La cumbre del clima de la ONU tiene un elefante en la sala: el petróleo. El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), autorizó a la empresa Petrobras a perforar un pozo de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. A pesar de estar a 175 kilómetros de la costa, el llamado 'bloque 59' está dentro de la cuenca hidrográfica del mayor río del mundo. “Aunque haya sido una decisión difícil, se impuso el criterio técnico. Haberlo anunciado después de la COP30 habría sido hipócrita”, aseguró hace unos días Rodrigo Agostinho, presidente del IBAMA, en una entrevista a Folha de São Paulo. La decisión, que llega tras fuertes presiones del gobierno de Brasil, queda en entredicho por un informe negativo de 29 técnicos del propio IBAMA, que alertan de posibles daños ambientales serios. “Yo ya había dicho que no es posible abrir la mano del combustible fósil de un día para el otro”, afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado martes.  

A las puertas de la COP30, que arranca el próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém, la decisión ha caído como una bomba. Ocho grandes organizaciones de la sociedad civil han recurrido la decisión a la Justicia, alegando que la licencia de perforación ignora los impactos ambientales. El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), aliado izquierdista de Lula, ha criticado con dureza la decisión. “Necesitamos salir de la dependencia del uso de combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, ha declarado Marina Silva, ministra de medio ambiente, a la Agência Brasil, sin atacar directamente la decisión del IBAMA.

La explotación petrolífera profundiza la división del gobierno de Lula. Además de hacer frente al rechazo de la ministra Marina Silva y a Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas), Lula tendrá que dirimir sus diferencias con Guilherme Boulos, el recién nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Su partido, el PSOL, ha presentado un proyecto de ley en el congreso para prohibir la explotación de petróleo en la denominada margen ecuatorial (franja oceánica que incluye la desembocadura del río Amazonas).

El presidente brasileño ha reunido este jueves a jefes de estado y de gobierno antes del inicio de la Cumbre del Clima de la ONU, y ha se ha referido a este asunto, aunque sin mencionarlo explícitamente: “Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos un itinerario para, de forma justa y planeada, revertir la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para esos objetivos”.

Sabotaje a la COP30

La decisión de autorizar la explotación petrolífera en la región amazónica, además de quitar legitimidad ambiental a Brasil, puede dificultar los posibles acuerdos sobre transición energética de la COP30. “Es una especie de sabotaje a las discusiones en relación con el petróleo. Se anuncia en el peor momento posible. Se podrían haber esperado unos días para que no influyera en la conferencia”, asegura Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, en entrevista telefónica con elDiario.es. La nueva frontera petrolífera de Brasil en aguas ecuatoriales enfría la aplicación del compromiso que firmaron todos los países en la COP28 de Dubai para abandonar los combustibles fósiles. Araújo, que rechazó hasta en cinco ocasiones la explotación de petróleo en proyectos similares al del 'bloque 59', sostiene que la decisión del IBAMA tiene “problemas técnicos” y “problemas jurídicos”.  

La denuncia colectiva presentada en la Justicia contra el IBAMA, la empresa Petrobras y el gobierno de Brasil argumenta que para la liberación de la perforación era necesario un estudio detallado sobre un posible derrame de petróleo. Además, debería haberse presentado un plan de emergencia. “En caso de accidente, el petróleo podría llegar a la Guayana francesa en 12 horas. Existen corrientes profundas que también llevarían petróleo hacia la costa brasileña, que es riquísima en biodiversidad, está llena de manglares y de puntos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes”, afirma Araújo. 

Rodrigo Agostinho defiende en la citada entrevista que el IBAMA autorizó la perforación, que había sido rechazada en mayo de 2023, porque Petrobrás aceptó todas las exigencias de seguridad. Sin embargo, el Observatorio del Clima, que engloba a más de 130 organizaciones, acusa a Petrobras de usar datos obsoletos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, de las corrientes marinas y de los sedimentos arrastrados por el río. En caso de derrame, el 20% del petróleo se hundiría y afectaría al gran sistema amazónico de arrecifes.

Luena Karipuna, líder indígena de la región de Oiapoque, una de las más afectadas por la explotación petrolífera en aguas oceánicas, denuncia que la aprobación de la perforación no ha respetado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas recogido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Recibimos la noticia con mucha indignación, con el sentimiento de que nuestra tierra está siendo violada. Es una falta de respecto para quien vive en el territorio hace milenios”, asegura Karipuna, que es coordinadora Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y del Norte de Pará (APOIANP).

La explotación del bloque 59 tiene consecuencias más allá y abre una nueva frontera petrolífera en Brasil. En una costa que posee la mayor franja continua de manglares del mundo, 27 bloques de extracción esperan su licencia ambiental. En una subasta realizada en junio, Petrobras y la estadounidense Exxon Mobil se adjudicaron diez bloques y Chevron y la China CNPC, otros nueve. Aunque la extracción todavía no haya comenzado, la región ya sufre los problemas de la fiebre del petróleo. “Hemos visto cómo han aumentado la falsificación de títulos de propiedad de la tierra, las invasiones en territorios indígenas, la expansión inmobiliaria y el crimen. Desde 2022, se están construyendo siete barrios nuevos en la ciudad de Oiapoque (tiene unos treinta mil habitantes)”, sostiene Karipuna. 

Frente global anti petróleo

La luz verde a la explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas ha caído también como un jarro de agua fría en el frente internacional de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, del que forman parte casi mil legisladores de todo el mundo. Juan Carlos Losada, diputado colombiano del Partido Liberal, miembro del frente, asegura a elDiario.es que la decisión del gobierno brasileño debilita la credibilidad de la región frente al liderazgo climático que el planeta espera de la Amazonía y de América Latina. “Es un golpe simbólico a la esperanza de que esta cumbre marque el inicio del fin de los combustibles fósiles y la transición hacia economías descarbonizadas”, asegura Losada. A pesar de ello, el diputado colombiano considera que el contratiempo puede transformarse en una oportunidad. “La COP30 deberá convertirse en el espacio donde los países amazónicos definamos una hoja de ruta realista y ambiciosa para abandonar progresivamente los fósiles, proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la bioeconomía, las energías limpias y la justicia social”, matiza.

La explotación del bloque 59 sintetiza, en palabras de Suely Araújo, la gran contradicción ambiental del gobierno Lula. “Hay una decisión bien clara del gobierno de intensificar, y mucho, la producción. El petróleo ya da más dinero que la exportación de soja. Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción, abastecería el consumo interno. Debería dejar de exportar”, asegura. Brasil es el sexto productor de petróleo del mundo (3,9 millones de barriles diarios), según Trading Economics. Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, que quiere que Brasil entre en la Organización de Productores de Petróleo (OPEP), reveló en marzo de 2023 que quiere convertir a Brasil en el cuarto productor de crudo del mundo, gracias al petróleo del margen ecuatorial. 

La ambición petrolera del gobierno Lula choca de frente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que demandan el fin de la extracción de combustibles fósiles. Los países que concedan nuevas licencias de exploración o de subsidios a los fósiles puede llegar a ser acusados por la ONU de cometer “actos internacionalmente ilícitos”.

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó hoy la investigación contra el presidente Michel Temer, objeto de una denuncia por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso.

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, dio luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General de la República, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la operación Lava Jato.

