En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

El Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB) se celebrará a partir del próximo 18 de octubre en la localidad costasoleña. En esta edición, la número 24 de su historia, el FICCAB proyectará una treintena de cortometrajes y premiará a la actriz Macarena García, el director Nacho Vigalondo y los cineastas Krzystof Zanussi y Lamberto Bava. La programación completa se puede consultar ya en la web del festival www.ficcab.org.

La actriz Macarena García, ganadora de un Goya con Blancanieves (Pablo Berger), recibirá el Premio de Interpretación. Se trata, enpalabras del codirector del festival, Jaime Noguera, “de una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Dueña de una mirada expresiva y una presencia magnética, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la entrega y una constantebúsqueda de nuevos registros interpretativos”.

Desde su irrupción en el cine con Blancanieves de Pablo Berger (papel que le valió la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián y el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación), su carrera ha evolucionado de forma brillante tanto en el cine como en el teatro y la televisión. En la gran pantalla ha destacado en títulos como Casa enllamas, La llamada, Ventajas de viajar en tren, Paraíso o Las niñas de cristal, mostrando siempre una naturalidad excepcional y una profundidad emocional que trasciende la pantalla.

Nacho Vigalondo, Premio de Dirección

Por su parte, el director Nacho Vigalondo, conocido por sus trabajos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, recibirá el Premio de Dirección. Nominado al Oscar en sus inicios con el cortometraje 7:35 de la mañana, el cineasta acaba de estrenar su último largometraje, Daniela Forever, protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò. En 2022 estrenó Nuestra bandera significa muerte, una serie estadounidense en la que dirige varios episodios junto a Taika Waititi (Thor: Love and Thunder, Jojo Rabbit).

En palabras de Jaime Noguera, director del festival, Vigalondo es “un cineasta excepcional, polifacético y sin complejos que se ha labrado un lugar destacado tanto en el cine español como en el panorama internacional. Con una obra que desafía géneros (ciencia ficción, thriller, comedia, drama, fantástico…), Vigalondo ha demostrado que el cine popular puede ser también inteligente, arriesgado y lleno de matices”.

Premios Internacionales: Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava

Nacido en Varsovia en 1939, Krzysztof Zanussi, que recibirá el Premio Internacional, es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un autor excepcional que ha sabido mantener su voz propia incluso a contracorriente, alcanzando un reconocimiento universal. Su cine, profundamente marcado por la influencia de Dreyer, Bergman o Munk, plantea con audacia y sensibilidad cuestiones trascendentales sobre lavida, la fe, la ciencia y el destino humano.

Zanussi ha sido galardonado con numerosos premios por su obra cinematográfica y su labor intelectual, incluyendo el Premio Platinum Lion en el Festival de Cine Polaco en 2019, el Premio a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de India en 2012, y reconocimientos en festivales de Venecia, Cannes, Berlín, Montreal y Moscú, así como premios en festivales como el de Chicago y un premio Raíces de Europa en 2020 por su compromiso con los valores europeos.

Por su parte, Lamberto Bava, que recibirá el Premio Especial Internacional, es un nombre imprescindible en la historia del cine fantástico europeo. Siendo hijo del legendario Mario Bava, pionero del horror gótico y del giallo italiano, Lamberto creció entre platós, cámaras y efectos especiales artesanales.

Sin embargo, lejos de vivir únicamente a la sombra de su padre, supo transformar esa herencia en un estilo propio, desarrollando una carrera que le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas delterror italiano de los años ochenta y en un auténtico renovador del fantástico televisivo en la década siguiente.

Premios a Elvira Lindo, Manuel Bellido y Alexis Morante

Los premios anunciados hoy se suman a los que se otorgarán a la escritora Elvira Lindo, el periodista Manuel Bellido y el director y guionista Alexis Morante.

El festival reconoce la brillante trayectoria de la escritora, periodista y guionista, por una obra que ha marcado a varias generaciones, toda vez que anuncia que el periodista Manuel Bellido recibirá el Premio Especial por cuatro décadas divulgando el cine español y la evolución del cine andaluz desde los primeros Goya de Benito Zambrano hasta el éxito internacional de Alberto Rodríguez.

Además se hará entrega del premio El Cine como Lenguaje de Paz al director y guionista Alexis Morante, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con un cine que fomenta valores derespeto, solidaridad y entendimiento entre culturas.

Sección Oficial internacional y paritaria

Para la Sección Oficial, se han recibido más de mil cortometrajes internacionales, desde países como Irán, Corea del Sur, Canadá, Chile,Brasil, Serbia, Colombia, Argentina y España. Cabe destacar que veinte de los cortometrajes presentados tenían su origen en Málaga, optando todas ellas a ganar los más de 3.000 euros que otorga el FICCAB.

En total, competirán 30 cortometrajes, con paridad en la dirección, además de haber 5 cortos que optan al Mejor Cortometraje Malagueño. Hay 7 cortos internacionales, de Reino Unido, Mexico, Rumanía, Francia, Irán, Dinamarca y Bélgica. Entre los cortos nacionales, destacan la vuelta al cortometraje de Daniel Sánchez Arévalo, Javier Marco y Javier Fesser (ganadores todos ellos del Premio al Mejor Cortometraje en el FICCAB en ediciones anteriores) con Pipiolos (con Marta Etura), Insalvable (con Pedro Casablanc y Javier Pereira) y Depredador.

La Sección Oficial también cuenta con el debut en la dirección de Eduard Fernandez con El otro y de Vanesa Romero con Sexo a los 70;la animación con Adiós, de José Prats (nominado al BAFTA) y Pobre Marciano, de Alex Rey; y otros trabajos protagonizados por FernandoTejero, Almudena Amor, Álvaro Cervantes, Eva Llorach y Carlos Santos , entre otros.

Más cine y actividades paralelas

Además de su Sección Oficial, dedicada al cortometraje, el FICCAB dedicará proyecciones especiales a sus homenajeados como Éter (Krzysztof Zanussi) o Demons (Lamberto Bava), una proyección muy especial que contará con la presencia del director de culto Lamberto Bava, acompañado de la actriz Fabiola Toledo, y el autor del libro Demons: La pesadilla retorna Pedro José Tena.

En el marco de la presentación de la publicación Benalzine, dedicada a George Bud Ornstein, y la presentación del ciclo Cine y Arquitectura, Carlos Zamarreo y Héctor Márquez presentarán una de las películas imprescindibles de la saga Bond y la modernidad arquitectónica como Goldfinger (Guy Hamilton). Las otras dos películas que conforman en el ciclo son el documental Aalto, de la directora finlandesa Virpi Suutari y Playtime, de Jacques Tati.

Otra de las publicaciones de este año en el FICCAB es el libro de Juan Antonio García Borrero (uno de los críticos e investigadores másreconocidos del cine cubano contemporáneo) Diccionario de las relaciones cinematográficas Cuba/España en colaboración con la Academia de Cine de España, el Festival Internacional de Cine SocialCastilla-La Mancha, y la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano propone por primera vez una historia transnacional de los vínculos cinematográficos entre Cuba y España.

Manuel López Mestanza, vicepresidente de la Diputación de Málaga, ha destacado que “el festival, con su larga trayectoria, forma ya partedel alma cultural de nuestra provincia. Son más de dos décadas en lasque el cine ha sido el espejo, la memoria y el horizonte paraBenalmádena y todos los que amamos la cultura. El festival nos invita aconocer otras realidades que nos transforman”.

Por su parte, Jesica Trujillo, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, ha subrayado que “Benalmádena apuesta por la cultura,con iniciativas propias y apoyando asociaciones como Acibe y su 24ª edición de FICCAB”.

El incendio que en la madrugada de este jueves ha afectado a la zona de la Carretera del Sol en Benalmádena (Málaga) ha provocado la rotura de unos 200 metros de una tubería de saneamiento, lo que ha provocado un vertido de aguas fecales en la zona de la Playa de Torremuelle.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Benalmádena, que señala que ya se han cerrado los accesos y que queda prohibido el baño en esta zona del litoral occidental del municipio hasta nuevo aviso.

La empresa de aguas Emabesa ya está trabajando en la reparación de la tubería, aunque se prevé que los trabajos puedan tardar varios días en completarse.

El incendio, declarado la pasada madrugada y estabilizado a primera hora de la mañana, ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas y a la interrupción momentánea del servicio del tren de Cercanías de la Línea C-1 del núcleo de Málaga entre Benalmádena y Fuengirola.

La provincia de Málaga y, en particular, su capital, son la meca de las viviendas turísticas en España. Los indicadores conocidos hasta ahora ya permitían atisbar que estaba en lo más alto, pero faltaba concreción o uniformidad para poder comparar con otras zonas del país.

Ahora, el nuevo registro estatal puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, obligatorio desde principios de julio, permite poner cifras oficiales al fenómeno: Málaga ciudad (591.637 habitantes) encabeza el ranking de ciudades con más oferta de pisos turísticos; le siguen Barcelona (1.702.547 habitantes), Sevilla (687.488), Marbella (159.000) y Arona (86.624).

Málaga capital registra 7.102 solicitudes de inscripción de viviendas turísticas a fecha 3 de julio, según los datos del registro estatal municipalizados facilitados por el Ministerio. La lista de los 20 municipios con más demanda de alojamientos turísticos en España tiene otros cinco pueblos malagueños: Mijas (7º), Benalmádena (9º), Fuengirola (11º), Torremolinos (12º) y Estepona (15º).

Todos superan las 2.000 solicitudes ante el Ministerio. Estos datos hacen que Málaga sea también la líder destacada a nivel provincial, con 32.093 solicitudes a dicha fecha, casi el doble que la segunda, Las Palmas con 18.954, o que Alicante, tercera con 17.045.

El nuevo registro, de carácter estatal y operado por los registradores de la propiedad, fue aprobado a finales del año pasado por decreto del Consejo de Ministros, con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. Se trata de un sistema que registra y expide un número de identificación tanto a los alquileres turísticos como a los de temporada [excluidos de esta información], suscritos por tiempo inferior a un año y usados en ocasiones por los propietarios para sortear la prórroga forzosa a cinco o siete años de los arrendamientos sujetos a la Ley de Vivienda.

Andalucía es la región donde más solicitudes han atendido los registradores, con más de 50.000 para uso turístico y 2.250 para el alquiler de temporada a fecha de 30 de junio, cifra que va aumentando con el paso de los días. Con todo, la cifra representa el 65% de las viviendas turísticas que el INE estima que existen en Andalucía, y apenas un tercio de las 149.608 con licencia registrada por la Junta de Andalucía a fecha 4 de julio.

La clave del sistema es una “ventanilla única digital”, un modelo de comunicación entre Ministerio, el Colegio de Registradores y las plataformas de alquiler. Cuando el Colegio advierta de que el piso no cumple los requisitos su matrícula queda revocada y se comunica a las plataformas, que no podrán comercializar ningún anuncio con este número y deberán retirarlos de las ofertas de alquiler.

Un sistema recurrido por la Junta por invasión de competencias

Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. La Junta de Andalucía ha recurrido ante los tribunales el registro estatal porque considera que tiene la competencia exclusiva sobre la gestión y el control de los datos de estos arrendamientos y que el Estado está invadiendo su terreno.

La nueva herramienta del Ministerio permite homogeneizar los datos y contrastarlos, al sortear las diferencias metodológicas que pueda haber entre registros autonómicos. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, el registro de la Junta recoge 12.815 licencias para viviendas turísticas registradas en Málaga, mientras que en el recuento estatal son 7.102.

Cada administración contabiliza con criterios, tiempos y finalidades distintas. En Andalucía, es posible tener registrada una vivienda con licencia para piso turístico, pero no tenerlo anunciado para alquiler. Sólo el hecho de contar con esa licencia es un “activo” para venderlo más caro.

La otra fuente habitual para contabilizar pisos de alquiler son los informes que el INE publica dos veces al año, a partir de un barrido de las viviendas turísticas activas en las principales plataformas. Estas cifras suelen ser sensiblemente inferiores a las del registro andaluz porque se basan en la actividad efectiva en portales web. En el último sondeo, en Málaga capital había 7.496 viviendas turísticas, una cifra muy similar a la que apunta ahora el Ministerio de Vivienda.

El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción, pero la puesta en funcionamiento del registro estatal, el pasado 1 de julio, no está siendo uniforme. Abogados y propietarios particulares explican a este medio que se está produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites.

Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias con los servicios “saturados” como Málaga, y esto está provocando que el registro estatal rechace a su vez la inscripción.

