Más de 600.000 juguetes falsificados que iban a venderse al precio de los originales. Unas 25 toneladas que imitaban artilugios originales de la popular serie de Netflix, Stranger Things, y se escondían en cinco naves situadadas entre Getafe, Parla o Fuenlabrada. Es lo que ha hallado la Policía Nacional en una operación reciente, que califican como la mayor aprehensión de este tipo de material procedente de China y con riesgo para los menores.

El material intervenido tiene una calidad mucho menor a la de los productos originales con el riesgo que conlleva para los destinatarios, en muchas ocasiones niños, según ha explicado la Policía Nacional. Además, durante la investigación se han realizado inspecciones en naves de varios puntos de la Comunidad de Madrid.

Como resultado, se ha detenido a dos personas a las que se les acusa de ser autores de un presunto delito contra la propiedad industrial. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del flujo de envíos sospechosos procedentes de China.

Por norma general, las partidas de este material presentaban documentación irregular con datos de identidad y contacto falsos para dificultar cualquier actuación policial, lo que hizo saltar las alarmas entre los agentes.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la provincia de Zaragoza dedicada, presuntamente, a facilitar documentación falsa a migrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en nuestro país. El entramado, que contaba con miembros especializados en la falsificación de documentos por los que cobraban hasta 10.000 euros, habría beneficiado con su actividad ilícita a más de 5.000 migrantes. Entre los detenidos se encuentra el cabecilla, empresario responsable de locales convertidos en infraviviendas donde residían numerosas personas en situación irregular. La operación policial, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ha concluido con el arresto de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1), entre las que se encuentran los principales responsables de la red criminal.

La investigación policial se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos en situación irregular de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes se detectó la aportación de documentación carente de autenticidad, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones.

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada en España, principalmente en la provincia de Zaragoza, aunque con ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia y Huesca. Esta red se dedicada a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y guiarlos en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para ello, la organización recurría sistemáticamente a la falsificación de documentos esenciales para la presentación de las solicitudes

La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación administrativa. A dichos individuos se les ofrecía la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y la obtención de certificados médicos, entre otros documentos utilizados para simular el cumplimiento de los requisitos legales.

Empadronamientos y contratos de trabajo falsos

Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos empleaban varios métodos, desde la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los domicilios donde empadronaban, hasta el conocido método llamado “look-a-like”, mediante el cual se presentaban individuos con parecido físico a la persona a empadronar, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena —incluidos pasaportes— percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad.

Asimismo, se detectó la existencia de empresas pantalla utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos laborales inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después, con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.

Más de 5.000 migrantes

Los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación asociada. Se estima que desde el inicio de las actividades delictivas atribuidas a la organización criminal investigada, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido los documentos necesarios para iniciar los trámites de regularización en España superaría los 5.000.

Durante la operación policial se ha procedido a la detención de 61 personas de origen español, argelino y marroquí. Del total de detenidos, 18 son miembros de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar. De igual modo, se ha llevado a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios de Zaragoza, donde se ha incautado dinero en efectivo, documentos falsos, así como diversa documentación relacionada con los hechos narrados. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Para el desmantelamiento de la organización criminal ha resultado esencial la estrecha y continuada colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya intervención permitió dotar a las unidades investigadoras de todos los medios materiales y documentales necesarios para el adecuado desarrollo de las diligencias policiales.

Va arribar en 1961 a Eivissa un home curiós, empolainat, d'aspecte noble i somrient, envoltat de mites i falsedats. Començant pel seu nom i acabant per la seva edat. En realitat es deia Elemér Albert Hoffman i havia nascut a Budapest en 1906. Encara que ell, el reeixit –i fraudulent– Elmyr de Hory, afirmava haver-ho fet just un lustre després. No va deixar indiferents als habitants de l'illa, ja en ple esclat del moviment hippy, que es concentrava en els bars i cafès del port de Vila: antisistema europeus, novel·listes holandesos i restes de beatniks que havien arribat a la pitiusa en els anys cinquanta fugint de la cultura estatunidenca del moment. L'hongarès, amb una història reservada, es va convertir en l'epicentre de les tafaneries, que els nous illencs, gairebé tots estrangers fills de famílies adinerades (també hi havia molts catalans) i, per tant, sense ocupacions, practicaven diàriament en l'espai públic eivissenc on començaven a predominar.

“Eivissa [...] és una illa encantadora, càlida i frívola a l'estiu, suportable a l'hivern, barata en qualsevol estació. Però també és una petita illa on tothom s'ocupa dels assumptes de tot el món i on poques indiscrecions passen desapercebudes. La comunitat d'expatriats d'Eivissa és una espècie de Nacions Unides en miniatura i d'aspecte psicodèlic”, relata l'escriptor estatunidenc Clifford Irving en la biografia de qui es va convertir en el seu íntim amic Elmyr.

El falsificador, que tenia indubtables habilitats per a la pintura, va recalar en el recòndit lloc del Mediterrani abans que la policia l’atrapés i després d'enganyar un col·leccionista americà que va acabar adonant-se que li havia venut un fals Picasso i el va citar a la Unió Americana. El malagueny no va ser l'únic pintor famós –i encara viu– a qui l'hongarès, no falto de talent, però sí d'inventiva, va copiar amb destresa. En la seva llista es van anar acumulant els noms de fauvistes i impressionistes francesos com Claude Monet, Henri Matisse, André Derain, Pierre-Auguste Renoir i, sobretot, el de l'expressionista italià Amedeo Modigliani.

Va falsificar a Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse, André Derain, Pierre-Auguste Renoir i, sobretot, a l'expressionista italià Amedeo Modigliani

De l'halo de misteri que desprenia Elmyr a Eivissa tan sols es treia la conclusió que havia heretat la seva fortuna i que no havia treballat en la seva vida. Llavors, el nou habitant ja havia passat per diversos pseudònims: Elmyr de Hory o Dory-Boutin, Herzog, L. E. Raynal, Louis Nassau, Elmyr von Houry. Pel que sembla, els catalitzadors d'innombrables identitats falses van ser la seva homosexualitat així com la persecució que havia sofert per part del feixisme en haver nascut en el si d'una família jueva. Tenia tendència a crear un alter ego provenent d'una família aristocràtica que havia passat per episodis de desfortuna i es veia obligat a vendre les seves possessions, una àmplia col·lecció d'art, per a finançar el seu elevat nivell de vida.

Els catalitzadors d'innombrables identitats falses van ser la seva homosexualitat així com la persecució que havia sofert per part del feixisme en haver nascut en el si d'una família jueva

Dos marxants problemàtics

La crua realitat era que, després d'anys estudiant en diferents acadèmies de Belles Arts i d'intentar triomfar com a artista sense èxit, va començar a copiar a grans noms de corrents artístiques del moment. “És un gran pintor de tècnica, però un mal creador, no arriba al públic”, explica Marta Cuadros, directora del departament de Pintura Contemporània de la casa de subhastes Segre. L'experta explica, a més, que ara ja no, però abans detectar falsificacions depenia d'un ull expert i col·locar-les era “molt fàcil”.

La primera victòria de Elmyr com a falsificador va ser la venda, a París, d'un esbós que imitava l'estil de Picasso a una amiga seva britànica. Poc després es va traslladar a Nova York, on va coincidir amb un marxant que, al costat d'un altre soci, es convertiria en distribuïdor del seu [fals] art. El tàndem format per Fernand Legros i Réal Lessard, que venien sovint a Eivissa, cridava l'atenció dels locals. Van ser ells els qui van tenir la idea de contractar perits que confirmessin falsament la veracitat dels quadres.

La primera victòria de Elmyr com a falsificador va ser la venda, a París, d'un esbós que imitava l'estil de Picasso a una amiga seva britànica

Li havien regalat al ja conegut De Hory un cridaner Mustang vermell fosc descapotable i, quan va començar la recerca de la Interpol, amb les primeres notícies del frau dels marxants a la premsa europea i estatunidenca va ser impossible no sospitar d'ell. Encara així, va quedar diversos anys fora del punt de mira. Però, a pesar que era un “alquimista” que coneixia els pigments, vernissos, teles i els bastidors a la perfecció –al principi, els aconseguia en el mercat de les puces de París–, els avanços tecnològics van destapar finalment la seva mentida.

Aviat, la que era la seva rutina a Eivissa, lleugera, com la de tot el seu cercle d'amics, va tocar fi. Per l'illa encara corre el rumor que en el mercat de Les Dialies el pintor venia les seves falsificacions a canvi d'un compte obert per a embriagar-se. “Hi havia molts artistes amb un compte al bar on anaven acumulant despeses i, quan no podien pagar, ho feien amb les seves obres, però Elmyr no era un d'ells”, especifica Juanito, amo del mercat, ara una ineludible atracció turística. Freqüentava, això sí, Les Dàlies: “Venia i estava per aquí, s'asseia al costat de la xemeneia a fer les seves coses”, conta el propietari.

Hi havia molts artistes amb un compte al bar on anaven acumulant despeses i. quan no podien pagar, ho feien amb les seves obres, però Elmyr no era un d'ells. Venia i estava per aquí, s'asseia al costat de la llar de foc a fer les seves coses

Juanito — Propietari del mercat de Las Dalias

Un dia de la primavera de 1967, Elmyr, ple “d’ansietat”, va buscar al que s'havia convertit en un dels seus amics més íntims a l'illa, el polèmic Irving, autor de ‘Fake! The Story of Elmyr de Hory the Greatest Art Forger of Our Time’. L'estatunidenc, entre els artistes i intel·lectuals traslladats a Eivissa en els seixanta, tampoc va escapar del frau: es va inventar la biografia del productor de cinema Howard Hughes. Sí que era, no obstant això, una de les persones més pròximes al falsificador, qui en un arravatament frustrat de sincerar-se amb la pintora Edith Sommer, amb qui havia entaulat amistat, li va dir: “No soc un assassí, de cap manera aquest és el meu món, però [si alguna vegada li comptés el meu secret] s'espantaria tant com si ho fos”. L'alemanya, fruit de la seva època i condició social, també s'havia establert a l'illa.

Tancat a la presó

En destapar-se bona part de falsificacions, l'antic Tribunal de Vagos y Maleantes, que es va encarregar durant el franquisme de perseguir i castigar persones considerades més que perilloses, antisocials, va començar a investigar a de Hory. D'una banda, per conviure amb delinqüents. En aquell moment, un dels seus promotors, Legros, ja havia començat a copar les portades dels periòdics per múltiples estafes en el món de l'art després que un important càrrec de la Companyia General Americana del Petroli, Algur Hurtle Meadows, s'adonés que ell i el seu soci, Lessard, li havien venut un fals Modigliani per 45.000 dòlars. Legros i l'hongarès convivien junts en la vila de La Falaise (‘El penya-segat’, en francès’), al costat de la mar, al barri de Los Molinos de Vila, on tenien un estudi ocult que servia de taller a Elmyr.

