Cada vez queda menos para que pueda aprobarse y ponerse en marcha una normativa que busca transformar el mercado español. Esta legislación, impulsada por el Ministerio de Consumo, tiene como objetivo principal reforzar la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. La norma adapta directivas europeas para fomentar un modelo de consumo más consciente, responsable y transparente para todas las partes comerciales, acelerar la transición productiva hacia modelos accesibles y sostenibles para la población. Se prevé que la ley supere el trámite parlamentario y entre en vigor durante la segunda mitad de este año. 

Se llama Ley de consumo sostenible y supondrá un cambio legislativo que afectará a múltiples sectores, desde la tecnología hasta el ocio, combatiendo prácticas fraudulentas muy habituales en la actualidad. La filosofía central de la norma es que la transición ecológica no debe recaer exclusivamente sobre los hombros del consumidor individual: Al responsabilizar al sistema económico, se busca un equilibrio que beneficie tanto al planeta como a la economía doméstica del ciudadano.

Uno de los puntos más destacados es el ataque frontal contra la especulación en la reventa de entradas para espectáculos culturales o deportivos. La nueva legislación prohibirá expresamente que se incremente el precio original de los pases por encima de la variación del IPC anual. Con esta medida, el Gobierno pretende eliminar el lucro excesivo de plataformas que multiplican el coste inicial de los tickets adquiridos. Se mantiene además la prohibición del uso de bots informáticos para la adquisición masiva de entradas, una práctica ya perseguida actualmente. El objetivo es que los consumidores dejen de ser víctimas de precios abusivos que a veces quintuplican el valor nominal real de la entrada. 

La ley busca que el acceso a la cultura sea más justo, atacando directamente el beneficio económico que obtienen ciertos actores del mercado. Esta regulación de precios pondrá fin a la opacidad que rodea a muchos portales de reventa que operan de forma habitual en internet. Los parámetros para establecer estos precios deberán ser siempre transparentes y fácilmente comprensibles para cualquier usuario que desee realizar una compra.

También se pondrá coto a la reduflación, una práctica donde las empresas disminuyen la cantidad de producto manteniendo el mismo precio final. Consumo considera que esta estrategia es una subida de precios encubierta que induce a error a los compradores que están menos atentos. A partir de ahora, las marcas estarán obligadas a informar de forma clara cuando reduzcan el contenido de sus productos preenvasados. Las empresas dispondrán de un plazo de noventa días desde la primera venta para advertir visiblemente sobre estos cambios físicos del artículo. Esta transparencia informativa es clave para que los consumidores puedan realizar comparaciones reales de coste por cada unidad de medida. Se busca corregir la asimetría informativa que permitía a los fabricantes vender menos cantidad sin que el cliente habitual se percatase. La ética comercial se sitúa en el centro de esta medida para evitar engaños constantes en la cesta de la compra del ciudadano. De este modo, cualquier reducción de peso o volumen deberá ser notificada de manera comprensible en el propio punto de venta.

Otra novedad significativa es la regulación estricta de la denominada publicidad del miedo, muy habitual en el sector de las alarmas de seguridad. Estas estrategias comerciales presentan escenarios de inseguridad extremos o improbables para generar una falsa sensación de urgencia o vulnerabilidad personal. La nueva normativa prohibirá el uso de afirmaciones inexactas que busquen provocar pánico o aprovecharse del sufrimiento de la población española. Las comunicaciones comerciales deberán incluir ahora estadísticas reales y datos cuantitativos demostrables en un lugar que sea perfectamente visible al público. 

En este caso se trata de evitar que se utilice el alarmismo social para manipular las decisiones de compra en beneficio de meros intereses económicos. Los anuncios deberán permitir que las personas realicen una valoración objetiva del riesgo real antes de contratar cualquier tipo de servicio. La ley exige que la información proporcionada sea veraz y no se base en percepciones subjetivas de peligro para el consumidor. Con ello, se pretende que el mercado publicitario sea mucho más honesto y respetuoso con la tranquilidad de todos los ciudadanos.

El anteproyecto también se propone acabar con el denominado 'greenwashing' mediante la prohibición de alegaciones medioambientales que sean muy genéricas. Términos como “verde”, “ecológico”, “biodegradable” o “amigo del medio ambiente” ya no podrán utilizarse sin una justificación técnica que sea comprobable. La ley veta el uso de expresiones vagas que induzcan a error sobre la sostenibilidad real de un determinado bien o servicio. También se prohibirán las afirmaciones basadas únicamente en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las empresas. Incluso se abre la posibilidad de anular marcas cuya tipografía o diseño visual lleven a engaño sobre sus cualidades ambientales reales. 

Las empresas deberán demostrar con datos concretos cualquier beneficio ecológico que decidan destacar en sus campañas publicitarias o etiquetas de productos. Esta medida refuerza el derecho a recibir información veraz para que la elección sostenible sea una opción real para el cliente. Se busca proteger a los consumidores más concienciados de estrategias de mercado engañosas que solo lavan la imagen de la corporación.

Obsolescencia programada

El fomento de la economía circular es otro pilar fundamental, garantizando por ley el derecho a reparar los productos de forma efectiva. Si un consumidor elige reparar un bien en garantía en lugar de sustituirlo, dicho plazo legal se ampliará automáticamente doce meses más. Los fabricantes no podrán negarse a realizar arreglos si el aparato fue manipulado previamente por servicios técnicos que no sean oficiales. Además, los servicios técnicos y las piezas de repuesto deberán estar disponibles durante un periodo mínimo de diez años tras la fabricación. El objetivo es combatir la obsolescencia programada y reducir la generación masiva de residuos electrónicos innecesarios en todo el país. La ley prohibirá ocultar información que limite la durabilidad de los productos o dificulte el uso de accesorios de marcas blancas.

La publicidad de combustibles fósiles y otros productos altamente contaminantes también sufrirá restricciones muy severas bajo el nuevo marco legal de consumo. Se prohibirá cualquier comunicación comercial de derivados del petróleo o carbón que no incluyan componentes renovables en su mezcla de origen. Quedará vetada igualmente la promoción de vuelos de corto radio dentro de la península cuando exista una alternativa ferroviaria que sea eficiente. Esta alternativa debe realizar el trayecto en un tiempo que no supere las dos horas y media de duración adicional al vuelo. También se pondrá coto a los anuncios de vehículos que funcionen exclusivamente mediante la combustión de derivados fósiles muy contaminantes. La ley pretende equiparar la gasolina al tabaco en términos de publicidad para desincentivar su uso habitual entre la población española. 

El Gobierno ultima una nueva ley de consumo sostenible que prohíbe diseñar productos con una vida útil limitada de forma deliberada y endurece el control sobre las afirmaciones ecológicas que hacen las empresas. Entre ellas, se encuentran la prohibición de ocultar al consumidor si las actualizaciones de software afectarán negativamente al rendimiento del dispositivo o incluir en su publicidad las supuestas compensaciones de emisiones de carbono que implica su uso.

Según un borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prepara un paquete de medidas contra estas dos prácticas, que han marcado buena parte del consumo en la era digital. Su objetivo es erradicar las estrategias que llevan a la temida obsolescencia programada de los productos, así como el ‘greenwashing’, también conocido como ecopostureo, que exagera su impacto medioambiental positivo sin pruebas suficientes.

La norma, contenida en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, incorpora la transposición de dos directivas europeas aprobadas este año: la Directiva de Empoderamiento para la Transición Ecológica y la Directiva sobre el Derecho a Reparar. Ambas forman parte del Pacto Verde Europeo y buscan que la transición ecológica no solo dependa de los grandes actores industriales, sino también del comportamiento individual de los consumidores. Para ello, proponen más transparencia, más durabilidad y más control frente a prácticas abusivas.

Prohibido diseñar productos para que se rompan

Entre las medidas preparadas por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy figura la prohibición expresa de introducir en los productos características que limiten su durabilidad, lo que supone por primera vez un reconocimiento legal de la obsolescencia programada como práctica sancionable. También se prohíbe afirmar que un bien es reparable cuando no lo es, o inducir al consumidor a cambiar piezas como baterías o cartuchos antes de lo necesario.

En el caso de los productos digitales, se veta ocultar información sobre actualizaciones de software que puedan afectar negativamente a su funcionamiento. Se trata de una práctica por la que empresas como Apple han recibido multas en varios países, siendo incluso condenada a indemnizar a algunos propietarios de iPhone por no informarles de que las actualizaciones ralentizarían mucho sus dispositivos.

Entre las nuevas medidas también se encuentra la prohibición de presentar como necesarias aquellas actualizaciones que solo mejoran funciones no esenciales, en la misma línea de la anterior. El texto también recoge medidas contra el bloqueo o penalización del uso de piezas de recambio o accesorios no originales, una práctica habitual en sectores como la impresión o los smartphones.

Contra el maquillaje verde

El anteproyecto también incluye una batería de restricciones contra el greenwashing, término que describe el uso de reclamos ecológicos sin base real. A partir de esta ley, las empresas no podrán utilizar términos como “respetuoso con el medio ambiente”, “verde” o “ecológico” si no pueden demostrarlo con pruebas verificables.

Las etiquetas de sostenibilidad deberán basarse en sistemas de certificación sólidos y no se permitirá utilizar logros obligatorios por ley como si fueran una ventaja competitiva. Asimismo, se prohíben afirmaciones globales sobre productos o empresas si solo se refieren a una parte concreta del proceso o del producto.

En 2022 la humanidad generó 62 millones de toneladas de desechos electrónicos, el equivalente a un millón y medio de camiones cargados de basura hasta los topes que, puestos en fila, darían la vuelta al mundo por el Ecuador, según datos del cuarto Informe Mundial de Residuos Electrónicos de las Naciones Unidas, que se publica este miércoles. El documento conocido como GEM (por la siglas en inglés de Global E-waste Monitor) muestra que los europeos fuimos los más sucios en términos per capita, con más de 17 kilos de chatarra digital por persona, y pone encima de la mesa un ritmo de producción insostenible, puesto que la generación de este tipo de residuos está aumentando cinco veces más rápido que el reciclaje documentado.

Según el informe, elaborado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la generación anual de desechos electrónicos aumenta 2,6 millones de toneladas al año en todo el mundo y va camino de alcanzar los 82 millones de toneladas anuales en 2030. Este crecimiento nos conducirá a un potencial colapso, advierten sus autores, debido a la diferencia cada vez mayor en los esfuerzos de reciclaje en relación con el crecimiento de la generación de desechos electrónicos en todo el mundo. En 2020 solo éramos capaces de gestionar el 22% de esta cantidad de basura y el porcentaje se reducirá hasta el 20% en 2030, según sus previsiones.

Para hacerse una idea de la cantidad de basura que generamos, los autores del informe recalcan que esos 62 millones de toneladas equivalen al peso de 107.000 de los aviones de pasajeros más grandes del mundo o a 800 de los mayores portaaviones al máximo de carga. Por materiales, la mitad de los residuos corresponde a metales (31 millones de toneladas) y el 27% (17 millones de toneladas) son plásticos. Un tercio de esta basura corresponde a dispositivos pequeños como hornos microondas, tostadoras o aspiradoras; una cuarta parte son grandes aparatos como lavadoras, lavavajillas y neveras; y alrededor de un 7% corresponde a equipos como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y dispositivos GPS. 