Los datos facilitados por el Ministerio a este medio ofrecen una imagen de la provincia como destacada referencia para las viviendas turísticas. La capital encabeza el listado en cifras absolutas, pero sería más líder aún si se tomasen referencias relativas, pues tiene más viviendas turísticas registradas que Barcelona o Sevilla con menos población. En total, son 7.102 viviendas dedicadas al alquiler turístico.

De ellas, el registro recoge 3.283 en situación estado “activo” y 3.125 en “activo provisional”. Esto significa que han aportado información y documentación al registro y ya disponen de número para poder comercializar, pero la solicitud debe ser aún revisada por el colegio de registradores. Tras ese examen, si en siete días no se subsanan posibles deficiencias (falta de declaración responsable, de licencia, de referencia catastral), el registro se revoca. Hay 694 revocadas en Málaga capital.

Málaga, Marbella, Mijas y Benalmádena en el top 10

Barcelona sigue a Málaga, con 6.849 solicitudes de registro, entre activas, activas provisionales y revocadas. Completan los diez primeros puestos Sevilla (la única ciudad no costera del ranking), con 5.346 pisos, Marbella, con 4.602, Arona (Tenerife) con 3.239, Adeje (Tenerife) con 2.972, Mijas (Málaga) con 2.765, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) con 2.765 y Benalmádena (Málaga) con 2.762.

La saturación de viviendas turísticas en algunas es un asunto central de la política municipal en ciudades como Málaga, Sevilla o Marbella, las primeras andaluzas en el ranking. Todas han adoptado medidas orientadas a restringir su proliferación, pero su efectividad por ahora es escasa, lo que permite entrever el grado de urgencia que cada gobierno municipal, todos en manos del PP, da al asunto.

Marbella aprobó en febrero la creación de un registro municipal, explicando que “es necesario contar con un censo que refleje la oferta real”. Según un estudio encargado a la Universidad de Málaga, sólo el 32% de los inmuebles dados de alta como turísticos ante la Junta “se comercializan realmente”, por lo que el municipio decidió dotarse de un nuevo registro, que se suma así al autonómico y al estatal. También anunció una nueva normativa para limitar el cambio de uso para esta actividad de los locales comerciales.

En Sevilla, se estableció que en los barrios con más del 10% de viviendas turísticas respecto al total del parque inmobiliario no se concederían nuevas licencias. A la oposición la cifra le parece poco ambiciosa, y el PP pactó con Vox estudiar periódicamente la posible reducción del porcentaje en algunas zonas. Además, hay constancia de que siguen inscribiéndose viviendas de barrios saturados, como ha desvelado el periodista Manuel Florencio.

En Málaga, el alcalde ha ido anunciando nuevas medidas en vísperas de cada nueva manifestación por la vivienda. En junio de 2024 fue la prohibición de registrar nuevas viviendas turísticas si no tenían salida y suministros independientes del resto del edificio; en octubre llegó la prohibición adicional en barrios en los que se supere el 8% del parque inmobiliario. Y en marzo de este año el alcalde Francisco de la Torre anunció que preparaba una moratoria global durante tres años, es decir una prohibición de nuevos registros. Sin embargo, no se ha vuelto a saber. Estas decisiones no han contenido las inscripciones. Desde que anunció la primera medida ha transcurrido un año y ahora hay 1.526 más inscritas: el 10 de junio de 2024 había 11.289 y hoy son 12.815. En Málaga hay secciones censales que superan el 84% de viviendas turísticas sobre el parque inmobiliario.

El veterano regidor malagueño ha ido asumiendo lentamente que la vivienda es el principal reto de su mandato, y apuesta ahora por ceder parcelas públicas a promotores privados para que construyan viviendas de protección oficial de entre 45 y 55 metros cuadrados, así como por agilizar y facilitar la promoción en otros suelos y poner “alfombra roja” a los hoteles frente al modelo de viviendas turísticas. Para la oposición, es insuficiente.

El PSOE local, siguiendo la estela del Gobierno, suele poner el ejemplo de Barcelona, que con el triple de población tiene ya menos solicitudes de vivienda turística y apunta a su extinción en 2028. “Ojalá hubiese más Collbonis”, dijo la ministra Isabel Rodríguez, en referencia a las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, basada no sólo en la muerte anunciada de las viviendas turísticas, sino también por la construcción de un parque público de vivienda y la declaración de zonas tensionadas, algo que Málaga se niega a solicitar y que la Junta de Andalucía, que tiene competencias, no va a hacer.

Áurea Peralta, concejala de Protección Animal (entre otras áreas) en el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga, 77.654 habitantes), asistió el pasado sábado a la corrida de toros “picassiana” protagonizada por Roca Rey, Fortes y Juan Ortega en la plaza de la Malagueta. Lo publicó en su cuenta de Instagram subiendo una fotografía, donde se la ve risueña y vestida con mantilla en el tendido, y dejando un comentario: “Tarde de toros”.

La asistencia a una corrida de toros de una concejala encargada de velar por el bienestar animal ha provocado la reacción del Partido Animalista PACMA, cuya portavoz provincial, Carmen Sánchez, ha exigido públicamente la dimisión de Peralta. Para PACMA, su presencia en este evento es una “muestra de hipocresía política inaceptable y una traición a los valores del cargo que ostenta”.

“Una concejala de Bienestar Animal asistiendo a una corrida de toros es como un pediatra aplaudiendo una paliza a un niño. Inexplicable e inconcebible”, ha denunciado Sánchez en una nota difundida por el partido animalista. “Es una falta de respeto mayúscula hacia todas las personas que luchan cada día por proteger a los animales del municipio, que luego quiere calificar como ”ciudad amiga de los animales“, y hacia quienes confían en que los cargos públicos estén comprometidos con los valores que representan”.

Peralta es concejala de Bienestar Social y Familias, fondos europeos, Agenda urbana y Protección animal, entre otras áreas, desde 2023, cuando José Antonio Lara (PP) ganó las elecciones con mayoría absoluta. Antes se desempeñó como responsable de relaciones institucionales del Hospital Cudeca, una fundación privada que ofrece cuidados paliativos a enfermos de cáncer.

Este medio ha intentado recabar su valoración, sin conseguirlo.

Una plaza en estado de ruina

PACMA afea a Peralta no solo su “aparición pública sonriente” desde una de las gradas de la plaza, sino los pasos que está dando el municipio para volver a celebrar “grandes festejos taurinos”. Benalmádena está adherida a la Red de Municipios Taurinos, aunque no tiene plaza en uso. La plaza de toros, inaugurada en 1968 en Benalmádena pueblo, fue cerrada en 2010. Aunque por fuera luce bien, su estado actual es de ruina, según un informe del arquitecto fechado un año después, en 2011.

En los últimos años, la Asociación Cultural Taurina de Benalmádena, constituida en 2024, ha pedido que se evalúe con vistas a una posible rehabilitación, y el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga parecen por la labor. Según informaron medios especializados, varios cargos técnicos de arquitectura y del área de Fomento, acompañados del alcalde Lara, visitaron el lugar el pasado 14 de marzo. Los técnicos deben emitir ahora su informe.

Para la formación política animalista, el compromiso de la concejala con el retorno de los “grandes festejos taurinos”, unido a su asistencia a la corrida picassiana, supone una actitud “sin coherencia, sin empatía y sin ética”: “No se puede defender a los animales por la mañana y aplaudir su tortura por la tarde”. “Más aún -dice la coordinadora provincial de PACMA- en un contexto en el que el trabajo por los animales abandonados recae, en gran parte, sobre el esfuerzo desinteresado de asociaciones y voluntariado”.

Un hombre de 42 años ha sido detenido en el municipio malagueño de Benalmádena acusado de matar a su pareja, de 48, lo que habría hecho ante sus cuatro hijos (a los que también habría agredido) antes de incendiar el domicilio familiar. Fue el propio arrestado el que telefoneó a Emergencias 112 para alertar del fuego, encontrándose la Policía Local el cuerpo de la mujer con signos de violencia en el interior de la vivienda cuando se sofocaron las llamas.

El suceso ha tenido lugar sobre las 5 de la madrugada. La Policía Nacional señala que recibió por distintas entidades varios avisos alertando del fuego y de que la mujer estaba siendo maltratada. Se investiga también si han podido ser agredidos los niños, tres hijos de la pareja y un cuarto fruto de una relación anterior de la víctima.

Por parte del 112, se explica que asistieron distintas alertas en torno a las 05.25 horas con motivo de un incendio en la calle Álamos. A continuación, dieron el aviso a Policía Local y Nacional, Bomberos y Emergencias Sanitarias 061.

Durante el operativo, el incendio fue sofocado y se descubrió en el interior de la vivienda una mujer fallecida. Según Policía Nacional, los compañeros de la Local encontraron a su llegada en el exterior de la vivienda al luego detenido, así como a los cuatro hijos de la mujer. En este sentido, desde el 112 se precisa que la Policía Local rescató a tres menores del domicilio.

Malos tratos previos del detenido

Por parte de fuentes próximas a la investigación, se señala que la mujer fallecida se encontraba registrada en el sistema de VioGén tras hechos cometidos por el ahora detenido, si bien matizan que se consideraba como “caso inactivo”.

En un mensaje en su perfil de X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que “está recabando datos del asesinato” de esta mujer de 49 años ocurrido en la provincia de Málaga.

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha mostrado en esta red social su apoyo a los familiares de la fallecida, al igual que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. “Andalucía se despierta hoy con la peor noticia: el crimen por supuesta violencia de género de una mujer en Benalmádena, Málaga. ¡Qué horror!”, ha manifestado la política del PP.

Concentración vecinal

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha lamentado la pérdida de “una gran mujer”, una persona “muy querida por todos nuestros vecinos” tras este “trágico y terrible suceso”, ocurrido en el núcleo de Benalmádena pueblo. “Nuestra ciudad está total y absolutamente rota de dolor, de indignación por todo lo que ha ocurrido en este suceso tan inesperado como cruel, también injusto”, ha señalado.

Lara ha querido trasladar el “más sentido pésame” del gobierno local “a los familiares y a los amigos de la víctima y a todo el pueblo”, que se ha visto esta madrugada “sacudido por esta tragedia”. Asimismo, “hemos acompañado a los vecinos en una concentración que ha sido espontánea y que se ha realizado en la Plaza de las Tres Culturas”.

Tras recordar que la investigación policial sigue su curso, ha advertido que “debemos ser en todo momento cautos, prudentes por el momento y en el día de hoy lo que tengo que trasladar es esa enorme tristeza y consternación que no nos debe en ningún momento de distraer de lo que es nuestra prioridad, que ahora mismo son los hijos de la víctima y su protección”.

Las víctimas mortales por violencia machista en Andalucía en lo que va de año han ascendido este miércoles a 17 tras confirmarse el caso la mujer muerta por un disparo y cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja dentro de un domicilio ubicado en la localidad malagueña de Benalmádena, en la zona de Torrequebrada. Se trata del cuarto caso mortal este año en la provincia de Málaga.

Así lo ha indicado la Delegación contra la Violencia de Género en su cuenta de X (antes Twitter), que ha precisado que la víctima, de 52 años, tenía un hijo menor y dos hijos mayores de edad, y que no existían denuncias previas por violencia de género contra le presunto agresor. Tras esta confirmación, el número de víctimas en 2023 supera ya en seis a las once mujeres asesinadas por violencia de género que se registraron en todo el pasado año en la comunidad andaluza.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz este presunto asesinato machista, y ha indicado que la víctima no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer.

López ha transmitido “todo su apoyo y afecto” a la familia, especialmente a sus hijos, y a las personas allegadas a la víctima. Precisamente, la consejera ha hecho un llamamiento al entorno de las mujeres para que “estén especialmente vigilantes ante el menor indicio de que su amiga, vecina, compañera, hija o hermana pudiera estar sufriendo violencia”. En este sentido, ha recordado que el IAM cuenta con el teléfono de atención 900 200 999, que está operativo todos los días del año y las 24 horas, “al que puede llamar cualquier persona y pedir asesoramiento sobre cómo actuar en estas situaciones”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado su “máxima condena” por este último asesinato machista registrado en la comunidad andaluza, al tiempo que ha afirmado que “debemos detener” el incremento de casos y “solo podremos hacerlo con la unión de fuerzas, condenando cada caso y educando en igualdad”.

“No podemos permitirnos, como sociedad democrática, que este tipo de sucesos sigan produciéndose, que haya quienes miren hacia otro lado o quienes intenten ocultarlo bajo otra denominación de violencia porque solo desde la unión de todos, ya sean partidos políticos, instituciones, organizaciones y sociedad, seremos capaces de erradicar esta lacra social y de convertirnos en una sociedad

plena de Derechos Humanos“, ha denunciado Fernández.

