La fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos ha modificado su escrito de acusación en el caso que juzga el presunto fraude fiscal en la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) para rebajar la pena solicitada para uno de los acusados, Héctor de Armas, último administrador de esta sociedad.

La representante del Ministerio Público ha interesado una condena de cinco años de cárcel para De Armas frente a los catorce que solicitaba en un principio. Esta decisión de basa en la aplicación de dos atenuantes, el de dilaciones indebidas y el de confesión.

De Armas declaró este miércoles como acusado y reconoció que las horas extra que hacían los trabajadores de SIC se pagaban como dietas para así ahorrarse las cotizaciones de la Seguridad Social y la tributación por el IRPF, ya que este concepto está exento.

Durante su comparecencia, Armas descargó la responsabilidad de las decisiones adoptadas en la empresa en el otro acusado, Miguel Ángel Ramírez, incluso desde la fecha en que se produjo el cambio en la administración de la sociedad, en agosto de 2011.

Además, la fiscal aprecia la atenuante de dilaciones indebidas por los “casi tres años” que transcurrieron entre el auto de apertura de juicio oral (octubre de 2020) y el inicio de la vista. De Armas está acusado de cinco delitos, tres contra Hacienda y dos contra la Seguridad Social. La Fiscalía pide un año por cada uno de ellos.

También rebaja la petición de multa para el acusado. En el escrito de acusación solicitaba cerca de 80 millones, el triple de la deuda. Ahora pide su tanto. Es decir, unos 27 millones.

Con respecto al otro acusado, Miguel Ángel Ramírez, solicita las mismas penas: 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa.

La defensa de Miguel Ángel Ramírez ha pedido la nulidad de la mayor parte de la causa que sienta desde este martes en el banquillo de los acusados al empresario por un presunto fraude fiscal de 36 millones de euros. Sostiene que el ya exjuez Salvador Alba, que cumple desde el pasado mes de octubre una condena de seis años y medio de cárcel, contaminó el procedimiento judicial durante los meses en que asumió la instrucción y que ello invalida todas las actuaciones posteriores. Alba fue condenado por utilizar esas diligencias para fines ajenos al objeto de la investigación y con el objetivo de perjudicar a la magistrada a la que sustituyó, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El abogado de Ramírez, el afamado penalista y magistrado en excedencia José Antonio Choclán, ha esgrimido lo que en el argot judicial se denomina doctrina del fruto del árbol envenenado, una teoría asentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sostiene que cuando la fuente de prueba se corrompe (el árbol), lo que se gana de ella (el fruto) también. Su tesis, por tanto, es que el magistrado corrupto vició la causa con su ilegal proceder.

Alba tomó posesión en el juzgado en el que se sustanciaba la causa contra Ramírez, el de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de noviembre de 2015. La jueza que abrió esas diligencias, Victoria Rosell, había solicitado la excedencia para concurrir a las elecciones generales como independiente en las listas de Podemos. Alba accedió a ese destino pese a que ya había rebasado el cupo legal de sustituciones al que tienen derecho los magistrados cada año. Según recoge la sentencia que lo condenó por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, en esos meses manipuló el procedimiento contra el empresario con el propósito de acabar con la carrera política y profesional de su antecesora en el juzgado. Fue una grabación aportada por Ramírez la que permitió descubrir la conspiración orquestada por el exmagistrado.

El letrado de Ramirez sostiene que no hay ninguna resolución judicial en la causa que motivara la ampliación de la querella inicial por el presunto fraude fiscal (limitada a los ejercicios 2008 y 2009) al periodo comprendido entre 2010 y 2013, por lo que, a su juicio, la causa debe quedar circunscrita a lo sucedido en 2009 (los hechos de 2008 prescribieron).

La petición de nulidad ha sido solicitada por el abogado del empresario en el trámite de cuestiones previas al inicio de un juicio que ha comenzado este martes, nueve años después de la apertura de la causa, y que se prolongará durante tres semanas.   

La Fiscalía pide 21 años y medio de cárcel y multas que ascienden a 105 millones de euros para Ramírez por cinco delitos contra Hacienda y tres contra la Seguridad Social. También está procesado Héctor de Armas, que sustituyó al empresario como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC) en 2011. Para él, el Ministerio Público solicita catorce años de prisión y cerca de 80 millones en multas. También figuran como acusación Hacienda, la Seguridad Social y el sindicato USO.

La fiscal Evangelina Ríos acusa a ambos de recurrir a una serie de “ficciones” para eludir pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y multiplicar los beneficios de Seguridad Integral Canaria, de la que Ramírez era socio mayoritario (un 91%), además de administrador hasta agosto de 2011, fecha en la que fue sustituido por Héctor de Armas. La representante del Ministerio Público sostiene, no obstante, que el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas siguió al frente de la sociedad y que ese movimiento se debió a que Ramírez había sido inhabilitado en otro proceso judicial y ello podía perjudicar a SIC a la hora de concurrir a concursos públicos.

 El escrito de acusación alude a varias maniobras mediante las cuales los acusados habrían eludido el pago de determinadas cantidades a Hacienda y a la Seguridad Social y habrían aumentado así los beneficios de la empresa a costa del erario público y de sus propios trabajadores. Una de ellas era disfrazar como dietas las horas extra que hacían sus vigilantes. La razón, precisa la Fiscalía, es que las dietas son conceptos extrasalariales y, por tanto, están exentas de cotización (a la Seguridad Social) y de tributación (en el IRPF).

Por esta vía se habría ahorrado entre los ejercicios 2009 y 2013 un total de 18 millones de euros (6,6 de las retenciones de Hacienda y 11,45 de la Seguridad Social).

 Los otros 18 millones de euros presuntamente defraudados tienen su origen en los convenios colectivos firmados entre la empresa y los representantes de los trabajadores en 2012 y 2013, ambos anulados por la justicia. Según la Fiscalía, en esos acuerdos se reducía el salario base de los empleados y se sustituía por un complemento de productividad que solo cobraban si hacían 22 horas más de las fijadas en el convenio estatal. También se suprimían pluses por trabajar de noche o en festivos, aunque los vigilantes seguían ejerciendo en esos horarios que cobraban también como dietas.  

 El Ministerio Público precisa que, al no aplicar el convenio del sector, la empresa mantuvo en una “situación de precariedad a sus trabajadores” que le permitió no pagar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que no tributó.

La entidad sueca que ha comprado la división de transporte de fondos de Seguridad Integral Canaria ha detectado que en las cámaras acorazadas que gestionaba y custodiaba la empresa canaria faltan 720.309 euros, según ha informado este martes la federación de seguridad privada de USO.

El anterior accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que se desvinculó de la empresa hace meses, corroboró ayer la existencia de ese problema en las cámaras acorazadas durante su declaración en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba.

