación solicitada en el Parlamento Vasco en relación a la controvertida actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu el día de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado también un informe sobre la formación recibida por los agentes de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, “en los últimos veinte años”. El documento, que pretende poner en valor que el “autocontrol” es algo que está “integrado” de forma “transversal” en la academia de Arkaute, muestra no solamente que los ertzainas realizan ejercicios de vigilancia del orden público o para el uso adecuado de los lanzadores de 'foam', sino también, por ejemplo, aprendizaje de “costumbres musulmanas” y técnicas para “identificar” en los manifestantes “emociones conflictivas latentes” o “conductas corporales problemáticas”. Incluso se les imparten técnicas que, según el Ministerio de Sanidad y organizaciones médicas, son “pseudoterapias” sin sustento científico.

Según la memoria, el “curso de especialización básico” de la Brigada Móvil tiene una parte de “fundamentos” para el trabajo como antidisturbios, lo que incluye una enseñanza del “marco jurídico” regulador de los derechos de reunión o de manifestación y “herramientas de autocontrol de estrés y afrontamiento de situaciones críticas”. Igualmente, hay otro módulo de “procedimientos” en caso de “alteraciones” del orden público y, finalmente, otro sobre dispositivos planificados.

Además del curso básico, hay otras actividades formativas “preceptivas” y que guardan relación con las instrucciones internas 6 (derecho de reunión y manifestación), 42 (manejo de las nuevas 'bodycam' de grabación incorporadas a los uniformes), 51 (derecho de huelga), 67 (videovigilancia) y 73 (gestión de las armas y municiones). Igualmente, se apunta a entrenamientos como un simulacro en “grandes infraestructuras de transporte”, manejo de las furgonetas o 'francias' que utiliza la brigada, “embolsamientos” en grandes eventos deportivos, desalojos o uso de los escudos y de las porras.

Sin embargo, el informe entregado por Zupiria alude también a “cursos de actualización y perfeccionamiento”. Arrancaron en 2015 con actividades sobre “terrorismo internacional” o “islamismo radical”, pero en 2016 se hizo una actividad de “costumbres musulmanas”, de la que no se dan más detalles. Se repitió en 2018, aunque entonces como “costumbres policiales y actividad policial”. En 2020 hubo otro módulo de “interculturalidad y violencia de género”. En 2024 se trabajó la “prevención de la conducta suicida” y en 2026 lo último que se ha hecho es una formación en “soporte vital básico”.

La última parte del informe detalla las formaciones “específicas” para “trabajar el autocontrol” dentro del currículum general. El consejero Zupiria y también el lehendakari, Imanol Pradales, apelaron a este concepto después de las cargas de Loiu, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se insiste en que “de manera constante” se trabaja en conceptos como la “proporcionalidad” en la respuesta. “Los instructores inciden en la resistencia a la provocación, la protección de los ciudadanos ajenos a los incidentes y el auxilio preventivo, asegurando la eficacia en el desarrollo de las actuaciones policiales”, se apunta.

Aquí se indica que en el curso de acceso a la unidad antidisturbios se enseñan “técnicas” para “detección de microexpresiones biológicas asociadas a emociones conflictivas latentes, alegría, arrogancia, asco, desprecio, ira, sorpresa y temor”, así como para la “identificación técnica de conductas corporales problemáticas”. El entrenamiento se hace “mediante análisis de fotografías de expresiones faciales, evaluación de vídeos reales de incidentes y dinámicas reales de simulación”.

En el “programa reglado de gestión del estrés y autocontrol”, que está “implementado desde 2022”, se incluye la importancia de detectar “indicadores de riesgo” tanto en uno mismo como en el resto de compañeros de la unidad, pero se mencionan también actividades de “respiración”, incluida la “respiración cuadrada, respiración 4-7-8 y respiración Nadi shodna”, el MABP, unas siglas que responden a “mindfulness aplicado al bienestar policial”, “ejercicios de relajación progresiva de Jacobson” y dos actividades cuestionadas por su rigor científico, la denominada PNL (programación neurolingüística) y la meditación en movimiento (chi kung, bioenergía chi). También se menciona la “meditación del guerrero” o “hiperfoco”.

Igualmente, en el módulo segundo del programa de prevención de riesgos psicosociales se trabajan las “dinámicas de funcionamiento del psiquismo”, con un “análisis de los antecedentes evolutivos de la personalidad y la maduración emocional”. Se hace una “explicación teórica de las estructuras psíquicas basadas en e modelo freudiano (ello o principio del placer, yo o principio de realidad y superyó o principio de la norma y la ley) y su impacto en la rigidez conductual del adulto”. Se trabajan, asimismo, “rodeos manipulativos” y se alude a conceptos como el “banco de niebla” o el “disco rayado”.

Una de las derivadas del crimen de la discoteca Mítika, en el que se investiga a un portero del local de ocio nocturno del centro comercial Dendaraba de Vitoria por golpear y matar a un cliente, el joven Kerman Villate, es el expediente administrativo abierto contra la empresa contratada por el establecimiento para los controles de acceso y seguridad, del grupo Le Basque. Ya era conocido que la filial de esta compañía presente en el local (Le Basque Services) no tenía habilitación, como tampoco la tenía el investigado por el homicidio. Pero nuevos datos apuntan ahora a que en la noche de autos, de febrero de 2025, llegó a estar trabajando como “coordinador” de ese operativo una persona ajena a la compañía y que le facturaba desde otra mercantil dedicada al “mantenimiento y reparación de toda clase de vehículos a motor”, según el Registro Mercantil.

La unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza requirió al director de Le Basque -un grupo que tiene otras actividades para eventos, desde seguridad hasta servicio de ambulancias- que aclarara el papel de ese “coordinador”. Y fue ahí cuando, por escrito, la empresa admitió que se operaba mediante una subcontrata. Este material ha sido incorporado hace unos días al sumario judicial del caso, que sigue abierto en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Las conclusiones de la Ertzaintza son claras y señalan que no solamente Le Basque Services no tenía autorización como empresa de seguridad, sino que desde luego tampoco estaba habilitada la compañía del sector automovilístico, llamada Basaldea 84. En todo caso, el propio portero subcontratado asumió, en su declaración, que él tenía la misión de “coordinar” al equipo de control en Mítika y manifestó que trabajaba “para una empresa de seguridad de nombre Le Basque Team” y que “por ser el más veterano” solía actuar como “responsable del dispositivo de seguridad”.

