El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

El acuerdo entre la UE y Mercosur abre la puerta a uno de los mayores territorios de libre comercio en el mundo. Sin embargo, en los últimos meses se habían producido numerosas protestas, especialmente en el sector primario europeo, en contra de las condiciones del tratado. También algunos de los países miembros se había negado a su aprobación, en una oposición liderada por Francia.

Economía asegura que ya puede entrar en vigor

El ministerio de Economía del Gobierno de España ha “lamentado” la decisión del Parlamento Europeo ya que señala que “la entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso significativo para nuestras empresas, con más oportunidades de exportación, reducción de barreras y un impacto económico positivo”. En este sentido, añade que “un estudio reciente de ECIPE estima que cada mes de retraso del acuerdo UE-Mercosur durante 2026 supone 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas”.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo subraya que “en cualquier caso, los procedimientos, incluso con la petición de opinión al TJUE, ya permiten su entrada en vigor provisional en cuanto un estado de Mercosur lo ratifique”.

Además, Economía recuerda que “el tratado incorpora compromisos firmes en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección, incluyendo cláusulas de salvaguardia específicas para los sectores más sensibles, en particular el agrícola”.

La Comisión lo lamenta

La Comisión Europea lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE por considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta.

“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con la Cámara”, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión.

La institución europea señala que la votación del Parlamento llega “en un momento en que los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceso a nuevos mercados y cuando la UE debe cumplir con su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y predecible”.

Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile. 

El canciller alemán, Fiedrich Merz, ha comentado en la red social X que “la decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”.

El regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump supone una nueva vuelta de tuerca a las políticas arancelarias, que tiene visos de derivar en una nueva subida de precios cuando la inflación ya ha empezado a estar bajo control. Así lo están reconociendo grandes multinacionales de algunos de los sectores más afectados por las amenazas de Trump, como las automovilísticas, pero también las empresas ligadas al gran consumo. 

De momento, Trump ya ha dejado claros sus planes en el discurso inaugural del lunes, donde el republicano aseguró que “en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos” y anunció la creación de una especie de Hacienda para recaudar esos aranceles. 

De momento, los dos países más amenazados por estas nuevas trabas al comercio son Canadá y México, porque Trump exige a ambos que sean más ejecutivos y se impliquen en su estrategia contra la migración. “Estamos pensando en un 25% para México y Canadá, porque están permitiendo el paso de una gran cantidad de personas”, aseguró Trump en respuesta a preguntas de la prensa en Despacho Oval. “Creo que lo haremos el 1 de febrero”, adelantó sin dar más detalles.

También apuntó contra las importaciones españolas, aunque no estaba muy clara su intención. Colocó a España, erróneamente, dentro del paraguas de los países Brics (acrónimo que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). “España es una nación Brics. ¿Sabes qué es una nación Brics? Lo descubrirás”, afirmó a un periodista. “Si los países Brics quieren hacer eso [en referencia a la idea de que pueden plantearse poner en marcha una moneda de referencia alternativa al dólar] está bien, pero impondremos, al menos, un arancel del 100% a los negocios que hagan con Estados Unidos”, aseguró.

Sin saber aún muy bien cómo se va a concretar la política de Trump, si hará realidad esos aranceles a México y Canadá en solo unas semanas, o si pondrá en marcha medidas similares respecto a China y a la Unión Europea, ya han comenzado las respuestas a las ambiciones republicanas.

Estas últimas potencias han contestado, aprovechando el marco del Foro Económico de Davos. Por un lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que, si esta pelea económica acaba en sanciones y trabas al comercio, acabaremos en “una guerra global hacia el abismo”. Por otro, el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, fue más metafórico en el mismo foro suizo, pero con un mensaje similar. “Perseguir el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura”, una especie de habitación del pánico. “Aunque el viento y la lluvia queden fuera, en la habitación oscura también se bloqueará la entrada de luz y de aire”, aseguró en declaraciones que recoge la agencia Bloomberg.

Los avisos de las multinacionales

Al mismo tiempo, hay multinacionales que están señalando el efecto directo de estos aranceles: los precios volverán a subir. “Nosotros, y creo que probablemente todas las empresas internacionales, prosperamos gracias a los aranceles armonizados, por así decirlo”, asumió en Davos Jesper Brodin, consejero delegado de Ingka Group (Ikea). “De hecho, cuantos menos aranceles, mejor, porque al final del día existe un riesgo en cualquier país con aranceles que, como empresa, debes trasladar a los clientes”, reconoció Brodin.

Al margen del gran consumo, el sector más expuesto a las amenazas arancelarias de Trump es el del automóvil. Estas barreras pueden suponer más del 20% del resultado de explotación de los fabricantes. Y, entre los más expuestos, compañías como Stellantis (dueña de marcas estadounidenses como Jeep o Chrysler), también General Motors y Volkswagen.

Precisamente, el presidente de la división canadiense de General Motors, Kristian Aquilina, también ha advertido de las consecuencias en los precios de estas políticas arancelarias. “Son una perturbación que no beneficia a nadie, especialmente a Estados Unidos”, apuntó en una entrevista que recoge Bloomberg. El directivo ahondó en que, si no hay excepciones, las barreras al comercio derivarán en un aumento del coste de los vehículos y de sus componentes, aunque aún no han calculado el impacto exacto que tendrán las medidas que planea Trump.

Un “escenario incierto” para las exportaciones del campo

También el campo español está pendiente de las decisiones que se tomen en Washington. Trump ya se mostró durante su primer mandato como un firme defensor de los aranceles para evitar o contener la llegada a Estados Unidos de productos agroalimentarios, como quedó claro con las trabas impuestas a las aceitunas españolas, a las que impuso un recargo de casi el 35%. Con su vuelta a la Casa Blanca, esos aranceles pueden ir a más. El Gobierno español ya ha asumido que hay que estar vigilantes con las decisiones de la nueva casa republicana, aunque, en principio, los alimentos no están entre las primeras prioridades de Trump.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó el lunes el peso de Estados Unidos en las exportaciones españolas. De momento, no hay datos definitivos de la balanza comercial de 2024, pero Estados Unidos se mantiene como el segundo país al que más exportamos productos agroalimentarios, solo por detrás de Reino Unido, dejando al margen los Estados de la Unión Europea. “Tendremos que saber movernos en un escenario incierto”, reconoció Planas en un encuentro con medios de comunicación. 

Los últimos datos anuales corresponden al conjunto de 2023. En ese ejercicio, se vendieron a Estados Unidos productos agroalimentarios por valor de 2.975 millones de euros, sobre todo aceite de oliva, vino y mosto, legumbres y conservas de hortalizas. Pero también se importaron alimentos de Estados Unidos, por valor de casi 2.070 millones de euros, principalmente, soja, frutos secos y bebidas alcohólicas.

Hennessy no es una marca muy conocida en España, pero es la principal enseña de coñac francés y da nombre al gigante del lujo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Una compañía que vale en bolsa más de 290.000 millones de euros y que, en los últimos días, ha vivido un hecho histórico: una huelga de los trabajadores de Hennessy porque temen que parte de la producción se vaya a China para evitar los aranceles que va a imponer el país asiático a esta bebida alcohólica.

Es una situación atípica, porque el sector del lujo no está acostumbrado a los paros laborales. Menos aún un grupo como LVMH que está detrás de marcas como Christian Dior, Givenchy, Sephora o Tiffany, entre otras muchas. 

Sin embargo, Hennessy se ha convertido en uno de los ejes de la batalla comercial en la que están inmersas la Unión Europea y China, con los aranceles como principal arma arrojadiza. Una pugna donde los coches eléctricos son la clave, pero que cada vez tiene más daños colaterales. 

A principios de octubre, el Gobierno de Pekín decidió imponer un arancel al brandi europeo y, por tanto, al coñac, la variedad producida en la región francesa de Cognac. Una recargo, de entre el 30,6% y el 39% como represalia a la decisión de Bruselas de poner aranceles a los coches eléctricos fabricados en el país asiático, que se han hecho un hueco en el mercado automovilístico europeo gracias a sus precios más competitivos, en los que la Comisión Europea ve la existencia de ayudas de Estado para acelerar esa competitividad. Un recargo que también afecta a marcas españolas, como Osborne, Fundador o Miguel Torres, para los que roza el 35%.

Llevarse a China el embotellado

Ante estos aranceles, LVMH está estudiando la opción de terminar la producción de su coñac en China. Es decir, lo llevaría a granel hasta allí, donde lo embotellaría como mecanismo para evitar las barreras arancelarias en un producto que vive de las exportaciones. Según los datos que publica el Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), la asociación de productores, el 97% de todo lo que se fabrica en esa región francesa se exporta, aunque no dice cuánto va a China; y la facturación del sector supera los 3.000 millones de euros. En total, esta región da empleo con el coñac a más de 14.000 personas.

La decisión aún no es definitiva, pero los trabajadores de Hennessy –más de 500– ya han decidido parar y protestar, como han hecho durante varias jornadas de la pasada semana. “La dirección nos ha comunicado que quiere hacer pruebas para exportar los productos en cubas, con vistas a un futuro embotellado en China por un proveedor”, aseguró a la agencia francesa AFP, Frederic Merceron, representante del sindicato Fuerza Obrera (FO) en Hennessy. 

La compañía asegura, según la prensa francesa, que no ha tomado una decisión definitiva. “Es importante señalar que, a día de hoy, todavía no se ha decidido nada y que estamos evaluando todas las soluciones posibles”, ha afirmado. 

Es algo similar a lo que está ocurriendo con los coches, pero al revés. En el caso de la industria automovilística china, sus operadores están moviendo los hilos para poner en marcha fábricas en Europa o asociarse con operadores locales para contar con producción 'made in Europe' y esquivar así esta política arancelaria. 

Negociaciones aún en marcha

Los aranceles sobre el brandi ya están en marcha pero las negociaciones sobre su continuidad aún siguen y las empresas españolas confían en que den fruto. “Entendemos que esta medida es parte de una respuesta comercial más amplia, pero confiamos en que se puedan alcanzar acuerdos entre las autoridades europeas y chinas para evitar que esta situación perjudique tanto a los consumidores como a los negocios en ambos lados”, aseguró el director de internacional de Osborne, Jaime Fernández, tras la imposición de los aranceles, en declaraciones recogidas por Europa Press.

De momento, aquí no se ha hablado de trasladar la producción a China, sino de seguir intentando una solución diplomática a esta batalla comercial donde los fabricantes de brandi se ven como víctima colateral. “Pedimos a la Comisión Europea que redoble sus esfuerzos para encontrar una solución negociada con sus homólogos chinos, con carácter de urgencia, y que se asegure de que nunca más se vuelvan a imponer aranceles sobre el brandi de la UE derivados de un conflicto que nada tiene que ver con nuestra naturaleza sectorial”, ha criticado la patronal del sector, Espirituosos España. 

También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho llamamientos a que siga el diálogo. “Sabemos todos perfectamente lo que hay sobre la mesa, pero tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir que a través del diálogo y la cooperación podamos evidentemente superar esta cuestión”, aseguró.

Mientras, en Francia, el Bureau National Interprofessionnel du Cognac busca que se saque al brandi de esta región francesa de la pelea comercial. “La prioridad de Francia debe ser la búsqueda de una solución negociada para sacar a Cognac de este procedimiento”, asegura a través de un comunicado. Sin embargo, no eluden que el embotellado final puede volar a China. “El BNIC no pretende comentar sobre las estrategias individuales de las empresas, ni sobre los movimientos sociales que podrían estar vinculados a ellas”, justifica. “Sin embargo, cabe señalar que, a la espera de una solución negociada, y ante el deterioro observado, algunas empresas podrían verse obligadas a explorar todas las vías que les permitan mantener la presencia de la denominación en el mercado chino para limitar los impactos negativos en todo el sector y la región”.

