Agentes de la Policía Nacional de Calatayud han detenido a una pareja como presuntos autores de un delito de lesiones cuya víctima fue su propia hija de diez meses de edad.

La detención se produjo el pasado 7 de abril poco después de las tres de la tarde cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por el área de pediatría del hospital y en cuyo requerimiento informaban del resultado positivo en un análisis toxicológico realizado a un bebé de diez meses y que había desvelado restos de cocaína y marihuana en su organismo.

Al parecer la menor había sido llevada hasta el centro hospitalario la tarde anterior con una sensación de escasa respuesta a estímulos y apatía por lo que se realizó el correspondiente examen toxicológico.

Según manifestaron los progenitores varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar durante el fin de semana y habían consumido ciertas sustancias estupefacientes por lo que pudiera ser que de forma accidental la menor hubiera ingerido algún resto.

Los policías encargados de tramitar la detención solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio familiar, remitiendo al propio Juzgado un informe en el que destacaron que el domicilio no reunía una unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé, habiendo localizado incluso restos de sustancias aparentemente estupefacientes al alcance de este último.

El temporal de nieve que está afectando este miércoles al país también está provocando suspensiones y retrasos en algunas líneas de trenes de cercanías y de alta velocidad. En el caso de esta última red se debe principalmente a las limitaciones de velocidad por la acumulación de nieve.

En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa de que, en el corredor de Madrid a Barcelona, se circula a 160 kilómetros por hora en el tramo de Guadalajara a Calatayud por la nieve. Los primeros trenes están acumulando retrasos entre 70 y 120 minutos.

Además, también permanece suspendido el servicio de autobús entre Sigüenza (Guadalajara) y Zaragoza.

Hay monumentos que no se entienden de un vistazo. No porque sean grandiosos o espectaculares, sino porque desconciertan. En lo alto de un cerro rojizo, en un pequeño pueblo de Zaragoza, Cervera de la Cañada, una iglesia parece brotar directamente de un castillo medieval. No se apoyan el uno en el otro: se funden. Y esa extraña convivencia de piedra defensiva y ladrillo espiritual no es casual.

Estamos ante la Iglesia de Santa Tecla, uno de los ejemplos más singulares del mudéjar aragonés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del conjunto del arte mudéjar de Aragón.

Aragón, tierra mudéjar por excelencia

Para entender esta iglesia hay que mirar el mapa con calma. Aragón es el territorio donde el mudéjar no fue una excepción, sino una norma prolongada en el tiempo. Tras la conquista cristiana, muchos alarifes musulmanes permanecieron en estas tierras y siguieron construyendo iglesias, torres y palacios con sus técnicas, materiales y formas.

De ese diálogo entre culturas nació un lenguaje arquitectónico único, tan reconocible como difícil de clasificar. Ladrillo en lugar de piedra, cerámica vidriada, motivos geométricos, austeridad exterior y sorpresa interior. Todo eso está aquí, concentrado en un edificio que no pretende deslumbrar desde lejos, pero que deja huella.

Una iglesia… con alma de fortaleza

La Iglesia de Santa Tecla no es grande ni monumental en el sentido clásico. Lo que llama la atención es su emplazamiento: está construida literalmente sobre los restos de un castillo medieval, como si el templo hubiera heredado su función de vigía del territorio.

Su aspecto exterior es sobrio, casi militar. Muros compactos, pocas concesiones decorativas, una torre que parece más defensiva que litúrgica. Forma parte de esa estirpe de iglesias-fortaleza tan características del entorno de Calatayud, donde el culto y la protección iban de la mano.

Desde fuera, no promete demasiado. Y quizá por eso sorprende tanto cuando se cruza la puerta.

Un interior que cuenta otra historia

Dentro, el tono cambia por completo. La única nave se cubre con bóvedas nervadas decoradas con agramilados, rosetones en forma de flor y motivos que parecen sacados de un bestiario medieval. Aparecen incluso figuras de dragones negros, discretos pero inquietantes, que rompen con cualquier idea de simplicidad.

Es el mudéjar en estado puro: técnica islámica aplicada a un templo cristiano, belleza geométrica al servicio del simbolismo religioso. Un espacio que no abruma por tamaño, sino por delicadeza y coherencia.

Firmada por un maestro mudéjar

Pocas iglesias medievales pueden presumir de conservar tanta información sobre su origen. En Santa Tecla hay inscripciones que permiten ponerle nombre y fecha a su construcción. Sabemos que fue levantada en el siglo XIV y finalizada en 1426, en pleno auge del gótico europeo.

También sabemos quién fue su artífice: Mahoma Rami, un maestro de obras mudéjar que trabajó para grandes promotores y fue incluso el albañil de confianza del Papa Luna. Un detalle que resume bien aquella época: un artesano musulmán construyendo para la Iglesia cristiana en la Europa medieval.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Calatayud (Zaragoza) ha acordado la libertad provisional de un administrador de fincas de la localidad, detenido este viernes por la Policía Nacional y acusado de presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

El investigado ha sido arrestado este 19 de diciembre y puesto a disposición judicial a última hora de la mañana. Tras prestar declaración en sede judicial y al no solicitar el Ministerio Fiscal su ingreso en prisión, el juez instructor decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

Entre ellas, se incluye la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la fijación de domicilio en España y la comunicación de cualquier cambio de residencia.

Además, el magistrado ha ordenado el embargo de 29 inmuebles propiedad del investigado con el objetivo de garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento judicial, una medida que queda sujeta a revisión a lo largo de la instrucción de la causa.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas ante la Policía Nacional, que apuntan a que el administrador podría haber llevado a cabo prácticas irregulares, como retiradas de efectivo y movimientos bancarios anómalos, presuntamente ajenos a los gastos ordinarios de las comunidades de propietarios que gestionaba.

En el marco de las diligencias abiertas, el juez ha solicitado a la comisaría de la Policía Nacional de Calatayud que recopile información sobre las denuncias presentadas y sobre la posible existencia de otros afectados, con independencia de que el perjuicio económico haya sido o no reparado mediante indemnización o restitución de los bienes.

La gestión de los eventos taurinos no deja de ser noticia en Calatayud. El equipo de gobierno del PP en la localidad bilbilitana pagó una factura por 6.000 euros a la misma empresa a la que, según la Asociación de Profesionales Taurinos, el Ayuntamiento iba a adjudicar a dedo una corrida de toros para las fiestas patronales de septiembre. Lo hizo en concepto de “asesoramiento” durante un periodo de dos semanas para supervisar un evento que finalmente no se pudo celebrar, puesto que –como entonces ya reflejaban informes técnicos– estaba fuera de plazo.

La polémica surgió el jueves en el pleno municipal y a raíz de una moción presentada por los socialistas en la que se reclamaba la dimisión de la concejala delegada de la Plaza de Toros, Ana Isabel García, y “responsabilidades políticas” al alcalde, el popular José Manuel Aranda, por “el gasto generado” a las arcas municipales y la “mala gestión”.

Los hechos se remontan a este verano, cuando el equipo de gobierno llevó a la junta de portavoces una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 65.000 euros con que poder celebrar la corrida de toros. La reunión se celebró el 25 de agosto, solo tres días después de que se concretara la extinción de la concesión demanial a la empresa Ruedole SL para explotar el coso bilbilitano, a iniciativa de la propia firma. El perjuicio ya venía de entonces, puesto que el pliego de ese contrato incluía una sanción insignificante por la renuncia unilateral del titular: entre 300 y 1.000 euros.

La Asociación de Profesionales Taurinos hizo público un comunicado en el que amenazaba con llevar a los tribunales al alcalde si adjudicaba a Ignacio Ríos SL los festejos taurinos del mes de septiembre sin cumplir con la normativa lega. El Ayuntamiento se echó atrás. Los populares trataron más adelante de sustituir la corrida de toros por una novillada, pero tampoco había plazo para eso. Finalmente, no hubo festejo taurino.

Sin embargo, Ignacio Ríos SL sí que acabó cobrando el 7 de septiembre una factura de 6.000 euros en concepto de “asesoramiento” al Ayuntamiento durante esas dos semanas. Y eso pese a que el secretario municipal ya informó de que no era posible tramitar un evento taurino, dado que los plazos no daban. Así lo dieron a conocer los socialistas en el pleno.

“Un trabajo ímprobo”

El alcalde explica a este periódico que la renuncia de Ruedole SL obligó al Ayuntamiento “a buscar a una solución”, lo que le llevó a pensar en Ignacio Ríos SL por su experiencia, ya que “había llevado la plaza en la pandemia”. Aranda asegura que la empresa ayudó al Consistorio “con asesoramiento, con carteles y con los trámites”. “Fue un trabajo ímprobo”, destaca.

El primer edil desmiente, como afirmó la Asociación de Profesionales Taurinos, que el gobierno municipal fuera a adjudicar a dedo el evento a Ignacio Ríos SL: “Son invenciones”, asegura, lo que vincula con que “el mundo taurino es muy complicado”. Su idea, cuenta, es que el Ayuntamiento lo organizara directamente, para lo cual no posee personal. “Teníamos que recurrir al asesoramiento para buscar una ganadería, para ver qué evento encajaba, qué personal estaba libre, notificar a la plaza o dónde remitir los desechos”, enumera.