La autorización para investigar a Temer se produce después de que el diario “O Globo” revelase la existencia de una grabación en la que Temer supuestamente avaló la compra del silencio de Eduardo Cunha, impulsor del juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.

De acuerdo con la Constitución brasileña, un presidente sólo puede ser investigado por los actos cometidos durante el ejercicio de su mandato, y la supuesta obstrucción a la Justicia, según “O Globo”, fue realizada por Temer el pasado marzo.

Temer está en el poder desde mayo de 2016 y de forma efectiva desde el 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida por el Congreso en el marco de un juicio político por el maquillaje de las cuentas públicas.

El presidente, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, reconoció la víspera que se reunió en marzo con el empresario de la compañía JBS, pero negó que comprara silencio de Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados.

“El encuentro con el empresario Joesley Batista ocurrió a comienzos de marzo, en el Palacio de Jaburu, pero no hubo en el diálogo nada que comprometiese la conducta del presidente de la República”, añadió en su nota.

Temer señaló que “defiende la amplia y profunda investigación para apurar todas las denuncias publicadas por la prensa” que responsabilice a los “eventuales implicados en cualquier ilícito que sea comprobado”.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva reivindicó este jueves su inocencia durante una declaración de cinco horas ante el juez brasileño Sergio Moro y transformó su cita con la Justicia en un acto político en el que adelantó que se prepara para competir por la Presidencia en 2018.

La ciudad de Curitiba se blindó para recibir al expresidente con unos 3.000 agentes, entre ellos 1.700 policías militarizados que establecieron desde la madrugada del miércoles un perímetro de seguridad alrededor del tribunal ante la presencia de simpatizantes y detractores del líder político.

Lula transformó su cita con la Justicia en un acto político y, al terminar su declaración ante Moro, acudió a una céntrica plaza de Curitiba donde le esperaban más de 10.000 personas para expresarle su apoyo y su solidaridad.

“Estoy vivo y preparándome para volver a ser candidato a la Presidencia de la República”, dijo durante un breve discurso en el que insistió en reivindicar su inocencia.

“Estoy con más ganas que nunca (de ser candidato)”, insistió Lula, arropado por la expresidenta Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política, destituida por el Congreso hace un año.

“Si la élite no sabe arreglar este país, entonces un metalúrgico con estudios primarios va a hacerlo”, agregó.

“Nunca antes en la historia de Brasil alguien fue tan perseguido y masacrado”, denunció Lula, quien afirmó que “si un día cometiese un error, no quiero ser juzgado solo por la Justicia, quiero ser juzgado por el pueblo brasileño”.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), a pesar del escándalo, aparece como el líder más valorado en las encuestas y el mejor posicionado en caso de competir por la Presidencia de Brasil en 2018.

Corrupción pasiva y lavado de dinero

El expresidente podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en las delaciones de 77 exdirectivos de Odebrecht que se sumaron a un acuerdo de colaboración judicial.

Lula negó ser el propietario de un tríplex en el litoral del estado de Sao Paulo que supuestamente habría sido comprado por la constructora OAS para uso del expresidente y su familia a cambio de favores cuando estaba en el poder.

“No solicité, no recibí, no pagué ningún triplex. No tengo” ningún apartamento en Guarujá, declaró Lula ante el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción alrededor de la petrolera Petrobras.

Según los vídeos de la declaración divulgados por la Justicia, Lula admitió que visitó el tríplex porque la constructora OAS quería vendérselo, pero dijo que nunca tuvo la intención de adquirirlo y que tampoco dio instrucciones para que fuera reformado y adaptado a las necesidades de la familia.

“Lo que sé es que el día que fui, había muchos defectos en el edificio, defectos de escala, en la cocina...”, comentó.

Lula prestó declaración durante cinco horas en calidad de imputado en los juzgados federales de Curitiba (sur de Brasil) por haber recibido, supuestamente, sobornos por valor de 3,7 millones de reales (cerca de 1,17 millones de dólares) por parte de la constructora OAS, una de las mayores del país, a cambio de ser beneficiada en contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Según la Fiscalía, OAS compró un apartamento tríplex en el municipio balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo (sureste de Brasil) que sería usado por Lula, hizo reformas en el inmueble y también pagó el almacenamiento de los bienes que el expresidente ganó durante sus ocho años de gestión (2003-2010).

La Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, junto a otras siete personas, entre ellas su mujer, Marisa Letícia, fallecida el pasado mes de febrero.

Uno de los abogados de Lula, Cristiano Zanin, afirmó al terminar la declaración que “no existen pruebas de culpabilidad” del exmandatario “pero existen innumerables pruebas de su inocencia”.

Una exclusiva “liga deportiva”, integrada por dieciséis “equipos”, se valió de “competiciones nacionales e internacionales” para perpetrar durante una década el mayor saqueo de la historia de Brasil: el vaciamiento de Petrobras.

Esa liga era un “club de empresas” o, como apunta la Fiscalía brasileña, un cartel y sus escogidos “equipos” fueron las 16 constructoras más importantes de Brasil, protagonistas del perverso juego que encubrió un escándalo de corrupción sin precedentes que ha salpicado a una docena de países latinoamericanos.

La monumental trama fue descubierta, casi por casualidad, en marzo de 2014, cuando la policía del estado de Curitiba investigaba una red que operaba en gasolineras y autolavados, cuyo cabecilla era nada menos que uno de los cerebros de la operación de lavado de dinero de Petrobras.

Tres años de investigaciones han destapado el pago de sobornos por más de 2.000 millones de dólares en un proceso con 125 condenados, ninguno con fuero privilegiado, que amenaza los cimientos del modelo político brasileño.

El esquema del “club” para hacerse con las licitaciones de Petrobras era relativamente sencillo, según documentos de la Fiscalía brasileña. “En un escenario normal, las empresas competirían entre sí, en licitaciones, para conseguir los contratos de Petrobras”, pero “en este caso, las empresas se cartelizaron en un club para sustituir la competencia real por una aparente”, señala el organismo.

“Los precios ofrecidos a Petrobras se calculaban y ajustaban en reuniones secretas, en las que se definía quien ganaría el contrato y cual sería el precio, inflado en beneficio privado y en perjuicio de la caja de la estatal”.

“El cartel tenía incluso una regulación que simulaba las reglas de un campeonato de fútbol, para definir como se distribuirían las obras”, y para “disfrazar” el delito, el reparto de las obras se hacía “como si fuese la distribución de premios de un bingo”.

El “campeonato deportivo”, continúa la documentación de la Fiscalía, “viene a ser una competición anual con la participación de 16 equipos, estructurados bajo una liga, que se enfrentarán entre sí y con terceros, cabiendo al vencedor un premio en cada jornada, definida aquí como un trofeo”.

En este juego perverso, los “equipos” eran las grandes constructoras; la “liga”, el calendario de obras públicas de Petrobras; y la “jornada”, las licitaciones que terminaban con un “trofeo”, es decir, con la adjudicación.

Comenzó a organizarse en los 90

Según las delaciones de directivos de los “equipos” ante la Justicia, el “club” comenzó a organizarse a finales de los 90, pero funcionó de forma más efectiva entre 2006 y 2014.