Esta pelea de interés de unos y otros también ha llegado a la presidencia del Gobierno francés. Emmanuel Macron aseguró hace unos días que habló sobre el coñac con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la última reunión del G20 y aseguró que el diálogo se encaminaba a un “resultado favorable” para los intereses de su país. También, que el primer ministro francés, Michel Barnier, viajará a China para tratar de conseguir que se eliminen los aranceles a todos los brandis europeos. 

Traspiés para la fortuna de Bernard Arnault

Este tira y afloja ha golpeado de lleno a LVMH en un momento en el que el gigante del lujo no vive su mejor momento. La multinacional está controlada por Bernard Arnault, que suele ocupar los primeros puestos en el listado de grandes fortunas europeas. Según Forbes, supera los 230.000 millones de dólares, más de 220.000 millones de euros.

Pero los últimos meses no han sido buenos. La multinacional francesa ve cómo su negocio sufre porque el mercado chino no tira como lo hacía en años anteriores. Una situación que está afectando a varias empresas del sector del lujo y que se ha visto reflejada en Bolsa. En lo que va de año, la acción de LVMH ha perdido el 20% de su valor.

En los nueve primeros meses de este año, las ventas de LVMH se han recortado un 2%, pese a lo que siguen estando por encima de los 60.750 millones de euros. Ese traspiés es mucho mayor en la división de vinos y licores, donde está Hennessy. Ahí la caída de ventas entre enero y septiembre fue del 11%, hasta situarse en 4.193 millones de euros. El motivo, en parte, que “el coñac Hennessy se vio frenado por la débil demanda local en el mercado chino”, según reconoce en su presentación a inversores. Los aranceles no le han llegado en un momento brillante y ahora, si no esquiva esas barreras comerciales, puede ver reducir aún más su posición en el gigante asiático.

Bruselas busca fórmulas para tratar de apaciguar al campo. La Comisión Europea ha hecho algunos guiños, al anunciar la retirada de trabas administrativas o flexibilizar algunas políticas agrícolas, y sobre todo, aparcando la regulación que pretendía reducir el uso de pesticidas químicos, que era una de las batallas del sector. Pero cuando se trata de los tratados de libre comercio, el asunto se complica más allá de la negociación con Mercosur, que ya estaba enquistada por las políticas medioambientales, pero que Emmanuel Macron ha aprovechado para poner en la diana ante la revuelta de los agricultores. Lo cierto es que no hay por ahora intención de paralizar los acuerdos internacionales de libre comercio y así se reflejó en una votación en la Eurocámara esta semana.

La mayoría parlamentaria –331 votos en contra, 154 a favor y 126 abstenciones– rechazó suspender esos polémicos tratados que el establishment europeo siempre ha vendido como importantes oportunidades comerciales. No obstante, la marcha atrás en esos acuerdos es una de las reivindicaciones que realizan los agricultores que están en pie de guerra en toda Europa y que la semana pasada llevaron la 'tractorada' a las puertas precisamente de la Eurocámara.

“Se trata de poner fin inmediatamente a los tratados de libre comercio, que empujan a los agricultores al peor postor social y ecológico por culpa de una competencia internacional desleal”, rezaba una enmienda presentada por La Izquierda en la tramitación de la regulación de las nuevas técnicas genéticas en plantas.

Esa redacción fue rechazada por la Eurocámara, aunque parte de los grupos se dividieron en la votación. Por ejemplo, algunos socialistas y populares votaron a favor en contra del criterio mayoritario de esos grupos. En el caso de los partidos españoles, PP, PSOE, Vox, Ciudadanos y PNV votaron en contra mientras que Podemos, IU, Sumar, ERC y BNG lo hicieron a favor. Junts se abstuvo.

La votación sirve como termómetro de la situación respecto a la reivindicación de revisar los acuerdos de libre comercio que plantean los agricultores en sus movilizaciones. La idea es diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que, si tienen menos exigencias medioambientales o sociales que las que requiere Europa, no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión.

Los recientes y raudos acuerdos del PP y Vox en la Comunidad Valenciana han puesto de manifiesto que en realidad es Vox quien blanquea al PP, al animarles a estos últimos a sacar esas ideas que por vergüenza ajena esconden en los más remoto de su ¿corazón? En realidad, Vox es la marca blanca del PP. Hablamos de estigmatizar no solo a los emigrantes, sino a los más pobres y vulnerables, a los disidentes, a los catalanes, a los vascos, al diferente de una concepción de España que algunos creían superada y olvidada. Son los mismos que desde la 1ª Restauración Borbónica, parafraseando a Paul Preston, han traicionado de manera continuada a todo un pueblo, bajo la corrupción, la incompetencia política y la división social.

La pregunta que nos debemos hacer todos los demócratas, incluidos los de ideas conservadoras, es ¿quiénes están detrás de la actual cacería y campaña contra el legítimo gobierno de coalición de Pedro Sánchez? ¿En qué palacetes, bajo la tenue luz de determinas velas, se juntaron las tres derechas patrias para conspirar contra el gobierno legítimo? ¿Quién acuñó el término “sanchismo” para deshumanizar y vilipendiar a nuestro presidente del Gobierno? Se habla mucho de la derecha política y mediática, pero todos ellos carecen de intelecto suficiente para programar una cacería como la llevada a cabo desde los inicios del actual gobierno de coalición. Los análisis obvian la tercera pata de la conspiración, la derecha económica, básicamente rentista, heredera de los otrora monopolios públicos. Son estas élites quienes financian multitud de panfletos profundamente reaccionarios, incluidas ciertas rotativas relevantes, desde donde se pregona y se vierten fake news.

Determinadas élites gerenciales, que cargan en público y en privado contra el legítimo gobierno de España, hace tiempo que vienen distorsionando multitud de conceptos económicos, políticos y sociales, no por accidente, sino intencionadamente, con el fin de acomodar posiciones de conveniencia para determinados grupos. Surge así el intervencionismo del mercado en nombre del no intervencionismo. En la práctica, el libre mercado, tal como lo entienden estos grupos de poder, no es otra cosa que intervenir el mismo por medio de lobbies, de puertas giratorias, comprando voluntades políticas, para que subsidien a determinados grupos con dinero estatal, o hagan la vista gorda en las posiciones dominantes de muchos de estos oligopolios. Entonces, puestos a exigir, piden que el gobierno no interfiera para proteger al ciudadano en situaciones límites, como durante la Gran Recesión, la Covid, o el último episodio inflacionista. Corrompen el gobierno y luego piden un gobierno pequeño.

Quiero pensar que Pedro Sánchez goza de apoyos económicos, básicamente élites foráneas, que permitan, llegado el caso, para lo cual debe conservar la presidencia del gobierno, dar un toque de atención a ciertas élites patrias iliberales. Ponerlas firmes sería relativamente barato. Porque si nuestro presidente del gobierno carece de dicho apoyo, en realidad sería un temerario. Por eso, permítanme poner un ejemplo de lo que debería hacer Pedro Sánchez, emular al mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.

Siempre he mostrado mi admiración profunda por Franklin Delano Roosevelt (FDR). Al iniciar la campaña electoral que le llevó a su segundo mandato, FDR ofreció en el viejo Madison Square Garden un discurso vibrante, donde hizo una descripción del gobierno del dinero organizado. Hay un párrafo de dicho discurso que de vez en cuando susurra a mis oídos:

“Durante casi cuatro años ustedes han tenido un gobierno que, en lugar de entretenerse con tonterías, se arremangó. Vamos a seguir con las mangas levantadas. Tuvimos que luchar contra los viejos enemigos de la paz: los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clase, el sectarismo, los intereses bélicos. Habían comenzado a considerar al gobierno como un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de la mafia organizada. Nunca antes en nuestra historia esas fuerzas han estado tan unidas contra un candidato como lo están hoy. Me odian de manera unánime, y yo doy la bienvenida a su odio. Me gustaría que mi primer gobierno fuera recordado por la batalla que libraron el egoísmo y la ambición de poder. Y me gustaría que se dijera que durante mi segunda presidencia esas fuerzas se encontraron con la horma de su zapato”.

FDR ante todo cambió las dinámicas económicas y sociales que produjeron la Gran Depresión. Fue tal su empuje que después de ganar cuatro elecciones presidenciales seguidas, y tras su muerte, los grupos de poder agraviados maniobraron para limitar a dos mandatos la presidencia de los Estados Unidos, no como elemento de regeneración democrática, todo lo contrario. No podían soportar cuatro períodos presidenciales concatenados como los de FDR.

En el momento actual, necesitamos políticos que por encima de todo tengan una visión de los conceptos políticos y sociales compartidos, de los que depende en última instancia la economía, nuestra sociedad, nuestra libertad. Para ello es necesario que en primer lugar se enfrenten a cierta élite económica, básicamente rentista, que históricamente, unida a cierta élite política, y parafraseando a Paul Preston, “ha traicionado a un pueblo, bajo la corrupción, la incompetencia política y la división social”. Esperemos que Pedro Sánchez se inspire en el gran Frank Delano Roosvelt. Lo sé, soy muy ingenuo, e igual es pedir demasiado.

Una tormenta perfecta, un efecto dominó, de mariposa o de látigo. El transporte marítimo, que supone el tránsito del 90% de las mercancías que se mueven en el mundo, está en el foco en esta recta final de 2021 y trata de poner nombre a su propia situación de caos. Un tablero donde las piezas, los barcos y los contenedores, no están donde se necesitan y la actividad en los puertos -principalmente en los de Estados Unidos y China- ha llegado al colapso. En el gigante asiático, además, porque ha tenido que cerrar instalaciones por brotes de Covid y por los tifones que han golpeado al país en las últimas semanas. 

El resumen rápido es que “el engranaje no funciona”, indica Oriol Montanyà, profesor de logística de UPF Barcelona School of Management. Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de buques, faltan contenedores, los barcos se saltan escalas y, al mismo tiempo, hay puertos que no dan abasto. El de Los Ángeles, por ejemplo, ya opera 24 horas los siete días de la semana.

“Esto es un 'efecto látigo'. Cuando hay escasez, la gente compra mucho más”, define Jaume Hugas, profesor titular del departamento de Operaciones, Innovación y 'Data Sciences' de Esade. 

“Las empresas [de Europa o de EEUU] hicieron pedidos que van con retraso o no llegan. Como hay menos barcos y menos contenedores, estas empresas se están quedando sin stock, así que piden más. Todo el mundo quiere almacenar y esto, lo que consigue, es agravar el problema. ¿Te acuerdas de lo que pasó al principio de la pandemia con el papel higiénico? Pues es lo mismo”, resume el profesor. Lo mismo, pero a escala global y con todo tipo de mercancías. “Porque ese barco que no puede entrar el puerto de Los Ángeles, tiene que recoger soja de Iowa, que luego va a Indonesia”, indica Jaume Hugas. Es un suma y sigue.

Una situación que, además, convive con la falta de microchips, los confinamientos y cierres de operaciones que sigue provocando la pandemia, el alza de las materias primas y la subida de los costes energéticos.

La pandemia, punto de inflexión

El origen de esta crisis del comercio marítimo, en vísperas de las fechas de mayor consumo del año (Black Friday, Cyber monday, Día del soltero en China, Navidades…) está, en gran medida, en lo ocurrido durante la pandemia.

“De 2016 a 2018 había sobrecapacidad”, apunta Oriol Montanyà. Los precios estaban en una espiral a la baja y se llegó a pagar 1.000 dólares o menos por traer un contenedor de Asia“. Hoy, por ese mismo trayecto se pagan 15.000. ”Empezaron los movimientos entre navieras, las grandes compañías japonesas se fusionaron, la danesa Maersk compró la alemana Hamburg Süd. Querían concentrar la oferta“, explica el profesor de la UPF Barcelona School of Management. 

Pero llegó la pandemia y el consumo se hundió. Un parón que pasó por “eliminar rotaciones, quitar barcos, no renovar contenedores...”, enumera Montanyà. Tras el parón, el acelerón de la demanda, sobre todo en Estados Unidos, pero sin que los mimbres de la logística marítima estuviesen preparados para una recuperación tan rápida, aunque desigual. “Muy poca gente lo ha sabido prever, ni empresas, ni gobiernos”, lamenta Jaume Hugas.