Desde Le Basque explican que son un grupo con diferentes ramas. Indican que la empresa contratada por Mítika era Le Basque Services y que en ningún caso hacían labores de seguridad, sino simplemente de control de accesos. Este tipo de trabajos, según exponen, no precisan de habilitación administrativa especial. Es su principal línea de defensa. Recuerdan las fuentes consultadas que Le Basque sí tiene otra filial de seguridad, llamada Le Basque Security, y que no sería para ellos un problema ofrecer ese servicio en caso de haber sido necesario.

Se da la circunstancia de que, según datos policiales, tanto Le Basque como los dos porteros, el investigado y el “coordinador” de seguridad, tienen abundantes antecedentes por agresiones. En su mayoría son de la propia Mítika, pero hay algunos otros casos en diferentes locales de ocio nocturno de Vitoria. Los precedentes rondan la veintena e incluyen “patadas”, “puñetazos” y otras agresiones. Aquí se pueden leer algunos de ellos.

Según la Ertzaintza, no hay dudas de que Mítika contrató un servicio de “seguridad” con una empresa no autorizada y que, a su vez, subcontrató parte del trabajo a otra mercantil que tampoco lo estaba. Se añade, asimismo, que el personal carecía de las habilitaciones que garanticen en su desempeño “los principios básicos de legalidad, integridad, dignidad” y “correción en el otrato con los ciudadanos”.

Las actuaciones tras el crimen de Mítika siguen dos vías. En la judicial, descartada ya la posibilidad de que el caso sea juzgado como “asesinato” a pesar del empeño de los abogados de la familia de la víctima, se apura la fase de instrucción. Formalmente, el plazo se ha terminado y la segunda responsable de la investigación, la magistrada Marta Escudero, no ha concedido ninguna prórroga adicional. Ahora se están recibiendo documentos ya solicitados previamente.

Por otro lado, en la vía administrativa el Departamento de Seguridad ha propuesto una sanción a la empresa gestora de Mítika (30.000 euros), a Le Basque (40.000 euros) y a cada uno de los porteros presentes en la noche de autos (6.001 euros) por las irregularidades detectadas. El propio consejero, Bingen Zupiria, agradeció la labor de la familia de Villate para destapar las irregularidades en el ocio nocturno. “Nos han hecho ver a todos que, efectivamente, hay una normativa que había que ajustar y endurecer”, señaló en Radio Vitoria. Le Basque, por el contrario, confía aún en que sus alegaciones sean atendidas pero, de lo contrario, adelantan que recurrirán a la vía contencioso-administrativa.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado al Parlamento Vasco un segundo parte con las lesiones sufridas por los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en las cargas del aeropuerto de Loiu, a finales de mayo, cuando llegaron activistas de la Global Summud Flotilla. EH Bildu, solicitante de la información sobre un polémico operativo que dio la vuelta al mundo, había presentado un recurso de amparo después de que, hace dos semanas, la respuesta a la pregunta sobre los agentes heridos se ventilara en unas pocas líneas. Ahora, la información facilitada es algo más amplia, pero Zupiria se niega a que vaya más allá porque uno de los activistas “perteneció a la organización terrorista ETA, de la que no consta arrepentimiento alguno ni petición de perdón por los actos terroristas cometidos, entre cuyas víctimas se encuentran también miembros de la Ertzaintza”.

Según Zupiria, facilitar toda la información médica a la Cámara no sería ni “proporcional”, ni “idóneo” ni “necesario”. Reprocha a EH Bildu que no concrete “la finalidad para la que se solicita la información” e incluso el “alcance que podría tener”. Por ello, se limita a facilitar, después de una larga exposición jurisprudencial, los datos que cree “razonables” y “suficientes”.

En relación a las lesiones de los agentes, si en un primer momento, a comienzos de julio, se indicó que los heridos en el dispositivo de Loiu fueron 14 -exactamente el doble que la primera información oficial-, que la gravedad de las lesiones fue “leve” y que ocho recibieron la baja laboral, ahora se añade que cinco tuvieron “lesiones superficiales”, otros cinco “lesiones múltiples”, tres “esguinces-torceduras” y uno “otro tipo de dislocaciones”. Nada más.

El consejero del PNV ya se escudó en ETA en su comparecencia en el Parlamento Vasco a los pocos días de los hechos. “En este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca. Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, manifestó ese día.

“La pregunta parlamentaria realizada por EH Bildu no justifica el uso de los datos de salud ni respeta el principio de proporcionalidad, ni los derechos fundamentales en juego. Es más, en legislaturas anteriores, tal y como traslada su parlamentario [Gorka Ortiz de Guinea], desde el Departamento de Seguridad se entregaron copia de dichos partes [médics], de los cuales se hizo un uso político indebido [...], toda vez que se publicitaron sin tener en cuenta la vulneración del derecho a la protección de datos personales”, abunda el consejero del PNV, sin concretar a qué episodio se refiere. Ortiz de Guinea es parlamentario desde 2023 y miembro de la comisión de Seguridad desde 2025.

Agrega el titular de Seguridad que “es conocido que una vez finalizado el operativo de Loiu aparecieron pintadas y fotografías de uno de los funcionarios de la Ertzaintza que formó parte” del despliegue. Fueron localizadas “no sólo en su domicilio, sino también en el centro de estudios de sus descendientes”. “¿Dónde queda la protección de este servidor público y de su familia? ¿Cuál es el interés público a velar? ¿Está relacionado con la salud pública?”, se pregunta Zupiria.

Agrega que “las lesiones que sufrieron los ertzainas en el operativo de Loiu fueron consecuencia de la necesidad del empleo de la fuerza pública para hacer frente a actos violentes”. Sostiene que “en algunos casos” hubo “ataques dirigidos personalmente” a los uniformados. “Estamos ante la única respuesta factibe ante una situación de violencia”, sentencia Zupiria sobre un asunto que sigue aún bajo investigación. Son al menos cuatro las causas abiertas, la judicial, la de Asuntos Internos -por partida doble-, la del Ararteko (Defensoría del Pueblo) y la de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca.

La Mesa del Parlamento ha dado por zanjada la cuestión con esta ampliación de información de Zupiria y estima que el recurso de Ortiz de Guinea de EH Bildu ya ha quedado obsoleto. El parlamentario abertzale había presentado un escrito recordando que el reglamento de la Cámara -que tiene rango de ley- concede a los electos derecho a solicitar información oficial al Gobierno.

