El concejal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Dámaso Arteaga, ahora en la oposición y en los dos mandatos anteriores responsable de Servicios Públicos en la capital tinerfeña, está buscando empleo y aspira a encontrarlo en una empresa pública, en una sociedad mercantil, adscrita al Ayuntamiento de Granadilla (en el sur de Tenerife) y llamada Sermugran.

Esa es una Corporación local en la que cogobiernan CC y PP, con José Domingo Regalado de alcalde (nacionalista), pese a que la fuerza más votadas fue el PSOE en el 26M. Se produjo justo lo que criticó José Manuel Bermúdez en Santa Cruz de Tenerife; esto es, la “política de las matemáticas o la aritmética”.

Arteaga, que lleva más de 20 años en cargos públicos controlados por CC, primero en el Cabildo de Tenerife y luego en el Ayuntamiento santacrucero, es licenciado en derecho y ahora opta, pues ya está en el listado de admitidos (entre los siete), a ser gerente de aquella empresa local de servicios en Granadilla.

El actual concejal de Santa Cruz de Tenerife, tras triunfar el pacto PSOE-Cs en el Ayuntamiento capitalino, con el apoyo externo de Unidas Podemos y lo que hizo alcaldesa a la socialista Patricia Hernández, intenta acceder a la plaza de gerente en Sermugran a través de un proceso público de selección que se aprobó por el consejo de administración de esa sociedad mercantil el 17 de mayo pasado y cuyas bases se publicaron el 29 de mayo de este mismo año.

Entonces se dieron 15 días hábiles para presentar las solicitudes y se entiende que Arteaga así lo hizo después de que CC no accediera al Gobierno local de Santa Cruz de Tenerife. El plazo siguió varios días abierto después del 15 de junio pasado.

Tal y como establecen las bases de esa selección laboral de gerente (el actual profesional parece que renuncia porque cambia de puesto de trabajo), el sueldo previsto es de 50.000 euros brutos al año, que se abonará en 14 pagas, a razón de 3.571 euros brutos al mes. El contrato es por dos años y se podrá prorrogar, previo consenso entre las partes, sine die.

El tribunal de esa selección pública de gerente está controlado por el Gobierno local de Granadilla, pues dos puestos en ese órgano, de cinco totales y uno con voz pero sin voto, son de claro carácter político y los otros, también dos, con perfiles técnicos, de empleados públicos que son elegidos por los primeros, los políticos.

Atendiendo a las bases publicadas, cumplida la condición de titulación y de experiencia profesional mínima, que la tiene Dámaso Arteaga al ser admitido, hay dos fases de evaluación: la primera, de defensa del proyecto de gestión para Sermugran, con hasta 35 puntos y un mínimo igual a 25, y la segunda, con 20 puntos repartidos en dos máximos de 10, por experiencia profesional (pública o privada) y por formación. Se entiende que la experiencia profesional en el caso de Arteaga es por su condición de concejal en Servicios Públicos en Santa Cruz de Tenerife, entre otras aportaciones posibles.

Hay que destacar que entre los siete aspirantes admitidos en ese proceso selectivo, uno de ellos es el reseñado Dámaso Arteaga, se encuentra Pablo Zurita Espinosa, ingeniero agrónomo y persona de confianza de la empresa multinacional FCC en Tenerife, una compañía que ha recurrido por la vía contencioso-administrativa la adjudicación del contrato de limpieza en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a Valoriza, empresa del grupo Sacyr. Este consorcio también controla Emmasa (la entidad que gestiona el agua en el mismo término municipal).

La jueza del caso abierto por las supuestas irregularidades cometidas en subcontrataciones por la empresa municipal de aguas en Santa Cruz de Tenerife, Emmasa, ha decidido citar como testigo al concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Dámaso Arteaga, integrante de Coalición Canaria (CC). La cita se ha previsto para el 4 de junio próximo.

La magistrada Eva Esther Juárez, adscrita al Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, así lo solicita en una providencia con fecha de mediados de abril pasado, en cuyo documento, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, también se pide que acuda al juzgado, en la misma condición que Dámaso Arteaga (como testigo), el interventor nombrado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para Emmasa, Rogelio Padrón Coello. En el proceso judicial constan como acción popular Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí Se Puede, y José Manuel Corrales.

En esta acción penal, que se sigue, en fase de diligencias previas, por supuestas anomalías cometidas por la empresa Emmasa (aparece como investigada en la causa) que han generado un daño patrimonial al Consistorio capitalino, se investiga si esa sociedad mixta bajo control privado (de Sacyr Vallehermoso y la misma que gestiona el servicio integral de aguas en Santa Cruz de Tenerife) ha incumplido el pliego de condiciones del concurso público celebrado en su día y ello ha supuesto un daño económico cifrado en cinco millones de euros, según una prueba pericial ya practicada.

La misma providencia solicita al Ayuntamiento capitalino los siguientes documentos oficiales:

- El “informe final o de conclusiones finales del proceso de intervención de Emmasa o, en su defecto, de no existir este, los informes mensuales presentados por el interventor”.