Este caso eleva a 17 las víctimas mortales por violencia de género en la comunidad tras confirmarse hace un mes el caso de una mujer hallada muerta un día antes en una vivienda en Granada capital con heridas compatibles con arma blanca, después de trascender que se investigaba la relación de parentesco que tenía con el hombre que perdió la vida lanzándose al vacío desde ese mismo domicilio.

A principios de septiembre, concretamente el día 4, se confirmaron también los casos de una mujer de 46 años en Sevilla, asesinada presuntamente a manos de su expareja, y el de otra de 52 años en el municipio jiennense de Villanueva del Arzobispo (Jaén), cuyo cuerpo fue hallado junto al de un hombre en un domicilio de la localidad, ambos con heridas de arma de fuego. En ambos casos no existían denuncias previas contra los presuntos agresores.

Previamente, el 25 de agosto también se confirmó el caso de una mujer de 63 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en Chipiona (Cádiz). Y tan solo 24 horas antes el de otra mujer de 39 años en Motril (Granada), cuya muerte se descubrió el pasado 6 de mayo tras un siniestro en la carretera en Villamena, en el área metropolitana de Granada. Su marido, un guardia civil de 41 años que viajaba con ella, se quitó la vida unas 12 horas después en su piso.

Asimismo, el 9 de agosto se confirmó el asesinato de una mujer de 31 años en Pozoblanco (Córdoba) a manos de su pareja, que se quitó la vida. La víctima tenía tres hijas menores de edad. Dos días antes, el 7 de agosto, se confirmó el asesinato de una mujer de 27 años en el barrio de Pescadería, en la capital almeriense. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía una hija y dos hijos menores de edad.

El último día del mes de julio también se confirmó el asesinato de una mujer de 22 años en Utrera (Sevilla) presuntamente a manos de su pareja. La víctima no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos y tampoco constan denuncias suyas en el sistema VioGén.

Pocos días antes, el pasado 20 de julio se confirmó el asesinato de una mujer de 54 años en Humilladero (Málaga) como un caso de violencia de género. En este caso, sí había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, pero no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia.

En el mes de mayo, en concreto, el día 18 se confirmó como violencia de género el asesinato a puñaladas de una mujer de 28 años en Torremolinos (Málaga) a manos de un hombre que fue detenido. No existían denuncias previas contra el agresor.

En el mismo mes de mayo, concretamente el día 3, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 39 años de nacionalidad rumana en Jerez de la Frontera (Cádiz) a manos de un hombre que fue detenido tras denunciar la muerte, era un caso de violencia de género. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Un mes antes, el 4 de abril, se confirmó igualmente como violencia de género el asesinato de otra mujer de nacionalidad rumana presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera (Huelva), el cual era detenido horas después. Tampoco existían denuncias previas.

Además, el 1 de marzo se confirmaba como violencia de género el asesinato por arma de fuego de una joven de 17 años en el municipio de El Rubio (Sevilla) presuntamente a manos de su expareja, y el 3 de febrero otro asesinato de una mujer de 64 años cuyo cuerpo fue hallado en un domicilio de La Línea de la Concepción (Cádiz) junto al de un hombre con heridas por arma de fuego.

Asimismo, el pasado 13 de enero se tenía confirmación del caso de una mujer de 46 años asesinada por su expareja en Marbella (Málaga) y cuyo cadáver sin cabeza ni manos fue hallado flotando en el mar unos días antes. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por último, el 9 de enero se confirmaba como violencia de género el caso de otra mujer de 46 años presuntamente asesinada por su pareja en El Puerto de Santa María (Cádiz), el primero de 2023 en Andalucía. La víctima no había interpuesto denuncias previamente contra su presunto agresor, de 40 años, que tenía antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior.

Víctor Navas, alcalde de Benalmádena (PSOE), recibió del juzgado una mala noticia la semana pasada: la persona que le llamó “tonto del culo” (en mayúsculas) en un post de Facebook no ha sido condenada.

El juzgado de primera instancia 4 de Torremolinos ha absuelto al ciudadano Manuel Cruz (también conocido como El Vocero de Benalmádena, su seudónimo en redes) frente a la pretensión de alcalde Navas, que pedía que se declarara que Cruz vulneró su derecho al honor y le abonara 2.500 euros como compensación. La Fiscalía se oponía a esta petición por entender que prevalece la libertad de expresión.

La jueza no solo absuelve a Cruz, sino que condena a Navas a pagar las costas del proceso. El alcalde de Benalmádena (70.204 habitantes) ha anunciado públicamente que recurrirá la sentencia, aunque en declaraciones a este medio asegura ahora que se lo está pensando. “No estoy de acuerdo con la interpretación del juzgado. La libertad de expresión es opinar lo que se quiera, siempre desde el orden y el respeto. ¿Alguien se imagina que se lo hubiesen llamado a un juez, a un policía o a un maestro? A ver si voy a tener que pedir perdón porque me han insultado”, protesta.

Pero la historia tiene más miga que un insulto soez.

Demanda presupuestada al ayuntamiento

En primer lugar, el asunto tiene calado político porque el ayuntamiento de Benalmádena asumió en 2017 el pago al abogado del alcalde, Sergio Torralvo, a quien le fueron adjudicados en 2017 tres contratos menores (3.933 euros en total) por el ejercicio de “acciones municipales”, uno de ellos (por 1089 euros) bajo el epígrafe “por publicación en Facebook de insultos contra el alcalde”. Torralvo, que ahora es concejal (socialista) dijo en el Pleno que no ha percibido nada desde que es edil, que en total ha cobrado unos 1400 euros y que del caso de los insultos ha percibido sólo 159 euros.

En el mismo Pleno, el alcalde admitió que imputó al Ayuntamiento el coste de demandar a Cruz porque éste había descalificado “a la institución”. “Al señor alcalde le han insultado con connotaciones supremacistas, porque decir que es tonto del culo y subnormal viene a ser lo mismo”, dijo el alcalde. “Me han insultado por ser alcalde, no por ser Víctor Navas”.

La jueza, que admite que la expresión “puede resultar molesta y disgustar al destinatario”, da la razón a Manuel Cruz: prevalece el derecho a la libertad de expresión porque el improperio “guarda relación directa” con la acción del alcalde y con un asunto que afectaba a la esfera privada del demandado, que no perseveró en el insulto. Además, ni la difusión de la frase fue extraordinaria ni consta que “haya tenido efecto alguno en la consideración social del receptor”. La cuenta del Vocero tiene hoy 872 seguidores y el post tampoco es que fuera un gran éxito: hoy tiene 52 comentarios (casi todos de cuatro o cinco usuarios) y ha sido compartido dos veces.

En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ha establecido que no existe un “derecho al insulto”, y que un cargo público no tiene por qué soportarlos, a no ser que la libertad de expresión se ejercite para contribuir al debate político. Esto es lo que entendido la jueza de Torremolinos, que cita al Tribunal Constitucional para hacer notar que el límite es difuso y depende del caso: “La simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse, sin más, con un atentado al honor”.

La jueza también cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha exigido a España que interprete más restrictivamente aún los límites de la libertad de expresión cuando los aludidos son políticos, porque la protección de “su reputación” se equilibra con “los intereses del libre debate de las cuestiones políticas”.

“Esto es reprochable. Ser político no justifica que te insulten”, lamenta Navas: “Podrá ser la ley, pero de justicia no tiene nada”. La resolución culmina un proceso que arrancó hace más de cinco años en los juzgados, pero que en realidad tiene su origen mucho antes: hace una década.

De la oposición a la alcaldía

Por entonces, Manuel Cruz era un filón muy apreciado por Víctor Navas en su estrategia por alcanzar la alcaldía de Benalmádena. Cruz tenía sentido crítico, pluma afilada y predicamento en Facebook, desde donde atizaba sin miramientos al gobierno municipal, por entonces en manos del PP. Lo hacía con su propio nombre o bajo un seudónimo, El Vocero de Benalmádena, pero todo el mundo sabía quién era El Vocero.  

Navas surtió a Cruz de pistas, documentos o informaciones que él no quería o no podía divulgar, y que servían para denunciar irregularidades o sospechas sobre la gestión municipal de los populares. Cruz, a cambio, veía cómo aumentaba la popularidad del Vocero, convertido en ariete de referencia contra las corruptelas locales. “Mantenía una estrecha colaboración, tanta como para tener cerca de 500 correos electrónicos suyos en los que me proveía de documentación”, asegura hoy Cruz.

El alcalde dice ahora que Cruz El Vocero sólo era uno más de los “cientos” de vecinos que le escribían para hablar de política: “No he colaborado con él en nada”. Hay documentos que prueban lo contrario: en 2017 admitió en un juzgado (que le investigaba por presunta revelación de secretos) que había remitido a El Vocero correos de un tercero que denunciaba la persecución municipal (entonces en mano del PP). Calificaba entonces a El Vocero como “un medio de comunicación veraz e independiente de Benalmádena”. En tuits de 2013 lo consideraba un paladín de la transparencia.

De colaboradores a enfrentados en los juzgados

Todo empezó a cambiar en 2015. Tras aquellas elecciones municipales, Víctor Navas se hizo con la alcaldía con el apoyo para la investidura de Ciudadanos, IU, Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y Alternativa Por Benalmádena. Aunque CSSP y Ciudadanos no integraban formalmente el gobierno, aquello en la práctica era un “pentapartito”, que desde el principio se vio abocado a la ingeniería política para mantener la cohesión.

Navas creó la figura de “delegados especiales” para aplicársela a los cinco concejales de CSSP y Ciudadanos, en teoría en la oposición. Estos cinco ediles rasos cobraban el mismo sueldo que los concejales de gobierno (44.559 euros), lejos de los 12.209 euros de quienes estaban verdaderamente en la oposición. El alcalde admitió que esto respondía a la necesidad de dar “estabilidad política” y “blindarse” ante posibles mociones de censura, y en 2016 acabó por integrarlos en el equipo de gobierno.

El Vocero, que había dejado de publicar tras las elecciones, denunció entonces que Navas estaba incumpliendo su promesa de regeneración, y empezó a ser muy crítico con el regidor. Abrió así la espita del enfrentamiento, a veces a cara descubierta, y otras a través de perfiles anónimos en redes sociales, que se trasladó a algunos plenos municipales y acabó ante los tribunales.

El primero en denunciar fue Cruz. “Un usuario de las redes me dijo que el alcalde estaba enviando documentos míos, como el expediente en el comedor social. Decía que comía sin corresponderme porque era amigo del concejal”, rememora. Su denuncia se archivó.

Además, el Vocero encontró una pista jugosa: el alcalde parecía servirse de perfiles ajenos para difundir información sobre él en su propio muro de Facebook. ¿Cómo lo supo? Descubrió que el correo de recuperación de uno de estos perfiles era v*********@b**********.es: el mismo número de letras que el nombre y apellidos de Víctor Navas y una dirección que encaja con el dominio corporativo del ayuntamiento. Era el alcalde o una fabulosa coincidencia.

La denuncia del alcalde

El regidor contraatacó denunciando a Cruz, a propósito de un post en Facebook publicado el 26 de enero de 2017. En mayúsculas y acompañando una foto de su toma de posesión, el texto empezaba diciendo: “El alcalde de Benalmádena es tonto del culo”. Repetía el insulto dos veces, para denunciar que el alcalde había usado documentos personales suyos, un asunto que se abordó en el Pleno.

Navas presentó su demanda más de un año después de la publicación del post y hasta la desestimación han pasado casi cinco años: “Todo el mundo te dice que eso no va a ninguna parte, pero hasta que el juzgado no resuelve no lo sabes”. El enfrentamiento ya ha tomado un cariz personal: hace días, el Vocero divulgó en un pantallazo el teléfono particular de un concejal del equipo de gobierno. Él asegura que quería denunciar el mal uso del móvil corporativo y que borró de inmediato, pero le ha valido una denuncia a la Policía. Por eso, cree que hay una consigna para amedrentarle mediante denuncias. “Van a saco”.

También se siente “acosado” el alcalde, que en el Pleno dijo que detrás de los insultos hay “mucho más”. Pone como ejemplo el hecho de que Cruz informe a periodistas y asegura que tiene material que prueba el acoso hacia él. “Yo siento que se me ha insultado y que es un acoso permanente”.

Dice Cruz que el Vocero se retirará cuando pasen las elecciones: “Yo sigo haciendo oposición y criticando lo que él hace. No soy periodista pero hago la labor de informar desde 2012”. Seis años después de publicarse, el texto de la discordia sigue siendo accesible. 