La portavoz del PSOE, Sandra Marín, acusó al equipo de gobierno de seguir adelante con la organización del festejo “pese a saber que el plazo se había acabado, ignorando informes y recomendaciones”. Respecto a la factura, denunció que “no consta ni en qué condiciones se autorizó ni en qué consistía el asesoramiento”. “La gestión de los festejos taurinos ha sido un ejemplo de improvisación y de ausencia de rigor administrativo. Que el alcalde asuma responsabilidades y que la concejala dimita por su papel directo en esta tramitación deficiente, que ha causado un daño a la ciudad y a sus tradiciones”, sentenció.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Jorge Lázaro –que se abstuvo en la moción socialista– situó el “origen del peligro” en “no haber visto que había que cambiar el contrato” de la concesión demanial para la plaza de toros. “Creo que no se hizo bien, es un error que nos ha costado dinero”, destacó.

Las dudas expresadas por la oposición en el Ayuntamiento de Calatayud sobre la gestión presupuestaria del equipo de gobierno del PP han sido refrendadas por la Cámara de Cuentas de Aragón. En un demoledor informe sobre los ejercicios de 2021 y 2022, el órgano fiscalizador detecta un rosario de irregularidades que van desde incumplimientos en materia de contratación a un abuso de subvenciones directas o nominativas.

Como cuestión previa, el órgano fiscalizador traslada la “dificultad de obtener información correcta de los libros contables” debido a “las limitaciones de su sistema informático”, algo que comparte el Ayuntamiento. El equipo de gobierno también acepta que hay “incorrecciones” en el libro diario, con “asientos sin importe”.

En materia de subvenciones se produce el mayor número de irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. Para empezar, el Ayuntamiento reconoce que no realizó controles financieros sobre las ayudas municipales, tal y como exige la normativa.

En general, la Cámara recomienda al equipo de gobierno del PP que revise “la utilización predominante de la concesión directa o nominativa” y que anteponga la concurrencia competitiva. Y que lleve a cabo un “seguimiento” para garantizar “el adecuado uso de los fondos públicos”.

La convocatoria “para el fomento de la creación de empleo y el desarrollo del tejido empresarial en Calatayud” fue en realidad una ayuda directa a una empresa, algo que el Ayuntamiento justifica en el “carácter innovador del proyecto” y el “volumen de inversión”. Fueron 150.000 euros de los que resultó beneficiaria la empresa Levprot Bioscience. La Cámara de Cuentas destapa una absoluta falta de control en estas ayudas, para las que insta a utilizar el procedimiento de concurrencia competitiva.

Lo mismo sucede con la subvención para la restauración del recinto del claustro-museo de la Colegiata de Santa María la Mayor, por un importe de 682.865 euros y cuya concesión directa el Ayuntamiento no justificó. De hecho, el órgano fiscalizador determina que se trata de una “subvención en especie al Obispado de Tarazona”.

La Cámara de Cuentas también pone problemas a la tramitación de la ayuda directa por 226.700 euros a la empresa Iberia Compositech Manufacturing, de la que no constan memorias justificativas y económicas y para la que la fiscalización previa se lleva a cabo una vez elevada al pleno su concesión.

Contratos menores

El ámbito de la contratación tampoco se queda fuera de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. Este órgano empieza indicando que el Ayuntamiento “no planificó y publicó su actividad contractual anual”, como está reglado. Además, el órgano fiscalizador afea la “no coincidencia entre el registro contables de facturas y los listados de contratos menores publicados por el Ayuntamiento”, ante lo que concluye que los datos aportados tienen “poca fiabilidad”, lo que “incrementa el riesgo de fraccionamiento no detectado”.

Entre 2021 y 2022, el Consistorio adjudicó contratos por algo más de 20 millones de euros, la mayor parte en el primer ejercicio debido a la adjudicación de la limpieza viaria y recogida de residuos por 12.584.216 euros.

Casi dos millones de euros fueron contratos menores, en torno a un 10% del total. El volumen de estos contratos fue mucho mayor en 2022, cuando supuso uno de cada cuatro euros dedicados por el Ayuntamiento de Calatayud a este apartado de gasto.

El órgano fiscalizador detecta fraccionamiento de contratos menores en dos de los casos analizados. Por un lado, en la instalación de sistema de control de tráfico mediante videovigilancia, que se lanzó por procedimiento abierto simplificado en 2020 y que se continuó después con la modalidad de contrato menor. El segundo se refiere a obras adjudicadas a una misma empresa para actuaciones en piscinas municipales que rondan los 100.000 euros en total.

La Cámara de Cuentas refleja que en “ningún expediente” analizado se deja constancia sobre si hay conflicto de interés en las mesas de contratación, algo que puede “comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento”.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento se compromete a trasladar “una circular a todos los empleados indicándoles la obligatoriedad de incluir en los expedientes de contratación declaración de conflicto de intereses”.

Además, el órgano afea las dificultades para llegar hasta el perfil del contratante en la web municipal.

En el apartado de recomendaciones, la Cámara propone revisar los procedimientos de gestión para que “se reduzca el número de incumplimientos”.

Modificaciones presupuestarias

En materia de modificaciones presupuestarias, la Cámara de Cuentas destaca que “no se presentan de forma clara las razones por las que el presupuesto debe ser modificado”, con una memoria “muy genérica”, lo que contraviene la normativa.

Según alega el Ayuntamiento, desde 2023 estas indicaciones ya se cumplen, algo que la Cámara no puede verificar.

Tampoco constan los documentos contables en los expedientes de modificación presupuestaria remitidos, algo que el Consistorio no hizo tampoco en la fase de alegaciones.

El apartado de la plantilla otro que genera incidencias. La Cámara informa de que no hay “criterio claro” para la asignación de tareas a funcionarios o al personal laboral. Y recomienda la revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT) “para evitar que se produzcan errores o diferencias”. “Es necesario clarificar en los distintos puestos las funciones que debe realizar el personal funcionario”, advierte.

Además, hay numerosos errores en cuestiones financieras, como en la aplicación del principio de devengo o préstamos y cuentas de crédito mal contabilizados.

Las próximas fiestas patronales de Calatayud, dedicadas a Nuestra Señora la Virgen de la Peña, no contarán con el tradicional festejo taurino en el coso municipal de Margarita. La corrida de toros, celebrada desde su inauguración en 1877 —con excepción de la Guerra Civil Española (1936-1939) y la pandemia de COVID-19 en 2020— se ve interrumpida este año debido a problemas organizativos y legales. El Ayuntamiento ha confirmado que la Dirección General de Interior y Emergencias ha denegado la autorización para el espectáculo programado el 7 de septiembre, al no haberse solicitado con la antelación mínima de quince días hábiles que exige la normativa.

Todo empezó el pasado 20 de agosto, cuando la empresa adjudicataria renunció al contrato, al no poder asumir el coste de la corrida de toros del 7 de septiembre. Entonces, el Ayuntamiento realizó una modificación de crédito “preventiva” por si era necesario organizar el acto desde el mismo Consistorio. El Gobierno municipal aprobó un decreto para detraer 65.000 euros de partidas de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo e Industria con el fin de garantizar el festejo taurino, pese a no tener entonces empresa adjudicataria. A la confusión se sumó la advertencia de la Agrupación de Profesionales Taurinos, que advirtió de una posible querella si el Ayuntamiento adjudicaba la corrida de forma directa a la firma Ignacio Ríos S.L. sin respetar la Ley de Contratos del Sector Público. El Consistorio negó que se hubiera producido ninguna adjudicación irregular, aunque el aviso forzó a replantear el procedimiento.

Así las cosas, el 29 de agosto el Consistorio publicó la licitación para realizar una novillada en la plaza el 7 de septiembre, lo que contradecía los pliegos originales que hablaban de una corrida de toros. Esta licitación tenía como plazo para presentarse hasta el lunes 1 de septiembre a las 14:00. Se desconoce si alguna empresa se presentó y, aunque hubiera sido así, el festejo no se podría haber realizado porque la Dirección General de Interior y Emergencias ha comunicado que se deniega la autorización solicitada para un festejo el día 7 de septiembre, por no haberse presentado con los 15 días hábiles de antelación que se requieren.

El Ayuntamiento ha comunicado la decisión mediante una nota de prensa y ha pedido disculpas a la ciudadanía y a los aficionados. Ha dicho también que se aplicarán las sanciones “que correspondan a la empresa que resultó adjudicataria de la gestión del coso el pasado mes de mayo, y que por razones económicas y organizativas ha decidido retirarse sin celebrar la corrida de toros que en julio había avanzado a esta administración local”. Esta empresa aseguró a este diario que, en el momento que comunicaron su renuncia, el Ayuntamiento “nos dijo que tenía otra empresa que lo podía hacer”, explican desde la compañía, que asegura haber llegado a un acuerdo “sin sanción”.