- Informe de “si a consecuencia de las irregularidades en las contrataciones y en las inversiones atribuidas a Sacyr Vallehermoso que dieron lugar a la intervención de Emmasa y/o a resultas del proceso de intervención se ha sancionado y/o reclamado indemnización a Sacyr por los perjuicios económicos ocasionados y, en caso afirmativo, resultado de dicha sanción y/o reclamación”.

- Informe “sobre ejecución del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sacyr Vallehermoso de 25 de marzo de 2015 para la ejecución de la parte del plan de inversiones referida a la inversión propia del licitador Sacyr”.

Supuesto prejuicio patrimonial para el Consistorio

El peritaje citado, hecho por encargo del Juzgado nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, concluye que esa sociedad mercantil llevó a cabo entre 2006 y 2015, supuestamente de forma irregular, subcontrataciones por valor de 17,9 millones de euros que han provocado un daño económico superior a los cinco millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Para calcular ese perjuicio económico se tienen en cuenta los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC aplicado a contratos que no debieron suscribirse, pues, según dictamina el perito, se trata de actividades que debió realizar directamente Emmasa, no a través de terceras empresas.

El peritaje judicial constata que entre 2006 y 2012 la empresa mixta (el 94,64% de cuyas acciones fueron vendidas por el Ayuntamiento a Sacyr en 2005, para proceder a la compra del frente de playa de Las Teresitas, operación hoy declarada ilegal y con los condenados en la cárcel) incumplió con esas subcontrataciones el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigió el concurso público de la privatización.

Así, en ese periodo Emmasa suscribió hasta 121 contratos con ese fin que infringían la prohibición de subcontratar, de los cuales 76 se refieren a actividades esenciales del servicio público que esta presta y 45 a actividades accesorias cuya realización por otra empresa requería autorización del Ayuntamiento santacrucero, permiso previo que no fue solicitado.

En el informe pericial se detalla además que, de las 270 contrataciones de las que tiene conocimiento el perito, 116, por valor de 15,68 millones, fueron suscritas por encima del importe máximo permitido anualmente.

Con arreglo a este peritaje, esta práctica contraria a la legislación constituye una infracción que, según la Ley de Contratos del Sector Público, “pudiera suponer [para Emmasa] una sanción con importe de hasta el 50% del precio del contrato”. De esas subcontrataciones, “en 60 concurrieron además otras causas que debieron impedir su suscripción”.

La diputada autonómica y candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, Patricia Hernández, convocó este jueves a los medios de comunicación para pedir en una rueda de prensa la dimisión del concejal santacrucero de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC).

La aspirante local aseguró que el edil nacionalista miente cuando dice que ya están en manos del Gobierno de Canarias los análisis del agua residual que se vertió en el litoral de La Hondura por parte de la empresa Emmasa en septiembre pasado: “Tengo información de esta misma mañana que confirma que esos análisis no los tiene la Consejería de Medio Ambiente” del Gobierno de Canarias, afirmó la candidata socialista.

Patricia Hernández también dijo que la versión de los técnicos de la Comunidad Autónoma contradice la de Arteaga. Según sostuvo Hernández, representantes de Balten, empresa pública insular que gestiona el agua de riego en la isla, afirmaron, en una reunión que mantuvieron con los técnicos, que esas aguas habían sido rechazadas para riego por contener más del doble de sólidos en suspensión de los considerados aceptables.

El socialista José Ángel Martín, que también compareció ante los medios, defendió, al contrario de lo que afirma el concejal Dámaso Arteaga, que esas aguas vertidas en los pasados meses de septiembre y noviembre son ilegales y que, al no haber sido sometidas a un tratamiento secundario de depuración, no cumplen con las exigencias de la Unión Europea. Por ello, según afirmó, son “contaminantes y dañinas para el medio ambiente” marino. 

Los socialistas consideran que el edil nacionalista “ha mentido y está ocultando lo que es una grave afección para nuestro medio ambiente”. Por ello, mantienen la intención de poner el asunto en manos de la Fiscalía.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento santacrucero se mostró aún más duro con Coalición Canaria y exigió al partido nacionalista que no incluya en sus listas a Dámaso Arteaga, que, según dijo, “está siendo un agresor constante del medio ambiente de Santa Cruz”.

Ante la leve sanción de 10.000 euros que Arteaga ha propuesto imponer a Emmasa, Martín recordó que las otras cinco sanciones que se han puesto contra esa empresa de aguas en el municipio por otras razones aún no se han pagado y ha calificado al concejal como “el campeón en poner multas que no se cobran”.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó este lunes el rescate de otras 10 licencias de taxi en el municipio, un nuevo paquete que forma parte de las 110 que está previsto retirar de la circulación entre los años 2017 y 2018.

Todos los propietarios de esta decena de licencias recibirán 32.000 euros por vehículo como compensación económica en concepto de indemnización.

Una vez el acuerdo adoptado sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los interesados tendrán el plazo de un mes para realizar todos los trámites necesarios para poner fin a la explotación de tales licencias.

Durante ese margen de tiempo, los profesionales deberán acreditar ante el servicio municipal de Servicios Públicos tanto la entrega de la licencia municipal como la extinción de las relaciones laborales con el personal asalariado en el caso de que las hubiese.