La propuesta ha sido defendida por Elena Galán, concejala de IU

Sólo los concejales de Vox han votado en contra de la moción con una intervención en la que la comparación de la violencia de género con el terrorismo les ha parecido una "frivolización" del terrorismo y desde su cuenta oficial de Twitter han calificado a las organizaciones presentes de "feminazis"

El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena aprobó por amplísima mayoría una Moción de IU para que se redacte “en tres meses” un Plan Municipal contra la Violencia Machista con la participación de las Organizaciones Feministas del Municipio. Así el Ayuntamiento ha declarado “su apoyo a una política que dedique medios materiales y humanos necesarios para una eficaz lucha contra la violencia machista sin discriminarla y menospreciarla”.

“Prácticamente nos levantamos cada día con un asesinato de mujeres”, explicaba en su intervención la concejala de IU, Elena Galán, que ha defendido la propuesta y ha incluido también, como ya reconoce la ley contra la violencia de género andaluza, los datos de menores asesinados y la consideración de víctimas a los hijos de mujeres maltratadas. 

“Criminalizamos a las feminazis”

La moción ha salido adelante pese a la intervención y voto contrario del grupo de extrema derecha Vox, que cuenta con dos concejales de los 25 recién elegidos en las pasadas elecciones municipales. Gema Carrillo, concejala de los de Abascal, ha rechazado la moción aceptada por el resto de partidos con argumentos ya escuchados en el Parlamento andaluz y en otras ciudades de Andalucía y el resto del territorio. Ha vuelto a utilizar el argumento de que no se alude a “la violencia que ejerce la mujer al hombre”; que “comparar la violencia que usted llama machista me parece frivolizar el terrorismo”; o la consideración de que la educación sexual en las escuelas es “una intromisión de una ideología que criminaliza al varón y dificulta las relaciones de los menores”. Carrillo asegura que no criminalizan a las mujeres si no que “criminalizamos a los feminazis”.

Después, en la cuenta oficial de Vox de Benalmádena, han reiterado lo dicho: “Las feminazis asaltan el pleno”.  

Sin embargo, los argumentos de los de Serrano no han convencido al pleno que ha votado de manera cuasi unánime el apoyo a la moción de IU. 

Por su parte, organizaciones feministas locales como el Movimiento Democrático de Mujeres de Benalmádena han condenado las palabras de la edil de extrema derecha en un comunicado y han criticado el calificativo de feminazi que usó la concejala y el partido en redes sociales: “La portavoz de Vox debería sentir vergüenza al utilizar el término nazi cuando su partido comparó su entrada en el Parlamento de Andalucía con la División Azul, que por si no lo sabe, fue la unidad franquista que luchó al lado de los Nazis en la II Guerra Mundial”, explican. “Lo más grave es que esta intervención sirve de antesala para que en las redes sociales de Vox en Benalmádena se llame ”Feminazis“ a las compañeras del MDM que acudieron al Pleno, un insulto que no estamos dispuestas a dejar sin respuesta”. De hecho, han anunciado “acciones para dejar clara nuestra posición de rechazo al intento de criminalizar al MDM”.

Hace 50 años hubo en la Costa del Sol una especie de Perpignan, un pueblecito español casi desconocido al que acudían jóvenes melenudos buscando el cine, la cultura (la libertad, en definitiva) que no había en el resto del país. Aquello fue Benalmádena, que a partir de 1969 organizó varias ediciones de un festival que el franquismo se planteó como un reclamo turístico, mientras un puñado de ácratas lo transformaba en un espacio de libertad por donde se colaban los cineastas más transgresores. Fue un experimento del régimen, que cuando quiso darse cuenta tenía una ventana a la libertad abierta de par en par en la Costa del Sol.

El Festival de Málaga está rindiendo homenaje a la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena (SICAB). También a alguno de los espíritus libres que la hicieron posible, como Julio Diamante, escritor, dramaturgo, director y muchas cosas más. Diamante comandó la nave de la SICAB desde 1972 hasta su desaparición, en 1989, y el pasado sábado recibió una biznaga especial en reconocimiento a su trabajo. El documental de Eduardo Trías Una historia de cine y libertad y la exposición Una ventana a la libertad completan los actos en recuerdo de aquel hito en España, sobre el que cayó un inexplicable manto de olvido.

La SICAB trajo cine que de otra forma no se habría exhibido en nuestro país hasta pasados muchos años. Eran tiempos en los que se pensaba que el arte y ensayo podría llegar a un público amplio. Lo hizo con una vocación no elitista, abierta incluso al público familiar y despegando de la Costa del Sol una pegajosa etiqueta que nunca se ha quitado del todo: “Había gente que pensaba que lo que correspondía era una cosa ligera y que vinieran starlets, que eso de la reflexión y la profundidad no era para aquí. Yo pensaba que sí”, explica Julio Diamante.

Eran días en los que en Torremolinos, justo al lado, se vivía una desconocida libertad sexual, tolerada por el régimen hasta que el gobernador civil ordenó una redada de homosexuales que se saldó con cientos de arrestados. La redada de Torremolinos coincidió con el relevo forzoso al frente de la SICAB de Luis Mamerto López-Tapia, quien pagó los platos rotos de un escándalo político: Ricardo Franco recogió un premio por El desastre de Annual y aprovechó para levantar el puño, mientras muchos asistentes alzaban el brazo y cantaban el Cara al Sol. Aquello acabó con un encierro en el Hotel Alay y con la destitución de López-Tapia, un intelectual de la época.

Tras José Luis Guarner (1971), Diamante llegó a la dirección de la SICAB en 1972 y dio al festival un sello propio: “Si acepté ser director fue porque amaba el cine, la cultura y la libertad. Quería hacer un festival que en su clase no tuviera nada que envidiar al mejor. Creo modestamente que lo conseguí y que hasta al final mantuvo la coherencia”. Fue “una ventana abierta al mundo y al ansia de libertad y democracia”, según Carlos F. Heredero, crítico y director de la revista Caimán, cuadernos de cine, y en su día jefe de prensa del festival.

La “batalla de Benalmádena” contra la censura franquista

Dicen muchos de quienes la vivieron que la SICAB les abrió los ojos a otra forma de hacer cine y de ver la vida. Durante años, aquel pueblito se transformaba durante una semana en referencia del cine europeo. No era esa la idea de los hoteleros cuando impulsaron el proyecto, ni de Fraga cuando lo aprobó. “La SICAB fue un proyecto del Ayuntamiento con un enfoque claramente turístico. La idea era poner a Benalmádena en el mapa internacional”, resalta María Sánchez, comisaria junto a Candela Montero de una exposición que traza un completo recorrido por la historia del festival a partir de documentos rescatados del archivo local.

La muestra, diseñada por Álvaro Carrillo, es una estupenda oportunidad para constatar cómo la pesada maquinaria burocrática de la censura a veces quedaba desnuda ante el ingenio de quienes pretendían burlarla. Los impulsores de la SICAB se valieron de la doble condición de Manuel Fraga como ministro de Información (responsable de la censura) y de Turismo para colar un festival que cuestionaba el orden político y moral. Además, los impulsores nombraron a Fraga presidente de Honor, una forma de comprometerlo.

Cada año debía renovarse el permiso para celebrar el festival. También cada año, Aduanas debía emitir un permiso para dejar pasar las películas que iban a proyectarse en Benalmádena. Una de las estrategias era proponer muchas películas polémicas. “Una dictadura puede censurar una película, pero si censuras quince da muy mala imagen en la prensa internacional”, explica Sánchez. A aquel juego para burlar al censor la prensa lo llamaba “la batalla de Benalmádena”. Por si fuera poco, la SICAB instauró un sistema de votaciones puramente democrático. De esta forma se explican el premio a Ricardo Franco o a El proceso de Burgos [Imanol Uribe, 1979].

“Si tenía más presupuesto la lucha por la libertad se perdía”

Es así como pasaron por Benalmádena cintas nunca vistas en España. Obras profundamente antibelicistas como Johnny cogió su fusil (Dalton Trumbo, 1971), escandalosas para la castradora moralidad del franquismo, como Las amargas lágrimas de Petra Von Kant (Rainer Werner Fassbinder, 1973) y mitos del cine experimental como La Jetée (Chris Marker, 1972) o Andrei Rublev (Andrei Tarkovski, 1966), reestrenada en la SICAB de 1972.

“Había temáticas que cuestionaban el género binario o ponían sobre la mesa la transexualidad”, destaca Candela Montero. De El Imperio de los Sentidos (Nagisa Oshima, 1976) se dice que debe su título original (Ai no korîda) a un juego de palabras que se le ocurrió al director japonés después de ver su primera corrida de toros en Benalmádena, en 1970.

La SICAB descubrió cinematografías exóticas y la obra de directores de referencia desconocidos hasta entonces en España, como Ken Loach, Agnes Varda, Arturo Ripstein, Fernando Birri o Patricio Guzmán. La exposición muestra una carta de Martin Scorsese para presentar su opera prima, Who's knocking at my door. Con Scorsese la SICAB no estuvo fina: le dejó fuera.

Diamante logró situar la SICAB como referencia del cine en Europa, aunque soportase titulares poco amables. “Decían: ”Julio Diamante vuelve con las mierdecillas de siempre“, cuando estábamos pasando a [Theo] Angelopoulos o [Andrei] Tarkovski, o la retrospectiva de [Shohei] Imamura, que por entonces era muy desconocido. Al año siguiente le dieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes” [La balada de Narayama, 1983]“, recuerda el director.

Poco a poco, el festival fue perdiendo su sentido originario. Benalmádena se convirtió en destino turístico internacional, mientras decaía el interés por el arte y ensayo. Con el tiempo, la SICAB se convirtió en la semilla de otros festivales. Diamante recuerda con amargura cómo las instituciones se desvincularon del proyecto. Llegaba una nueva censura, que ya no se hacía con tijeras sino cancelando el apoyo financiero. “Costaba poquísimo dinero. Yo no pedía joyería, porque sabía que si tenía más presupuesto la lucha por la libertad se perdía. El problema es que querían aprovecharse de aquello, tomar su prestigio y convertirlo en otra cosa”.

Diamante recibió la biznaga muy emocionado. Después de una extraña amnesia colectiva, la SICAB y él mismo están recibiendo el tratamiento de lo que fueron: una referencia en el panorama cinematográfico del continente. “La lucha por el cine, la cultura y la libertad creo que deben continuar”, dijo: “Yo invito a cualquiera a que entre en la lucha por la libertad de expresión. Y luego me cuenta la experiencia”.

Benalmádena, gobernada por el PSOE y otros cuatro partidos, adjudica el contrato para la difusión de las comunicaciones municipales, que incluye la obligación de entrevistar al alcalde o un concejal del equipo de Gobierno una vez al mes a página completa

Fuentes municipales admiten que la cláusula no debió incluirse y aseguran que su cumplimiento no se va a exigir

El contrato concede también voz a la oposición, que en Benalmádena está integrada por Partido Popular y Vecinos por Benalmádena

El Ayuntamiento de Benalmádena está a punto de formalizar un contrato que incluye la obligación de publicar una entrevista mensual con su alcalde. El pliego técnico de condiciones contiene la obligación de realizar una entrevista “en profundidad” al mes con Víctor Navas, alcalde del PSOE, con una extensión mínima de una página. La mesa de contratación ya ha dado el visto bueno a la adjudicación del contrato a una de las ofertas. El Ayuntamiento dice, sin embargo, que aunque la cláusula exista no se exigirá su cumplimiento.

El contrato para el “servicio de la publicidad e información del Ayuntamiento de Benalmádena”, que el Ayuntamiento sacó a concurso en septiembre, obliga al adjudicatario a elaborar y distribuir un periódico de información local donde quepan avisos oficiales y otras noticias del municipio. Con una particularidad: el periódico deberá contener una entrevista al alcalde por contrato. “Será obligatorio la inserción de una entrevista en profundidad con el Alcalde y los Concejales del Equipo de Gobierno, de una página mínimo, una vez al mes”, se lee en el pliego.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento insisten: esa cláusula, aun recogiéndose en el contrato, no será exigida. “Se trata de utilizar la publicación como tablón de anuncios: bandos, procedimientos del ayuntamiento, edictos, carteles, el día a día. Es un instrumento para difundir la actividad municipal ”, explican. Según el Consistorio, se trata de dotar de cobertura contractual a un servicio, el de inserción de anuncios, que hasta ahora se prestaba al margen de los procedimientos de contratación pública.