Las “comisiones ilegales” de las adjudicaciones de Petrobras oscilaban entre el 1 y el 5 por ciento de la cuantía de los contratos, que se distribuían entre directivos de la petrolera y partidos políticos.

Los directivos de Petrobras, por su parte, “favorecían” al “club” restringiendo los aspirantes a una licitación tras negociaciones “directas e injustificadas”, “aceleraban la contratación con la eliminación de etapas relevantes” y aceptaban “precios excesivos”, entre otras irregularidades citadas por la Fiscalía.

Constructoras más importantes

Entre los “equipos” de este “torneo”, las más importantes constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Mendes Júnior, Engevix, Galvão Engenharia y UTC Engenharia. Algunas otras lograron esporádicamente hacerse con licitaciones de Petrobras, pero siempre “mediante una negociación con el club”, según las delaciones.

El “club” se reunía varias veces al año y organizaba la “tabla de competición” para establecer el “reparto”. Las reglas del “campeonato deportivo”, plasmadas en un documento, incluían la preparación “para competiciones nacionales e internacionales, priorizando siempre la obtención de récords y de mejora de los premios”.

La “alianza” les permitía también concurrir a “campeonatos paralelos” pero “con la participación, por lo menos de dos tercios de los 16 miembros de la Liga” y preveía incluso “competiciones para categorías inferiores”. En cada “rodada” (convocatoria) debían participar al menos seis “equipos” con una “actuación extremadamente activa y competitiva”.

Durante casi una década, el “club” se hizo con cientos de contratos de Petrobras por un valor próximo a los 25.000 millones de dólares, siempre con la ambición de lograr “mejores premios”.

El pasado 21 de diciembre de 2016 salía a la luz pública que el emporio brasileño Odebrecht, la mayor constructora de América Latina con más de 168.000 empleados e ingresos de más de 40.000 millones de dólares y cuyo presidente ya fuera juzgado y encarcelado en 2015 en el marco del escándalo Petrobras, había recurrido de manera masiva al pago de sobornos a políticos, partidos y funcionarios por un monto estimado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 788 millones de dólares para conseguir la concesión de licitaciones públicas en varios países latinoamericanos (Brasil, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala) y africanos. Los impactos políticos y económicos del caso están aún por calibrarse, a medida que las informaciones van filtrándose, pero conviene detenerse en aquello que el caso Odebrecht no debería ocultarnos en su espectacular estallido mediático.

Una Púnica a escala latinoamericana

Para dimensionar adecuadamente la magnitud del delito y a la vez curarnos preventivamente de cualquier prejuicio chovinista, la suma comprometida a lo largo y ancho del caso Odebrecht se corresponde con la suma total de lo defraudado en España por las tramas Púnica, ERE de Andalucía, Gürtel y el caso Saqueo, por sólo escoger algunos de los más de 120 casos de corrupción censados en nuestro país.

Más allá de su magnitud, el entramado Odebrecht revela tanto la intensidad como el modus operandi (relativamente simple y homogéneo) mediante el cual se ha generalizado esta inmensa dinámica de colusión entre los intereses de las grandes corporaciones transnacionales (especialmente aquellas dedicadas a la extracción de materias primas y a la realización de grandes obras públicas) y los defendidos por las élites político-administrativas de numerosos estados periféricos del Sistema-Mundo, por recuperar la terminología de Wallerstein.

Al mismo tiempo, muestra que la impunidad se ha banalizado a tal punto que difícilmente será un desafío superable en los dos próximos decenios en América Latina y quizás de manera más acusada en un continente africano, que sigue siendo la presa más inerme de los grandes entramados crematísticos en torno a los cuales se despliega el capitalismo internacional: hasta el momento, sólo en Brasil (con el PT vastamente tocado), en Colombia y, desde la semana pasada en Perú (con el expresidente Toledo directamente implicado) hay personas juzgadas o imputadas.

Pero lo que subyace tras el que ha sido ya definido como el mayor caso de corrupción en la historia reciente de América Latina no es otra cosa sino la consecuencia del despliegue del capitalismo en su nueva fase de acumulación, embarrancada ya en el pillaje compulsivo de lo que hasta ahora pertenecía al dominio público, al Estado social, o seguía bajo el control de las comunidades locales, y que está siendo, en tiempos de la gobernanza neoliberal, llevado a cabo por la alianza entre los Estados (los centrales como promotores y los periféricos como cómplices necesarios) y los oligopolios privados.

Más allá de Odebrecht

El neoextractivismo es una estrategia de desarrollo económico adoptada por la mayoría de los gobiernos de América del Sur, con especial intensidad a principios del siglo XXI. Apoyada argumentalmente en la necesidad de alimentar las arcas públicas en pos de la aplicación de políticas redistributivas, se basa en la intensificación al interior de la matriz productiva de aquellas actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados, dirigidos de forma prioritaria a la exportación.

Si bien en su modo de operación el neoextractivismo se basa en el extractivismo convencional, difiere de éste en el papel protagónico que adquieren los Estados periféricos en un proceso productivo cuya mayor plusvalía es captada por los Estados centrales. Esta participación puede adoptar una forma directa, a través de empresas estatales, o indirecta, a través de la operación de empresas transnacionales a las que se aplican tributaciones especiales y regalías, así como otros diversos mecanismos de regulación, permitiéndose la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad y de hecho, es sobre esta base sobre la que reposa el argumentario de los gobiernos neoextractivistas al enfrentar las críticas desde la izquierda, el ecologismo, las comunidades indígenas, los sectores urbanos de clase media y estudiantiles y los activistas altermundialistas, que se encuentran cada vez con mayor intensidad denunciando los estragos de esta estrategia de desarrollo.

Sin embargo, como se han encargado de demostrar diversos autores latinoamericanos (Gudynas, Svampa, Acosta, Escobar, Lander, entre otros) los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir las economías de los países en los que se ceba ahora con especial intensidad el sistema capitalista global en busca de commodities cada vez más escasas, no se contabilizan enormes “externalidades” tales como la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la desestructuración y paulatina disolución de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar los vectores ambientales (agua, aire, agua y suelo).

Según Maristella Svampa, las políticas de lo que ella denomina el neo-extractivismo progresista (en referencia a los gobiernos latinoamericanos de izquierda que adoptaron este modelo) deben ser reevaluadas, puesto que “en la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que dé cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse” (1). En realidad, la “maldición de la abundancia” a la que se refiere acertadamente Alberto Acosta (2) cuando describe la condena que sufren los países ricos en materias primas a vivir permanentemente en el esquema primario-exportador subordinado al metabolismo capitalista internacional operado desde los Estados centrales en co-gobernanza con las corporaciones transnacionales y los grandes organismos internacionales, se ha cumplido con su factura de profundización de las dinámicas uniformizadoras y ampliadoras de los cercamientos privatizadores del capitalismo global, incluso en aquellas circunstancias histórico-políticas más favorables a una posible ruptura con el orden económico imperante.