También deberán proceder el desmontaje de los módulos referentes al taxi y entregar la baja o el paso a uso particular del vehículo adscrito a la licencia municipal.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indica en una nota que “el municipio cuenta a día de hoy con 816 licencias en servicio, una cifra que se verá disminuida hasta las 786 cuando culmine el proceso de rescate de las 30 licencias que están ahora mismo en tramitación”.

Sin duda, apunta Arteaga, “se ha realizado un arduo trabajo para ir reduciendo, sin pausa, las 1.064 licencias con las que contaba Santa Cruz hace apenas unos años”.

Además, el edil subraya que, en el afán de alcanzar la ratio de 732 licencias acordabas con el sector para 2019, “ya se ha consignado una partida de dos millones de euros para el ejercicio” de 2019.

El concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga (CC), ha reconocido este jueves que la propuesta de adjudicar a Valoriza el contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos por 142 millones de euros en ocho años no cuenta con el respaldo de tres técnicos municipales, “que no se creen” la oferta presentada por la filial de Sacyr al haber planteado unos objetivos de calidad del servicio con un porcentaje (80%) muy superior al 50%, umbral por encima del cual este se considera desproporcionado o anormal.

En declaraciones a Radio Club Tenerife, Arteaga, a quien todos los grupos de la oposición han pedido explicaciones por ese asunto, restó importancia al informe desfavorable: “Simplemente se refiere a uno de los cuatro parámetros tenidos en cuenta, el del aseguramiento de la calidad del servicio, y ello quiere decir que la empresa ha dicho que va a ser excelente en la limpieza de tal forma que la ciudad va a quedar perfectamente limpia. Los técnicos no creen que eso vaya a ocurrir, pero de ahí a que Valoriza no pueda ejecutar el contrato a satisfacción del Ayuntamiento y con el pliego en la mano... Esta circunstancia la Mesa de Contratación entiende que no se da”, pues ha hecho “un análisis del conjunto”, en el que se concluye que “la oferta es perfectamente ejecutable ”.

Llama la atención que la ganadora del concurso ofrezca 80 empleados menos que la segunda clasificada, FCC, que por este criterio obtuvo cuatro puntos más que Valoriza. La filial de Sacyr recibió 13 puntos por sus objetivos de calidad, pese a que el informe técnico negativo advirtió de que se trataba de una oferta temeraria. Las restantes cuatro empresas concursantes se atuvieron a los límites que fijaban en las normas del concurso y por eso recibieron 8,3 puntos.

De haberse situado en ese tope, Valoriza de todos modos hubiera superado a FCC por apenas 0,34 puntos. Aunque su oferta económica es la mejor, 17.748.424 euros al año, se trata de 1.972 euros menos que la situada en segunda lugar, la de Ascan-Acciona.

El concejal trata de despejar las sospechas de que haya podido producirse alguna irregularidad, tras las críticas recibidas desde la oposición municipal: “Para nada, lo que puede haber son interpretaciones jurídicas distintas; la Mesa de Contratación no discute el informe de esos técnicos, lo hace suyo, pero se refieren a uno de los parámetros” y en el global “la suma ganadora es la de Valoriza”.

En este punto el concejal se escuda en que de la Mesa forman parte el interventor, la letrada de los Servicios Jurídicos, el director general de Servicios Públicos y el jefe Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos. Precisamente, el jefe técnico de este último departamento, junto a la jefa de la Sección de Mantenimiento de la Ciudad y un arquitecto técnico, concluyeron, tras recabar y contestar de forma detallada las alegaciones de Valoriza, que esta empresa va a dedicar una “escasa asignación de recursos humanos para las numerosas tareas que se proponen” y que, por lo tanto, “el aseguramiento de la calidad [del servicio] no puede ser cumplido”.

Cabe recordar que el pasado año, cuando Arteaga y el alcalde José Manuel Bermúdez anunciaron en nota de prensa la licitación de la limpieza y recogida de basura, destacaron que “el precio que oferte cada compañía pierde valor respecto al anterior concurso, obteniendo ahora una mayor puntuación la calidad en la prestación del servicio”.

Sin embargo, la Mesa de Contratación, antes los reparos de los técnicos, ha dado en este caso preferencia al precio, pues además en personal ha ganado la peor oferta, y con un “reducido volumen” de contenedores, en palabras de los empleados públicos que han discrepado de la decisión de la Mesa.

En el acta de la reunión decisiva de este órgano se afirma que se adoptó la resolución de dar por ganadora a Valoriza “por unanimidad tras un intenso debate”, aunque estos tres técnicos tenían voz pero no voto.

Pendiente de posibles recursos

Arteaga trata de restar importancia a ese escollo técnico, atribuyendo además las críticas de la oposición “a un intento de enturbiar el procedimiento y de sacar rédito y generar la duda en el ambiente”. 

Aunque el asunto va a seguir dando que hablar en los próximos días y semanas, pues la Junta de Gobierno (formada por CC y PP) debe aún adoptar la propuesta definitiva, que luego irá al pleno municipal, Arteaga manifiesta que el Gobierno local está “perfectamente tranquilo” porque las actuaciones administrativas con este expediente “se han producido con el respeto más escrupuloso y el mayor rigor jurídico”.