La oferta incluye la publicación diaria de ocho páginas de información local (incluyendo portada y contraportada) y una tirada de 5.500 ejemplares cada día, cinco días a la semana. Además de los edictos, avisos, bandos, convocatorias o comunicados, el periódico deberá destinarse a la información local y podrá también insertar publicidad privada. El número de páginas es libre, siempre que cumpla el mínimo que debe dedicar al municipio y el contratista deberá producir también producirse una versión web.

El contrato concede voz a la oposición

El contrato concede también voz a la oposición, que en Benalmádena está integrada por menos partidos (dos, Partido Popular y Vecinos por Benalmádena) que el equipo de gobierno, integrado por PSOE, IU, Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol Sí Puede y los tres concejales no adscritos expulsados de Ciudadanos. Los diez concejales de la oposición tendrán derecho a una entrevista cada tres meses.

El pliego reconoce al departamento de servicios generales y al gabinete de prensa del ayuntamiento la facultad de “ordenar discrecionalmente los servicios contratados” y “dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido”, así como facultades de “dirección, inspección y control”.

Un coste final variable

El consistorio preveía gastarse un máximo de 290.400 euros en dos años por este servicio, o 580.800 euros si finalmente se extiende por un periodo similar, como está previsto. El anuncio a página completa se pagaría con hasta 1.671 euros, la media página por 874,84, el faldón a 510,62 y un módulo tendría un coste máximo de 52,03 euros, según los precios unitarios máximos. Sólo se pagarían los anuncios.

Finalmente esa cantidad será sensiblemente rebajada, de acuerdo con la oferta de Manu Cantero Fotos, S.L., la empresa que se ha hecho con el contrato: 484 euros por página, 242 por la media página, 121 por un faldón y 12.10 por los módulos. Sin embargo, resulta imposible saber el coste global del contrato (de momento por dos años). El propio pliego aclara que la cifra de máximos “se establece a tanto alzado, con carácter orientativo y a efectos presupuestarios, al no estar definida la cuantía exacta y total del contrato por depender de las necesidades municipales”. Según ese mismo documento, el gasto puede variar según “el volumen de publicidad que se demande”.

La mesa de contratación se reunió el pasado 17 de enero para valorar las dos ofertas presentadas. Manu Cantero Fotos, S.L. obtuvo la mayor puntuación y será el adjudicatario, aunque el contrato está pendiente de formalización. Esta empresa edita también El Noticiero, el único periódico local del municipio.

El interventor de Benalmádena ha detectado llamativas conexiones entre las cuentas del Puerto Deportivo y el comedor social, sobre cuya gestión existe una investigación abierta por parte de un juzgado de Torremolinos. Según el informe especial del interventor, emitido por el posible fraude de contratación en el Puerto, una mujer en situación de exclusión social y atendida por el comedor presentó ofertas para la sustitución de pavimentos y aceras en el Puerto. La mujer habría sido utilizada por Francisco Salido “con o sin su conocimiento” para dar apariencia de competencia en ese concurso público. Salido, de UCB, fue desde 2011 hasta su cese, en noviembre de 2014, consejero delegado del puerto y también concejal de Asuntos Sociales.

La mujer, B., había acudido a los servicios sociales comunitarios solicitando ayuda económica y orientación porque no sabía cómo disolver una empresa en la que figuraba como administradora única y de la que decía ser empresaria forzosa, sin sueldo ni beneficios. La Delegación de Bienestar Social, por entonces dirigida por Francisco Salido, le abrió entonces un expediente como “unidad familiar en situación de exclusión social”.

Durante los meses siguientes B. acudió con frecuencia al comedor social y llegó a sufrir el desalojo de su vivienda. Sin embargo, diez meses después de acudir por primera vez a los servicios sociales presentó una oferta por unas obras valoradas en unos 50.000 euros a través de la empresa de la que era administradora, y de la que quería “huir”, según asegura el interventor a partir de un informe de los servicios sociales.

El interventor cree que Salido, que compatibilizaba su cargo como consejero delegado del Puerto y concejal de asuntos sociales, utilizó “con o sin su conocimiento” a B. para presentar una oferta con la que revestir de aparente competencia un procedimiento negociado sin publicidad previamente amañado.

El informe pone en duda la veracidad no sólo de la oferta presentada por B. (sin firmar ni sellar y con fecha posterior al acuerdo de adjudicación), sino de la tercera oferta en el procedimiento, basada en un presupuesto en el que ni se consignaba correctamente el nombre de la propia empresa ni contenía el nombre del firmante. El interventor cree que el logotipo con el que se acompañaba el presupuesto se incorporó “ad hoc”, y sospecha de la veracidad de la firma del pretendido administrador.

Todas estas irregularidades tendrían la finalidad de aparentar competencia donde no la había. El contrato fue adjudicado finalmente por 47.548,40 euros a una empresa de Miguel Sánchez-Infante, cuyo grupo empresarial se embolsó el 46,80% de lo que adjudicó el Puerto en el periodo 2011-2015, más de dos millones de euros.

Posible desvío de ingresos del Puerto al comedor social

Posible desvío de ingresos del Puerto al comedor socialEl interventor también sospecha que Salido utilizó su doble condición de consejero delegado del Puerto y concejal de asuntos sociales para desviar ingresos del Puerto a las cuentas de la asociación que gestionaba el comedor social. De esta forma, la sociedad que explotaba el tren turístico del puerto transfirió 8.000 euros a la cuenta del comedor, pese a que debían haber sido ingresados al Puerto a cuenta del canon anual por la explotación del trenecito.

El Puerto no había facturado en tiempo y forma el canon de 2011 y no tenía autorización para hacerlo porque la Agencia Pública de Puertos de Andalucía estaba verificando los niveles de ruido. Ante este problema, y según relató por escrito el gerente de la empresa que explotaba el tren, el gerente del Puerto, José Manuel López Merino, y el consejero delegado, Francisco Salido, le propusieron realizar el pago ingresando 8.000 euros en la cuenta del comedor social, con el concepto “compra de maquinaria” y compensar los restantes 3.200 del canon con unos daños de los que el Puerto era responsable.

El juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos investiga la gestión del comedor social desde hace dos años y ha imputado a Salido, su cuñado (secretario del comedor) y otras cuatro personas por malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos públicos y fraude de ayudas y subvenciones públicas. En este procedimiento el juez trata de aclarar en qué se gastaron 262.500 euros ingresados por el comedor en concepto de subvenciones que, según el informe definitivo del Interventor General del Ayuntamiento emitido en agosto de 2014, no están debidamente justificados. No existía libro de actas y la contabilidad se llevaba “manualmente”, según alegó en su día el Presidente de la Asociación.

Informe especial

Las conclusiones respecto a la contratación en el Puerto forman parte de un informe especial remitido a Fiscalía ante las sospechas de fraude durante el periodo 2011-2015. Según el interventor, Salido y López Merino establecieron un sistema orientado a favorecer a tres empresarios, que habrían facturado al puerto casi tres millones de euros en algo más de tres años, el 66,19% de los contratos relevantes.

El principal beneficiado llegó a constituir una asociación de empresarios en Benalmádena, que editó una revista por un breve periodo de tiempo. Su primer número abría con el titular “Contra la crisis: imaginación” y contenía un reportaje sobre los “precios, ofertas y servicios muy atractivos” que ofrecía “ahora” el Puerto Deportivo.

Contratos fraccionados para evitar la concurrencia pública, presupuestos presuntamente adulterados, firmas posiblemente falsas y hasta facturas aparte por trabajos incluidos en contratos ya adjudicados. El informe especial del interventor del Ayuntamiento de Benalmádena por el “posible fraude” en las contrataciones del Puerto Deportivo de Benalmádena en el periodo 2011-2015 arroja una larga relación de malas prácticas: durante apenas tres años y medio, un único empresario, Miguel Sánchez-Infante, se embolsó más de dos millones de euros, el 46,80% de lo que el Puerto adjudicó en ese periodo, a través de seis empresas que controlaba directa o indirectamente.

Un segundo grupo de empresas, no vinculado directamente a Sánchez-Infante y controlado por Matías Iglesias y Manuel García Guerrero, obtuvo 836.710,82 euros (el 18,99%) también de manera sospechosa, a juzgar por las explicaciones del interventor. De esta forma, el interventor pone en la picota más del 66% de las adjudicaciones del puerto y cree que se pudieron cometer delitos de fraude, malversación, prevaricación y quebrantamiento de embargo para favorecer a tres empresarios amigos.

Enviado a la Fiscalía

El informe, adelantado por Sur, y al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, fue elaborado en el marco de una auditoría a la gestión del Puerto en el periodo 2011-2015, y ya ha sido enviado a Fiscalía por la gravedad de los hechos. El interventor acusa a Francisco Salido, de Unión Centro Benalmádena y Consejero delegado del Puerto durante ese periodo, y a José Manuel López Merino, gerente del Puerto, de favorecer a tres empresarios mediante adjudicaciones presuntamente irregulares. Salido, que también fue concejal de asuntos sociales, está igualmente imputado por las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social del municipio.

Además, ambos están siendo investigados por su actuación en el Puerto a raíz de una denuncia presentada en su día por la concejala Encarnación Cortés. A esa investigación podría incorporarse ahora el informe especial del interventor. Durante la legislatura pasada, el partido que dirigía Salido apoyó al alcalde del PSOE, antes de participar en una moción de censura que, gracias a su apoyo, permitió al PP desbancar a los socialistas.

El texto del interventor documenta una retahíla de irregularidades presuntas cometidas con escaso disimulo. Por ejemplo: el Puerto convocaba a los procedimientos a tres empresas del mismo empresario con el fin de que existiera apariencia de competencia. Con empresas constituidas apenas tres meses antes de la firma de los contratos, Sánchez-Infante obtuvo 2.062.020,38 euros del Puerto de Benalmádena. Desde el mantenimiento de los jardines a la peatonalización, del acerado al recalce de los muelles, los contratos más jugosos acababan en manos de esta empresa.

Contratos de un mes prorrogados hasta casi tres años

El fraccionamiento permitía eludir los requisitos de publicidad y adjudicación. Una muestra es que el contrato para el mantenimiento de jardines se firmó por un mes prorrogable a cambio de 8.970 euros más IVA, pero la prórroga se alargó mes a mes hasta completar casi tres años, por los que el Puerto pagó 390.499,82 euros. Lo mismo ocurrió con los servicios de mantenimiento, contratados durante tres años (107.040 euros anuales más IVA) por plazos mensuales o con la limpieza de los servicios (21.240 euros mensuales durante casi dos años).

La lista de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación sigue: el interventor sospecha que en otros casos pudieron falsificarse firmas de presupuestos o se inventaron las empresas. “Se puede afirmar que Deltrasub, de acuerdo con los antecedentes aportados, no es una sociedad ni cuenta con objeto social”, se lee. A veces los presupuestos son posteriores a la fecha de adjudicación o no constan en el expediente, hasta tal punto que se adjudicaron contratos “sin que se haga mención de otras empresas en los contratos concertados”.

Ni siquiera importaba que las empresas adjudicatarias se dedicaran al objeto del contrato, y una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria obtuvo, por ejemplo, la adjudicación del mantenimiento de jardinería.

Eludir los controles de Hacienda

También Hacienda resultó perjudicada: cuando una de las empresas beneficiadas fue embargada por la Agencia Tributaria, el Puerto de Benalmádena pasó a ingresar sus facturas (hasta un total de 182.142,62 euros) en la cuenta de otra de las mercantiles del grupo, eludiendo así los controles de Hacienda. Otro de los contratos adjudicados a la empresa embargada fue cedido a una empresa del grupo con el presunto consentimiento de Salido. El interventor cree que se trató de un negocio “ficticio”, “cuya más que posible finalidad sea la desviación de fondos”.

El interventor cree que Salido y el gerente del Puerto, José Manuel López Merino, “facilitaron” las adjudicaciones a estos dos grupos de empresas, que actuaron para “mejorar el lucro” de los contratos, que ayudaron a la financiación de esas empresas, y que “controlaron” que el “camino del dinero” llevara a los empresarios. “Existe un concierto al objeto de que las empresas sean las adjudicatarias de la mayor parte de las contratas relevantes del Puerto Deportivo”, concluye el interventor, que acaba dando una definición del saqueo: “el verdadero interés” era “que la mayor parte de los fondos se destinaran” a esas empresas.