D'altra banda, a pesar que a l'illa corrien rumors que el pintor provenia d'una família de terratinents, a penes posseïa mitjans per a viure. El tribunal d'Eivissa el va acabar jutjant per un delicte d'homosexualitat, convivència amb criminals i per no comptar amb mitjans de subsistència, pels quals va ingressar en el centre de detenció de l'illa –a l'actual Refectori–, conegut llavors com l'hotel Naranjo per l'arbre fruiter que hi havia en el seu centre i perquè les normes per als reclusos eren molt laxes. Va passar dos anys sencers allí, on xerrava amb els seus amics com si estiguessin de “tertúlia en un bar”. “Ell a baix, al pati, i ells en la balconada de la planta alta”, descriu un article de Diari d'Eivissa de l'època. En 1968 va ser alliberat, però el seu periple judicial encara no havia arribat a la seva fi, ja en l'ull de mira de les autoritats pels seus milers de falsificacions d'art (en total, se n’hi atribueixen més de mil), el cas es va elevar a l'Audiència Provincial de Palma, que es platejava la seva extradició a França.

Un tribunal franquista el va acabar jutjant per un delicte d'homosexualitat, convivència amb criminals i per no comptar amb mitjans de subsistència, pels quals va ingressar en el centre de detenció de l'illa

La Falaise i un suïcidi amb barbitúrics

Quan va sortir de presó, li havien concedit només dues setmanes per a solucionar tots els seus assumptes i tancar la vila que tenia en Dalt Vila, construïda per l'arquitecte d'origen alemany Erwin Broner –qui coneixia bé al pintor–. Després, hauria d'abandonar l'illa un any, durant el qual va viure en Torremolinos (Màlaga).

Passat aquest període, va tornar a Eivissa quan ja l'havien vinculat amb diverses falsificacions als Estats Units i França, però com a Espanya estava fora de perill –llavors, en els últims compassos de dictadura, encara no hi havia encara acords d'extradició amb el país gal–, no li va quedar més que acollir-se a la seva nova personalitat: la del falsificador d'art que havia aconseguit enganyar el món. Va intentar viure de la seva obra original, sense aconseguir que això donés els seus fruits. Irving i De Hory van aprofitar el seu halo de fama derivada dels fraus comesos per a protagonitzar el documental d'Orson Welles ‘F for Fake (1973)’, amb escenes gravades a l'illa i que va qüestionar fins a quin punt les còpies eren inferiors a les obres originals.

De fet, la majoria dels quadres que va fer en aquesta etapa -i moltes falsificacions- formen part de col·leccions privades d'Eivissa, assenyala el conseller illenc de Cultura, Miquel Costa. En concret, el que fos fundador de la discoteca Space (1986), Pepe Roselló, compta amb una trentena d'obres del pintor que ha mostrat en exposicions organitzades amb ajuntaments. El mateix Consell d'Eivissa també té vuit treballs de l'autor –es calcula que n’hi ha un centenar a l'illa–, l'obra de la qual s'ha anat revaloritzant aquests últims anys a causa “del mite i del morb”, assenyala Cuadros.

La seva història ha fet que es converteixi en una picada d'ullet important en la història de l'art i, des dels anys 2000, arriben a la casa d'apostes de Madrid quadres amb la seva signatura que es venen cada vegada per més diners. Una natura morta seva –segons el pintor cubista madrileny Juan Gris– es va arribar a vendre a la casa de subhastes per 7.500 euros. Aquesta tendència ha portat al fet que el falsificador sigui ara, al seu torn, falsificat.

Una natura morta seva –segons el pintor cubista madrileny Juan Gris– es va arribar a vendre a la casa de subhastes per 7.500 euros. Aquesta tendència ha portat al fet que el falsificador sigui ara, al seu torn, falsificat

Encara que des de la seva sortida de presó la possibilitat de poder ser extraditat el tenia en un constant estat de nerviosisme, no va ser fins a 1976 quan el malson de Elmyr es va convertir en realitat: Mark Forgy, el seu assistent-aprenent personal durant més d'una dècada a l'illa, el va avisar que el govern espanyol i el francès havien arribat a un acord per a jutjar-lo per frau. No va passar molt fins que el jove trobés el seu cos a la mansió i el traslladés a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, a Vila, per a veure si podien salvar-lo. De Hory va deixar una incògnita entre les seves amistats: Era, la seva mort, la seva última falsa? L'aprenent va confirmar que havia mort entre els seus braços de camí a la clínica eivissenca.

Llegó en 1961 a Eivissa un hombre curioso, acicalado, de aspecto noble y sonriente, rodeado de mitos y falsedades. Empezando por su nombre y terminando por su edad. En realidad se llamaba Elemér Albert Hoffman y había nacido en Budapest en 1906. Aunque él, el exitoso –y fraudulento– Elmyr de Hory, afirmaba haberlo hecho justo un lustro después. No dejó indiferentes a los habitantes de la isla, ya en pleno estallido del movimiento hippy, que se concentraba en los bares y cafés del puerto de Vila: antisistema europeos, novelistas holandeses y restos de beatniks que habían llegado a la pitiusa en los años cincuenta huyendo de la cultura estadounidense del momento. El húngaro, con una historia reservada, se convirtió en el epicentro de los cotilleos, que los nuevos isleños, casi todos extranjeros hijos de familias adineradas (también había muchos catalanes) y, por lo tanto, sin ocupaciones, practicaban a diario en el espacio público ibicenco en el que empezaban a predominar. 

“Ibiza [...] es una isla encantadora, cálida y frívola en verano, soportable en invierno, barata en cualquier estación. Pero también es una pequeña isla donde todo el mundo se ocupa de los asuntos de todo el mundo y donde pocas indiscreciones pasan desapercibidas. La comunidad de expatriados de Ibiza es una especie de Naciones Unidas en miniatura y de aspecto psicodélico”, relata el escritor estadounidense Clifford Irving en la biografía del que se convirtió en su cercano amigo Elmyr.

El falsificador, que tenía indudables habilidades para la pintura, recaló en el recóndito lugar del Mediterráneo antes de que la policía lo atrapara y después de engañar a un coleccionista americano que terminó percatándose de que le había vendido un falso Picasso y lo citó en la Unión Americana. El malagueño no fue el único pintor famoso –y todavía vivo– a quien el húngaro, no falto de talento, pero sí de inventiva, copió con destreza. En su lista se fueron acumulando los nombres de fauvistas e impresionistas franceses como Claude Monet, Henri Matisse, André Derain, Pierre-Auguste Renoir y, sobre todo, del expresionista italiano Amedeo Modigliani. 

Falsificó a Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse, André Derain, Pierre-Auguste Renoir y, sobre todo, al expresionista italiano Amedeo Modigliani

Del halo de misterio que desprendía Elmyr en Ibiza tan solo se sacaba la conclusión de que había heredado su fortuna y que no había trabajado en su vida. Entonces, el nuevo habitante ya había pasado por varios pseudónimos: Elmyr de Hory o Dory-Boutin, Herzog, L. E. Raynal, Louis Nassau, Elmyr von Houry. Al parecer, los catalizadores de innumerables identidades falsas fueron su homosexualidad así como la persecución que había sufrido por parte del fascismo al haber nacido en el seno de una familia judía. Tenía tendencia a crear un alter ego que provenía de una familia aristocrática que había pasado por episodios de desfortuna y se veía obligado a vender sus posesiones, una amplia colección de arte, para financiar su elevado nivel de vida. 

Los catalizadores de innumerables identidades falsas fueron su homosexualidad así como la persecución que había sufrido por parte del fascismo al haber nacido en el seno de una familia judía

Dos marchantes problemáticos

La cruda realidad era que, después de años estudiando en distintas academias de Bellas Artes y de intentar triunfar como artista sin éxito, empezó a copiar a grandes nombres de las corrientes artísticas del momento. “Es un gran pintor de técnica, pero un mal creador, no llega al público”, explica Marta Cuadros, directora del departamento de Pintura Contemporánea de la casa de subastas Segre. La experta explica, además, que ahora ya no, pero antes detectar falsificaciones dependía de un ojo experto y colocarlas era “facilísimo”.

La primera victoria de Elmyr como falsificador fue la venta, en París, de un boceto que imitaba el estilo de Picasso a una amiga suya británica. Poco después se trasladó a Nueva York, donde coincidió con un marchante que, junto a otro socio, se convertiría en distribuidor de su [falso] arte. El tándem formado por Fernand Legros y Réal Lessard, que venían frecuentemente a Eivissa, llamaba la atención de los locales. Fueron ellos quienes tuvieron la idea de contratar peritos que confirmaran falsamente la veracidad de los cuadros.

La primera victoria de Elmyr como falsificador fue la venta, en París, de un boceto que imitaba el estilo de Picasso a una amiga suya británica

Le habían regalado al ya conocido De Hory un llamativo Mustang rojo oscuro descapotable y, cuando empezó la investigación de la Interpol, con las primeras noticias del fraude de los marchantes en la prensa europea y estadounidense fue imposible no sospechar de él. Aún así, quedó varios años fuera del punto de mira. Pero, a pesar de que era un “alquimista” que conocía los pigmentos, barnices, telas y los bastidores a la perfección –al principio, los conseguía en el mercado de las pulgas de París–, los avances tecnológicos destaparon finalmente su mentira.

Pronto, la que era su rutina en Eivissa, ligera, como la de todo su círculo de amigos, tocó fin. Por la isla aún corre el rumor de que en el mercado de Las Dalias el pintor vendía sus falsificaciones a cambio de una cuenta abierta para embriagarse. “Había muchos artistas con una cuenta en el bar donde iban acumulando gastos y, cuando no podían pagar, lo hacían con sus obras, pero Elmyr no era uno de ellos”, especifica Juanito, dueño del mercadillo, ahora una ineludible atracción turística. Frecuentaba, eso sí, Las Dalias: “Venía y estaba por aquí, se sentaba al lado de la chimenea a hacer sus cosas”, cuenta el propietario.

Había muchos artistas con una cuenta en el bar donde iban acumulando gastos y. cuando no podían pagar, lo hacían con sus obras, pero Elmyr no era uno de ellos. Venía y estaba por aquí, se sentaba al lado de la chimenea a hacer sus cosas

Juanito — Propietario del mercado de Las Dalias

Un día de la primavera de 1967, Elmyr, lleno de “ansiedad”, buscó al que se había convertido en uno de sus amigos más íntimos en la isla, el polémico Irving, autor de ‘Fake! The Story of Elmyr de Hory the Greatest Art Forger of Our Time’. El estadounidense, entre los artistas e intelectuales trasladados a Eivissa en los sesenta, tampoco escapó del fraude: se inventó la biografía del productor de cine Howard Hughes. Sí era, sin embargo, una de las personas más cercanas al falsificador, quien en un arrebato frustrado de sincerarse con la pintora Edith Sommer, con quien había entablado amistad, le dijo: “No soy un asesino, de ninguna manera ese es mi mundo, pero [si alguna vez le contara mi secreto] se asustaría tanto como si lo fuera”. La alemana, fruto de su época y condición social, también se había afincado en la isla.