Para apoyar esta afirmación, refiere que se consultó a la Junta de Contratación del Gobierno canario. Además, subraya que “las empresas que vean lesionados sus derechos podrán recurrir” por la vía contencioso-administrativo.

El responsable de los Servicios Públicos santacruceros llega a animar incluso a los ciudadanos a “leer con detenimiento los documentos del concurso, que están publicados con total transparencia” en la web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife convocará en la segunda quincena de junio las elecciones para designar a los nuevos miembros de la Mesa del Taxi en la capital.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que todas las asociaciones “conocen perfectamente, desde hace semanas, el inicio del proceso administrativo indispensable para tal fin, hasta el punto de que algunos colectivos ya se han presentado”.

Arteaga precisa, no obstante, que “aún estamos en el periodo de subsanación de la documentación que nos han hecho llegar y que la intención es que se convoquen las elecciones en la segunda mitad del próximo mes de junio”.

Del mismo, el concejal insiste en que el compromiso del Consistorio con el sector “sigue intacto y la hoja de ruta planificada en las reuniones mantenidas se cumple en tiempo y forma. Los profesionales saben que el Cabildo aprobó recientemente el convenio con el Ayuntamiento para el rescate de licencias. Este hecho, unido a la aprobación por parte del Consistorio hace meses, garantiza la aportación de cuatro millones por ambas entidades”.

“Santa Cruz -recuerda Arteaga el edil- es el único municipio de España que rescata un número tan elevado de licencias. Somos la ciudad que más recursos ha dedicado y dedica al sector del taxi. Por ahora, ningún colectivo ha presentado un planteamiento previo a la aprobación de las bases que regirán ese proceso de rescate. En la actualidad, el Consistorio está dando todos los pasos legalmente necesarios para garantizar que, durante este 2017, se puedan rescatar las primeras 72 licencias”, explicó el concejal.

El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, ha dicho este viernes que en la playa de Las Teresitas está previsto que a partir del miércoles haya cinco autobares, en los que se prestará el servicio que hasta ahora ofrecían los nueve quioscos fijos de la playa, de los que solo uno permanece abierto.

Para la ubicación de los cinco autobares, que prestarán un servicio provisional hasta que se tramiten licencias para los quioscos, se realizan este viernes trabajos de señalización en la zona de los aparcamientos superiores, según ha señalado Dámaso Arteaga.

El concejal ha dado estas explicaciones durante un acto en el que ha hablado de las mejoras que se llevan a cabo en la zona litoral de la capital tinerfeña para esta Semana Santa.

Las actuaciones de mejora se iniciaron ya el jueves en la zona de Almáciga y Taganana, mientras que hoy se llevan a cabo en la playa de Las Teresitas y afectan tanto al mobiliario urbano como a la limpieza y a los recipientes, contenedores, vestuarios y servicios.

Dámaso Arteaga ha pedido la colaboración de los ciudadanos para mantener limpia la zona del litoral de la ciudad y ha insistido en que no se tiren al suelo colillas, papeles, bolsas y restos de comida, para recordar que esas acciones se pueden multar con 60 euros.

Los concejales de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz han comparecido este martes en rueda de prensa para valorar la sentencia judicial que, según el grupo, avala su petición de resolución del contrato con la empresa Sacyr-Vallehermoso para la prestación del servicio público de agua en la capital tinerfeña a través de Emmasa y que demuestra, a su entender, “la complacencia del alcalde José Manuel Bermúdez con la gestión irregular de la multinacional en un servicio esencial para la ciudadanía y para el propio Ayuntamiento”. Según lo sostenido por el grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, el fallo avala la intervención de Emmasa y solo tacha esta decisión de “excesiva en determinados aspectos”.

El portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, destacó que la resolución judicial “desmonta las tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa”, mientras que “avala el informe de los servicios técnicos municipales, que siempre consideraron que las subcontrataciones estaban incumpliendo el pliego de contrato. Siempre hemos subrayado esta contradicción entre ambos informes”.

Por este motivo, Sí Se Puede señala que, “ahora que una sentencia concluyente avala el parecer de los servicios técnicos municipales, desde nuestro punto de vista lo que procede es la resolución del contrato”, una de las dos penalizaciones que se contemplan para las irregularidades detectadas, junto al pago de 450.000 euros.

Sí Se Puede destaca que las conclusiones judiciales establecen que empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso han sido subcontratadas para realizar prestaciones esenciales, en contra de lo establecido en el pliego por el que la multinacional se hizo cargo del servicio. Además, señala otro incumplimiento: empresas del grupo han sido subcontratadas para prestar labores accesorias sin ningún tipo de autorización previa por parte del Ayuntamiento.

La sentencia fue emitida por el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 de la capital tinerfeña en respuesta a una demanda de Sacyr-Vallerhermoso contra la intervención de Emmasa por parte del Consistorio.

Por estos motivos, Frías anunció la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo: la petición de la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta del interventor designado anteriormente por la Junta de Gobierno -puesto que sus consideraciones han sido cuestionadas por el juez–; la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr -“y que no se dejen caducar, como en otras ocasiones”-, y la entrega de toda la información al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando las irregularidades de Sacyr en Santa Cruz de Tenerife en materia de gestión del servicio público de agua.