¿Pero es que de este balance catastrófico para las posibilidades de un desarrollo sustentable en América Latina y en el mundo no han sido conscientes los gobernantes de la región, en su mayoría progresistas y de izquierdas en el primer quinquenio? Todo tiende a hacernos pensar que sí lo han sido, pero que lo que ha operado aquí es la visión pragmática y sobre todo, lo que Marx llamaría la “subsunción bajo el capital”, y que Wolin ha descrito posteriormente como la gran simbiosis entre el capital y el Estado(3), convertido en gran empresa extractiva, y por la cual las nuevas élites políticas latinoamericanas, que eran en un principio en sus discursos y primeras acciones de gobierno radicalmente refractarias a constituirse en piezas subordinadas al engranaje global, acaban siendo cooptadas por y para la supervivencia del capital en una de sus fases críticas (que Harvey achaca más a la sobreacumulación de capital que a la sobreproducción de mercancías).

La pregunta aquí es obligada: ¿de qué nos sirven los Estados como propietarios (soberanos) de nuestros bienes comunes estratégicos cuando, cediendo el usufructo de nuestros territorios de manera prácticamente ilimitada a las grandes transnacionales, se convierten en meros administradores/legitimadores del pillaje? El avance de los grandes espacios de liberalización comercial y financiera, que ocurre actualmente bajo la forma de Acuerdos de Libre Comercio y de Inversiones (TTIP, CETA, TPP, etc), es tan sólo la expresión más mediatizada de las nuevas apuestas del cosmocapital para dar el golpe de gracia tanto a la soberanía de Estados (cuyas élites administrativas han sido vastamente cooptadas) como a los Derechos Humanos (en especial los económicos y sociales y ambientales) y al Derecho Internacional en general..

La pista de Odebrecht nos lleva por tanto hasta el verdadero meollo de la cuestión detrás del inmenso nubarrón de corrupciones: el expolio programado que se lleva dando en toda América Latina y en África por parte del entramado trans-estatal-corporativo, en perjuicio no sólo de las poblaciones donde se localizan los recursos extraídos sino, de manera agregada y en la asunción de nuestra cada vez mayor interconexión e interdependencia, del desarrollo sustentable de todas las sociedades.

Sin lugar a dudas, el espacio paradigmático de esa operación de expolio a gran escala es la Amazonía, y su puntal y mayor exponente ya operativo, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Un mega-proyecto iniciado justo a comienzos del milenio compuesto de centenas de proyectos viales, hidrocarburíferos, mineros, agro-forestales, hidrológicos y de ocupación y destrucción progresiva del ecosistema amazónico y las culturas que lo habitan que se ha desarrollado contra todas las advertencias científicas y sin consulta ciudadana alguna. La columna vertebral del IIRSA, la Carretera Interoceánica Brasil-Perú, ha tronchado ya por la mitad el que es el segundo mayor pulmón del planeta, su segunda reserva de agua dulce (quizás la primera, cuando se pueda calcular el volumen total de aguas subterráneas que posee) y su principal sumidero de carbono. Odebrecht, por cierto, empresa constructora de uno de sus tramos, pagó 20 millones de dólares al entonces presidente Alejandro Toledo para asegurarse la concesión.

Preparar nuestras sociedades para abordar una transición inteligente hacia una era post-capitalista (la transición forzosa será el colapso sistémico, ecológico y civilizatorio, que nos espera en caso de seguir sosteniendo el actual sistema) supone no sólo denunciar y actuar con toda la fuerza del derecho y de las movilizaciones sociales contra la inmensa tela corrupción, sino poner en cuestión el entramado de intereses geopolíticos y puramente crematísticos que la sostiene y la estira cada día más hacia nuestro colapso como especie.

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(1) SVAMPA, M., “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América latina” en OSAL Nº32, CLACSO, Buenos Aires, 2012.

(2) ACOSTA A., “La maldición de la abundancia”, Abya-Yala, Quito, 2009

(3) WOLIN, S.S., “Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton University Press, Princeton, 2008

La Guardia Civil ha detenido en un céntrico hotel de Madrid al supuesto cerebro financiero de una trama de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras.

Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, el detenido dirigía la trama de pago de comisiones a políticos y empresarios brasileños a cambio de adjudicación de obra pública tanto en Brasil como en el extranjero.

Se trata, informa la Dirección General de la Guardia Civil, de R.T.D, de 43 años y abogado en la empresa constructora Odebrecht, investigado por las autoridades brasileñas en el marco de la operación Lavajato, por el presunto lavado de dinero de la empresa petrolera Petrobras, desviando presuntamente más de 14 millones de euros a diversos partidos políticos.

En abril se fugó de Brasil a Estados Unidos y llegó a España hace un par de días.

El arrestado, al que se imputa los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, tiene doble nacionalidad española y brasileña y ha sido detenido por el equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al pesar sobre él una orden internacional de detención.

Iniciada en el 2014, la operación Lavajato es la investigación de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera Petrobras a partidos políticos y miembros del ejecutivo.

La detención del presunto cerebro de esta trama corrupta es el primer arresto que se practica en España en el marco de esta investigación, desarrollada contra la corrupción en instituciones el sistema político brasileño a raíz de las irregularidades detectadas en la petrolera estatal.

La noche en que la Cámara de Diputados votó a favor de iniciar el proceso de destitución contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, ella siguió la sesión por televisión en compañía de su predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva. Rousseff mantuvo la calma durante la votación y, de hecho, incluso pidió palomitas. En cambio Lula, que reconoce ser muy intenso, rompió a llorar en al menos tres ocasiones distintas.

“Fue muy triste y lo pasé fatal”, recuerda el fundador del Partido de los Trabajadores en una entrevista que a The Guardian: “Vi cómo el proyecto de transformar el país se rompía en pedazos”.

En el pasado, fue considerado un modelo de esperanza para una sociedad más justa, pero ahora el Partido de los Trabajadores fundado por Lula se ha quedado sin líder. La crisis y los recortes han puesto en peligro los logros que alcanzó a lo largo de 13 años de gestión en el gobierno y que permitieron reducir la pobreza, reforzar el derecho a la educación y aumentar el gasto en sanidad pública.

Cuando terminó su mandato en 2010, Lula, como se le conoce mundialmente, era el presidente más popular del mundo, un líder carismático de un nuevo mundo en desarrollo y el arquitecto de un proyecto de centroizquierda democrático que se proponía reducir las desigualdades en Brasil.

Sin embargo, desde entonces la situación económica se ha deteriorado, las tendencias políticas mundiales han cambiado de rumbo y han pasado de la cooperación a la competitividad, y muchos políticos, entre los que se incluyen algunos aliados de Lula, se han visto salpicados por una gran operación anticorrupción.

Lula es consciente de que en cualquier momento lo pueden sentar en el banquillo. El expresidente es el objetivo principal de cuatro investigaciones penales, sabe que sus conversaciones telefónicas han sido grabadas en secreto y filtradas a los medios de comunicación, y la policía lo detuvo por un corto espacio de tiempo para interrogarlo. Su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo de forma temporal. El gobierno provisional de centroderecha ha socavado la credibilidad de Rousseff y, aunque oficialmente sigue siendo la presidenta de Brasil, sus amigos han empezado a recaudar dinero para pagarle los viajes.

La caída del Partido de los Trabajadores ha alcanzado proporciones épicas y parece una tragedia como las de Shakespeare. El debate en torno a si Lula ha sido víctima de una conspiración es intenso. Según las tendencias políticas del interlocutor, la culpa de la situación actual es de una persona u otra. La derecha considera que Lula es un personaje parecido al rey Lear y cree que propició su propia caída con una gestión incorrecta de los presupuestos públicos y al permitir que floreciera una cultura de la corrupción en el sector público. En cambio, la izquierda lo presenta como un Otelo, un gran líder que es víctima de una traición.