El Ayuntamiento de Calatayud ha sacado a licitación el contrato para realizar un festejo taurino el próximo 7 de septiembre por las fiestas de la Virgen de la Peña. Lo hizo el 29 de agosto, viernes, con un plazo de presentación para las empresas interesadas de 72 horas —dos de esos días, inhábiles al ser fin de semana—, ya que concluía este lunes 1 de septiembre a las 14:00. Sin embargo, no hay tiempo para solicitar la autorización al Gobierno de Aragón, que se ha de presentar con quince días hábiles de antelación. Según el pliego de condiciones, el próximo fin de semana la plaza de toros debía acoger una corrida de toros, pero tras retirarse la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento ha sustituido esta corrida por una novillada.

La licitación actual del Ayuntamiento no concuerda con el pliego de condiciones que se publicó en abril y del que resultó adjudicataria Hermanos Colomer. Estos realizaron los actos de agosto y, al verse incapaces de asumir el coste de la corrida de toros de septiembre, presentaron su renuncia. Llegaron a un acuerdo “sin sanción” con el Consistorio, que, según esta firma, “nos dijo que tenía otra empresa que lo podía hacer”. El Ayuntamiento sostiene que tras esta cancelación se determinó hacer una transferencia de crédito “preventiva” ante una situación “sobrevenida”: “Esa modificación se lleva a cabo porque tiene que hacerse para dotar de partidas a los gastos que tengas, en este caso si fuese necesario para la organización del festejo taurino”, exponen.

Raúl Adrada, de Toro Fusión, empresa que ha colaborado en el apercibimiento enviado por la Agrupación de Profesionales Taurinos al Ayuntamiento, denuncia que la licitación publicada el pasado viernes está fuera de plazo, ya que para poder realizar un festejo taurino hay que pedir autorización al Gobierno de Aragón quince días hábiles antes del evento. Han enviado un nuevo escrito al Ayuntamiento “para decirles que no es legal lo que están haciendo, la administración tiene unos plazos y no se pueden inventar la ley”. Por otro lado, denuncia que se ha licitado “por debajo del precio real del festejo”, que estima entre 20.000 y 22.000 euros, aunque al haber sacado la licitación como contrato menor de suministros, el valor no puede superar los 15.000 euros. Ante las preguntas de este medio relativas a este asunto, el Consistorio ha rechazado dar declaraciones.

En primera instancia, se publicó la licitación de este contrato menor de suministros por 15.000 euros, que posteriormente fue modificada a 14.990, ya que los contratos menores de suministro están definidos como aquellos cuyo valor estimado es inferior a 15.000 euros. En dicho contrato la empresa adjudicataria se compromete a suministrar seis reses para la corrida de toros, obtener y pagar las autorizaciones y permisos pertinentes y a realizar “cuantas actuaciones se requieran para el correcto suministro de las reses y será responsable único de todas las actuaciones que puedan derivarse de ello”.

Adrada asegura que han impugnado esta licitación y se han puesto en contacto con el Gobierno de Aragón para que no autorice este festejo, ya que son las empresas organizadoras de festejos taurinos populares las que deberán solicitar la autorización “con una antelación mínima de quince días hábiles, la pertinente solicitud en la que se haga constar, además de los datos personales, los referentes a los festejos que se pretenden realizar”, tal y como establece el documento de Gestión de autorizaciones para espectáculos públicos - Festejos taurinos populares. En este caso, no hay empresa adjudicataria y el plazo para presentarse concluye seis días antes del evento. Adrada asegura también que, si siguen adelante, “pondremos una querella”.

Este contrato llega después de semanas de incertidumbre en torno a la celebración de la corrida de septiembre. El Gobierno municipal aprobó un decreto para detraer 65.000 euros de partidas de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo e Industria con el fin de garantizar el festejo taurino, pese a no tener entonces empresa adjudicataria. A la confusión se sumó la advertencia de la Agrupación de Profesionales Taurinos, que advirtió de una posible querella si el Ayuntamiento adjudicaba la corrida de forma directa a la firma Ignacio Ríos S.L. sin respetar la Ley de Contratos del Sector Público. El Consistorio negó que se hubiera producido ninguna adjudicación irregular, aunque el aviso forzó a replantear el procedimiento.

Lío con los toros en Calatayud. El Gobierno municipal del PP ha sacado adelante un decreto en el que detrae 65.000 euros de cinco partidas para destinar este dinero a la corrida de las fiestas de la Virgen de la Peña. Una cita que ahora el propio equipo de gobierno deja en el aire por falta de empresa adjudicataria. Para aumentar el desconcierto, la Agrupación de Profesionales Taurinos había remitido el domingo un apercibimiento al Ayuntamiento advirtiendo de una querella si la organización de esta corrida de toros acababa en manos de la firma Ignacio Ríos sin respetar los procedimientos legales.

Con el mencionado decreto, que fue notificado en la junta de portavoces celebrada este lunes, el Ayuntamiento de Calatayud transfiere 65.000 euros para ampliar el crédito destinado a la plaza de toros del Coso de Margarita, a pesar de no tener certezas de que la corrida programada para el próximo 6 de septiembre se vaya a realizar porque no cuentan con empresa adjudicataria. La Comisión de Hacienda aprobó el traslado de crédito varias partidas de las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo e Industria con el fin de garantizar la celebración del festejo taurino. Concretamente, se destinan a la plaza de toros 35.000 euros que antes estaban adjudicados a la asistencia técnica PGOU en edificios municipales; 12.000 estudios y trabajos técnicos en industria; 8.000 euros de estudios y trabajos técnicos en protección y mejora del medio ambiente; 5.000 euros para el Plan tratamiento medianeras de edificios demolidos en edificios municipales; y otros 5.000 euros adjudicados a cuotas varias en turismo. El Gobierno municipal justifica esta medida en que se trata de un evento “ineludible” por su peso cultural y social, y que no podía demorarse al próximo ejercicio.

La concesión inicial de los festejos taurinos recaía en la empresa Hermanos Colomer, que organizó los eventos de agosto. Sin embargo, la empresa renunció a realizar la corrida de septiembre. “Nos pedían seis toros y tres toreros, pero nosotros solo podíamos ofrecer algo más sencillo, una mixta o cambiar un torero por un novillero. El Ayuntamiento nos dijo que tenía otra empresa que lo podía hacer”, explican desde la compañía, que asegura haber llegado a un acuerdo “sin sanción”.

Según el Ayuntamiento, tras esta cancelación se determinó hacer una transferencia de crédito “preventiva” ante una situación “sobrevenida”: “Esa modificación se lleva a cabo porque tiene que hacerse para dotar de partidas a los gastos que tengas, en este caso si fuese necesario para la organización del festejo taurino”, exponen.

Sin embargo, por el momento no se conoce qué otra empresa podría hacerlo, ya que el proceso no ha salido a licitación. Fuentes del Consistorio consultadas por este diario explican que “se está trabajando para que Calatayud tenga festejos taurinos” y que están valorando las opciones, entre las que se incluye que sea el propio Ayuntamiento el que la organice.

Advertencia legal

Para aumentar la confusión, el domingo por la noche la Agrupación de Profesionales Taurinos remitió un escrito al Ayuntamiento en el que advertía de que la adjudicación directa a la empresa Ignacio Ríos S.L. sería “manifiestamente ilícita”. Recordaban que la Ley de Contratos del Sector Público exige concurrencia de tres licitadores y que una corrida de toros supera ampliamente el límite económico de un contrato menor.

El colectivo apercibía al Consistorio de que, de seguir adelante sin respetar el procedimiento, podrían “acudir a la jurisdicción penal por prevaricación”.

Tanto Ignacio Ríos como el Ayuntamiento niegan que ese contrato se haya hecho o se fuera a realizar: “No tengo ni adjudicación, ni he licitado ningún pliego. No me han adjudicado nada, ni directa ni indirectamente. No tengo contrato ni he firmado nada”, expone Ríos.

Sin embargo, Raúl Adrada, portavoz de Toro Fusión, empresa que ha colaborado en el apercibimiento enviado al Ayuntamiento, sostiene que “se han echado para atrás al recibir nuestro comunicado y van a dejar sin toros a Calatayud”. Considera que lo han paralizado desde la Agrupación de Profesionales Taurinos y que la intención del Ayuntamiento era adjudicarlo “de forma directa” a Ignacio Ríos “incumpliendo la ley. No va a haber toros por la mala gestión y la corrupción”. El Ayuntamiento niega ese incumplimiento de la ley y asegura que se siguen valorando opciones, “siempre sujetas a la legalidad”.

El proyecto para establecer la polémica universidad privada en Calatayud ya se ha presentado ante el Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Los promotores proponen impartir 14 grados universitarios en tres facultades que, a su vez, integran cuatro ramas de conocimiento. Durante el primer curso, que iniciará en 2026, se abren plazas para 485 alumnos, de las que solo 150 presenciales. El número iría aumentando hasta 2031, cuando se cumplirían seis años de su implantación y año en el que cursarían sus estudios en este centro 2.978 alumnos, de ellos 1.665 (un 55%) en modalidad presencial. La cifra está muy lejos de los 4.500 que exigiría el Gobierno de España tras el decreto que endurece las condiciones de las universidades privadas.