La Ertzaintza, actualmente, no tiene jefe. Josu Bujanda, como anunció en junio, ya se ha jubilado y no ha sido designado su sustituto. Oficiosamente, desde esta semana el agente con el máximo rango es el anterior 'número dos', Alfonso Garaikoetxea, jefe de la división de Protección Ciudadana. Por encima, está también la directora, Victoria Landa, pero es un cargo de designación política y no policial.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado ya los requisitos para el puesto. Se trata de una libre designación, pero hay que formalizarlo con un informe de idoneidad. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser agente de la Ertzaintza, tener el rango de intendente, “disponibilidad absoluta” y un nivel de euskera de PL2, que es equivalente a C1 en el marco común europeo, según la web oficial de la Administración.

En la anterior ocasión, cuando Bujanda llegó al cargo en 2019, el puesto estuvo vacante durante siete meses. Fueron los que mediaron entre la dimisión de Jorge Aldekoa tras la sentencia judicial sobre el caso de la muerte en una carga de Íñigo Cabacas, ocurrida cuando él era comisario de Bilbao, y la nueva designación.

Ahora, el proceso está condicionado también porque quedó en suspenso un curso de ascenso al rango de intendente para comisarios y subcomisarios. Este martes, la academia de Arkaute acordó que a partir del 10 de septiembre se repetirá un ejercicio llamado “in basket”, porque se dio un tiempo de realización de dos horas que era insuficiente para los aspirantes que no tuvieran unas determinadas destrezas informáticas. Ahora se dará media hora adicional.

Fuentes internas explican que la resolución de este concurso, del que saldrán seis plazas entre catorce aspirantes, podría ser determinante no solamente para la elección de la jefatura policial sino para futuros nombramientos en la cúpula policial. Oficialmente, el Departamento de Seguridad no da ninguna pista de quién será el siguiente jefe de la Ertzaintza. Insiste en que, aunque la plaza esté “vacante”, no hay ningún vacío de poder.

Eso sí, el 'número dos' del cuerpo es el agente Garaikoetxea, también próximo a la edad de jubilación, ya que tiene 64 años. Es familiar del fallecido lehendakari Carlos Garaikoetxea. Hace dos años, este periódico recogió que durante sus vacaciones en Polonia llamó “gilipollas integral” a un creador de contenidos en redes sociales por estar grabando una detención.

La Ertzaintza podrá emitir informes en los procedimientos de expulsión de extranjeros que residan en Euskadi, una función hasta ahora reservada en exclusiva a la Policía Nacional. En una reunión de la junta de seguridad, el máximo órgano bilateral de cooperación policial entre los Gobiernos central y vasco, se ha refrendado el compromiso alcanzado por Pedro Sánchez con el lehendakari, Imanol Pradales, en una reunión que celebraron antes de Semana Santa.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, se ha felicitado que la Ertzaintza gane capacidades como “Policía integral” y, sobre los informes, se ha indicado en un comunicado que se emitirán en casos de “delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi”. El consejero, en su intervención hablada, ha añadido que se hará también para casos de “terrorismo”.

“Es la Policía Nacional quien se responsabilizaba hasta ahora. Es su competencia. Pero en muchísimos casos, por no decir en casi todos, es la Ertzaintza la que a pie de calle hace las investigaciones oportunas. Se trata de que esa información cuente en los informes que la Policía Nacional prepara para la posible expulsión de personas de origen extranjero que han cometido delitos”, ha abundado Zupiria a preguntas de los periodistas.

La junta de seguridad se ha reunido de forma telemática este miércoles con Zupiria y su equipo en Vitoria y con el ministro Fernando Grande-Marlaska al otro lado de una pantalla, en Madrid. Ha durado algo menos de una hora. El Gobierno vasco, según ha expuesto Zupiria, ha arrancado al Estado también dos modificaciones normativas, una del reglamento de armas blancas para “reforzar” su control -en el camino hacia la prohibición total- y otra de la ley de enjuiciamiento criminal -que en todo caso deberá pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría- para “mejorar la respuesta penal y procesal frente a supuestos de reiteración delictiva”. La lucha contra la “multirreincidencia” se ha convertido en una de las banderas del PNV en los últimos años.

La reunión ha dejado también otros acuerdos. Zupiria ha citado, por ejemplo, que la Ertzaintza tendrá una participación “estable” en foros españoles e internacionales de cooperación policial, incluido el SEPBLAC estatal de prevención del blanqueo de capitales, el Registro Central de Infracciones -donde figuran los “multirreincidentes”- o el SPOC, un punto de conexión con cuerpos policiales y aduaneros de otros países de la Unión Europea. Igualmente, Euskadi ganará capacidades en el control de drones y en servicios privados de seguridad privada y ciberseguridad.

Como algunos de los acuerdos no dependen exactamente de la voluntad de las partes, principalmente la reforma legal que tiene que pasar por el Congreso -“somos conscientes de las mayorías parlamentarias”-, se ha decidido celebrar una nueva reunión en seis meses, ya en 2027, para hacer “seguimiento” del “cumplimiento” de los compromisos. “Deberían estar todos cumplidos en ese tiempo”, ha indicado en euskera el titular de Seguridad. Zupiria, en todo caso, ha destacado el clima de “cooperación y acuerdo” entre los Gobiernos central y vasco en materia policial.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una segunda investigación en relación al operativo policial con motivo de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla al aeropuerto de Loiu, ocurrido en mayo. A la revisión de la actuación de los agentes desplegados, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que supusieron una lluvia de críticas de desproporcionalidad para la Policía vasca, se suma ahora un nuevo “procedimiento interno” para analizar una posible filtración de las grabaciones de las cámaras que portaban los ertzainas actuantes, las conocidas como 'bodycam'.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha adelantado este extremo en el Parlamento Vasco como respuesta a una batería de preguntas del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Según este parlamentario, a la luz de informaciones aparecidas en 'Gara' y en Radio Euskadi, se puede deducir que podría haberse difundido de un modo ilícito contenido grabado por esas cámaras, cuando los ertzainas tienen el deber de preservarlo.

En concreto, se refería a un comentario que también fue mencionado por el consejero Zupiria cuando dio explicaciones sobre este asunto en el Parlamento y que, supuestamente, daría a entender que la actuación de los activistas fue premeditada para provocar a la Policía. “Las imagénes que saldrán de aquí son mejores que mil comunicados. Muchas gracias. Un favor increíble. Si alargáis esta detención, excelente”, habría manifestado uno de los arrestados de la Global Summud Flotilla.

