La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha decidido emprender, de oficio, una actuación “en garantía de los derechos” del alumnado con necesidades especiales debido a sus patologías crónicas o de cuidados paliativos. Como ya informó elDiario.es Andalucía, hace justamente un año se aprobó un protocolo de colaboración entre las consejerías de Salud y Educación que establecía condiciones seguras para la escolarización de estos menores. El curso acabó sin que se implantara y las familias, a unas horas de la apertura de las aulas, siguen pendientes de qué pasará con sus hijos o hijas al no tener novedad alguna de si los centros educativos donde se encuentran escolarizados dispondrán de un profesional de la enfermería.

Por eso la Defensoría ha interesado al departamento de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la emisión de informes y de documentación que estime oportuna “para el esclarecimiento del asunto en cuestión”, preguntando directamente por “el diseño de apoyos que dispone estos alumnos respecto a las atenciones sanitarias que están dispuestas en los centros educativos y su coordinación con las respuestas educativas que tiene dictaminadas los menores”.

La falta de condiciones seguras para que un total de 64 niños y niñas vayan al colegio sin poner en peligro sus vidas es, a día de hoy, “una promesa incumplida”, denunciaron recientemente padres y madres. Sabiendo que las actuaciones enmarcadas en las políticas de educación para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales ocupan un lugar de singular atención para la Defensoría, la iniciativa recuerda que existe “un claro y reciente precedente a través de quejas de oficio”.

La Defensoría, a ese respecto, apunta que fue informada por parte de la Junta de los trabajos de elaboración y redacción final de aquel protocolo y que “fue repetidamente solicitado desde esta institución sin poder acceder a su contenido”, denuncia Maeztu, que detalla que “solo por otras vías, pudimos acceder a su contenido textual ya en el primer trimestre de 2024”.

Fuentes de las consejerías de Salud y Desarrollo Educativo han sido consultadas respecto a la actuación de oficio de la Defensoría y a la última hora de esta situación. Fuentes del departamento dirigido por Carmen Castillo tan solo apuntan que “se aprobó un protocolo para dotar del recurso sanitario necesario que estimen los técnicos de Salud a este tipo de alumnado”.

Dylan, Máximo y otros 62 menores expectantes

Tras las reivindicaciones, como suele suceder, hay nombres. Dylan, por ejemplo, es un niño de seis años con una mutación en el gen R1 que no ha podido asistir al colegio y ha tenido que aprender a leer mediante un juego en la tablet. “Dylan es un niño muy inquieto y con muchas ganas de aprender”, relató su madre, Nazaret Córdoba. Natural de La Línea de la Concepción, escucha cómo su hijo pregunta todos los días cuándo podrá ir al colegio. Y le resulta difícil explicarle que eso no depende de ella, sino de la administración.

Dylan, a diferencia de otros niños, tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una visita al Parlamento organizada el pasado 27 de julio de 2023. Esa visita culminó, cierto, en la aprobación del mencionado protocolo. Pero Dylan y otros niños no han visto cómo se hace efectivo dicho acuerdo. Dylan continúa aprendiendo por su cuenta en casa.

“Pero entonces, ¿qué pasa con nuestros niños?”. Esta pregunta resuena entre los padres y madres que se han organizado para reclamar esta atención. Están “desolados” y “desesperados” porque ven cómo, mes a mes, sus hijos “se quedan atrás”. La frustración crece mientras el sistema educativo parece avanzar sin ellos. “¿Estamos realmente garantizando el derecho a la educación para todos, o estamos dejando a algunos niños fuera?”, se cuestionó Anabel Ballesteros, madre de Máximo, un niño con atrofia muscular espinal tipo 1.

Un total de 88 niños y niñas huérfanos por violencia de género en Andalucía desde el año 2003. “El drama de ser el hijo o la hija del asesino de su madre”, ha recordado en rueda de prensa el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, quien reclama un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, para los niños y niñas huérfanos por la violencia de género y sus familias, así como un sistema de ayudas económicas públicas para las víctimas menores de edad cuando pierden a sus progenitoras por violencia machista y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan.

Mientras el Observatorio Andaluz de Violencia de Género prevé potenciar su actividad ante el repunte de casos en los últimos meses, la Defensoría considera que que estos menores de edad “necesitan una atención propia, especializada y adaptada a sus características y necesidades específicas”. “El acompañamiento psicológico debe ser prolongado en el tiempo”, ha recalcado, porque solamente se ofrece durante dos días tras el funeral de la mujer asesinada, denuncia Maeztu.

“La sociedad y los poderes públicos no pudieron proteger a sus madres, pero sí deben ayudar a estos niños y niñas a superar el trauma, reparar el daño y garantizarles un futuro digno”, ha enfatizado Jesús Maeztu tras entregar al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2022, que incluye como capítulo relevante un estudio singular sobre la infancia huérfana por la violencia de género. “Ser testigo del asesinato de tu madre pro parte de tu padre y que se les siga llamando a juicio” es otra cuestión a tener en cuenta para aumentar “el cuidado” a esos menores.