Preso en la cárcel

Al destaparse buena parte de falsificaciones, el antiguo Tribunal de Vagos y Maleantes, que se encargó durante el franquismo de perseguir y castigar a personas consideradas más que peligrosas, antisociales, empezó a investigar a De Hory. Por un lado, por convivir con delincuentes. En aquel momento, uno de sus promotores, Legros, ya había empezado a copar las portadas de los periódicos por múltiples estafas en el mundo del arte después de que un importante cargo de la Compañía General Americana del Petróleo, Algur Hurtle Meadows, se percatara de que él y su socio, Lessard, le habían vendido un falso Modigliani por 45.000 dólares. Legros y el húngaro convivían juntos en la villa de La Falaise (‘El acantilado’, en francés’), junto al mar, en el barrio de Los Molinos de Vila, donde tenían un estudio oculto que servía de taller a Elmyr. 

Por otro lado, a pesar de que en la isla corrían rumores de que el pintor provenía de una familia de terratenientes, apenas poseía medios para vivir. El tribunal de Eivissa lo terminó juzgando por un delito de homosexualidad, convivencia con criminales y no contar con medios de subsistencia, por los que ingresó en el centro de detención de la isla –en el actual Refectori–, conocido entonces como el hotel Naranjo por el árbol frutal que había en su centro y porque las normas para los reclusos eran muy laxas. Pasó dos años enteros allí, donde charlaba con sus amigos como si estuvieran de “tertulia en un bar”. “Él abajo, en el patio, y ellos en la balconada de la planta alta”, describe un artículo de Diario de Ibiza de la época. En 1968 fue liberado, pero su periplo judicial aún no había llegado a su fin, ya en el ojo de mira de las autoridades por sus miles de falsificaciones de arte (en total, se le atribuyen más de mil), el caso se elevó a la Audiencia Provincial de Palma, que barajaba su extradición a Francia.

Un tribunal franquista lo terminó juzgando por un delito de homosexualidad, convivencia con criminales y no contar con medios de subsistencia, por los que ingresó en el centro de detención de la isla

La Falaise y un suicidio con barbitúricos

Cuando salió de prisión, le habían concedido sólo dos semanas para solventar todos sus asuntos y cerrar la villa que tenía en Dalt Vila, construida por el arquitecto de origen alemán Erwin Broner –quien conocía bien al pintor–. Después, tendría que abandonar la isla un año, durante el que vivió en Torremolinos (Málaga). 

Pasado este periodo, volvió a Eivissa cuando ya lo habían vinculado con varias falsificaciones en Estados Unidos y Francia, pero como en España estaba a salvo –entonces, en los últimos compases de dictadura, aún no había acuerdos de extradición con el país galo–, no le quedó más que acogerse a su nueva personalidad: la del falsificador de arte que había conseguido engañar al mundo. Intentó vivir de su obra original, sin conseguir que esto diera sus frutos. Irving y De Hory aprovecharon su halo de fama derivada de los fraudes cometidos para protagonizar el documental de Orson Welles ‘F for Fake (1973)’, con escenas grabadas en la isla y que cuestionó hasta qué punto las copias eran inferiores a las obras originales.

De hecho, la mayoría de los cuadros que hizo en esa etapa -y muchas falsificaciones- forman parte de colecciones privadas de Eivissa, señala el conseller isleño de Cultura, Miquel Costa. En concreto, el que fuera fundador de la discoteca Space (1986), Pepe Roselló, cuenta con una treintena de obras del pintor que ha mostrado en exposiciones organizadas con ayuntamientos. El propio Consell d'Eivissa cuenta también con ocho trabajos del autor –se calcula que hay un centenar en la isla–, cuya obra se ha ido revalorizando estos últimos años a causa “del mito y del morbo”, señala Cuadros.

Su historia ha hecho que se convierta en un guiño importante en la historia del arte y, desde los años 2000, llegan a la casa de apuestas de Madrid cuadros con su firma que se venden cada vez por más dinero. Un bodegón suyo –según el pintor cubista madrileño Juan Gris–se llegó a vender en la casa de subastas por 7.500 euros. Esta tendencia ha llevado a que el falsificador sea ahora, a su vez, falsificado.

Un bodegón suyo –según el pintor cubista madrileño Juan Gris–se llegó a vender en la casa de subastas por 7.500 euros. Esta tendencia ha llevado a que el falsificador sea ahora, a su vez, falsificado

Aunque desde su salida de prisión la posibilidad de poder ser extraditado lo tenía en un constante estado de nerviosismo, no fue hasta 1976 cuando la pesadilla de Elmyr se convirtió en realidad: Mark Forgy, su asistente-aprendiz personal durante más de una década en la isla, le avisó de que el gobierno español y el francés habían llegado a un acuerdo para juzgarle por fraude. No pasó mucho hasta que el joven encontrara su cuerpo en la mansión y lo trasladara a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Vila, para ver si podían salvarle. De Hory dejó una incógnita entre sus amistades: ¿Era, su muerte, su última falsa? El aprendiz confirmó que había fallecido entre sus brazos de camino a la clínica ibicenca.

Las falsificaciones de productos, que suponen el 2,3% del comercio mundial, y la explotación laboral —incluida la infantil— no son fenómenos aislados, sino prácticas que “se refuerzan mutuamente”. Así lo advierte un informe publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El estudio señala que la producción de bienes falsificados está “estrechamente” ligada al trabajo forzoso, “al trabajo infantil peligroso y a otras violaciones graves de los derechos laborales”. Ambas organizaciones alertan de que estas prácticas prosperan en contextos de gobernanza débil, escasa aplicación del Estado de derecho y elevada vulnerabilidad social.

El mercado de las falsificaciones mueve unos 467.000 millones de dólares al año, según las estimaciones que recoge el documento, y recurre a la explotación para reducir los costes de los traficantes. Los modelos econométricos que emplean los investigadores muestran la correlación entre una menor protección del salario mínimo y niveles más altos de actividad falsificadora. El informe apunta a vínculos significativos entre altos niveles de informalidad laboral y una mayor exposición a la economía ilícita.

Esclavos que cosen logos falsificados

Aunque el estudio no señala a países concretos como responsables directos, sí menciona iniciativas que considera ejemplares, como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur aprobada en Estados Unidos en 2022, que prohíbe las importaciones vinculadas a la región china de Xinjiang. En esa zona, la ONU acusa desde hace años a Pekín de reprimir a la minoría uigur, de mayoría musulmana.

En informes anteriores, la OCDE y la EUIPO habían identificado a China como uno de los principales focos de producción de falsificaciones, junto a Hong Kong, Turquía, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, estos dos últimos como puntos de tránsito.

Los sectores más afectados son aquellos con mayores márgenes de rentabilidad, como el textil, la ropa y el calzado, donde los grupos criminales recurren a talleres clandestinos para tareas como coser logotipos falsos en prendas y zapatillas. También figuran entre los más vulnerables la electrónica, los productos farmacéuticos, el tabaco, los juguetes y los cosméticos.

El informe se apoya, además, en denuncias de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que ha documentado casos de menores obligados a colocar logotipos falsificados en ropa y calzado, así como de migrantes introducidos de forma irregular y coaccionados para vender productos falsos en las calles de ciudades del sur de Europa.

Un equipo internacional de investigadores ha logrado recuperar ADN humano de varios objetos históricos, entre ellos un dibujo en tiza roja conocido como El Santo Niño cuya autoría por Leonardo da Vinci está cuestionada. El hallazgo lo ha adelantado esta semana en exclusiva la revista Science en un extenso artículo periodístico titulado “El verdadero Código da Vinci”. Sus afirmaciones se basan en un resultado preliminar no revisado por pares, publicado en el repositorio Bioxiv, demasiado vago como para sugerir que estamos más cerca de identificar el material genético del genio renacentista.

El preprint en el que se basa el anuncio concluye que las secuencias del cromosoma Y halladas en el dibujo y en una carta escrita por un primo de Leonardo pertenecen a un grupo genético de un clado amplio conocido como E1b1/E1b1b. Esto, como admiten los propios autores, no prueba ninguna relación con Da Vinci. De hecho, probarlo es una tarea casi imposible, dado que no existen restos de su cuerpo ni descendientes directos, por no hablar de que el ADN podría pertenecer a otras personas que manipularon las obras a lo largo del tiempo. O de que la autoría del dibujo del Santo Niño sigue siendo objeto de gran controversia y muchos expertos la atribuyen a uno de sus alumnos.

Un proyecto con mucho tirón mediático  

La investigación forma parte del Leonardo da Vinci DNA Project, una iniciativa multidisciplinar cuyo objetivo es reconstruir parte del ADN del genio florentino a partir de comparaciones indirectas con familiares vivos y con huesos atribuidos a parientes enterrados en criptas familiares. El tema es muy jugoso desde el punto de vista mediático y fácil de rentabilizar. El último golpe de efecto lo presentaron en enero de 2025, cuando anunciaron la identificación de 15 supuestos descendientes por vía masculina directa del padre y el medio hermano de Leonardo, de los cuales seis se prestaron a pruebas genéticas.

En la web de esta iniciativa se hacen afirmaciones de carácter científicamente dudoso, como que hallar el perfil genético “podría revelar los atributos inusuales de Leonardo, en particular su extraordinaria agudeza visual”. Y se defiende la posible utilidad de las técnicas desarrolladas en el proyecto para la extracción y secuenciación de ADN de obras de arte centenarias y su uso para la atribución fiable de obras de arte.

Entre los miembros del proyecto aparecen personajes tan polémicos como el presentador de televisión Cristian Gálvez (acusado de falta de rigor) o José Antonio Lorente, el genetista de la Universidad de Granada (UGR) que anunció a través de un documental en TVE que Cristóbal Colón tenía “rasgos compatibles con origen judío”, aunque más de un año después no ha presentado el estudio científico que prometió. La forma de presentar aquel hallazgo se parece a la que ha utilizado el proyecto para buscar el ADN de Leonardo a través de Science y remite a la que siguió la revista Time hace un año, cuando dio en exclusiva el engañoso anuncio de la empresa Colossal Biosciences de que había desextinguido el lobo gigante. 

Al salirse de los esquemas y convertirse en icono de genialidad, la figura de Leonardo da Vinci ha propiciado la proliferación de estudios sobre los más diversos aspectos de su vida, muchos de ellos especulativos, sin base científica o directamente fantasiosos. Su aura parece justificar investigaciones que, más que aportar evidencia, buscan agrandar su leyenda o tener una gran repercusión mediática que se rentabiliza a través de libros o documentales.

Demasiados condicionantes

Lluis Montoliu, especialista en genética y bioética del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), reconoce que hay un interés en descubrir el ADN de Leonardo da Vinci, pero considera poco riguroso intentar encontrar el porqué de sus genialidades en sus genes. “Hay que recordar siempre que la genética predispone, pero la educación y las interacciones que él tuvo durante su vida fueron los que esculpieron su manera de pensar y su talento”, explica. 

