El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha anunciado este domingo que abandonará el cargo tras ocho al frente de la jefatura de la Policía vasca y 43 en el cuerpo. Bujanda ha hecho pública la noticia en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, durante el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial y de homenaje a agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA, al que han asistido el lehendakari, Imanol Pradales; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

El todavía jefe de la Ertzaintza ha afirmado que abandona el cargo “con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible y con algunos fallos”. “Como todos los que somos de carne y hueso”, ha añadido. “Me voy con la conciencia tranquila, porque otro de los principios y valores que tenemos (en la Ertzaintza) es el trabajo en equipo, y yo me he sentido arropado, con gente cercana que me ha ayudado en los malos momentos”, ha manifestado, según recoge Europa Press.

El lehendakari ha aprovechado la ocasión para elogiar “la trayectoria, el compromiso y el servicio a Euskadi” de Bujanda. “¡Enhorabuena, Josu, y gracias por todo tu trabajo a lo largo de los años!”, ha escrito.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano externo que revisa los dispositivos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha iniciado ya su investigación sobre las cargas acontecidas en el aeropuerto de Loiu, el que da servicio a Bilbo, durante la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla. Este organismo, presidido desde este año por Enrique Lucas, exvocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, ha realizado una batería de solicitudes al Gobierno vasco, incluida una copia de los informes emitidos, todas las grabaciones de vídeo, las posibles imágenes tomadas por los agentes actuantes por medio de sus 'bodycam' y las comunicaciones por radio.

El expediente 5/2026 de la comisión arranca con una breve descripción de los hechos realizada por el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la misma tarde del sábado en que se produjeron las cargas. Zupiria explica que en Loiu se celebró “una concentración no comunicada” para recibir a los activistas y “conformaba por unas 30 personas que ostentaban banderas palestinas”. Añade que “derivada de la misma, se han producido incidentes de orden público que han hecho necesaria la intervención directa de agentes de la Ertzaintza”. Prosigue explicando que, “resultado de los altercados se ha procedido a la detención de cuatro personas por delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave”. Igualmente, se incoaron sanciones administrativas en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'.

Según ha trasladado Zupiria a esta comisión, “de manera inmediata” se dio la orden a Asuntos Internos de abrir una investigación interna. Las imágenes de la actuación de la Ertzaintza dieron la vuelta al mundo y, de hecho, recientemente ha trascendido que Global Sumud Flotilla se ha querellado contra Zupiria y contra la Policía vasca. Denuncian que tras haber sufrido represalias en Israel recibieron una paliza a su llegada a casa. El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, también ha abierto su propio expediente.

La comisión, que ha visto modificada su composición este 2026 después de unos últimos años con el exmagistrado Juan Luis Ibarra al frente, caracterizados por un tono crítico, incoó el expediente el 25 de mayo, dos días después de las cargas y antes incluso que Zupiria diera las primeras explicaciones en el parlamento. El acuerdo de admisión a trámite incluye una solicitud del “plan operativo aprobado para el evento”, las posibles denuncias por la actuación policial de las que se tenga conocimiento, el expediente de Asuntos Internos, el atestado policial de Loiu y, desde luego, las comunicaciones por radio y las grabaciones en vídeo, tanto propias como del sistema de seguridad de Aena.

Este organismo no tiene un plazo predefinido para emitir su dictamen. De hecho, aún tiene pendientes casos de 2024 como la carga en el exterior del estadio de Anoeta de la que salió con lesiones en la cabeza Amaya Zabarte, que ha visto cómo se archivaba en los juzgados la causa contra agentes de la Ertzaintza al entender que no está acreditado que recibiera en el cráneo el impacto de un proyectil de 'foam', como ella sostiene. Recientemente, en abril, se han incoado otros dos expedientes. Uno es por un detenido en la comisaría de la Ertzaintza en Eibar que acabó en el hospital -Zupiria explicó en el Parlamento que las grabaciones permiten concluir que no fue por responsabilidad policial- y otro por una actuación de la Policía de Barakaldo en la que “una persona esgrimió un arma blanca cuando iba a ser detenida [...] resultando herida por un disparo con arma de fuego” de uno de los uniformados intervinientes.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Las instituciones vascas trabajan en la búsqueda de un sistema que permita mejorar los avisos a la ciudadanía sobre situaciones que, pese a no tener impacto en la salud o el medio ambiente, pueden generar preocupación social. Es el caso de episodios de malos olores o llamas “mayores” en las chimeneas de la refinería de Petronor en Muskiz, según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Zupiria ha comparecido esta semana en el Parlamento Vasco para informar, a petición de EH Bildu, sobre las medidas que tiene previsto adoptar ante las fugas de benceno y otros incidentes registrados en los últimos meses en Petronor. El titular de Seguridad ha explicado que el Gobierno, así como las diputaciones forales y los ayuntamientos de la zona, han coincidido en la necesidad de “darle una vuelta” a la política de comunicación en torno a las situaciones en las que, pese a no tratarse de fugas o emisiones contaminantes peligrosas, puedan producir una cierta preocupación entre la población, informa Europa Press.

En el caso de Petronor, ha explicado que este tipo de situaciones son operaciones de la refinería que puedan causar olores o llamas “mayores” en sus chimeneas “que no tengan otra consecuencia” más allá de la inquietud que pueden generar en los ciudadanos si no están avisados previamente de ellos. “Igual esto habría que publicarlo y comunicarlo de forma adecuada a través de alguna nota”, ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que los Departamentos de Salud, Medio Ambiente y Seguridad ya empezaron a trabajar en esta cuestión desde el pasado mes de marzo, y que se han mantenido reuniones con los ayuntamientos de la zona de Muskiz. En esos encuentros -ha añadido- se analizaron las actuaciones que se llevaron a cabo el día de la fuga de benzeno “para ver si se podían mejorar”. Además, se ha creado un grupo de trabajo y se ha elaborado un diagnóstico con los departamentos de Salud y Medio Ambiente y con el área de Protección Civil.

El consejero ha indicado que “la propia empresa es consciente de esta situación y ha aprobado algunas medidas para mejorar la comunicación” sobre ciertos eventos que “aunque no afecten de forma especial al medio ambiente” generen ruidos, olores y llamas. De esa forma, ha explicado que el Gobierno “ha analizado la situación y va a revisar todos los procedimientos que sean necesarios para ver en qué se puede mejorar”. Asimismo, ha reconocido la necesidad de “reforzar los mecanismos de vigilancia”.

La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza (conocida por las siglas UDE) ha celebrado este sábado por un acto conmemorativo de su cuadragésimo aniversario, en el que han estado presentes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la directora del cuerpo, Victoria Landa, el jefe policial, Josu Bujanda, así como otros mandos. Este grupo tiene su base en Iurreta.

En el transcurso de la jornada, los asistentes han podido contemplar el simulacro de una intervención de los desactivadores y de guías de la unidad canina con perros especialistas, neutralizando un objeto sospechoso en el maletero de un vehículo. En el lugar también se ha expuesto al público asistente la estación de descontaminación de sustancias o artefactos de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química (NRBQ), informa Europa Press.

La Unidad de Desactivación de Explosivos dio inicio a su actividad de forma operativa en el año 1986 después del proceso de formación y prácticas de los primeros especialistas que conformaron el grupo. Desde los primeros años afrontó un contexto complicado marcado por la amenaza de ETA y por la necesidad de dotar a la Ertzaintza de capacidades propias en materia de neutralización de artefactos explosivos, ha recordado. En 1989, el primer jefe de la unidad, Luis Hortelano García, fue asesinado en el barrio bilbaíno de Zorroza, junto a dos Tedax de la Policía Nacional, cuando trabajaban en la desactivación de un artefacto colocado por miembros de ETA en un taxi e hizo explosión un mecanismo trampa.