También está lejos de las cifras por ejemplo de la otra universidad privada de Aragón, la San Jorge, que cuenta con más de 4.600 alumnos cada año en sus diferentes formaciones. Este centro imparte 24 grados y el año pasado cumplió 20 años de actividad. El pasado mes de marzo se anunció que ampliaba su cartera de grados con la implantación de uno en Medicina.

Según el plan presentado para la NCI Aragón en Calatayud, todos los grados previstos en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas iniciarían su actividad a partir del primer año de inicio de actividad de la universidad, prevista para el año académico 2026/2027. Ahí se impartirían cinco grados, de los cuales dos de doble titulación internacional, dos másteres y un doctorado. En la de Ciencias de la Salud se empezaría a partir del primer año de actividad con cuatro grados de los seis previstos. Al final del quinto año de actividad se impartirían seis grados, de los cuales uno de doble titulación internacional y dos másteres.

La Escuela de Ingeniería empezaría su actividad a partir del segundo año de actividad, el curso académico 2027/2028, con dos grados de los tres previstos y un máster de los dos previstos. Las titulaciones que se impartirían, al final del quinto año de actividad, serán cinco grados, de los cuales dos de doble titulación internacional, dos másteres y un doctorado.

Un controvertido político italiano

Lo que se contempla es implantar la universidad en las instalaciones de la Azucarera Labradora, frente a la estación del AVE de Calatayud. La universidad es la NCI Aragón (Università Niccolo Cusano, promovida por la Società delle Scienze Umane) y la promotora del campus diseñaba un complejo universitario en las instalaciones de este complejo de 4.300 metros cuadrados en tres naves y un área exterior anexa de 30.000 metros cuadrados.

El fundador de la promotora de este proyecto es Stefano Bandecchi, un polémico político italiano que ha sido protagonista de varios escándalos. Bandecchi tiene vínculos con Silvio Berlusconi y en varias ocasiones ha realizado comentarios homófobos, racistas o machistas, e incluso ha compartido fotos en redes sociales haciendo el saludo nazi.

En declaraciones en el Alto Jalón, el alcalde de Calatayud ha quitado importancia a la polémica en torno al fundador de la universidad: “Se está intentando desvirtuar el proyecto con argumentos ideológicos. La universidad se juzga por su calidad académica, no por la filiación política de sus promotores”.

El Partido Popular de Calatayud presentó el pasado martes una moción que se debatirá el sábado en el pleno del Ayuntamiento en la que argumenta que implantar la Universidad Niccolò Cusano en Calatayud sería “enriquecedor para el medio rural” y “generador de desarrollo y riqueza para todos”. Desde el PP consideran que este proyecto está en línea con la legislación vigente y que se modifica de forma retroactiva podría “poner en riesgo la seguridad jurídica del sistema educativo español”, en referencia al decreto que modifica las condiciones de las universidades privadas, ya que la que se pretende instalar en Calatayud no contará con los 4.500 alumnos necesarios. Sostienen que el proyecto se presentó antes de la aprobación del decreto y con base en la legislación de 2021.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), expresó el pasado mes de marzo que, “aunque se diera el caso de que el Ministerio realice un informe negativo, no sería vinculante y, por lo tanto, su dictamen no necesariamente detendría el progreso del proyecto”.

Una vez que se reciba la evaluación del Ministerio, será responsabilidad del Gobierno de Aragón iniciar los trámites necesarios para legislar en las Cortes Aragonesas sobre la creación del campus. En este contexto, Aranda enfatizó que cualquier decisión negativa del Ministerio no será definitiva y que el Gobierno aragonés podrá seguir adelante con los trámites correspondientes. Además, Aranda informaba que tanto la Consejera del Gobierno de Aragón como la directora general de universidades han solicitado una reunión en Madrid para presentar y explicar a fondo el proyecto. Aranda señaló que el camino hacia la creación de esta universidad “podría ser largo”.

Tres proyectos en Aragón

El Gobierno de Aragón ha remitido ya al Ministerio de Universidades los proyectos de las tres nuevas universidades privadas que quieren implantarse en Aragón, la NCI en Calatayud, Power University y UNIAR. La vicepresidenta del Gobierno regional, Mar Vaquero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el informe que elabore la Conferencia General de Política Universitaria será preceptivo, pero no vinculante.

En relación al Real Decreto anunciado por el Gobierno de España para endurecer los requisitos de creación de universidades privadas, Vaquero ha considerado que “está impregnado de un gran sectarismo”, que ha atribuido a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo que “ni los vascos ni catalanes van a permitir esa usurpación de competencias que había hasta ahora y, por lo tanto, ese informe no va a ser vinculante”.

Ha rechazado “el intervencionismo permanente” sobre las competencias autonómicas y ha dejado claro que el Gobierno de Aragón seguirá defendiendo las suyas, incluyendo la aprobación de la creación de universidades online.

“Después de haber escuchado al Gobierno tachar a las universidades privadas de academias y chiringuitos educativos, a pesar de que muchos de ellos se han formado en estas universidades, desde el Gobierno de Aragón vamos a seguir centrándonos en impulsar la formación del talento, de la experiencia, del conocimiento de todos los aragoneses”, ha aseverado la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero.

El 26 de diciembre de 1951, el Ayuntamiento de Calatayud sacó adelante un acuerdo por el que otorgaba la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco. Esta condecoración representa un reconocimiento honorífico y fue registrada en el Libro de Honores y Distinciones de la ciudad. A día de hoy, esa medalla no consta en las distinciones actuales, pero el “honor” que recibió el dictador nunca ha sido revocado. La Delegación de Gobierno ha solicitado en varias ocasiones la derogación de este acuerdo, y también lo hizo el Ejecutivo de Javier Lambán, sin éxito. Hoy, al no contar Aragón con una ley de memoria autonómica, la competencia para exigir la revocación del acuerdo corresponde a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Las medallas que otorga esta localidad son de carácter vitalicio, es decir, duran desde que se obtienen hasta el fin de la vida, según establece su reglamento. Por este motivo, el Ayuntamiento de la localidad, en manos del PP, sostiene que no es necesario retirarla porque “ahora no consta que Franco tenga ninguna medalla en la ciudad, la perdió al fallecer”. Sin embargo, a pesar de que “los efectos civiles” están en vigor mientras vive la persona, “cuando la persona fallece deja de percibir estos honores, pero el honor sigue en vigor, lo tiene que revocar quien lo otorgó”, expone el abogado memorialista Eduardo Ranz.

Con el paso de los años este tipo de distinciones han ido desapareciendo de los municipios españoles, tal y como establece la Ley de Memoria estatal que, en su artículo 15, recoge que las Administraciones Públicas “deben adoptar las medidas necesarias para la retirada de distinciones, títulos, medallas y cualquier otra clase de honor o reconocimiento público que hubieran sido concedidos a personas que desempeñaron cargos de responsabilidad en el régimen franquista, a organizaciones o entidades que tuvieron un papel destacado en la defensa de dicho régimen”. 

Ranz explica que, al ser el Ayuntamiento quien la concedió, ha de ser una decisión municipal la que revoque esta distinción. “Hay que celebrar un pleno revocando la medalla que recibió el dictador y, por otro lado, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con la ley de 2022 establece que es ella la que puede instruir un expediente que puede ser sancionatorio por importe de hasta 150.000 euros a pagar por el Ayuntamiento”, apunta.

A su vez, expone que la medalla “es un honor y distinción y forma parte de la simbología, esto supone que la ley de memoria histórica de 2007 establecía que la simbología y exaltación de Guerra Civil y Dictadura debe ser retirada. Justificar un honor al dictador representa también la ideología de quien quiere mantener ese honor al dictador, una persona que ordenó asesinar a 114.000 personas no merece ningún honor”.

Aplicar la Ley de Memoria

El capítulo segundo del vigente Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Calatayud prevé en el artículo 16 la posibilidad de revocar las distinciones honoríficas concedidas “si alguno de sus titulares llegase a ser indigno de poseerlas por causas que afecten gravemente al honor”. Actualmente, conforme al artículo 42 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, la revisión y revocación de las condecoraciones que supongan un enaltecimiento del régimen franquista y sus protagonistas han de llevarse a cabo también a título póstumo.

Esta cuestión ha provocado varios intercambios epistolares entre el Gobierno de Aragón y la Delegación de Gobierno con el Consistorio de la localidad. En junio de 2020 el departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón abrió un expediente al Ayuntamiento por el que debía revocar el acuerdo por el que se concedió esta distinción. La Dirección General de Patrimonio Cultural apela las normas reguladoras de la memoria democrática, tanto la estatal del 2007 como la autonómica del 2018, que ya no está en vigor, que “imponen una conducta a las administraciones públicas consistente en adoptar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas”. 