Cuando las acusaciones le preguntaron por qué sus empresas se han querellado contra el nuevo consejero delegado de Seguridad Integral Canaria, su antiguo socio Héctor de Armas, Ramírez explicó que porque han detectado indicios de que cometió varios delitos.

En concreto, su grupo de empresas ha denunciado a De Armas por administración desleal, por una posible estafa y por un descuadre en las cámaras acorazadas, cuya cuantía Ramírez no pudo precisar al tribunal, pero que sí dijo que rondaba los 700.000 euros.

El secretario general nacional de USO, Basilio Febles, y el responsable de seguridad privada en Canarias, Juan Agustín Díaz, han informado en una rueda de prensa de esta “sustracción” detectada en una auditoría por la empresa Loomis, del grupo Securitas, que desde el 1 de julio desarrolla el servicio de transporte blindado que hacía Seguridad Integral tras subrogar a 200 trabajadores y hacer frente a la deuda que dejó la empresa canaria.

USO entiende que ese descuadre tendrán que denunciarlo en los tribunales “los clientes afectados”.

Los miembros del sindicato han considerado que las acciones emprendidas desde 2005 por la organización contra las prácticas “piratas” que, a su juicio, ha aplicado Seguridad Integral Canaria, y por las que está pendiente la celebración de un juicio contra Miguel Ángel Ramírez por supuestos delitos, como un fraude a la Seguridad Social que supera los 20 millones de euros, la entidad que dirigió en su día “ha cesado su actividad”.

Tanto Díaz como Febles han destacado que Seguridad Integral Canaria llegó a tener contratados a 5.000 vigilantes en toda España, unos 2.000 de ellos en Canarias, a los que en 2017 llegó a adeudar hasta seis nóminas, y han celebrado que, a día de hoy, la práctica totalidad de ellos estén subrogados en otras empresas del sector, si bien han admitido que “no todas pagan bien”.

USO entiende que la causa penal contra Ramírez por su proceder en Seguridad Integral Canaria, sobre la que ha de resolver el Juzgado de Instrucción Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria, “está suficientemente estudiada como para que empiece el juicio oral”, después de que ya hayan investigado sobre ella hasta cinco jueces, que han hecho todos los requerimientos pertinentes y cuentan con el “contundente informe” del perito de la SeguridadSocial.

Pese al cese de la actividad de esta entidad canaria, USO ha denunciado este martes que en el sector de la seguridad privada de las Islas “quedan muchas empresas piratas”, al tiempo que ha destacado que el sector se enfrenta aún a otros problemas.

Entre ellos, Febles ha aludido a la posible aprobación de un borrador de reglamento que desarrolla la Ley de Seguridad Privada de 2014 y que establece que “el transporte de fondos desaparecerá” y que se podrá “transportar libremente, sin el control de una empresa de seguridad, hasta 25 millones de euros”.

Para USO, “este disparate grandísimo contribuirá a elevar el fraude fiscal y fomentará la criminalidad”.

Seguridad Integral Canaria ha presentado este viernes concurso de acreedores para intentar superar la situación en la que se encuentra después de que se hayan reactivado los embargos derivados de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar a su plantilla el convenio nacional.

Seguridad Integral había llegado hace semanas a un acuerdo con CCOO e Intersindical Canaria para fraccionar hasta 2020 el pago de la deuda que ha contraído con sus trabajadores a raíz de esa sentencia, que le obliga a pagar con carácter retroactivo los salarios del convenio nacional del sector, superiores a los suyos.

Sin embargo, un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido reactivar el proceso de ejecución forzosa de esa deuda a petición del sindicato USO, por estimar que no se había cumplido la condición básica del acuerdo (que no hubiera nuevos impagos de nóminas) y que la empresa no había presentado pruebas de que esa medida vaya a desestabilizarla, ya que también ha anunciado que tiene el propósito de abandonar el sector de la vigilancia.

Los directivos de Seguridad Integral Canaria anunciaron el pasado 24 noviembre un plan urgente de saneamiento de la empresa, que pasaba por reducir un 90% su plantilla, por la vía de transferir casi todos sus empleados a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, sociedad a la que ha vendido su cartera de clientes

En un encuentro con medios de comunicación, sus ejecutivos reconocieron que la sentencia del Supremo hacía inviable su estructura de costes, pero también expresaron su confianza en poder plantear una salida ordenada de la empresa del sector de la seguridad privada gracias al acuerdo con CCOO e Intersindical.

Tras la reforma laboral de 2012, Seguridad Integral -cuyo accionista mayoritario es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez- se acogió a la posibilidad de descolgarse de los convenios nacionales y comenzó a pagar a su plantilla salarios muy inferiores, lo que le permitió ganar numerosas adjudicaciones públicas de servicios de seguridad, en un contexto de recesión en la que la mayoría de ellos se licitaban mediante subasta a la baja.

Ello le permitió expandir su presencia en Canarias y ganar importantes concursos en la Península, como el del Metro de Madrid (el único que conserva aún fuera de las Islas) y los del Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional del Estado, entre otros.

En un comunicado, la empresa reconoce que la reposición de los embargos sobre sus cuentas le “aboca” a presentar concurso de acreedores, una decisión que toma, dice, para “poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible”, porque el bloqueo de sus cuentas corrientes le impide tener “un normal funcionamiento”.

“El bloqueo de las cuentas en los últimos meses proviene de una demanda de algunos sindicatos y trabajadores que no entendieron la realidad de la empresa exigiendo el abono total de las diferencias salariales, debido a una sentencia que anula el convenio que la empresa aplicó, pactado con los representantes mayoritarios de los trabajadores, conforme a la reforma laboral de 2012”, alega.

SIC explica además que el bloqueo de sus cuentas por esos embargos de la plantilla le ha impedido pagar a Hacienda y la Seguridad Social, que a su vez han impulsado nuevos embargos.

Sus directivos entienden que, en esta situación, “la única herramienta legal” a su alcance para “restablecer el normal funcionamiento de la empresa” es presentar concurso de acreedores voluntario, “con la intención de no dejar ninguna deuda contraída, en línea con la historia de esta empresa”, de 22 años de existencia.

“Tal es la convicción de Seguridad Integral Canaria en su solvencia, basada en que su activo es netamente superior a su pasivo, que la intención no es solicitar quita alguna, pese a que la ley lo permite, sino adaptar los pagos a la liquidez de la compañía, según un calendario que garantizaría la viabilidad de la empresa y el cobro por parte de los acreedores”, dice.

La empresa asegura que toma esta decisión “con la vocación de seguir ofreciendo sus servicios con normalidad”, pide “perdón públicamente” a sus trabajadores, a los que espera “poder compensar”, y lamenta “la intransigencia de algunos sindicatos”, a los que acusa de tener “intereses alineados” con su competencia.