Desde 2003 -año en el que se incluyó a los menores en las estadísticas- y hasta la elaboración de dicho informe, el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género se elevó a 388, 75 de ellos en Andalucía, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, y las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Otros 12 menores (6 de ellos en agosto) se han quedado huérfanos desde febrero en Andalucía, por lo que se trataría de 87 niños y niñas huérfanos por violencia de género en la comunidad autónoma en estas dos décadas.

Sin ayudas públicas en Andalucía

El informe 'Infancia huérfana de la violencia de género: La víctima más invisible del drama' identifica varios “retos a mejorar” por las administraciones públicas para garantizar recursos y protección a estas víctimas como serían, entre otros, una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer. También se piden medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales -por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor-, medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial.

En cuanto a la importancia de las ayudas económicas, el Defensor ha destacado la nueva regulación de la pensión de orfandad, con una incidencia baja de este tipo de beneficiarios hasta ahora, y ha señalado diversas ayudas autonómicas para huérfanos por violencia de género menores de edad en otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares. “En Andalucía no hay ayudas públicas económicas para huérfanos por violencia de género”, ha comentado, y “hace falta avanzar”, ha insistido.

Maeztu también ha demandado una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información. En resumen, el Defensor cree que el foco se pone solo en la mujer pero los niños pueden ser utilizados para seguir dañando a las madres. Los recursos no dan protección propia, atención especializada, pero nadie se acuerda de ellos, recordando que en 2012 el Defensor de la Infancia ya alertó de estas circunstancias.

Casi 2.000 expedientes nuevos

En cuanto al estado de la infancia andaluza, el Defensor ha señalado que fueron 4.965 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.389 se refieren a quejas y 2.576 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.806 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.787 fueron instados por la ciudadanía y 19 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 583 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

Acerca de otras materias del Informe, el Defensor ha destacado el derecho a la salud, caso de la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, “una asignatura pendiente que no permite más demora”.

En coincidencia con el inicio del curso escolar, Maeztu se ha centrado en la persistencia de carencias en la bioclimatización de muchos centros educativos de Andalucía; la reiteración de quejas sobre la asignación de recursos y medios profesionales para el alumnado de necesidades especiales; y su preocupación por las conductas violentas en las aulas.

Por último el Defensor de la Infancia ha resaltado otros problemas como el acceso a la vivienda; los cortes de luz; la protección del medio ambiente; los estereotipos sobre los menores migrantes; y el incremento de las notificaciones sobre malos tratos a menores de edad. Maeztu ha avanzado que las situaciones de riesgo en la infancia serán objeto de la próxima jornada de coordinación de las Defensorías del estado y autonómicas, organizadas en noviembre por la Sindic de Greuges, y cuyos talleres preparatorios se celebran a partir de la semana que viene en Sevilla.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy medidas urgentes ante la “realidad insostenible” que representan los suicidios en la población infantil y juvenil. “¿De verdad la adolescencia ha incorporado que, cuando te sientes mal, tienes la opción de morirte? Hay que ayudarles ya”, se ha preguntado Jesús Maeztu en el debate sobre el Informe de la Infancia 2021 desarrollado en la comisión específica creada para estas políticas en el Parlamento andaluz.

En 2021, según los últimos datos publicados por el INE en el momento de elaboración del informe, se registraron 22 suicidios entre los 10 y los 14 años en España, y entre los 15 y los 19 años fueron 53. Entre 2020 y 2022 se han registrado casi 2.000 intentos de suicidio de niños, adolescentes y jóvenes, según un reciente estudio de la Fundación ANAR.

“Psicólogos de la sanidad pública están alertando de que cada vez se ven más niños y niñas con tendencias suicidas en la consulta. Muchas familias tiene que acudir a las consultas privadas -las que pueden, claro- por la carencia de profesionales en la sanidad pública”, ha especificado el Defensor para preguntarse, “¿de verdad esto está ocurriendo? Es difícil de creer”. “Estamos llegando tarde, y hablar del suicidio puede salvar dudas”, ha señalado Maeztu, informa la institución en un comunicado.

El Defensor ha demandado un Plan específico en Andalucía para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas, herramienta de la que disponen otras comunidades autónomas. La Defensoría inició una actuación de oficio a este respecto, en la que ha conocido la disposición de la Consejería de Salud y Consumo de emprender este trabajo, ha señalado Maeztu, quien ha confiado en una pronta respuesta a este problema y otros planteados a este respecto.

Sistemas de información y prevención

Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado “el acompañamiento a las familias, a las asociaciones, a las personas que han conocido de cerca este drama, formar al profesorado para que detecte estos impulsos, e impulsar una mejora de los mecanismos y sistemas de información y prevención”, al tratarse en su opinión de una emergencia social.