La petición la reiteró el Gobierno de Aragón en enero de 2023, cuando enviaron un requerimiento en el que se instaba al Ayuntamiento a aplicar “lo dispuesto por la legislación vigente en los términos señalados e inicie el procedimiento para la revocación de dicha medalla al dictador Francisco Franco Bahamonde”, una orden que incluye la obligación de que “una vez adoptado el acuerdo de revocación, se haga constar en el Libro Registro de Honores y Distinciones”. Sin embargo, estos expedientes quedaron sin efecto, ya que, si no se obtiene respuesta en tres meses, caduca el proceso administrativo. En esta legislatura no ha habido ninguna petición al respecto y, al derogar en 2024 el Gobierno de Aragón la ley de memoria autonómica, prevalece la ley estatal, por lo que corresponde a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática abrir un expediente.

Aragón se rige ahora por la norma estatal, la Ley 20/2022, que en su artículo 35.3 establece que las administraciones públicas tienen que adoptar las medidas oportunas para retirar los elementos contrarios a la memoria democrática, como sería en este caso la “medalla de la ciudad de Calatayud en su categoría de oro al Excmo. Señor Francisco Franco Bahamonde”, al tratarse de una mención conmemorativa de exaltación personal de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la posterior dictadura. Así lo expuso Marisancho Menjón Ruiz, la Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón en la pasada legislatura, cuando se envió un requerimiento al Ayuntamiento para que eliminasen esta distinción.

Ante el argumento del Consistorio que considera que, al fallecer Franco, ya no tiene medalla, el artículo 42 de esta misma ley establece que la revisión y revocación podrá llevarse a cabo a título póstumo.

Sentencias en contra

Por su parte, la Delegación de Gobierno en Aragón ha expuesto en varias ocasiones que “no se comparte el argumento utilizado por el Ayuntamiento bilbilitano de que al tratarse de una condecoración vitalicia no es necesario un acuerdo expreso de retirada. La consideración de que esta medalla o cualquier otro tipo de honor concedido a una persona es vitalicia no tiene más efecto que el de entender que no está sujeto a ningún tipo de renovación o prórroga, siendo permanente en el tiempo y únicamente su retirada con un acto expreso le puede privar a la persona concreta de la consideración otorgada, independientemente de que esté vivo o haya fallecido”. En 2022 esta institución remitió un oficio al Ayuntamiento bilbilitano, dirigido a su alcalde, en el que instaba a la corporación a “iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de un acuerdo explícito que deje sin efecto” al que se registró en diciembre de 1951 por el que se concedía la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco.

La Delegación sostiene su argumento en diversas resoluciones jurisdiccionales, pone como ejemplo la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia de 2012 por la que se estima un recurso “por el que se denegó la retirada del título de alcalde honorario de la ciudad de Valencia al General Francisco Franco, sin que a ello obste el hecho de que la personalidad civil de quien recibió tal título se extinguiera con su muerte, por cuando, como es bien sabido, los títulos honoríficos también vienen concediéndose por las Administraciones públicas a personas ya fallecidas”.

Como una suerte de efecto mariposa, la prohibición por parte del Gobierno municipal de Alhama de Aragón de emitir un documental sobre un republicano represaliado, junto al hecho de que poco antes permitiera un acto de Falange en una plaza de la localidad, ha generado una fuerte polémica no solo en la localidad, sino en toda la provincia de Zaragoza. Este sábado, el anuncio de un bar de la localidad de que iba a proyectar el documental -'España una, Portugal cero. Memorias de un prisionero de guerra'- ha congregado a un nutrido grupo con vecinos, representantes políticos y visitantes de otros municipios. 

La concatenación de hechos había despertado una gran expectación en la localidad, en una serie de noticias adelantadas por el diario Alto Jalón. 

La sección de Aragón de la Falange Española y de las Jons solicitó al Ayuntamiento instalar una carpa informativa en la plaza de Joaquín Costa, a lo que sumaron una mesa redonda y una comida en un centro termal. En el municipio de la comarca de Comunidad de Calatayud, que cuenta con un millar de vecinos, Falange sacó cinco votos en las últimas elecciones municipales, de 2023. Se trata de una formación heredera del franquismo, que propugna un estado orgánico, contrario a la democracia liberal de partidos, que aboga por salir de la UE, xenófobo y partidario de ilegalizar el aborto. Estas son las ideas que se trasladaron en la mencionada reunión, celebrada el sábado 15 de febrero.

Y a esto se une que, ante la petición de emitir en una instalación municipal el documental 'España una, Portugal cero. Memorias de un prisionero de guerra', el Gobierno municipal dijo 'no'. Dirigido por Santi Ric y Javi Gil en 2023, la cinta cuenta en primera persona las vivencias de José Ric Darne, militante antifascista que combatió en la Guerra Civil, fue hecho prisionero, se exilió a Francia y fue internado en un campo de concentración nazi. Murió a los 103 años de edad. Ha producido por el colectivo audiovisual vasco-aragonés 'AP-68 Películas'.

La alcaldesa de Alhama de Aragón, Pilar Marco (Tú Aragón), confirma ambos hechos. Sobre el acto de Falange, recuerda que es “un partido legalmente constituido” y que pidió instalarse “en un espacio público”, para lo que “presentó toda la documentación correctamente”. “Eso, al margen de compartir o no la ideología”, matiza Marco, quien destaca que fue “un acto correcto” del que “muchos vecinos ni se enteraron”. Y, respecto al documental, negó conocer el contenido ni a su protagonista. “Pero no vi correcto ceder un espacio público como el salón de plenos, que es el único que tenemos. No teníamos obligación y lo declinamos”, incide la regidora. “No hay intención de molestar a nadie, pero no es lo mismo un partido legalmente constituido que un particular con un interés en su propio trabajo”, manifiesta Marco. 

“Creen que todo lo que tiene que ver con la memoria histórica es algo político”, lamenta Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). “Entre que ha habido mucho miedo y que aún hay mucho blanqueamiento, seguimos con una franquismo sociológico”, sostiene Gómez, para quien es triste que el Consistorio “mire para otro lado con un acto que incumple la Ley de Memoria Democrática y que por otro lado prohíba un documental que habla de las víctimas, es algo que les retrata absolutamente”.

“Hay que seguir en la lucha, no podemos dejar que nos amedrenten”, añade el responsable de la ARMHA.

Tras la prohibición, el bar Kañamón de Alhama anunció que proyectaría el documental este sábado, 21 de febrero. “Acto por la libertad, la democracia y la memoria histórica. Un encuentro para honrar a las víctimas del golpe militar y reivindicar la verdad. Porque todas las víctimas merecen ser reconocidas”, se lee en el cartel en el que anunciaron la emisión.

Este llamamiento ha tenido un amplio eco en los partidos políticos, que ya en días pasados han estado denunciando la situación vivida en Alhama. En el bar se han reunido representantes del PSOE, de Chunta y de Izquierda Unida.

El diputado nacional del PSOE por Zaragoza y responsable de los socialistas en Calatayud ha mostrado su apoyo a “cualquier iniciativa que tenga que ver con erradicar el fascismo de la comarca”. “No se puede negar una reivindicación de memoria histórica y a la vez permitir un acto que vulnera la ley”, ha apuntado el responsable socialista, para quien la alcaldesa sí que podía haber frenado la carpa informativa.

“Un doble rasero inaceptable”

Desde Chunta, el coordinador del Rolde de Memoria Democrática y Laicismo de la formación, Armando Sancho, ha considerado, en la misma línea, “un doble rasero inaceptable” la postura del equipo de gobierno en Alhama. “Es injusto que una acción la prohíbas y otra la permitas”, ha señalado, quien critica que se dé “cancha a un movimiento político totalitarista, que pretende acabar con la democracia tal y como la conocemos. No se puede dar cabida a un partido que quiere blanquear la dictadura de Franco”.

Y para Nerea Marín, diputada delegada de Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Zaragoza y miembro de Izquierda Unida, lo vivido en Alhama “no es un hecho aislado, sino que responde a un preocupante aumento del espacio por parte de los discursos totalitarios”. Desde su punto de vista, la postura del Ayuntamiento de que no quiere “herir sensibilidades” tiene una componente de hipocresía por que “parece que hay sensibilidades que importan más que otras”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Calatayud, Sandra Marín, ha reclamado nuevamente al Gobierno de Aragón que proceda a cubrir las dos plazas de médico psiquiatra vacantes en el sector sanitario de la capital bilbilitana ante la “situación insostenible” que se ha generado por el aumento de las listas de espera.

La carencia de especialistas, advierte Marín, “está generando problemas tanto en los pacientes como en el único facultativo que trata de atender las necesidades de una población altamente vulnerable”. La portavoz de los socialistas de Calatayud ha recordado que el pasado mes de octubre ya planteó esta situación en uno de los plenos del Consistorio, pero no logró el respaldo del equipo de Gobierno del popular José Manuel Aranda.

Tres meses después, con el problema agravado por el paso del tiempo y sin que se haya producido ninguna novedad, se dirige otra vez al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para que resuelva una situación que califica de “extremadamente delicada”.