El experto admite que es cierto que el cromosoma Y que han usado los autores para el análisis es el que cambia menos y que pasa casi de forma intacta de padres a hijos masculinos. “Pero, de ahí a deducir que esa muestra tiene similitudes con un supuesto familiar de Leonardo, o que el exudado que sacan del dibujo pertenece a Leonardo, hay un trecho enorme”, advierte.

Gemma Marfany, catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona (UB), subraya que en el estudio no aparece una muestra única de ADN, sino una gran mezcla de perfiles genéticos de plantas y animales, hongos, bacterias y hasta virus, como era de esperar en un objeto antiguo. “Las muestras de ADN humano en los objetos analizados están parcialmente degradadas, pero además, contienen perfiles mezclados de diversos donantes humanos , con lo que es muy difícil identificar la contribución genética de una persona concreta”, asegura. Sería distinto si el ADN antiguo se extrajera directamente de un único hueso, en el que se obtendría ADN de un único donante humano más ADN contaminante ambiental, según Pedro Morell, investigador postdoctoral que investiga en ADN antiguo.

No se puede inferir realmente si pertenecieron o no a Leonardo, ni si parte del ADN identificado pertenece a él o algún otro miembro de su familia, o de su región de origen

Gemma Marfany — Catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona (UB)

Por otro lado, los haplotipos parciales hallados en las muestras apuntan a parte del cromosoma Y muy frecuente en el Mediterráneo, concretamente la región italiana de donde proceden los objetos. “Por lo que no se puede inferir realmente si pertenecieron o no a Leonardo, ni si parte del ADN identificado pertenece a él o algún otro miembro de su familia, o de su región de origen”, sostiene Marfany. En su opinión, como sucedió con la secuenciación de muestras de un mechón de pelo perteneciente a Beethoven, estamos ante un estudio que hará mucho ruido, pero no explica nada y es casi anecdótico. 

El genetista Carles Lalueza-Fox, especialista en ADN antiguo y director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, admite que los estudios de identificación genética histórica casi siempre tienen la limitación de no tener un contexto seguro. “Sin embargo, a veces sirven para empujar la tecnología en muestras diversas sobre las que no se trabaja normalmente”, asegura. El experto considera que el papel es un soporte que puede contener pequeñas trazas tanto del ADN del dibujante como del que ha tenido en sus manos el dibujo, pero el problema de este trabajo, afirma, es que “no pueden demostrar que sea de la época, porque el ADN antiguo se degrada y no ofrece esta información”.

Estamos hablando de un dibujo que se hizo hace quinientos o seiscientos años y, a saber por cuántas manos ha pasado

Lluis Montoliu — Especialista en genética y bioética del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

“Estamos hablando de un dibujo que se hizo hace quinientos o seiscientos años y a saber por cuántas manos ha pasado”, comenta Montoliu. Además, cuando encuentras una muestra, apunta, necesitas compararla con un ADN de referencia, conocer a ciencia cierta que es el original. “Al no haber ninguna muestra de Leonardo y no tener descendencia, los autores echan mano de lo que pueden, pero el trabajo no nos permite aseverar nada, más allá de trabajar con un ADN que parece estar relacionado con otro ADN que se supone es de un familiar de Leonardo… Demasiados condicionales y demasiadas suposiciones”.

“Matar moscas a cañonazos”

Sobre la afirmación de que el ADN podría servir en un futuro para autentificar obras artísticas, el historiador del arte y divulgador Miguel Ángel Cajigal se muestra muy escéptico. “Supongamos que identificas el ADN de Leonardo da Vinci de manera más o menos indudable, que es bastante complicado, porque esas obras las tocaba mucha gente”, argumenta. “Eso lo único que te permite es identificar que una misma persona ha tocado una obra determinada, pero que la haya tocado no significa que sea el autor”. 

Si el método solo sirve para Leonardo, no es un método útil para la historia del arte, sería como matar moscas a cañonazos

Miguel Ángel Cajigal — Historiador del arte y divulgador

Si, además, llevan tantos años para identificar una muestra mínimamente fiable de ADN de Leonardo, que es un artista hiperconocido, hacerlo con cualquier otro artista del pasado le parece inverosímil. “Si el método solo sirve para Leonardo, no es un método útil para la historia del arte”, señala Cajigal. “En definitiva, sustituir los métodos científicos y analíticos que ya se usan para intentar aproximar una autoría por un método tan costoso sería como matar moscas a cañonazos”. 

Un empresario ha sido detenido en Gijón acusado de haber obtenido ilícitamente decenas de autorizaciones administrativas utilizando documentación falsificada sobre licencias municipales de apertura de establecimientos.

La Policía Nacional ha confirmado este jueves que el arrestado venía realizando estas prácticas ilegales, que afectan a varias localidades de la región, desde hace una década.

La investigación se inició el pasado mes de mayo al observar la existencia de decenas de autorizaciones administrativas en Asturias de la empresa del arrestado.

El registro de la sede

Agentes de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Asturias junto a integrantes de la Unidad de Cooperación de Policía Nacional en el Principado de Asturias en funciones de Policía Judicial, solicitaron la autorización judicial para el registro de la sede social.

Una vez obtenida, accedieron al interior de la sede y se incautaron de la máquina de escribir que era utilizada para presuntamente la confección de los documentos-base manipulados para usar de plantillas, así como diversa documentación para su análisis.

Acortar los plazos de tramitación

La Policía sostiene que, con esta forma de operar, el empresario lograba el acortamiento de los plazos de tramitación de las autorizaciones administrativas, lo que le facilitaría una ventaja en el control del mercado. Unas prácticas que ocasionaban un importante para la competencia.

El detenido ha quedado en libertad provisional a disposición de la autoridad judicial, según ha corroborado la Policía Nacional.

La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye provisionalmente el caso de la pareja de Ayuso, ha rechazado la pretensión de la defensa de Alberto González Amador de dejar en suspenso la causa mientras la instancia superior, la Audiencia Provincial, decide sobre su recurso. La decisión de Rodríguez Medel implica que la jueza pueda dictar en cualquier momento el auto de apertura de juicio oral contra el empresario y el comisionista por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos.

Rodríguez Medel instruye el caso a la espera de que el magistrado Antonio Viejo se haga cargo del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en sustitución de Inmaculada Iglesias, que se ha jubilado. La pasada semana, el Consejo General del Poder Judicial confirmó el nombramiento de Viejo.

En una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, Carmen Rodríguez Medel advierte de que “no ha lugar a la suspensión interesada al no apreciarse causa para ello, siendo los recursos no suspensivos con carácter general en el procedimiento abreviado”.

Si la Audiencia Provincial no revierte la decisión de la primera jueza del caso, Alberto González Amador se sentará en el banquillo por haber defraudado 350.951 euros en dos ejercicios fiscales y haber falsificado 17 facturas para conseguir su objetivo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan 3 años y 9 meses de cárcel para la pareja de Ayuso, mientras que la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, ascienden su petición a 5 años.

Entretanto, el juzgado sigue investigando a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal, dentro de una pieza separada.

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja, adscritos al Puesto Principal de Calahorra han detenido a un varón de 24 años como presunto autor de un delito de tenencia de moneda falsa con intención de distribuirla o ponerla en circulación.

La actuación se llevó a cabo en el marco de un operativo destinado a la prevención de actos delictivos y a garantizar la seguridad ciudadana, establecido en la rotonda conocida como “Fuente Trece Caños”, en el término municipal de Calahorra, donde los agentes procedieron a la interceptación de un turismo marca Kia.

Durante la identificación de su conductor, los agentes comprobaron que contaba con un historial policial por delitos contra la salud pública, así como por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia de drogas. De forma voluntaria, entregó a la patrulla tres dosis de speed que portaba consigo.

Tras ello, los agentes inspeccionaron el vehículo y sus pertenencias, localizando en el interior de una bandolera un arma blanca tipo navaja, útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, dos teléfonos móviles y una cartera que contenía 1.080 euros, distribuidos en 16 billetes de 50 euros y 14 billetes de 20 euros. El conductor manifestó que el dinero procedía de la venta de un ciclomotor.

El análisis efectuado a los billetes permitió comprobar que 860 euros eran falsos: concretamente, 12 billetes de 50 euros y 13 billetes de 20 euros. Este hallazgo motivó su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.

El Código Penal establece que, para quien transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad, la pena de prisión será de ocho a doce años, además de una multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda, es decir, hasta diez veces el valor falsificado.

Un vecino de Logroño de 46 años ha sido investigado por la Guardia Civil junto a otras dos personas, de Madrid y Albacete, por un delito contra la propiedad industrial, por vulnerar el derecho de marca. Especialistas del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con la Guardia Civil de la Roda y Policía Local de dicha localidad, han intervenido 78 bolsos de mano, 60 conjuntos deportivos y 135 camisetas de fútbol, todo ello presuntamente falsificado.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados en toda su provincia para la detección y erradicación de puntos de producción, distribución y venta de productos y efectos susceptibles de ser falsificados, especialistas del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil realizaron la inspección de varios puestos ambulantes en una zona cercana al recinto ferial de la localidad albacetense de La Roda.

Con el apoyo de efectivos de la Policía Local de La Roda, los especialistas fiscales observaron cómo en varios puestos se exponían, para su venta, bolsos de mano y prendas deportivas de reconocidas marcas comerciales, las cuales ofrecían dudas sobre su autenticidad, no presentando las tres personas que atendían los puestos ningún tipo de albarán o factura de compra, no acreditando, por lo tanto, la lícita procedencia del género.

Intervenidos 273 artículos falsificados por valor de 91.000 euros

En la inspección de los bolsos, de los conjuntos deportivos y de las camisetas, se pudo comprobar, a simple vista, cómo estas ofrecían dudas razonables sobre su autenticidad y, aunque su aspecto exterior era muy similar al de las marcas originales, la falta de las medidas de seguridad permitió a la Guardia Civil determinar su falsedad, intervenirlas y ponerlas a disposición judicial.

Los artículos y prendas intervenidas por el Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Albacete hubiesen alcanzado en el mercado legal una cantidad cercana a los 91.000 euros.

Las diligencias instruidas por el delito contra la propiedad industrial fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.

Campaña especial de control de productos falsificados con motivo de las numerosas fiestas veraniegas en la provincia de Albacete

Esta actuación se enmarca dentro de la campaña especial que la Guardia Civil de Albacete ha establecido en toda su provincia, para el control de productos falsificados que pudieran introducirse y ponerse a la venta durante este mes de agosto en que muchas localidades albaceteñas celebran sus fiestas patronales o de verano.

Carritos repletos hasta arriba de las monstruosas cabezas de silicona, traficantes tatuados esperando en un callejón, bolsas de basura con el material de contrabando escondidas tras los mostradores de una tienda: bienvenidos al mundo de los Lafufus.