En la actualidad, parte de la actividad de la unidad está relacionada con la neutralización de artefactos y proyectiles militares, en su mayoría de la Guerra Civil, algunos de ellos todavía activos pese a haber estado enterrados durante décadas y que pueden aparecer en lugares insospechados. El objetivo es evitar riesgos y salvaguardar en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha acusado al grupo de animación del Deportivo Alavés, Iraultza 1921, de “convertir cada una de sus actuaciones en el estadio en un problema para el club”, así como en “un problema de orden público”. Se refería a una actuación policial del pasado sábado, horas después de los sucesos de Loiu, en la que se emplearon botes de humo y bengalas “prohibidas” durante el recibimiento al equipo antes del último partido de liga celebrado en Mendizorroza.

Según el consejero de Seguridad, existe “un problema en el fútbol” y ha puesto sobre la mesa que el comité antiviolencia tiene catalogado a Iraultza 1921 como “una organización que incumple la Ley Antiviolencia”. Respecto a los incidentes en el recibimiento al equipo, que acabaron con una carga policial y dos detenidos, ha explicado que responsables de la Ertzaintza y de seguridad del club acordaron en una reunión previa que “está estrictamente prohibido el uso de tubos de humo y bengalas en espacios que no cumplan determinados requisitos”, informa Europa Press.

Asimismo, ha expuesto que la Ertzaintza advirtió también de que había “un alto riesgo de incendios”, debido a la temperatura y la existencia abundante de polen en el lugar. “Como siempre, hubo gente que se sintió incómoda por la presencia policial y hubo gente, poca, perteneciente al grupo Iraultza 1921, que incumplió lo acordado, con bengalas y botes de humo, y se saltó los cordones de seguridad”, ha manifestado. Ante este incumplimiento, ha justificado que los agentes de la Ertzaintza tuvieron que “reforzar su presencia y actuar”, además de proceder a detener a dos personas. “Éstos son los hechos principales que se han visto sometidos a múltiples comentarios, críticas y tergiversaciones”, ha defendido. “La Ertzaintza montó un dispositivo acordado con el club, para que las familias pudieran ir tranquilamente acompañadas de sus hijos e hijas a disfrutar del ambiente. Y los de siempre crearon una situación ante la que la Ertzaintza tuvo que reforzar su presencia y actuar”, ha argumentado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, parece haber pasado ya página del episodio de las cargas de la Ertzaintza en la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Loiu. Preguntado este viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco, no ha vuelto a realizar ninguna referencia directa al operativo y ha insistido en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y ha garantizado que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden” y que las “familias” puedan ir a ver el fútbol o el ciclismo con tranquilidad.

Según Zupiria, Euskadi ha ido construyendo “un modelo de convivencia” durante décadas con “respeto a la ley” como “criterio” básico“, ha indicado que la Ertzaintza es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía y ha avisado de que hay un sector de la población que ya está alimentando nuevas acusaciones hacia la Policía de cara al verano. Y ha añadido que ”algunos han estado ausentes“ de la convivencia, en referencia a la izquerda abertzale, que es la que había forzado la pregunta a Zupiria en el arranque del pleno.

El consejero ha indicado que, tras acceder al cargo en 2024, se han registrado del orden de 130 incidentes o altercados y ha indicado que cuando se ha registrado “algún comportamiento dudoso o denunciable”, que no ha concretado, se han “asumido los errores”. Y se han adoptado las “medidas necesarias para que no se repitan”. Lo que no va a hacer la Policía vasca es “renunciar” a actuar en determinados “espacios públicos o sociales” y garantizar el “orden”, ha zanjado.

EH Bildu ha renunciado al habitual 'cara a cara' de su líder, Pello Otxandiano, con el lehendakari en las sesiones de control quincenales para que su portavoz en materia de Seguridad, Gorka Ortiz de Guinea, debatiera con Zupiria sobre el “modelo policial”. El representante abertzale se ha quejado de la “oportunidad de oro” perdida por Zupiria, a su juicio, de no responder claramente a si cree que el despliegue en el aeropuerto que da servicio a Bilbao fue “proporcional o no”. Voces internas de relevancia, desde el anonimato, constataron a este periódico que no lo fue. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

Para EH Bildu, Zupiria se ha situado con “PP y Vox” en su respuesta a estos sucesos, “con los negacionistas”. “Se ha convertido en el portavoz del sector más rancio de la sociedad”, ha añadido Ortiz de Guinea, que ha hablado de los “relatos inverosímiles” sobre Loiu y de “golpes en la nuca”. Ha añadido que los responsables han de ser destituidos, aunque otro partido de la oposición, Sumar, eleva las responsabilidades al propio Zupiria. Ortiz de Guinea ha arrancado las risas de las bancadas del PNV, tanto en el hemiciclo como en el palco de invitados, cuando ha apelado al Gobierno a imitar al primer lehendakari en la Guerra Civil, José Antonio de Aguirre, nacionalista, y a su consejero Telesforo Monzón, en lo tocante al modelo policial.

“We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should have never happened. Once again, the Basque Government condems the genocide committed by the Israeli state against the Palestinian people”. En inglés, y en medio de una gran expectación, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, ha iniciado sus explicaciones sobre las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu a la llegada de activistas de la Flotilla Global Sumud, este sábado.

Zupiria, ya en castellano y euskera, ha asumido el “impacto” a nivel global de esas imágenes y ha insistido en que no se debían haber producido. Sin embargo, ha defendido que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad, ha lamentado que haya una parte de la sociedad -ha señalado a la “extrema izquierda”- que no respete a la Policía, aunque sea vasca, ha comprometido ir a la Fiscalía para defender la persecución en redes sociales de los agentes intervinientes y ha recordado que entre los presentes había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Ha agregado que siete agentes resultaron “heridos” de lo sucedido.

“Quiero afirmar de forma tajante que no estamos ante una cuestión de política internacional. Ni de más o menos compromiso ante la situación que se está viviendo en Palestina. Estamos ante un asunto de orden público. [...] No está en cuestión la posición de nuestras instituciones ante el conflicto entre Israel y Palestina, ni nuestra posición ante la actuación ante la Global Sumud Flotilla, que respetamos, a la vez que denunciamos el trato al que se han visto sometidos por su iniciativa activista. La Ertzaintza no golpeó a nadie en Loiu por su ideología o su activismo. No”, ha expuesto Zupiria. Y ha agregado: “Revisaremos todo lo que haya que revisar, pero no vamos a renunciar a asegurar el orden en este país. Y cuando cometamos algún error, deberemos responder por ello”.

Según ha indicado Zupiria, que ha proyectado vídeos de las cámaras de seguridad de Aena y que ha estado arropado por el viceconsejero, Ricardo Ituarte, y por la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, la chispa fue causada por la “desobediencia” de la orden de despejar la puerta de salida de viajeros y, a continuación, por la “agresión” de uno de los activistas, por la espalda, a uno de los uniformados. A partir de ahí, las dos unidades desplegadas, agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Erandio y de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, procedieron a cargar. En los vídeos se ve también que la Guardia Civil creó un cordón más atrás, dentro de la zona de llegadas, para impedir el paso de otros viajeros.

A tenor de las explicaciones ofrecidas, la concentración no estaba comunicada “y no existía un dispositivo preparado” para atenderla. La Policía ni sabía que había un recibimiento ni quiénes iban a llegar, expone. Fue Aena, titular del aeropuerto, el que pidió auxilio a la Ertzaintza. A las 12.05 horas, casi dos horas antes de la llegada de los miembros de la Flotilla, dos personas fueron identificadas porque ya “obstaculizaban totalmente” la puerta de salida de viajeros.