La sentencia “da la razón” al Ayuntamiento

En relación con este mismo fallo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que le da la razón al Consistorio en la cuestión del acuerdo adoptado en su día por la Junta de Gobierno local. El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, llama la atención acerca de la literalidad de la sentencia, que indica textualmente que los incumplimientos detectados en Emmasa “deben ser considerados como perturbación grave de la relación concesional, lo que justifica la intervención al formar parte del servicio público en el sentido amplio de que supera la estricta relación entre gestor y usuario”. No obstante, la sentencia sí que considera la propia intervención como “excesiva en determinados aspectos y proporcionada en otros”.

De hecho, Arteaga señala en un comunicado que el magistrado establece como “no conforme a derecho la atribución de la facultad decisoria de concertar contratos por parte del interventor, puesto que este pasaría entonces a ser un controlador de la legalidad de la actividad de la empresa concesionaria y se constituiría en un administrador de facto, entrando en el campo del secuestro del gestor indirecto del servicio público”. Además, el edil subraya que esta sentencia ratifica la línea trazada desde el Ayuntamiento en el proceso de intervención de la empresa.

La resolución judicial dictada “no es firme y puede ser recurrida, pero confirma que no nos equivocamos cuando, lejos de esos planteamientos arriesgados que nos proponían en forma de resolución del contrato, optamos por la vía de la prudencia y de la intervención, un aspecto conforme a derecho y que sí nos ha posibilitado un mayor control de la gestión de la empresa en nuestro municipio”.

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes el reglamento de organización y funcionamiento de la Mesa del Taxi. En concreto, la modificación de dos artículos de este documento posibilitarán, próximamente, la puesta en marcha de una convocatoria para elegir a los representantes del sector en este organismo, tal y como habían solicitado los profesionales en la consulta realizada meses atrás.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indicó que el consistorio “cumple así con lo solicitado por el sector del taxi en este capítulo, por lo que dentro de poco tiempo tendrán la oportunidad de elegir a los representantes de los distintos colectivos que tiene el municipio en la Mesa del Taxi, que es el organismo desde el que plantear sugerencias e inquietudes a las distintas administraciones”.

Arteaga informó, además, acerca de la nueva reunión celebrada este miércoles con las distintas asociaciones, en la que el Ayuntamiento informó sobre el estado de diversas cuestiones relacionadas con el sector. Al encuentro acudieron representantes de Hogar del Taxista, Asociación Profesional de Autónomos, Familiares y Asalariados del Taxi (Apafat), San Marcos y Asociación TMT Metropolitano de Tenerife. No acudieron a la cita, pese a haber sido invitados a participar, los colectivos convocantes de las últimas movilizaciones.

Arteaga expuso que se sigue a la espera de que el Gobierno de Canarias “conteste a la última propuesta enviada acerca de la entrada en vigor de la tarifa única, cuyo plazo de respuesta concluye el próximo 9 de febrero”.

Y también informó a los representantes de que, hasta el momento, ha habido más de 75 profesionales que han mostrado su interés en ser rescatados dentro del proceso de consulta que se ha abierto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz.

“Estos datos garantizan el interés del sector y dejan patente la relevancia de los procesos que tendrán en lugar en el presente año, y también en 2018, para adecuar el número actual de licencias al ratio que fijan las ordenanzas municipales”, explicó.

El concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, hizo referencia a la línea estratégica de difusión de la ciudad emprendida en los últimos meses y cuyas acciones contemplan también al sector del taxi como uno de los agentes prescriptores del marketing turístico de la ciudad.

Nueva vestimenta

“Por ese motivo, y aprovechando la próxima entrada en vigor del nuevo criterio de vestimenta aprobado para este colectivo, los taxistas recibirán el próximo mes de marzo dos polos que llevarán el nuevo logo de la marca Santa Cruz para realzar la imagen de este colectivo ante los ciudadanos y visitantes”, apuntó.

De igual manera, Cabello también informó a los presentes de que, próximamente, vence la concesión administrativa que lleva operando en los últimos cinco años sobre el bus turístico y que, en breve, saldrá un nuevo concurso para la explotación de esta actividad que incluirá también un tren turístico en la línea de continuar generando nuevos productos turísticos que hagan aún más atractiva a Santa Cruz.

En este sentido, el edil indicó que este último vehículo tendrá acceso al Palmetum y al entorno del Auditorio, pero que la oferta de plazas “permanecerá invariable con respecto a la que existe en la actualidad”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido, una semana después de abrirse el plazo, 75 solicitudes de los profesionales del taxi para acogerse a la próxima convocatoria de rescate de licencias.

El sector tendrá tiempo hasta el próximo día 27 para expresar su voluntad en este apartado y en función del resultado de esta consulta, los técnicos municipales establecerán las bases reguladoras que regirán en la convocatoria.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha indicado en una nota de prensa que hasta la semana pasada “se habían recibido un total de 64 solicitudes, a las que hay que añadir otras 11 que estaban en la lista de espera para un total de 75”.