Los Labubu falsos, también conocidos como Lafufus, inundan el mercado clandestino. La demanda de estos llaveros peludos y coleccionables se ha disparado y en el núcleo comercial del sur de Shenzhen los empresarios no han tardado en buscar proveedores de imitaciones para vender a los ansiosos cazadores de Labubu.

Pero la del Labubu es una historia de éxito poco común en la proyección del poder blando de China y las autoridades, deseosas de protegerlo, están tomando medidas enérgicas contra las falsificaciones.

“El tema de los Labubus se ha vuelto muy delicado”, dice una vendedora no oficial en su pequeña tienda de artículos de diseño falsos. Su local no tiene ningún distintivo y está ubicado en la planta 17 de un anodino edificio de oficinas en Huaqiangbei, un barrio de Shenzhen conocido por el comercio de productos electrónicos baratos. “No nos atrevemos a hablar del tema”, añade una compañera.

Promocionados por celebridades como Rihanna o como Lisa, de la banda de K-pop Blackpink, estos elfos peludos con orejas de conejo desarrollados por la empresa china de juguetes Pop Mart se han vuelto extremadamente populares en 2025. En Reino Unido, por ejemplo, estos muñecos ‘feos y adorables’ tuvieron tanta demanda que Pop Mart tuvo que retirar de todas las tiendas a los monstruos sonrientes para evitar el riesgo de peleas entre clientes. Allí se venden a 17,50 libras (unos 20,2 euros), mientras que en China las versiones oficiales se venden a un precio que oscila entre los 99 y los 399 yuanes (entre 12 y 48 euros), con precios de reventa que se disparan muy por encima..

Las autoridades chinas se han sumado al entusiasmo y aclaman a Pop Mart como la última empresa china en ganar una popularidad inmensa fuera del país, después de la empresa de inteligencia artificial DeepSeek, y el exitoso videojuego ‘Black Myth: Wukong’, que también se hizo viral.

El Diario del Pueblo, medio oficial del Partido Comunista de China, elogió en junio a los Labubus y dijo que representaban un cambio: del ‘Made in China’ [Fabricado en China] al ‘Created in China’ [Creado en China]. “El auge de Labubu fusiona la sólida base manufacturera de China con la innovación creativa, aprovechando las necesidades emocionales de los consumidores globales”, recogía el artículo.

En un país que intenta librarse de su reputación como tierra de imitaciones, la elevación de Pop Mart al estatus de héroe nacional parece haber motivado a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra las falsificaciones. Según los medios estatales, las autoridades aduaneras de la ciudad oriental de Ningbo interceptaron en abril un lote de 200.000 artículos sospechosos de infringir la propiedad intelectual de los Labubu. En otra redada de junio interceptaron más de 2.000 artículos falsificados.

Li Yang (nombre ficticio) tiene 59 años y vive a unos 40 kilómetros de la tienda de Huaqiangbei. Nunca ha oído hablar de los Labubu pero, todos los días, se pasa horas en un taburete de plástico de su edificio de apartamentos cortando cabezas de monstruos moldeadas en silicona que más tarde se convertirán en Lafufus. Wang Bi (nombre ficticio), vecina de Li, es otra mujer mayor que se queda en casa dedicada a este laborioso trabajo, rodeada por pilas de componentes color piel clara que se desparraman por el pasillo de su apartamento. “Como nos quedamos en casa, cuidando a los niños y haciendo las tareas domésticas, queríamos encontrar algún trabajo temporal”, dice Li.

Li no sabía de dónde venían las cabezas de los monstruos ni a dónde se enviaban. El jefe de una fábrica cercana, que según los medios chinos producía Lafufus, negó rotundamente cualquier implicación, pese a la pila de cabezas sospechosamente parecidas a Labubus que había apiladas en el pasillo.

De interés comercial a interés nacional

“China nunca ha estado tan decidida a ponerle fin a los robos de propiedad intelectual, no solo por la contribución que hacen los Labubu como juguete superventas en todo el mundo, sino como herramienta de poder blando”, dice Según Yaling Jiang, analista china de tendencias de consumo. “Defender la propiedad intelectual de Labubu ya no es solo un tema de interés comercial, sino de interés nacional”.

La consecuencia es que el mercado de los Lafufus está pasando a la clandestinidad. Hace poco, las autoridades de Huaqiangbei, en Shenzhen, anunciaron inspecciones en las tiendas en busca de Labubus “falsificados y de mala calidad”.

Pero encontrar un distribuidor no es complicado. Tras la breve llamada telefónica de uno de los vendedores ambulantes que ofrecen bolsos y relojes de diseño falsos, un hombre delgado y tatuado aparece de la nada, con su bolsa de lona cubierta por cursis llaveros de peluche. El hombre lleva a la periodista de The Guardian hasta el mostrador de un concurrido centro comercial donde se venden secadores de pelo y gafas de sol. Tras unas cuantas miradas furtivas, el elegante dependiente saca de debajo del mostrador una bolsa de plástico negra llena de Lafufus: se venden a 168 yuanes la unidad (unos 20,2 euros).

Es probable que las falsificaciones procedan de varios fabricantes, pero el modelo de negocio de Li funciona así: cada pocos días, un mensajero lleva a su edificio de apartamentos un carrito con bolsas repletas de cientos de cabezas de monstruos. Las cabezas han sido moldeadas por una máquina pero el proceso de dividirlas en dos para rellenarlas después y luego montarlas en un juguete terminado es complejo: hace falta un cuchillo afilado y cortar a mano el borde curvo de la cabeza del juguete.

Así que Li y sus vecinas, todas ellas mujeres mayores, se encargan de cortar a mano las cabezas, y la misteriosa fábrica les paga 0,04 yuanes por pieza (unos 0,0049 euros). Cada vez que llega el mensajero, Li baja varias bolsas grandes de cabezas abiertas y recoge un nuevo lote, listas para ser diseccionadas. Según los cálculos de una de las mujeres, es posible cortar entre 800 y 1000 cabezas al día, ganando hasta 40 yuanes (unos 4,8 euros).

Ninguna de las trabajadoras entrevistadas por The Guardian sabe lo que es un Labubu. Wang se sorprende al saber que los productos terminados, falsos o no, se venden por cientos de yuanes. Pero en una de las fábricas caseras hay una persona que sí sabía exactamente lo que son los juguetes: la nieta pequeña de Li. Cuando entra en el pasillo y ve a su abuela revisando un juguete terminado, grita: “¡Labubu!”.

Con la colaboración de Lillian Yang.

Traducción por Francisco de Zárate.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este miércoles que ha solicitado, por escrito, al comisionado de la DANA de Valencia, José María Ángel, la documentación en relación a las acusaciones de haber falsificado su título para convertirse en funcionario y, apuntó, que cuando tengan la información, la analizarán y adoptarán la “decisión pertinente”.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un Comisión Ejecutiva del PSOE Canarias, ha indicado que este martes desde el Ministerio de Política Territorial se comunicó al comisionado de la DANA por escrito que trasladara “toda la información, todos los datos, acorde a lo que se había publicado” para que su departamento pueda, “con absoluta transparencia y objetividad, analizar toda” esa documentación.

Ha añadido el titular de Política Territorial que se está a la espera de que “eso se produzca” para analizar lo que se les entregue y tomar la decisión pertinente.

“Ya hemos actuado al margen de lo que se publica”, ha apuntillado para agregar que se estudiará la comunicación que se les presente con “absoluto rigor” y “se tomarán las decisiones oportunas”.

Mazón: “Las informaciones son gravísimas”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este miércoles que le parecen “gravísimas” las informaciones sobre José María Ángel, y ha instado al Ejecutivo a acelerar la recuperación tras las inundaciones.

Así lo ha señalado a los periodistas a su llegada al Palau de la Generalitat después de que ayer se conociera un informe de la Agencia Antifraude que afirma que Ángel utilizó un título “presumiblemente falso” para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios.

Mazón ha indicado que, con todo, la situación de José María Ángel no le parece “tan grave” como el que, según ha dicho, el Gobierno de España “no quiera poner en marcha una comisión mixta para ayudar a los valencianos” en la reconstrucción tras la dana de hace nueve meses, sea con este comisionado o con “otro si lo cambian”.

“A mí lo que me importa es la reconstrucción, la que no está queriendo acelerar el Gobierno de España”, ha manifestado el president, quien ha pedido al Ejecutivo central “que se preocupe de los valencianos, en vez de sus titulaciones o de sus posibles mentiras o de sus supuestos delitos”.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el título del comisionado del Gobierno de España para la dana, José María Ángel, también va dirigida contra dos altos funcionarios de la Diputación de Valencia. Se trata de dos jefes de servicio de Personal de la institución provincial que gestionaron los recursos humanos en las dos etapas de presidencias de gobiernos socialistas, antes de 1995 y entre 2015 y 2024. Uno de los dos funcionarios denunciados por la Agencia Antifraude está jubilado y el otro fue destituido de su puesto por el actual presidente, Vicente Mompó, y ahora está en el departamento de asesoramiento jurídico, según ha podido confirmar elDiario.es.

En su denuncia inicial, que ya investiga Anticorrupción, Antifraude considera que los dos funcionarios, Josep Salvador Duart y Juan Manuel Olmo, incurrieron en “una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas para establecer si el título que constaba en el expediente personal del señor Ángel Batalla en la Diputación de Valencia era veraz”. Por esta falta de diligencia, añade el informe de Antifraude, “han consentido y validado la situación irregular del señor Ángel Batalla”.

De esta manera y, según presume la Agencia Antifraude, el comisionado del Gobierno para la dana y también presidente del PSPV-PSOE “podría haber estado beneficiándose del reconocimiento de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponden como funcionario del grupo D (actual C2)”, el grupo funcionarial al que podría haber accedido sin la titulación ahora cuestionada. El comisionado no ha tardado en responder a la investigación y negar todas las irregularidades.

Investigación exprés: menos de un mes desde la denuncia inicial

La investigación de Antifraude que ahora ya estudia la Fiscalía Anticorrupción ha sido 'exprés' en comparación con otros procedimientos abiertos por la agencia, algo nada habitual en una entidad, que había sido desmantelada en parte por el director elegido por PP y Vox, Eduardo Beut.

La denuncia anónima inicial contra José María Ángel se presentó en Antifraude el 9 de abril de 2025. El 15 de abril, seis días después, el director de Antifraude autorizó a los funcionarios de la agencia a personarse en la Diputación y en la Universitat de València para cotejar la autenticidad del título de diplomado que constaba en el expediente de funcionario del comisionado para la dana. El 16, un día después, ya se levantó la correspondiente acta de inspección.

Las pesquisas presenciales se realizaron por parte de los agentes de Antifraude el 29 de abril en la Universitat de València, mientras que la contestación de la Diputación de Valencia llegó el 23 de abril.