Diferencias entre Estados Unidos y Europa

En este tablero, donde las piezas de la logística marítima están mezcladas, hay que diferenciar lo que ocurre entre el comercio de Estados Unidos y Asia y, entre esta última y Europa. Los grandes problemas están al otro lado del Atlántico, aunque eso no significa que aquí no se perciban. 

En Estados Unidos, el mayor cuello de botella ha estado en el puerto de Los Ángeles, con cerca de 70 buques esperando para entrar en puerto y descargar unos 70.000 contenedores. Un atasco que, en parte, se está solucionando después de que la Casa Blanca obligara a abrir el puerto 24 horas, siete días a la semana. Pero eso, lo que ha provocado es derivar los atascos a otro eslabón de la cadena. 

“Los puertos son sólo la primera parada en el camino para las importaciones. Los puntos de fricción siguen siendo la capacidad de los almacenes y la disponibilidad de camiones para mover mercancías desde los puertos, especialmente cuando las horas ampliadas en los puertos no coinciden con las horas de funcionamiento de los almacenes y centros de distribución”, asegura la agencia Fitch Ratings.

Jordi Espín, secretario general de Transprime, Spanish Shippers' Council, asociación profesional multisectorial formada por grandes empresas cargadoras, indica que la situación en los puertos europeos no es similar a lo que ocurre en EEUU o en China. “Aunque no hay retrasos significativos en Europa, sí hay picos en los momentos de entrega y hay falta de contenedores para poder cargar”, añade. 

La situación en España

De momento, los puertos españoles no están próximos a su colapso, aunque fuentes del sector sí indican ciertas tensiones, aunque puntuales, en el Puerto de Valencia. En el mes de septiembre, esta instalación, ha elevado un 42,29% los contenedores llenos de descarga -importación- y los de carga -exportación-, un 17,22%. 

A nivel local, se perciben tres problemas, “El primero es la frecuencia de los barcos, Hay menos, si antes venían cada dos o tres días, vienen cada 10, pero van con más contenedores”, indica Espín, quien también es responsable de relaciones estratégicas del European Shippers' Council. “Nos afecta en los precios, porque las compañías marítimas han cambiado el modelo de cómo se relacionan con los clientes. Hace un año se pagaba 2.700 dólares por un contenedor, hoy, 15.000 dólares. Y la tercera es la disponibilidad de contenedores. Este año se han fabricado 2,5 millones, pero también se necesitan más barcos, más velocidad en el transporte”.

“Hace cinco años, de Asia a Europa se tardaba tres semanas. Ahora, cuatro porque ahorran combustible, para emitir menos CO2”, apunta Espín. “Pero, si ahora mismo quieres importar de China, hasta dentro de diez semanas no llega”.

Las navieras, las ganadoras… de momento

Como en toda crisis, siempre hay quien sale beneficiado. En este caso, las grandes navieras internacionales, que están subidas a la ola de un consumo al alza y precios disparados. La mayor naviera del mundo, la danesa Maersk, aseguró hace unos días que la demanda de contenedores, en el conjunto de 2021, va a crecer entre un 6% y un 8%. Pero no es sólo la demanda. “Se prevé que los niveles de tarifas, que ya están en máximos históricos, aumentarán aún más en el cuarto trimestre”, en la mayoría de rutas mundiales.

El caso de Maersk sirve de termómetro de su sector. La compañía presenta la próxima semana sus resultados financieros durante el tercer trimestre del año. Pero en los de mitad de ejercicio ya apuntó una significativa mejora. Entre enero y junio -cuando el caos del transporte marítimo ya despuntaba- el grupo danés ingresó 26.669 millones de dólares, muy lejos de los 18.568 millones del mismo periodo de 2020. Es cierto que esos seis meses abarcan los meses más duros de la pandemia y el confinamiento en buena parte del mundo. Pero, si se compara con el primer semestre de 2019, el alza en ingresos es de casi el 40%, porque entonces facturó 19.167 millones. 

Reflejo de esta evolución y de las expectativas es lo que está ocurriendo con Maersk en bolsa. En lo que va de año, la danesa ha despegado más de un 22%. Actualmente, la compañía vale en el parqué cerca de 43.500 millones de euros. 

Sin una clara solución a la vista

En cuanto a cuándo terminará esta situación disfuncional en el comercio global, no hay consenso. Como sucede con la inflación o con la evolución de las materias primas, algunos expertos consideran que es un tema puntual, que se solucionará con el tiempo; y quienes ven en esta crisis un punto de inflexión que puede, incluso, cambiar el modelo logístico. 

“Los márgenes podrían verse presionados si la congestión persiste hasta bien entrado el 2022”, asegura Fitch. En cambio, el banco de inversión JPMorgan otea una solución al desorden de la cadena de suministro en los próximos meses. “Nos vamos a tener que acostumbrar a esta situación”, augura el profesor Jaume Hugas.

Puede que sea una cuestión de esperar a que escampe, pero muchas multinacionales han optado por el camino del medio y cambiar la línea logística tradicional, lanzándose a fletar sus propios barcos. Amazon, por ejemplo, ya lo hace de forma recurrente y, ahora, otras empresas como Walmart, Ikea o Home Depot, han dado el mismo paso. Coca-Cola trata de esquivar el temporal contratando barcos que hasta ahora se han dedicado al transporte de grano. 

Un cambio de modelo, de márgenes y de aumento de costes que tiene y tendrá derivadas. En todos los sectores. “Hemos oído de nuestros anunciantes, de diferentes industrias y geografías, que están enfrentándose a problemas en sus cadenas de suministro, por los crecientes costes; y esperamos que algunos de estos clientes opten por reducir sus inversiones en marketing y publicidad porque no quieren provocar un aumento de su demanda”, reconoció este jueves Jeremi Gorman, 'chief business officer' de la matriz de la tecnológica Snapchat. Los problemas logísticos llegan a todas las industrias.

Dos tratados de libre comercio entre la UE y terceros países van a ser ratificados, presumiblemente, a medio plazo, por los diferentes parlamentos nacionales del club de los 28. Así, el Tratado entre la UE y los cuatro países que forman parte de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio, tiene un plazo de dos años para ser ratificado. El otro tratado de Libre Comercio, el CETA, que atañe a la UE y Canadá, no entrará plenamente en vigor hasta que la totalidad de los países miembros de la UE lo ratifiquen, aunque ya se aplica de forma provisional. Estos dos tratados se suman a los ya existentes con otros países como Japón (vigente desde 2018), Corea del Sur (aprobado en 2011) o Vietnam, recién aprobado. El otro acuerdo que queda en el aire, el TTIP, con EE.UU., se estanca debido a la política proteccionista de Trump.

Desde los diferentes gobiernos nacionales y desde la propia UE se nos venden las bondades de dichos acuerdos comerciales, con la rebaja de hasta el 99% en los aranceles a la exportación de productos europeos, la mejora de la competitividad de las empresas y los beneficios para los consumidores, además de que se garantiza la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea. Sin embargo, numerosas son las voces que critican estos tratados de libre comercio, por sus repercusiones ambientales, sociales, sanitarios y hasta en la calidad de la democracia, sobre todo desde las organizaciones antiglobalización, como ATTAC, grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, así como desde diversos grupos políticos del Parlamento Europeo, como los European Greens (los verdes europeos) o la Izquierda Unitaria.

¿Cuáles son las razones del rechazo a este tipo de tratados? En primer lugar, desde el punto de vista ambiental, el hecho de que centenares de miles de toneladas de carne invadan anualmente la UE procedentes de Canadá y América del Sur supone el aumento de las emisiones de CO2 por el transporte en barco y avión, una cantidad enorme que se suma a la que ya se produce en la UE, situación que preocupa a los productores europeos, ya que los estándares de calidad en la producción son más flexibles en esos países que en Europa. Así, en Canadá y los países del Mercosur se permite la alimentación del ganado bovino y aviar con antibióticos, hormonas y harinas animales prohibidos en la UE, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los consumidores del viejo continente.

En el mundo se consumen anualmente más de 300 millones de toneladas de carne, cinco veces más que hace 60 años, y la producción de carne supone el 15% de las emisiones totales de CO2. Los españoles comemos seis veces más carne de la máxima recomendada, ocho veces más en el caso de la carne procesada, según un informe de la ONG Justicia Alimentaria-Veterinarios sin Fronteras. Europa necesita reducir el consumo de carne, no aumentarla con la llegada a los mercados de estas ingentes cantidades de productos animales, para conseguir la reducción de las emisiones a la atmósfera.

Algunos hechos concretos que permiten poner en duda la eficacia de estos acuerdos. El CETA, desde su aplicación, ha supuesto que se aumente en un 63% la exportación de petróleo canadiense a la UE, casi todo procedente de prácticas dudosas como el fracking, comprometiendo la tan ansiada transición ecológica de la economía en la UE. Por su parte, el gobierno brasileño de Bolsonaro, que niega el cambio climático y rechaza el Acuerdo de Paris de 2015, puede provocar que se dispare la deforestación de la Amazonía, merced al acuerdo con Mercosur, para hacer frente al aumento de las exportaciones brasileñas de carne y soja, lo que no sólo afectaría a la biodiversidad, sino que se agravaría la emergencia climática y se pondría en peligro (aún más), el modo de vida de los pueblos indígenas.

Más allá de los aspectos ambientales y sociales, la calidad democrática está en entredicho con la aplicación de estos tratados, ya que si un Estado miembro de la UE aprueba una ley que va en contra de los intereses de una empresa en particular acogida al tratado de libre comercio, ésta puede denunciar a ese estado ante un tribunal de arbitraje privado, aunque suponga un perjuicio al medio ambiente o a la seguridad alimentaria. Este aspecto fue avalado el pasado mes de abril por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Debemos poner en duda los supuestos beneficios de los tratados de libre comercio como el de Mercosur o el CETA ya que, aunque puedan suponer ventajas competitivas para las grandes empresas, no está claro que favorezcan a los intereses de la ciudadanía europea. Frente al libre trasiego de productos entre los continentes, consumo de productos locales. Frente al fomento de una economía lineal, emisora de gases que aceleran el calentamiento global, depredadora del territorio y que vulnera los derechos humanos, una economía circular, de cercanía y que tenga en cuenta los límites del planeta.

El comercio internacional puede volverse libre, pero no está claro que sea eficiente. Sin embargo, en las negociaciones del TTIP y el CETA, libertad y eficiencia se consideran idénticas o vistas como semejantes la una con la otra

La mayoría de la gente entiende que los Tratados de Libre Comercio significan una pérdida de capacidad reguladora de nuestras democracias. Por otra parte, la mayoría de economistas los defienden para promover la innovación y el crecimiento económico. Argumentan que cada país debería especializarse en producir lo que hace mejor y el mundo se beneficiaría porque todo el mundo sería más productivo.

El libre comercio es sagrado para los economistas liberales. Si uno critica el libre comercio se lo caracteriza como “bárbaro proteccionista”, como dice Krugman. Sin embargo, la defensa del libre comercio se basa en la obra que tiene más de 200 años del economista inglés David Ricardo. En aquella época, los economistas entendían que los países se enfrentaban a situaciones en las que otros países eran más productivos en la elaboración de todos o casi todos los productos comerciables internacionalmente. Para compensar estas ventajas absolutas de las otras economías, el país menos productivo debía convertirse en proteccionista, para que sus productores pudieran sobrevivir.

Ricardo no estaba de acuerdo. Él estableció el famoso principio que decía que lo que importa no es la ventaja en productividad absoluta, sino la ventaja comparativa. Según Ricardo, si un país es particularmente bueno produciendo zapatos y otro es bueno produciendo ropa, será beneficioso para los dos especializarse cada uno en el producto que hace de forma más productiva y comerciar entre ellos estos dos productos. Ambos deben especializarse para optimizar el resultado final global.

Este ejemplo ya muestra lo poco realista que era la idea de Ricardo. Presupone que el productor de zapatos está produciendo al máximo de su capacidad y tiene que elegir entre producir zapatos de forma muy productiva o producir ropa de forma menos productiva. Pero no existen economías que funcionen al máximo de su capacidad.