Según Zupiria, se busca ahora “aclarar si se ha podido producir algún comportamiento no ajustado a las instrucciones en vigor” con las 'bodycam'. La Ertzaintza dispone de un reglamento interno, la Instrucción 42, para gestionar este material incorporado en 2023. En abril trascendió que seis agentes habían sido expedientados por este motivo.

No obstante, el consejero de Seguridad insiste en que es conveniente no incurrir en acusaciones sin fundamento sobre la Ertzaintza porque generan un “relato” que “sólo alimenta el terreno de las 'fake news' y la desinformación”. “Considero que su único objetivo es desprestigiar al conjunto de la institución”, argumenta Zupiria, criticando duramente la iniciativa de EH Bildu.

Por otro lado, Zupiria concreta que finalmente fueron 14 los agentes heridos por el dispositivo de Loiu y que ocho de ellos estuvieron de baja. Eso sí, se precisa que la “gravedad de las lesiones” fue “leve”. El Tribunal de Instancia de Bilbao, la comisión de control y transparencia de la Policía vasca y el Ararteko también se encuentran investigando estos mismos hechos.

El mismo día en que se produjeron las controvertidas cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de los activistas de la Global Summud Flotilla, la Policía vasca intervino también en Vitoria en la previa del último partido de la temporada del Deportivo Alavés y, nuevamente, se produjeron quejas por la actuación policial. Hubo dos detenidos. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, insiste en una respuesta enviada al Parlamento Vasco en que la intervención estuvo plenamente justificada y recalca que el grupo de animación Iraultza 1921 es peligroso y que acumula, desde 2017, un largo historial de incidentes.

En respuesta escrita a una batería de preguntas de Gorka Ortiz de Guinea, portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, el consejero Zupiria indica que se tuvo conocimiento, desde días antes, de que iba a producirse un recibimiento al autobús del equipo en los prolegómenos del partido contra el Rayo Vallecano en un día que era, a la vez, para celebrar la permanencia en Primera División y el vigésimo quinto aniversario de la única final europea del club, la de Dortmund en 2001. Se valoró ya la “posibilidad” de que Iraultza 1921 utilizase bengalas y otros objetos “pirotécnicos” prohibidos, pero el Deportivo Alavés, por correo electrónico, informó de que como el recorrido del autobús por el paseo de Cervantes estaba “lleno de polen” no se iban a usar las bengalas porque suponían “un riesgo añadido de incendio”. Con todo, la Ertzaintza creyó oportuno sumar una dotación de Bomberos, por si acaso.

Asimismo, ya en el propio día del partido, un sábado por la tarde, la Policía consideró insuficiente el vallado instalado por el club, tanto por el espacio que cubría como por ser de plástico y fácilmente superable. “No ejercía de barrera suficiente para contener la invasión de la carretera por parte del público en el momento del paso de los vehículos policiales acompañando al autobús del equipo, motivo por el cual podría existir riesgo de atropello”, se expone. Además, se constató una “afluencia masiva” de personas en un paso muy estrecho para el autocar.

Así, la Ertzaintza terminó pidiendo al conductor que “ralentizase su llegada al estadio” porque “miembros de Iraultza 1921” se habían saltado el vallado e invadido la calzada “con bengalas y botes de humo”. Según Zupiria, la Policía pidió la mediación del club para intentar que se retiraran los aficionados pero eso solamente se produjo durante unos instantes. “Posteriormente, volvieron a invadir la calzada, haciendo caso omiso a las indicaciones del personal del club y las órdenes de los agentes de la Ertzaintza”, se insiste.

Y ahí comenzaron las cargas. “La Ertzaintza tuvo en cuenta que en el recibimiento al autobús del Deportivo Alavés se congregaban unas 500 personas, la mayoría padres y madres con niños y niñas en primera fila”, garantiza Zupiria. Eso sí, recalca que “desde 2017” Iraultza 1921 ha sido protagonista de infinidad de problemas. Cita, por ejemplo, “peleas” en partidos en Vitoria con Real Zaragoza, Real Betis Balompié, Elche CF, RCD Espanyol o FC Barcelona. En general, “en cada encuentro que el Deportivo Alavés juega contra un equipo con afición de ideología contraria a la de Iraultza 1921, la Ertzaintza debe establecer un dispositivo policial sobredimensionado al habitual en previsión de posibles agresiones y desórdenes en el ámbito público”. No es, ni mucho menos, el primer mensaje de Zupiria señalando a los ultras del Deportivo Alavés. Lo hizo ya a finales de mayo, después del partido contra el Rayo Vallecano, pero también en marzo, cuando hizo extensiva la reflexión a Herri Norte Taldea, vinculado al Athletic Club.

Una grúa ha procedido en la mañana de este viernes a retirar el helicóptero de la Ertzaintza accidentado el miércoles cuando participaba en el operativo de extinción del incendio forestal de la localidad de Galarreta, en Álava. Un vídeo difundido en redes sociales muestra a una grúa desplazada a Zalduondo, donde aterrizó el aparato, elevándolo del suelo para cargarlo en un vehículo.

Los cuatro ocupantes del aparato resultaron ilesos. Es del modelo Eurocopter H135, matrícula EC-OPI y el más nuevo de la flota. Fabricado por la alemana Airbus, se incorporó en julio de 2025, en un esfuerzo del Gobierno vasco por “seguir reforzando la seguridad integral en Euskadi”. El lehendakari, Imanol Pradales, participó en su vuelo inaugural, acompañado de consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Según las primeras informaciones oficiales, el aparato sufrió este miércoles una “avería” y se vio obligado a acometer un “aterrizaje de emergencia”. Habría succionado un objeto y este le habría hecho empezar a “girar” perdiendo el control.

El incendio de Galarreta —originado por la caída de un rayo el viernes, reavivado en la madrugada del martes y agravado por el viento y las elevadas temperaturas del miércoles— se dio por controlado este jueves. Las estimaciones, en un primer balance, apuntan a una superficie quemada de 100 hectáreas, en un terreno que es sobre todo de pinares.

En el lugar han estado trabajando dotaciones llegadas desde diversos parques de Álava (Campezo, Espejo, Nanclares de la Oca y Salvatierra-Agurain), efectivos desplegados desde Vitoria y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico llegada desde Soria, entre otros. Sobre el terreno había al menos una cincuentena de bomberos, así como hasta seis helicópteros, según indicó desde el puesto de mando establecido en la cercana localidad de Arriola el diputado general de Álava, Ramiro González.