Este mismo jueves, el Gobierno de Canarias anunció que tampoco va a seguir contando con Seguridad Integral en uno de sus contratos de seguridad más importantes: la vigilancia de todas las sedes de juzgados y tribunales en la comunidad autónoma.

El Gobierno canario encomendará provisionalmente esos servicios a Securitas y Prosegur, hasta que se licite de nuevo el contrato (de nueve millones de euros de presupuesto y dos años de duración). 

Las empresas Trablisa, Ombus, Ilunion y Segurisa son las cuatro que optan a prestar la seguridad en Metro de Madrid a partir del mes de enero, cuando previsiblemente entrarán en servicio con unas nuevas condiciones que contemplan que el impago a los trabajadores pueda conllevar la rescisión de la concesión.

Fuentes de Metro han informado de que la dirección del suburbano ha procedido hoy a la apertura de las ofertas económicas de las empresas que optan al servicio de seguridad tras haber finalizado la fase de valoración técnica de la licitación del servicio. Así se prevé que empiecen a operar antes de febrero.

Actualmente prestan el servicio Ombus, Segurisa y Seguridad Integral Canaria, y los trabajadores de esta última están en huelga desde el 10 de noviembre porque llevan dos meses sin cobrar sus sueldos, motivo por el que algunos de ellos han presentado denuncias en los juzgados y uno está en huelga de hambre desde hace 12 días.

Trablisa, Ombus, Ilunion y Segurisa son las empresas candidatas en un nuevo contrato que cuenta con un presupuesto de 234 millones de euros, un 10% más que el actual.

En el nuevo pliego de condiciones para los próximos contratos se contempla que la falta de pago de las nóminas a los trabajadores pueda ser sancionado como falta muy grave y pueda ser motivo de rescisión de contrato de forma unilateral por parte de Metro de Madrid.

También se exige que, durante toda la vigencia del contrato, todos los trabajadores adscritos a la prestación del servicio en Metro cobren, como mínimo, las tablas salariales recogidas en el convenio colectivo estatal que esté en vigor.

La apertura de las ofertas económicas, que se darán a conocer en un acto público el próximo martes, 26 de diciembre, acerca el momento en el que los trabajadores de Seguridad Integral Canaria se subroguen en una de las nuevas empresas antes de que finalice enero de 2018, de manera que podrán normalizar su situación para entonces, han subrayado las fuentes del suburbano.

Las fuentes han precisado que garantizar la seguridad de los millones de usuarios de Metro es uno de los servicios más importantes y esenciales para la empresa.

Las nuevas adjudicatarias tendrán que gestionar las 301 estaciones de la red, así como los catorce depósitos y cocheras de Metro.

También atenderán las más de 8.500 cámaras que controlan todas las estaciones.

Las fuentes han precisado que seguridad está muy valorada por los usuarios, que en la última encuesta realizada la han puntuado con un 7,67.

Daniel Galán tiene 42 años y es vecino del barrio del Polígono de Toledo. Todos los días, desde hace 15 años, coge el autobús para acudir a su trabajo como vigilante de seguridad en el Metro de Madrid sin haber tenido nunca ningún problema en el ámbito laboral. Sin embargo, la situación ahora es distinta. Daniel es uno de cerca de 550 trabajadores de seguridad del Metro de Madrid que lleva meses en conflicto con Seguridad Integral Canaria, una de las tres empresas subcontratadas por la vigilancia del Metro.

A día de hoy, ningún trabajador ha cobrado la nómina del mes de noviembre y entre 60 y 100 de ellos no ha recibido su salario desde octubre, según denuncia el propio trabajador toledano y la Unión Independiente de Trabajadores, sindicato del que forman parte la gran mayoría de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria. “Cuando entró esta empresa empezamos a tener retrasos en los pagos hasta el punto de que llevamos algunos compañeros dos meses sin cobrar”, explica a eldiarioclm.es el propio trabajador.

Sin embargo, y a pesar de no recibir sus salarios, los vigilantes de seguridad tiene que seguir acudiendo a su puesto de trabajo cada día. “Como Metro de Madrid es un servicio esencial, la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid nos ha puesto unos servicios mínimos del 85%. Me veo en la obligación de venir cada día desde Toledo sin cobrar mi salario. Estoy pagando dinero por trabajar”, explica Galán.

Seguridad Integral Canaria, que vive sus horas más bajas, tiene su sede en Canarias pero en Madrid tiene una Delegación donde han acudido estos trabajadores para protestar por su situación. “El primer mes nos empezaron a dar largas diciéndonos, -no os preocupéis que en tres días tendréis los ingresos es que hemos que hemos tenido problemas informáticos-. Eso el primer mes, por eso aguantamos el tirón como pudimos”, señala Galán. Sin embargo, al comprobar que el segundo mes tampoco recibían las nóminas comenzaron a tomar medidas, “porque se estaban produciendo situaciones extremas, como gente que no se puede pagar la medicación ni la comida a su familia”.

Este el caso, por ejemplo, de Daniel Galán, que tiene dos hijas, con su anterior pareja, que también trabaja en la misma empresa como vigilante de seguridad y que por tanto tampoco ha recibido las últimas nóminas. “No puedo pasar la pensión a mis hijas y la madre de mis hijas tampoco ha cobrado”. Es su caso particular y ante la desesperación de no llegar a fin de mes ha decidido ponerse en huelga de hambre para reivindicar “que nos paguen nuestro salario”. Sobrevive como puede gracias a su actual pareja, y el sueldo que gana en el Ayuntamiento de Toledo.

Con hoy, son nueve días los que Daniel Galán lleva en huelga de hambre, “me alimento del apoyo de los compañeros pero principalmente de la rabia de la indignación y de la impotencia que es lo que me mantiene despierto”. Por el momento se encuentra en la estación de Metro de Sol, un sitio reivindicativo a la espera de que alguien le escuche y se solucione este problema pronto. “Pretendemos que alguien nos escuche, pero en vista de que esto no soluciona nada, a problemas desesperados soluciones drásticas”.

Seguridad Integral Canaria ha advertido este viernes de que los aproximadamente 1.500 vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC) que prestan sus servicios para la Administración autonómica en las Islas corren el riesgo de verse en el desempleo o sin cobrar sus salarios en el caso de que los sindicatos del sector de vigilancia privada no acepten la solución planteada por la empresa, ya que se vería abocada a entrar en concurso de acreedores.

Según explica la empresa en un comunicado esta alternativa ha sido “aceptada ya por administraciones públicas de rango estatal e insular” y consiste en que los trabajadores sean subrogados transitoriamente por otra empresa hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por SIC.