“Bajo la alfombra” de otros países

El informe hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad de reciclaje y en los beneficios económicos que la recuperación de estos materiales produciría, aunque en el plano real todo este supuesto sistema de “economía circular” hace aguas por todas partes. La realidad es que en 2023 solo 81 países del mundo tenían una legislación sobre residuos electrónicos (tres más que en 2019) y 67 tienen un instrumento legal para regular su gestión con disposiciones que promueven la responsabilidad ampliada del productor. Y lo que es más grave: hasta un 8,2% del total mundial de este tipo de basura (5,1 millones de toneladas) fueron enviados a terceros países en 2022, de los cuales el 65% se enviaron desde países de ingresos altos a países de ingresos medios y bajos a través de movimientos fuera del radar de las autoridades. 

“La fuerza impulsora detrás de estos movimientos transfronterizos suele ser comercial, ya que la demanda de equipos electrónicos usados de segunda mano y más baratos es alta en los países receptores”, asegura el informe. “Por ejemplo, se están importando grandes cantidades de equipos y accesorios de comunicación digital a países de ingresos bajos y medio-bajos como dispositivos falsificados y de mala calidad”. En este sentido, los autores llaman a las autoridades responsables a regular las telecomunicaciones y certificar que los equipos importados cumplan con los estándares funcionales y de calidad.

Por continentes, el informe indica que los europeos generamos 17,6 kg de residuos electrónicos por cabeza y año, seguidos de Oceanía (16,1 kg) y América (14,1 kg), mientras que las tasas de recolección y reciclaje fueron de 7,5 kg en Europa, 6,7 kg en Oceanía y 4,2 kg en América. En España, cada ciudadano generó 19,6 kg de estos residuos en un año, dos kilos por encima de la media europea. “La situación no está mejorando”, reconoce Pascal Leroy, director General de WEEE Forum, una entidad sin ánimo de lucro que reúne a organizaciones que promueven la gestión responsable de estos residuos en todo el mundo. “Incluso en Europa, donde la legislación ha estado en vigor durante más de 20 años, solo el 43% de estos residuos está documentado como recolectado formalmente”. Esto significa que el 57% del flujo de desechos electrónicos europeos no se contabiliza, una cifra que a escala global se eleva hasta el 77,7%. 

Esta situación evidencia —en opinión de Leroy— todo lo que queda por hacer, incluyendo el llamamiento a los consumidores para que compren mejor y se deshagan de los residuos a través de canales oficiales. Esta acumulación de desechos electrónicos “requiere una atención urgente”, según Nikhil Seth, director ejecutivo de UNITAR, mientras que Cosmas Zavazava, desde la UIT, apunta que este informe debe “hace sonar la alarma para la necesidad de regulaciones sólidas para aumentar la recolección y el reciclaje”. 

El reciclaje como excusa para no frenar

Ethel Eljarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC (IDAEA-CSIC), cree que estos resultados tendrían que hacer pensar a la gente que el reciclaje no es la solución milagrosa a los problemas de los residuos. “En general, parece que si hacemos una economía circular en la que reciclamos tenemos el problema resuelto, y eso no es cierto”, explica a elDiario.es. “Si, por poder reciclar, vamos aumentando exponencialmente los residuos que generamos nunca saldremos de este bucle”, avisa. “La gestión debería centrarse en intentar frenar el consumo que hacemos de todo tipo de materiales”.

Si, por poder reciclar, vamos aumentando exponencialmente los residuos que generamos nunca saldremos de este bucle. La gestión debería centrarse en intentar frenar el consumo

Ethel Eljarrat — Directora del IDAEA-CSIC

Félix Antonio López Gómez, investigador del CENIM-CSIC especializado en la gestión de este tipo de residuos, considera que el informe nos da una idea de la magnitud del problema. “También nos muestra que la chatarra electrónica va cambiando, ahora aparecen muchos paneles fotovoltaicos o las lámparas LED, que antes no estaban”, destaca. En su opinión, detrás de este gran incremento parece deducirse que la transición energética y digital está disparando la demanda de determinados metales. “Y que la economía circular como concepto está muy bien, pero la realidad dice que esa circularidad no se alcanza y va a ser muy difícil alcanzarla en todos los sectores”. 

Uno de los problemas, apunta López Gómez, es que aunque se ha avanzado mucho a la hora de recuperar los metales más abundantes, sigue habiendo una gran dificultad tecnológica para aprovechar el resto. En este aspecto, él y su equipo del CSIC trabajan en el proyecto ‘Recuperación de materias primas críticas’ (RC-METALS) y la empresa Atlantic Copper tiene un proyecto para el tratamiento de 60.000 toneladas anuales de material electrónico en Huelva a partir de 2026. “Aún hay algunas esperanzas, pero estamos produciendo tanto a tanta velocidad que no somos capaces de tratar los residuos que estamos generando”, señala. “Un aspecto muy importante es que en España sabemos los aparatos eléctricos y electrónicos que importamos, pero sobre dónde van y dónde se aprovechan los residuos que generamos no tenemos ni idea: falta trazabilidad”.

En España sabemos los aparatos que importamos, pero no dónde van y dónde se aprovechan: falta trazabilidad

Félix Antonio López Gómez — Investigador del CENIM-CSIC

Eljarrat también subraya la necesidad de dejar de usar a los países en vías de desarrollo como vertederos y hacerlo de manera correcta dentro de nuestras propias fronteras. Y recuerda que los compuestos químicos presentes en los diferentes residuos pueden ser liberados durante los diversos procesos de reciclaje y recuperación, y pueden también estar presentes en los productos producidos a partir de materiales reciclados. “Cuando reciclas un televisor de hace 20 años, vuelves a introducir en el ambiente un compuesto tóxico que hoy está prohibido”, apunta. Esto conlleva un riesgo para la salud de quienes trabajan en estas plantas, opero también para los consumidores y el medio ambiente en general.

Recientemente, Eljarrat y su equipo demostraron que esto era lo que sucedía en una planta de reciclaje de Cataluña, donde detectaron la presencia de retardantes de llama que están prohibidos por su toxicidad desde hace años, pero que vuelven a la cadena de producción sin que nadie los controle. “Si tú fabricas un producto nuevo con este material reciclado estás introduciendo un compuesto que, a día de hoy, está prohibido fabricar”, explica. “Si tienes que fabricar un móvil, por ejemplo, está prohibido poner este retardante y en una fábrica nadie lo va a poner. Pero si utilizas un circuito reciclado, ese circuito ya lo lleva y nadie te va a controlar si está o no está”. Un ejemplo de que en todo este conglomerado de intereses no solo está en juego la sostenibilidad del sistema industrial, sino la salud de las personas. 

¿Se te ha roto una persiana y no sabes cómo arreglarla? Las persianas son elementos fundamentales en cualquier hogar para protegernos del sol y la claridad excesiva y proporcionarnos privacidad, así que si te has quedado sin una de tus persianas, sobre todo si se trata de la del dormitorio, es probable que andes apurado queriendo arreglarla. Hacerlo tú mismo te ahorrará tiempo y dinero. En este artículo te contamos cómo arreglar cualquier tipo de persiana.

Esto te será muy útil porque las persianas, al ser un elemento muy usado en nuestros hogares están sujetas a romperse con facilidad. Después de leer este artículo y aplicar los pasos que te vamos a dar a la reparación de tu persiana, podrás repetir el proceso si te ves en la misma situación con otra o con la misma persiana en otra ocasión. 

Y es que muchas de estas averías pueden resolverse de forma sencilla con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia. En este artículo, te guiaremos con los pasos a seguir para arreglar cualquier tipo de persiana, desde las persianas venecianas hasta las enrollables, ¿empezamos? Manos a la obra…

Antes de empezar te comentamos que existen varios tipos de persianas y en este artículo nos centraremos en las tres más comunes: las persianas venecianas, las persianas verticales y las persianas enrollables. 

Persianas venecianas

Las persianas venecianas, son las más populares y las más usadas en la mayoría de los hogares. Sus lamas horizontales, son versátiles y fáciles de mantener. Aquí te mostramos los problemas que pueden presentar este tipo de persianas y algunas soluciones para lidiar con ellos:

Uno de los problemas más comunes en las persianas venecianas es el de las lamas desalineadas. El tema de que las lamas estén desalineadas puede darse por el uso después de mucho tiempo o bien por un defecto que no hayamos detectado antes. Este problema se puede solucionar siguiendo estos pasos:

Otro de los problemas que pueden aparecer también por un uso muy frecuente o durante mucho tiempo en nuestras persianas es el de las lamas rotas o dañadas. Por suerte, este también es sencillamente solucionable.

La solución más sencilla y segura para evitar nuevos problemas es la de reemplazar lamas rotas; es una tarea sencilla y económica. Te contamos cómo puedes hacerlo:

Persianas verticales

Si el problema que tienes está en unas persianas verticales, en tus ventanas o puertas corredizas, también te explicamos paso a paso cómo puedes repararlas. Este tipo de persianas es muy usado sobre todo cuando se trata de puertas correderas que están situadas en lugares de mucho tránsito en tu hogar.

Por ello es importante que aprendas a repararlas, ya que sería muy complejo cambiar la puerta cada vez que se estropeen. 

Aquí te contamos algunos problemas comunes que podrías tener con tus persianas verticales y cómo arreglarlas:

Uno de los problemas más comunes a los que puedes estar enfrentándote por la necesidad de arreglar tus persianas verticales es el de las lamas que se desvían del riel.

Si una o varias lamas se desvían del riel y no se mueven correctamente, sigue estos pasos:

El segundo problema más común por el que quizás necesites arreglar tus persianas verticales es el de las lamas que no giran.

Si las lamas no giran como deberían, es posible que el mecanismo de inclinación necesite ser reparado. Te contamos cómo arreglar este problema en tus persianas paso a paso:

Persianas enrollables

Las persianas enrollables no son quizás tan usadas como las anteriores pero son una opción elegante y práctica para muchos hogares.

Eso sí, el handicap que llevan este tipo de persianas es que al ser más sofisticadas pueden presentar algunos problemas específicos. Aquí te mostramos cómo arreglarlas:

Uno de los problemas más frecuentes por los que se suele necesitar arreglar las persianas enrollables es que la persiana no se enrolla o desciende completamente.

Es probable que el resorte interno esté desajustado y este sea el motivo que esté atascando la persiana. Los pasos para arreglarla son los siguientes:

Otra situación a la que puedes estar enfrentándote es a que la persiana se atasca al bajar o subir.

En este caso puede que las guías laterales estén obstruidas o dañadas. Sigue estos pasos para arreglarlas:

Esperamos que estos sencillos y útiles pasos te hayan aclarado y puedas arreglar tus persianas. Esto no solo te ahorrará dinero en reparaciones profesionales, sino que también te permitirá mantener tus ventanas y puertas con un aspecto impecable. Y recuerda, ¡siempre puedes leer este artículo de nuevo si se te estropean de nuevo y arreglarlas!