Hace ahora un año que el PP se quedó sin el extraordinario poder del que disfrutaba en la Costa del Sol. En este tiempo, las alianzas postelectorales en los grandes municipios de la provincia de Málaga han mantenido sus gobiernos, algunas con más apuros que otras, mientras caían los alcaldes de tres municipios del interior, el más significativo de ellos Ronda. Aunque quizá el movimiento político más reconocible de todos los que se han producido en los pueblos de Málaga es el de Juan Martín Serón. El alcalde de Alhaurín el Grande, que fue condenado en firme por el Tribunal Supremo e inhabilitado en su momento, dejó el bastón de mando a su colaboradora más fiel, Antonia Ledesma.

Con Martín Serón se fue el alcalde que se comparaba con Cristiano Ronaldo y que llamó a la revolución (“No vienen a por mí, ¡vienen a por el PP!”) el día en que fue detenido por la Policía. De esto hace ya nueve años, y en este tiempo fue condenado por un delito de cohecho pasivo: exigió 122.000 a un constructor a cambio de una licencia de obras. Obligado a dejar el cargo en 2013, volvió una vez cumplida la condena (“una victoria de la democracia”, dijo) y ganó las elecciones a un concejal de la mayoría absoluta.

Fue alcalde hasta febrero, y sólo se fue cuando entendió que iba en serio la moción de censura que se fraguaba con el apoyo del único concejal del PP (que cobraba como si fuese miembro del equipo de gobierno). Hoy es alcaldesa su número dos y sobrevuela la posibilidad de que ella y el resto de concejales de Por Alhaurín regresen al PP del que salieron acompañando a Serón. También abandonó la alcaldía el ex cura de Cómpeta, José Luis Torres, que aceptó un cargo de confianza en la Diputación Provincial.

Tres mociones de censura han triunfado en Málaga. La primera moción de censura se produjo en febrero en Cuevas del Becerro, donde IU y Más Pueblo desbancaron al PSOE. Hasta marzo María de la Paz Fernández se mantuvo en la alcaldía de Ronda con siete de 21 concejales. Cuando PSOE, IU y PA llegaron a un acuerdo abandonó cedió el bastón de mando que retenía desde 2011 a la socialista Teresa Valdenebro.

En Pizarra Félix Lozano, del PP, se hizo con la alcaldía con el apoyo de IU, cuya dirección provincial y regional “lamentó” el acuerdo. Hay en este municipio una enemistad larvada entre representantes socialistas y de IU que desembocó en un Pleno en el que el representante de IU y nuevo socio de gobierno del PP, Zacarías Gómez, recibió todo tipo de insultos por el sorprendente pacto con los populares. “Chorizo” y “dictador” entre otros.

Mijas, en el alambre; en Benalmádena, 'quintupartito'

Los grandes municipios se mantienen de momento alejados de vaivenes. Sólo Mijas parece en el alambre. Allí gobierna Ciudadanos, inicialmente con el apoyo del PP. Desde la investidura fueron constantes los desencuentros del alcalde, Juan Carlos Maldonado, con el portavoz de los once concejales del PP, Ángel Nozal, cuya salida del equipo de gobierno en febrero no suavizó las tensiones.

En abril el alcalde Juan Carlos Maldonado invitó a su socio de gobierno a presentar una moción de censura. Lo hizo a través de un comunicado emitido por el propio ayuntamiento. El propio regidor se quejó de una situación “insostenible” propiciada por su hasta entonces socio. El 26 de abril se rompió el pacto y ahora Ciudadanos gobierna con una débil minoría de cinco concejales sobre 25.

En Benalmádena el equipo de gobierno ha acabado sumando a casi todos. A PSOE (que ostenta la alcaldía), Izquierda Unida y Alternativa por Benalmádena se sumaron en abril los tres concejales que se presentaron por Ciudadanos y los dos de Costa del Sol Sí Puede, el partido instrumental de Podemos, en contra del criterio de las direcciones regionales de los dos partidos emergentes. Los cinco concejales ya venían percibiendo una retribución similar a los concejales de gobierno desde junio de 2015, pese a estar formalmente en la oposición. Ciudadanos pidió ayer a la Secretaría de Estado que declare tránsfugas a sus tres ediles, expulsados del partido y oficialmente no adscritos, según informó Sur.

Como Benalmádena, también Marbella, Torremolinos, Nerja, Vélez-Málaga o Rincón de la Victoria quedaron en manos de alianzas postelectorales más o menos numerosas, y de los grandes municipios, el PP sólo retuvo el poder allí donde ganó con mayoría absoluta (Estepona, Antequera, Fuengirola o Alhaurín de la Torre), con la notable excepción de la capital, donde gobierna gracias a Ciudadanos.

Con estos resultados y la abstención de Ciudadanos el PP ha retenido hasta ahora la presidencia de la Diputación, ejercida por el presidente provincial del partido y oficioso candidato a la sucesión de Francisco de la Torre, Elías Bendodo. Desde hace meses se extrapola el entendimiento de PSOE y Ciudadanos en la Junta de Andalucía y en Madrid a un posible cambio de rumbo a la institución provincial. Bendodo resiste, pese a los encontronazos escenificados con Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos. Los desencuentros hasta ahora acaban con reconciliación, pero los resultados de las próximas elecciones generales consolidarán o enterrarán este matrimonio político.

La Costa del Sol ya no es esa franja del litoral mediterráneo icono del turismo de sol y playa y gobernada, casi de punta a punta, por el Partido Popular. En Marbella, Benalmádena, Torremolinos y Vélez-Málaga gobernará el PSOE; en Rincón de la Victoria el PSOE y dentro de dos años, Ahora Rincón. En Mijas, Ciudadanos. Todos estos feudos los controlaban antes los populares, cuyo poder ha sufrido un buen tajo con los pactos post-electorales entre socialistas, Ciudadanos, candidaturas apoyadas por Podemos e independientes. Allí donde perdió la mayoría absoluta, el PP no ha alcanzado pacto alguno para retener el bastón de mando y ahora será la oposición.

Quizá el mejor ejemplo sea Torremolinos: 20 años de mayorías absolutas de Pedro Fernández Montes y cuando la perdió, supo que había llegado su final político. Las acusaciones contra los modos de gobierno de Fernández Montes se acentuaron durante la última legislatura y la televisión municipal, un ejemplo, fue sancionada por su partidismo descarado. Durante la campaña el PP distribuyó folletos cargando contra los candidatos del PSOE (que anunció acciones legales) y Ciudadanos.

Por eso, Fernández Montes compareció compungido la misma noche electoral, anticipando un pacto a cuatro entre PSOE, Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e IU. Y aunque luego pidió perdón a la candidata de Ciudadanos, Ángeles Vergara, los cuatro ediles del partido naranja apoyaron a José Ortiz, candidato socialista. Se amagó con la posible retirada de Fernández Montes y con la posibilidad de un acuerdo in extremis, pero el comité nacional encargado de ratificar los acuerdos dio su placet al pacto con el PSOE el viernes, y con ello certificó el final político de Pedro Fernández Montes. “Nuestra opción siempre ha sido el cambio y los cuatro concejales estamos muy unidos en esto”, explica a eldiario.es/Andalucía Ángeles Vergara, negando que hayan existido diferencias internas.

El Pleno, celebrado la tarde del sábado, evidenció el enfrentamiento. A un lado, los partidarios de Fernández Montes; a otro, sus detractores, que eran notable mayoría. El ex-regidor entró al salón, abarrotado, entre gritos de “fuera, fuera”. Hubo aplausos a unos y otros, abucheos para Fernández Montes, gritos y escenas de crispación y también de euforia. Cuando llegó su turno de palabra pronunció un discurso incendiario. “Se nos plantea aquí si lo legal es justo y democrático. En cualquier país avanzado se elige directamente al alcalde”, comenzó. Habló de “chalaneo” y “mercadeo”, y lamentó que “al PP no se le pase ni una en temas de corrupción... Lo que me parece bien”. Parte del público le dio la espalda. Después, atizó a Ciudadanos por pactar con el PSOE en la investidura de Susana Díaz. Cuando anunció su retirada de la política, muchos le cantaron “adiós, adiós”, celebrando con mofa. Y entonces, con el rostro crispado y tenso, advirtió por segunda vez: “¡Si se continúa interrumpiendo el Pleno, ordenaré a la Policía que se desaloje la sala!”. Fue un final esperpéntico a 20 años de gobierno de Fernández Montes.

En Marbella, la segunda localidad más poblada de la provincia, el alcalde será José Bernal, del PSOE, que desbanca así a Ángeles Muñoz. Tiene el apoyo de su propio grupo, de IU, de Costa del Sol Sí Puede y de los independentistas de San Pedro, que negociaron con PP y PSOE antes de decantarse por los socialistas. Costa del Sol Sí Puede, la marca apoyada por Podemos, no se integrará en el gobierno pero su voto ha sido decisivo.

En Benalmádena, el gobierno en minoría lo formarán el PSOE (seis concejales), IU (dos) y Alternativa por Benalmádena (uno), pero para que Víctor Navas se haga con la alcaldía ha sido necesario también el voto positivo de Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede. También gobernará en minoría Antonio Moreno Ferrer en Vélez-Málaga. Moreno, del PSOE, ha sido investido con los votos de su propio grupo, PA, IU (que no estará en el gobierno) y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar.

En Rincón de la Victoria, Francisco Salado ha sido desalojado del poder gracias a otro acuerdo cuatripartito de investidura: PSOE, IU, Ahora Rincón y PA han votado a favor de la candidata socialista, Encarnación Anaya, que será alcaldesa durante dos años y que ya fue regidora entre 2009 y 2011. Recogerá el bastón Antonio Moreno, de Ahora Rincón, con quien Anaya suscribió un acuerdo ante notario. El pacto ha sido posible gracias a que la Junta Electoral detectó un “error material” en dos actas de escrutinio después de sendas impugnaciones. La corrección cambió la aritmética de pactos: Ahora Rincón ganó el concejal que perdió el PP, haciendo intrascendente la postura de Ciudadanos, hasta entonces determinante.

Ciudadanos gobernará en Mijas

Ciudadanos gobernará en MijasJuan Carlos Maldonado, de Ciudadanos, es el nuevo alcalde de Mijas. Ha obtenido el apoyo del Partido Popular, cuyo líder, Ángel Nozal, queda ahora como primer teniente de alcalde. Ciudadanos obtuvo cinco concejales y el PP once. Las directrices generales del partido dirigido por Albert Rivera establecen que sus ediles sólo pueden integrar un gobierno si es para liderarlo.

Hubo intriga hasta el final en Alhaurín el Grande, donde Juan Martín Serón amagó con retirarse si el concejal del PP daba su apoyo a la segunda de su lista, Antonia Ledesma. Finalmente, no fue así y Martín Serón, condenado en firme por cohecho por el Tribunal Supremo, gobernará el municipio por quinta legislatura consecutiva, la primera bajo las siglas de Por Alhaurín, el partido que constituyó tras desligarse del PP. Gobernará en minoría porque las otras cuatro fuerzas políticas no lograron llegar a un acuerdo.

El PP mantiene las alcaldías de Antequera (Manuel Barón), Alhaurín de la Torre (Joaquín Villanova), Fuengirola (Ana Mula) y Ronda (María de la Paz Fernández, en minoría), y la estrena en Torrox (Óscar Medina). En este último caso, con el único apoyo de su grupo y como candidato de la lista más votada. En Alcaucín gobernará Mario Blancke, el candidato belga de Ciudadanos, con el apoyo del concejal socialista. Blancke es también el portavoz de SOHA, una asociación que agrupa a dueños de viviendas irregulares construidas en la Axarquía. Durante años, se ha significado pidiendo la legalización de esas viviendas.

Para última hora quedó la constitución del nuevo Pleno en Nerja. José Alberto Armijo (PP) abandonará la alcaldía después de cuatro legislaturas de mayorías absolutas. El Pleno se celebró a las 22.00 porque Armijo adujo que debía resolver asuntos personales en Madrid; según informó Sur, acudió a la graduación de su hijo. Rosa Arrabal (PSOE) tiene el apoyo de IU, Ciudadanos y EVA-Podemos para desbancar al PP, que se quedó a un concejal de la mayoría absoluta.

El PP atesora un enorme poder en la provincia de Málaga. Ese poder, cimentado sobre los grandes municipios gobernados en muchos casos por mayoría absoluta, se pondrá en juego la semana que viene. El PSOE aspira a recuperar cuota, pero los dos partidos parecen lejos de las mayorías absolutas, en parte por la aparición de nuevas fuerzas políticas. La pérdida de peso en los grandes municipios pone en jaque el control popular en la Diputación Provincial. En los pueblos del interior, la situación es otra: el PSOE soportó mejor el batacazo en las zonas rurales, lugares donde Ciudadanos y Podemos no han llegado o lo han hecho sin fuerza suficiente para articular una candidatura.