SIC defiende que es viable su fórmula para la cesión de contratos públicos, asumidos por Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que, culminado el periodo transitorio mientras se resuelven los nuevos concursos, haya una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran.

La empresa ha enviado este comunicado en vísperas de una reunión que los sindicatos mantendrán este sábado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. “En el caso de que los representantes sindicales no acepten esa fórmula, a Seguridad Integral Canaria no le quedará otro remedio que solicitar un concurso de acreedores que comenzaría a aplicarse antes de final de año”, subrayan.

Se trata de una fórmula que abocaría al impago indefinido de salarios y al cese de actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo.

Seguridad Integral insiste en que su objetivo principal es la garantía de los puestos de trabajo, por ello, recalca la idoneidad de “la subrogación transitoria a otra empresa como salvaguardia de los empleos y el pago de salarios”.

El Gobierno de España ha acordado este viernes enviar a la Fiscalía un expediente abierto a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie. Ese expediente sancionador -que ahora detiene su tramitación administrativa hasta que se resuelva la posible vertiente penal- se deriva de la anulación por parte del Tribunal Supremo de un convenio colectivo para unos 700 trabajadores situados en la isla de Gran Canaria. La empresa está obligada a pagar a sus vigilantes la diferencia entre los salarios percibidos y el convenio estatal y, paralelamente, a la Seguridad Social las cuotas correspondientes.

Al rebasarse la cantidad mínima de 120.000 euros que convertirían en delito una deuda así, el Gobierno está obligado a enviar el expediente a la Fiscalía por si apreciara indicios de dolo que convirtieran en delictiva la actuación de la empresa.

La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.

Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda, la famosa causa en la que saltó el escándalo protagonizado por el juez Salvador Alba.

Seguridad Integral Canaria anunció este verano que dejaría de prestar servicios de vigilancia presencial para mantener sólo los de transporte de fondos y alarmas, traspasando a los trabajadores del área de vigilancia a otras empresas.

Seguridad Integral Canaria, anterior adjudicataria de los servicios de seguridad de las instalaciones de Defensa, les debe la nómina de mayo y el finiquito tras desvincularse de la empresa. Marsegur, nueva adjudicataria, les ha rebajado el sueldo, en algunos casos, hasta un 40 %. Los vigilantes de seguridad del Hospital General de la Defensa de Zaragoza alertan de su situación y anuncian huelga para los próximos 27 y 28 de julio.

El pasado 10 de abril se formalizó el Acuerdo Marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad con o sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos –dicho de otro modo: el contrato para encargarse de la seguridad en las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa–. La adjudicataria fue Marsegur Seguridad Privada S. A. por un importe total de 18,96 millones de euros.

Todos los vigilantes de seguridad –unos 40 en Aragón– empleados en destinos de Defensa pasaron a depender de la nueva empresa. En su gran mayoría lo hicieron a partir del pasado 1 de mayo; no es el caso, empero, de los vigilantes del Hospital de la Defensa de la capital aragonesa –y de otras instalaciones sanitarias militares en España– que lo hicieron el primero de junio. A días para que se cumplan dos meses de aquello, todavía esperan el ingreso de la nómina de mayo y del finiquito.

Héctor de Armas, administrador de Seguridad Integral Canaria, con el que se ha puesto en contacto eldiario.es, argumenta que Defensa les debe a ellos 2,3 millones de euros. Y que no es la única deuda que tiene contraída el Ejecutivo estatal a favor de su empresa, ya que Patrimonio ha de pagarles otros 2 millones. En esta situación, apunta de Armas, “la tesorería de la empresa sufre una tensión muy importante. Cuando nos paguen lo que deben, pagaremos”.

Entiende, dice, el malestar de los trabajadores, “y me gustaría decir que no es mi problema, pero sí lo es y la única solución es que mi cliente me pague”. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, pero no han realizado declaraciones al respecto.

Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez: empresario, conocido en algunos círculos como ‘el capo de la seguridad’, indultado por el Gobierno de España tras un delito urbanístico y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

El 1 de septiembre de 2014, esta empresa comenzó a prestar sus servicios –tras resultar adjudicataria– como encargada de la seguridad de Defensa. El contrato finalizaba el 29 de febrero de 2017. Se abrió entonces un concurso al que se presentaron, según de Armas, “con un precio superior, ya que el precio anterior no resultaba rentable”. La elegida fue Marsegur.

La rúbrica del contrato, sin embargo, se dilató ya que otra de las optantes, Sureste Seguridad, presentó un recurso. En ese momento, y hasta que se resolviera, “nos pidieron que siguiéramos dando el servicio, y lo aceptamos, pero al mismo precio que la oferta que presentamos –la que no fue elegida–”, dice el administrador, que sitúa en ese periodo de impasse el origen de la deuda del Gobierno de España.

Por añadidura, Seguridad Integral Canaria apareció en una lista de morosos de Hacienda que le achacaba una deuda de 2,9 millones de euros. De Armas comenta que, “en este momento, a Hacienda no le debemos nada. Estamos al corriente de todas nuestras obligaciones”.

Reducción de salario

Pero no es este el único problema que afecta a los bolsillos de los vigilantes de seguridad. Su merma se ve multiplicada porque la nueva empresa les ha reducido el salario, en algunos casos, afirman, hasta en un 40 %. Esto es posible gracias a que Marsegur no ejerce al amparo del convenio colectivo de seguridad privada, sino que se rigen por un texto propio. El cual, por cierto, no ha sido admitido por la Audiencia Nacional, lo que hará que recurran al Supremo, como señaló el director de la empresa, Antonio Redondo, a este medio.

“El Estado da armas para competir, y nosotros las aprovechamos”, asegura Redondo. El convenio, explica, “entra dentro de la legalidad y está soportado por la última reforma laboral, ya que esta dice que el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa respecto al estatal”. Las condiciones, alega, “han cambiado, y hay que ajustarse a la realidad actual. Incluso la Administración saca licitaciones a precios diferentes: el convenio es legal y en precio de mercado, estamos dentro de la ley”.

La empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, figura entre las novedades de la tercera lista de morosos con el fisco publicada este viernes por la Agencia Tributaria, que le achaca una deuda de 2,9 millones de euros.

Esa deuda se corresponde, según la mercantil, con el retraso dos pagos de IVA a 31 de diciembre de 2016, fecha del cierre de la lista dada a conocer este viernes. Fuentes de Seguridad Integran Canaria aseguran que esa deuda ya está satisfecha y que el retraso es producto de tensiones de tesorería provocadas, entre otras cuestiones, por la demora de las administraciones en pagar los contratos que tiene concertados con ella. A día de hoy, ha dicho el portavoz, las administraciones públicas deben a Seguridad Integral Canaria más de 10 millones de euros. “Si tuviéramos una deuda viva no podríamos contratar con el sector público y lo seguimos haciendo”, concluyó.