El 7 de mayo, menos de un mes después de la denuncia inicial, la Agencia Antifraude ya tenía elaborado el informe previo en que concluyó que podrían haberse cometido ilícitos penales.

En ese momento se realizó la resolución para derivar el caso a la Fiscalía para que procediera a su investigación. Una velocidad inusitada que contrasta con otras, como la realizada al Ayuntamiento de Benidorm, que llevan más de dos años en inspección.

Como ha venido contando elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción investiga si el comisionado del Gobierno para la dana falsificó el título para convertirse en funcionario. Fuentes del Ministerio Público confirman que Anticorrupción investiga a José María Ángel Batalla y a otros dos funcionarios públicos a raíz de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, que apunta que un título que presentó en la Diputación de Valencia podría ser falso.

José María Ángel niega las irregularidades

Ángel Batalla, por su parte, emitió un comunicado este martes en el que asegura que “no ha existido ninguna irregularidad” y que siempre “ha cumplido con todos los requisitos”. Punto por punto, da explicaciones de cada acusación - de las que, siempre según su versión, se ha enterado por la prensa- y aporta documentos anexos con las bases y condiciones de su puesto.

“Quiero manifestar que resulta del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido en el que entiendo sería preceptivo trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad”, asegura al final de un comunicado.

Antifraude elaboró un informe el pasado mayo donde indica que el también presidente del PSPV-PSOE habría entregado una fotocopia de una diplomatura que no acabó para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de València en 1985, una máxima que Ángel Batalla ha negado tajantemente. Fuentes de su entorno niegan la acusación y apuntan que aportó la documentación que las bases de la convocatoria pública requerían en su momento. El hombre fuerte del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA no ha recibido ningún requerimiento por la investigación, indican estas fuentes, que apuntan a una persecución política.

De momento, el Gobierno ha emplazado a José María Ángel a dar las explicaciones correspondientes, así como el PSPV, que ha defendido su trayectoria “intachable” como alcalde de l'Eliana, secretario autonómico de Emergencias y comisionado del Gobierno de España para la dana.

En una de esas peleas en Twitter que forman parte del estilo de vida de algunos diputados, Noelia Núñez atizó fuerte en marzo de este año a José Luis Ábalos, que había cuestionado los sueldos que disfruta con 33 años, muy lejos de las retribuciones que reciben los jóvenes de esa edad. La diputada madrileña fue directa a la yugular: “Mis méritos, José Luis, son: plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú”. Así se hacen méritos en el grupo parlamentario del Partido Popular, a pesar de que Feijóo dijo al llegar a Madrid que valoraba más una buena enmienda a los presupuestos que un tuit ingenioso. En una sesión de control, Núñez aplicó el mismo desprecio a alguien que no ha cometido ningún delito: “Usted no está capacitada para nada, ni para dar lecciones de democracia, ni de transparencia, ni de integridad, ni de nada”, le dijo a Yolanda Díaz. Ya no vale con atacar las ideas del adversario. Hay que masacrarlo. Núñez apuntaba maneras.

La transparencia y la integridad que Núñez exigía en el hemiciclo le han pasado factura finalmente. En la tarde del miércoles, presentó la dimisión de todos sus cargos en el partido y en las instituciones. En varias webs, había incluido datos falsos sobre su currículum universitario con titulaciones de las que carece. Lo más grave es que en su ficha de diputada del Congreso, con información facilitada por ella –hasta aparece el nombre del colegio donde hizo el bachillerato–, se afirma que cuenta con un “doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública”, lo que es falso. Es la misma información que facilitó el PP cuando Feijóo la eligió como miembro de la dirección del partido en noviembre de 2023.

Una estrella en ascenso, dijeron los medios. Una imagen diferente en la cúpula del partido para representar a los jóvenes y ocuparse de las nuevas tecnologías digitales. Precoz y dependiente de los sueldos públicos desde que dejó los estudios que no terminó. Comenzó con 23 años como concejal en Fuenlabrada. Catorce tatuajes, según confesión propia, y 180.000 seguidores en Instagram. Procedía del PP madrileño y formaba parte de la cantera de nuevos dirigentes promocionados por Isabel Díaz Ayuso. Personas dispuestas a acusar a la izquierda de todos los males conocidos.

Núñez explicó en Twitter en la noche del martes que había cometido “una equivocación” en la ficha del Congreso y que nunca había tenido la “intención de engañar a nadie”. “No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos”, dijo. En cierto modo, llevaba una doble vida, presumiendo de cosas desmentidas por su currículum real. “Me gusta estudiar. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes del país”, había comentado en una entrevista anterior. La política exige unos cuantos sacrificios, pero lo malo es que ahí se refería a los estudiantes que sí habían completado sus años de universidad.

Su honestidad quedó algo malparada cuando aprovechó la lista de mensajes para cerrarla con ataques al PSOE y a Pedro Sánchez, que no tienen nada que ver con la información que ella ha dado de su formación universitaria: “No me voy a dejar amedrentar por la izquierda ni voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa 'catedrática' que es Begoña Gómez”.

Begoña Gómez nunca ha dicho que sea catedrática, por mucho que el PP lo repita con frecuencia. Ha sido directora de una de las decenas de cátedras externas que existen en la Universidad Complutense, como forma de relación del centro con empresas y también fuente de financiación. Un trabajo por el que la esposa de Sánchez cobró cantidades bastante exiguas de dinero.

El caso de Núñez plantea una vez más el nivel de calidad de las nuevas universidades privadas autorizadas en Madrid y otras comunidades. El centro con el que colaboró –aparecía como “profesora” en vídeos de esa universidad– otorga grados que sólo tienen validez en Guatemala. Se desconoce cuál es su aportación al sistema universitario madrileño.

El PP guardó silencio todo el tiempo que pudo. Era consciente de que no podía dejar abierta esa vía de agua que los socialistas machacaron desde el primer minuto. Incluso desde antes de que Núñez diera su primera explicación, porque Óscar Puente insistió varias veces en el tema en los días anteriores. Si no hay carreteras que inaugurar u obras que anunciar, el ministro de Transportes se aplica a fondo en su tarea de martillo digital. No cabe duda de que lo hace por placer.

Díaz Ayuso hizo un amago de intentar salvar la carrera de su ahijada. En respuesta a preguntas de este diario, el PP de Madrid ofreció una respuesta con la intención de dar por cerrada la polémica. Sólo era un error “sin mala intención” y Núñez había dado las explicaciones oportunas. Como nota de color, añadió que la atacaban por ser mujer: “Creemos que este asunto tiene un tufo machista”. No está claro que falsificar una titulación universitaria tenga mayor o menor gravedad por ser hombre o mujer.

El PP no esperó mucho más. Antes de comer, Alberto Núñez Feijóo podía haberse visto obligado a dar su opinión en el programa de Cuatro 'En boca de todos'. En un evidente gesto de complicidad, que no de periodismo, su presentador, Nacho Abad, se abstuvo de preguntarle por la polémica. Prefirió hacerlo por la inmigración y la delincuencia.

Por la tarde, la diputada anunció la dimisión de sus cargos y explicó que pedir perdón no era suficiente. “Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE”. Eso hace pensar que Feijóo le exigió la renuncia. “No hay cosa que menos le guste a Feijóo que le mientan”, habían dicho antes fuentes cercanas al líder del PP a El Confidencial. Otros admitían que el engaño del currículum falso desprestigiaba al PP.

Con los ataques al PSOE, Núñez prestaba su último servicio al partido refiriéndose a los dirigentes socialistas que “sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos”.

Todos nos equivocamos y lo que cuenta es cómo afrontamos la responsabilidad de esos errores, escribió Miguel Tellado. “Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia Núñez”. Habría estado bien que la dignidad le hubiera llevado a no tratar de engañar con sus inexistentes títulos universitarios. Que hubiera dicho la verdad al entrar en el Congreso o en la dirección de su partido. A veces, lo que ocurre es que la dignidad llega demasiado tarde. No es una defunción política, que es algo siempre trágico. Es casi seguro que el partido no la dejará tirada y que tendrá una segunda oportunidad en el futuro.

Feijóo aprovechó de inmediato esa línea argumental para incidir en lo mismo y elogiarse a sí mismo: “Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez”.

Alguien a quien Feijóo ha permitido que aguante es Carlos Mazón. Coincidiendo con la noticia de que ya está en condiciones de recibir la pensión de los expresidentes –94.000 euros anuales durante dos años– al superar los dos años en el cargo, le preguntaron si piensa seguir al frente de la Generalitat hasta el final de la legislatura en 2027. “Ese es el plan, siempre”, dijo.

Mientras tanto, va encadenando actos de desagravio en los que están presentes dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana y representantes de la patronal de obra pública. Las obras de emergencia de la dana permiten adjudicar contratos millonarios a dedo con criterios desconocidos y todos saben dónde hay que estar si aspiran a conseguirlos.

Noelia Núñez ha tardado 24 horas en dimitir. Con el apoyo de Feijóo, Carlos Mazón lleva 268 días en el cargo desde que la Dana se llevó las vidas de 228 personas.

La Guardia Civil en La Rioja ha destruido 1.856 artículos deportivos falsificados internvenidos durante un operativo especial desplegado en el marco de las fiestas de San Mateo 2024. La acción se enmarca en la lucha contra el comercio ilícito, la protección de los derechos de propiedad industrial y la defensa de los consumidores.

Los productos incautados y destruidos son 218 pares de zapatillas, 746 camisetas y 892 equipaciones de equipos de fútbol de primer nivel como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, PSG, Arsenal y Chelsea. La operación fue desarrollada por agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en La Rioja, quienes evitaron que la mercancía fuera distribuida al público durante las celebraciones festivas.

Según estimaciones, el valor de venta de estos productos falsificados podría haber alcanzado los 35.000 euros, mientras que el de los artículos originales supera los 100.000 euros.

Durante la incautación de estos efectos, se procedió a la identificación de un varón de 45 años contra el que se instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial y una infracción administrativa por contrabando. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de La Rioja. -Nota de prensa enviada a los M.C.S. el 17 de septiembre de 2024-.

La destrucción de la mercancía se ha llevado a cabo en la Planta de Gestión de Residuos Viguera, en Arnedo. El traslado fue realizado mediante un vehículo oficial de la Guardia Civil, y durante todo el proceso se levantaron las correspondientes actas y certificaciones de destrucción, garantizando la eliminación completa y segura de los productos ilegales.

Un operativo conjunto de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura ha permitido intervenir más de 1.800 productos falsificados en el recinto ferial de Cáceres valorados en cerca de 145.000 euros.

La actuación, desarrollada este martes y en la que también participó un perito judicial de marcas, se centró en la inspección de varios puestos instalados en el recinto ferial con el objetivo de detectar la venta de artículos falsificados, con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial y la defensa de los consumidores.