Cualquier economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de diferentes productos los producirá –o los debería producir– hasta agotar su capacidad. La teoría neoclásica supone, por tanto, que las fuerzas productivas están siempre óptimamente distribuidas y que la posibilidad de expandir la capacidad productiva no existe.

Obviamente, esto es absurdo. Las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas, y no hace falta mencionar que el desarrollo y el crecimiento económico hacen aumentar la capacidad productiva. Parece difícil que ninguna persona razonable pueda denegar estos dos hechos.

La teoría de Ricardo también afirma que en todos los países –en situación de pleno empleo– la remuneración de los trabajadores refleja las situaciones de escasez de los factores capital y trabajo en ese país. Esta también es una suposición heroica. Para el comercio internacional los salarios nominales son cruciales ya que, junto a los tipos de cambio, establecen los precios de los productos comerciables internacionalmente.

¿Pero qué pasa si las tasas de inflación divergen entre los diferentes países? En este caso debe haber algún mecanismo que sirva para requilibrar estas divergencias en precios y salarios (calculados en divisa internacional). El tipo de cambio entre diferentes divisas puede actuar como tal mecanismo. Pero la realidad es que no funciona. En el mundo actual en realidad las divisas son un campo de especulación.

Con el paso del tiempo las divisas han cogido direcciones contrarias a las que deberían para compensar estos desequilibrios a medida que los especuladores se han dedicado a explotar los diferenciales de tipo de cambio y de tipo de interés. Por lo tanto, no es verdad que los niveles salariales hoy día puedan darnos una indicación de la disponibilidad de capital y trabajo, por lo que podríamos decir que tampoco hay base científica que justifique el libre comercio como mecanismo regulador de los precios de estos dos factores.

Pero eso no es todo. Los economistas neoclásicos argumentan que la inversión directa de los productores pertenecientes a países de alta productividad en países con baja productividad viene determinada por la ratio entre costes laborales y costes del capital. Esto significa en la práctica que cuando un productor de teléfonos móviles que produce en su propio país con una tecnología que necesita de una alta intensidad del factor capital desplaza su producción por ejemplo en China, donde los salarios son más bajos, este productor cambiará de tecnología y aplicará otra mucho más intensiva en trabajo, reduciendo la intensidad del uso del capital, con el objetivo de maximizar el beneficio.

Esto no puede ser tomado en serio. De hecho es ridículo. Esto significa que dejarán de utilizar su tecnología más avanzada (de la que disponen libremente) para utilizar otra menos eficiente. La teoría neoclásica del equilibrio afirma que las empresas, por lo tanto, no harán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción a China.

Esto querría decir que esta empresa rechazaría usar esta mejor tecnología de la que dispone y que le podría generar beneficios extraordinarios y produciría los teléfonos móviles en China con una peor tecnología que haga posible la producción con los mismos costes, y por tanto el mismo precio y mismos beneficios que anteriormente. Según esta teoría los emprendedores renuncian a los beneficios que podrían hacer si combinaran la alta productividad occidental con los costes salariales bajos de China.

Si lo hicieran, podrían reducir los costes laborales e incrementar sus beneficios de forma tremenda. Pero los emprendedores no aprovecharán esta oportunidad de hacer dinero porque la teoría les dice que no pueden considerarse los beneficios extras provenientes de las rentas de monopolio. De hecho, hoy en día la inversión extranjera directa tiene efectos potentísimos sobre el comercio internacional. Por ejemplo, el comercio con China no puede compararse con el comercio internacional entre países occidentales.

El comercio internacional chino consiste en grandes empresas occidentales situadas en China, exportando los mismos países de origen. Se ha calculado que alrededor del 60-70% del total de las exportaciones chinas no son exportadas por empresas chinas sino exportadas por empresas occidentales subcontratadas. Esto prueba que la justificación teórica anterior, que supone que la tecnología se adapta a la combinación capital-trabajo de tal país, no aguanta de pie; de hecho, no tiene ni pies ni cabeza.

Como conclusión la totalidad de la ideología del libre comercio está basada en una teoría que no es sólo poco realista, sino que es errónea. Consecuentemente, el comercio internacional puede volverse libre, pero no está claro que sea eficiente. Sin embargo, en las negociaciones de libre comercio (y también con el TTIP y el CETA), libertad y eficiencia se consideran idénticas o vistas como semejantes la una con la otra.

No sabemos si la liberalización del comercio es eficiente. Pero sí sabemos bien que la idea de que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente es claramente errónea. Por ejemplo, un país que se protege a sí mismo contra las importaciones masivas de otro país en el que compañías monopolistas hacen grandes beneficios y combinan alta productividad con bajos salarios no debe ser condenado. Medidas proteccionistas contra estas prácticas pueden de hecho mejorar el estado del bienestar de todo el mundo para que eviten que las empresas monopolistas dañen o destruyan otras empresas sanas.

Peor que todo eso que ya se ha dicho hasta ahora es que algunos países, de forma puramente mercantilista, se esfuerzan para exportar más de lo que importan. Este fenómeno se llama “desequilibrio global” en el campo de la macroeconomía, y se sitúa en agudo contraste a la doctrina del libre comercio. Alemania es la mayor culpable en este tema en todo el mundo. En el momento actual, para determinar el éxito o el fracaso que el comercio internacional aporta a los países que participan, los superávits y los déficits se han vuelto más importantes que los efectos en la productividad de la liberalización del comercio.

Pero en realidad, una vez que un país genera superávits de forma creciente y estable, no quedan incentivos para los posibles socios comerciales de este país para concluir un acuerdo comercial con este país que defiende estos superávits comerciales.

Ni las fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio, ni la inversión internacional directa, ni el dumping salarial o las consecuencias sociales del comercio son el objeto de la ideología del libre comercio. Los políticos procomercio internacional hacen sus juicios sobre la base de una doctrina que no tiene nada que ver con el mundo real.

Hoy en día, intentar conducir las políticas comerciales y los flujos de comercio es como intentar reparar un coche con herramientas de reparar relojes. Lo que la economía global necesita más que un debate doctrinario sobre el comercio internacional es un sistema monetario que evite que los países individuales acumulen ventajas injustificadas prolongadamente en el tiempo a través del dumping salarial o de medidas similares.

Catalina Sosa es filósofa y directora ejecutiva de la WFTO-LA, Oficina Regional para Latinoamérica de la Organización Mundial del Comercio Justo (World Fair Trade Organization-WFTO). Actualmente, la red regional está formada por 63 miembros provenientes de 13 países de Latinoamérica. Después del coloquio ¿Es posible globalizar el comercio justo? en Casa América de Catalunya, profundizó sobre algunos aspectos del sector, en esta entrevista.

¿Es posible globalizar el comercio justo?

La palabra globalizar ya tiene una carga ideológica muy fuerte, que consiste en lo contrario de lo que aspira el comercio justo. Porque en la globalización las economías locales deben adherirse a la economía global de mercado, perdiendo las individualidades. Nosotros tratamos de ir en contra de las manecillas del reloj y utilizamos el término globalizar, pero para proponer que precisamente la gran economía de mercado gire hacia la economía social y solidaria; que ponga en el centro de la escena a la persona.

Lo que quiere hacer el comercio justo es exportar; que los países ricos reciban los productos de los países pobres. En el proceso hay viajes en avión, contaminación, ¿no es una contradicción?

El comercio justo fue pensado como un modelo de relación Sur-Norte: que se produzca en los países del Sur —en África, en América Latina…— y se exporte a los países del Norte para que se comercialice en las antiguas tiendas denominadas “tiendas del mundo”, que ahora se llaman “tiendas de comercio justo”. Lo más importante de este esquema era evitar el asistencialismo, con el eslogan muy conocido de trade, not aid (‘comercio, no asistencia'). Sin embargo, en la fundación en la que trabajo, Sinchi Sacha, en Ecuador, no exportamos. Nuestra propuesta desde hace más de veinticinco años fue crear las tiendas de comercio justo en el Sur. La ventaja de vivir en Ecuador, y sobre todo en Quito, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1978, es la afluencia turística que tiene. De alguna manera, tenemos al comprador del Norte en el Sur, y logramos vender a los turistas los productos locales. No quiero decir con esto que nos oponemos a la exportación, porque hay muchos pequeños productores del Sur que viven de vender chocolate, cacao, etcétera, a países del Norte, pero no quita que podamos poner atención en mercados locales para apoyar ecológicamente al planeta. Toca buscar un espacio medio y tener en cuenta la huella ecológica.

¿Han intentado trabajar comerciando entre los países del Sur; por ejemplo, entre Ecuador y Argentina?

Lo hemos intentado dentro de los países del WFTO-LA (World Fair Trade Organization América Latina) y ya estamos desarrollando redes pequeñas de comercio entre nosotros. Por ejemplo, en la tienda de Sinchi Sacha vendemos sacos de alpaca peruanos, y la señora que nos provee de estos sacos viene de Lima en autobús. Trae su carga y, en realidad, es un producto muy apetecible para el turista. De manera muy incipiente hemos traído cosas de Chile. Tratamos de traer las cosas por medio terrestre. Tardan en llegar, pero llegan. Consideramos que el público local, no sólo el turístico, podría estar interesado en comprar productos de América Latina. Creo que en cada país latinoamericano hay un estrato social y económico que tiene un poder adquisitivo importante, y que en la medida en que nuestra información sea adecuada, estarían muy interesados en activarse.

Las subidas y bajadas de los mercados evidentemente afectan también al comercio justo. Por ejemplo, en el ámbito de la artesanía, que en España ya no se vende como se vendía. ¿Cómo trabajan este asunto?

En los años 1980-1990 se vendía muy bien la artesanía de América Latina. Era una especie de boom. Pero luego decayó, y surgió la cuestión de los alimentos. Ahora se venden muy bien los chocolates, el cacao, la panela granulada, las hierbas… En la artesanía, para repuntar giramos hacia lo que denominamos “artesanía con identidad”. Por ejemplo, un producto que viene de la selva amazónica, elaborado por mujeres quechuas de igual modo que hace quinientos años; unos cuencos preciosos hechos con barro de la Amazonia y pintados con tintes minerales con un brillo muy bonito. Las indígenas los pintan con su propio cabello. La gente se maravilla cuando comprende la pieza y ve que además ayuda a un grupo de personas que está en una fragilidad económica impresionante. El valor añadido dado por la información cultural es muy importante. La gente compra conceptos, la historia que está atrás. 

He conocido a un grupo de productores muy pobres, y les dije: “¿Por qué no venden estos productos en Europa, como comercio justo?”. Me contestaron que era muy complicado y costoso, y que no tenían la capacidad, ni económica ni de logística. ¿Cómo se resuelve ese asunto?

Hay forma de resolverlo. En Ecuador hay tres exportadores grandes de comercio justo: El Camari, Maquita y El Sandinerito. Ellos aceptan a pequeños productores que llevan sus productos y que no están listos para hacer toda esta calificación. Pueden ingresar a través de estos intermediarios, que tienen un margen bajísimo. Ellos se encargan de todo. Hay que calificarse como exportador. Es un gran papeleo. El importador de comercio justo pide una cantidad enorme de requisitos... el asunto orgánico, comercio justo, norma ISO 9001… Un pequeño productor, que tiene un solo producto, francamente no tiene capacidad. Pero puede pasar por una de estas exportadoras e ingresar en el gran mercado. Esta práctica nos permite comprender el valor de la asociatividad. Tú pagas un pequeño porcentaje, legítimamente ganado por una comercializadora de comercio justo, que te ayuda a pasar la barrera por lo menos hasta que estés más fuerte, y estás ingresando en un gran mercado. La asociatividad en términos justos. Ojo, que hay gente que por hacer este trabajo cobra todo lo que puede y gana todo lo máximo posible, con lo que deja de ser comercio justo.

Quedarán pocos...