También se incorporaran a la lista de morosos la empresa Unipost, el Club Deportivo Castellón y el representante y colaborador televisivo Kiko Matamoros.

De la relación de contribuyentes que debían más de un millón de euros a fecha de 31 de diciembre de 2016, salen, en cambio, el futbolista Dani Alves, el piloto Dani Pedrosa, los clubes de baloncesto Estudiantes y Joventut de Badalona, Canal Nou y Sniace.

Unipost aparece con una deuda de 5,4 millones de euros, en tanto que el club de fútbol del Castellón debe 1,3 millones y Kiko Matamoros, 1 millón.

También aparecen la empresa Caramelo (1,6 millones), Unipapel (1,5 millones) y Reig Martí (1,08 millones).

Repiten en la lista con las mayores deudas los gigantes inmobiliarios caídos durante la crisis, Reyal Urbis y Nozar, aunque han disminuido ligeramente sus importes a 363,2 y 198 millones, respectivamente.

Por delante de Nozar está Oceanus Maritime, con 227,7 millones de euros. Le siguen Vittone 1842 (134,47 millones), Grupo Prasa (98,7 millones), Aifos (98,6 millones) y Banreal Holding (98,4 millones).

También repiten Martinsa Fadesa (65,2 millones) y las promotoras Arenal 2001 (66,4 millones) y Arenal 2000 (49,1 millones), propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, relacionado con la operación Malaya.

Del mundo del fútbol se mantienen el exfutbolista argentino del Barcelona Gabi Milito (1,8 millones) o el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz (1,3 millones), además de equipos de fútbol como el Recreativo de Huelva (12,5 millones), el Real Murcia (10,8 millones), el Elche Club de Fútbol (10,5 millones) o el Racing de Santander (9,2 millones).

Hay también diferentes sociedades vinculadas al grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz Mateos (29,7 millones) y empresas del exvicepresidente de la CEOE Arturo Fernández (14,2 millones).

Entre los particulares que más adeudan a Hacienda, también sigue el empresario Agapito García Sánchez (17 millones), aunque la ha disminuido en 2 millones.

También están desde el primer listado el expresidente de Banesto Mario Conde, que sigue debiendo a la Agencia Tributaria 9,9 millones, y su socio en Banesto Jacques Hachuel, 2,6 millones.

El Alto Tribunal avala la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se absolvía a Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, a un administrativo de esta firma y al jefe de seguridad de AENA en Tenerife-Sur

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) no ha admitido el recurso de casación formulado por AENA contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que absolvía a Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC), a un administrativo de SIC y al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto de Tenerife Sur por una supuesta malversación al cargar facturas por servicios ficticios que habrían reportado a la empresa 186.880 euros entre enero de 2007 y febrero de 2009.

En un auto dado a conocer este martes, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial, que desmontaba buena parte de la investigación policial y la instrucción judicial al cuestionar la veracidad de la denuncia original de un exempleado de Seguridad Integral Canaria, responsable de los servicios en el aeropuerto Reina Sofía, que aportó a la Guardia Civil una serie de cuadrantes de trabajo en los que figurarían esos importes inflados.

La Justicia ha dado la razón a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) al declarar procedente el despido de un trabajador que participó en una serie de protestas contra la empresa. El empleado formó parte de una protesta en un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2014 junto a otros miembros del comité de empresa con caretas del pequeño Nicolás y camisetas con lemas que atacaban a la honorabilidad de la compañía, con lemas alusivos a la corrupción. Una actuación que fue acordada un mes antes en la sede de Intersindical Canaria, con la presencia del actual concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega (Podemos), que era coordinador regional de Seguridad Privada.

En esta reunión se acordó llevar estas caretas y camisetas con el mensaje: “Donde hay corrupto hay un corruptor. Tanto o más importante que el nombre del político corrupto, es conocer el de la empresa de seguridad corruptora”. Tras este hecho, Jacinto Ortega publicó en su Facebook una foto con el título “Parte del equipo Pequeño Nicolás”, en la que aparecen seis personas, entre ellas el empleado al que se ha ratificado su despido, A.O.A., quien también hizo una serie de publicaciones en esta línea.

Meses después de la celebración del pleno, en marzo de 2015, miembros del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria y trabajadores celebraron una rueda de prensa para anunciar una huelga. En este acto, en el que también intervinieron representantes sindicales, como el actual concejal de Cohesión Social, se vertieron insultos hacia el dueño de la empresa, Miguel Ángel Ramírez. Concretamente, se le llamó “sicario empresarial, explotador, cacique empresarial, corruptor, terrorista empresarial” y se le acusó de practicar una política “de terror y miedo hacia los trabajadores, acosa y amenaza, se beneficia del amiguismo empresarial y de administraciones corruptas”.

Seguridad Integral Canaria consideró que esos hechos eran motivo de un despido disciplinario, puesto que denigraban a la empresa con acusaciones de corrupción ante uno de sus principales clientes, el Consistorio capitalino. Además, incluyó en el expediente abierto al trabajador A.O.A. varios de los comentarios que había publicado en redes sociales con acusaciones contra el propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.

El TSJC, a través de esta sentencia firmada por los magistrados Humberto Guadalupe, María Jesús García y Javier Díez, dan la vuelta al fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que había declarado nulo el despido, por entender que las conductas achacadas al trabajador sancionado por Seguridad Integral Canaria estaban amparadas por la libertad sindical y la libertad de expresión.

Los jueces del TSJC entienden que la conducta del despedido “no está amparada por el ejercicio de las libertades sindical y de expresión”, sino que “constituye una grave transgresión del deber de buena fe contractual, pues se viene a acusar de corrupción no sólo a la empresa de seguridad sino al político correspondiente” ya que el Consistorio capitalino es cliente de Seguridad Integral Canaria.

La sala estima el recurso de Seguridad Integral Canaria al considerar que el trabajador incurrió en una conducta de especial gravedad y transcendencia, merecedora del máximo reproche sancionador que supone de despido disciplinario.

Conflicto entre el concejal y el grupo Ralons

Este último episodio no es el único que ha enfrentado recientemente a una empresa de Miguel Ángel Ramírez con el concejal de Cohesión Social del Consistorio de la capital grancanaria, Jacinto Ortega (Podemos). Recientemente, el grupo Ralons se ha querellado contra la mesa de contratación del Consistorio por considerar que se han vulnerado las bases de un concurso en lo relativo a ofertas temerarias.

El Ayuntamiento de la capital grancanaria concedió a la empresa Clece el pasado mes de septiembre el contrato de servicio de ayuda a domicilio, a pesar de las advertencias de grupo Ralons de oferta temeraria.