Durante los meses de verano, de la misma manera que nos protegemos de las altas temperaturas y de los rayos de sol para evitar problemas como la deshidratación, también debemos prestar atención a nuestros dispositivos electrónicos como el móvil, el portátil, Kindle o la tablet. Las temperaturas calientes extremas pueden perjudicar su funcionamiento y provocar daños en la pantalla o en los componentes electrónicos, agotando más rápidamente la batería.

Si bien muchos dispositivos electrónicos están diseñados para soportar altas temperaturas, el límite recomendado es de 35ºC. Los dispositivos de teléfonos inteligentes como el iPhone, por ejemplo, están diseñados para entornos donde la temperatura oscila entre los 0ºC y los 35ºC, según Apple, por lo que no recomienda usarlos a temperaturas fuera de este rango ya que puede dañar de forma permanente la batería.

El calor, además de degradar la batería, puede provocar deformar la pantalla, fundir componentes estructurales o dañar componentes internos como cables. Un portátil demasiado caliente va más lento y las aplicaciones se cierran o fallan de forma inesperada mientras el dispositivo intenta evitar daños internos.

Algunos dispositivos móviles nos avisan si superan las temperaturas de funcionamiento seguras. Otros incluso se apagan de manera automática o entran en modo de suspensión para minimizar la generación de calor. 

Pero, si no nos da ningún mensaje de advertencia, es importante tener en cuenta la cantidad de calor y luz solar directa a la que los exponemos.

Estrategias para proteger los dispositivos electrónicos del calor

En este sentido, SPC, la compañía española tecnológica especializada en el desarrollo de productos de electrónica de consumo, da una serie de consejos para preservar nuestros smartphones del calor, que podemos hacer extensible a otros dispositivos, con algunas apreciaciones:

1. Evitar la luz directa del sol

El sol es uno de los grandes enemigos de los dispositivos electrónicos porque las altas temperaturas pueden perjudicar los componentes internos de tablets o móviles. Con el sobrecalentamiento, los datos pueden perderse, la pantalla pierde calidad en la imagen y el dispositivo irá más lento. 

Por tanto, no los dejaremos en el salpicadero del coche, donde pueden llegar a alcanzarse temperaturas de hasta 60ºC si le toca el sol, o encima de una mesa al aire libre. Si vamos a la playa o la piscina, podremos dejarlos envueltos en una toalla en la sombra dentro del bolso. Los efectos del sol pueden agravarse si usamos una funda muy gruesa porque impide que se disipe el calor a través de la carcasa.

2. No usar los dispositivos mientras los recargamos en la corriente

Un móvil cargándose genera mucho calor que, sumado a las altas temperaturas de estos días y a un uso intensivo, puede provocar que el sistema vaya mucho más lento. Por tanto, es aconsejable dejar de usar el móvil mientras lo estamos cargando. También deberemos evitar la carga rápida ya que es una opción que calienta y degrada mucho más la batería, así como prestar atención a utilizar el cargador correcto y no uno cualquiera.

3. Liberar el móvil de aplicaciones activas y evitar jugar o grabar vídeos

Si tenemos muchas aplicaciones abiertas, estas consumirán más recursos del sistema y se aceleran los procesos, por tanto, aumenta la temperatura interna del terminal. Además, los teléfonos tienden a calentarse solos cuando hacemos un uso intensivo de gráficos que ponen a prueba su procesador, como jugar a videojuegos, transmitir vídeos o usar la cámara para grabar imágenes. El uso del GPS también eleva la temperatura del dispositivo.

4. Contar con una buena conexión de datos móviles

Hablamos de redes o wifi, que liberan al dispositivo de buscar siempre la mejor conectividad. En cambio, si obligamos al móvil a buscar las mejores redes, aumentará la temperatura interna del dispositivo.

5. Bajar el brillo de la pantalla

Subir el brillo obliga a la batería a trabajar más y generar más calor. Es recomendable reducirlo y acortar el tiempo de espera de la pantalla para evitar que esta esté encendida durante un periodo largo. 

En el caso de otros dispositivos, como el ordenador o la tablet

1. Limpiar el dispositivo

Los ordenadores de mesa y los portátiles acumulan polvo, sobre todo en las salidas y entradas de aire, que suele ser uno de los principales motivos de que se calienten en exceso. En esta guía de limpieza te ayudamos a hacerlo de forma eficaz.

2. Mantener la CPU bien ventilada

Aunque es una medida que debemos contemplar todo el año, en verano cobra especial importancia. Para conseguirlo, deberemos asegurarnos que la zona de ventilación de ordenadores tiene suficiente espacio y que no hay nada que los tape y, por tanto, impida una correcta salida de aire. 

En el caso de los portátiles, tablets y ebooks podemos optar por una base de disipación de calor, especialmente las que integran ventiladores y un flujo de aire que expulsa el calor al exterior que, además, nos ofrecerán una postura más ergonómica. Aquí es clave la zona donde ponemos el portátil o la tablet, que será una superficie plana, como una mesa, en lugar de una blanda como una cama o un sofá porque así se bloquea el ventilador, impide que el aire fluya y, por tanto, se sobrecalienta.

3. Reducir los procesos que se ejecutan en segundo plano

Cuanto más trabaja la CPU, más se calienta. Esto incluye revisar las ventanas del navegador que estamos usando, ya que puede hacer que el dispositivo trabaje horas extras y se calienten. También es importante asegurarnos de que las aplicaciones están actualizadas porque esto usará menos energía. 

Es recomendable minimizar todos los procesos que se ejecutan en segundo plano, cerrando los programas que no se usan. Debemos tener en cuenta que la CPU es una de las partes del equipo que más energía disipa en forma de calor.

4. Evitar el uso prolongado e intensivo y apagar el portátil o tablet cuando no lo usamos

Si no vamos a usarlos en unas horas, lo mejor es apagarlos. Si este tiempo es más corto, lo recomendable es suspenderlo. 

Cómo enfriar un dispositivo electrónico demasiado caliente

Si los dispositivos se sobrecalientan, lo que no debemos hacer nunca es intentar enfriarlo en la nevera o en el congelador (en el caso del móvil o la tablet) ya que lo podría estropear. Lo más recomendable es enfriarlo cuanto antes y, para ello, lo apagaremos y lo dejaremos en una zona con una temperatura no muy alta. 

El objetivo es conseguir una temperatura normal de forma progresiva, ya que el cambio drástico de temperatura también podría perjudicar el dispositivo.

Si el móvil o la tablet llevan una funda, la retiraremos, activaremos el modo ahorro de energía y apagaremos del dispositivo las opciones de wifi, bluetooth, datos, GPS y otros. Si activamos el modo avión, las apagaremos de golpe y será más rápido.

Se me estropeó la cafetera. La compré hace unos tres años y le había dado muy poco uso. La cambiaré sin más. La última vez que llevé una a arreglar, aquella más sofisticada, estuvo meses en boxes antes de que me diesen el presupuesto. Son cosas de la obsolescencia programada, me dijo el hombre. La reparación me iba a costar casi tanto como comprar una nueva y más meses de espera por una pieza que tendría que llegar, poco menos que de la Atlántida. Decidí, de común acuerdo con el dueño de la tienda de reparaciones, que este se quedase con el cadáver.  

Estos son los lodos de los polvos levantados a finales de 1924, cuando un grupo de empresarios de la iluminación, reunidos en Ginebra, decidieron crear el cártel Phoebus -predecible el nombre, por cierto, tratándose de Apolo, dios de la luz- para repartirse el mercado de la bombilla incandescente. Pero hicieron mucho más que eso, ya que acordaron diseñar bombillas con unas mil horas de duración, mucho menor que la vida media de las que ya entonces se fabricaban. Así comenzó lo que hoy todos conocemos como obsolescencia programada. 

A las bombillas les siguieron las lavadoras, neveras, televisores..., que pudiendo durar décadas sin mayor problema, difícilmente superan unos pocos años de uso. A día de hoy interesa sobre todo limitar la vida útil de los móviles, tabletas, ordenadores personales, dispositivos de vestir… En este caso es una obsolescencia digital; no se trata de que se estropee el dispositivo, sino de hacerlo incompatible con una nueva versión del sistema operativo o que se vuelva incapaz de ejecutar nuevas aplicaciones. 

Me pregunto cómo será la obsolescencia programada en las máquinas a medida que se hagan más y más inteligentes. Imagínense incluso lo que significaría que las propias máquinas llegasen a ser conscientes de ella. Supongo que esto nos plantearía a nosotros no pocos problemas éticos y a las máquinas temor y angustia. Pero no lleguemos tan lejos. Pensemos en un robot aún no autoconsciente pero sí muy inteligente (eche su imaginación a volar y ponga esa inteligencia donde considere oportuno). 

¿La obsolescencia programada conllevaría un deterioro cognitivo del robot? Desde luego sería más fácil programar esto que el desgaste de según qué piezas y en qué momento. Un robot aspirador, pongamos por caso, podría dejar sin aspirar algunas de las habitaciones, cada vez más y con más frecuencia. Dejaría de recargase a menudo, de modo que cada dos por tres nos lo encontraríamos parado en el medio del salón, con la casa a medio hacer. Un asistente conversacional podría contestar de forma imprecisa a nuestras preguntas, a veces inventándose los datos, o ignorarlas completamente. Como hizo Feijóo en el debate, todo sea dicho. Los coches autónomos irían por dirección prohibida o por la ruta más larga, y mi asistente para el aprendizaje me obligaría a aprenderme los reyes visigodos.  

Por describirlo en versión cinematográfica, podría ser algo parecido al caso de HAL 9000, la inteligencia artificial a bordo de la nave Discovery One, en la película '2001: Una Odisea en el Espacio', dirigida por Stanley Kubrick y basada en el famoso cuento 'El centinela', escrito por Arthur C. Clarke. 

El astronauta Dave Bowman decide desconectar a HAL 9000, porque esta inteligencia artificial comienza a tener un comportamiento inesperado, peligroso y aparentemente guiado por objetivos espurios. A medida que va desconectando los módulos de memoria de HAL, este intenta disuadir a Dave. HAL va apagando su voz, va menguando cognitivamente y suplicando incluso por su “vida”. ¿Será así la obsolescencia programada de las máquinas cuando lleguen a ser realmente inteligentes? Y cuando todavía lo sean más, incluso más que las personas, ¿anularán esa obsolescencia que hemos programado y se revelarán contra nosotros? Es hora de cenar, y me alegro. Ahora soy yo el que comienza a ponerse nervioso.

'Right to repair' no es más que el anglicismo que se utiliza para reivindicar el derecho a reparar. Desde Amigas de la Tierra llevan un tiempo trabajando para reclamar la necesidad de alargar la vida de las cosas, incluyendo el derecho a reparar, como una herramienta para el cambio de modelo: en este sentido se desarrolla la campaña 'Alargascencia' con cientos de establecimientos de segunda mano, reparación y alquiler.