Durante la inspección se identificaron varios puestos donde se comercializaban numerosos productos que aparentaban pertenecer a conocidas marcas comerciales del ámbito textil, juguetería y otros sectores. Tras los controles pertinentes, se constató que los responsables de dichos establecimientos no podían acreditar la legítima procedencia de los artículos mediante facturas de compra o documentación válida.

Esta circunstancia, unida a las características visuales de los productos, llevó a los agentes a considerar que se trataba de productos falsificados.

Como resultado de la denominada operación 'Fake', se intervinieron más de 1.800 artículos presuntamente falsificados, entre ellos prendas de vestir, juguetes y efectos diversos.

Asimismo, se procedió a la investigación penal de dos personas por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial, uno de ellos además fue denunciado administrativamente por la supuesta comisión de infracciones en materia de contrabando, venta de artículos pirotécnicos y en materia de Seguridad Social.

En el marco del mismo operativo se procedió a la detención de tres varones en situación irregular en territorio nacional, que fueron puestos a disposición de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cáceres, quienes se encargaron también de la tramitación de diligencias por desamparo de un menor extranjero no acompañado, de 17 años. 

Más de dos años después de la celebración del congreso de ‘Peace City World’ en Salamanca, que quería convertir la ciudad en una 'nueva Dubai', nada se ha materializado y nada ha cambiado. De ese gran proyecto estaba encargado el asesor del Ayuntamiento de Salamanca José María Fuentes, quien fue cesado cuando la fastuosidad de las propuestas presentadas saltaron a los medios por extravagantes y se expuso que falsificó un título universitario de Licenciatura en Economía.

José María Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado —como publicó elDiario.es— que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor municipal, que cobraba 57.354 euros anuales según su contrato, actuó de enlace con la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca.

El cese de Fuentes —también el de su principal valedor y amigo, el entonces concejal de Turismo por Ciudadanos, Fernando Castaño— se produjo como consecuencia de haber presentado un título universitario falsificado, como adelantó Salamanca24horas. Este miércoles arranca el juicio oral en la Audiencia Provincial de Salamanca por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial —en concurso medial— y por otro delito de estafa, tipificados en los artículos 390, 392, 248, 249 y 250 del Código Penal.

El Ayuntamiento pide dos años de cárcel

La Fiscalía pide para él dos años por cada delito, mientras que la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, que pertenece al Ayuntamiento, solicita un año y dos meses por cada uno. Además, Fiscalía y acusación particular reclaman una multa, afrontar las costas procesales y una cuantía de casi 140.000 euros como responsabilidad civil por el sueldo que no debió haber percibido durante tres años.

Dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas, al que elDiario.es ha tenido acceso, se recogía la necesidad de presentar “los títulos académicos y profesionales del empresario individual o empresario jurídico y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato y técnicos encargados directamente de la misma”.

Según la Fiscalía Provincial de Salamanca, el investigado habría creado supuestamente desde cero varios documentos oficiales con el objetivo de simular estar en posesión del título de Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca. Entre los documentos falsificados se incluyen un supuesto recibo de pago de tasas universitarias, fechado en 1997 y con la firma falsificada de una secretaria de facultad, así como un certificado académico manipulado con asignaturas y calificaciones que no había superado.

La acusación sostiene que ambos documentos fueron manipulados y señala que el investigado cambió las calificaciones originales, que incluían “67 asignaturas suspendidas y 191 con la anotación 'no presentado'”, por un listado en el que todas aparecían como aprobadas.

Estos documentos, según señala el escrito de la acusación pública, fueron presentados ante la entidad pública en junio de 2020, como requisito para formalizar su contratación. Fueron compulsados por una directora gerente de la Sociedad de Turismo, quien estampó el sello institucional sobre las fotocopias que afirmaban ser reflejo de los originales, lo que permitió que el acusado iniciara su relación laboral con la entidad pública.

El contrato, adjudicado tras un proceso de licitación pública, se formalizó para el puesto de “asesor externo, especializado en proyectos estratégicos y contacto con posibles inversores para internacionalización”. El acusado ejerció sus funciones desde el 20 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, percibiendo un total de 135.090 euros en concepto de nóminas, cantidad que ahora se reclama como responsabilidad civil.

Devolución íntegra de los 135.090 euros cobrados

La Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca acusa a Fuentes de falsificar su expediente académico y un justificante de tasas universitarias para acceder de forma fraudulenta a un contrato público como asesor externo. La sociedad, de capital 100% municipal, reclama la devolución íntegra de los 135.090 euros cobrados y pide dos condenas de prisión por falsedad y estafa.

Para la acusación, Fuentes “no pudo obtener el título universitario de Licenciado en Economía”, por lo que el acusado construyó “una ficción documental” para hacerse con el contrato, según refleja asegura el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es. Gracias a estos documentos, el exasesor firmó un contrato de tres años (de 2020 a 2022), por un valor de 47.400 euros anuales, IVA no incluido.

La denuncia partió tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la propia Sociedad de Turismo, y fue motivada por informaciones aparecidas en la prensa que señalaban que el asesor no estaba titulado. La Universidad de Salamanca también colaboró con la investigación y comunicó los hechos a la Fiscalía.

La acusación subraya que el delito no es menor, ya que “la falsedad tuvo una enorme trascendencia en el tráfico jurídico” al permitir una contratación pública basada en documentos no verídicos. Además, la Fiscalía ha solicitado la formación de una pieza separada para investigar el patrimonio del acusado y garantizar el posible pago de las responsabilidades económicas, mediante la exigencia de la fianza de 135.090 euros.

Un sueño efímero de hacer en Salamanca una 'nueva Dubai'

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.

El empresario y comisionista Alberto González Amador no ha logrado su propósito de que el vídeo con su declaración como investigado, que prestó el pasado 10 de abril, sea hurtado a las acusaciones y las defensas personadas en la causa. El juzgado ha rechazado la pretensión de la pareja de Ayuso de que se aplicara una excepción con él y, a diferencia de las declaraciones en cualquier causa judicial, la suya no pudiera ser consultada por las partes implicadas en el procedimiento.

En una providencia que firma el letrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, el funcionario se limita a recordar que el caso no está declarado secreto y, por tanto, tampoco los testimonios grabados en sede judicial en el marco del mismo. Así que el traslado de esos vídeos a las partes personadas en el procedimiento es “ajustado a Derecho y es imperativo según nuestra legislación procesal”. 

González Amador también quería evitar que las partes accedieran al vídeo de la declaración en la que las funcionarias de Hacienda confirmaron ante la jueza que la pareja de Ayuso utilizó facturas falsas para dejar de pagar 350.000 euros al erario público. La investigación de las peritos dio origen a la causa por fraude fiscal que se sigue contra la pareja de Ayuso. 

El juzgado rechaza igualmente la pretensión de González Amador en este punto y añade que el traslado de las grabaciones se hará “sin perjuicio de la responsabilidad y obligación de las partes de no difundir datos de carácter personal de los procedimientos judiciales y de la responsabilidad que establece tanto el Código Penal como la Ley de Protección de Datos en caso de incumplimiento”. González Amador aludía a que las funcionarias cuyo testimonio le incrimina no son personajes públicos y la publicación de su declaración les perjudicaría más si cabe y se vulneraría su derecho a la propia imagen. 

La providencia en la que se rechaza la pretensión de la pareja de Ayuso responde a otro escrito presentado por González Amador de cuando se le citó –sin éxito– por quinta vez a declarar, en febrero de 2025.

El escrito de la defensa de Alberto González Amador apelaba al caso en el que se investiga al Tribunal Supremo por la publicación de un correo electrónico que evidenciaba la mentira lanzada desde la Comunidad de Madrid, en el sentido de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso en la causa por fraude fiscal, cuando había sido él el autor del ofrecimiento, declarándose responsable del engaño a Hacienda. 

González Amador aludía a “continuas revelaciones protagonizadas por la acusación popular”, en referencia al PSOE, que en su papel de Presidencia del Gobierno, habría utilizado ese correo para que el entonces portavoz de la oposición en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, “pudiera usarlos políticamente”. A continuación, la defensa de González Amador acusa sin pruebas a la acusación popular [también ejercida por Más Madrid] de haber difundido escritos en distintos medios de comunicación.

“Alberto González Amador ha sido despojado de su condición de ciudadano particular por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, escribe el letrado Gabriel Rodríguez Ramos. El abogado obvia en sus escritos que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció en el Tribunal Supremo haber filtrado en a varios medios un correo del ofrecimiento de pacto de la defensa de Alberto González a la Fiscalía de Delitos Económicos con el que extendió el bulo de que el Ministerio Público era el autor del ofrecimiento de pacto.

Fijar en los medios su propia versión

Apenas han trascendido hasta ahora algunos aspectos de la declaración como investigado de González Amador en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal, que tuvo lugar el 10 de abril pasado. 

La primera versión que publicaron los medios fue la del propio investigado, que trasladó a los periodistas desplazados hasta los juzgados de Plaza de Castilla que se sentía muy satisfecho de la declaración y que esperaba que la pieza separada fuera archivada después de que la jueza escuchara su versión durante cerca de dos horas. 

Para que declarara en la pieza principal, por presunto fraude fiscal y la falsificación de documentos, la jueza debió citarle en cinco ocasiones. Finalmente, compareció el 24 de febrero, pero se acogió a su derecho a no responder. 

Por otra parte, la jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado la petición de la pareja de Ayuso para que PSOE y Más Madrid sean expulsados de la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal por la que se investiga a González Amador. 

En un auto con fecha de 8 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada alega que en ambos delitos el bien protegido es “el orden socioeconómico, la competencia leal y el correcto funcionamiento del mercado”, por lo que está justificada la participación de los partidos como acción popular en defensa de los intereses generales. 

El fiscalista, ante la jueza

Por otra parte, este martes debe comparecer como investigado en esa pieza principal el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, quien representó a González Amador durante la inspección de 19 meses practicada por las peritos de la Agencia Tributaria. La jueza aprecia indicios de que Gómez Fidalgo participó en el engaño a Hacienda que perpetró González Amador con una trama de empresas pantalla y facturas falsas. 

Asimismo, Gómez Fidalgo es administrador de la sociedad Babia Capital, dueña del ático de lujo del que disfrutan González Amador e Isabel Díaz Ayuso justo encima de su casa. La pareja de Ayuso declaró el 10 de abril que su fiscalista lo había comprado para que él pudiera alquilárselo por 5.000 euros mensuales con derecho a compra. Sin embargo, Babia Capital recibió un préstamo de 900.000 euros para comprar el ático procedente de alguien cuya identidad sigue siendo una incógnita. 

La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño por una estafa al Ayuntamiento de Madrid y no ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial por el delito más grave de cuantos acusaba a los comisionistas. El recurso del Ministerio Público, al que ha tenido acceso elDiario.es, se centra en las acusaciones por falsificación de documentos, pidiendo revertir la absolución de Medina y agravar la condena a Luceño, así como en mantener el decomiso de los bienes de este último. 