Pero hay gente que no está dentro de la red per se, y actúa como comercio justo. Por ejemplo, hay empresas, concebidas tradicionalmente, que como compradoras también cumplen con todos los estándares de la WFTO. No están calificadas. Tengo la experiencia de compañeros de Ecuador que me dicen: “Nosotros vendemos a algunas empresas de Estados Unidos que no forman parte del comercio justo, pero cuando hacen el pedido les explicamos que somos pequeños, que necesitamos capital de producción, les pedimos un adelanto. Y ellos pagan puntualmente. Comprenden el hecho de que somos pequeños”.

Las estadísticas dicen que en Europa el comercio justo ha ido creciendo en parte gracias a las grandes superficies. Hay un debate. Los grandes supermercados, por ejemplo, venden comercio justo, pero a su vez su propia estructura es depredadora. ¿Cuál es su opinión sobre ello?

Tengo mi corazón dividido. Conceptualmente me parece terrible tener que pasar por las grandes superficies. Pero tengo la experiencia cercana de un grupo en Ecuador, muy famoso, que se llama Grupo Salinas. Ellos producen quesos con una tecnología suiza. Se trata de una iniciativa hecha por cooperantes que llegaron a Ecuador hace treinta o cuarenta años. Enseñaron a los campesinos de los Andes, a los indígenas, a hacer queso. Ahora tienen quesos maravillosos, de todas las variedades. Este grupo estaba vendiendo informalmente en Ecuador, y vino una empresa grande, de las grandes superficies, muy conocida en Ecuador, y les propuso comprar su producto…

¿A precio justo?

No era un precio perfecto, pero era cercano a lo que ellos querían. Hubo un debate enorme. Decían que eso era entrar en el capitalismo…, etc. Finalmente decidieron hacer la prueba. ¿Qué pasó? Que ahora ese es su principal comprador. Venden unos 200.000 dólares al mes en quesos. Eso significa trabajo para no sé cuántas familias; significa una subida en ventas radical. Lo experimentaron un año y se dieron cuenta de que era muy buen comprador en volumen, y que estaba activando cantidad de producción. Tengo que decir que el Gobierno ecuatoriano hizo su parte muy bien hecha. Desde hace dos o tres años, las grandes superficies deben tener un porcentaje de productos de pequeños productores, creo que del 30%. Además, antes te ponían muy alto en las góndolas, o muy bajo. Y ahora tienen la obligación de poner los productos de pequeños productores a los ojos del consumidor. Había más. Antes, las grandes superficies pedían cosas como que la primera entrega fuera gratis. Eso implicaba perder unos 15.000 dólares. Esa regla Correa la eliminó. Además, por ejemplo, si se perdía el producto dentro del almacén lo cargaban al productor. Tenían este tipo de condiciones muy feas. Ahora han tenido que flexibilizarse. Las grandes superficies incluso aportan técnicos a los pequeños productores para que logren obtener el permiso sanitario rápido. Ha habido una flexibilización general para apoyar al pequeño productor. Por otro lado, Correa es un gran comunicador y trataba de contar a la población ecuatoriana lo que hacían los pequeños emprendimientos los sábados por televisión. Reivindicar la artesanía, las pequeñas iniciativas... Ha tenido esos aciertos. En eso, no me puedo quejar.

¿Sigue creciendo a buen ritmo el comercio justo, a pesar de la crisis?

En Ecuador, las cinco organizaciones certificadas vendimos en 2012 26 millones de dólares. En 2013, 35 millones de dólares. En 2014, 42 millones de dólares; y en 2015, nos mantuvimos en 42 millones pese a la crisis. Eso quiere decir que hemos crecido entre el 15% y el 20% desde 2012, lo cual es muy interesante para un país como Ecuador, que es tan pequeño, que producimos mucho pero en realidad tenemos dificultades para ingresar en el mercado. Estas cifras son de Ecuador, uno de los países a escala latinoamericana que más comercio justo exporta. En estas cifras, el 75% se ha vendido por exportación y el 25% a escala local. En ese 25% están las artesanías que se quedan en Ecuador. Pero son cifras interesantes. En Latinoamérica tal vez los otros países no tengan esas ventas. Deben de tener la mitad o la cuarta parte, pero suman. Y a escala mundial, sé que en el año 2010 bajaron las ventas, sobre todo en América del Norte, pero a partir de 2012 hemos vuelto a repuntar y se está vendiendo mucho mejor. En Europa hay mucha diferencia, por ejemplo, entre Alemania y Portugal; pero en general sí es una tendencia en ascenso. 

¿Se ha concienciado quien compra en América Latina?

Estoy en el comercio justo desde el año 1993. Cuando hace veinte años hablaba de comercio justo, la gente se reía. Ahora ya no. Creo que los jóvenes, los universitarios, la gente..., hablan del comercio justo con conocimiento. Es una generación nueva más solidaria, más informada, que quiere sacar adelante cuestiones de desarrollo local. La perspectiva dentro de América Latina es muy interesante. Imagino que es como fue en Europa hace cuarenta años, cuando se empezaba a hablar del Fair Trade, y todo el mundo tenía interés. Tenemos también lo que se llama Economía Social y Solidaria. Es lo que más hemos alimentado y lo que se apega mucho a nuestras raíces: todo lo que es la minga [trabajo solidario indígena], el trabajo en comunidad. En Ecuador existe la vecina, que es una manera de relacionarnos muy latina. Siempre digo que la vecina es una institución porque ayuda con el hijo, con un recado, con las llaves... Nosotros de alguna manera vivimos en comunidad. La economía social y solidaria tiene que ver con estas redes solidarias de nuestro propio barrio, de nuestra vida pequeñita, que nos permite enfrentarnos mejor a la globalización; tener un comprador más sensible, más solidario, que está dispuesto a apoyar al vendedor de escobas que está al lado de la casa en vez de irse a la gran superficie a comprar. 

¿Cómo afectan los tratados del libre comercio al comercio justo?

Acabamos de firmar el tratado de libre comercio con Europa. Rehusamos hace unos años a firmarlo con Estados Unidos y esta vez lo firmamos con Europa. Tiene sus ventajas, sobre todo para los floricultores, pero tenemos cierta preocupación, sobre todo por los productores lácteos de Ecuador, que son muchísimos. Podría pasar que ingresen productos a base de lácteos como quesos, mantequillas, etc., a un precio menor del que nuestro campesino puede producir. Esto es porque en los países del Norte hay una subvención a este tipo de productos. Nos han asegurado que hay salvaguarda, pero no tenemos claro, ni sobre la mesa, cómo actúan esas salvaguardas. Creo que es una gran amenaza para los pequeños productores lácteos. Hay otras cosas, como que entren transgénicos, un asunto que en Ecuador hasta ahora se había cuidado mucho.

Al comercio justo, como tal, ¿se le abre una puerta o se le cierra?

El chocolate, el azúcar moreno, por ejemplo, podrían tener un repunte. Sin embargo, son productos que ya se vendían muy bien. Estamos a la expectativa.

¿Cuál es la perspectiva de futuro?

Queremos socializar la experiencia de Sinchi Sacha, para,  tal vez, crear una red de tiendas por el comercio justo a escala latinoamericana; como en Europa existen con Intermón u otras redes. Tienen consensos, talleres, encuentros para socializar sus experiencias. Creo que en América Latina podemos empezar por asociarnos como tiendas y establecer una relación entre el comercio justo y la economía solidaria. Tenemos que construir una red y sobre todo creo que hay que trabajar mucho en el empoderamiento de las mujeres; la administración de los recursos está en muy buenas manos cuando cae en el lado femenino de las organizaciones.

Comercio justo significa que el resto, la mayor parte, es comercio injusto: la ropa de Bangladesh o de las maquilas, entran y se venden en Europa de forma legal.  ¿Ustedes actúan para frenar la legalización de estas prácticas? 

Nos centramos en el consumidor responsable. Si sensibilizamos al gran público y logramos que el comprador ejerza su voto a través de la compra, hemos logrado mucho. En EE UU, cuando se organiza bien la sociedad civil y dice “no vamos a comprar el producto X”, y detiene la compra, es un golpe fortísimo para las empresas. Es un poder que no visualizamos en su magnitud. Parece que somos muy pequeños, una pulga, pero el consumidor es un ejército mundial. 

El consumidor es un ejército, pero también un ejército de precarios. ¿Cómo puede alquien que no llega a fin de mes costear el precio del comercio justo? 

Los precios de comercio justo tienen que irse ajustando. Integrar productores locales en el comercio local puede ser una manera. No me opongo a que los pequeños productores del Norte vendan en el Norte comercio justo. Hay mucha gente en Europa y en Norteamérica que tiene situaciones muy difíciles y necesita ayuda. Podrían trabajar la tierra y producir artesanía. Hay gente que dice: “No, el comercio justo se creó para ayudar a los pequeños productores del Sur”. Y siempre digo: “No está escrito en piedra”. Es un concepto de apoyo al pequeño. Si el pequeño está en el Norte, legítimamente tiene que producir y vender en el Norte, como los del Sur estamos buscando desesperadamente vender localmente, con mercados establecidos. Creo que hay que ampliar el concepto y salir adelante en conjunto. 

Mucha gente muy pobre vende, por ejemplo, artesanía propia y no forma parte del comercio justo. ¿Cómo deciden? ¿Por qué algunas son comercio justo y otras no?

Por un lado, en la WFTO se hace una monitorización a las organizaciones de comercio justo para ver cómo están desarrollando los estándares. Pero, por otro lado, en la tienda nos relacionamos directamente con el productor, el gran beneficiario del comercio justo. Todo artesano, familia de artesanos, artistas que se acercan a Sinchi Sacha, son pequeños productores. Todo pequeño productor es legítimamente comercio justo en el Sur. 

¿Cualquiera?

Hubo un  grupo de artistas jóvenes urbanos de Quito que me decían “Oye, Catalina, y nosotros ¿por qué no somos comercio justo? ¿Qué hicimos de malo? No somos campesinos, no somos indígenas. Somos pequeños productores artistas que vivimos de nuestras manos. ¿Por qué estamos fuera?”. ¿Qué respuesta tenía yo? Me abrí totalmente a ellos. Les dije: “Tenéis razón; es una discriminación positiva, pero tenéis razón”, y los incluí en la tienda.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de mayo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La UE ha cancelado la cumbre que este jueves tenía que celebrar con Canadá para firmar el CETA. El veto que mantiene el Gobierno de Valonia (Bélgica) sobre este tratado de libre comercio ha imposibilitado que la reunión se pueda celebrar como estaba previsto. Las conversaciones que el miércoles mantuvieron el Ejecutivo regional y el belga para tratar de acercar posturas terminaron sin acuerdo y ambos retomarán este mismo jueves los contactos. Ante el bloqueo belga, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pospuso anoche su viaje a Bruselas, según un portavoz del Gobierno canadiense. “Confiamos en que en los próximos días veremos un resultado positivo para este acuerdo histórico”, dijo Trudeau esta semana ante su Parlamento.

Desde que el 14 de octubre el Parlamento valón de la región francófona impidió al Gobierno belga firmar el CETA, se han multiplicado las reuniones a varios niveles para tratar de desbloquear las negociaciones. Encuentros entre representantes de la Comisión Europea, el Ejecutivo valón y el Gobierno federal; y conversaciones entre los propios belgas. Incluso ultimátums no cumplidos y un desencuentro con los canadienses.

En estos días ha habido avances en materia agrícola, un sector que ha ido ganando peso en la economía regional, desde que a mediados del siglo pasado sufriera un proceso de desindustrialización. Valonia teme que Canadá pueda exportar productos manipulados genéticamente. Pero el gran punto de desencuentro radica en los tribunales de arbitraje que prevé el tratado para dirimir las disputas entre empresas y Estados.

Bruselas no ha parado de insistir en que ya modificó el mecanismo. Aunque los jueces sigan estando al margen del ordenamiento nacional, ya no los pueden escoger las multinacionales, sino que serán seleccionados por la UE y Canadá. También promete que los tribunales se inspirarán en la justicia de los Estados miembros, o en la Corte de La Haya.