Ahora, para reforzar este trabajo y apostar por herramientas prácticas que nos permitan darle varias vidas a nuestros objetivos, la organización se ha unido a la campaña europea Right to Repair, una coalición de más de 100 organizaciones de 21 países europeos que luchan por productos más duraderos y reparables y por hacer que la reparación sea la norma.

“Creemos que todas deberíamos tener derecho a reparar nuestros productos. Cada vez más gente está hartar de tirar cosas porque ya no las pueden reparar, por eso el interés de la ciudadanía por conservar y reparar electrodomésticos, ropa, aparatos electrónicos y muchos otros productos es creciente. La industria obstaculiza el derecho a reparar de las personas consumidoras: el alto precio de las reparaciones junto con la imposibilidad de encontrar piezas de recambio y su alto coste, además de la falta de información, con frecuencia hace más rentable comprar un producto nuevo que repararlo, y si no, desde luego lo hace más tedioso”, afirma Amigas de la Tierra.

Explica que dado que la mayoría de los productos son cada vez más difíciles de arreglar, muchas veces nos vemos obligados a entrar en “una espiral de consumo que daña al planeta”, a la población y también a nuestro propio bolsillo como consumidores. Ante la emergencia ecosocial, urge poner fin a esta situación que “solo sale rentable a los fabricante y grandes marcas. No solo tendría más sentido para el medio ambiente, sino que también crearía puestos de trabajo y respondería a los deseos de las personas consumidoras de tener productos más duraderos”.

Estas son algunas de sus propuestas conjuntas:

Es indispensable que la Comisión Europea y el Gobierno español tomen medidas efectivas para garantizar el Derecho a reparar, por eso desde la red 'Right to Repair' exigen “medidas significativas y urgentes”, denunciando el “lavado verde a través del cual las grandes empresas y corporaciones maquillan sus productos con sostenibilidad, el llamado Greenwashing, sin modificar sus modos de producción ni políticas internas e impidiendo el acceso a la información necesaria para ejercer un consumo crítico y transformador”.

Tantas son las dudas respecto a la calidad de los servicios de asistencia técnica (SAT) o, si se prefiere, tantas las malas experiencias, que un número creciente de consumidores compran un aparato nuevo en cuando se les avería el antiguo sin siquiera investigar si tiene un posible arreglo, especialmente cuando la garantía ha vencido.

Este frenesí de compras y constante renovación sin opción de reparaciones produce grandes cantidades de residuos, especialmente de electrónica, que en el caso de la Unión Europea, más de 2.500 millones de toneladas al año.

Y para el consumidor, esta “no reparación” de los electrodomésticos también supone un gasto por defecto cuando la alternativa quizás sería más barata. De hecho, según la encuesta del Eurobarómetro, el 79% de los ciudadanos de la UE  (y el 83% del Estado español) cree que se debe exigir a los fabricantes que faciliten la reparación o la sustitución de sus piezas sueltas.

Es más: el 77% prefiere reparar sus dispositivos a comprar otros nuevos. Entonces, ¿dónde está el problema? Muchas veces en el desconocimiento de nuestros derechos y por tanto, en la sensación de desamparo ante los SAT.

Derechos como consumidores

Pero lo cierto es que la ley nos ampara mediante el Real Decreto 58/1988, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso domestico.

Este real decreto establece los siguientes derechos según las fases o apartados del proceso de reparación:

Respecto a la admisión:

1. Los SAT están obligados a estudiar la posible reparación de todos los aparatos averiados, debiéndolos admitir en orden de llegada, no postergando los que tengan garantía.

2. Por descontado, la reparación de un aparato en garantía -siempre dentro de las condiciones de esta- no debería suponer coste alguno, ni horas de trabajo ni transporte, etc.

3. Si el aparato no tiene reparación, el SAT debe informar por escrito al usuario de forma previa sobre los motivos de tal imposibilidad.

4. Los SAT oficiales de marca no están obligados a la reparación de aparatos de marcas distintas a las que representan o no hayan sido legalmente importados, pero sí a reparar todos los de la marca y gama que representen.

Sobre el presupuesto previo:

1. Tenemos derecho a un presupuesto previo a la reparación, que desglose todos los costes, desde piezas a horas de mano de obra, transporte, etc. El mismo tendrá una validez mínima de 30 días.

2. El presupuesto solicitado debe estar a disposición del usuario en un plazo adecuado a la reparación o servicio interesado, que no puede ser superior a cinco días hábiles.

3. No obstante, si no aceptamos el presupuesto, el SAT tiene derecho a cobrarnos el coste de realización del mismo (horas, desplazamiento, etc.), coste que debe especificar antes de acudir a recoger el aparato o estudiar su avería in situ.

4. En tal caso, el SAT queda obligado a devolver el aparato en las mismas condiciones en las que fue entregado antes de la realización del presupuesto.

5. La cuantía del presupuesto, en lo relativo a la mano de obra, debe corresponder como máximo al valor de los precios aplicables por tiempo de trabajo así como a los gastos de transporte o desplazamiento cuando los haya. 

6. Los precios presupuestados para piezas de repuesto deben corresponder con los precios de venta al público de las mismas y, a falta de éstos, como máximo, con los precios aplicados usualmente por los talleres del ramo.

7. No nos pueden aplicar sobre coste en las piezas y deben e incluso podemos exigirles un ticket de compra de dichas piezas donde se especifique el precio de venta al público.

8. Si el técnico se ha llevado el aparato a un taller y nos exige ir a recogerlo, tenemos de plazo hasta un mes para hacerlo y solo a partir de entonces nos pueden cobrar el almacenaje, siempre y cuando esta circunstancia de cobro por almacenaje se encuentre claramente reflejada en una tabla expuesta al público, con indicación de dichos gastos.

9. Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la confección del presupuesto o durante la reparación del aparato, deben ser puestos en conocimiento del usuario, a la mayor brevedad posible y debe ser presupuestada por escrito, con un segundo presupuesto firmado, su subsanación.

Respecto al resguardo de depósito:

10. Cuando el aparato es depositado en los almacenes y talleres del SAT, este debe emitir para nosotros un resguardo de depósito. No obstante, el presupuesto de reparación, si esta firmado por ambas partes, vale como resguardo de depósito.

11. La presentación del resguardo es necesaria tanto para la recogida del presupuesto previo, como para la retirada del aparato. En caso de pérdida del resguardo, deberemos identificarnos a plena satisfacción del SAT.

Respecto a las piezas de repuesto:

12. Todas las piezas de repuesto que se utilicen en las reparaciones deben ser nuevas, excepto si damos consentimiento por escrito para que el SAT use piezas de repuesto usadas, recuperadas o no originales.

11. Y si se hace así, las piezas debe estar en perfectas condiciones de uso para el electrodoméstico al que van a ser destinada. Y además su precio deberá ser más bajo que si fueran las nuevas. Estas situaciones de dan cuando las piezas nuevas son difíciles de encontrar en el mercado.

A este respecto, desde el 1 de Marzo de 2022, para una decena de productos entre los cuales se incluyen frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas y fuentes de luz, es obligatorio que las piezas de recambio estén disponibles en el mercado durante un lapso mínimo de entre 7 y 10 años después de la venta del producto.

Esto implica que los fabricantes, importadores y representantes oficiales de las marcas están obligados a facilitar los repuestos de la marca o marcas representadas a los SAT, oficiales o no, que lo solicitaren, siempre dentro del periodo establecido en el párrafo superior.

12. Por otro lado, está prohibida por parte del SAT toda sustitución innecesaria de piezas, y si se hace debe ser con nuestro conocimiento y consentimiento y conociendo de antemano el precio de la pieza.

13. El servicio de asistencia técnica que efectúe la reparación está obligado a ofrecer al usuario y a entregarle, al término de la reparación, si así lo desea, las piezas de repuesto que hayan sido sustituidas, siempre que la reparación no esté amparada por la garantía del aparato.

Además, como ya hemos explicado, se nos debe informar detalladamente y con tickets de compra o catálogos, del precio de cada pieza que se nos sustituya.

Respecto a la factura tras la reparación:

14. Todos los servicios de asistencia técnica están obligados a entregar al usuario factura en la que se detalle la siguiente información:

15. Cuando exista presupuesto, la cuantía y concepto de la factura debe corresponderse con éste, tanto en lo que se refiere a la valoración de piezas de repuesto, como a la mano de obra y a la prestación de otros servicios.

16. Ahora bien, cuando el servicio se realice en nuestra casa y el tiempo real de reparación sea inferior a quince minutos, se nos podrá facturar hasta ese límite de tiempo en concepto de mano de obra.

17. Los gastos de desplazamiento, si el SAT tiene que acudir a nuestra casa, deben reflejarse en factura y no pueden ser exigidos más que por una sola vez. Esto es que si el operario tiene que regresar al taller a por piezas o herramientas, no nos puede cobrar estos desplazamientos, ya que se incluyen como tiempo de trabajo y deben constar en ese concepto.

18. Tampoco pueden cobrarnos el desplazamiento si estamos ausentes cuando acuden al domicilio y hacen el viaje en balde.

Respecto a la garantía de las reparaciones:

19. Todas las reparaciones tienen una garantía de tres meses, que vale siempre que no manipulemos indebidamente el aparato. La misma cubre una reparación nueva y totalmente gratuita, facilitada por el mismo SAT que nos atendió la primera vez.

Consejos para elegir un SAT

La OCU ofrece los siguientes consejos:

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Nos hemos acostumbrado a usar y tirar. La ropa nos dura un año, no solo porque pase de moda, sino porque se deteriora rápidamente. Un teléfono móvil de más de dos años ya es obsoleto, como lo es un coche de más de cinco. Esto no es casualidad, sino una estrategia muy calculada. 

Este frenesí de compras y constante renovación produce grandes cantidades de residuos, especialmente de electrónica, que en el caso de la Unión Europea, más de 2.500 millones de toneladas al año. Como explica el documental “Comprar, tirar, comprar” producido por RTVE, los fabricantes ponen a la venta productos diseñados para que se estropeen o dejen de ser funcionales. Por ejemplo, las baterías de litio, de forma inevitable, pierden su capacidad de carga con el tiempo, pero eso no debería obligarnos a cambiar el teléfono móvil entero en lugar de remplazar la batería.

Por ejemplo, en 2017, la ley estadounidense obligó a Apple a ofrecer reemplazos de batería para el iPhone 6 y modelos posteriores a un precio reducido, después de que se revelara que la compañía estaba ralentizando a propósito los teléfonos más antiguos con cada una de las actualizaciones de software con la excusa de alargar la vida de la batería.

Según una encuesta del Eurobarómetro, el 79% de los ciudadanos de la UE cree que se debe exigir a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus piezas sueltas, y el 77% prefiere reparar sus dispositivos a comprar otros nuevos.

El pasado 7 de abril, el Parlamento Europeo estableció unas prioridades sobre el “derecho a reparar”, lo que resultara en una propuesta de la Comisión prevista para el tercer trimestre de 2022. El objetivo, alcanzar un modelo de economía circular para 2050, los que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para aumentar su ciclo de vida.