La comisaría de Erandio pidió refuerzos a la Brigada Móvil, y llegaron tres furgonetas desde Bilbao, donde ese día había un dispositivo especial por las finales europeas de rugby. El mando policial al frente de las actuaciones, con rango de oficial, acordó entonces con el “responsable” de los presentes unos “términos” para que la “bienvenida” fuera “ordenada” y se garantizara el normal funcionamiento de una infraestructura “crítica”, al tiempo que se pautó una zona para un aurresku de honor. Se acordó que no se podría rebasar una barrera metálica instalada en la terminal. Es más, Zupiria ha insistido en que hubo personas que se saltaron ese cordón en cuanto llegaron y que, en un primer momento, la fuerza desplegada “transigió”.

El consejero ha recordado que fueron cuatro los detenidos y que todos ellos fueron trasladados a centros médicos para que fueran sometidos a una revisión a la luz de lo acontecido. Ha señalado que también se cumplió el protocolo, ya que los agentes registraron todo lo sucedido con sus cámaras subjetivas, las denominadas 'bodycam'. En todo caso, Asuntos Internos investiga lo sucedido y ha comunicado a los posibles afectados que ha abierto un atestado “por un posible delito de lesiones”. Uno de los detenidos presentaba “un rasponazo en la frente” y otra “sangre en la ceja derecha y una rojez en la parte superior derecha de la espalda”. Del otro lado, “siete ertzainas resultaron lesionados y han causado baja laboral”. Eran unos 25.

En el plano más político, Zupiria ha insistido en que “en este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca”. “Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, ha señalado en euskera.

Zupiria, que ha dado las explicaciones en 72 horas, un tiempo récord en la habitualmente lenta Cámara vasca, tenía sobre la mesa dos peticiones de comparecencia de EH Bildu y de Sumar. “No es posible este nivel de justificación”, ha lamentado el portavoz abertzale, Gorka Ortiz de Guinea, que ha señalado que “los únicos que aplauden” a la Policía autonómica son “los que aplauden el genocidio”. Ha insistido en que no es un caso aislado de excesos policiales y que toca repensar el “modelo policial”. Desde Sumar, Jon Hernández ha denunciado la “brutalidad” y se ha mostrado “decepcionado” por las explicaciones, con referencias a ETA y no asunción de responsabilidades por los porrazos.

El PP ha condenado “enérgicamente” el “linchamiento” de los agentes actuantes. “Nuestra Policía siempre. Es una de las instituciones más queridas. Todo el apoyo a pesar de la campaña de la izquierda radical y los euskofascistas”, ha manifestado Ainhoa Domaica. El PSE-EE, socio del PNV, ha indicado que lo de Loiu “no debía haber ocurrido” y ha apelado a la “necesidad de revisar” la actuación policial.

Casi tres horas antes de la comparecencia del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, para dar explicaciones por las cargas de la Ertzaintza en Loiu durante el recibimiento a miembros de la Flotilla Global Sumud, el Parlamento Vasco está rodeado por hasta siete furgonetas de la Policía vasca mientras una manifestación protesta por el “abuso policial” y denuncia que el Gobierno autonómico y el PNV son “cómplices” del genocidio y del sionismo. “Estamos muy enfadados”, ha resumido a los periodistas Yolanda Payueta, una de las portavoces del medio centenar de asistentes a la temprana concentración.

En euskera, ha explicado que otras bienvenidas a activistas de la flotilla habían sido “tranquilas”, que se trataba de un acto “cívico” y “pacífico” y que, desde el inicio, no entendían la presencia de tantos agentes de la Ertzaintza. Ha añadido que “no hubo provocaciones”, como manifestó en un primer momento el consejero Zupiria para justificar la carga, y ha insistido en que “la única violencia” registrada en el aeropuerto que da servicio a Bilbao fue la policial.

Payueta ha pedido que, más que responsabilidades concretas por este caso, se ponga “encima de la mesa” la necesidad de revisar el “modelo policial” vasco. Ha apuntado que la Ertzaintza surgió con relaciones con “entidades sionistas” y con el Mossad, los servicios secretos de Israel, y que aún ahora tienen contratos públicos con empresas de ese país. “Hay que cortar todas las relaciones con los sionistas”, ha apuntado.

La protesta está encabezada por una pancarta con el texto bilingüe 'Eusko Jaurlaritzatik sionismoa kanpora! PNV, Ertzaintza, apoyáis un genocidio. Basta ya de abuso policial. Ertzaintza, PNV, sionismoaren konplize'. Ha sido ubicada detrás de las vías del tranvía que pasa delante del Parlamento para no impedir la circulación de las unidades, que son de la empresa CAF, otra de las dianas de las críticas por tener servicios en Jerusalén.

Delante de ellos, la Ertzaintza ha desplegado un importante perímetro de seguridad con tres unidades diferentes. En primera línea hay agentes de Seguridad Ciudadana, con uniforme azulado y gorra, en la retaguardia hay media docena de furgonetas de la Brigada Móvil, los antidisturbios, que van de negro y portan lanzadores de 'foam', y también está la unidad propia de la Cámara, con uniforme azul pero con 'txapela' roja.

Las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu, este sábado, a la llegada de los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina han reabierto el intermitente debate sobre el “modelo policial” vasco. Pero con un relevante matiz. A diferencia de cuando una mujer acabó en la UCI con lesiones en el cráneo tras una actuación policial en el exterior del estadio de Anoeta de la Real Sociedad o de cuando un policía propinó un golpe y luego negó una ambulancia a un varón en Irún, por citar solamente dos casos aún pendientes de resolución, las imágenes del dispositivo de la Policía autonómica ahora han trascendido de los confines de la comunidad autónoma y se han convertido en objeto de escrutinio internacional. “Vergüenza de Policía vasca”, escribió en inglés en X Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), que es el más veterano de todos los miembros del Gobierno vasco al acumular su tercera legislatura en el gabinete, aunque solamente la primera como máximo responsable político de la Ertzaintza, comparecerá este martes en el Parlamento Vasco.

La reunión ya prevista de la comisión de Seguridad ha visto modificado su orden del día para dar cabida a las explicaciones sobre los hechos de Loiu. Se celebrará en tiempo récord en una Cámara acostumbrada a ser relajada con los plazos. Es un asunto al que tanto el Ejecutivo como la oposición le han querido dar máxima prioridad.

A expensas de lo que Zupiria pueda adelantar de la única investigación interna que le compete, la de Asuntos Internos, tres voces autorizadas dentro de la historia de la Ertzaintza, consultadas por este periódico bajo la condición del anonimato, coinciden en considerar como “desproporcionada” la respuesta policial durante la bienvenida a los miembros de la Flotilla. En paralelo, el asunto está también en manos de la comisión de control de la Policía vasca, un órgano externo que revisa actuaciones con fallecidos o heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales. Este 2026 su presidencia ha pasado del exmagistrado Juan Luis Ibarra, bajo cuyo mandato salieron un puñado de informes muy críticos con la Policía autonómica, al exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV Enrique Lucas. Asimismo, como el operativo se saldó con cuatro detenidos, sigue su curso en los juzgados el procesamiento de estas personas por “desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad”. Este lunes ha trascendido tambien que el Ararteko, la Defensoría del Pueblo, revisará lo acontecido.

Del episodio de Loiu, el aeropuerto que da servicio a Bilbao, se han hecho públicos decenas de vídeos grabados por los presentes y por los medios de comunicación. Zupiria habrá de aclarar este martes si los agentes actuantes hicieron uso también de las cámaras que han de portar los uniformados en situaciones como ésa, precisamente por una recomendación de la comisión de Ibarra tras un arresto abusivo en Bilbao. Se puede leer aquí más sobre este dispositivo conocido como 'body cam'.

Las imágenes muestran que un grupo de seis activistas se ubicó justo delante de la puerta de salida de la zona de llegadas de la terminal. No es un detalle menor: de esa puerta hacia dentro, la competencia de seguridad es de la Guardia Civil, pero una vez franqueada es la Ertzaintza la que gestiona cualquier incidencia en el orden público. Delante de una nube de periodistas, estaban posando con una bandera de Palestina, una ikurriña y un jerséi denunciando la situación de la empresa CAF, que gestiona infraestructuras en Cisjordania y que tiene como accionista al Gobierno vasco. Frente al grupo, amigos, familiares y otros activistas cantaban consignas contra Israel y a favor de Palestina contenidos por una pequeña separación metálica.