Soplarán vientos de cambio, pero el aire se siente de momento en las ciudades. En 49 de los 103 municipios, los de menor población, sólo se podrá elegir entre PSOE, PP e IU. Hay incluso tres pueblos, cada uno de los cuales ronda los 250 habitantes, amarrados al bipartidismo: Cartajima, Júzcar y Faraján. Socialistas y populares presentan listas en los 103 municipios malagueños; IU, que concurre con la marca “Para la Gente”, se queda en 96. Partido Andalucista presenta 20 listas y UPyD, que obtuvo tres concejales en toda la provincia en 2011, concurre con 13.

El PP, o la dificultad de conservar todos los ases

El PP, o la dificultad de conservar todos los asesTodos los grandes municipios de Málaga han estado gobernados por el PP durante los últimos cuatro años: Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Antequera, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Nerja… Casi todos, con mayorías absolutas. El PP obtuvo 308.839 votos en las municipales de 2011, por 184.662 del PSOE, que sin embargo logró gobernar en más municipios (casi medio centenar) gracias a los pactos y a su triunfo en pueblos menores.

Parece difícil que PP y PSOE (57 mayorías absolutas entre los dos) repitan esos resultados. Se duda de la mayoría absoluta de Pedro Fernández Montes (PP) en Torremolinos y de Ángeles Muñoz en Marbella, y la marcha de Esperanza Oña podría restar muchos votos a los populares en Fuengirola. En Tolox, un pequeño municipio del interior de la provincia, el partido se ha encontrado con un problema de última hora: sus cuatro concejales se dieron de baja, molestos porque la dirección provincial no renovó sus candidaturas, y hace apenas una semana crearon un nuevo partido, Tolox Unido.

El PSOE aspira a aprovechar el desgaste popular para recuperar feudos históricos que perdió en 2011, como Ronda, Antequera o Vélez-Málaga. La aparición de Ciudadanos y las marcas blancas de Podemos, sin embargo, fragmentará aún más el voto en estos pueblos, donde existe un arraigo histórico de partidos como el PA (llave de gobierno en Ronda) o el Grupo Independiente pro Municipio de Torre del Mar (en Vélez-Málaga).

También está abierto el resultado en Benalmádena, donde el PP desbancó de la alcaldía al PSOE recién comenzada la legislatura, gracias a que un partido local, UCB, cambió sus preferencias de manera repentina. El líder de ese partido, Francisco Salido, fue imputado luego por las dudas con la contabilidad del comedor social y en noviembre salió del equipo de gobierno. También está imputado por unas presuntas irregularidades en la gestión del Puerto Deportivo, denunciadas hace tres años por Encarnación Cortés, concejala independiente desde que abandonara UCB. Cortés, que también destapó el caso del comedor social, se presenta ahora con un nuevo partido, Alternativa por Benalmádena, y dice hacerlo porque no quiere ser una mera observadora. Por eso, y porque le “pueden las tripas”: “Yo no quiero garantizarme nada, quiero luchar, y con un partido independiente soy yo la que me expongo. Soy conocida por lo que he hecho: que sean los ciudadanos los que digan si les gusta esta manera de hacer política”. Asume la dificultad del reto en una localidad con nueve candidatos, pero se ha ganado una reputación en el pueblo como abanderada de la lucha contra la corrupción.

La nueva política será urbana, o no será

¿Y los nuevos? Hay varias propuestas con el apoyo explícito de las estructuras locales de Podemos, entre ellas la marca Costa del Sol Sí Puede…Tic Tac, que agrupa a las candidaturas de Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas y Torremolinos. Presentan un programa conjunto, pero su candidatura, como la de otras marcas blancas de Podemos, también ha sido polémica. Pedro Aguado dimitió como presidente del partido instrumental y como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Mijas.

La decisión de los órganos de dirección nacionales de Podemos de restringir la participación de sus líderes municipales ha provocado también el descabezamiento del nuevo partido en Alhaurín el Grande. Gonzalo Rueda, elegido secretario general en enero, dimitió en Podemos para encabezar Se Puede Recuperar Alhaurín el Grande. Su cartel reproduce los colores y las franjas del logo de Podemos Alhaurín el Grande, que insiste en aclarar que no se presenta a las elecciones. En cambio, Fernando Tapiador es el candidato de Antequera Sí Se Puede y secretario general de la formación morada en el municipio.

Ciudadanos ha formado18 candidaturas. Su ámbito territorial es también urbano, con tres notables excepciones: Alcaucín, Canillas de Aceituno y Viñuela. Los propietarios de viviendas irregulares de esta zona de la Axarquía, integrados en la plataforma Save Our Homes Axarquía (SOHA), decidieron a comienzos de año concurrir a las elecciones bajo el paraguas de Ciudadanos. Así que las listas del partido naranja en Alcaucín y Viñuela las lideran Mario Blancke y Phillip Smalley, respectivamente. De los nueve candidatos de Ciudadanos en Viñuela, ocho tienen nombre y apellidos de origen británico.

Mario Blancke, portavoz de Soha, ya ha sido concejal no adscrito durante la última legislatura y explica que entró en política para impulsar una solución al problema de las viviendas irregulares construidas de buena fe. “He comprobado que es más fácil que te abran las puertas”, admite. Optaron por Ciudadanos porque “pone el acento en la gestión” y el partido no les puso condiciones, más allá de aceptar unas “exigencias mínimas”. Cree que la “moderación” les permitirá acercarse tanto a PP como al PSOE.

Ciudadanos, palabra de moda

Ciudadanos, palabra de modaEl éxito potencial del partido liderado por Albert Rivera ha revitalizado una palabra: en Málaga hay ciudadanos para todos los gustos y en todo tipo de actitudes. Los hay que se fusionan en una Fusión Ciudadana de Independientes en Algarrobo y Torrox, y que se unen una Unión de Ciudadanos Independientes en Málaga, Torremolinos, Benahavís y Vélez-Málaga, donde también hay Ciudadanos Por Su Pueblo, y una candidatura de Ciudadanos. En Cortes de la Frontera hay una Agrupación de Electores Cortes Iniciativa Ciudadana, y en Málaga, Ciudadanos Libres Unidos. En Marbella, en cambio, han optado por términos más genéricos: Habitantes y Gentes de Marbella.

La cuota ultraconservadora está representada por Vox (Estepona y Málaga) y Soluciona (Málaga). Recientemente, el líder de este partido, Armando Robles, llamó “cerdos” a los catalanes y vascos que van a acudir a la final de la Copa del Rey de fútbol en el medio del que es propietario, Alerta Digital. El viernes a medianoche repartía en solitario folletos en los que promete reducir el IBI y la tarifa del agua al 50%, suprimir el impuesto de patrimonio y sucesiones (que no son competencia municipal) y crear 200.000 puestos de trabajo en la ciudad, de 560.000 habitantes. Hay también candidaturas nostálgicas de otro tiempo: Falange se presenta en Cártama, un municipio de 23.000 vecinos.

Hay pasiones que cristalizan en los resultados más insólitos. Si además resulta tan singular como para hacer de ella bandera de una causa casi perdida, algunos tendrán la tentación de confundir la pasión con la locura. El doctor Esteban Martín y dos albañiles levantaron con sus manos un extraño castillo en Benalmádena (Málaga). Martín quería reivindicar la hispanidad del descubrimiento de América. Dejó su carrera de cirujano en Estados Unidos, estudió, diseñó y levantó un abigarrado monumento que reproduce en piedra lo que tanto se ha contado en libros. Entregado a una causa inspirado por no se sabe qué, dedicó 15 años de su vida y todo su patrimonio a la tarea. Acabó casi arruinado y hoy en Benalmádena resiste algo que no es ni un castillo ni una escultura, sino algo a medias para recordar a Cristóbal Colón y su viaje a las Indias. El resultado es desconcertante y merece una visita.

Desde 1987 hasta 1994, cuando se quedó sin dinero para continuar, el doctor Martín y dos obreros levantaron un inclasificable monumento sobre una parcela con unas formidables vistas al mar. No hay que engañarse. El Castillo de Colomares, que así se llama, resulta algo con un punto kitsch. Mezcla lo mudéjar con el románico y el gótico flamígero y hasta el oriental. Sobre ladrillo, piedra y cemento, Martín y sus dos maestros canteros levantaron torres de 33 metros y perfilaron una reproducción de cada una de las tres carabelas. “No era un trabajo con un horario, si tenían que quedarse hasta la 1 de la mañana porque a esa hora fraguaba, se quedaban”, recuerda hoy Carlos, su hijo. Sobre la piedra hay inscripciones sobre los Reyes Católicos, la Hispanidad y Andalucía. La idea era hacer un libro en piedra: “Hay que tener la imaginación para tallar esto. ¿Cómo abres el edificio de forma que pueda ser leído? Esto parece anárquico pero si juegas con la historia empieza a tener sentido, fluye la obra”.

La idea del doctor Martín era que el castillo se convirtiera en un instrumento de divulgación histórica. El cirujano sufría cuando el 12 de octubre salía a las calles de Estados Unidos y observaba una celebración basada en una especie de fusión histórica. Los italianos utilizaban el supuesto origen genovés de Cristóbal Colón como pretexto para arrogar méritos a su país. Y él, educado en una historiografía clásica española, con trazas de exaltación patriótica propias del franquismo, decidió no tolerarlo. Iba más allá: según sus investigaciones, Cristóbal Colón no era genovés y en el castillo hay incluso alusiones a un supuesto origen judío del descubridor.

Cómo decidió expresar su desacuerdo construyendo un castillo es algo que ni su hijo explica muy bien. Otros escriben un libro, protestan ante una sede administrativa o escupen decenas de tuits. Él comenzó a planificar su obra a comienzos de los años 80, con vistas a la celebración del V Centenario. Pero las historias de pasiones incomprendidas necesitan de alguien sordo. En nuestro relato, el doctor Esteban Martín no solo chocó con el desdén de casi todos, sino con los recelos de la oficialidad, consagrada a una celebración que partía de tesis históricas opuestas a la suya. “Nunca recibió apoyo. Escribió cartas al Rey pidiendo ayuda. Le decía que quería aportar su granito de arena. Puedes tener la suerte de que te arropen o la mala suerte de que te tumben, pero no dejó de creer en su obra”.

En 1994, primero desconcertado y luego hastiado, colgó la paleta y se refugió en los libros para buscar, recuerda su hijo, palabras de castellano antiguo y los sinónimos más extravagantes, hasta el día en que falleció. El castillo se dedicó durante un tiempo a la cetrería y el significado de la obra quedó olvidado hasta que su hijo lo recuperó y lo dotó de contenido. No es un elemento de exaltación patriótica ni un instrumento para herir a nadie, sino un “libro de historia aséptico”, dice hoy Carlos.

Su visión está lejos de las aspiraciones de su padre, que soñó con “apoyos grandes”. Esteban Martín nunca acabó de comprender que lo que a él le supuso desvelos, callos y dinero en otros solo provocase encogimiento de hombros. “Cuando vio que no se estaba por la labor, o que en el día a día sobraba, le chocó mucho. ”Pero si esto es fundamental… ¡Es historia española!“, decía”, comenta hoy su hijo.  “No se entendió su pasión”. De esta historia tan repetida en la que alguien lucha contra molinos quedó, como otras veces, la obra. Un extraño y desconocido monumento que es un libro y un castillo. “Los diferentes son las que aportan las mejores sorpresas. Hay que dejar a las personas que ejecuten su locura, porque puede resultar algo extraordinario”.

Los responsables del comedor social de Benalmádena no contabilizaron los ingresos procedentes de donaciones particulares. Además, intentaron justificar gastos realizados desde cuentas bancarias distintas a las oficialmente reconocidas y sus familiares crearon empresas dedicadas al comercio de alimentos coincidiendo con las fechas en las que asumieron responsabilidades en el comedor. Hay también dudas respecto a la veracidad de las firmas de algunas de las facturas aportadas para justificar los gastos.

Todas estas acusaciones están contenidas en un informe emitido por la Intervención del Ayuntamiento del municipio malagueño, que ha sido remitido a Fiscalía. El interventor concluye que la documentación que le fue entregada por los responsables del comedor y el ex concejal de bienestar social, Francisco Salido, es falsa. Salido, su hermano (voluntario del comedor), su cuñado (secretario) y el contable (presidente) están ya imputados. “Se puede afirmar que la documentación y contenido entregados no se corresponden con las actividades reales del Comedor Social”, resalta el interventor municipal en el informe, fechado el 3 de febrero.