Marín ha explicado que el sector sanitario de Calatayud consta de dos unidades de Salud Mental, una de adultos y otra infanto-juvenil, que deben estar atendidas por tres especialistas, dos de ellos dedicados a los adultos. Sin embargo, ha apuntado, “la realidad es que en la actualidad solo un profesional se hace cargo de los problemas psiquiátricos que hay en el sector -que tiene asignados los centros de salud de Alhama de Aragón, Ariza, Ateca, Sabiñán, Calatayud Rural-Calatayud Urbana, Villarroya de la Sierra, Illueca, Morata, Daroca y La Almunia- y que representan el 5% de las consultas que se atienden en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza”.

La responsable socialista ha reclamado la cobertura de las plazas de médico psiquiatra porque “la atención de estos pacientes en Calatayud es una necesidad para los enfermos y sus familias, que son también una parte directamente afectada de esta carencia, y por supuesto para los profesionales que trabajan en la zona para cuidar la salud de los ciudadanos”.

Marín estima “fácil de comprender” que “con sólo un psiquiatra en la zona se producen listas de espera, retrasos y disfunciones que afectan de manera directa a unos pacientes muy susceptibles a cualquier cambio en sus pautas de atención”.

Por eso, la concejala socialista de Calatayud pide “un esfuerzo suplementario” al Gobierno de Aragón para restituir el buen funcionamiento de la especialidad en la capital del Jalón, a la vez que considera preciso hacer “una adecuada planificación de los recursos”, ya que la evidencia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la salud mental para dar respuesta al alza de las patologías que se están detectando en la sociedad.

El Ayuntamiento de Paracuellos de la Ribera cambia de alcalde debido a la 'fuga' de todos los ediles de Ciudadanos-Tú Aragón. El gobierno de este pequeño municipio de la comarca de Comunidad de Calatayud, en Zaragoza, pasará a manos del PSOE tras la dimisión de la actual regidora, María Pilar Sánchez, que completa las renuncias de la formación naranja en el municipio. Así, el socialista José Monreal se convertirá este miércoles en nuevo alcalde, cargo que ya ocupó entre 1999 y 2011.

En las elecciones del año pasado, en Paracuellos de la Ribera (con 115 vecinos censados y que se rige por concejo abierto) ganó Ciudadanos-Tú Aragón, que se llevó cuatro concejales frente a uno del PSOE. Al frente de la Alcaldía se quedó María Pilar Sánchez. Pocos meses después, los tres ediles que acompañaban a la alcaldesa dejaron sus cargos y fueron sustituidos -tal y como establece el sistema de concejo- por los siguientes más votados, en este caso todos socialistas.

Sin embargo, los cuatro mantuvieron su apoyo a Sánchez, quien ahora ha decidido a su vez dejar el cargo. Lo hace, según ha trasladado a eldiario.es, “por motivos personales”.

Fuentes socialistas de la comarca explican que, cuando dimitieron los concejales de Cs, los ediles del PSOE siguieron respaldando a la regidora “en un ejercicio de responsabilidad” y para “seguir trabajando por el municipio”. Ahora, con el relevo al frente de la Alcaldía, las mismas fuentes indican que se mantendrá la labor desarrollada y se continuará “con normalidad”. A su vez, han expresado su “gratitud hacia quienes deciden presentarse presentan a unas elecciones, dan la cara con responsabilidad y no lo dejan”.

El relevo se hará oficial este mismo miércoles en el pleno del municipio bilbilitano.

Este cambio no es el único que ha vivido la comarca de Comunidad de Calatayud después de las elecciones del 23-M. Cerca de Paracuellos de la Ribera, en Alhama de Aragón, también se produjo el año pasado un relevo en la Alcaldía: la cabeza de lista de Cs-Tú Aragón, Pilar Marco, se quedó como la única candidata tras la renuncia al acta del popular Jesús Lozano.

Ambas situaciones son muy distintas a la que se vivió meses atrás en Sariñena, tanto por el mayor tamaño de la localidad oscense como porque ahí fue una moción de censura la herramienta empleada para arrebatar el puesto al socialista Juan Escalzo por parte del aragonesista Francisco Villellas, tras un acuerdo entre PAR, PP y CHA. 

Otra moción de censura se vivió en febrero en Biescas (Huesca), donde Nuria Pargada (PAR) se vio desbancada con los votos del PSOE, de CHA y de una concejal expulsada por el PP. Lorena Cajal (PSOE) cogió el bastón de mando. Los aragonesistas perdieron así una Alcaldía que estaba en su poder desde hacía casi 20 años. 

En Loporzano, también en la provincia altoaragonesa, el popular David Suelves sustituyó a Jesús Escario, que también lo dejó por motivos personales. Y en Benabarre renunció el primer edil, el socialista Alfredo Sancho, en su caso al ser designado representante de España en Educación ante la OCDE, UNESCO y Consejo de Europa. Le relevó la teniente de alcalde, Yolanda Castelló.

No hay noticias de la universidad privada que iba a abrir sus puertas en Calatayud. Este proyecto se anunció en diciembre de 2022, cuando en la página web oficial del Ayuntamiento de Calatayud, se afirmaba que la Società delle Scienze Umane había presentado el proyecto para implantar una universidad en Calatayud. Sin embargo, dos años después, no se conocen detalles sobre la propuesta y la oposición critica la falta de información.

El Ayuntamiento asegura que el proceso sigue su curso y tramitación y que el pasado mes octubre de 2023 el alcalde y teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Calatayud, José Manuel Aranda y José Manuel Gimeno, se reunieron en Roma en la sede de la Società delle Scienze Umane para continuar con este proyecto universitario.

El Consistorio asegura también que el 22 de mayo los promotores de la universidad explicaron que la formación que se impartiría sería mixta, tanto a distancia como presencial y que presentaron la memoria al Gobierno de Aragón. “Se metía por registro este documento para su estudio y valoración por parte de los órganos correspondientes del ejecutivo autónomo. En ese proceso se encuentra y en el momento de completar la información que se pueda demandar por parte de la DGA sobre el mismo a los promotores de la universidad”, exponen. También sostienen que en este proceso no tiene competencia el Ayuntamiento porque no se trata de un expediente municipal.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón asegura que se está analizando la documentación recibida y “siguiendo las fases habituales de la tramitación de acuerdo a la normativa vigente” y rechazan hacer más declaraciones sobre el tema.

El 13 de febrero de 2023 el Grupo Municipal Socialista solicitó acceso al expediente relativo al proyecto de la universidad, el alcalde respondió que, en ese momento, no existía “ningún expediente administrativo, no se ha recibido ninguna documentación desde la fecha indicada”. Ante otra solicitud de información realizada este mismo mes de septiembre, el alcalde respondió que la implantación de la Universidad “corresponde a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón”.

Desde el PSOE de Calatayud, su portavoz, Sandra Marín, denuncia que se hizo una presentación de que iba a llegar la localidad “una empresa de talentos” y que se había firmado un contrato de arras de unas parcelas para implantar esta empresa. A posteriori se conoció que era una universidad privada y a distancia, lo que generó “descontento” en la localidad “porque esto genera menos impacto”.

Consideran que esto ha sido una “bomba de humo” electoral y que se ha empezado el proceso “en sentido inverso”, primero en el Ayuntamiento y después en el Gobierno de Aragón, cuando una implantación de este tipo tiene que pedir primero permisos al Ministerio de Educación y al Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento es el último escalón.

Miguel Ángel Basanta, portavoz de CHA en Calatayud, ha denunciado la falta de posicionamiento claro del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, con respecto a la posible implantación de una universidad privada en Calatayud. Basanta manifestó su preocupación por el hecho de que “este tipo de anuncios obedecen siempre a intereses especulativos del gobierno municial, que carece de ideas y de trabajo para reactivar la economía, el empleo y el urbanismo del municipio y surgen en periodo electoral”.

El proyecto

Lo que se contempla es implantar la universidad en las instalaciones de la Azucarera Labradora, frente a la estación del AVE de Calatayud. La universidad es la NCI Aragón (Università Niccolo Cusano, promovida por la Società delle Scienze Umane) y la promotora del campus diseñaba un complejo universitario en las instalaciones de este complejo de 4.300 metros cuadrados en tres naves y un área exterior anexa de 30.000 metros cuadrados. 

En el proyecto de la Universidad NCI Aragón se plantean inicialmente tres facultades: la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y por último la Facultad de Ciencias de la Salud. Según explican desde el Ayuntamiento de Calatayud, este complejo es de propiedad privada y la Sociedatá ya tenía un acuerdo con los propietarios cuando se presentó la iniciativa.

El Ministerio de Educación respondió el pasado mes de abril una pregunta sobre su conocimiento del expediente de la universidad privada de Calatayud, y aseguró que no había recibido “ningún proyecto de universidad como el que se menciona en la pregunta formulada, para el trámite de emisión del preceptivo informe de la Conferencia General de Política Universitaria”.