Las protestas masivas que tuvieron lugar a principios de año dejan entrever que muchos votantes se hartaron de un político y de un partido que no pudo cumplir con las expectativas y que se quedó atrapado en el mismo sistema que había prometido reformar.

La conspiración de la derecha (y de la CIA)

Lula tiene una visión distinta de la situación. Cree que los esfuerzos del Partido de los Trabajadores por ayudar a los más pobres, las medidas encaminadas a redistribuir la riqueza y el aumento del gasto público en educación y salud han crispado a una clase política que se ha acostumbrado a hacer siempre lo que más le conviene.

“Estoy convencido de que nuestras medidas molestaron a muchos. Ahora tenemos una nueva clase media que está en la calle, en los teatros, en los aeropuertos. Parte de la élite simplemente no quiere compartir”, indica.

“Creo que algunos medios de comunicación, la oficina del fiscal y la policía han pactado destruir mi reputación”, dice: “Sus acciones tienen un objetivo final: condenarme. Muchos quieren impedir que me presente a las elecciones de 2018”.

Algunos militantes de izquierdas analizan la situación desde un punto de vista regional, ya que los gobiernos de izquierdas han perdido en Argentina, Venezuela y Bolivia. Creen que se trata de un complot de fuerzas que operan en secreto, entre ellas, la CIA.

Sin embargo, Lula descarta que Estados Unidos haya participado en una conspiración para terminar con los líderes de izquierdas de la región. “No lo creo”, afirma: “Los venezolanos tienen más motivos para desconfiar debido al golpe de Estado de 2002 (que apartó a Hugo Chávez del poder brevemente) pero creo que mis hermanos venezolanos se equivocan y que deben dialogar los unos con los otros”.

Lula era un gran aliado de Chávez y del presidente argentino Néstor Kirchner. A principios de año recurrió a una metáfora futbolística para describir su relación: eran el Messi, el Neymar y el Suárez de la izquierda de América Latina.

Sin embargo, a diferencia de su homólogo venezolano, Lula apostó por la negociación y rechazó la confrontación. Tampoco quiso reformar la Constitución del país para poder optar a un tercer mandato. Rousseff lo sustituyó. “En numerosas ocasiones he afirmado que lo más importante de la democracia es el cambio. No me presenté a un tercer mandato (consecutivo) y no creo que nadie sea irreemplazable. Las dictaduras nacen a partir de esa convicción”.

La forma en que el Partido de los Trabajadores ha sido apartado del gobierno le ha provocado una gran frustración, ya que no ha perdido unas elecciones presidenciales desde 1998. En 2014, el partido ganó por cuarta vez consecutiva. Y, sin embargo, a mitad de mandato se ha visto obligado a dejar el gobierno.

“Yo perdí tres elecciones y respeté los resultados electorales”, señala, “pero la derecha no está dispuesta a esperar”.

Las tensiones con Dilma

No ha perdido la esperanza de que Rousseff todavía pueda regresar al gobierno. Para superar la votación que tendrá lugar el 17 de agosto, Rousseff necesita convencer a seis senadores y lograr que cambien de opinión. Si bien podría parecer que no son tantos, Lula reconoce que se necesitarán grandes dosis de persuasión. Aunque no lo dice, parece exasperado por el hecho de que Rousseff no se defienda con más fuerza.

“Dilma debe explicar qué pasará en Brasil si recupera la presidencia. Necesita explicar qué nuevas medidas impulsará y cómo construirá nuevas relaciones políticas. Tiene que ser ella la que lo haga. Yo no lo puedo hacer en su nombre. Tiene que convencer a la gente”.

A menudo se especula sobre las tensiones entre Lula y Rousseff, especialmente en los círculos de derechas. Un expresidente, Fernando Henrique Cordoso, dijo en declaraciones a The Guardian que el error más grave de Lula ha sido la elección de su sucesora. En una conversación que fue registrada sin su consentimiento, otro expresidente, José Sarney, afirmó que Lula había reconocido que efectivamente era así.

El exsenador Delcídio do Amaral, que está colaborando con la fiscalía de Brasil a cambio de una reducción de la pena, también ha insinuado que los dos líderes del Partido de los Trabajadores compiten entre ellos. La decisión de Lula de no participar en la última rueda de prensa de Rousseff en el palacio presidencial no hizo más que alimentar este rumor. Sin embargo, Lula afirma que no lamenta su decisión: “Estoy orgulloso de haber propuesto a Dilma y de que saliera elegida”.

Nadie ha levantado más pasiones que Lula. Según los sondeos, sigue siendo el político más popular de Brasil, con un índice de apoyo del 21%, una ligera ventaja frente a la exministra de medioambiente, Marina Silva, que tiene un 19%, y el excandidato presidencial Aécio Neves, con el 17%. Rousseff apenas alcanza un 10% y el índice de aprobación del presidente en funciones, Michel Temer, es del 13%.

Lula es un personaje controvertido; su índice de rechazo también es el más alto. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores cree que Lula es su gran baza. Muchos esperan que vuelva a presentarse a unas elecciones y que gane. Por su parte, él afirma que esta decisión le corresponde al partido.

“Me gustaría que se presentara otro candidato. Cuando me fui, el 87% de la población aprobaba mi gestión. Soy el mejor presidente de toda la historia de Brasil. Repetir ese resultado es una misión imposible. Tendría que competir conmigo mismo”.

La decisión también está en manos de los jueces. Lula es también blanco de la investigación Lava Jato relativa a un sistema de lavado de dinero y de corrupción que involucra a la empresa petrolera Petrobras. La fiscalía considera probado que los directivos de Petrobras y de otras empresas públicas pagaban más a sus proveedores a cambio de donaciones a los políticos y al partido en el gobierno.

Los partidarios de Lula alegan que se trata de una práctica muy común y que si bien es criticable desde un punto de vista ético, no es ilegal. También subrayan que es anterior a la victoria del Partido de los Trabajadores y que otros partidos también lo hicieron en el pasado. En cambio, sus detractores afirman que con la llegada de Lula la corrupción pasó a ser una parte esencial del sistema y alcanzó unos niveles insólitos.

Esto tendría una explicación. A diferencia de la derecha, el Partido de los Trabajadores no contó con la ayuda del sector privado para financiar sus campañas electorales y conseguir el apoyo de los congresistas. La interpretación más benévola sería que la corrupción no obedecía a intereses personales sino del partido, mientras que la crítica más dura recordaría que el partido prometió acabar con la corrupción política y terminó cubierto de lodo.

Lula reconoce que es necesario reformar el sistema de financiación de partidos. “¿Por qué no investigan cómo se financian todos los partidos?”, se pregunta: “Ahora te llevas la impresión de que todo el dinero del Partido de los Trabajadores tiene un origen oscuro y que el dinero del Partido de la Socialdemocracia Brasileña es impoluto”.

“La historia ya me ha juzgado”

¿Podría ser que a pesar de este doble baremo, Lula, como exlíder de un país y de un partido que se benefició políticamente de este sistema, sea procesado por un caso de corrupción endémica que logró desviar cientos de miles de millones de reales? La fiscalía asegura que Lula ideó todo el entramado ilegal mientras que el expresidente insiste en el hecho de que se trata de una suposición errónea.