Pero el ministro presidente francófono, Paul Magnette, exige más garantías. No quiere tener que indemnizar a las empresas si aprueba una ley que va en contra de sus intereses. Una demanda a la que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, respondió con ironía. “Cuando concluimos [en agosto de 2015] un acuerdo comercial con Vietnam, mundialmente conocido por aplicar todos los principios democráticos, nadie levantó la voz. Cuando lo hacemos con Canadá, una dictadura redomada, hay protestas”.

Juncker lo dijo el pasado viernes, al término de la cumbre que los líderes europeos celebraron a finales de la semana pasada en Bruselas. Y el mismo día en que se precipitaron los hechos. Prácticamente a la misma hora en que Juncker comparecía en rueda de prensa, en un despacho diferente y en otro punto del país, la ministra de comercio canadiense, Christia Freeland, se levantó de la mesa de negociaciones con el Gobierno valón, dando las conversaciones por fracasadas. Sus tres días en Bélgica no habían dado fruto.

A la mañana siguiente rebajó el tono, aunque ello no le impidió coger un avión de vuelta a Toronto y enviar un mensaje a los europeos: “Nuestro trabajo está hecho. Hemos acabado de negociar y la pelota está ahora en el tejado europeo. Es el momento de que Europa termine su trabajo”. Y expresó un deseo: “Espero volver a Europa con mi primer ministro [Justin Trudeau] el próximo 27 de octubre para firmar este acuerdo”.

Y el domingo llegó el ultimátum al Gobierno valón. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que la región tenía 24 horas para tomar una decisión. “La imposición de un ultimátum no es compatible con el ejercicio democrático”, replicó Magnette. Desde entonces, las reuniones han proseguido hasta hoy.

Pero ¿por qué ha podido la región de Valonia bloquear el CETA? En primer lugar, porque los líderes europeos –con la canciller alemana, Angela Merkel, al frente– exigieron en junio que el acuerdo debía ser mixto. Es decir, que los parlamentos nacionales tenían que dar su visto bueno. Y Bruselas aceptó.

En segundo lugar, porque las regiones belgas tienen competencias en política exterior, un poder que Flandes pidió durante la reforma constitucional que Bélgica acordó en 2010 y que el Gobierno socialista valón ha aprovechado ahora para defender sus intereses. Tanto económicos como políticos, porque el partido de la izquierda radical le está alcanzando.

Las dificultades que plantea Valonia, no obstante, no son las únicas con las que se enfrenta el CETA. Si finalmente su Gobierno da su brazo a torcer, más mortíferas pueden ser en el futuro las reservas que ha planteado el Tribunal Constitucional alemán. Este ha permitido al Ejecutivo de Angela Merkel firmar el tratado para que pueda entrar en vigor de forma provisional, pero a cambio de duras condiciones. Le ha obligado a retirarse del pacto si los jueces detectan que algunos de sus artículos son contrarios a la constitución germanas.

Enemigos políticos y contrarios en casi todos los frentes, Donald Trump y Hillary Clinton han encontrado un punto de unión contra Barack Obama y la tradición que ha mantenido a EEUU a cargo de las reglas de la economía mundial durante más de 70 años. El próximo presidente de Estados Unidos se está replanteando el libre comercio.

En Washington, esa tradición se ha dado por hecha durante tanto tiempo que rara vez ha atraído tanta atención ni siquiera por parte de la prensa económica. Menos aún ha dominado las páginas políticas de toda una campaña presidencial. Pero en 2016, la tambaleante confianza de Estados Unidos en el libre comercio se ha convertido en la polémica más sensible en la capital. Nunca antes los dos principales candidatos a la presidencia habían roto con la ortodoxia de que la globalización es siempre buena para los norteamericanos.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), firmado entre 12 países de la Cuenca del Pacífico, excepto China, de repente se enfrenta a un muro de oposición política entre los legisladores cuando parecía no hace mucho tener la aprobación garantizada.

Las negociaciones paralelas entre Estados Unidos y Europa, conocidas como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), están repentinamente incluso más rezagadas: frustradas por una oposición similar, así como por las complicaciones surgidas después de la votación de Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea.

Sin embargo, la Casa Blanca ha renunciado a tirar la toalla mientras valora las ventajas de un sistema multilateral de acuerdos inventado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de irse de vacaciones, Obama prometió un último intento para ratificar el TPP en el periodo de sesiones del Congreso que acaba (el 20 de enero) con su salida de la presidencia.

“Somos parte de una economía global. No vamos a ir hacia atrás en eso”, dijo Obama en una rueda de prensa a principios de este mes. Tras su vuelta a la Casa Blanca el domingo, salvar el TPP está casi en la primera línea de su lista de tareas, con unos 30 actos planificados en el país para persuadir a los legisladores indecisos.

Su posible sucesora dio un mensaje muy diferente en una fábrica en Detroit a principios de este mes. En una fábrica en la que se está construyendo un cohete para una misión futura de la NASA en Marte, Clinton rechazó gran parte de la filosofía globalizadora del TPP.

“Es verdad que, muy a menudo, los pasados acuerdos comerciales han sido vendidos a los ciudadanos estadounidenses como caminos de rosas que, finalmente, no tuvieron éxito”, dijo Clinton ante unos 500 trabajadores sindicalistas y seguidores. “Ahora, aquellas promesas están vacías”.

“Detendré cualquier acuerdo comercial que liquide trabajos o mantenga la caída de los salarios, incluido el TPP”, comentó. “Me opongo ahora, me opondré a él después de las elecciones y me opondré a él como presidenta”.

El discurso supone un cambio radical para Clinton, que durante mucho tiempo había apoyado el acuerdo y ayudó a orquestar las negociaciones durante su etapa de secretaria de Estado de Obama. También significa otro revés incómodo contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), negociado por George H.W. Bush y promulgado en los 90 por su marido, el antiguo presidente Bill Clinton.

Los retos de quien gane las elecciones

Más republicanos que demócratas apoyaron este acuerdo y el TPP, pero miembros de ambos partidos están abandonando esta postura a la vista del enfado popular. La próxima persona que se siente en el Despacho Oval se enfrentará a dos batallas: una en casa por el alma de su partido y otra fuera, contra todo un sistema económico mundial de posguerra.

“Esto es un punto de inflexión potencialmente muy peligroso”, asegura Edward Alden, un experto en comercio en el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington.

Algunos sugieren una “teoría de la bicicleta” de acuerdos comerciales: el tren tiene que seguir hacia adelante o todo se vendrá abajo. Pero para Alden se trata más bien del reto alternativo planteado por China, que está buscando su propio acuerdo con los participantes del TPP si Estados Unidos no puede cumplir su promesa.

“Se trata de que la arquitectura siga avanzando”, dice Alden. “A China le gustaría ver un conjunto de regulaciones comerciales muy diferentes. Si el TPP falla, el resto de países en Asia no tendrán más remedio que ir en la dirección en la que China se mueva. La ironía de todo esto es que oponerse al TPP probablemente favorezca más a China”.

Para la Casa Blanca, esta es la mayor razón de mantener la batalla a favor del TPP. Si China toma el control de la política comercial de Asia, entonces podría hacerse, rápidamente, con el dominio político y de seguridad de la región y dejar hecho pedazos el foco que puso Obama en la zona.

Pero pocas personas conocedoras del asunto creen que Clinton o los congresistas republicanos, y mucho menos Trump, vayan a abandonar su oposición. “La idea de que sacrifiquemos puestos de trabajo industriales para cumplir algún objetivo enigmático de política exterior no va a funcionar”, dice un importante lobista de Washington.

Incluso la legendaria influencia del mundo empresarial estadounidense puede no ser suficiente para alterar este argumento, como ilustró el discurso de Clinton en Detroit. “Exportamos 140.000 millones de dólares de vehículos terminados y piezas. Hemos apoyado cada acuerdo comercial en la historia, pero nos mantenemos escépticos en este”, explicó Matt Blunt, el presidente del Consejo Político Estadounidense de Automoción y antiguo gobernador de Misuri.

Entre los tres grandes miembros, Ford se opone abiertamente al TPP porque teme que el acuerdo no haga nada para detener la manipulación japonesa de su cambio de divisas a expensas de sus rivales estadounidenses. Pero incluso General Motors y Fiat Chrysler han rechazado salir en defensa de un acuerdo que abriría, en teoría, mercados importantes en Vietnam y Malasia.

Para muchos empresarios estadounidenses, la falta de apoyo político de cara a el acuerdo es desconcertante, incluso en los estados del 'cinturón industrial' donde más está en juego.

“Dado que la economía es una cuestión que regresa justo ahora, algo que es tan importante como la economía, el comercio, simplemente no entendía por qué era un tema tan destacado en esta carrera, y no algún otro asunto”, comenta David Lawrence, vicepresidente de AlphaUSA, un fabricante de tornillos con base en la zona suburbana de Detroit.

Alpha abrió en Detroit hace unas seis décadas, después se mudó a los suburbios. Lawrence, que tiene 49 años, ha estado en la compañía 25. Con 170 empleados, Alpha representa un caso ejemplar de la dinámica del tira y afloja dentro del debate del libre comercio.

“La mano de obra en México es más barata”

“Ciertamente, tal y como lo hemos visto aplicado en el ámbito del motor, trasladar actividades a México es indudablemente menos caro para las plantas de ensamblaje, porque la mano de obra es más barata”, explica Lawrence. “Sin duda, hemos visto a nuestros clientes trasladando muchas labores de montaje al sur de la frontera en los últimos 25 años”, añade. “Nuestros clientes también nos han presionado para mudar nuestras operaciones al sur de la frontera, a México”.

Pero Lawrence también dice que la idea de que México es un oasis de industria barata no es necesariamente cierta. Su compañía hace componentes pequeños, lo que hace que los costes materiales sean mayores que los laborales. “Por lo que, a menudo, sucede que comprar material en Estados Unidos es en realidad más barato”.

Aun así, la empresa tiene órdenes, por parte de algunos clientes, de utilizar proveedores locales. Como algunos puestos de trabajo se han mudado al sur de la frontera, siguiendo la puesta en marcha de NAFTA, esto se ha convertido en algo más que un desafío. “Estamos fuera para hacer una empresa de éxito”, añade. “Pero también pensamos que tenemos una obligación con nuestra comunidad, de construir esta comunidad, de crear puestos de trabajo para ellos y esto lo complica”.

Un mercado más competitivo

Nathan Semple, director general del fabricante de piezas de automóvil Drake Enterprises en el municipio de Clinton (Michigan), también destaca lo competitivo que se volvió el mercado a raíz del NAFTA.

“Antes de eso, era muchísimo más fácil recibir un encargo”, asegura Semple, de 31 años. “Como se ha externalizado el comercio y todo eso, todo es muy complicado, no hay margen para nada. Eres afortunado si consigues beneficios del 10%”.

El carácter competitivo de la economía bajo el libre comercio sigue dejando perplejos a su padre y a su abuelo, que fundaron la empresa hace más de medio siglo. “Todavía no lo entienden. ¿Cómo pueden hacer esto o lo otro? Antes escribíamos los precios en una servilleta de bar, y el que fuera más alto lo presentábamos y conseguíamos el contrato”, explica.

El debate comercial ha resonado especialmente en el condado de Macomb, en Michigan, que produjo el grupo de “demócratas de Reagan” que ayudaron a impulsar al expresidente republicano hacia la victoria, y a los que Trump ha prometido reconquistar.

Kurt Larson, trabajador del automóvil jubilado de 66 años que vive en la capital del condado de Macomb, Mount Clemens, recuerda cuando vivía en Arizona, su padre trabajaba para Motorola y vivió de primera mano el efecto del desplazamiento de los empleos fuera de Estados Unidos. “Mi padre iba a otros países, construían fábricas y ponían a gente a montar semiconductores por 30 céntimos la hora”, cuenta. Y a medida que llegaron los acuerdos comerciales, la tendencia continuó.

“No quiero que los trabajos que hacen los estadounidenses se vayan al extranjero”, lamenta. “Eso es contraproducente para nuestro país”.