Además, Ortega, quien no se presentó en la mesa de Contratación de la que forma parte, ha mostrado públicamente su animadversión personal contra el Grupo Ralons.

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo el acuerdo al que llegó Seguridad Integral Canaria con parte de su plantilla para apartarse del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en España y reducir las retribuciones de todos sus trabajadores desde 2012 hasta 2014. Un convenio que fue aplicado por la empresa durante diez meses.

El Supremo confirma así la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló ese descuelgue del convenio por haberse firmado con un comité sin capacidad para representar al conjunto de los trabajadores y sin abrir una verdadera negociación con la plantilla.

Perteneciente al grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria es responsable de la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el Archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional.

En 2012, la compañía informó a los sindicatos de que su facturación estaba sufriendo una merma del 13% debido a las negociaciones a la baja que estaban realizado las administraciones públicas y a los impagos que sufría por parte de varios clientes.

Como consecuencia de ello, les propuso dejar de aplicar a sus vigilantes el convenio colectivo nacional de la seguridad privada y reducir sus retribuciones por varias vías.

Finalmente, llegó a un acuerdo con uno de los comités de la provincia de Las Palmas para mantener la plantilla, pero a cambio eliminar los pluses de nocturnidad, festivos, Nochebuena, fin de año e incapacidad laboral y elevar la jornada a 184 horas mensuales.

Además, la empresa transformó el 17% del sueldo fijo de sus empleados en un complemento de productividad que sólo cobrarían si trabajaban las 184 horas fijadas cada mes, de modo que el salario base de sus vigilantes pasaba a ser de 726 euros mensuales.

Ese descuelgue del convenio era aplicable a toda la plantilla de la provincia de Las Palmas y a los empleados de los centros de trabajo de otros lugares de España que no tuvieran representantes laborales (delegados de personal o comité de empresa propio).

En su recurso ante el Supremo, Seguridad Integral Canaria defendía que la situación económica de la empresa justificaba legalmente las medidas que tomó para apartarse del convenio colectivo y reducir sus costes laborales.

Sin embargo, la Sala le recuerda que el TSJC no entró a valorar tales motivos, sino que declaró nulo el acuerdo por no ajustarse a las exigencias legales de negociación con la plantilla, como habían denunciado USO, UGT, Intersindical y Alternativa Sindical.

El Supremo recuerda que el TSJC declaró probado que ese descuelgue del convenio sólo se negoció con un comité que no podía representar a la totalidad de la plantilla y, dentro de ese comité, sólo con los delegados de una candidatura independiente de trabajadores, dejando al margen al vocal de CCOO.

También subraya que, a juicio del TSJC, “no existió un verdadero período de consultas, sino una mera apariencia de negociación, sin contenido real”. Para el Alto Tribunal, esa conclusión no es “una mera apreciación subjetiva”, sino el resultado de las pruebas practicadas durante este litigio entre Seguridad Integral Canaria y los sindicatos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado el coste por despidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado por Seguridad Integral Canaria (SIC) en sus trabajadores del Metro de Madrid, según señala la empresa canaria.

Así lo ha explicado la compañía después de que este miércoles Comisiones Obreras de Madrid asegurara en un comunidad que el TSJM había anulado el ERE y declaraba “no ajustado a derecho” el despido colectivo de 96 personas que la empresa presentó en mayo pasado y que justificaba por “causas organizativas y productivas” derivadas de su servicio de seguridad en Metro de Madrid.

Desde SIC aseguran que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el ERE no anula los despidos, sino que “sólo” eleva las indemnizaciones que corresponden a los afectados.

La compañía señala que la sentencia avala que “cumplió escrupulosamente con todos los requisitos formales del expediente y, además, acreditó en el procedimiento judicial su buena fe negociadora durante la tramitación del ERE”.

Según la empresa, el fallo afecta a las indemnizaciones que corresponden a los despedidos, que pasan de ser de 20 días por año trabajado a 33 días por año de trabajo.

Además, anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo, por entender que la Sala de lo Social del TSJM ha cometido “errores de apreciación en cuanto al número de efectivos necesario para la ejecución del servicio de seguridad en Metro de Madrid”.

La compañía recalca que en caso de no estimarse sus argumentos, “el único efecto material de la resolución judicial conocida este miércoles sería el pago de la diferencia de indemnización de los 20 días por año de servicio ya abonados a los 33 días” e insiste en que “en absoluto el ERE ha sido anulado, sino que, por el contrario, han sido rechazadas todas las demandas de nulidad instadas por los sindicatos”.

La empresa Seguridad Integral Canaria se hará cargo desde el 1 de enero de 2015 de la protección de todas las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Para este nuevo servicio, la compañía presidida por Miguel Ángel Ramírez ha incorporado a 250 nuevos vigilantes a su plantilla, previamente formados para las características particulares que requiere la tarea que deben prestar.

El INTA es un organismo autónomo del Estado creado para poner en marcha proyectos de investigación aeroespacial, en combinación con otros organismos autónomos españoles, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o universidades, así como organismos extranjeros como la NASA, la Agencia Aeronáutica y del Espacio Norteamericana.

El Instituto depende directamente de la Secretaría de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa y es responsable de los programas científicos satelitales de España.

Los 250 nuevos vigilantes de Seguridad Integral Canaria se harán cargo de la protección de una treintena de instalaciones del INTA repartidas por todo el país, incluyendo la sede del Instituto en la isla de Gran Canaria, concretamente en San Bartolomé de Tirajana.

La empresa canaria ya vigila y protege todas las sedes del Ministerio de Defensa, que requieren seguridad privada, así como gran parte de la red de Metro de Madrid, una de las más amplias del mundo. Seguridad Integral Canaria tiene también a su cargo la vigilancia de instalaciones y Reales Sitios del Patrimonio Nacional como el Palacio Real de Madrid, los de Aranjuez y La Granja, así como el del Pardo o el Valle de los Caídos entre otros.

Ralons cierra 2014 con una facturación de 150 millones

El Grupo Ralons, en el que se encuentra Seguridad Integral Canaria, cerrará 2014 con una facturación global de 150 millones de euros, un 18% superior al ejercicio anterior, incrementando sus cifras de ventas en todas sus divisiones corporativas, el número de clientes y el de empleados, hasta cerrar el año con una plantilla en el entorno de los 7.000 trabajadores.

La solidez del grupo y su capacidad financiera le permiten afrontar con garantías de éxito sus objetivos para 2015, según expuso el administrador único de la corporación, Héctor de Armas Torrent, durante la Convención Ralons 2014, que reunió en la capital grancanaria a casi un centenar de directivos de las empresas del grupo con presencia en las siete islas, en todas las comunidades autónomas del Estado y en mercados internacionales, como el americano.