“Parte de la base de que los jefes lo saben todo y, por tanto, son culpables o que son igualmente culpables, por incompetentes, si lo desconocían. Lo cierto es que no he cometido ningún delito”, afirma.

Esta no es la única amenaza a la que se enfrenta. También se le acusa de obstrucción a la justicia y de intentar “comprar” a un testigo que iba a declarar en su contra. Por su parte, Amaral explicó a The Guardian que Lula le había pedido que “ayudara” a un exdirectivo de Petrobras, Nestor Cervero, después de que este fuera detenido el año pasado. Primero proporcionaron dinero a la familia del detenido y después planearon sacarlo del país en avión o en una embarcación. Lula afirma que Amaral miente: “Se ha inventado esta fantasía para salvarse”. Considera que la colaboración de los acusados con el juez, a cambio de una reducción de la pena, da lugar a declaraciones falsas.

Algunos de estos casos están en manos del juez de Curitiba Sergio Moro, que se ha convertido en una celebridad en el país por el hecho de estar dispuesto a mandar a la cárcel a los ricos y a los poderosos que en el pasado presumían de ser impunes. Moro es expeditivo y no tiene en cuenta la reputación del acusado. Muchos familiares y amigos de Lula temen que el juez lo procese en breve.

Lula se muestra tranquilo y afirma confiar en el sistema judicial del país. “Nadie en Brasil está más tranquilo que yo”, dice. “Si tengo que sentarme en el banquillo, todos sabrán si las acusaciones que pesan contra mí son verdad o mentira”.

A sus 70 años, el fundador del Partido de los Trabajadores tal vez considere que se ha ganado el derecho a mostrar cierto optimismo. Ha pasado por momentos infinitamente peores. Durante su infancia era tan pobre que a veces no tenía comida. Su hermano fue detenido y torturado durante la dictadura. En los ochenta, luchó codo a codo con los mineros británicos que reivindicaban sus derechos frente a Margaret Thatcher. Perdió tres elecciones presidenciales antes de su victoria histórica en 2002. Recientemente se sometió a quimioterapia, ya que tiene cáncer de garganta.

A pesar de la espada de Damocles que pesa sobre su cabeza, Lula cree que la historia ya lo ha juzgado. “Los principales logros de los últimos 13 años no dependen de este juicio – señala–. No tengo ninguna intención de cambiar. Soy el mejor presidente que ha tenido este país”.

Traducción de Emma Reverter

Familiares y socios del expresidente brasileño Luiz Ináçio Lula da Silva temen que pronto lo llamen a juicio por su supuesto papel clave en un sistema de corrupción masiva en la empresa petrolera estatal Petrobras.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) –indiscutiblemente la figura más influyente de la historia reciente de Brasil– aparece nombrado en las negociaciones judiciales de antiguos aliados y ejecutivos que han sido arrestados en la operación Lava Jato. La investigación ha revelado que varias empresas constructoras obtuvieron contratos inflados a cambio de sobornos a ejecutivos y políticos.

Entre ellos está Delcídio do Amaral, antiguo líder del PT en el Senado, que hace poco testificó que Lula –como lo llama todo el mundo– trató de obstaculizar la investigación. El exsenador, que fue expulsado de su banca, afirma en declaraciones a the Guardian que espera que los jueces tomen una decisión pronto sobre su declaración.

“Los jueces se posicionarán en los próximos días, en las próximas semanas, no solo respecto a este caso, sino también respecto a las negociaciones judiciales que complementan la mía”, anticipa. “Lo que podemos ver es que el círculo se está cerrando. Lava Jato está entrando en una fase muy importante. Con la información (que tienen ahora los investigadores), pueden atar cabos”.

El lunes, el Tribunal Supremo dijo que el caso de Lula se podía juzgar en Curitiba, sede de la investigación Lava Jato. Esto aumenta la probabilidad de que el expresidente sea llamado a juicio por el juez Sergio Moro, que ha tenido un papel clave en la investigación y ha aprobado “detenciones preventivas” prolongadas de sospechosos fundamentales, incluidos ejecutivos y políticos poderosos, lo cual les llevó a recortar las negociaciones con los fiscales.

En el entorno de Lula hay cada vez más preocupación. “Todos en la familia están preocupados”, cuenta a the Guardian su hermano mayor, Frei Chico. “En Brasil es muy fácil que te lleven a juicio. Los medios ya han juzgado a Lula y a toda nuestra familia y nos han declarado culpables”.

Aunque no es miembro del Partido de los Trabajadores, Chico cree –como muchos en la izquierda– que su hermano es víctima de una conspiración diseñada para evitar que se vuelva a presentar a la presidencia. “Esto es muy grave. Estamos ahora en una situación delicada. Están criminalizando a Lula para poder evitar que se presente a unas elecciones”.

Detención de Lula

A Lula lo detuvieron por poco tiempo para interrogarlo en marzo en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo. La Policía también registró su vivienda y su despacho. En aquel momento, Moro también dictó órdenes de detención para que las fuerzas de seguridad interrogasen a su mujer, Marisa; sus hijos, Marcos Claudio, Fábio Luís y Sandro Luís; y otros colaboradores.

Poco después, la sucesora de Lula en la presidencia, Dilma Rousseff, intentó darle un cargo en el Gobierno, lo que le habría dado un mayor nivel de protección legal. Pero los jueces bloquearon el nombramiento. Desde entonces, Rousseff ha sido suspendida mientras el Senado juzga su impeachment por cargos no relacionados con el caso Petrobras, sino con un asunto de manipulación presupuestaria.

Los fiscales están investigando a Lula por corrupción y obstrucción a la justicia. Aunque los sobornos y mordidas en Petrobras comenzaron antes de que el Partido de los Trabajadores empezara a gobernar en 2003, afirman que el expresidente aumentó las irregularidades para financiar campañas políticas y comprar el apoyo de otros partidos. También dicen que se benefició personalmente en forma de renovaciones o donaciones de empresas constructoras en propiedades en Guarujá y Atibaia. Lula niega las acusaciones y dice que los apartamentos no son suyos.

Está bajo una presión cada vez mayor. Según una filtración publicada el martes en Congresso em Foco, el fiscal general del país, Rodrigo Janot, ha informado al Tribunal Supremo de que Lula tuvo una “posición dominante” en el escándalo Petrobras.

Decenas de políticos de alto rango de casi todos los grandes partidos están implicados en la investigación Lava Jato, que ha convulsionado a Brasil, ha obstaculizado los esfuerzos del Gobierno por lidiar con una dura recesión y ha desviado la atención de la epidemia del zika y de los preparativos de los Juegos Olímpicos. El gobierno interino de Michel Temer ha perdido a dos ministros en el escándalo. Es posible que se presenten cargos contra otros muchos. Mientras la investigación continúa, Temer –que aparece citado en varias declaraciones, aunque no está acusado– también podría verse sometido a una presión creciente.

El martes pasado la Comisión Parlamentaria de Ética de Brasil aprobó retirar el escaño al presidente de la Cámara suspendido Eduardo Cunha, por mentir presuntamente sobre cuentas bancarias suizas no declaradas. Sin embargo, nada tendrá probablemente tanto impacto en el imaginario público como el posible arresto o juicio a Lula, que podría desencadenar intensas protestas callejeras.