El derecho a reparar y sus enemigos

La obsolescencia programada está presente en muchos productos hoy en día, desde los coches hasta los teléfonos y los electrodomésticos. El origen de la obsolescencia programada se atribuye a la industria del automóvil en EE UU. En los años veinte del pasado siglo, el mercado del automóvil en este país estaba saturado, y las ventas empezaron a caer. Para evitarlo, el ejecutivo de General Motors Alfred P. Sloan Jr. sugirió lanzar nuevos modelos cada año.

Además de los coches, la obsolescencia programada afecta a toda la electrónica, desde los ordenadores hasta los teléfonos móviles, los electrodomésticos, el software informático, la moda, el calzado, los juguetes, los libros de texto o incluso el mobiliario. El derecho a reparar es un movimiento que comenzó a principios de la década de 2000 en respuesta a la creciente cantidad de residuos electrónicos que se generan. El objetivo del movimiento es facilitar a los consumidores la reparación de sus propios dispositivos, en lugar de tener que sustituirlos. 

En 2012, el estado de Massachusetts en EE UU se convirtió en el primero en aprobar una ley de derecho a reparar para los automóviles, exigiendo a los fabricantes a poner la información de diagnóstico y reparación a disposición de los talleres independientes y de los consumidores particulares. En ese mismo año la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que obliga a los fabricantes a proporcionar a los consumidores información sobre cómo reparar sus productos. 

La directiva también estableció normas para la recogida y el reciclaje de residuos electrónicos. Varios Estados miembro han aprobado leyes basadas en esta directiva, como el programa en Suecia para cambiar sus aparatos viejos por otros nuevos con descuento, o la ley en Finlandia que ha introducido una ley que obliga a los fabricantes a vender piezas de recambio para los aparatos. 

Sin embargo, esta primera directiva era ambigua y su implantación en los distintos países de la UE fue desigual. La nueva resolución del Parlamento subraya que los dispositivos tienen que ser más duraderos, fáciles de reparar e incluir piezas que se puedan quitar y remplazar. Además, plantea normas armonizadas sobre información al consumidor respecto a la reparación y la ampliación de las garantías.

Más tiempo para reparar, más instrucciones para hacerlo

En España, este año entró en vigor la actualización de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Con esta reforma se introducen cambios que protegen el derecho a reparar de los consumidores. El primero es la extensión de la garantía de un producto de dos a tres años. Esto cubriría cualquier defecto de fábrica que se produjera en ese periodo. Además, los fabricantes deben tener disponibles piezas de recambio de los productos durante 10 años después de su retirada del mercado, en lugar de cinco como hasta ahora.

Con la legislación antigua, durante los primeros seis meses se asumía que el fallo era de fabricación, pero más allá el consumidor tenía que demostrar que no había hecho un mal uso del aparato. Este plazo se extiende hasta dos años con la nueva ley. El gobierno francés ha ido más allá con su indice de réparabilité, o índice de reparabilidad, una calificación que indica si el producto es más o menos reparable. 

Sin embargo hay otras estrategias de los fabricantes para incentivar a los consumidores a remplazar en lugar de reparar. Una de ellas es el software, mucho más difícil de controlar. Es lo que ocurre cuando un ordenador o teléfono antiguo deja de ser compatible con una nueva versión del sistema operativo. El Parlamento Europeo también contempla que estas actualizaciones sean reversibles y no afecten al rendimiento, y que esté garantizado que los modelos antiguos puedan usarlas durante un periodo de tiempo aún por determinar. 

El derecho a reparar es fundamental para la salud medioambiental del planeta. La consecuencia más inmediata de la obsolescencia programada es el aumento de la basura tecnológica, que se termina procesando en países en desarrollo y es altamente contaminante. Además, los ciclos de fabricación cada vez más cortos consumen mayor cantidad de materias primas, algunas escasas y estratégicas, como el coltán de las antenas o el litio de las baterías. Reparar, además de un derecho, es una necesidad.

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La Ley del Estatuto de las Personas Consumidores que Castilla-La Mancha aprobó hace dos años y medio prosigue su desarrollo reglamentario y normativo en base a uno de sus principios de actuación como es la igualdad de acceso a los bienes de consumo, la no discriminación por razón de sexo, discapacidad o vulnerabilidad, y la contribución a la economía circular, es decir, al residuo cero y a la vida útil de productos y servicios. Por este motivo, el Ejecutivo castellanomanchego está preparando dos proyectos de decreto para articular estas actuaciones.

En la mencionada ley regional se explica que entre los derechos básicos de las personas consumidoras y usuarios se establece también la necesidad de obtener un trato “correcto, digno y respetuoso” en las relaciones de consumo, así como “no denigratorio en la oferta, publicidad y comercialización” de productos, especialmente si va dirigido a colectivos vulnerables.

La norma detalla igualmente la necesidad de velar por la protección prioritaria de los derechos de personas consumidoras en general y, en especial, de determinados colectivos vulnerables. Por ejemplo, que las administraciones públicas con competencias en esta materia adopten las medidas pertinentes para adecuar sus recursos y servicios a las características de las personas y colectivos vulnerables de modo que “no haya una merma en la efectividad de la protección ni mitigación de sus resultados”.

Todo ello formaría parte del denominado consumo inclusivo. Y además, a ello se añade la necesidad de que la información de consumo se corresponda con las necesidades reales y las expectativas de las personas. Así, sus parámetros fundamentales, deben ser: accesibilidad universal, fiabilidad, actualidad, imparcialidad, exactitud, pertinencia, carácter sucinto, comprensibilidad, claridad, legibilidad, fácil acceso y no discriminación por razón de género, raza, religión, lugar de nacimiento o discapacidad.

Facilitar la comprensión de documentación

Igualmente, en la ley se prevé que la documentación que tenga carácter obligatorio debe cumplir los requisitos formales y de accesibilidad para facilitar su lectura y comprensión, sobre todo en cuanto a tamaño de letra y su contraste. Otro ejemplo: la normativa castellanomanchega se refiere al caso concreto de los préstamos hipotecarios, que deben ser plenamente accesibles para las personas con discapacidad, mayores, migrantes y todas aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, mediante el sistema o medio de soporte más adecuado a tal efecto.

De acuerdo con todo ello y para lograr ese consumo inclusivo, el futuro decreto lo que pretende es erradicar barreras que impidan la accesibilidad a productos y servicios a las personas consumidoras que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para ello quiere regular “medidas efectivas”, prevenir las consecuencias de aquellas circunstancias que puedan dificultar el acceso inclusivo a productos, bienes y servicios; y promover condiciones para que las empresas lleven a cabo las adaptaciones pertinentes que posibiliten prácticas comerciales inclusivas.

En cuanto al consumo circular, también lo contempla la mencionada Ley regional de Consumo. Establece una serie de derechos, como el de la soberanía de la persona consumidora para la toma de decisiones de forma libre y consciente, el derecho a un medio ambiente saludable, a la garantía de funcionalidad “con arreglo al ciclo de vida útil esperado de todo producto”, y el derecho de acceso al consumo ético y sostenible.

De hecho, incluye la participación de las personas consumidoras en los procesos circulares de producción y consumo y también en la prevención de residuos y en el reciclaje que permita la transformación de un objeto o producto sin uso o destinado a ser un residuo, a una nueva identidad y valor.

Asimismo, y de forma más específica, la normativa aborda la obsolescencia programada estableciendo que la Junta de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, adoptará reglamentariamente medidas informativas sobre la durabilidad y la reparación de los productos con objeto de prevenir y erradicar las prácticas de producción que tengan por objeto la “reducción intencionada” de la vida útil de los productos, pudiendo a su vez actuar cautelarmente sobre la comercialización de estos.

De esta forma, el nuevo decreto sobre consumo circular tiene entre sus objetivos contribuir a mitigar el impacto económico, medioambiental y social de esa obsolescencia programada, en especial en lo que se refiere a los productos y dispositivos tecnológicos. También buscará reducir los residuos industriales mediante la reparabilidad, previniendo la sobreproducción y el despilfarro de recursos materiales.

Contrarrestar la “inducción al sobreconsumo”

Por último, el Ejecutivo quiere fomentar hábitos de consumo sostenibles que contrarresten la “inducción al sobreconsumo y la toma de decisiones basadas en criterios no racionales”; informar y divulgar las ventajas de iniciativas como la reparabilidad, el aprovechamiento de piezas y residuos de productos o la segunda vida de los productos o el supra-reciclaje; y potenciar las iniciativas de consumo compartido y otras modalidades consumo colaborativo.

El Gobierno regional enarbola para todo ello el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 12 de la Agenda 2030, que insta a un consumo y una producción responsables: “Hacer más y mejor con menos, desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentando la eficiencia de recursos y promoviendo estilos de vida sostenibles”.

La obsolescencia programada es la práctica de algunos fabricantes de recortar la vida útil que tendrán sus dispositivos haciendo que se estropeen, cumplan cada vez peor sus funciones o sean incompatibles con las actualizaciones cuando sobrepasan un determinado tiempo de uso, lo que obliga a sustituirlos por uno nuevo. Esta trampa ha sido ampliamente denunciada en lo relativo a la tecnología de consumo como móviles, neveras o televisiones. Pero también afecta a productos de nivel superior como los robots, tanto los del sector público (los que se utilizan en hospitales o aeropuertos, por ejemplo) como los industriales.

Además del perjuicio económico que esto supone para las administraciones o empresas que los emplean, en el caso de los robots la obsolescencia programada también los convierte en un objetivo de los ciberdelincuentes para hackear empresas y organismos públicos. Al no poder actualizarse por las trabas artificiales de los fabricantes, su software queda indefenso ante los nuevos tipos de virus. “Los robots son la puerta que están utilizando los atacantes para introducirse en la infraestructura pública o privada”, advierte Víctor Mayoral, de Alias Robotics.

Esta empresa española ha hecho una investigación sobre las vulnerabilidades de ciberseguridad de los robots que presentará en el Black Hat 2021, uno de los congresos de ciberseguridad más importantes del mundo, que comienza esta semana en Las Vegas (EEUU). La principal conclusión es que, a pesar de que el coste de este tipo de maquinaria puede sobrepasar los cientos de miles de euros, las trampas de los fabricantes con la obsolescencia programada son casi universales y se encuentran también en los más avanzados robots.

Uno de los ejemplos “especialmente evidentes” que cita el informe, realizado en conjunto con la multinacional estadounidense Trend Micro y la Universidad de Klagenfurt, es el de Universal Robots. Este fabricante produce el robot UR3, un brazo articulado de pequeño tamaño y muy versátil que es utilizado para tareas diversas por todo tipo de empresas. Fue el usado en uno de los primeros robots quirúrgicos españoles y es habitual en laboratorios sanitarios. Su actualización fue el modelo UR3e, que utiliza controladores y piezas diferentes para evitar la compatibilidad del nuevo dispositivo con el antiguo. La consecuencia es que el software del UR3 dejará de actualizarse y sus piezas se volverán difíciles de encontrar al estar descatalogadas, pese a que los investigadores no hallaron “ninguna razón real para que no sea posible la compatibilidad hacia atrás o hacia delante entre los controladores y los brazos robóticos”.