Las primeras explicaciones policiales insisten en que ese grupo estaba bloqueando el paso de otros viajeros, muchos de ellos aficionados al rugby asistentes a las finales europeas que este fin de semana ha acogido Bilbao. Recalcan que se les invitó a moverse y que ahí empezaron las “provocaciones” y “empujones” que antecedieron a una carga con porras de dos tipos de agentes diferentes, antidisturbios de la Brigada Móvil (con uniforme oscuro) y agentes de Seguridad Ciudadana (con vestimenta más azulada y líneas rojas).

Tras los arrestos, los presentes clamaron contra la Ertzaintza, a cuyos integrantes llamaron “fascistas” o “sionistas”. Siguieron produciéndose empujones entre quienes se interesaban por los detenidos y los agentes, que poco a poco fueron haciendo una línea de contención. Los vídeos muestran que no había una táctica operativa clara, como tampoco un mando compartido entre las dos unidades actuantes.

El sábado, la Ertzaintza dijo que la llegada de la Flotilla era “no comunicada”. El domingo, el consejero matizó que los términos del recibimiento habían sido “apalabrados” con Aena, titular de las instalaciones, y con los responsables de la bienvenida. Europa Press recogió imágenes también de algún forcejeo con otro cuerpo, con la Guardia Civil. Ésta es la secuencia:

“Si hay una provocación, la obligación de un ertzaina es contener, aguantarla. Responden y lo hacen de una manera totalmente absurda”, describe un antiguo responsable de la Ertzaintza tras el visionado de la escena. “Es desproporcionado. Hay formas mejores de responder que los porrazos en el suelo. Había suficiente personal para hacerlo de otra manera y que las imágenes no fueran esas”, abunda un exagente, que recalca que “hay que conseguir que la actuación policial no provoque mayor incidencia”. Una de las preguntas en el aire es qué hubiese sucedido si no hubiese habido Policía y el grupo de activistas hubiese posado igualmente frente a la zona de salida de los pasajeros.

“Diría que es una actuación desproporcionada”, coincide un exjurista que, por su trayectoria, ha conocido de cerca los operativos policiales. Menciona como elementos más problemáticos “la forma de sujeción en el suelo” y el lugar donde el bastón policial impactó en el cuerpo. La investigación deberá determinar si algunos de los porrazos fueron en partes donde está prohibido por protocolo, como la cabeza. Los vídeos muestran también a ertzainas arrastrando a al menos uno de los detenidos por el suelo a la fuerza.

“Un despropósito, cuesta encontrar las palabras. Indignación, impotencia, vergüenza”, escribió por WhatsApp a sus conocidos una mujer presente en la terminal de Loiu el sábado y que refiere que los asistentes salieron de allí con “miedo” y muy enfadados. Otro activista, que ya había vuelto días atrás, explicaba en Instagram que se habían producido otras dos llegadas con total normalidad. El exertzaina, eso sí, pide que no se saque del debate de que “hoy en día se percibe una creciente impunidad de la violencia hacia la Policía”. “Y en el País Vasco, mucho más. Jueces, fiscales y políticos no hacen nada”, señala sin que eso altere su crítica por la respuesta concreta en el aeropuerto.

ETA y el “calor negro”

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha aprovechado la circunstancia para insistir en la necesidad de revisión del modelo policial. “Estamos ante un punto y aparte. Lo de [este sábado] vuelve a poner de manifiesto la existencia de un grave problema con el modelo policial. Porque no se trata de un hecho aislado [...] y la asunción de responsabilidades tiene que llevar consigo la toma de medidas. El Gobierno Vasco debe abandonar la fase negacionista y dar paso al reconocimiento de este problema”, ha lanzado el portavoz parlamentario de la coalición, Pello Otxandiano. Sumar también ha sido muy duro con Zupiria. Ambas fuerzas solicitaron la comparecencia urgente del consejero en la Cámara. Desde fuera, Podemos ha llegado a exigir la dimisión del titular de Seguridad. Incluso el socio del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, ha manifestado su desagrado por las imágenes, en palabras del consejero Javier Hurtado.

En el otro lado, el nuevo sindicato mayoritario del cuerpo, Euspel, sí emitió rápidamente una nota de respaldo a los agentes intervinientes en otro controvertido operativo del sábado, el de la previa del partido del Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, pero no se ha pronunciado hasta este lunes sobre la Flotilla. “Lo que no vamos a aceptar es que, una vez más, se ponga a la Ertzaintza a los pies de los caballos, utilizando imágenes parciales y sin explicar el contexto completo. En las imágenes se aprecia una situación de tensión, con personas obstaculizando la salida de pasajeros, desobedeciendo indicaciones policiales claras y legítimas, y con otro grupo rebasando una barrera física, creando dos focos de conflicto al mismo tiempo”, entienden. Piden también “respeto” para los actuantes. “No se puede condenar a los agentes antes de conocer todos los hechos, ni dejarse arrastrar por relatos interesados”, le reclaman al consejero Zupiria.

Asimismo, las centrales Esan, Erne y Sipe, todas ellas corporativas, han cerrado filas igualmente con los agentes. Erne ha ido un paso más allá y, en un comunicado, denuncia señalamientos a ertzainas concretos que intervinieron, con lo que ello comporta de “riesgo” para los profesionales y para sus familias. Se reafirma en que las provocaciones contra la fuerza desplegada no pueden entenderse como “espontáneas” y “más tras conocerse la vinculación con condenas por pertenencia a ETA de algunos de los actuantes”. Asimismo, la exdirigente de Vox Macarena Olona, que se ha ofrecido a ayudar a los ertzainas intervinientes, ha escrito en redes sociales que los activistas recibieron “poco calor negro”.

En sus explicaciones ante los medios de comunicación, el consejero Zupiria deslizó que fue un sábado complicado por la Ertzaintza. Además del rugby en Bilbao y del recibimiento de Loiu, hubo una manifestación en Vitoria y el partido del Deportivo Alavés, que está motivando a nivel local también muchas críticas a la Ertzaintza. Aquí la Policía ha explicado que, en el recibimiento del equipo local, hubo aficionados que se saltaron el cordón y que se hizo uso de bengalas y otros objetos. Dos personas fueron detenidas y tres ertzainas resultaron heridos, según el parte oficial.

Hasta este viernes, en que se graduó una nueva promoción en la academia de Arkaute -“este Gobierno estará siempre de vuestro lado”, les dijo el lehendakari, Imanol Pradales-, la Ertzaintza estaba con unos 7.000 efectivos aunque su plantilla pactada desde 2004 es de 8.000. Nunca se ha cumplido salvo un breve momento en 2011 y ahora hay un plan en marcha para alcanzarlo hacia 2030, precisamente cuando se celebraría en Bilbao y Donostia parte de la Copa del Mundo de fútbol masculina. Desde hace años, las unidades antidisturbios y las comisarías funcionan a base de refuerzos y horas extraordinarias para los grandes operativos. Un dato, de los 364 agentes graduados el viernes 151 irán a cuerpos locales de 21 municipios y 213 a la Ertzaintza, pero únicamente cinco a las áreas de protección ciudadana, donde se englobarían las comisarías y la Brigada Móvil.

La comisión de Seguridad del Parlamento Vasco ha modificado el orden del día de la reunión prevista para este martes y, finalmente, podrá comparecer el consejero Bingen Zupiria, del PNV, para dar explicaciones sobre la carga de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu durante la llegada de los miembros de la Flotilla Global Summud, según confirman fuentes parlamentarias. En un gesto poco usual en la Cámara, la comparecencia se producirá apenas 72 horas después de que se produjeran los hechos.