La Ertzaintza registró en 2025 193 incidentes de odio, frente a los 236 de 2024. Es un descenso del 18% que, sin embargo, ha de interpretarse con cautela, dado que una parte importante de este tipo de incidentes no llegan a denunciarse, según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', que indica que los incidentes por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos, al representar el 56% del total.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presentado el informe este miércoles en el Parlamento Vasco. Está elaborado con la colaboración de la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, dirigida por Jon Mirena Landa. Ya hay datos de diez años en este observatorio.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Ertzaintza registró 193 incidentes de odio potencialmente delictivos en Euskadi, un 18% menos respecto a 2024, cuando se registraron 236. Se trata del tercer año consecutivo de reducción tras el máximo alcanzado en 2022, con 435 incidentes.

No obstante, según recoge el propio estudio, estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la estadística policial refleja únicamente los hechos que llegan a conocimiento de la Ertzaintza. Los autores del informe advierten, por lo tanto, de la relevancia de la denominada 'cifra negra'; es decir, los incidentes que no se denuncian o que no llegan a registrarse como delitos de odio. Por ello, la evolución descendente de los registros no permite concluir, por sí sola, que el fenómeno haya disminuido en la misma proporción.

Según el informe presentado en el Parlamento, entre los factores que contribuyen a la infradenuncia destacan la situación administrativa irregular de muchas víctimas, la falta de recursos económicos o conocimiento del procedimiento, la normalización de la cultura de la violencia, la baja confianza en el sistema judicial y policial, así como el miedo a represalias por parte de los agresores o incluso de las propias autoridades.

Los delitos de carácter racista o xenófobo, en la línea de años precedentes, siguen concentrando la mayor parte de los delitos de odio registrados. Durante el 2025 fueron 108 casos, el 56% del total, con una bajada del 6% con respecto al año anterior. En segundo lugar se sitúan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual, con 40 casos, el 21% del total. Les siguen los vinculados a ideología u orientación política, con 18 casos, el 9%. El informe recoge también 9 incidentes por discapacidad, 7 por creencias o prácticas religiosas, 4 por físico o apariencia, 2 por género, 2 por enfermedad, 1 por antisemitismo y 1 por aporofobia.

El documento destaca, asimismo, la existencia de siete casos de motivación múltiple, en los que concurren varias características protegidas. La mayoría de estos supuestos (4) combinan racismo o xenofobia con orientación o identidad sexual. En cuanto a la tipología delictiva de los delitos de odio registrados el pasado año en Euskadi, el informe constata que las lesiones y amenazas concentran más de la mitad de los incidentes registrados.

Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registran 85 incidentes cada una, el 44% del total en ambos casos. Álava contabiliza 23 incidentes, el 12%. Esta distribución rompe el patrón de los últimos años, en los que Bizkaia concentraba de forma más destacada el mayor número de registros. Respecto a los municipios siguen destacando las capitales y los municipios con mayor concentración de población. Donostia registra 35 incidentes, el 18% del total; Bilbao, 29, el 15%; Irún, 19, el 10%; y Vitoria 18, el 9%. También aparecen Barakaldo y Portugalete, con 7 incidentes cada uno, y Hernani y Getxo, con 4 cada uno.

En relación con el lugar de comisión, la vía pública es el espacio en el que más delitos de odio se producen, el 45% del total. Le siguen los centros docentes, con el 11%, los domicilios con el 9% y los establecimientos hosteleros, también con el 9%. Los incidentes cometidos a través del ciberespacio o por vía telefónica representan el 4%. Según recoge el 'Informe de Incidentes de Odio en Euskadi 2025', casi la mitad de los incidentes se producen entre el viernes y el domingo, y el 75% entre la tarde y la noche.

El informe recoge en 2025 un total de 284 personas investigadas en relación con incidentes de odio. La mayoría son hombres, el 78%, y la media de edad de las personas investigadas se sitúa en 32 años. 76 de las personas investigadas son menores de edad. En cuanto al origen, 182 personas investigadas son de nacionalidad española, el 64%, y el 19% son de origen extranjero. Durante 2025 se produjeron 9 detenciones, menos de la mitad que en 2024, cuando se contabilizaron 25. En lo que se refiere a las víctimas, el informe registra 225 victimizaciones, lo que supone un descenso del 17% respecto al año anterior. El 55% de las víctimas son de origen extranjero. Por edad, destacan las personas de entre 18 y 29 años, aunque el rango de edad abarca desde los 8 hasta los 82 años. El 57% de las víctimas son hombres.

En su intervención, el director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, Jon Mirena Landa, se ha referido a la memoria que en torno a esta misma cuestión realiza la Fiscalía, unos estudios sobre los que ha lamentando su “pobreza” de datos. En este sentido, ha indicado que en el ministerio público existe voluntad de mejora en lo que se refiere a estos informes, pero que esa intención choca con los importantes “déficits estructurales” que padece la institución.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, la Ertzaintza ha detenido a un joven de 19 años por un delito de atentado, al agredir a uno de los agentes que habían acudido en apoyo de la Policía Local al entorno festivo del municipio de Etxebarri, en Bizkaia. Los agentes de la Ertzaintza se han desplazado al recinto festivo en apoyo de los agentes locales, que estaban siendo acorralados y agredidos por una multitud de personas, y han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal por parte de un centenar de personas, según informa Europa Press de fuentes policiales.

En el marco de las fiestas de San Antonio, sobre las cuatro de la madrugada, la Ertzaintza ha sido requerida para que acudiera al barrio de Kukullaga, debido a que la Policía Local solicitaba apoyo urgente dado que, tras realizar la detención de un joven por un delito de atentado a agente de la autoridad en el recinto festivo, estaban siendo agredidos por una multitud de personas. A continuación, varias patrullas adscritas a la comisaría de Ibaizabal que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana se han personado en el lugar. Los agentes de la Ertzaintza han realizado un cordón policial debido a que una multitud estaba tratando de agredir a los miembros de la Policía Local que se encontraban en el lugar.

El hermano del acusado ha intentado evitar el traslado del arrestado, increpando y golpeando el coche de la Policía Local. Uno de los agentes locales ha salido del vehículo policial y ha sido acorralado por otro grupo de personas en actitud agresiva, por lo que ha sido necesaria la intervención de las patrullas de la Ertzaintza. Sin mediar previo aviso, el hermano del detenido ha empujado y agredido en el rostro a uno de los agentes de la Ertzaintza. Por este motivo, este joven, de 19 años, ha sido detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

A continuación, un grupo de alrededor de cien personas que se encontraban en el recinto festivo han comenzado a lanzar botellas de cristal contra los agentes presentes en el lugar. Como consecuencia de esto, un agente de la Ertzaintza ha resultado herido tras sufrir un botellazo en la cabeza y ha sido trasladado al hospital para ser atendido. Ante el cariz de los desórdenes, se han desplegado en el lugar varias patrullas de la Brigada Móvil (antidisturbios) que han permitido a la Ertzaintza controlar y normalizar la situación en el recinto festivo sobre las seis de la mañana. Los arrestados están en libertad con cargos.