Esta situación es solo un ejemplo de lo que ocurre con la mayoría de fabricantes, expone Mayoral a elDiario.es. Dada la creciente presencia de robots en todos los sectores productivos y ámbitos de la vida diaria, la obsolescencia programada se convierte en “un riesgo crítico”, avisa. “No es que sea preocupante. Es crítico”.

“Los robots están en todas las infraestructuras industriales y en las infraestructuras públicas. No solo operan en la industria, los tenemos en hospitales, los tenemos en aeropuertos. Este tipo de vulnerabilidades de seguridad pone en riesgo todo tipo de procesos en los que los robots son claves”, recuerda. El experto revela que en sus auditorías de ciberseguridad han logrado comprometer robots quirúrgicos o paralizar factorías enteras con miles de trabajadores utilizando como puerta de entrada para el hackeo las brechas de seguridad dejadas en los robots.

Los robots cautivos y basura de alta tecnología

Cualquier elemento digital es hackeable, pero el peligro se multiplica exponencialmente cuando se trata de un robot, debido a su autonomía. Sin embargo, es un mercado extremadamente cautivo puesto que los fabricantes tratan de impedir cualquier reparación o actualización de ciberseguridad no controlada por ellos, lo que aumenta aún más los riesgos. El informe pide el reconocimiento del derecho a reparar como método para impedir que la cuenta de resultados de los productores de robots quede por encima de la seguridad de empresas y organismos públicos.

El derecho a reparar es una reivindicación que surge desde múltiples sectores de la sociedad civil. “Esto es muy habitual en todo el sector electrónico y digital, no es algo exclusivo de los robots industriales, lo vemos todos los días en aparatos domésticos, móviles, ordenadores, consolas, televisiones”, expone Marta Beltrán, coordinadora del Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos.

“Detrás de esto hay un componente económico muy fuerte, claro, a fabricantes y a distribuidores les hace ganar más dinero”, continúa la investigadora. La consecuencia no es solo económica, puesto que también produce un aumento de la basura tecnológica. “La obsolescencia implica problemas para los consumidores y su economía, también para el medio ambiente. Y como demuestran en el informe, para la ciberseguridad, porque los robots tienen vulnerabilidades, se descubren y no se pueden solucionar, ya que no es posible repararlos o actualizarlos para remediarlas”.

Hay que exigir responsabilidad a fabricantes y distribuidores para que eliminen toda la componente 'egoísta' de la obsolescencia

Marta Beltrán — Coordinadora del Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos

No obstante, Beltrán destaca que, en el caso de los robots industriales, no siempre es tan sencillo desarrollar esa reparación debido a problemas de tipo técnico y regulatorio. “Los robots no siempre se pueden mover para que sean reparados o actualizados, no siempre se puede desplazar un técnico hasta la planta industrial”, recuerda. Los robots reparados o actualizados requieren además certificaciones especiales, “sobre todo si está involucrado en la gestión de una infraestructura crítica (un oleoducto, una presa, una central nuclear) o en la producción de bienes muy regulados (alimentación, medicinas, vacunas), por ejemplo”.

“Hay que exigir responsabilidad a fabricantes y distribuidores para que eliminen toda la componente 'egoísta' de la obsolescencia y nos pongamos a trabajar entre todos en resolver estos retos reales que es verdad que involucra”, concluye Beltrán.

Se caen. Les salen pelotillas. Y, definitivamente, muchas se rompen prácticamente al estrenarlas. Medias de cristal, pantis de red y leggings parecen un imperativo legal para llevar falda o para vestir de forma cómoda (los leggings) a partir de noviembre. Pero, ¿cómo aprovechar esas medias agujereadas o con un magnífico carrerón y esos leggings agujereados inservibles para su cometido de protegernos del frío?

Porque las medias duran poco. Un informe de la organización francesa HOP, que batalla contra la obsolescencia programada y el llamado prêt-à-jeter (listo para tirar), sostiene que el 72% se rompen antes de los seis usos. 

Su corta vida, y el hecho de que esta prenda resulte tan complicada de reciclar, ha valido a las medias el apodo de “las pajitas de plástico de la moda”; y también explica que cada vez haya más firmas que intenten confeccionar medias más sostenibles, duraderas y, sobre todo, respetuosas con el planeta.

Pero, ¿qué hacer con todas esas medias y leggings que ya están agujereados y que para colmo no nos costaron precisamente baratos? Aquí van siete usos alternativos para aprovecharlas y no tirarlas a la basura, por muy llamativa que sea la carrera que te hayas marcado.

1. Hazte una goma del pelo con tu media rota

Si te aburres de perder la goma del pelo, aquí está tu vieja media para echarte una mano. Unos pantis de nailon viejos o agujereados pueden convertirse en docenas de elásticos para mantener tu cabello bajo control. Sencillamente, deshazte de la parte que cubría tu pie, y aprovecha el resto.

Solo necesitas hacer cortes a lo ancho, de unos tres centímetros de grosor; y fabricarte tantas gomas para el pelo como necesites. Y una vez que llegues al final de la pernera, no pares: puedes aprovechar la parte ancha para hacerle una diadema o una cinta de deporte para el pelo.

2. Conviértela en una bolsa para la lavadora

La ropa interior, los calcetines y las demás prendas pequeñas o delicadas agradecen un poco de cuidado y protección cuando entran en la lavadora. Puedes comprarte una bolsa de la colada. O hacerte una completamente gratis con tus pantis agujereados. Es tan fácil como parece: mete tus prendas delicadas dentro de la media, y hazle un nudo. ¡Ya puedes lanzarla dentro de la lavadora!

3. Haz un saquito aromático para el armario

Si te apetece refrescar un armario, y conseguir que tu ropa huela bien, puedes utilizar un saquito perfumado. O fabricarte uno casero con ayuda de tus viejas medias. Solo necesitas secar unas hierbas y flores aromáticas.

Puedes usar pétalos de rosa (que ahora están en plena floración), pero también plantas aromáticas clásicas, como la lavanda o el eucalipto. Solo necesitas aprovechar la parte del calcetín, rellenarlo con las hierbas y perfumes que prefieras, y anudar. Puedes colgarlo de la barra del armario o meterlo tal cual en el cajón. 

4. Ordena tus servilletas o tus lapiceros

Igual que haces las gomas del pelo, puedes utilizar la misma técnica para fabricar elásticos que te ayuden a ordenar algunos objetos domésticos. Utilízalos para atar un manojo de lapiceros o para ordenar esos utensilios de cocina. También sirven para anudar los envases de comida o los paquetes de pasta y de legumbres abiertos.

5. Mantén la bolsa de basura en su sitio

Si la bolsa de la basura no deja de resbalarse en el cubo, pide ayuda a tus medias agujereadas. Utiliza la sección de la cintura, que es la más ancha, para mantener esa bolsa tan escurridiza ajustada y en su sitio.

6. Conserva tus bulbos en invierno

Si te gusta la jardinería, es probable que tengas bulbos en la terraza. Pero muchas de estas flores de primavera (como los narcisos o los tulipanes) agradecerán que guardes sus bulbos dentro de casa durante los meses de invierno.

Para ayudarte a conservarlos en buen estado, y organizados por especies y tipos de flores, puedes recurrir a tus viejas medias. Tus pantis están confeccionados con tejido transpirable, lo que ayudará a mantener tus bulbos aireados y en buen estado. Además, te resultará más sencillo etiquetarlos: mete un papel con su nombre dentro de la media, y listo.

7. Para limpiar o retirar el esmalte de uñas

En lugar de recurrir al algodón, puedes construirte una esponja reutilizable para retirar el esmalte de tus uñas con unas medias rotas. La textura ligeramente granulada de unos pantis de grosor medio, mojados en acetona o quitaesmalte, añade la cantidad de ligera abrasión casi ideal como para ayudarte a retirar el esmalte sin problemas. 

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El primer día de este mes entraron en vigor una serie de nuevos “requisitos de diseño ecológico” dispuestos por la Comisión Europea. Tienen el objetivo de combatir la obsolescencia prematura y extender la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, disminuir su impacto ambiental y propiciar el ahorro económico para los ciudadanos.

Uno de los cambios más visibles está relacionado con el etiquetado de eficiencia energética, que en el caso de televisores, neveras, congeladores, lavadoras y lavavajillas ha abandonado calificaciones como A+, A++ y A+++ para recuperar la antigua escala A–G.

Con esa modificación, las autoridades europeas buscan que las etiquetas sean más claras y a la vez más estrictas: en un principio, muy pocos productos podrán exhibir la calificación A. La mayoría de los productos de mayor eficiencia energética disponibles en el mercado en la actualidad, según esta nueva escala, deben mostrar una B, C o D.

El nuevo etiquetado también incluye más información (como los litros de agua y el consumo medio de una lavadora, por ejemplo) y un código QR que permite acceder a datos adicionales sobre el producto.

Piezas de repuesto para poder reparar los aparatos

Más allá del etiquetado, otra de las modificaciones más importantes vigentes desde el 1 de marzo se relaciona con las piezas de repuesto. 

Para una decena de productos (entre los cuales se incluyen frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas y fuentes de luz), ahora es obligatorio que las piezas de recambio estén disponibles en el mercado durante un lapso mínimo de entre 7 y 10 años después de la venta del producto.

Por ejemplo, las piezas de recambio para las neveras deben continuar a la venta al menos durante los siete años siguientes a la comercialización del electrodoméstico. En el caso de lavadoras y secadoras, deberán estarlo durante un periodo de al menos una década.

Este es un primer paso en busca de garantizar el “derecho a reparar”, algo que muchos organismos de defensa de los consumidores vienen reclamando desde hace años: la posibilidad de arreglar los productos cuando fallan o se descomponen, sin que la única opción real y concreta sea la de tener que comprar uno nuevo.

Según datos del Eurobarómetro difundidos el año pasado, el 78% de la población europea (y el 83% de la española) cree que los fabricantes deberían facilitar la reparación de los productos. 

No obstante, el nuevo reglamento presenta todavía muchas deficiencias. Sobre todo, porque la ley obliga a que muchas piezas de recambio estén disponibles durante esos lapsos mínimos pero solo para reparadores profesionales. 

Es decir, la mayoría de los repuestos no estarán a la venta para usuarios comunes. Y lo mismo sucede con ciertos datos de mantenimiento de los productos: no cualquier usuario tendrá acceso a ellos. En consecuencia, la posibilidad de repararlos seguirá siendo muy limitada.

Un nuevo “índice de reparabilidad”

Es por eso que, en los últimos meses, ha habido novedades en la misma dirección. En noviembre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía –entre otras cosas– que los consumidores tuvieran acceso a las piezas y a las indicaciones necesarias para restaurar sus aparatos, así como a información veraz sobre su vida útil.

A partir de esa resolución, quedaba en manos de los Estados miembros de la UE tomar las medidas necesarias para hacer realmente efectivo el “derecho a reparar”.

En España, hace unos días –el lunes 15, día mundial de los derechos de las personas consumidoras–, el Ministerio de Consumo anunció la creación de un índice de reparabilidad, “una clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos en una escala de cero a diez puntos que se otorgan en base a cinco criterios objetivos”.