Un hombre que ha muerto tras el derrumbe controlado de un edificio en la localidad zaragozana de Calatayud. El fallecido en la ciudad aragonesa es un hombre de 60 años que trabajaba en las tareas de derribo de un inmueble, en estado de ruina, y le ha caído un muro encima.

El accidente laboral se ha registrado sobre las 9.30 horas al producirse un derrumbe sobre una retroexcavadora. El operario ha quedado atrapado en la cabina de la máquina en la calle Explanada de la Estación. Su labor era ir retirando los materiales de la demolición.

El Ayuntamiento de Calatayud había resuelto la demolición controlada del edificio que ocupa los números 8 y 9 de la citada vía, a la vista de varios informes técnicos que advertían del peligro del inmueble.

Comisiones Obreras (CC.OO) ha denunciado este hecho y ha recordado que las obras de demolición requieren profesionalidad y medidas de prevención para evitar accidentes y es el empresario el responsable de evitar el riesgo. La central sindical exige el “máximo rigor en la investigación de este hecho luctuoso y en el establecimiento de responsabilidades y reclama a las empresas el cumplimiento estricto de la legislación y una mayor implicación en la prevención de riesgos laborales y a la administración la dotación de recursos para la inspección y control y la adopción de medidas de toda índole para evitar los accidentes laborales”, según han publicado en una nota de prensa.

De enero a junio de 2023 ya son 11 personas fallecidas en accidentes de trabajo en empresas radicadas en Aragón, ocho de ellas en jornada y 3 por accidentes In itinere.

El sindicato afirma que nadie debería morir en el trabajo y para ello es necesario que las empresas tomen cuantas medidas sean necesarias para evitar los accidentes. También, en este sentido solicita a las Administraciones Públicas que incrementen el número de efectivos, y la actividad inspectora, de la Inspección de Trabajo y el ISSLA.

La localidad zaragozana de Moros, en la Comunidad de Calatayud (Zaragoza), vio este martes por la tarde arder su término municipal en “cuestión de minutos” y aunque no se produjeron daños personales ni en viviendas, el incendio declarado en el término de Ateca ha arrasado el monte y la mayor parte de la vega. Además de Moros, han sido evacuadas las localidades de Villalengua, Alhama de Aragón, Bubierca, Castejón y Contamina. En total, unas dos mil personas.

Con un perímetro de más de 5.000 hectáreas, las llamas obligaron al corte de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, servicio que ha sido reestablecido a primera hora de este miércoles. La línea convencional continúa cortada.

“Las cosas se mejor esta mañana”, ha declarado a primera hora de este miércoles a la Cadena SER el alcalde de Ateca, Ramón Cristóbal. “Por el momento la situación va mejorando. El viento no sopla prácticamente nada”.

Por su parte Manuel Morte, alcalde de Moros, reconoció ayer la situación de impotencia en la que se encontraba al ver “cómo el pueblo ardía por los cuatro costados en cuestión de minutos”, una forma de explicar la rapidez con que el fuego ha llegado a la localidad cuando por la mañana estaba “a kilómetros” y un golpe de viento y una subida de la temperatura lo ha llevado hasta las proximidades de la casas.

El alcalde de Moros ha destacado asimismo el “comportamiento ejemplar” de los vecinos, que han desalojado el pueblo “sin prisa pero sin pausa”.

No obstante, a pesar del disgusto, Morte ha reconocido que todo ha ido bien y ahora el fuego “ya ha pasado”.

Este miércoles se reunirán para hacer una valoración pero ya ha adelantado que “se ha perdido todo el término municipal”, el monte y la vega, además de algún corral y alguna casa en la periferia, aunque en el caso de infraestructuras y viviendas cree que el daño ha sido “mínimo”.

La alcaldesa de Villaluenga, Ana Villar, ha regresado con urgencia desde Madrid, hasta donde viajó por su cargo de senadora, al conocer que los efectivos de Protección Civil también habían decidido el desalojo de su municipio, que se ha llevado a cabo pasadas las 15 horas, y donde permanecieron un grupo de jóvenes agricultores y algunos mayores que se resisten a abandonar sus pertenencias.

Villar reconoció la “situación de incertidumbre”, ya que no se le ha permitido llegar al pueblo para poder hablar con su gente, y desconoce asimismo si el fuego ya llegado a su término.

“Un cúmulo de mala suerte”

“Esta mañana [por ayer] parece que las noticias eran esperanzadoras pero un cúmulo de mala suerte nos ha vuelto todo al revés” ha lamentado la alcaldesa, quien ha informado de que no ha sido necesario un desalojo precipitado porque el dispositivo se ha preparado bien y la gente ya estaba prevenida.

Mientras los vecinos de Moros se han evacuado a Ateca, donde está instalado el Puesto de Mando Avanzado del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Gobierno de Aragón, los de Villaluenga han sido trasladados hasta el recinto ferial de Calatayud.

Por la tarde, el presidente de la comunidad, Javier Lambán, presidió una nueva reunión del Cecopi, en la que participó también la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano. Debido a las características del incendio, ayer se elevado a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias y se solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las denominaciones de origen de vino aragonesas se preparan para comenzar la vendimia de las miles de hectáreas de viñedos que bañan la comunidad. La más temprana de todas, la del Somontano, empezó en torno al 20 de agosto abriendo una temporada que continuará la D.O. de Cariñena y el Campo de Borja, en la primera semana de septiembre. La última será Calatayud, pues hasta principios de octubre no tiene previsto empezar.

En general, las previsiones de cosecha son buenas y tienden a igualar la cantidad recogida el año anterior, a excepción de Cariñena, que prevé recoger un 23 % menos que la media de la última década o el Campo de Borja, que también espera un descenso. Pero, más allá de la cantidad, si algo caracteriza a los vinos aragoneses es la variedad de uvas, que hace muy difícil que el consumidor caiga en el aburrimiento.

La extensión del terreno permite cultivar en Aragón uvas autóctonas, como la garnacha vieja procedente de viñedos de más de 65 años de antigüedad, cuya demanda aumenta en el mercado internacional, y otras extranjeras como el gewürztraminer, una variedad de origen francés que ha arraigado muy bien en el Somontano y que gusta mucho al cliente nacional.

Precisamente la D.O. Somontano prevé cosechar 19 millones de kilos de uva, una cantidad ligeramente superior a la del año anterior (18,7), pese a la sequía que ha imperado en parte de la temporada. Unas 4.000 hectáreas de viñedo, 15 variedades de uva y 32 bodegas son los números que definen a esta denominación situada en la provincia de Huesca, cuyo mercado principal es el nacional. De hecho, es la que menos exporta de todas. Solo un 30 % de la producción va a otros países, mientras que el 70 % se queda en España principalmente en Cataluña, País Vasco, Madrid y la zona de Levante.

El enoturismo explica en gran medida esta penetración en el mercado nacional como apunta la presidenta del Consejo Regulador de la D.O Somontano, Raquel Latre. “Hace diez años que se constituyó la ruta del vino y la mitad de nuestras bodegas tienen sus puertas abiertas con actividades y propuestas para los visitantes”, manifiesta.

Pero lo que diferencia y caracteriza al Somontano es la diversidad de variedades y esto es posible gracias a la orografía del terreno, de tal forma que se pueden encontrar viñedos a tan solo 350 metros de altitud y otros a más de mil. A las variedades autóctonas de la zona, como la Garnacha o el Tempranillo, se suman otras que, aunque de origen francés, son ya tradicionales, como el Chardonnay o el Cabernet. El Somontano es de esos territorios nacionales donde mejor comportamiento tienen estas variedades que muchos llaman foráneas, aunque en el territorio las sienten ya como propias, indica Latre.“Hay gente que dice que viene al Somontano y nunca se aburre porque siempre catar y probar cosas nuevas”, añade.

Pese a esa variedad, los vinos de esta zona tienen también una seña de identidad: son expresivos; buscan una concentración aromática y tienen una acidez muy marcada.

Exportan a 56 países

Por su parte, la D.O. de Cariñena, con 14.300 hectáreas de superficie, espera cosechar esta temporada 66 millones de kilos de uva, un 23 % menos que la media de los últimos años, una cantidad que se aleja también de la cifra del 2018 cuando se batió récord con 109 millones de kilos. “Pero aquello fue una excepción y no es comparable”, matiza el presidente del Consejo Regulador, Ignacio Casamitjana. La escasez de precipitaciones en otoño y las altas temperaturas registradas en verano han afectado al proceso de la viña, pero pese a ello, las expectativas no son malas, sobre todo si se compara con otras denominaciones a nivel nacional. “No nos podemos quejar, el campo es así nos tenemos que adaptar a lo que viene”, reflexiona.

Esta denominación de origen, la más extensa de Aragón, comercializó en 2018 53 millones de botellas, de las cuales el 68 % se exportó a otros países, mientras que el 32 % se destinó al mercado nacional. Las bodegas trabajan con 56 países en total de todos los continentes, pero especialmente exportan a Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China.

La garnacha sigue siendo la variedad estrella, pero entre los objetivos del consejo regulador está promocionar todavía más la variedad autóctona Cariñena conocida en la zona como “tinta” aunque en otros lugares de España se la denomina mazuela.