En un comunciado, el equipo del consejero Bingen Zupiria ha condenado y denunciado que las actuaciones para mantener el orden y la convivencia encuentren la oposición de algunos ciudadanos. El Departamento de Seguridad ha trasladado su apoyo al agente herido, así como a los agentes de la Policía Local de Etxebarri y de la Ertzaintza que se han ocupado de restablecer el orden y la convivencia.

La principal centra de la Ertzaintza, Euspel, ha denunciado en X lo ocurrido: “No podemos tolerar que el inicio de las fiestas se convierta en un escenario de violencia contra quienes nos protegen. El descontrol y las agresiones a la policía no son diversión, son delitos. Todo nuestro apoyo a nuestros compañeros”. El sindicato Esan, de su lado, ha considerado “intolerable” lo ocurrido y ha exigido a las instituciones y a los representantes políticos una condena de las agresiones a los policías “pública, clara y sin matices”. Erne, finalmente, cree que la Policía no debería “pagar la ronda de las luchas internas entre EH Bildu, Ernai y GKS por ver quién es más irresponsable”.

El Gobierno vasco ha adquirido por la modalidad de 'renting' 22 nuevos coches oficiales de la marca BMW, a un coste medio de 1.833,6 euros mensuales por vehículo. Ya están entrando en servicio estos días. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado que el nuevo contrato comporta un ahorro frente a los 2.173,37 euros mensuales del lote anterior, de 19 unidades finalmente tras la adquisición de nuevas berlinas en 2024 por la ampliación del gabinete con respecto a la etapa de Iñigo Urkullu. Se da la circunstancia de que, además, el lehendakari, Imanol Pradales, comunicó después de resuelta la licitación que deseaba seguir usando su Lexus matriculado en 2020, que tiene 153.000 kilómetros pero que “continúa respondiendo adecuadamente”.

En la sesión de control al Gobierno, con Pradales ausente por estar regresando de su viaje a Canarias para acompañar al papa de la Iglesia católica y seguir su agenda después en Mercedes-Benz, el consejero Zupiria ha dado al PP las explicaciones que requería sobre la nueva contratación de berlinas de representación. Ainhoa Domaica ha sido muy crítica particularmente por el hecho de que solamente 'a posteriori' de tener comprometidos los BMW se decidiera conservar el Lexus. El consejero de Seguridad ha replicado que son coches cuyas características se deciden desde la Ertzaintza y no por parte de los usuarios. En Euskadi llevan ese tipo de servicio de escolta el lehendakari, los miembros del Gobierno y unas muy pocas autoridades más, como la presidenta del Parlamento Vasco, el viceconsejero de Seguridad y los líderes de algunos partidos.

Según 'El Correo', el proveedor de los coches nuevos es Automóviles Oviedo. Este concesionario asturiano de BMW ya ha ganado otros muchos contratos recientemente en Euskadi y, de hecho, las patrullas de la Ertzaintza y de muchos cuerpos locales son ya de esa automovilística bávara. En 2025 trascendió un informe interno que alertaba de posibles irregularidades en la compra de los BMW de la Ertzaintza, que tuvieron un coste del entorno de los 70.000 euros. Ahora, según ha indicado Zupiria, se han valorado varias ofertas y se ha escogido la mejor, y ha insistido en que el nuevo servicio ofrece más coches por menos dinero cada mes, de 41.294,16 a 40.339,24 euros.

Eso sí, a ello habrá que añadir el proceso de compra en propiedad del Lexus que desea mantener Pradales. Paradójicamente, aunque se ha dicho públicamente cómo se va a proceder, se realizará mediante un “procedimiento negociado sin publicidad”. Se justifica la necesidad de seguir con ese coche por la “continuidad de determinados sistemas tecnológicos y de seguridad integrados” que lo hacen valioso para ser la berlina del lehendakari. Hasta que se resuelva la compra y como ya se había acabado el 'renting' anterior, se está abonando unos 1.500 euros mensuales para “garantizar la continuidad operativa”. Los nuevos BMW están entrando ya en servicio en los últimos días, como se vio el martes en un acto en Ajuria Enea.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha informado en el Parlamento Vasco de que la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza analizará todos los casos de “engrilletamientos” de personas no detenidas que puedan practicar los agentes del cuerpo. Zupiria, en una respuesta a una pregunta de la representante del PP Ainhoa Domaica, reconoce que existen “dudas” sobre esa práctica que se realiza por motivos de “seguridad”.

La controversia surgió en la comisaría de Tolosa, en Gipuzkoa. El 22 de abril se informó a “todo el personal” de ese centro de que estaban obligados a comunicar a Asuntos Internos esos “engrilletamientos”. “La jefatura de la 'ertzain-etxea' de Oria (Tolosa) tuvo conocimiento de alguna actuación en la que agentes de la unidad procedían a engrilletar a alguna persona que no se encontraba detenida, por unas presuntas cuestiones de seguridad. Se dio traslado oralmente al personal de la unidad sobre las dudas que suscitaban ese tipo de prácticas, con el fin de evitar posibles disfunciones de carácter legal o disciplinario. Con posterioridad y en coincidencia con la incorporación de nuevo personal, se entendió recomendable la elaboración de una comunicación escrita”, expone el consejero de Seguridad.

La Ertzaintza, como tal, no tiene una instrucción específica sobre esto, pero sí sobre el trato de personas con “enfermedades psíquicas” o sobre “identificaciones y registros corporales” que hacen referencia a los protocolos para arrestos. Zupiria admite que “realizará una valoración” sobre si es necesario hacer un documento específico para todas las comisarías a la luz de los acontecimientos. De hecho, menciona que en Tolosa ha habido reuniones con los sindicatos Euspel, Esan, Erne y Ekos y que “todos ellos” coincidieron en la necesidad de una “regulación clara y uniforme”.