“Seguiremos creciendo porque existe un importante potencial de demanda de servicios de alta calidad a precios competitivos, una ecuación en la que el Grupo Ralons es imbatible. Crecer está en el ADN de nuestro grupo”, agregó De Armas. En la convención se presentaron las cuentas de 2014 y se establecieron objetivos, división por división, para el próximo ejercicio.

“En 2015 Ralons consolidará y ampliará su cifra de negocios, reafirmando su posición de liderazgo en el Archipiélago”, anunció Héctor de Armas. Para lograrlo “ensancharemos nuestra base de clientes en todas las divisiones, incrementaremos la cifra de negocios en otro 13% hasta llegar a los 170 millones de euros de facturación en 2015, mejoraremos el ratio entre ingresos y rentabilidad y continuaremos con nuestra política de generar empleo, que ha sido marca de la casa incluso en los peores momentos de la crisis económica que ha sacudido al Archipiélago, al conjunto de España y a Europa.

El grupo ha multiplicado sus cifras de ventas desde los 84,2 millones de 2011 hasta los 150 millones de 2014.

La corporación Ralons tiene su origen en la sociedad Seguridad Integral Canaria SA, creada en 1995. Seguridad Integral Canaria aportó al grupo en 2014 una facturación de 81 millones de euros.

Ralons tiene entre sus objetivos para 2015 continuar con su expansión internacional, en particular en el mercado americano. El grupo ha establecido su sede en Miami. Así mismo esté presente en Perú, donde cuenta ya con una plantilla de 200 trabajadores en las áreas de seguridad y servicios auxiliares.

Otro de los grandes objetivos de la corporación para 2015 es impulsar las actividades de la Fundación Ralons, con actividades relacionadas con la educación, la investigación médica, el arte y la cultura o el deporte.

Nueva sede en 2015

Ralons también ha anunciado la inmediata inauguración de la nueva sede central del grupo, también en el Polígono Industrial de Los Tarahales, en la capital grancanaria. Las instalaciones cuentan con más de 12.000 metros cuadrados de superficie, seis veces más que la actual sede del grupo y una inversión de 12 millones de euros. Dispone entre otras zonas de centro de formación, cajas privadas de seguridad y zonas específicas como galería de tiro para la formación de sus vigilantes, así como una nave para la custodia de fondos y valores con una tecnología punta y al servicio de sus clientes las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Tan solo tres trabajadores de Seguridad Integral Canaria secundaron los pasados días 24 y 25 la huelga convocada en los centros de la provincia de Las Palmas que había sido promovida por varios sindicatos con escasa representación en la compañía. Esos tres trabajadores hicieron huelga el 24, y dos de ellos repitieron el gesto el 25 porque el tercero no tenía servicio ese día. Seguridad Integral Canaria tiene una plantilla de 3.800 personas, de las que 1.000 se encuentran en la provincia de Las Palmas, donde estaba hecha la convocatoria.

Fuentes de la empresa dijeron este viernes que ni siquiera el comité de empresa apoyaba la medida, y que los cinco delegados de las centrales convocantes, con poca representación en Seguridad Integral Canaria, pidieron para sí horas sindicales para evitar el descuento en la nómina, descuento que los convocantes cifraron en unos 80 euros diarios.

La huelga en Seguridad Integral Canaria, que tiene previstas otras dos jornadas el 31 de diciembre y el 1 de enero próximos, tiene como fin protestar por el descuelgue de la empresa del convenio nacional del sector de la seguridad privada. Ese descuelgue sólo lo ha hecho la empresa en la provincia de Las Palmas y, según los sindicatos convocantes, supone una merma de 300 euros al mes de promedio en la nómina de los trabajadores.

Esta es la primera vez que se convoca en España una huelga en una empresa de seguridad privada por el descuelgue del convenio colectivo nacional, ejecutado en la mayoría de las compañías con implantación en todo el territorio, y en muchas de las ocasiones con acuerdos aceptados por las centrales sindicales.

Seguridad Integral Canaria S.A., la empresa de seguridad perteneciente al Grupo Ralons, acaba de adquirir, por dos millones de euros, vehículos blindados de máxima seguridad y tecnología con los que amplía su flota.

Según informa la compañía en un comunicado, la división de transporte de Seguridad Integral Canaria realiza un servicio que únicamente es prestado por cuatro empresas de seguridad autorizadas, de las más de mil que existen en España.

La legislación actual española en materia de transporte de seguridad, una de las más exigentes de Europa, ha llevado a Seguridad Integral Canaria a adquirir estos nuevos blindados con los que el grupo se coloca “a la vanguardia de la seguridad a nivel continental”.

La adquisición de los nuevos vehículos de la flota ha llevado a la empresa del Grupo Ralons a solicitar a la Dirección General de la Policía la ampliación del ámbito de actuación para este tipo de servicios, puesto que Seguridad Integral Canaria tiene autorización para operar actualmente en Canarias. Con ello se persigue ofrecer el servicio de transporte de efectivo y valores.

Los nuevos vehículos tienen una característica fundamental: se trata de unidades que firma la marca MAN que han sido diseñados por el departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Grupo Ralons (I+D+I) y cuya tecnología los coloca a la vanguardia en materia de transporte de fondos a nivel europeo.

Una de las principales características de los nuevos blindados es la parada en remoto, es decir, desde el Centro de Control operativo se puede inmovilizar un vehículo sin que el conductor ni nadie pueda reanudar la marcha. De esta forma, se evita que el vehículo no pueda modificar la ruta preestablecida por el jefe de transportes, además de evitar la intrusión ajena o sustracción del mismo.

Los vehículos de la empresa de seguridad del Grupo Ralons van dotados además de un sistema de control GPS que permite controlar el itinerario desde la sede central Seguridad Integral Canaria. De esta forma se vigila cualquier irregularidad en el itinerario previsto que posibilitaría la activación del sistema de parada remota para evitar al robo del mismo. Además, todos los compartimentos interiores del vehículo están dotados de un sistema de videovigilancia que permite el control constante de todo lo que sucede durante el trayecto.

Desde que el vehículo sale de la central de Seguridad Integral Canaria hasta que acaba su itinerario y vuelve a la misma, el conductor, que va armado, no puede salir de la cabina en ningún momento, un habitáculo con un blindaje a prueba de armas de fuego. Desde la cabina, el conductor controla la apertura de puertas del resto del blindado, siendo la persona que autoriza la entrada de los otros dos compañeros. La dotación es de 3 vigilantes de seguridad armados, cuya ubicación queda reservada en un compartimento central, entre la cabina del conductor y la parte posterior del blindado, que es donde se deposita la carga (fondos, valores, etc).