Mientras camina por las calles tranquilas del centro de Mount Clemens, Dwayne Johnson, trabajador de la construcción que vive en la ciudad de Dearborn, cuenta que, en su opinión, renegociar nuevos acuerdos comerciales es “una gran idea”.

“Depende de si ganamos dinero o de lo bueno que sea el tratado comercial para Estados Unidos”, valora este ciudadano de 57 años. “Lo que quiero decir con eso es que se están llevando de aquí todos los empleos y los están generando en otros países. No parece que estemos sacando dinero de eso”, añade.

Aunque Johnson dice que apoya a Clinton frente a Trump –“no me veo votando a él”–, admite que la retórica implacable del candidato republicano contra el libre comercio, que ha colocado como uno de los asuntos principales de su campaña, es “lo único que veo en él que tenga algún sentido”. “Si pierde las elecciones, al menos ha ofrecido algo”, añade.

Lawrence, el ejecutivo de AlphaUSA, está de acuerdo en que hay algo de verdad en la impresión de que los tratados comerciales han contribuido al declive de la calidad de vida en Estados Unidos, especialmente para la clase media. “Muchos de estos trabajadores han visto cómo los empleos salen de este país y se van a otros”, analiza. “Y sin duda hemos visto eso en el mercado de la automoción”.

Pero también valora que el libre comercio tiene sus ventajas y que no hay que ver ningún acuerdo como algo solo “bueno” o “malo”. “Los tratados comerciales no solo se firman para que encontremos los costes más bajos en nuestra producción”, apunta. Precisa que esos acuerdos también crean clientes para las empresas estadounidenses y abren el acceso a recursos extranjeros.

Para Lawrence, lo importante de los acuerdos está en los detalles: “Es cómo los redactamos, cómo nos sentamos a negociar con esos otros países desde una posición de liderazgo y hacemos algo que funcione para todos. Y eso no es fácil, pero sin duda es posible”.

Para los políticos de Washington, lo difícil será convencer a los votantes de que los tratados pueden beneficiarles.

“El problema es que, con los años, los intereses de las grandes empresas estadounidenses y los de los ciudadanos estadounidenses se han separado”, reflexiona Alden, del Consejo de Relaciones Exteriores. “Uno de los errores es que las grandes empresas dicen: 'Si es bueno para nosotros, es bueno para Estados Unidos', y hace falta una perspectiva más compleja que esa. Tienen que explicar cómo va a ayudar también a los trabajadores”.

Traducción de Cristina Armunia Berges y Jaime Sevilla Lorenzo

La gobernanza global es el mantra de la élite moderna. El argumento es que el incremento de flujos transfronterizos de bienes, servicios, capital e información (derivado de la innovación tecnológica y la liberalización de los mercados) generó demasiada interconexión entre los países del mundo como para que cada uno de ellos por separado pueda resolver sus problemas económicos solo. Necesitamos reglas globales, acuerdos globales, instituciones globales.

Esta afirmación goza de tanta aceptación que cuestionarla puede parecer como sostener que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero lo que puede ser verdad en el caso de problemas realmente globales como el cambio climático o las pandemias no es aplicable a la mayor parte de los problemas económicos. Contra lo que oímos a menudo, la economía mundial no es un bien común global. La gobernanza global ayudará muy poco, y a veces ocasionará un perjuicio.

Lo que hace que, por ejemplo, el cambio climático sea un problema que demanda cooperación internacional es el hecho de que el planeta tiene un único sistema climático. Como da lo mismo dónde se emitan gases de efecto invernadero, imponer restricciones a las emisiones sólo en el nivel nacional generaría escaso o nulo beneficio al país que lo hiciera.

En cambio, las buenas políticas económicas (entre ellas la apertura) benefician ante todo a la economía local; y es allí también donde se paga la mayor parte del coste de las malas políticas económicas. Las perspectivas económicas de cada país dependen mucho más de lo que suceda allí que del extranjero. Cuando la apertura económica es deseable, es porque esa política beneficia al país que la aplica, no porque beneficie a otros. La apertura y otras políticas acertadas que contribuyen a la estabilidad económica internacional se basan en el interés propio, no en un espíritu global.

A veces, un país logra una ventaja económica en detrimento de otros; es el caso de las políticas de “empobrecer al vecino”. El mejor ejemplo es cuando el proveedor dominante de un recurso natural (como el petróleo) restringe la oferta en los mercados mundiales para aumentar el precio. Lo que gana el exportador es lo que pierde el resto del mundo.

Un mecanismo similar está en la base de los “aranceles óptimos”, por los que un país grande manipula sus condiciones de intercambio restringiendo las importaciones. En esos casos, hay buenas razones para instituir normas globales que limiten o prohíban el uso de esas políticas.

Pero la inmensa mayoría de las cuestiones de comercio y finanzas internacionales que ocupan la atención de los funcionarios no son así. Pensemos por ejemplo en los subsidios agrícolas y la veda de organismos transgénicos en Europa, el abuso de las normas 'antidumping' en Estados Unidos o la inadecuada protección de los derechos de los inversores en los países en desarrollo. Son, en esencia, políticas de “empobrecerse uno mismo”. Sus costes económicos caen sobre todo en el país que las aplica, aun cuando también puedan perjudicar a otros.

Por ejemplo, los economistas suelen coincidir en que los subsidios agrícolas son ineficientes, y que sus beneficios para los agricultores europeos suponen un alto coste para el resto de la gente en Europa, en la forma de aumento de precios, aumento de impuestos o ambas cosas. Esas políticas se implementan no para sacar provecho a costa de otros países, sino porque otros objetivos internos concurrentes (de tipo distributivo, administrativo o sanitario) se imponen a las consideraciones económicas.

Lo mismo vale para las deficiencias en regulación bancaria o política macroeconómica que agravan el ciclo económico y generan inestabilidad financiera. Como demostró la crisis financiera global de 2008, lo que suceda dentro de un país puede tener enormes consecuencias fuera. Pero si las autoridades regulatorias en Estados Unidos no cumplieron su tarea, no fue porque así su país saliera beneficiado a costa de los demás: la economía estadounidense fue una de las que más sufrió.

Tal vez el mayor fracaso de las políticas actuales sea la incapacidad de los gobiernos de las democracias avanzadas para hacer frente al aumento de la desigualdad. Esto también es una cuestión de política interna, originada en el control, por parte de élites financieras y empresariales, del proceso de definición de políticas, y en los discursos que han elaborado en relación con los límites de las políticas redistributivas.

Los paraísos fiscales son un ejemplo indudable de políticas de empobrecer al vecino. Pero países poderosos como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea podrían haber hecho mucho más de su parte para poner coto a la evasión fiscal (y a la competencia feroz en reducción de impuestos corporativos) si lo hubieran querido.

Los problemas actuales no tienen que ver con la falta de cooperación global

De modo que los problemas actuales poco tienen que ver con una falta de cooperación global. Son de naturaleza local y no se pueden corregir mediante normas dictadas por instituciones internacionales, que fácilmente pueden caer presa de los mismos intereses creados que debilitan la política nacional. Muy a menudo, la gobernanza global es sinónimo de implementar la agenda global de esos intereses; por eso casi siempre termina promoviendo mayor globalización y armonización de las políticas económicas locales.

Una agenda alternativa para la gobernanza global se centraría en mejorar el funcionamiento local de las democracias, sin prejuzgar cuáles deban ser las políticas elegidas luego. Sería un modelo de gobernanza global dirigido a mejorar la democracia en vez de la globalización.

Lo que tengo en mente es la creación de normas y requisitos procedimentales globales pensados para mejorar la calidad de los procesos decisorios nacionales. Por ejemplo, reglas globales relativas a (entre otras cuestiones) la transparencia, la representatividad, la rendición de cuentas y el uso de evidencia científica o económica en los procedimientos de decisión locales, sin condicionar el resultado final.

Las instituciones globales ya usan esta clase de normas, hasta cierto punto. Por ejemplo, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SPS) de la Organización Mundial del Comercio exige explícitamente el uso de evidencia científica cuando se planteen dudas sobre la seguridad sanitaria de bienes importados. Podrían usarse normas procedimentales similares, con mucho más alcance y efectividad, para mejorar los procesos de toma de decisiones en el nivel nacional.

Las normas 'antidumping' también podrían mejorarse exigiendo que los procedimientos nacionales tengan en cuenta los intereses de consumidores y productores que resultarían perjudicados por la aplicación de aranceles a las importaciones. Las normas sobre subsidios se podrían mejorar exigiendo análisis económicos de coste‑beneficio que incorporen las posibles consecuencias en materia de eficiencia estática y dinámica.

Los problemas derivados de fallos en el proceso nacional de deliberación solamente pueden resolverse mejorando la toma democrática de decisiones. En esto la gobernanza global solo puede hacer un aporte muy limitado, y sólo en la medida en que apunte a mejorar la toma interna de decisiones en vez de condicionarla. Fuera de eso, la búsqueda de gobernanza global encarna un anhelo de soluciones tecnocráticas que anulan y debilitan la deliberación pública.

Copyright: Project Syndicate, 2016.

El acuerdo de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá entrará en vigor este año. Globalmente conocido como CETA por sus siglas en inglés, esta semana la comisaria de Comercio Internacional, la sueca Cecilia Malmström, ha proclamado que el CETA seguramente estará listo para entrar en vigor en otoño cuando pase el escollo definitivo, la votación en el Parlamento Europeo.

Antes del anuncio de Malmström la Comisión Europea anunció un cambio en el controvertido sistema de arbitraje inversor-estado, igualmente conocido por sus siglas en inglés ISDS y que incorpora una serie de mejoras y un cambio de nombre (Investment Court System, ICS). La comisaria reconoció igualmente que todavía no puede asegurar si el CETA será un tratado mixto, lo que permitiría a los 28 estados miembros ratificarlo en sus parlamentos nacionales e incluso someterlos a referéndum.

El CETA se empezó a negociar en 2009 en Ottawa, y siete años después parece ver la luz. Su discusión ha tenido menor impacto que el tratado que negocian la UE y EEUU, el TTIP. Según un alto funcionario comunitario que pide el anonimato, “es normal que los europeos estén más atentos a un acuerdo de libre comercio e inversión que afectará a sus vidas con un país de más de 300 millones que con otro país de 33 millones”. El texto del acuerdo puede leerse aquí.

El cambio ‘in extremis’ del tribunal de arbitraje ha evitado por lo pronto que el Parlamento Europeo tumbe la medida y parece un guiño a los eurodiputados socialistas del S&D, que siempre han declarado estar en contra del ISDS si éste no incluye una lista cerrada de “jueces independientes”.

Pero el nuevo ICS del CETA, al igual que el del TTIP, no incluye una lista cerrada de jueces independientes, sino “un tribunal permanente que dirima disputas institucionales con jueces nombrados previamente por EEUU y Canadá” y un “mecanismo de apelación”. El problema es que en el TTIP y el CETA los árbitros no serán jueces de carrera, sino personalidades reconocidas en el mundo del arbitraje internacional que perfectamente pueden proceder del sector privado, admiten en la Comisión Europea.

“El mandato que yo tengo de los estados miembros es el de introducir un nuevo sistema en el TTIP para que en las futuras negociaciones podamos contar con una corte multilateral permanente”, anunció Malsmtröm en su comparecencia a principios de semana. “Es en el CETA donde veremos lo que pasará después con el TTIP”, añadió.

Los socialistas aún no se han pronunciado en bloque. Los socialistas franceses, que han votado no al informe de opinión del TTIP, rechazan igualmente el ICS, “un ISDS edulcorado, un arbitraje privado estilo Canada Dry”, ironizan en un comunicado. “El riesgo de impedir a los países mantener públicos los sectores que desean defender de las garras de la liberalización es grande”, señalan.

También en Canadá

La oposición a la corte de arbitraje no solo se da en Europa. “Los anti-CETA canadienses conocen la pésima experiencia de su país con el sistema de arbitraje inversor-estado del NAFTA”, como ha señalado el columnista canadiense Thomas Walkom, sorprendido por la creciente oposición en Europa: “Ha sido el espectro del TTIP con Estados Unidos lo que ha despertado las primeras críticas en Europa. Si las firmas canadienses desafían la ley europea, ¿cómo no lo van a hacer las norteamericanas?”, se pregunta.