Arteaga agrega que el Ayuntamiento prevé el rescate de 71 licencias durante 2017 por lo que, en su opinión, estos datos resultan muy positivos y garantizan la demanda y la continuidad del plan de rescate también para 2018.

A juicio del edil, el interés mostrado por los profesionales en estos primeros días supone que la oferta económica realizada para rescatar cada una de las licencias es atractiva como para que, desde ya, hayan decidido mostrar su deseo de acudir a la convocatoria de esta iniciativa cuando se ponga en marcha“.

El Ayuntamiento recuerda en la nota que tiene consignada una partida presupuestaria de dos millones de euros para rescatar 71 licencias en el presente año, a lo que suma su propósito de rescatar otras 71 más en 2018.

La nota recuerda que con los resultados de la consulta se elaborarán después unas bases reguladoras del proceso de rescate al conocer, de una manera “mucho más certera”, la demanda de titulares que quieran acogerse al rescate y establecer las medidas oportunas para tal fin.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto este martes el plazo anunciado para que los poseedores de un taxi en el municipio manifiesten su intención de acogerse o no a la próxima convocatoria de rescate de licencias. Los profesionales tendrán hasta el próximo día 27 para expresar su voluntad en este apartado y, en función del resultado de esta consulta, los técnicos del consistorio fijarán luego las bases reguladoras que regirán en la convocatoria.

Según ha expresado el concejal de Servicios Públicos del Consistorio capitalino, Dámaso Arteaga, la puesta en marcha de este plazo “supone un paso más en la línea de cumplir con los compromisos adquiridos, en su momento, con todos los colectivos del sector del taxi”. Arteaga insiste en que el Ayuntamiento tiene consignada una partida presupuestaria de dos millones de euros para rescatar 71 licencias en el presente año, y que la intención del Ayuntamiento es que en 2018 se rescaten otras 71 licencias.

“Por esa razón se ha abierto el plazo para que los taxistas expresen su voluntad de acudir a la convocatoria y, con los resultados de esa consulta en la mano, los técnicos municipales podrán elaborar unas bases reguladoras del proceso de rescate al conocer, de una manera mucho más aproximada, la demanda de titulares que quieran acogerse al rescate y establecer las medidas oportunas para tal fin”, señala.

Aquellos taxistas que lo deseen podrán dirigir su solicitud, expresando sus datos personales y el número de licencia de la que son titulares, al área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos hasta el próximo día 27. El Ayuntamiento ha explicado que esta consulta no crea derecho o expectativa de derecho alguno al rescate, ni tampoco vincula al interesado a solicitarlo de manera obligatoria cuando se abra el procedimiento formal.

De igual manera, tampoco impide que alguien que ahora decline manifestar su voluntad de acogerse al rescate pueda hacerlo posteriormente, cuando se abra el procedimiento y se hayan fijado las bases reguladoras de la convocatoria.

Presupuesto y procedimiento administrativo

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 23 de diciembre la inclusión de dos millones de euros para el rescate de 71 licencias de taxi en el año 2017. Ahora, el expediente se encuentra pendiente de incorporar el pertinente convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife, que financia alrededor del 45% del importe total destinado al rescate de licencias. El documento saldrá en los próximos días a la corporación insular para su valoración y aprobación.

Posteriormente, el procedimiento administrativo se completará con las bases reguladoras del proceso de rescate. En ellas se establecerá tanto el proceso elegido para hacer efectivo el rescate como la manera en la que los profesionales del taxi recibirán el abono económico de las compensaciones oportunas.

La consulta abierta para conocer cuál puede ser la demanda aproximada que tendrá esa convocatoria será una herramienta muy eficaz a la hora de ayudar a los técnicos municipales en la redacción del documento definitivo.

A las 18.00 de este lunes, 2 de enero, comenzaba en la Avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife la primera jornada de protesta convocada por la asociación de profesionales Élite Taxi, que representa a la mayoría de las licencias de este colectivo en la capital tinerfeña. Numerosos taxis hacían sonar sus bocinas mientras circulaban desde la rotonda situada sobre la salida del túnel Juan Amigó de Lara hasta la situada frente al intercambiador de guaguas, un recorrido de apenas un kilómetro pero de ubicación estratégica, ya que es una de las vías de entrada y salida de la ciudad y, además, en ella se encuentran varios centros comerciales, muy concurridos en estas fechas.

La protesta se repetirá este martes y miércoles a la misma hora, de 18.00 a 20.00, en el mismo lugar. Los taxistas exigen, entre otras cosas, mejoras en sus condiciones laborales, una reivindicación que les ha llevado a manifestarse en las calles de la ciudad en varias ocasiones durante los últimos meses. Sin embargo, a pesar de que se está negociando una salida pactada a esta reivindicación, las soluciones aportadas desde el Consistorio no convencen a esta asociación de profesionales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha reiterado este mismo lunes que mantiene su “voluntad de dialogar sobre cualquier propuesta que formulen los profesionales del taxi”, pero ha matizado que “sin la amenaza de paros y movilizaciones”. “Mantenemos las puertas abiertas para seguir cerrando acuerdos desde el diálogo y sin presiones”, ha afirmado el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, en un comunicado. El Consistorio insiste en el “diálogo sin paros” como vía para cerrar acuerdos con el taxi y que las nuevas reivindicaciones formuladas por una parte del sector sean debatidas con todos los colectivos una vez se desconvoquen las movilizaciones.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado recientemente las bases reguladoras de la subvención para el fomento de la actividad del taxi adaptado y su uso por personas con movilidad reducida. El pleno del Ayuntamiento también aprobó el pasado día 23 de diciembre dedicar dos millones de euros al rescate de 71 licencias. De esa cantidad, 1,1 millones de euros los aporta directamente el Consistorio, mientras que los 900.000 restantes proceden del Cabildo.