Se da la circunstancia de que una de esas centrales, Ekos, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que mencionaba que el máximo jefe de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza, Alfonso Garaikoetxea, había trasladado un escrito que “amparaba” esos “engrilletamientos” en caso de “necesidad”. “Esta diligencia es perfectamente legal”, argumentaba el portavoz sindical.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, insiste en que la Ertzaintza “está preparada a nivel técnico y operativo para efectuar con éxito cualquier tipo de investigación de ciberdelitos”. Responde así, en el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu por una operación en que se eligió como Policía judicial a la Guardia Civil. La formación abertzale lleva ya meses insistiendo en la necesidad de dotar adecuadamente al cuerpo para poder responder a una creciente realidad. Recientemente, ha trascendido que, por ejemplo, las cuentas en redes sociales de dos miembros del Gobierno han sido 'hackeadas', las de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y las del consejero de Vivienda, Denis Itxaso.

Sobre el caso concreto —un registro de la Guardia Civil en Vitoria por orden del Tribunal de Instancia de Getxo por una estafa de unos 416.000 euros en criptoactivos—, Zupiria indica que “no se tuvo conocimiento de la denuncia”, como tampoco de la investigación posterior. Preguntado por si la competencia debería haber sido de la Ertzaintza, Zupiria no se moja. En Euskadi, las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden operar en investigaciones de ámbito superior al autonómico o con ramificaciones internacionales. De lo contrario, el resto de asuntos deberían ser dirigidos exclusivamente por la Policía vasca.

El consejero señala, en todo caso, que existe una “coordinación fluida” con el resto de cuerpos en el marco del CITCO, que es un foro de ámbito estatal para compartir información sobre terrorismo, crimen organizado y otras grandes causas. Igualmente, Zupiria señala que la Ertzaintza opera en “colaboración con Europol e Interpol”, lo que “es esencial en casos transfonterizos”. Eso permite, por ejemplo, el “acceso a redes internacionales de expertos”. “Esta alianza policial resulta fundamental no sólo para la resolución efectiva de los casos sino también para la prevención mediante el análisis de patrones globales”, asegura.

Los últimos datos apuntan a que la unidad especializada contra la ciberdelincuencia de la Ertzaintza tiene una dotación de 26 efectivos. Con un subcomisario al frente, hay dos oficiales, tres suboficiales, cuatro cabos o agentes primeros y 16 ertzainas rasos. Adicionalmente, existe una entidad externa llamada Cyberzaintza.

“Sólo 26 ertzainas para investigar 28.000 delitos; es obvio que no son suficientes”, dijo EH Bildu en el Parlamento Vasco, donde promovió una moción para reforzar esos equipos. El Gobierno matiza que, además de ese grupo especializado, todas las comisarías y equipos de investigación dan cobertura a estos casos. Como ejemplo, Zupiria cita que la unidad central emite “informes técnicos de trazabilidad de criptomonedas” cuando la “complejidad” de un asunto “sobrepasa los conocimientos” del personal de las comisarías. En 2025 la Ertzaintza conoció 541 denuncias relacionadas con esta materia.

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha anunciado este domingo que abandonará el cargo tras ocho al frente de la jefatura de la Policía vasca y 43 en el cuerpo. Bujanda ha hecho pública la noticia en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, durante el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial y de homenaje a agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA, al que han asistido el lehendakari, Imanol Pradales; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

El todavía jefe de la Ertzaintza ha afirmado que abandona el cargo “con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible y con algunos fallos”. “Como todos los que somos de carne y hueso”, ha añadido. “Me voy con la conciencia tranquila, porque otro de los principios y valores que tenemos (en la Ertzaintza) es el trabajo en equipo, y yo me he sentido arropado, con gente cercana que me ha ayudado en los malos momentos”, ha manifestado, según recoge Europa Press.

El lehendakari ha aprovechado la ocasión para elogiar “la trayectoria, el compromiso y el servicio a Euskadi” de Bujanda. “¡Enhorabuena, Josu, y gracias por todo tu trabajo a lo largo de los años!”, ha escrito.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano externo que revisa los dispositivos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha iniciado ya su investigación sobre las cargas acontecidas en el aeropuerto de Loiu, el que da servicio a Bilbao, durante la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla. Este organismo, presidido desde este año por Enrique Lucas, exvocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, ha realizado una batería de solicitudes al Gobierno vasco, incluida una copia de los informes emitidos, todas las grabaciones de vídeo, las posibles imágenes tomadas por los agentes actuantes por medio de sus 'bodycam' y las comunicaciones por radio.

El expediente 5/2026 de la comisión arranca con una breve descripción de los hechos realizada por el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la misma tarde del sábado en que se produjeron las cargas. Zupiria explica que en Loiu se celebró “una concentración no comunicada” para recibir a los activistas y “conformaba por unas 30 personas que ostentaban banderas palestinas”. Añade que “derivada de la misma, se han producido incidentes de orden público que han hecho necesaria la intervención directa de agentes de la Ertzaintza”. Prosigue explicando que, “resultado de los altercados se ha procedido a la detención de cuatro personas por delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave”. Igualmente, se incoaron sanciones administrativas en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'.

Según ha trasladado Zupiria a esta comisión, “de manera inmediata” se dio la orden a Asuntos Internos de abrir una investigación interna. Las imágenes de la actuación de la Ertzaintza dieron la vuelta al mundo y, de hecho, recientemente ha trascendido que Global Sumud Flotilla se ha querellado contra Zupiria y contra la Policía vasca. Denuncian que tras haber sufrido represalias en Israel recibieron una paliza a su llegada a casa. El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, también ha abierto su propio expediente.

La comisión, que ha visto modificada su composición este 2026 después de unos últimos años con el exmagistrado Juan Luis Ibarra al frente, caracterizados por un tono crítico, incoó el expediente el 25 de mayo, dos días después de las cargas y antes incluso que Zupiria diera las primeras explicaciones en el parlamento. El acuerdo de admisión a trámite incluye una solicitud del “plan operativo aprobado para el evento”, las posibles denuncias por la actuación policial de las que se tenga conocimiento, el expediente de Asuntos Internos, el atestado policial de Loiu y, desde luego, las comunicaciones por radio y las grabaciones en vídeo, tanto propias como del sistema de seguridad de Aena.