En puridad, antes de la petición del consejero llegó otra de EH Bildu, registrada el mismo sábado. La coalición abertzale, apenas unas horas después de lo sucedido en Loiu, tramitó una petición “de urgencia” a la luz del eco que ya estaba adquiriendo la actuación policial.

El anterior precedente de una comparecencia tan rápida es de 2012. El 9 de abril falleció el joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cabacas, había resultado herido unos días antes en una carga con pelotas de goma tras un partido europeo. El entonces consejero Rodolfo Ares, del PSE-EE, acudió el 12 de abril a la Cámara.

La comisión de Seguridad iba a tratar ya un caso que motivó otra investigación interna, la detención de una persona en Elgoibar que sufrió un problema de salud en los calabozos de la comisaría de Eibar. Se produjo en abril. Zupiria también tenía preguntas sobre el informe de 2025 sobre el estado de la seguridad pública en Euskadi y sobre la fuga de benceno de la refinería de Petronor.

Hasta el momento, Zupiria ha indicado que está abierta una doble investigación interna sobre la justificación de unas cargas que han dado la vuelta al mundo, la de Asuntos Internos y la de la comisión de control. Igualmente, los cuatro activistas que resultaron detenidos están siendo también investigados. El consejero ha considerado que hubo “provocaciones” que motivaron la respuesta policial, pero también ha asumido que no era la imagen más óptima que se podía dar.

Zupiria es el más veterano de los consejeros del Gobierno vasco. Está en su tercera legislatura, aunque en las dos primeras, con Iñigo Urkullu como lehendakari, fue titular de la cartera de Cultura. Además, fue portavoz del gabinete en la segunda. Desde 2024, con Imanol Pradales, es el consejero de Seguridad. De 65 años, tiene también una larga experiencia previa tanto en medios de comunicación como en áreas de comunicación política, ya que trabajó también con otro lehendakari del PNV, José Antonio Ardanza.

Una manifestación convocada este domingo por la delegación vasca de Global Sumud ha denunciado en Bilbao la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu este sábado, a la que consideran “cómplice del sionismo”, así como al Gobierno vasco, y ha reclamado “unidad” para “acabar con su impunidad”.

Las protestas han comenzado este mediodía en la plaza del Teatro Arriaga, donde la plataforma ha convocado a los medios para trasladar que, en su opinión, la actuación desarrollada por la Ertzaintza en el contexto del recibimiento a los integrantes de la flotilla rumbo a Gaza “buscó cortar la solidaridad”.

Desde Global Sumud Euskal Herria han afirmado que las imágenes -los vídeos difundidos sobre dicha actuación- “hablan por sí solas” y ha recordado que en los anteriores recibimientos a miembros de la Flotilla, también en el aeropuerto, “nunca hubo problemas”. “No se bloqueó el camino a nadie. No es casualidad que sin Ertzaintza no hubiera problemas”, han asegurado.

Asimismo, han acusado a la Policía vasca de acudir al aeropuerto para “cortar la solidaridad y el alma de la flotilla”, aunque ha asegurado que “sus golpes se encontraron con la dignidad interminable de un pueblo”.

Por otra parte, han señalado la existencia de “empresarios vascos que trabajan con el sionismo y sacan rédito económico de las guerras imperialistas”, y ha criticado la actuación de “políticos de todos los colores” por, a su juicio, preservar la impunidad de “criminales de guerra”.

En este sentido, han asegurado que “estos criminales tienen nombre y apellidos, viven en nuestro país y sabemos quiénes son”, al tiempo que ha reclamado “unidad” para “acabar con su impunidad”.

Finalmente, han considerado que las imágenes de la actuación policial “muestran lo que queremos reivindicar” y han contrapuesto “la actitud violenta y lamentable de la Ertzaintza” con “la actitud digna y ejemplar de la flotilla”. “Debemos unirnos para luchar contra el enemigo común”, han concluido.

Tras comparecer ante los medios, la flotilla ha convocado a la ciudadanía a manifestarse desde la plaza Elíptica de Bilbao, llamamiento al que han acudido cientos de personas.

Al inicio de la misma, en el momento en el que la Ertzaintza ha procedido al corte de la Gran Vía para el desarrollo de la marcha, los agentes han sido recibidos con gestos de desaprobación, además de con el grito “policía asesina” y “zuek, faxistak, zarete terroristak” (vosotros, los fascistas, sois terroristas), sin que se hayan producido incidentes.

A lo largo del recorrido, desde la plaza Elíptica hacia el Ayuntamiento para finalizar de nuevo en el Teatro Arriaga, los manifestantes han denunciado la actuación policial y la “complicidad” tanto de la Ertzaintza como del Gobierno vasco con Israel, con una pancarta que rezaba “Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sionismoa suntsitu, Palestina askatu!” (Ertzaintza y Gobierno vasco cómplices del sionismo! Destruir el sionismo, liberar a Palestina!).

Las personas congregadas han realizado varios cánticos en ese sentido: “Israel hiltzaile, PNV laguntzaile” (Israel asesina, PNV ayudante); “gora palestinar erresistentzia” (viva la resistencia palestina); “a esta policía entrena Israel”; “asesinos a sueldo abuso de poder”; y “boikot Israel Palestina askatu”.

Al finalizar la marcha los convocantes han leído un manifiesto en el que han reiterado su crítica a la actuación policial y han asegurado que ello “muestra el verdadero carácter fascista de Israel y la necesidad de su disolución”.

De este modo, han querido denunciar “firmemente” también la “responsabilidad del Gobierno vasco, que ha actuado como cómplice del sionismo al dar continuidad a las torturas llevadas a cabo por Israel, por si no fuera suficiente”.

“La actuación policial de ayer, la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina... son conocidos también los vínculos entre la Ertzaintza y el Mossad israelí. Los acontecimientos de los últimos días han servido para arrojar luz sobre las complicidades con las entidades sionistas”, han afirmado.

Tras criticar que “los países europeos no han hecho nada contra las torturas recibidas por los miembros de la flotilla”, han llamado a “acabar con la impunidad policial”. “La lucha del pueblo palestino es también nuestra lucha”, han asegurado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha “lamentado” lo sucedido este sábado en el aeropuerto de Loiu, donde agentes de la Ertzaintza cargaron contra activistas de la flotilla recién llegados y que venían de denunciar represión en Israel. Ha indicado que el papel de la Policía autonómica era el de garantizar el “saludo” de quienes habían ido a recibirles y el normal funcionamiento de la terminal de llegadas y “es evidente” que no se logró “ni lo uno ni lo otro”. Ha comprometido investigar la actuación de los ertzainas, ha reconocido que las imágenes “en nada benefician” al cuerpo y ha añadido que también investigará a quienes “provocaron” la respuesta policial.

Zupiria ha comparecido ante los medios de comunicación este domingo en Landako, donde el PNV, su partido, realiza un acto electoral de cara a las municipales y forales de 2027. Ha indicado que “estaba apalabrado” entre la Ertzaintza, Aena y “representantes” de la flotilla cómo tenía que ser el recibimiento y ha insistido en que “no tenía que haber sucedido lo que sucedió”. Se da la circunstancia de que este sábado, en la primera versión de los hechos, se habló de una “llegada no comunicada a la Ertzaintza”.

El titular de Seguridad, en el cargo desde 2024 y antes consejero otros ocho años con otras responsabilidades, ha hablado de “provocaciones y empujones” que motivaron la reacción de la fuerza desplegada y, a la espera de las conclusiones de la investigación interna, ha indicado: “Algunas situaciones las sabemos gestionar todos con normalidad”. Zupiria ha asumido “en primera persona” la responsabilidad del operativo de Loiu. Otra consejera del PNV, Amaia Barredo, ha dicho en Radio Euskadi que “fueron unas imágenes lamentables”.