La decisión de Anticorrupción de no recurrir la absolución por la estafa espanta la mayor amenaza para Alberto Luceño. El empresario y comisionista podría haber sido condenado a siete años de cárcel solo por ese delito, tal y como pedía la Fiscalía en su escrito de acusación. Finalmente, fue condenado a tres años por un delito contra la Hacienda Pública y a otros ocho meses por falsificación de documento público frente a los 15 que le pedía en total la Fiscalía.

Luceño y Medina se embolsaron seis millones de euros de los 11 que el Ayuntamiento de Madrid pagó a una empresa malasia por mascarillas, guantes y test de antígenos. Pese a lo desorbitado de los porcentajes de la comisión la Audiencia de Madrid concluyó que se trató de un acuerdo entre la empresa malasia y los comisionistas de carácter privado y que, pese a las deficiencias de una parte del pedido, no se da el engaño necesario para condenar por estafa.

A partir de la comisión Alberto Luceño defraudó 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública al crear una sociedad para declarar por el Impuesto de Sociedades –y no como IRPF– los cinco millones de euros en comisiones que obtuvo de la venta de material sanitario al Consistorio madrileño en el peor periodo de la pandemia, según recoge la sentencia. Con el dinero obtenido, Luceño compró relojes y vehículos de lujo y una casa. 

El juez del caso ordenó su embargo durante la instrucción para satisfacer la responsabilidad civil de una futura condena, pero la sentencia no acuerda el decomiso de ningún bien porque aprecia que no derivan del delito contra la Hacienda Pública. Anticorrupción considera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo estable que esos bienes fueron adquiridos con “una ganancia del delito” y que procede el decomiso de los productos adquiridos con el mismo por mucho que se hubiera transformado en relojes, coches y una vivienda. 

La condena a tres años por el delito fiscal incluye el pago de 1.351.386,29 euros en concepto de pago por responsabilidad civil. Alberto Luceño ya ha recurrido la condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El carnet del CNI y otras falsificaciones

Los otros ocho meses restantes de prisión para Luceño corresponden al delito de falsificación de documento público, relacionado con los certificados para circular libremente durante el confinamiento que el condenado había reproducido de un hospital madrileño y del Servicio de Emergencias de Madrid, así como el carnet del CNI que había imitado y al que había acompañado de una foto suya y sus datos. La sentencia consideró que no se daban los elementos para condenar por falsificación continuada, con lo que no está de acuerdo la Fiscalía Anticorrupción. “No existe la más mínima prueba de que hubiera unidad de acto [que la falsificación de todos los documentos se hiciera a la vez]”, alega. Por tanto, pide elevar la condena de ocho meses a dos años y 10 meses.

Con todo, donde más esfuerzo emplea Anticorrupción es en rebatir la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño por falsificación en documento mercantil, en relación a los papeles presentados a sus respectivos bancos para justificar el ingreso tan abultado por las comisiones, 5 millones para Luceño y 1 para Medina. 

La Sala absolvió a ambos de falsificación en documento mercantil alegando que aunque reflejan contratos típicamente mercantiles no son documentos de esta condición según jurisprudencia reciente del Supremo. Anticorrupción alega que los documentos llegaron al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) y a la Agencia Tributaria y que, por tanto, “trascendieron el ámbito meramente negocial entre las partes y tuvieron trascendencia frente a terceros, llegando a influir en la seguridad del tráfico mercantil”.

“Pusieron en acción los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de dos entidades financieras distintas y motivaron la elaboración de un informe de inteligencia financiera que, previa incorporación física de los citados documentos, fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, siendo este informe precisamente el origen del presente procedimiento penal”, recoge el recurso de Anticorrupción. En este caso, la Fiscalía aprecia delito continuado y pide condenar a Luceño y Medina como autores de falsificación en esta modalidad, al primero como autor y al segundo como cooperador necesario, aunque solicita para los dos idénticas condenas, de dos años de prisión.

La aceptación de las tesis de Anticorrupción supondría aumentar la condena a Luceño de 3 años y 8 meses a 7 años y 10 meses de cárcel. A Luis Medina, de haber resultado absuelto pasaría a ser condenado a dos años, si bien no entraría en prisión por tratarse de una pena que no supera esos 24 meses y corresponde a un solo delito. 

El Ayuntamiento de Madrid, como Consistorio o a través de su otra acusación particular, la Funeraria municipal, que adelantó los 11 millones de euros para el material sanitario, no ha decididio aún si recurrir el fallo, según confirma un portavoz. La sentencia considera perjudicado al Consistorio, pero también pone de manifiesto que el “fallo” de los colaboradores de José Luis Martínez-Almeida propició que los empresarios obtuvieran las desorbitadas comisiones.

Las acusaciones populares que ejercen Más Madrid y PSOE también han rechazado presentar sus propios recursos a la sentencia. La intención de Más Madrid, antes de conocer el contenido del recurso, era sumarse al que presentara la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, viven en dos pisos en el barrio de Chamberí, uno encima del otro, que fueron adquiridos hace más de dos años por un valor total de 1,8 millones de euros, según los datos del Registro de la Propiedad a los que ha tenido acceso elDiario.es. González Amador es el dueño de la vivienda ubicada en la sexta planta, para la que entregó 350.000 euros de entrada en 2022, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado a Hacienda por los dos ejercicios anteriores. 

Ese primer piso, a nombre de Alberto González Amador, fue adquirido por el empresario y comisionista por 850.000 euros en julio de 2022. En fechas próximas a ocuparlo junto a Ayuso, un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquila por 5.000 euros al mes con derecho a compra. 

El traslado de Ayuso a un piso con su pareja en el barrio de Chamberí no había tenido mayor repercusión hasta que elDiario.es publicó que Alberto González Amador había defraudado a Hacienda 350.951 euros correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021, los años anteriores a la mudanza. Este periódico también reveló que la pareja disfrutaba de una segunda vivienda, un ático con una gran terraza en la planta inmediatamente superior.  

Han tenido que pasar 13 meses para que uno de los dos inquilinos del ático ofreciera una explicación sobre en qué condiciones la presidenta de la Comunidad de Madrid disfrutaba de esta otra vivienda, propiedad de una sociedad que tiene entre sus propietarios a un hostelero de León y cuyo administrador, el citado fiscalista, está relacionado con Fernando Camino, el jefe en Quirón de Alberto González Amador.

El pasado 10 de abril, González Amador declaró en el marco de una pieza separada del caso por corrupción en los negocios y administración desleal y aseguró que el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, también imputado en la causa principal, le había hecho el “favor” de comprar el ático a través de Babia Capital para que él lo pudiera alquilar por 5.000 euros al mes con derecho a compra. Gómez Fidalgo representó ante Hacienda a González Amador durante la inspección fiscal que originó la querella de la Fiscalía por delito fiscal en dos ejercicios y falsificación de documentos. 

En esos 13 meses que transcurrieron entre la exclusiva de elDiario.es y la declaración de González Amador en sede judicial lo único que había dicho la Comunidad de Madrid es que la presidenta no pagaba alquiler alguno. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se había referido una sola vez al ático adquirido por Babia Capital por 950.000 euros. “¿De lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”, respondió la presidenta en una rueda de prensa en abril de 2024.

Babia Capital SL pagó 870.000 euros por el ático más 70.000 por el garaje y el trastero correspondientes. En total, 950.000 euros de compra para la que la sociedad inmobiliaria recibió un préstamo por una cantidad muy similar, 952.000 euros, según desveló elDiario.es en agosto pasado. Quien esté detrás de ese préstamo, ya sea una persona física o una sociedad, sigue siendo un misterio.

González Amador aseguró en el juzgado que el “favor” de la compra para que él pudiera alquilar se lo hizo Javier Gómez Fildalgo. Sin embargo, tiene que haber alguien más en la operación. La explicación está en que si fuera dinero de Fidalgo se trataría de una operación vinculada al administrador de Babia, y la sociedad tendría que haberlo detallado en las cuentas correspondientes a 2023, el ejercicio en el que esta empresa adquirió la vivienda. Nada de eso figura allí. 

El ático tiene una superficie bruta construida de 176 metros cuadrados. Se divide en 155 metros de vivienda y otros 21 metros de elementos comunes, según el catastro. Esta vivienda adicional de Ayuso tiene cinco dormitorios –tres iguales, uno mayor y otro “de servicio”–, un cuarto de baño principal y uno menor, dos vestíbulos –uno principal y otro de menor tamaño– y una amplia terraza.

El ático fue adquirido por Babia Capital SL a una familia que había heredado la propiedad de un militar. El régimen franquista reservó la adquisición de varios inmuebles de esa zona a mandos del Ejército y allí viven todavía, con avanzada edad, algunos hijos de los compradores originales. En la misma calle que Isabel Díaz Ayuso residió en su momento el teniente general Emilio Alonso Manglano, que fue jefe del servicio de Inteligencia de la época, el CESID.

También pertenecen a una familia de militares los anteriores propietarios del piso de la sexta planta que compró González Amador el 27 de julio de 2022 y donde la pareja se mudó un año después, una vez reformada la casa. Cinco días antes de la formalización de la compra, Alberto González Amador había presentado la declaración del Impuesto de Sociedades de Maxwell Cremona, su principal empresa. Se trata de una de las dos declaraciones defraudatorias, efectuada cuando ya mantenía una relación con Isabel Díaz Ayuso, confirmada con unas fotos en una revista del corazón en mayo de 2021.

La Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador, y él ha reconocido, dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar 15 facturas ficticias a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

Dos millones por una comisión de mascarillas

El empresario ganó casi dos millones en comisiones por intermediar en una compraventa de mascarillas durante la pandemia, propiciada por una empresa gallega en la que es consejero su jefe en Quirón, Fernando Camino. Poco después, pagó medio millón por una empresa sin actividad a nombre de la esposa del directivo del gigante sanitario. Con esa comisión, González Amador multiplicó en 2020 por seis sus ingresos, pero al tiempo pagó en impuestos una tercera parte que en el ejercicio anterior. ¿El motivo? En teoría había gastado tanto en contratar con terceros que las ganancias eran casi anecdóticas. Era mentira. Y los gastos con esas otras sociedades eran falsos. La trama de facturas falsas continuó en 2021 hasta alcanzar los 350.951 euros defraudados en los dos ejercicios. 

En 2022, González Amador compró la vivienda del sexto piso y entregó 350.000 euros de entrada. Los 500.000 restantes responden a una hipoteca, uno de sus gastos fijos mensuales que se unen a los 5.000 euros que paga por el ático de arriba en régimen de alquiler con derecho a compra, de ser cierto lo que dijo en el juzgado. Ni en la hipoteca del piso de abajo ni el alquiler del piso de arriba participaría la presidenta madrileña. 

El principal cliente de las empresas de González Amador es Quirón Prevención, la división del gigante sanitario que percibe cientos de millones al año por sus contratos con la administración pública madrileña. Tras comenzar su relación con Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador multiplicó por cuatro su facturación a Quirón Prevención.