El Ayuntamiento se ha comprometido a rescatar otras 71 licencias en 2018 y concluir todo el proceso en 2019, con las restantes hasta alcanzar el número de 732 licencias operativas. En cuanto a la modificación de la tarifa urbana, que compete a la Comunidad Autónoma, la postura del Ayuntamiento coincide con la pretensión de todo el sector para que los taxistas de la capital sean tratados igual que los del resto de la isla.

El concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, afirmó este viernes que la protesta de taxistas convocada para la próxima semana en la ciudad “solo producirá efectos negativos y ningún efecto positivo en la resolución de los asuntos del propio sector”. Arteaga apeló a la responsabilidad de la agrupación Élite Taxi para desconvocar la movilización y la invitó a incorporarse al órgano representativo del sector, la Mesa del Taxi, para plantear en su seno las reivindicaciones que consideren oportunas y avanzar “desde el diálogo y la cooperación”.

Arteaga señaló que el Ayuntamiento mantiene “intacto” su compromiso con el sector del taxi, con el que viene trabajando de manera “coordinada y fructífera” en el marco de la denominada Mesa del Taxi. El edil dijo que es este órgano en el que se canalizan las propuestas del sector y donde se ha avanzado en asuntos estratégicos, como el programa de rescate de licencias o el posicionamiento común ante el Gobierno de Canarias para establecer la denominada tarifa única, por ahora desestimada.

Arteaga insistió en que, aun respetando el derecho a la manifestación de cualquier ciudadano o colectivo, “no se entiende la actitud de una única agrupación que, lejos de actuar contra el Ayuntamiento o el Gobierno de Canarias, actúa contra los propios vecinos y los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad”.

El concejal recordó que se ha acordado recurrir la decisión adoptada por la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias sobre la tarifa única, al entender que supone un trato discriminatorio para Santa Cruz respecto al resto de municipios de la isla, y sostuvo que, en todo caso, “el Consistorio y el sector permanecerán unidos en la defensa de la equiparación de la tarifa 1 a la 3, puesto que ”reivindicamos algo que es de justicia, como es el hecho de que en Santa Cruz se aplique lo que ya es una realidad en el resto de los municipios tinerfeños“.

También se refirió al rescate de licencias, un programa para el que se destinarán el próximo año dos millones de euros, lo que duplica el esfuerzo del Ayuntamiento y del Cabildo en esta materia y convierte a la Corporación municipal chicharrera en la que más recursos públicos concede a esto en toda España. Hasta la fecha, se han retirado 141 licencias, y el objetivo es alcanzar en el año 2018 las 732 previstas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife enviará un requerimiento previo al Gobierno de Canarias para recurrir la negativa de la Comisión de Precios a la tarifa única del taxi en el municipio.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indica que la decisión adoptada por la Administración autonómica “supone la confirmación de un trato discriminatorio hacia Santa Cruz respecto al resto de municipios de la isla de Tenerife”.

En un comunicado, Arteaga afirma que no entiende cómo un usuario puede coger un taxi en cualquier sitio de La Laguna y se le aplica la tarifa 3 nada más subir al vehículo y en la capital no se produce esta circunstancia.

“Estamos defendiendo esta modificación para que se equipare la tarifa 1 urbana a la 3, ya que es una medida que permitiría la mejora del nivel de ingresos de los trabajadores del taxi en Santa Cruz, tal y como sucede en la mayor parte de la isla”, indica el edil.

Arteaga anuncia que convocará a los colectivos del taxi con carácter de urgencia para analizar la situación que se ha creado con esta negativa y precisa que la intención es recurrir la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias y apoyar al sector del taxi en Santa Cruz.

El concejal recuerda que el Ayuntamiento ha seguido todos los pasos solicitados, en la comisión formada a principios de octubre, por la Dirección General de Comercio, los representantes del sector del taxi de Santa Cruz y el propio Consistorio.

Agrega que por esta razón no entiende la decisión adoptada y considera que es injusta y discriminatoria hacia los trabajadores del taxi de la capital tinerfeña. “El Gobierno de Canarias nos has hecho perder un tiempo precioso” agrega Arteaga.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que la comisión de precios del Gobierno de Canarias está en condiciones de reunirse con “carácter de urgencia” para decidir acerca de la tarifa única del taxi propuesta por el Pleno municipal.

La citada comisión es la competente para su modificación, con la equiparación de las tarifas urbanas 1 y 3, permitiendo la mejora del nivel de ingresos de los trabajadores.