Lo que está comprometido es una triple investigación. Por un lado, Asuntos Internos y la comisión de control externa de la Policía vasca analizarán el papel de los agentes. Por otro lado, un juzgado revisará las imputaciones a los detenidos. Zupiria ha pedido también comparecer de urgencia en el Parlamento Vasco. Podría ser el martes, cuando había ya convocada una reunión de la comisión de Seguridad por otros temas. Si no es posible, la oposición tiene margen para registrar todavía preguntas de cara a la sesión de control al Gobierno del próximo viernes.

Agentes de dos unidades diferentes de la Ertzaintza (Brigada Móvil, con uniformes negros, y Seguridad Ciudadana, más azulados) intervinieron este sábado en la terminal de Loiu bajo la justificación de que las personas recién llegadas estaban impidiendo el normal tránsito de los usuarios del aeropuerto. Golpearon con porras a algunos de ellos, los retuvieron contra el suelo, se produjeron igualmente algunos empujones y, finalmente, la intervención se saldó con cuatro detenidos. Algunos acabaron en centros de salud de Bilbao custodiados por los agentes. Todos ellos están ya en libertad, aunque pendientes de la autoridad judicial.

La competencia policial de los aeropuertos vascos es singular y, de hecho, se reajustó en 2024. En Loiu operan cuatro cuerpos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la propia Ertzaintza. La Policía Nacional hace labores de fronteras y extranjería, es decir, los controles de pasajeros y mercancías hacia fuera de la Unión Europea, como es el caso de los vuelos a Londres o Nueva Jersey. La Guardia Civil tiene encomendado el “resguardo fiscal” y, por ejemplo, vigila la zona de los controles de seguridad previos a los embarques. El Servicio de Vigilancia Aduanera realiza operaciones relacionadas con el contrabando. La Ertzaintza, que tiene una pequeña oficina en la terminal, se encarga de la seguridad y orden público en general en las instalaciones en su condición de “Policía integral” en la comunidad autónoma.

Según Global Sumud Flotilla, lo sucedido en el aeropuerto fue una “agresión” a los “supervivientes” del maltrato de Israel. “Después de 35 horas de intercepción, detenciones arbitrarias y torturas en prisiones israelíes, esperaban un abrazo en casa. En su lugar, encontraron la misma lógica de control”, exponen. Añaden que existe una “transferencia” de tácticas desde Israel hasta la Policía vasca, en velada referencia a sus históricos lazos con aquel país. “No normalicemos la violencia”, abundan. Y piden una “investigación internacional”.

Por su parte, Amnistía Internacional considera que la Ertzaintza hizo un “uso excesivo de la fuerza”. “Las imágenes publicadas no muestran ninguna causa legítima para el uso de la fuerza. Es muy grave que se haya golpeado con porras, de forma reiterada, a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo. Exigimos una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas efectiva. Los protocolos policiales deben prohibir el uso de porras contra personas inmovilizadas y que no representan ningún riesgo”, interpretan.

El suceso tuvo eco en medio mundo, desde Al Jazeera hasta Israel. El Ministerio de Exteriores israelí, en su cuenta oficial de X, llamó “anarquistas” a los detenidos e ironizó que estaban volviendo “loca” a la Policía “española”. Lo comparó con otras cargas en Grecia, también en un aeropuerto. Igualmente, EH Bildu, Sumar y Podemos han criticado la actuación de la Ertzaintza.

Tres de los cuatro sindicatos de la Ertzaintza han coincidido en defender la actuación en Loiu. “Hemos vuelto a ver cómo determinados colectivos y su entorno han buscado el enfrentamiento con la Ertzaintza para convertir cualquier actuación en propaganda política y victimismo mediático”, entiende Esan, que considera que los agentes se desempeñaron con “profesionalidad, contención y firmeza” frente a la “tensión, el ruido y el espectáculo”. Erne insiste también que, “con independencia de la situación personal o humanitaria” de los miembros de la flotilla, en Loiu un grupo actuó “al margen de las normas establecidas, alterando el normal funcionamiento de una infraestructura pública”. Insisten en que los ertzainas respondieron en un contexto “complejo” y “bajo una enorme presión” y la central les brinda “apoyo absoluto y reconocimiento”. Sipe denuncia también una “campaña de desprestigio”. No consta ningún pronunciamiento de la nueva fuerza sindical mayoritaria del cuerpo, Euspel.

Asimismo, unas horas después de lo sucedido en Loiu, se produjeron nuevos incidentes en Vitoria, en este caso en el marco del último partido de la temporada del Deportivo Alavés, una doble fiesta por la permanecencia en Primera División y por el aniversario de la final europea de Dortmund en 2001. La Policía arrestó a dos varones por un “delito de atentado a agente de la autoridad”, según el parte oficial. Se añade que en los momentos previos al partido “un grupo de aficionados del club ha tratado de romper el cordón policial que lo escoltaba, comenzando a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes”. Al menos tres policías resultaron heridos. Aquí sí, Euspel ha denunciado la “brutal agresión” a la fuerza desplegada. “No es fútbol, es violencia”, expone esta organización.

Zupiria ha calificado el sábado como una jornada “complicada” para la Ertzaintza, un cuerpo con déficit estructural de plantilla del entorno de 1.000 efectivos. Ha mencionado que coincidieron las finales de rugby europeo en Bilbao, una manifestación en Vitoria y también el recibimiento y el partido del Deportivo Alavés. Asimismo, ha asumido que Euskadi es una zona donde el genocidio de Palestina ha suscitado especial sensibilidad y que la imagen proyectada le genera preocupación.

El Gobierno vasco ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de las personas con discapacidad, especialmente de quienes desarrollan la actividad de venta de productos de lotería de la ONCE. El acuerdo establece un nuevo marco de colaboración entre la Ertzaintza y la ONCE para prevenir delitos como robos, hurtos y fraudes que puedan afectar a este colectivo vulnerable, avanzando en la seguridad y autonomía de las personas afiliadas a la ONCE y de quienes trabajan diariamente en la venta de sus productos.

A través de este convenio, la Ertzaintza participará en jornadas y acciones formativas dirigidas a las personas vendedoras de la ONCE para mejorar sus capacidades de autoprotección y prevención ante posibles hechos delictivos. Estas actividades incluirán recomendaciones prácticas para actuar ante intentos de robo, hurto o fraude, así como orientaciones para facilitar la comunicación y colaboración con los servicios policiales en caso de incidente. Asimismo, se desarrollarán materiales informativos accesibles y sesiones prácticas sobre seguridad adaptadas a las necesidades específicas del colectivo, según recoge Europa Press.

El acuerdo contempla también actuaciones específicas dirigidas a personas mayores afiliadas a la ONCE, con programas de sensibilización y formación adaptados a sus características y grado de discapacidad. Además, la ONCE, mediante su Unidad de Prevención del Fraude, colaborará activamente con el Departamento de Seguridad en la detección e investigación de posibles actividades fraudulentas o ilícitas relacionadas con la venta ilegal de lotería o el uso indebido de la imagen de la organización.

La colaboración, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogable hasta otros cuatro adicionales, incluirá igualmente el intercambio ágil de información de interés para ambas entidades y la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Departamento de Seguridad y de la ONCE para evaluar el desarrollo del convenio y proponer nuevas líneas de actuación.

Este miércoles, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, defendía la importancia de las 'bodycam', las cámaras de grabación que portan en sus uniformes los ertzainas ya de forma generalizada desde hace unos meses. No negaba que había reticencias para su uso -de hecho, ha habido algunos expedientes disciplinarios por ello-, pero insistía en que son buenas para detectar abusos pero también para demostrar cuando la Policía hace las cosas bien frente a quejas infundadas. A instancias de EH Bildu, el propio Zupiria ha entregado al Parlamento el protocolo de uso de esta nueva herramienta. En él se indica que solamente se emplearán en casos de “peligro concreto” y nunca en viviendas, por ejemplo.