Para entrar a su ubicación en el interior, es-tos dos vigilantes encargados de recoger las mercancías valiosas en el lugar acordado deben llevar consigo una tarjeta de seguridad que emite una señal al acercarla a las puertas laterales, tras la cual el conductor activa la apertura de puertas de manera centralizada.

Por otra parte, las puertas traseras del blindado, de más de veinte centímetros de grosor, solo pueden abrirse en la sede central de Seguridad Integral Canaria. Absolutamente nadie puede abrirla durante un trayecto de transporte. Si ello ocurriera debido a un atraco o a cualquier otra circunstancia, se activaría de forma automática la parada del blindado, siendo imposible su movilización.

Los nuevos vehículos de máxima seguridad y tecnología de Seguridad Integral Canaria cuentan con tres vías de comunicación con el exterior, controladas todas desde la cabina del conductor. Además cuenta con un servicio de comunicación por altavoz con personas que se acerquen al vehículo para comunicarse con dicho conductor.

Seguridad Integral Canaria ha revalidado dos certificaciones importantes en los servicios de transportes, depósito y manipulación de seguridad tras la aprobación dictada por el Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA España), según informaron fuentes de la propia empresa isleña. La primera, de carácter nacional, es la certificación ISO 9001-2008 y la segunda, de ámbito europeo, es la UNE EN ISO 9001:2008.

El sistema de gestión de calidad, implantado desde el año 2000, se ha convertido en pieza angular del éxito de Seguridad Integral Canaria, según las mismas fuentes. Se trata de una herramienta que permite, además, lograr una selección y formación adecuada del personal, disponer de los medios de transporte necesarios y satisfacer las necesidades de sus clientes, y se aplica a servicios y actividades de seguridad privada en vigilancia y protección de personas y bienes.

Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de Seguridad Integral Canaria, afirma que el sistema de gestión de calidad “afianza nuestra imagen en el mercado, otorga confianza y evita cualquier no conformidad o queja y permite detectarlas antes de su emisión al cliente o a las autoridades competentes. Además, optimiza la gestión interna mediante la mejora continua; potencia las capacidades de nuestro personal, se renueva con las revisiones periódicas y programadas, permite conocer y aplicar las exigencias legales y planificamos todas las actividades y necesidades de recursos para cumplir con los objetivos, siendo coherentes con todos los requerimientos del sistema de gestión y sus cambios”.

Seguridad Integral Canaria, fundada en 1995, es una empresa referente a nivel regional y nacional en transporte de fondos, custodia y manipulación de valores, central receptora de alarmas, actividad de vigilancia, protección de bienes y establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones. De acuerdo al comunicado remitido por la empresa, emplea a unas 2.900 personas y dispone de una flota de vehículos especiales blindados de primeras marcas, que proporcionan seguridad y protección y figura entre las más modernas y fiables del sector.

En el pleno del pasado 4 de abril, la presidenta de Nueva Canarias en Telde, Carmen Hernández, aseguró tener “33 facturas por valor de 130.000 euros” procedentes de una empresa de seguridad que reclama el cobro al Ayuntamiento de Telde por haber prestado servicios de vigilancia en la Casa de la Condesa de Jinámar, desde las 23:00 y hasta las 7:00 horas.

María del Carmen Castellano respondió alegando que “eso lo resolveremos en los juzgados, no en el pleno”, ya que “no hay contrato, no hay consentimiento del jefe de servicio”, pero no concretó si haría efectiva una denuncia ni cuándo. Lo que sí hizo fue señalar al exconcejal de Nueva Canarias, Agustín Arencibia, como el responsable del envío de un email para contratar el servicio, sin figurar ningún acuerdo firmado.

Seguridad Integral Canaria se señala como la empresa que habría reclamado la deuda y es una de las 10 divisiones que Miguel Ángel Ramírez alberga bajo el Grupo Ralons. Sin embargo, los destrozos ocurridos en la Casa de la Condesa en los últimos años muestran una protección de la zona más bien escasa.

“Los daños suman más dinero que las facturas” y existen “30 o 40 partes a la policía por robos y daños”, alegó Hernández. La escena es dantesca: puertas forzadas, estancias revueltas con material inflamable, desechos humanos, cristales rotos o cables arrancados.

El edificio del siglo XIX presenta paredes con huecos que un día albergaron focos, las huellas de un salvaescaleras para minusválidos desaparecido, una fuente averiada y vallas de protección oxidadas.

Es difícil creer que antaño se grabaran programas de televisión en semejante paisaje. Un vecino responsabiliza de la mayoría de incidentes, incluidos algunos incendios, a menores de edad, algunos de ellos ya identificados por la policía. Prefiere no revelar su nombre por miedo a las represalias, pero comenta que cierto día, a las 11:00 horas de la mañana, vio a tres chicos jóvenes con mochilas escolares entrando a los baños públicos del parque contiguo a la Casa de la Condesa. Gritaban y golpeaban el interior.

Él, les llamó la atención; ellos le amenazaron con ponerle la tapa del retrete como collar. Los grifos de los lavabos han sido sustraídos. Cerca de allí hay un quiosco cerrado. Una verja tuvo que ser soldada para impedir que accedieran personas a pernoctar bajo la barra. No hay interruptores. Se los llevaron.

El parque infantil también ha sido víctima de estas agresiones contra el patrimonio y ya ha tenido que ser reparado en más de una ocasión, según los testimonios de los viandantes. Muchas farolas están decapitadas, sin luminarias ni cables. El tanatorio fue destrozado antes de su apertura...

Y, así, los 3.000 metros cuadrados que fueron testigos del veraneo de los Condes de la Vega Grande, hoy lo son de un vandalismo sin aparente solución. Las caballerizas, la capilla y las viviendas del servicio se convirtieron en el almacén de la inversión a fondo perdido y del intento de reactivar una zona deprimida, en balde.

Los ocho jueces de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente al decano de este partido judicial y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que reclamen a las autoridades gubernamentales que sea la Guardia Civil o la Policía Canaria quien se ocupe de la custodia del nuevo edificio judicial de la capital, conocido como Ciudad de la Justicia. Así lo acordaron el pasado jueves sin que se conozca de momento ninguna reacción al respecto.

La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus empleados.

Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen que sea la Policía Canaria quien se ocupe.

Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que custodiaba las numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban dispersos los juzgados del partido judicial. Así lo confirmó a este periódico una fuente autorizada de la empresa.

La Ciudad de la Justicia está custodiada por un promedio de cuatro vigilantes de seguridad en cada uno de los tres turnos diarios, según la Viceconsejería de Justicia.

La Guardia Civil se retiró de la vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto armado para continuar con esa tarea, pero la Delegación del Gobierno ordenó que cesara.

Por su parte, la Policía Canaria tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad de la Comunidad Autónoma, como es el caso.