El documento describe las presuntas irregularidades detectadas a raíz de la nueva documentación aportada al interventor por los responsables de la asociación. Según el funcionario, se realizaron ingresos procedentes de donativos en cuentas de la asociación que no figuran en su contabilidad. De esta forma, el comedor habría operado con dos cuentas, pero habría reflejado solo una de ellas en los documentos contables. De igual manera, tampoco quedaron reflejadas las aportaciones en especie realizadas por empresas de alimentos, hoteles, supermercados y particulares.

Las indagaciones del interventor le llevan a constatar la existencia de dos empresas dedicadas a la comercialización de alimentos “de las que no se conoce actividad alguna”, “controladas” por la esposa del ex concejal de bienestar social y por el presidente del comedor social. Susana Cañete, esposa de Francisco Salido y hermana del secretario del comedor (a su vez, cargo de confianza del ex concejal) es administradora única de una sociedad limitada unipersonal, Al-Papasu, constituida en octubre de 2007 y con domicilio, según se recoge en el informe, coincidente con el domicilio del matrimonio.

“A la Sra. Susana Cañete Blanca no se le conoce actividad relacionada con el comercio de alimentos en el municipio, ni hay constancia de que exista local comercial donde se pudiera ejercer dichas actividades”, se lee. El presidente de la asociación, José Lara, encargado también de la contabilidad desde su gestoría, es apoderado de otra sociedad, Lucky Bamboo, S.L., también dedicada a la comercialización de alimentos. Esta sociedad se dio de alta el 11 de noviembre de 2011, poco después de que se inaugurara el comedor social de Benalmádena, el 21 de octubre, según recoge el interventor.

Mismas personas con “firmas muy distintas”

El documento cuestiona incluso la validez de las firmas de algunos de los justificantes aportados (recibís, albaranes o justificantes de pago a voluntarios), explicando que las mismas personas aparecen con “firmas muy distintas”: “Se ha comprobado que existen numerosos documentos con firmas que pueden considerarse dudosas en los albaranes de recepción de las mercancías”. Hay firmas “que no guardan concordancia con las que figuran en su contrato de trabajo”, por lo que el funcionario recomienda realizar un peritaje.

El texto también entra en lo concreto: se han detectado supuestos gastos en una pescadería realizados en sábado, domingo o lunes, cuando el comedor social cerraba los fines de semana y los lunes las pescaderías no suelen estar abiertas. El funcionario es tajante: “La aportación de esta documentación no varía el sentido del Informe definitivo de esta Intervención de fecha 18 de agosto de 2014 en cuanto a los justificantes que se consideraron no aceptables (…)”. La acusación que sobrevuela el escrito es clara: el interventor sospecha (y por el tenor de sus palabras, tiene casi la certeza) que pudieron crearse justificantes a posteriori para explicar el destino de los fondos manejados por el comedor social.

El documento vuelve a señalar (como ya hicieran otros dos informes del interventor emitidos en agosto y octubre) las dudas con respecto al destino de 262.500 euros gastados por el comedor social y pendientes de justificar. La asociación encargada de gestionar el comedor estaba presidida por José Lara, encargado a su vez de la llevanza de sus libros contables, y el cuñado de Salido, Francisco Cañete, era el secretario.

Salido, líder de la formación local UCB que gobernaba el consistorio junto al PP, fue destituido del equipo de gobierno liderado por Paloma García hace apenas dos meses. Como concejal de bienestar social era el encargado de aprobar las transferencias al comedor social. El caso viene siendo denunciado desde comienzos de 2014 por Encarnación Cortés, una concejala independiente que inició la legislatura integrada en las filas de UCB.

Salido, Lara y Cañete, junto al tesorero, Antonio Pérez Relinque, y un voluntario de la entidad hermano del ex concejal, Enrique Salido, están imputados en un procedimiento que se tramita ante los juzgados de Torremolinos, por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos públicos. El interventor apunta ahora la posible falsedad documental. El informe explica que el comedor llegó a funcionar de forma indiferenciada del ayuntamiento de Benalmádena por la acción de Francisco Salido, que entregaba los formularios de socio en las propias dependencias del consistorio.

“Salimos del atasco. La Alcaldesa consigue dos millones de €uros (sic) para mejorar el acceso a Benalmádena”. El cartel, sobre familiar fondo azul y con el escudo del ayuntamiento, ha presidido tres de las salidas hacia la autovía que vertebra la Costa del Sol durante, al menos, tres semanas. La cuestión es que para decirle a los benalmadenses que la alcaldesa ha “conseguido” dinero, el ayuntamiento ha pagado publicidad con dinero público y por esa razón, y porque ya ha comenzado la precampaña electoral, la Junta Electoral de Zona ha ordenado retirarlos inmediatamente. Se da la circunstancia de que el PP, que gobierna el municipio, encargó y colocó otros carteles con idéntico mensaje a los del consistorio: el mismo hecho, publicitado con dinero público y con dinero del PP.

Los cartelones no escapan a nadie que vaya o venga en coche a Benalmádena, pero nadie en Benalmádena ha visto esas mejoras en los accesos. Además, hay muchos que creen en estos tiempos que el dinero público se esfuma en gastos innecesarios y no llueve del cielo, así que podría argumentarse que un caso tan extraordinario merece ser contado: al conductor se le informa de que la alcaldesa ha logrado mucho dinero, dos millones, para que acceda de forma más plácida a la autovía. Los atascos, es cierto, son constantes. También es cierto que la mejora de los accesos no ha sido aún proyectada y no hay fecha para el inicio de las obras, pero los carteles solo hablan del dinero conseguido, no de cuándo se harán las obras.

El PSOE denunció los carteles el 12 de febrero y la resolución llegó el día 20: la Junta Electoral cree que está acreditado que el ayuntamiento ha llevado a cabo una “actividad de divulgación de las realizaciones o los logros”, según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico. En este caso, los logros de la alcaldesa, Paloma García. El artículo 50 de la Ley Electoral establece la “prohibición absoluta para los poderes públicos de realizar actos que contengan alusiones a las realizaciones o los logros obtenidos”, recuerda la Junta. Según Víctor Navas, candidato socialista, “la alcaldesa sabía que eran ilegales, y que difundían un mensaje electoralista totalmente falso”.

El organismo encargado de velar por la limpieza en el desarrollo de las campañas y las precampañas electorales explica que da igual que los carteles se colocaran antes o después de la convocatoria de las elecciones autonómicas. “Si se instalaron antes, han devenido ahora contrarias a la ley”, aclara. Lo que está prohibido, recalca la resolución, es “la realización de tal conducta por los poderes públicos”. Y que haya sido el ayuntamiento quien ha pagado los carteles, a estas alturas, no lo discute nadie. No ocurría lo mismo hace apenas tres semanas: una concejala de la oposición aseguró a este medio que el equipo de gobierno le había respondido que era el partido quien sufragaba los carteles.

En efecto, el PP encargó y colocó carteles con un mensaje idéntico al que contenían los carteles ahora señalados por la Junta Electoral. En los paneles del PP aparece un retrato de Paloma García y el logo del PP: “La Alcaldesa consigue 2.000.000 € para mejorar el acceso a Benalmádena”. El mensaje es el mismo, difundido al alimón por el Ayuntamiento y por el PP. De modo que los costes se repartieron: unos los pagó el ayuntamiento (y ahora deberán ser retirados) y otros, el PP.

El caso tiene otra arista, relacionada también con el dinero público: el PSOE, que interpuso la denuncia, asegura que el ayuntamiento no cargó solo con el gasto de colocar los carteles (a lo que hay que sumar el coste de retirarlos), sino que también retiró una farola que ensombrecía el retrato de la alcaldesa en una de las vallas del Partido Popular. El portavoz socialista preguntó por las razones en el Pleno y por el coste de la retirada. No obtuvo respuesta.

En la escuela de hostelería de La Fonda, en Benalmádena (Málaga), ya no se puede llamar por teléfono ni hay conexión a Internet. Han cortado la línea por impago, así que los trabajadores se llevan la documentación en un disco extraíble y desde su casa se la envían a la Junta de Andalucía, de la que dependen.

Desde octubre del año pasado la Consejería de Educación les exige esos documentos, justificantes de subvenciones pasadas, para empezar el curso y pagarles sus nóminas, pero los doce trabajadores de la escuela llevan desde junio sin cobrar y dar clases. La Junta de Andalucía les adeuda nueve nóminas, suficiente para quebrar cualquier economía familiar.

Ellos, que tienen hipotecas e hijos y superan en muchos casos los cuarenta, han pedido dinero a amigos, a los padres, a familiares. “Llega un momento que te da vergüenza pedir”, explica Carmen Sánchez, la delegada sindical que hace de enlace con la administración. Les prometieron una solución antes del 15 de febrero, pero las promesas incumplidas producen desconfiados, así que piden un compromiso por escrito, y entre tanto, diez de ellos se han encerrado en la escuela.

En la secretaría hay dos colchones inflables individuales, apoyados discretamente sobre una pared. También varias maletas recogidas. Menos las ojeras, no hay más rastro de que en este cuarto hayan pasado la noche tres personas. El aspecto del lugar sigue siendo el de una secretaría de un centro docente, pero sin alumnos. Así lleva siendo desde que terminó el pasado curso. Los profesores acuden al trabajo, pero aquí nadie tiene nada que hacer, salvo los administrativos, que deben preparar la documentación que solicita la delegación de Educación. Así que a veces han formado cadenas con los propios profesores de cocina para agilizar el trabajo de fotocopiar y enviar papeles, su único cometido. Se sienten infrautilizados “con dinero público”, resalta Carlos Quirós, uno de los profesores. “Cuando lo que queremos es trabajar”, remacha Carmen Sánchez

El curso debería haber empezado en octubre, pero la Junta de Andalucía pidió a todas las escuelas consorcio la justificación de subvenciones pasadas, que habían sido criticadas en un informe de la Cámara de Cuentas de 2013. Mientras no se justifiquen, no se abonarán nuevos pagos. Como en otros consorcios, los trabajadores sienten que cargan el peso de los errores de otros. “Estamos pagando la falta de profesionalidad de los cargos de responsabilidad que había entonces. Yo no he justificado mal. Había alguien encargado de justificar. ¿Por qué no les piden explicaciones a ellos?”, se pregunta Sánchez, que también se responde: “Porque es más fácil cargar contra los trabajadores”.

El gobierno autonómico anunció, además, el cambio de modelo de gestión de las escuelas consorcio y su aplicación desde el 7 de enero. Llegado diciembre, la Junta de Andalucía justificó en diciembre el retraso en la reapertura de la Fonda porque el ayuntamiento de Benalmádena, la otra parte integrante del consorcio que debía disolverse, tardaba en hacerlo. Pero la disolución se aprobó en Pleno de 2 de enero, y desde entonces, nada se ha avanzado. “Ha pasado un mes: si alguien tiene interés en esto, debería concretar una fecha”, razona Carmen Sánchez.

“Parece que improvisan. A estas alturas alguien debería saber cuándo se va a pagar, y si los alumnos van a empezar en tal fecha o no van a empezar”, lamenta la delegada. El 13 de enero remitieron la última remesa de documentación, según ellos, sin respuesta. Lo enviado hasta ahora no ha sido suficiente, aunque los trabajadores explican que les hacen remitir la misma información bajo diferentes formas.

El miércoles se plantaron en la Delegación Provincial de Educación a protestar. Les hicieron subir a un despacho, y allí les prometieron una solución “antes del 15 de febrero”. Nada por escrito, así que no se fían. Se quejan de una ristra de retrasos y excusas. Cuando comprobaron que tampoco cobrarían la nómina de este mes decidieron encerrarse. Acumulan nueve nóminas sin cobrar, pero los trabajadores de la escuela del mármol de Almería acaban de comunicar un nuevo récord entre las escuelas consorcio de la Junta de Andalucía: 14 nóminas.

En La Fonda hay 56 alumnos inscritos, muchos en segundo curso, a medias de su formación. Dos de ellos retiraron la matrícula este lunes. La Fonda (21 años desde su apertura) es una especie de “hermana pequeña” de La Cónsula y no recibe la atención de la escuela malagueña. “Nos dijeron que tuviéramos paciencia, pero esto merma mucho…”, lamenta Mercedes Robles, una trabajadora. No saben qué más hacer y se quejan de que solo recibieron la visita de los mandos del ayuntamiento, gobernado por el PP, cuando colgaron una pancarta criticando al PSOE. “No sé cuál es la sensibilidad de los políticos. Somos personas… ¿Solo les interesa el voto?”.