El documento es la Instrucción 42 de la Ertzaintza y está firmado por la directora del cuerpo, Victoria Landa. El cuerpo tiene muchos más de estos protocolos. La Instrucción 67 regula la videovigilancia en general, por ejemplo. Históricamente, el más conocido fue la Instrucción 53, con medidas de autoprotección por la amenaza terrorista de ETA. La Instrucción 79 analizó todo lo relacionado con el yihadismo.

El protocolo es bilingüe y tiene 19 folios. Es de 2023 y ha sido revisado ya en cuatro ocasiones, tres veces en 2024 y la última en marzo de 2025. Arranca explicando que hay que diferenciar estas grabaciones de otras que se han podido venir haciendo para investigaciones. La cámara móvil o 'bodycam', que también registra sonido, es ya parte del equipamiento “ordinario” de los agentes de Seguridad Ciudadana y tienen su propio anclaje en el uniforme. Cada una de ellas posee un geolocalizador.

La Ertzaintza señala que han de ser usadas siguiendo el “principio de proporcionalidad”, así como el de “idoneidad”. La premisa añadida es la de “intervención mínima”, porque su empleo toca derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad de detenidos, implicados en las intervenciones o incluso de terceros. La instrucción señala que “la utilización de cámaras móviles por parte de la Ertzaintza exigirá la existencia de un peligro concreto”. Ahora bien, no son admisibles imágenes o sonidos dentro de una casa, pero tampoco en el vestíbulo. Solamente se levantará esta prohibición con autorización judicial o del propietario. Los policías están avisados de que no pueden captar conversaciones “de naturaleza estrictamente privada”. Y que deben cuidar si hay menores o personas de “especial vulnerabilidad”.

¿Cómo se mide ese peligro “concreto”? Se citan casos “flagrantes” de infracciones penales o administrativas, de “riesgo para la vida” de los agentes, de los detenidos o de terceros, “amenazas”, “enfrentamientos”, “acciones tumultuarias o perturbaciones con afectación grave a la seguridad ciudadana”, “incidentes con presencia de armas” o casos de “violencia o intimidación”. Obviamente, no es lo mismo un dispositivo “planificado” que otro “sobrevenido”, de modo que es cada agente el que debe valorar en el terreno todos los condicionantes. Eso sí, hay un “deber legal” de avisar de que se presiona el botón de 'Rec'. Con claridad, se deberá decir en euskera “Jakin ezazu polizia-jardun hau grabatu egingo dela” o “Le comunico que esta actuación policial va a ser grabada” en castellano. Si no se ha podido hacer esto por las circunstancias urgentes, “se dejará constancia” en el informe. Ese reporte deberá incluir el identificador de la cámara, la persona autora de la grabación y otros datos para preservar la “trazabilidad”. La cámara tiene un modo “sigilo” que le permite operar sin la luz roja o señales acústicas por motivos de seguridad.

Si la grabación detecta un delito, se trasladará a un juzgado como mucho en 72 horas. Es el mismo plazo para poner a disposición judicial a un detenido. Si se aprecian ilícitos administrativos (la ley de Seguridad Ciudadana o 'mordaza) se enviarán “de inmediato” a la autoridad competente. Estos materiales serán conservados, pero el resto se destruirán en tres meses.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, han mantenido el 'cara a cara' de mayor voltaje político en una sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco ahora que se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. ¿El tema? La política migratoria, que va ganando espacio en la agenda pública vasca. Otxandiano ha acusado a Pradales de haber dinamitado la “unidad” detrás del pacto vasco migratorio al haber impulsado dar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza incluso con su socio el PSE-EE en contra y algunos alcaldes del PNV, como el de Bilbao. Y Pradales ha replicado comparando el comportamiento de EH Bildu con el de la “extrema derecha”, que luego se ha valido de esos mismos datos para atacar a las personas que se están “importando” últimamente.

Otxandiano ha ofrecido en el pleno un estilo diferente al de otras de sus intervenciones. En primer lugar, ha empleado casi exclusivamente el castellano en todo momento, con apenas algunas frases en euskera. En segundo lugar, se ha guardado tiempo para la réplica, a diferencia de lo sucedido en sesiones de control anteriores, para seguir lanzando dardos contra Pradales.

Desde el inicio, Otxandiano ha insistido en que el PNV “ha roto el pacto vasco de migración” que heredó de la pasada legislatura. Se refería a la decisión de la Ertzaintza de ofrecer en sus notas informativas datos de origen de los arrestados. Es algo que han copiado otros cuerpos como la Policía de Donostia, pero no ha ocurrido así con las de Bilbao y Barakaldo, ambas controladas por el PNV, o la de Vitoria, con alcaldesa del PSE-EE. Los socialistas han criticado desde el Gobierno vasco esta decisión de sus socios en el Ejecutivo. Las voces críticas han llegado incluso de mandos de la Policía Nacional, que lo ven completamente innecesario para luchar contra la criminalidad. El Ararteko analiza este cambio de criterio porque, en su momento, consideró que era algo que alimentaba la estigmatización de determinados colectivos.

El portavoz de EH Bildu ha recordado a Pradales que “allá donde las encuestas muestran más sensación de inseguridad”, en referencia a Bilbao y Barakaldo, los alcaldes nacionalistas “no comparten” la visión del Gobierno vasco. “Han roto la unidad”, ha insistido Otxandiano, leyendo un fragmento del apartado segundo del pacto migratorio. “Usted es lehendakari de todos los vascos y vascas. No puede desdeñar la opinión mayoritaria de este Parlamento. Mezclar la inmigración con la seguridad tiene riesgos. Hay una estratega de la derecha extrema que se quiere valer de esto. Esto se puede escapar de las manos. Volvamos al espacio de consenso”, ha dicho en castellano Otxandiano.

En el primer turno, Pradales ha dicho estar “de acuerdo” con el “criterio” de informar del origen de los detenidos. “El mundo no se ha puesto patas arriba desde que se da esta información”, ha justificado. En el segundo, se ha extendido un poco más: “Este Gobierno no rehúye ningún debate que esté en la calle, por muy incómodo que sea. Vamos a afrontar la realidad”. Ha considerado que la sociedad es “adulta” y que “exige disponer de información objetiva”, “sin controles ni paternalismos”. “Ustedes disponen de toda la información de las personas detenidas, ¿por qué quieren ocultársela a la sociedad? Ha mezclado los conceptos. Me ha recordado usted a lo que hace la extrema derecha en la Cámara. Ha querido enredar y polarizar”, ha apostillado.

Después, ha contado que en Semana Santa leyó un libro de Cas Mudde, politólogo neerlandés,. Era sobre la extrema derecha. Y se explicaba que “el populismo es simplista” y que buscar diferenciar entre un pueblo “puro” y una “elite corrupta” ('ustela', en euskera). Y ha preguntado a EH Bildu si se considera el único representante “puro” de la ciudadanía vasca y considera al Gobierno de PNV y PSE-EE como esa “elite corrupta”. El lehendakari ha sugerido que EH Bildu busca meter cuña entre los socios, también en el debate sobre la reforma de la ley del euskera.

La “prioridad nacional”

El debate migratorio ha seguido marcando la sesión de control. Desde la bancada del PP, Javier de Andrés ha manifestado que los miles de hispanoamericanos que están llegando no disponen de modelos educativos en castellano y se ven forzados a hacerlo en euskera. Pero, sobre todo, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, se ha valido precisamente de los datos facilitados por la Ertzaintza para sentenciar que en Euskadi se están “importando” personas, como si fueran objetos, de países que “distan mucho” de los valores vascos. “Existe una correlación directa” entre algunos países que ella ha mencionado con el incremento de delitos, ha sentenciado Martínez Grisaleña.