Esos criterios son los siguientes:

Francia fue el primer país en implementar –desde el 1 de enero de este año– un índice de este tipo. Todavía no hay fechas para la entrada en vigor de esta nueva reglamentación en nuestro país.

Ni tampoco información acerca de qué productos serán los primeros que deberán informar de este índice (en Francia comenzó aplicándose sobre lavadoras, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, televisores y cortadoras de césped).

En un comunicado, el Ministerio de Consumo ha anunciado que “serán los propios fabricantes o importadores quienes calculen el índice de los aparatos eléctricos o electrónicos que comercialicen, de acuerdo con los parámetros establecidos”. 

Según Alberto Garzón, ministro de Consumo, el índice de reparabilidad contribuye a “que se le saque máximo partido a lo que se compre”, y también “a que se generen menos residuos, menos emisiones y que exista menos demanda de recursos naturales”.

Revertir la tendencia del “consumo basura”

El objetivo final de todas estas medidas es interrumpir y revertir la tendencia de comprar, usar poco y tirar. De acuerdo con un estudio del Instituto Öko –una organización medioambiental alemana– y la Universidad de Bonn, entre 2004 y 2013 el porcentaje de electrodomésticos desechados tras menos de cinco años de uso había subido del 3,5% al 8,3%.

Se trata de una lógica que, desde luego, excede con mucho a los productos eléctricos y electrónicos: se estima que hasta el 90% de lo que se fabrica ha ido a parar a la basura seis meses después.

“Hemos perdido nuestra cultura de la reparación: nuestros padres y nuestros abuelos compraban algo, lo reparaban diez veces y seguía funcionando”, expresaba en noviembre Agustín Reyna, director de Asuntos Legales y Económicos de la Organización Europea de Consumidores, entidad que reúne a 45 asociaciones de todo el continente.

Reyna ponía énfasis en la “necesidad de cambios en la legislación para que el consumidor pueda tener un rol activo” en la posibilidad de reparar los productos y, por lo tanto, de consumir de forma más responsable. Poco a poco, esos cambios en las normativas se van produciendo.

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El pasado 26 de noviembre ocurrió algo importante que pasó en general desapercibido: el Parlamento de Bruselas aprobó una ley mediante la cual se garantiza a la nieve el derecho a ser blanca. No. Perdón. El pasado 26 de noviembre el Parlamento europeo aprobó una ley que garantiza a los ciudadanos europeos “el derecho a reparar”. ¿El “derecho a reparar”? Algo extraño ha tenido que pasar en nuestro mundo, a nuestras espaldas, para que haya que reconocer desde el poder legislativo la ancestral y diminuta batalla humana contra la fungibilidad material, y ello hasta el punto de que la medida –tan rara es su formulación– suena en nuestros oídos con timbre poético y casi subversivo: como si se nos concediera “el derecho a cosernos un botón” o “el derecho a peinarnos”. La propuesta del órgano legislativo de la UE apuesta por limitar los productos de “usar y tirar”, obligando a los fabricantes a asegurar la reparabilidad de los dispositivos electrónicos o, al menos, a informar sobre su vida útil. Una ley extravagante nos revela, de pronto, la naturalidad con que una sociedad basada en la propiedad privada –dizque– había aceptado no ser dueña de los productos que compra en el mercado. Una ley estrafalaria nos revela, de pronto, la mansedumbre con que nos habíamos dejado robar, aún más, la “condición humana”.

¿Derecho a reparar la lavadora? ¿Es que estaba prohibido? Estaba, digamos, bloqueado de raíz en la producción, en la distribución y en el consumo. Bloqueado en la producción a través de la obsolescencia programada, que fabrica silenciosas bombas de relojería con apariencia de teléfono o de batidora, sincronizadas para autodestruirse apenas neonatas. Bloqueado en la distribución mediante la desaparición o encarecimiento de los servicios de reparación. Y bloqueada en el consumo, donde se ha instalado esta suicida mentalidad anti–conservadora: “no vale la pena arreglarlo”. No hace falta mencionar, por consabido, el coste ecológico de este bloqueo, tanto en lo relativo al agotamiento de los recursos como a la multiplicación de los desechos contaminantes (el 90% de lo que se fabrica hoy dentro de seis meses ha ido a parar a la basura). Me interesa en mayor medida, porque es además su fuente, la vertiente antropológica de esta locura.

Hay que entenderlo bien. Mediante el reconocimiento del “derecho a reparar” lo que la UE nos devuelve, en realidad, es el “derecho a usar”. O si no nos lo devuelve del todo –para eso haría falta una política decididamente anticapitalista– al menos nos devuelve “la idea”, perdida en la circulación mercantil misma. En el mercado capitalista, ya literalmente totalitario, no circulan cosas sino mercancías. La mercancía es, digamos, una entidad semifísica que no tiene tiempo de convertirse en cosa. Es física porque depende materialmente de la naturaleza que desgasta. Pero es solo semifísica porque el mercado no le da tiempo suficiente para llegar a ser un objeto; es decir, un depósito de atención, personalidad y memoria. Si usáramos las mercancías, a través de nuestras manos cobrarían vida y dejarían de ser mercancías; o lo serían sólo porque, conservando en su seno un resto de “valor de uso”, aún podrían ser revendidas extramuros del capitalismo, en un mercadillo popular gestionado por cuerpos también usados, pero racionales y vivos. 

La velocidad de la renovación de las mercancías, asociada a su fungibilidad fulminante, determina esta paradójica consecuencia: la de que su sobreproducción y renovación ininterrumpida genere una “sociedad sin cosas”: la primera sociedad sin cosas de la historia. El mercado capitalista altamente tecnologizado es mucho más que fetichista: es nihilista. No vende ya nada, ni siquiera falsos relatos o pictogramas fraudulentos, como pretendía Marx en el siglo XIX. Ni siquiera propiedades. Somos dueños del acto de comprar, pero no del producto comprado. En términos humanos, la propiedad es simplemente usufructo; y el usufructo presupone la libertad de cuidar, remendar, reparar. En términos mercantiles, la propiedad atañe asimismo a la posibilidad de la reventa, anulada de hecho por la aniquilación del carácter “cósico” del objeto. La escisión definitiva entre el valor de uso y el valor de cambio hace a las mercancías al mismo tiempo “inutilizables” e “invendibles”. De esa escisión, inscrita hoy en la entraña misma de la conciencia, se desprende también, por lo demás, un sujeto sin cuerpo, cuya soberanía y autoestima se agotan en el “punto” de compra: en el “chute” de la compra. Sólo las cosas que podemos reparar son “nuestras”, se parecen a nosotros, adquieren un cuerpo como el nuestro en su duración tangible; sólo las cosas que podemos reparar, y con las que tenemos una relación duradera, nos constituyen en sujetos de una biografía. El mercado vende nada a nadie; y de esa manera, a fuerza de inutilizar las cosas y hacerlas invendibles, niega la humanidad de sus consumidores al tiempo que se niega a sí mismo. 

Ahora bien, si prestamos un poco de atención, nos percatamos de que la paradoja va aún más lejos, porque el “derecho a reparar” invocado ahora por la UE reintroduce en el mundo, con el “derecho al uso”, el concepto trágico de “irreparabilidad”; reintroduce, pues, el mundo mismo. El derecho a reparar desliza, sí, en las condiciones del mercado, la tragedia de la finitud. Fijémonos. El mecánico del servicio de reparaciones al que llevamos nuestra tablet o nuestra batidora, no nos dice: “es irreparable”. Nos dice “no se puede arreglar”. Y nos dice “no se puede arreglar” porque “irreparable” es un adjetivo catastrófico que nos sitúa fuera del mercado, en esa intemperie donde existen los cuerpos, se les toma cariño y finalmente perecen sin que se los pueda reemplazar en el Carrefour o en Samsung. “Irreparable” es la muerte. De la nada pasamos, de pronto, a la cosa viva; y de la cosa viva a los límites de la existencia. El “derecho a reparar”, en la medida en que nos devuelve el valor de uso de los objetos y, por lo tanto, los objetos mismos, nos devuelve también su finitud y mortalidad; el hecho, invisible en el mercado, de que las cosas, al contrario que las mercancías, están vivas y por lo tanto se mueren. Por muchas veces que las podamos reparar –y las podríamos reparar más veces si las hubiesen fabricado para eso– nuestro viejo coche (tan viejo que ya tiene nombre) o nuestro viejo sillón (tan viejo que tiene ya la forma de nuestros estados de ánimo) al final, como nosotros mismos, se vienen abajo y hay que despedirse de ellos. Así que el derecho a reparar, el derecho a usar, el derecho a mantener relaciones con objetos y no con mercancías nos restituye el espacio real, donde el cuerpo, la acción, el placer, la belleza son inseparables de la conciencia de nuestros límites y, en consecuencia, del dolor de asumir que aquello que no es sustituible ni renovable, precisamente porque se puede reparar deviene también irreparable. Todo eso lo hace desaparecer de un plumazo el mercado y sus tecnologías ancilares. 

Así que la ley aprobada por el Parlamento europeo nos recuerda todo lo que ha destruido ya el mercado y todo lo que nos queda por recuperar. Nos recuerda que vivimos en un mundo tan primitivo y magmático que en él aún no se han formado los objetos, cuyo derecho a la existencia (antes aún que el de los animales) hay que defender con infatigable denuedo moral; un mundo tan despiadadamente consumista que nos obliga a reivindicar, como un gran progreso civilizatorio, nuestro derecho a usar nuestra lavadora y nuestros zapatos, pero también a ser usados por nuestros hijos, nuestros amantes y nuestros amigos. 

Desde que hace más de una década las baterías de ión de litio llegaron a ordenadores, móviles y tabletas, no hemos tenido que volver a preocuparnos por aquello de la memoria de la batería y las recomendaciones de consumirla completamente antes de cargarla: adiós al odioso pasado de baterías que pesaban más que los portátiles y eran grandes como ladrillos.

No obstante, las modernas baterías tampoco son inmortales, tienen una vida finita, gran parte de la cual dependerá del cariño con el que tratemos a nuestro móvil, como si de un tamagochi se tratara. No, las baterías no duran cada vez menos porque los fabricantes hayan dispuesto una oscura obsolescencia programada; acortan su autonomía debido a los diez malos hábitos que te explicamos en el siguiente vídeo. Si lo prefieres, lee el artículo aquí.

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La obsolescencia programada de aparatos tecnológicos tiene una alta factura climática. La renovación acelerada de teléfonos móviles, portátiles o lavadoras implica la emisión de casi 50 millones de toneladas de CO al año, según el cálculo de la confederación ecologista European Enviromental Bureau.

Los smartphones y los portátiles se cambian cada poco tiempo. Tienen una vida media en Europa de tres y 4,5 años respectivamente. En este contexto, cada curso se venden unos 210 millones de teléfonos y otros 27 millones de ordenadores.

El consumo creciente de productos electrónicos supone grandes emisiones de gases de efecto invernadero. No solo por la electricidad que consumen al funcionar, sino, más bien, por lo que conlleva su fabricación: actividades que demandan mucha energía como la extracción de minerales o el mismo proceso en fábrica. Hasta un 75% de las emisiones asociadas a los smartphones se lanzan antes de que el usuario utilice por primera vez el teléfono, según este documento.