Por el momento, no obstante, ese escenario no está previsto por el expresidente ni por algunos de sus colaboradores. “El presidente confía en la justicia. Siempre estará dentro de la ley y se defenderá contra las diferentes acusaciones infundadas”, declara el Lula Institute.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

Unos días después de la reelección de Inácio Lula da Silva, a principios de noviembre de 2006, el director de su campaña revelaba el secreto del éxito. El publicista João Santana explicaba en una entrevista que Lula se “beneficia en la posición de víctima”.

El escándalo de aquella época era el mensalão, el soborno que el Partido de los Trabajadores (PT) distribuía entre los diputados de partidos aliados para votar al unísono en el Congreso. Lula salió indemne del mensalão. Y ganó con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con un 60,9% de los votos, frente al 39,1% de su oponente Geraldo Alckmin, del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

João Santana explicaba el éxito de Lula con la teoría del fortão (fortachón) y del fraquinho (debilucho). Para las clases bajas, Lula encarna la figura del pobre fortachón que consigue abrirse paso. Cuando Lula es atacado, “el pueblo piensa que es un acto de las élites para derrumbar al hombre del pueblo”.

A finales de 2006, el mito Lula estaba en marcha. Lula llegaría a alcanzar un 87% de aprobación, récord histórico de un presidente en Brasil. El 1 de enero de 2010, se estrenó la película Lula, el hijo de Brasil, uno de los mayores taqullazos de la historia del país. A finales de año, Dilma Rousseff ganó las elecciones de la mano del publicista de la casa, João Santana. Dilma heredó un país bañado en petróleo, destinado a recibir el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. El consenso Lula, el mito del “hijo de Brasil”, parecía indestructible.

Casi una década después de la teoría del “fortachón” y el “debilucho”, la situación de ambos ha dado un vuelco. João Santana está preso desde el 22 de febrero, vinculado a la operación Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil. Lula da Silva fue detenido el viernes de forma vejatoria en su propia casa, en São Bernardo de Campos, por presunta vinculación al caso Petrobrás, para ser interrogado. Salió libre unas horas después.

A João Santana le acusan de tener millonarias cuentas ilegales fuera de Brasil y de recibir comisiones por mediar entre empresas brasileñas y los gobiernos latinoamericanos para los que hace campañas. A Lula le acusan de recibir favores de empresas constructoras y de la propia Petrobrás a cambio de tráfico de influencias. Además, la operación Lava Jato apunta a la posible financiación ilegal del Instituto Lula.

Los medios brasileños llevan semanas difundiendo la imagen del humilde hijo de Brasil en un apartamento triplex en Guarujá (litoral de São Paulo) o de una finca de lujo en Atibaia. Ni el triplex ni la finca están a su nombre. Da igual. El bombardeo visual de los medios brasileños ha cuajado. El mito Lula se desinfla: el 67% de los brasileños piensa que la operación Lava Jato muestra que el expresidente es tan corrupto como otros políticos, según el instituto Ipsos.

Detención cinematográfica

La detención de Lula dejó a Brasil en estado de shock. Fue ilegal, según muchos expertos. El periodista Renato Rovai la definió como una operación mediático-judicial: “Fue conducida como una novela, una miniserie, un film”. Cientos de policías federales cercaron el domicilio de Lula. Las cadenas de televisión lo retransmitieron en directo. Y los medios, decorados con un hilo de fondo sorprendente: la bolsa subía un 4,6%, el dólar se desvalorizaba un 1,09%.

Algunos telediarios, como el de SBT, relacionaban directamente la detención de Lula con la mejora de la economía. Hubo elogios constantes, en las pantallas y en las calles, al juez Sergio Moro que impulsó la operación Lava Jato. La tensión fue creciendo a lo largo del día. Defensores y detractores de Lula se enfrentaron en las calles de muchas ciudades a palo limpio. Cacerolazos a diestro y siniestro. Los bocinazos antiDilma, antiLula, antiPT, eran un eco constante en São Paulo.

El telediario de la noche de la Rede Globo fue el más largo de su historia.Y fue inédito: se recibió con aplausos desde los balcones de São Paulo y las principales ciudades. Y con gritos antagonistas en el aire: “Lula vagabundo” por un lado, “não vai ter golpe” (no va a haber golpe de Estado), por otro. Las manifestaciones espontáneas de apoyo a Lula se multiplicaron por todo el país. Las bases rojas, divorciadas del Partido de los Trabajadores (PT) por su giro a la derecha, se reconciliaban momentáneamente en torno a Lula. El sociólogo Pablo Ortellado destaca que la detención de Lula supone un peligroso recrudecimiento de la polarización política: “Brasil entero va a ser tragado por ese crecimiento de la polarización entre gobernistas y antigobernistas que va a alcanzar niveles de violencia sin precedentes. Comienza la guerra abierta”.

“El mundo dividido entre petralhas (término despectivo con los petistas) o tucanalhas (juego de palabras con 'tucano', del partido PSDB, y canalla), una película de terror”, escribe el periodista Leonardo Sakamoto. Por primera vez se empieza a escuchar una palabra: venezuelización. “Las amenazas de unfollow de izquierda en las redes sociales o las exigencias de una posición reflejan esa venezualización”, afirma el periodista Marcelo Castañeda, vinculado a movimientos sociales, pero crítico con el Partido de los Trabajadores (PT).

Los militantes de izquierda denuncian que los medios de comunicación y la justicia no son igual para todos. Cuando el expresidente es Fernando Henrique Cardoso, los medios elogian sus conferencias millonarias y le describen como celebridad. Cuando es Lula el que da conferencias con caché elevado, hay sospecha de corrupción, como en la operación Lava Jato, afirma Fabrício Vasselai en un artículo. Los mismos medios que denuncian las supuestas donaciones al Instituto Lula no dan mucha importancia a las donaciones de Odebrecht al Instituto Fernando Henrique Cardoso, citadas en la Lava Jato. Por si fuera poco, las denuncias contra el senador Aécio Neves, presidente del PSDB y candidato presidencial en 2014, fueron archivadas en la Operación Lava Jato.

¿Por qué se cierra en estos momentos el cerco contra Lula? “Hay un claro objetivo: impedir que Lula sea presidente en 2018”, afirma Vicentinho, diputado federal del PT. De hecho, antes de la detención relámpago de Lula, el PSDB ya planeaba poner en marcha una comisión parlamentaria de investigación sobre Lula para impedir su candidatura a presidente en 2018.

La sombra del lobby

El objetivo del cerco a Lula, como escribe el periodista Gil Alessi, es acabar con el mito Lula. Las imágenes de Lula en una finca de lujo en el interior de São Paulo le alejan de la mayoría social que le alzó al poder. Lula, en el triplex de Guajurá, deja de ser para muchos el hijo pobre de Brasil.

También hay clasismo: las élites nunca perdonarán a Lula su origen humilde. “Todo el mundo puede (tener apartamento en la playa), menos ese mierda de metalúrgico”, ironizaba estos días Lula.