El cuarto concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, reitera en una nota que “es necesario ajustar la tarifa con urgencia después de una larga tramitación. Ya tienen en su poder toda la documentación requerida y ahora es la comisión de precios la que debe pronunciarse sobre su definitiva aprobación y aplicación inmediata”.

Recuerda el edil que el Ayuntamiento “ha cumplido con el compromiso alcanzado con los representantes del sector del taxi del municipio que se han sentado a la mesa para trabajar, codo con codo, en la consecución de este acuerdo”.

“Hemos obrado con diligencia, tramitando y aprobando con urgencia el documento, y ahora esperamos la misma celeridad por parte del Gobierno”, destaca.

Este documento se basa en un informe económico, redactado por AEG Consultores, en el que se han tenido en cuenta los trabajos realizados por la comisión formada, a principios de octubre, por la Dirección General de Comercio, el Ayuntamiento y los representantes del sector del taxi en la capital.

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes la modificación de la ordenanza municipal del taxi y, con carácter inicial, el Reglamento de la Mesa del Taxi, después del proceso de negociación abierto entre el grupo de gobierno y los colectivos representativos del sector.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha explicado que el acuerdo consiste en la eliminación del artículo 36 de la ordenanza y en la nueva redacción del artículo 37.

El texto recoge que se crea la Mesa del Taxi como órgano consultivo en el que participarán los responsables de la política de transportes del Ayuntamiento y un representante de las asociaciones y organizaciones más representativas del municipio, y se aprobará un reglamento que regule su composición, organización y funcionamiento.

Arteaga ha señalado que la Mesa del Taxi “es un órgano consultivo de la Administración, en el que está representada la mayoría del colectivo y en el que el propio reglamento también da cabida a los trabajadores asalariados”.

En su opinión, “el procedimiento que se ha llevado a cabo es el adecuado y está completo”. Aún así, Arteaga se ha mostrado convencido de que en el trámite de alegaciones que puede realizarse durante el periodo de exposición pública, “el texto actual podrá enriquecerse”.

El nuevo Reglamento de la Mesa del Taxi, por su parte, recoge las aspiraciones del propio sector, reflejada en una consulta promovida por el propio Ayuntamiento entre los trabajadores.

En ella, celebrada el pasado 29 de julio, participaron 429 profesionales con licencia, dentro de un censo de 897, lo que supuso una participación del 47,8%.

De ellos, un total de 415 (el 96,73%) se decantaron por la opción que planteaba que la elección de los miembros de la Mesa del Taxi fuese votada y elegida directamente por los propios taxistas.

El edil recordó que las modificaciones “responden a las propias peticiones del sector para garantizar una representatividad plural y democrática del sector y la mejor defensa de sus intereses”.

El concejal de Coalición Canaria (CC), Dámaso Arteaga, rechaza la acusación de haber participado en un acto de exaltación a la figura del general franquista García Escámez, que da nombre a un barrio de Santa Cruz. En el transcurso de una comisión de control llevada a cabo este jueves, el concejal del grupo de gobierno ha dicho que el pasado 16 de junio se limitó a participar en un acto organizado por la fundación Marqués de Somosierra que tuvo lugar en el barrio que lleva el nombre del general franquista.

“Estoy muy sorprendido de que me acusen de colaborar con una fundación que exalta la figura de este general porque en realidad, por lo que yo sé, lo que hacen es conceder una serie de becas y apoyar a los centros escolares del barrio”, ha dicho Arteaga. El concejal ha indicado que junto al escudo del Ayuntamiento apareció el de otros dos colegios y el de la fundación. “Pero de resto lo único que sé es que como concejal de Distrito estuve en una misa en la que cantaron los niños del coro”, ha afirmado.

El edil ha recordado  que hay otros muchos lugares de España que llevan el nombre de este general y ha advertido de que, como nacionalista, “no me van a meter en esa guerra de la España azul y la España roja”.

No es de la misma opinión el concejal de Izquierda Unida (IU), Ramón Trujillo, que había solicitado la comparecencia de Arteaga y ha recordado que durante la misa en memoria del militar franquista, el párroco lo describió como “un hombre bueno y de naturaleza sencilla y muy justo en sus decisiones”. El portavoz de Sí se puede, Pedro Arcila, ha considerado muy adecuada la petición de comparecencia y espera que se repita cada vez que se produzcan hechos parecidos.

Arcila ha recordado que en estos momentos, Santa Cruz de Tenerife sigue siendo uno de los lugares en los que con más retraso se desarrolla la Ley de Memoria Histórica. El portavoz del Partido Popular (PP), José Manuel Acha, sin embargo, ha pedido que se cierre esa herida y que se diferencie entre la realidad histórica y “la ideología extrema”.

Trujillo ha afirmado que carece de sentido “homenajear la política social de quienes se caracterizaron por destruir los derechos de la ciudadanía y provocaron un retraso decisivo en el desarrollo de las políticas sociales en nuestro país. Reivindicar hoy el compromiso social de García Escámez con la construcción de barrios es como reivindicar el compromiso social del narcotraficante Pablo Escobar con la construcción de barrios en Medellín. Los violentos con poder usan las obras sociales para legitimarse”, ha dicho.