En su caso, el debate ha sido con el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. El consejero del PNV ha iniciado su contestatación a Vox exponiendo que la “prioridad nacional” vasca es la “acogida humanitaria a quien ha venido a Euskadi y quiere vivir en paz” y “dureza y máxima exigencia con quien delinque, tenga origen extranjero o sea de aquí”. “Me ha gustado su entrada. Prioridad nacional. Me suena [...] No es racismo. Es realismo [...]. Sin complejo a alguno a llamar las cosas por su nombre”, se ha congratulado la representante de la ultraderecha. Después, ha escuchado de Zupiria que “Euskadi es una de las comunidades más seguras del Estado español”. Pradales también ha dicho que en Euskadi no se le tiene “miedo” a Vox.

Asuntos Internos ha abierto una investigación a raíz de que un detenido en Elgoibar por una presunta agresión sexual haya acabado ingresado en un centro hospitalario tras pasar por la comisaría. El consejero, Bingen Zupiria, ha pedido ya comparecer en el Parlamento para dar cuenta del caso y se ha remitido el asunto igualmente la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, ahora encabezada por Enrique Lucas.

Según ha relatado la Policía vasca en una nota, “la Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Elgoibar a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en el ámbito de la violencia de género el pasado domingo en Donostia”. Fue este lunes cuando la víctima, una mujer de 32 años, denunció lo sucedido en Donostia. La detención se ha producido en la madrugada del lunes al martes en Elgoibar, también en Gipuzkoa.

El detenido tiene 29 años y, tras ser localizado, fue “trasladado a dependencias policiales”. “Esta persona, encontrándose bajo custodia policial, ha sufrido una alteración de su estado de salud y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido. Al haberse producido los hechos en una 'ertzain-etxea', la jefatura de Asuntos Internos ha iniciado una investigación. Asimismo, el Departamento de Seguridad ha traslado el asunto a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco y el consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco”, ha indicado la comunicación oficial.

Un reciente informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, muestra que la denominada sección central de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que es la rama de la división de Investigación Criminal y Policía Judicial especializada en tramas de corrupción, tiene exclusivamente seis agentes. Es el equivalente en la Policía autonómica a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional. Este grupo, asimismo, ha asumido recientemente labores de apoyo en la investigación de casos que incluyan el manejo de criptomonedas.

Los datos figuran en una respuesta a una iniciativa del parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea, que preguntaba por las adaptaciones en la Ertzaintza para afrontar una nueva realidad, la criminalidad a través de criptoactivos. Explica Zupiria que son las comisarías las que inician los posibles trabajos, pero que hay dos grupos especializados como apoyo. El primero es la jefatura de coordinación de Ciberseguridad, que tiene una sección llamada Innovación y otra de Investigación propiamente dicha, con tres subsecciones, fraudes, delitos sexuales contra menores y “hacking y propiedad intelectual”.

En 2026 esta brigada “ha comenzado a asumir la realización de informes técnicos de trazabilidad de criptomonedas en aquellos casos en los que la complejidad de la investigación sobrepase los conocimientos del personal de investigación” de las comisarías. En total, tiene 26 agentes, con un subcomisario al frente, dos oficiales, tres suboficiales, cuatro cabos o agentes primeros y 16 ertzainas rasos.

Los 26 efectivos de Ciberseguridad -que nada tienen que ver con otro organismo externo llamado Cyberzaintza- son muchos más, en todo caso, que la plantilla del otro grupo de apoyo, la unidad de Delitos Económicos. Dispone de únicamente seis efectivos y el de más rango es un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. A finales de 2024, en otra comunicación de Zupiria al Parlamento, se hablaba de ocho policías adscritos, de modo que se ha perdido una cuarta parte en menos de dos años. En comparación, en 2025 se manejaba el dato de que la UCO disponía entre 500 y 600 guardiaciviles. La oposición y la Fiscalía han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de recursos en Euskadi contra la corrupción.

Por otro lado, Zupiria informa de que en 2025 la Ertzaintza conoció 541 denuncias relacionadas con criptomonedas. Los casos siguen bajo investigación, de modo que no hay aún conclusiones del resultado de esas pesquisas. Por el momento, no hay convenios con las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para cooperar en esta materia. “No constan casos investigados por la Ertzaintza vinculados a comunicaciones de las Haciendas forales en materia de criptoactivos durante los últimos cinco años”, asegura el consejero de Seguridad.

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria para la adopción de perros del Centro de Protección Animal con el objeto de su adscripción a la unidad canina de la Ertzaintza. Según ha informado el Gobierno vasco, el convenio tiene como objeto la cesión y posterior adopción de perros de propiedad municipal que por su edad y características etológicas puedan ser susceptibles de adiestramiento e integración en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

Este acuerdo de colaboración nace como resultado de la unión del trabajo desarrollado con perros por parte de esta unidad de la Ertzaintza y del Centro de Protección Animal de Vitoria. La unidad canina da apoyo al resto de las que conforman la Ertzaintza, así como a las diferentes policías locales de Euskadi y a Protección Civil en las necesidades que pudieran surgir, en las cuales sea necesario el trabajo y colaboración de los recursos con los que cuenta, según recoge Europa Press.

Para el desarrollo de esta labor, adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, los cuales reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne. Mediante este acuerdo el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria, responsable del Centro de Protección Animal de Armentia cederá los animales a la unidad canina de la Ertzaintza, durante el periodo de pruebas necesario, como máximo de tres meses de duración, para verificar la adecuación de los mismos a las tareas de la Unidad.

Tras finalizar ese plazo y si el animal se considera adecuado para su integración en la unidad canina, será identificado y registrado a nombre del Gobierno vasco, pero si el perro no se adapta a las necesidades de la unidad canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.

Si el animal cumple con los posibles requisitos para realizar el período de prueba, pero no cuente con edad suficiente para el inicio del adiestramiento de forma inmediata, ambas partes, Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria y la unidad canina de la Ertzaintza, tratarán de localizar una casa de acogida para el animal que se responsabilice del mismo, en el régimen habitual de cesión temporal de animales, hasta que el perro tenga la edad adecuada para iniciar las pruebas. El convenio de colaboración aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y no conlleva ningún compromiso financiero entre las partes.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha expedientado a seis agentes por no cumplir la instrucción policial que obliga a grabar mediante las denominadas 'bodycam', las cámaras incorporadas al uniforme, determinados operativos. Según información facilitada al Parlamento Vasco por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, entre diciembre de 2025 y mediados de marzo de 2026 “se han detectado siete actuaciones policiales en las que se podría haber contravenido la normativa interna en este aspecto”.

Zupiria ha informado al legislativo sobre el grado de implantación de las 'bodycam' a instancias del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Estas cámaras fueron ya anunciadas en la pasada legislatura después de que la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, entonces presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, recomendara su adquisición a la luz de los excesos en una detención en Bilbao. Sin embargo, no ha sido hasta 2025 cuando su uso se ha generalizado.

La Ertzaintza ha aprobado una instrucción interna, la número 42, para regular el funcionamiento de estos sistemas de grabación. Se ha ido implementando “progresivamente” desde marzo de 2025, es decir, desde hace trece meses. Los principios básicos son la “proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima” y que se preserven siempre los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Semanalmente se hacen “auditorías” del uso de las cámaras. Asuntos Internos “monitoriza” el control de la normativa e informa a las diferentes jefaturas de posibles “errores”.

Internamente, se ha hecho una “labor pedagógica” sobre el funcionamiento de estos equipos, “incidiendo en las bondades de su utilización” ante posibles suspicacias. No se oculta que ha habido momentos en que las cámaras tenían que haber grabado y no lo han hecho y las jefaturas han pedido informes “para que estas anomalías fueran motivadas”. En este contexto de generalización en el que se han ido adoptando “medidas disciplinarias”, siete casos con seis agentes expedientados. Inicialmente, se han tipificado como “falta leve”. Hace unas semanas, el propio Zupiria admitió en el Parlamento, a la luz de una actuación en Sestao que acabó con dos heridos, que no se habían empleado estos dispositivos.