Curiosamente, los medios audiovisuales dejan en segundo plano una trama que salpica a Lula de forma más nítida: sus labores de lobista a favor de multinacionales brasileñas. El Núcleo de Combate a la Corrupción de Brasília dispone de un informe que prueba el tráfico de influencias de Lula a favor de la constructora Oderbrecht. Lula, según el documento, hizo de intermediario durante años entre diferentes gobiernos latinoamericanos, la constructora Odebrecht y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Su mediación conseguía liberar préstamos de dinero púbico (BNDES) para que la constructora privada desarrollase proyectos para otros gobiernos de la región. Uno de los escándalos más conocidos ocurrió en Ecuador, El gobierno de Ecuador expulsó a Odebrecht, acusándola de estafa. Tras la mediación de Lula, Odebrecht volvió al país con jugosos contratos. La trama Lava Jato apunta hacia una bomba: el tráfico de influencias de João Santana y de Lula podrían haber servido para la financiación ilegal del PT. La campaña de 2014 que dio la reelección a Dilma está en la mira.

En el convulso y polarizado Brasil, casi nadie critica el lobismo de Lula. Los medios ocultan sus gestiones globales. Los simpatizantes de Lula se ofenden más por la simbología de la detención contra el expresidente que por sus tejemanejes lobistas.

El filósofo Rodrigo Nunes ha criticado estos días el fenómeno de las puertas giratorias: “Ya no me acuerdo de quien escuché esta frase: ”El tipo podría haber sido el nuevo Nelson Mandela y prefirió convertirse en lobista de empresa de construcción“. Ese tipo de comportamiento no es ni tipificado penalmente, ni siquiera llama la atención. El PT está siendo castigado ejemplarmente por haber se convertido en lo mismo que el resto”.

El periodista Raphael Tsavkko lanza dardos envenenados: “El PT destruyó movimientos sociales, sindicatos, centrales y el movimiento estudiantil. Los vació de tal forma que perdieron el sentido”. El economista Paulo de Tarso Venceslau, uno de los fundadores del PT, da por muerto al partido: “El partido acabó. Lo que restan en el PT son resquicios religiosos que hacen de la política una secta”.

Y aquí llega la paradoja: cuando el PT tocaba fondo, la prisión de Lula cambia todo. La reciente aprobación de la ley antiterrorista del Gobierno de Dilma había acabado de romper los puentes con las bases del PT y los movimientos sociales. Sin embargo, la detención ha vuelto a conectar a movimientos sociales, militantes de base y las clases populares. Las manifestaciones proLula toman las calles de Brasil. Y el propio Lula se ha ofrecido estos días, arropado por multitudes, a ser de nuevo candidato en 2018: “Si necesitáis a alguien para comandar la tropa, está aquí”. Dilma gira a la derecha para contentar mercados. Lula gira (o finge que lo hace) a la izquierda para rehacer el partido.

Puede que el publicista Jõao Santana esté sonriendo en su prisión en Curitiba. Él mismo colocó la polarización en el centro de la campaña de 2014 de Dilma. No cabían medias tintas. O conmigo (PT) o contra mí. O con las élites o con el pueblo. Mandaba el corazón, el símbolo, lo que algún día fue Lula.

El conservador juez Sergio Moro es un personaje necesario en la trama de los sueños de João Santana. Vuelve el fortão y el fraquinho, regresa el hijo de Brasil. El país Brasil en 2016 es otro: la crisis acucia, la frágil nueva clase media se desmorona, el horizonte de esperanza de 2006 se desvanece. Y el lenguaje político orientado a los desfavorecidos es mucho menos efectivo que hace una década: el consumismo ha sustituido en parte a las ideologías. Pero mientras la justicia apunta a Lula, vuelve a tener sentido aquella frase del 2006: “Lula se ”beneficia en la posición de víctima“.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ya ha abandonado la comisaría de la Policía Federal a la que ha sido conducido este viernes a declarar, tras un interrogatorio que se ha prolongado durante más tres horas ante los responsables de la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.

Lula, que fue llevado a la comisaría de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo a las 8.00 hora local (11.00 GMT), salió de la terminal hacia las 11.30 (14.30 GMT) en un coche particular y se dirigió a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en el centro de la mayor ciudad brasileña.

El exjefe de Estado es el principal blanco en una operación realizada por la Policía Federal en el marco del proceso por los desvíos en la petrolera estatal por más de 2.000 millones de dólares. En este contexto, la policía ha registrado también varias residencias del exmandatario, incluyendo el Instituto Lula, de sus familiares y de algunos allegados.

Entre las propiedades figuran un apartamento de playa y una casa de campo que están a nombre de empresarios pero cuya propiedad se atribuye a Lula en un proceso por ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero.

Hay indicios “significativos”

El expresidente, contra quien fue dictada una orden de “traslado coercitivo” para que compareciera a la comisaría sin que se le privase de la libertad en ningún momento, abandonó el aeropuerto por una puerta trasera y a la que no tenían acceso ni el público ni la prensa.

En una rueda de prensa, el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, responsable de la investigación del caso de Petrobras, ha dicho que el conjunto de indicios contra el exmandatario es “bastante significativo”. Según el fiscal, el Instituto Lula, presidido por el líder político, recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras.

El fiscal añade también que el exjefe de Estado recibió de esas mismos cinco empresas cerca de 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) como pago por conferencias que dictó tanto en Brasil como en el exterior.

De acuerdo con las cuentas de la Fiscalía, del total de recursos recibidos por el Instituto Lula en los últimos años, un 60 % provino de las cinco empresas más implicadas en las corruptelas de Petrobras, que también fueron responsables por el 47 % de los recursos que el exgobernante recibió por dar conferencias desde que fue sucedido por Dilma Rousseff en 2011.

Rousseff convoca una reunión de emergencia

La presidenta brasileña ha convocado este viernes a sus ministros del área política para analizar la situación de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva. Fuentes oficiales han informado de que en la reunión participan los ministros de la Presidencia, Jaques Wagner; de la Secretaría General, Ricardo Berzoini; de Información, Edinho Silva; y de Justicia, Wellington Lima; así como el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo.

Salvo el ministro de Justicia, que asumió su cargo este jueves, el resto de los participantes pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980, que es la formación más salpicada por los escándalos que se investigan.

El Gobierno aún no ha reaccionado en forma oficial frente a la operación, pero el presidente del PT, Rui Falcao, convocó a la militancia del partido a “movilizarse” ante lo que calificó de “momento grave, en que se monta una operación política, un espectáculo mediático en torno a Lula y su familia”.

Enfrentamientos entre simpatizantes y detractores

Partidarios y opositores de Lula da Silva han protagonizado momentos de tensión en Sao Paulo después de que la policía trasladara a la comisaría al exmandatario. Pese a la intervención de la policía, varias personas resultaron heridas en los enfrentamientos.

Ambos grupos se han congregado frente a la casa del expresidente donde han intercambiado insultos y acusaciones. Los cánticos de “Lula guerrero, el pueblo brasileño” de sus seguidores se mezclaron con los gritos contra el Partido de los Trabajadores, formación a la que pertenecen Lula y su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff.

Simpatizantes y detractores de exmandatario han anunciado que se movilizarán durante todo el día. Además, el próximo 13 de marzo está prevista una gran manifestación a favor del inicio de un juicio político contra Rousseff.