Johaness Kleis, portavoz de la asociación de consumidores europeos (BEUC) y favorable a un acuerdo de libre comercio con garantías, cree que los tribunales de arbitraje en los acuerdos de libre comercio son prescindibles: “No hay necesidad de un sistema de arbitraje privado que dará más privilegios a los inversores extranjeros, independientemente de si son de la UE, de EEUU o de Canadá”, dice.

Hay quien ve mucho secretismo en los seis años de negociación entre Canadá y la UE. “El acuerdo con Canadá es en estos momentos más preocupante que el TTIP no solo por su presumible inminente aprobación sino por su contenido, de un calado más duro y agresivo”, carga la profesora de Derecho de la Universidad de Valencia, Adoración Guamán, muy crítica con este tipo de acuerdos.

“La UE pretende aprobar en 2016 un tratado cuya negociación se ha realizado en la más completa opacidad, aunque de aprobarse el CETA se convertirá en el segundo tratado comercial más ambicioso que tiene hasta el momento la Unión”, agrega Guamán.

La propuesta de Podemos para que Castilla-La Mancha se declarara contraria al polémico TTIP ha caído en saco roto. Ni PP ni PSOE la han respaldado en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales: los 'populares' han votado en contra y los socialistas se han abstenido, por lo que solo ha contado con el respaldo de la formación morada. La iniciativa de Podemos pedía que la comunidad autónoma no aceptara ni los principales principios ni los objetivos del Acuerdo Trasatlántico de Comercio, y que se comprometiera en la defensa de los servicios públicos.

Concretamente, en la proposición no de ley, defendida por el diputado David Llorente, Podemos pedía al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados “servicios sociales útiles”; y al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir que ciertos mecanismos como el 'Investor-to-State Dispute Settlement' no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado.

La defensa de Podemos de la propuesta se ha basado en conseguir que mediante este Acuerdo Transatlántico no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente o que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y ambientales.

Pero la postura de PP y PSOE han sido clara. El diputado 'popular' Lorenzo Robisco ha dicho que este acuerdo va a favorecer “mucho” los intereses de Estados Unidos y Europa y sobre todo de los pequeños empresarios en los que, a su juicio, se va a generar “millones” de puestos de trabajo. “Se trata de liberalizar el mercado, que sea más competitivo, quitar impuestos y aranceles a los productos de la región, poder competir en el exterior y poder vender más y mejor todo tipo de productos en Europa y en Estados Unidos”, ha defendido.

Desde el PSOE, el diputado Rafael Esteban ha explicado que su partido no está en contra de que se puedan lanzar acuerdos a nivel internacional, pero sí ha denunciado que “no existe la información suficiente” en relación al TTIP. Por eso se ha mostrado partidario de que participe la ciudadanía y de que exista la documentación suficiente y necesaria para poder tomar un juicio de valor razonable, pero no obstante ha justificado su abstención en la votación en que Podemos no ha retirado algunos puntos de esta iniciativa, como el referéndum que solicitaba la formación morada.

La movilización, convocada por la Iniciativa contra el llamado Tratado de Libre Comercio, forma parte de los actos programados entre el 10 y el 17 de octubre contra este acuerdo

Un centenar de personas se han concentrado este sábado en Pamplona para rechazar el TTIP (Tratado de Libre Comercio entre Europa y EEUU) y reivindicar “un comercio para el beneficio de la gente y no de las multinacionales”.

La protesta, convocada por la Iniciativa contra el TTIP Navarra, se ha desarrollado en el Paseo de Sarasate tras una pancarta en la que se leía 'En Navarra, tratados de libre comercio no'.

La movilización se enmarca en los actos programados dentro de la semana internacional de acción contra los tratados de libre comercio, que se va a desarrollar entre el 10 y 17 de octubre en la Comunidad foral.

Para los organizadores de la protesta, estos tratados de libre comercio son “siniestros”, ya que, en su opinión, “amenazan nuestra democracia, los servicios públicos, las normas sociales y ambientales y ponen en peligro la agricultura de calidad, las normas alimentarias y la indispensable transición energética”.

“Los beneficiarios de estos acuerdos son las grandes multinacionales que presionan”, han sostenido, para incidir en que con estos tratados de libre comercio “se intenta profundizar y hacer irreversibles los procesos de desposesión que ha habido en las últimas décadas, con transferencias masivas de poder desde el sector público a los intereses privados”.

En realidad no se trata tanto de un cambio de significado sino de aquél a quien se aplica. La libertad ha pasado de ser una cualidad humana a convertirse en un “derecho” para los objetos, para las mercancías, para el dinero, para los activos financieros: ¡Que nada impida su movimiento! ¡Que circulen, que circulen! Europa trabaja duro para eliminar barreras comerciales, sanitarias, sociales, prepara el gran acuerdo con el amigo americano para que el trasiego sea aún mayor. La consigna está muy clara: ¡El libre comercio nos sacará de la crisis, nos hará prósperos! Hay que “desregular”, quitar trabas, eliminar controles, reducir restricciones, barreras obsoletas que sólo perjudican el crecimiento y el progreso. En el cajón quedan recluidas iniciativas absurdas y paralizantes como la directiva europea de baja maternal o la de calidad del aire, ¿a qué viene preocuparse con esas minucias que sólo suponen más problemas para nuestra economía? ¿No hay bastante con toda esa pesada legislación laboral y medioambiental que tienen que arrastrar nuestras empresas y que perjudica su competitividad? El concepto sagrado, el dogma incontestable: la competitividad…

En un contexto así, a nadie debería sorprenderle que la iniciativa de reglamento de la Comisión Europea para marcar unos límites máximos de contaminación radiactiva para los productos alimenticios afectados por un accidente nuclear, permita de facto la comercialización de productos altamente contaminados. Los expertos de la Comisión de Investigación e Información Independiente sobre la Radiactividad (CRIIAD) la consideran una auténtica aberración. Sus informes alertando de que los límites establecidos son muy bajos y de que el consumo de productos contaminados con las dosis toleradas por la Comisión representa una grave amenaza para la salud, especialmente de los grupos más vulnerables como niños y mujeres embarazadas, han sido menospreciados. El parlamento Europeo ratificó en su sesión de julio esta propuesta. La responsable del informe sobre ese proyecto, la eurodiputada del PP español Esther Herranz García, ironizó sobre las demandas de transparencia -¿a qué viene eso en un tema puramente científico?- y proclamó su absoluta confianza en los expertos consultados, todos ellos técnicos de Euratom, un organismo cuyo objetivo es “el rápido desarrollo de la industria nuclear”, y todos ellos protegidos por un estricto anonimato…

La lección está muy clara: un poco de radiactividad y el riesgo de unas cuantas malformaciones y algún que otro cáncer no nos van a parar: el show debe continuar. La orquesta de la Gran Coalición sigue tocando… como la del Titanic.

“Tenemos que ser como ese mosquito, que es pequeño, pero que, si está en una habitación, no te deja dormir por la noche”. Iosu Osta, maestro, miembro del movimiento Attac Nafarroa-Navarra e integrante de la Iniciativa contra el TTIP Nafarroa plantea así, como una lucha de David contra Goliat, la crítica a este Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). Un tema que puede sonar desconocido, y complejo, y por eso la iniciativa ha participado este sábado en el II día internacional de lucha contra el TTIP, basado principalmente en una reivindicación: pedir información sobre las negociaciones que están manteniendo Estados Unidos y la Comisión Europea.

¿Cree que la ciudadanía está al corriente de qué es el TTIP?

Los medios de comunicación están sacando muy poca información, la gente no sabe qué es el TTIP y, además, las siglas son siempre complejas. Además, hablar de un tratado sobre el libre comercio suena hasta bien. ¿Quién va a estar en contra?

El objetivo es, en teoría, fomentar el libre comercio y las inversiones, y plantear un denominador común a las diferentes normativas.

Hablan de favorecer el comercio y minimizar los obstáculos. Unos pueden ser los aranceles, pero la media es de apenas un 4 o un 5% y, por tanto, son insignificantes. Con lo cual, esa no es la razón de fondo. Lo que quieren homogeneizar a la baja son las legislaciones, todas esas normas pequeñas que se usan en Europa y Estados Unidos en cuestiones de salud, medio ambiente… Por ejemplo, Europa tiene el principio de precaución y, ante la duda de que un producto sea malo para la salud o el medio ambiente, lo quita; en Estados Unidos es al contrario, vale todo y es la Administración la que debe demostrar que tiene consecuencias negativas.

Entonces, ¿es el modelo estadounidense impuesto a Europa?

En casi todos los temas sí. Excepto igual, si hablamos de los grandes temas, el de las transacciones financieras, donde sí son más radicales en la protección en EE.UU que en Europa.

¿Pero qué gana entonces Europa con este tratado?

Aquí el tema no está en Europa o Estados Unidos, sino en las multinacionales, que no tienen patria. Quieren cambiar las reglas del juego y dominarlo más todavía. Lo único que les interesa es el dinero. El TTIP es un tema de las multinacionales contra el pueblo europeo y el norteamericano. ¿Cuáles van a salir ganando? Todas. Y van a perder las pequeñas industrias, los agricultores y ganaderos y la población. Los grupos de presión son los que deciden en este tema, por eso a menudo decimos que es antidemocrático y oscuro.

Se refiere a la falta de información sobre cómo marchan las negociaciones. Si apenas sabemos sobre ellas, ¿por qué entonces la Iniciativa contra el TTIP tiene tan clara su oposición al tratado?

Este es un tema clave. En todos los acuerdos comerciales no se sabe lo que se negocia ni lo que se firma. No hay información, y esta es nuestra principal queja, sino solo filtraciones [menciona Wikileaks y la investigación de diversas ONG] que, incluso, caen en contradicciones. Por eso, muchas de las cosas que digo son parece ser o puede ser. Sueltan documentos sesgados de lo que Europa propone, pero no de lo que se acuerda. Y eso genera desconfianza. Al vampiro hay que matarlo con luz.

¿No les pueden acusar, por lo tanto, de ser agoreros porque la decisión no está tomada?

Por eso lo primero que pedimos es información y un proceso democrático. En su debate y en la decisión final.

Llama la atención que se produzca este debate cuando no hemos dejado atrás la crisis. ¿Cree que la ciudadanía está dispuesta a ceder derechos, por ejemplo, por más trabajo?

Parece que las grandes decisiones están por encima de las constituciones de cada país. La sensación es que el dinero está por encima de todo. Y, por supuesto, que saben vender este tratado. El problema es que no es verdad esa generación de empleo, porque hace más de veinte años ya firmaron un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México [se refiere al NAFTA, vigente desde 1994] y se ha visto que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo [la politóloga Susan George habló de la destrucción de 700.000 empleos en la industria estadounidense]. Y, en todo caso, si los datos fueran verdad, que den argumentos.

Attac Navarra-Nafarroa y la propia Iniciativa contra el TTIP han hablado de los proyectos concretos a los que puede abrir la puerta este tratado en Europa. Y mencionan el fracking, los transgénicos o los medicamentos con menos controles. los proyectos concretos

Son proyectos que pueden tocar más de cerca a la gente. Y hay temas, en mi opinión, aún más graves: por ejemplo, el ISDS [un mecanismo para la resolución de conflictos entre multinacionales y estados], que permite a las multinacionales llevar a un tribunal al margen para que tres abogados decidan el veredicto. Esto ha generado una enorme oposición, aunque ahora parezca que lo quieren suavizar.

Esta semana han organizado una cadena humana entre partidos como UPN, PPN, PSN y Geroa Bai [los dos primeros no votaron en contra del TTIP en el Parlamento navarro; los dos últimos se abstuvieron]. ¿Conseguir que esos partidos se comprometieran contra el TTIP lograría algo?

Hombre, esto es una escalera. Lo más importante es llegar a Europa.