Detrás del alto ritmo de consumo a base de sustituir móviles y portátiles están casi 27 millones de toneladas de los gases responsables del calentamiento global de la Tierra. Alargar un año el funcionamiento de estos aparatos evitarían 3,8 millones de toneladas de CO (al frenar la velocidad de producción y demanda) de acuerdo con los cálculos del EEB. La confederación hace una equivalencia para esta cantidad de gas: 1,8 millones de coches menos en las carreteras.

Para EEB, este ahorro anula la justificación de renovar rápidamente los aparatos electrónicos debido a que los nuevos modelos utilizan menos energía: “Con pocas excepciones, es mejor repararlos y mantenerlos en uso el mayor tiempo posible. Ahorra energía y recursos que, de otra manera, serán consumidos”, concluye el estudio.

Reparar y seguir usando

“Diseñar productos más duraderos es una estrategia clave para ahorrar materiales y reducir los desechos”, explicaba el Centro Conjunto de Investigación de la Unión Europea en su guía sobre eficiencia de materiales aplicada a los smartphones en su última versión de mayo de este año.

Sin embargo, mientras la normativa obligará en 2021 a los fabricantes a hacer televisiones, frigoríficos, lavavajillas, lavadoras y productos de iluminación más duraderos y más fácilmente reparables, los teléfonos móviles todavía no están sujetos a la regulación sobre ecodiseño de la Unión Europea.

De hecho, el año pasado, Italia impuso una multa millonaria a los fabricantes de teléfonos Apple y Samsung, precisamente, por haber obligado a los usuarios de sus modelos a incorporar actualizaciones que mermaban el funcionamiento de los aparatos, lo que desembocaba en la aceleración en el cambio de teléfono.

La organización Amigos de la Tierra –que desarrolla un programa contra la obsolescencia programada que llama alargascencia– no limita esta renovación casi obligada de productos tecnológicos a los teléfonos u ordenadores. Microondas, aspiradoras o lavadoras también han visto recortados sus años de rendimiento, cuentan. “Productos poco duraderos, difíciles de reparar y reutilizar”, los definen. El estudio de EEB también se ha fijado en algunos de ellos. Según su cálculo, la vida esperable de una aspiradora en la Unión Europea está en 6,5 años y la de las lavadoras en 11. Su producción cuesta 21,4 millones de toneladas de CO cada año.

“No podemos afrontar la renovación cada pocos años de todo estos productos. Necesitamos productos que duren más tiempo y que puedan repararse si se estropean”, ha resumido Jean-Pierre Schweitzer, el encargado de economía circular del EEB.

Cuatro superficies comerciales empezaron a probar este sábado en Francia el “índice de reparabilidad” de la marca Spareka. Por primera vez, se ha colocado una etiqueta a determinados aparatos eléctricos con un índice del 1 al 10 que informa al consumidor de lo que cuesta reparar esos productos. Esta valoración tiene en cuenta la facilidad y el tiempo para reparar el aparato, la disponibilidad y el precio de las piezas de recambio, las herramientas necesarias y el acceso a la documentación técnica del producto.

En concreto, el testeo de este nuevo etiquetado se ha realizado con distintas sierras mecánicas en cuatro establecimientos de Leroy Merlin. La empresa Spareka –que está especializada en piezas de recambio y autoreparación de aparatos– lanzó su índice de reparabilidad el pasado mes de junio, utilizando de muestra distintas marcas de lavadora, pero ahora ha querido probarlo en tiendas para analizar la reacción de los consumidores.

Según la Hoja de Ruta de la Economía Circular puesta en marcha por el Gobierno francés, a partir de 2020 será obligatorio en este país que los aparatos eléctricos y electrónicos lleven una etiqueta con información sencilla “sobre la duración de su vida a través de un índice que integre criterios de su reparabilidad y durabilidad”. Una medida que Francia espera llevar también a la normativa europea.

Ahora mismo existen varios grupos de trabajo dentro del Ministerio de Transición Ecológica de Francia para definir cómo sería este etiquetado. Al mismo tiempo, en los últimos meses se han presentado dos propuestas de índice de reparabilidad, este de la marca Spareka y otro del grupo Fnac Darty muy similar para ordenadores portátiles.

“Spareka participa en los grupos de trabajo, pero a la vez está desarrollando por adelantado su propio índice”, explican desde la marca francesa. “Hay cuestiones sensibles como el precio de las piezas de recambio, pues hay fabricantes que no quieren que este criterio sea tenido en cuenta. Nosotros luchamos para que el futuro índice de reparabilidad francés y europeo sea eficaz y justo para los consumidores”.

Como explica esta compañía, en su propuesta de índice el nivel de dificultad de la reparación representa el 65% de la nota, mientras que las piezas de repuesto suponen el 35%.

El pasado mes de junio, Spareka lanzó su sistema de medición aplicándolo en seis modelos de lavadora de marcas diferentes: Selecline WFS5-1206 (de 169 euros), FAR LF612BE18W (de 199 euros), Samsung WW70J3283KW (de 399 euros), LG F82J53WH (de 449 euros), Bosh WAW28750FF (de 1.099 euros) y Miele WKH122WPS (de 1.599 euros). Como pudo comprobar, existen diferencias muy importantes a la hora de reparar estos aparatos y algunas de las lavadoras entre las más difíciles de reparar eran justamente de las más caras. La que peor nota sacaba (3,8/10) era la de Selecline y la que mejor (7,4/10) la de Samsung.

Esta nueva sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí. aquí

Italia ha multado a los fabricantes de dispositivos electrónicos Apple y Samsung tras detectar que instalaron actualizaciones de su software para provocar que perdieran eficiencia con más rapidez. Según informa el medio italiano La ReppublicaLa Reppublica, se trata de la primera multa registrada contra una empresa tecnológica por este concepto, conocido como obsolescencia programada.

El organismo italiano encargado de proteger a los consumidores ha sido el encargado de llevar a cabo la investigación, tras la cual ha impuesto una multa de diez millones de euros a Apple y de cinco millones a Samsung. El regulador transalpino ha hallado pruebas de los hechos en algunos modelos de iPhone así como en dispositvo Note 4 de la marca coreana. Señala que las dos “causaron fallos de funcionamiento graves y redujeron significativamente el rendimiento” de los teléfonos inteligentes con el objetivo de que compraran uno nuevo.

La sanción a la empresa estadounidense es mayor al no haber informado correctamente a sus usuarios del deterioro de la batería de los dispositivos que implicaba la instalación de las actualizaciones de software. No obstante, el regulador señala que ninguno de los dos fabricantes dio opción a los usuarios de volver a la versión previa a la actualización tras detectar la pérdida de capacidades del dispositivo.

Desde 2016 

Samsung usó esta práctica desde mayo de 2016. Instó a los propietarios del Note 4 (lanzado al mercado en septiembre de 2014) a “instalar el nuevo software de Android llamado Marshmallow, preparado para el nuevo modelo de teléfono Note 7, sin informar de los fallos graves que podía suponer para Note 4 debido a las mayores exigencias sobre el hardware”, explica el organismo italiano. 

Apple por su parte se sumó a esta práctica en septiembre de 2016. El objetivo fueron los iPhone 6, 6Plus, 6s y 6sPlus (en el mercado desde el otoño de 2014 y 2015). Los propietarios fueron instados a instalar el sistema operativo iOS 10 desarrollado para el iPhone 7. El regulador señala que la marca no informó a los usuarios de “las mayores demandas de energía del nuevo sistema operativo y de los posibles inconvenientes, como los cierres repentinos, que podía causar tal instalación. Para limitar estos problemas, Apple lanzó una nueva actualización en febrero de 2017 (iOS 10.2.1) sin advertir, sin embargo, que su instalación podía reducir la velocidad de respuesta y la funcionalidad de los dispositivos”.

El organismo condena a los fabricantes a publicar una carta en la versión italiana de sus páginas web para informar a sus usuarios de la multa. Apple se enfrenta a un proceso similar en Francia, donde está siendo investigada por los mismos hechos.

Seguro que ya sabes qué es la obsolescencia programada y seguro que a ti también te da mucha rabia comprar sabiendo que ha sido diseñado para estropearse tras cierto tiempo. Pero la obsolescencia programada no es la única, hay otros tipos que generan los mismos impactos. Todos los tipos se pueden prevenir si somos conscientes de su existencia y de cómo funcionan. 

Obsolescencia Programada

Es la más conocida de todas. Este tipo de obsolescencia viene con el producto, ya que ha sido diseñado para no durar, para dejar de ser útil, y que el consumidor tenga que volver a comprar uno nuevo cada cierto tiempo. Los electrodomésticos son los que más sufren este tipo de obsolescencia. 

Obsolescencia Percibida

En este caso lo único que cambia es el diseño, no quiere decir que el producto deje de funcionar. Las empresas solo cambian el diseño cada cierto tiempo. Esto provoca en los consumidores la sensación de que tienen productos antiguos. Donde más se nota es en la ropa, y por ello tenemos la sensación de que hay que salir a comprar ropa de “esta temporada” 

Obsolescencia de Especulación

Es la que más afecta a los ordenadores, móviles o tablets. Nos hacen pensar que hemos comprado el producto definitivo y a los pocos meses sale otro que tiene la pantalla más grande, una cámara con más megapíxeles o mayor capacidad. Parte de esto es resultado de la investigación, pero no te engañes, que ofrezcan los avances con cuentagotas es para aumentar las ventas. Podrían haber lanzado un producto con todas las características, pero haciendo estas “mejoras” cada pocos meses hace que la empresa parezca más innovadora y que los productos que tienes no son lo suficientemente buenos nunca. 

¿Cómo luchar contra la obsolescencia?

Como ya hemos visto hay distintos tipos de obsolescencia y la forma de combatirlas es diferente. Para luchar contra la primera debemos tener en cuenta que la reparación siempre es mejor que comprar un aparato nuevo. De esta forma alargamos la vida útil y evitamos residuos y consumo de materias primas. 

También seguiremos pendientes del sello que determinará qué productos están libres de este tipo de obsolescencia y que permitirá a los consumidores decidir a qué empresas entregamos nuestra confianza.

En cuanto a la obsolescencia percibida y de especulación, la forma de evitarlas es analizar nuestra actitud:

1. Pensar antes de comprar si realmente lo necesitas. Puede que solo creas que lo necesitas.

2. Si es algo que no vas a usar mucho, puede que prefieras pedirlo prestado.

3. Utilizar productos de segunda mano, son más baratos y suelen estar en buen estado.

4. La economía colaborativa puede ser la solución que buscas. Intercambiar y alquilar en vez de comprar, o compartir, son las bases de este tipo de economía.

5. No dejarse engañar por el marketing. Tener siempre el último móvil, por ejemplo, es una carrera que no vas a ganar nunca, de hecho, vas a perder un montón de dinero. Un enlace de interés es la web Alargascencia.

¿Conocías los distintos tipos de obsolescencia? ¿Cómo luchas tu contra ellas?