Este organismo no tiene un plazo predefinido para emitir su dictamen. De hecho, aún tiene pendientes casos de 2024 como la carga en el exterior del estadio de Anoeta de la que salió con lesiones en la cabeza Amaya Zabarte, que ha visto cómo se archivaba en los juzgados la causa contra agentes de la Ertzaintza al entender que no está acreditado que recibiera en el cráneo el impacto de un proyectil de 'foam', como ella sostiene. Recientemente, en abril, se han incoado otros dos expedientes. Uno es por un detenido en la comisaría de la Ertzaintza en Eibar que acabó en el hospital -Zupiria explicó en el Parlamento que las grabaciones permiten concluir que no fue por responsabilidad policial- y otro por una actuación de la Policía de Barakaldo en la que “una persona esgrimió un arma blanca cuando iba a ser detenida [...] resultando herida por un disparo con arma de fuego” de uno de los uniformados intervinientes.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Las instituciones vascas trabajan en la búsqueda de un sistema que permita mejorar los avisos a la ciudadanía sobre situaciones que, pese a no tener impacto en la salud o el medio ambiente, pueden generar preocupación social. Es el caso de episodios de malos olores o llamas “mayores” en las chimeneas de la refinería de Petronor en Muskiz, según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Zupiria ha comparecido esta semana en el Parlamento Vasco para informar, a petición de EH Bildu, sobre las medidas que tiene previsto adoptar ante las fugas de benceno y otros incidentes registrados en los últimos meses en Petronor. El titular de Seguridad ha explicado que el Gobierno, así como las diputaciones forales y los ayuntamientos de la zona, han coincidido en la necesidad de “darle una vuelta” a la política de comunicación en torno a las situaciones en las que, pese a no tratarse de fugas o emisiones contaminantes peligrosas, puedan producir una cierta preocupación entre la población, informa Europa Press.

En el caso de Petronor, ha explicado que este tipo de situaciones son operaciones de la refinería que puedan causar olores o llamas “mayores” en sus chimeneas “que no tengan otra consecuencia” más allá de la inquietud que pueden generar en los ciudadanos si no están avisados previamente de ellos. “Igual esto habría que publicarlo y comunicarlo de forma adecuada a través de alguna nota”, ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que los Departamentos de Salud, Medio Ambiente y Seguridad ya empezaron a trabajar en esta cuestión desde el pasado mes de marzo, y que se han mantenido reuniones con los ayuntamientos de la zona de Muskiz. En esos encuentros -ha añadido- se analizaron las actuaciones que se llevaron a cabo el día de la fuga de benzeno “para ver si se podían mejorar”. Además, se ha creado un grupo de trabajo y se ha elaborado un diagnóstico con los departamentos de Salud y Medio Ambiente y con el área de Protección Civil.

El consejero ha indicado que “la propia empresa es consciente de esta situación y ha aprobado algunas medidas para mejorar la comunicación” sobre ciertos eventos que “aunque no afecten de forma especial al medio ambiente” generen ruidos, olores y llamas. De esa forma, ha explicado que el Gobierno “ha analizado la situación y va a revisar todos los procedimientos que sean necesarios para ver en qué se puede mejorar”. Asimismo, ha reconocido la necesidad de “reforzar los mecanismos de vigilancia”.

La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza (conocida por las siglas UDE) ha celebrado este sábado por un acto conmemorativo de su cuadragésimo aniversario, en el que han estado presentes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la directora del cuerpo, Victoria Landa, el jefe policial, Josu Bujanda, así como otros mandos. Este grupo tiene su base en Iurreta.

En el transcurso de la jornada, los asistentes han podido contemplar el simulacro de una intervención de los desactivadores y de guías de la unidad canina con perros especialistas, neutralizando un objeto sospechoso en el maletero de un vehículo. En el lugar también se ha expuesto al público asistente la estación de descontaminación de sustancias o artefactos de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química (NRBQ), informa Europa Press.

La Unidad de Desactivación de Explosivos dio inicio a su actividad de forma operativa en el año 1986 después del proceso de formación y prácticas de los primeros especialistas que conformaron el grupo. Desde los primeros años afrontó un contexto complicado marcado por la amenaza de ETA y por la necesidad de dotar a la Ertzaintza de capacidades propias en materia de neutralización de artefactos explosivos, ha recordado. En 1989, el primer jefe de la unidad, Luis Hortelano García, fue asesinado en el barrio bilbaíno de Zorroza, junto a dos Tedax de la Policía Nacional, cuando trabajaban en la desactivación de un artefacto colocado por miembros de ETA en un taxi e hizo explosión un mecanismo trampa.

En la actualidad, parte de la actividad de la unidad está relacionada con la neutralización de artefactos y proyectiles militares, en su mayoría de la Guerra Civil, algunos de ellos todavía activos pese a haber estado enterrados durante décadas y que pueden aparecer en lugares insospechados. El objetivo es evitar riesgos y salvaguardar en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha acusado al grupo de animación del Deportivo Alavés, Iraultza 1921, de “convertir cada una de sus actuaciones en el estadio en un problema para el club”, así como en “un problema de orden público”. Se refería a una actuación policial del pasado sábado, horas después de los sucesos de Loiu, en la que se emplearon botes de humo y bengalas “prohibidas” durante el recibimiento al equipo antes del último partido de liga celebrado en Mendizorroza.

Según el consejero de Seguridad, existe “un problema en el fútbol” y ha puesto sobre la mesa que el comité antiviolencia tiene catalogado a Iraultza 1921 como “una organización que incumple la Ley Antiviolencia”. Respecto a los incidentes en el recibimiento al equipo, que acabaron con una carga policial y dos detenidos, ha explicado que responsables de la Ertzaintza y de seguridad del club acordaron en una reunión previa que “está estrictamente prohibido el uso de tubos de humo y bengalas en espacios que no cumplan determinados requisitos”, informa Europa Press.

Asimismo, ha expuesto que la Ertzaintza advirtió también de que había “un alto riesgo de incendios”, debido a la temperatura y la existencia abundante de polen en el lugar. “Como siempre, hubo gente que se sintió incómoda por la presencia policial y hubo gente, poca, perteneciente al grupo Iraultza 1921, que incumplió lo acordado, con bengalas y botes de humo, y se saltó los cordones de seguridad”, ha manifestado. Ante este incumplimiento, ha justificado que los agentes de la Ertzaintza tuvieron que “reforzar su presencia y actuar”, además de proceder a detener a dos personas. “Éstos son los hechos principales que se han visto sometidos a múltiples comentarios, críticas y tergiversaciones”, ha defendido. “La Ertzaintza montó un dispositivo acordado con el club, para que las familias pudieran ir tranquilamente acompañadas de sus hijos e hijas a disfrutar del ambiente. Y los de siempre crearon una situación ante la que la Ertzaintza tuvo que reforzar su presencia y actuar”, ha argumentado.