Casamitjana explica que, aunque esta variedad siempre se ha cultivado en la zona, hasta ahora no se había apostado por ella debido a las complicaciones que entrañaba su cosecha. De momento, tienen 600 hectáreas y no tienen previsto ampliar hasta que no aumente la demanda, algo que, sin embargo, podría producirse pronto motivado por los premios que recientemente han recibido. “Posicionar estos vinos de alta gama en el mercado y que se vaya conociendo es nuestro objetivo a corto plazo”, puntualiza.

Viñedos con 100 años de antigüedad

Cuando estas dos denominaciones de origen terminen la vendimia, a principios de octubre, comenzarán a hacerlo las 16 bodegas que componen la D.O. de Calatayud en una superficie de 3.500 hectáreas. La previsión que manejan es cosechar 13 millones de kilos, una cifra similar a la del año anterior y con una calidad excelente.

El patrimonio de esta región, que cuenta con viñedos a más de mil metros de altura, es la garnacha, y en concreto la garnacha vieja, siendo la denominación con más hectáreas de esta variedad. En esta zona es fácil encontrar viñedos que tienen 70, 80, incluso 100 años de antigüedad que, aunque no tienen tanto vigor como las viñas más jóvenes, ofrecen un vino de mucha calidad, por eso los viticultores las siguen manteniendo, explica el presidente del Consejo Regulador de la denominación, Miguel Arenas.

“La garnacha es una uva que una vez que alguien la prueba, comienza a tenerla como referencia. En Aragón es un producto de referencia, pero no está demasiado extendida a nivel mundial, aunque en el extranjero empiezan a conocerla ya”, subraya.

Prácticamente toda la producción de esta denominación, el 82 %, se exporta a otros países, especialmente a Estados Unidos, su principal cliente, si bien se han comenzado a abrir también otras vías de comercialización con países asiáticos o del este. En Rusia, por ejemplo, son grandes consumidores y tienen un poder adquisitivo alto. “Han descubierto la garnacha y están muy interesados en ella”, concluye Arenas.

Por otro lado, la D.O Campo de Borja, también en la provincia de Zaragoza, tiene previsto cosechar entre 24 y 28 millones de kilos frente a los 44 del pasado año, cuando batieron su cifra récord.

El próximo lunes, 24 de septiembre, en el Pleno del Ayuntamiento de Calatayud se debatirá una moción –presentada por el PSOE– que pide el regreso a Calatayud de las 81 personas trasladadas al Valle de los Caídos en 1959.

En dicho debate tenían intención de participar familiares de los asesinados, y, para ello, presentaron una solicitud en el Ayuntamiento firmada por Silvia Navarro (sobrina y sobrina-nieta de un asesinado y trasladado), en representación de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV) y la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico).

En dicha instancia se pide la comparecencia de Silvia Navarro Pablo, y/o Miguel Ángel Capapé Garro (presidente de Arico) y/o Purificación Lapeña Garrido (su abuelo y su tío-abuelo también se encuentran entre los enterrados en el Valle de los Caídos).

Sin embargo, su intervención no será posible, ya que ha sido denegada por el Consistorio alegando un defecto de forma. En la comunicación oficial, al que ha tenido acceso eldiario.es, se dice textualmente que “no es posible acceder a lo solicitado al no tener encaje la petición en el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana”.

El alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda (PP) explica a este medio que, ni mucho menos, se trata de una decisión personal, sino que él dio traslado de la solicitud a los servicios jurídicos municipales y a la secretaria, que, “reglamento en mano”, determinó que no se podía aprobar.

Argumenta Aranda que no es posible intervenir en el debate de una moción y que era eso lo que se pedía. Sin embargo, en la instancia no se detalla ese aspecto, ya que se solicita “la comparecencia (…) en el Pleno en el que se tratará la aprobación de la moción…”. Apunta Silvia Navarro que, lógicamente, su pretensión era intervenir en el turno de ruegos y preguntas, una vez finalizada la sesión.

El alcalde también señala que para participar en dicho turno se debe formular una pregunta (o preguntas) y que estas sean aprobadas por la Comisión de Régimen Interior (tal y como viene estipulado en el artículo 32 del Reglamento). En este caso, dice Aranda, no se hace ninguna pregunta y, por tanto, “no cabe la posibilidad de participar”.

El turno de intervención se denomina de preguntas o ruegos, según el diccionario de la Real Academia Española, “parte del orden del día de una asamblea o reunión en que los asistentes plantean asuntos de su interés a la presidencia”.

Navarro se ha mostrado muy sorprendida por esta decisión del Ayuntamiento de Calatayuda, y más, indica, “viniendo de un alcalde que impulsó un memorial para recordar a las víctimas”. También el alcalde señala este hecho: “Si por algo me he caracterizado ha sido por el respeto, el monumento de la memoria histórica se hizo por una decisión personal mía”.

Por añadidura, Aranda afirma que a él no le gusta hacer “alharacas ni brindis al sol”, como, a su entender, está haciendo el portavoz del PSOE, Víctor Ruiz, al presentar esta moción, “porque él sabe perfectamente que lo que pide, con la Ley de Memoria Histórica en la mano, es inviable”.

Y ha ido más allá al apuntar que el edil socialista está haciendo “juegos malabares con personas que llevan un sufrimiento de muchos años en su corazón, generándoles unas falsas expectativas, y que no se puede jugar de forma gratuita con los sentimientos de unas personas que llevan tanto tiempo buscando la conciliación”.

La moción

Está documentado que al menos 81 cadáveres fueron trasladados desde Calatayud al Valle de los Caídos en 1959. Según la documentación oficial del Archivo General de Palacio de Patrimonio Nacional del Ministerio de Justicia (que el grupo municipal socialista adjunta a su proposición), el 14 de junio de 1958, el alcalde de Calatayud, Antonio Gil, informó al gobernador civil de los enterramientos colectivos que había en la ciudad bilbilitana.

Meses más tarde, el 3 de abril de 1959 (mediante telegrama), el gobernador civil de Zaragoza confirmó a Madrid los lugares de recogida de urnas por distintas localidades, entre ellas, Zaragoza capital (209 individuales y 29 colectivas), Ateca (1 individual y 2 colectivas), Quinto de Ebro (8 colectivas), Maella (2 individuales y 6 colectivas), Monreal de Ariza (1 individual) y la propia Calatayud (1 individual y 13 colectivas).

Finalmente, en el libro de registro de entradas del Valle de los Caídos, el 8 de abril de 1959, se anota el ingreso de nueve cajas, conteniendo nueve cadáveres cada una, procedentes de Calatayud.

El PSOE ha presentado una propuesta, que se debatirá –probablemente– en el Pleno municipal el próximo mes de septiembre, para que se trasladen al cementerio de Calatayud los restos de las personas trasladadas al Valle de los Caídos por el régimen franquista. Está documentado que al menos 81 cadáveres llegaron a este lugar en 1959.

Según la documentación oficial del Archivo General de Palacio de Patrimonio Nacional del Ministerio de Justicia (que el grupo municipal socialista adjunta a su proposición), el 14 de junio de 1958, el alcalde de Calatayud, Antonio Gil, informó al gobernador civil de los enterramientos colectivos que había en la ciudad bilbilitana.

Meses más tarde, el 3 de abril de 1959 (mediante telegrama), el gobernador civil de Zaragoza confirmó a Madrid los lugares de recogida de urnas por distintas localidades, entre ellas, Zaragoza capital (209 individuales y 29 colectivas), Ateca (1 individual y 2 colectivas), Quinto de Ebro (8 colectivas), Maella (2 individuales y 6 colectivas), Monreal de Ariza (1 individual) y la propia Calatayud (1 individual y 13 colectivas).

Finalmente, en el libro de registro de entradas del Valle de los Caídos, el 8 de abril de 1959, se anota el ingreso de nueve cajas, conteniendo nueve cadáveres cada una, procedentes de Calatayud.

Las cajas se van a sacar para exhumar a los hermanos Lapeña

Recuerda la proposición socialista que, en cumplimiento del auto dictado hace dos años por el Juzgado número 2 de San Lorenzo del Escorial, a instancia de la familia de los hermanos Lapeña, Patrimonio Nacional ha ordenado que se extraigan esas nueve cajas del nivel tercero de la cripta adyacente a la capilla del Santo Sepulcro del Valle de los Caídos, con objeto de localizar, identificar y, en su caso, exhumar a los hermanos Lapeña. Por lo tanto, continúa el texto, “nos encontramos ante la inminente extracción de dichas urnas para tareas forenses”.

La vuelta de los restos de estas personas a Calatayud es un deseo, explican, “de numerosos bilbilitanos, muchos de ellos víctimas de la represión franquista, que desearían que se les diera una sepultura digna”. Propone el PSOE, por añadidura, que sean enterrados en el memorial que, en 2010, se construyó en el cementerio municipal “en recuerdo de todas aquellas personas represaliadas durante la Guerra Civil española, e incluso una vez finalizada esta”.