“A las edades en que la principal fantasía debe ser comer un helado, hay niños, e incluso más niñas que niños, que están fantaseando con quitarse la vida porque la adversidad les supera”, ha continuado el Defensor, que ha señalado el acoso escolar, la exclusión de los grupos de iguales, y la violencia, como factores que inciden en el suicidio infantil y juvenil.

Si bien el suicidio a veces es la respuesta que están encontrando estos menores ante sus frustraciones e inseguridades, “lo cual debe alarmarnos a todos y todas como sociedad”, el Defensor ha aclaro que no siempre está asociado a casos de salud mental, para los que también ha reclamado medidas específicas.

En este sentido Jesús Maeztu ha pedido luchar contra el estigma de la salud mental con medidas de sensibilización y educación; un sistema de información que permita conocer la realidad y magnitud del problema, debido a la escasez de datos; un incremento de las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo; y un aumento de los recursos de atención para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria.

Esta adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales. Por ello, el Defensor ha reclamado un incremento de las plantillas de Psicólogía y Psiquiatría del sistema sanitario público de Andalucía que evite la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada.

Acompañamiento terapéutico

También ha considerado necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros, así como favorecer la creación de programas de respiro familiar en períodos cortos de descanso de sus progenitores.

Jesús Maeztu ha demandado en último lugar el apoyo institucional a las asociaciones de familiares de menores con patología mentales, y que se propongan medidas para mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de los organismos que deben atender a la salud infantil y juvenil.

Este Informe analiza y propone medidas sobre la situación de este colectivo en la comunidad autónoma, que representa el 20 por ciento de la población andaluza. Fueron 5.871 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1,846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

“Se levantaba inmediatamente y venía a sentarse a mi lado. Ponía su mano dentro de mi pantalón y empezaba a manosearme. Con 12 años no era plenamente consciente de lo que estaba pasando, pero sabía que era algo anormal y que no me gustaba. Existe algo más hiriente todavía que el abuso: el encubrimiento y la revictimización. La Iglesia debería encargarse de atenuar el dolor que producen estos delitos y más siendo la cara visible del buenismo y el cristianismo. Alguien que presume de llevar la bandera de la bondad jamás puede cometer estos crímenes y cuando los cometa se le debe castigar con mayor dureza”. Este es el testimonio de Juan Cuatrecasas, víctima de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico por un numerario del Opus Dei. El suyo es conocido bajo el nombre de 'caso Gaztelueta', pero ahora Juan ha querido dar un paso al frente y mostrar su rostro -e historia- en la exposición 'Shame. Historias Europeas', compuesta por retratos de un centenar de víctimas de abusos a menores recogido por toda Europa. elDiario.es es medio de comunicación colaborador.

La muestra, que se expondrá este jueves día 16 de febrero a partir de las 13.00 horas en el Museo de Arte Sacro del Obispado de Bilbao, incluye fotografías y testimonios de víctimas de abusos sexuales en la infancia y adolescencia en distintos ámbitos, desde los colegios religiosos hasta el deporte. En total hay cuatro testimonios y retratos de españoles, dos de ellos, vascos. Como Pepe, que actualmente tiene 49 años y cuya denuncia desenmascaró a un entrenador de fútbol de Basauri que abusaba de menores a los que entrenaba. “El año en que empezaron los abusos fue como un hachazo en mi vida. Hasta entonces era un niño valiente y feliz. Empecé a tener miedos. Empecé a tener terrores nocturnos. Empecé a tener manías. Una situación que no me dejaba vivir, que me angustiaba, que me ahogaba. No podía hablar de ello y también abusó de mis hermanos, entonces la carga se hacía cada día más pesada porque me sentía culpable y cómplice. Me sentía responsable de los actos del pederasta. Con los años y la terapia entendí que bastante hice con sobrevivir”, expone Pepe.

El objetivo de la exposición, que forma parte de la iniciativa europea 'Justice Initiative', es dar visibilidad a la problemática de las víctimas del maltrato infantil y abusos sexuales en la infancia, realizar una labor de prevención y que las víctimas sean reconocidas como tal. A pesar de que muchas de ellas ya habían contado su historia públicamente, hay otras que lo harán por primera vez con esta muestra.

“En el caso de las dos víctimas de Euskadi, ya habían salido en medios de comunicación para contar su historia, pero hay otras víctimas cuyo paso de hacer pública la historia ha sido muy doloroso. Prácticamente todas las víctimas han terminado llorando tras las sesiones de fotos por haber revivido lo que ocurrió, pero tienen mérito por mostrar su rostro para una campaña que yo creo que es fundamental para todas las víctimas, porque de lo que no se habla, no existe y tenemos que mentalizarnos de que el proceso es duro y las víctimas no lo cuentan cuando quieren, sino cuando pueden, pero cuando lo cuentan no solo vale por ellas, sino que vale por todas. Han dicho aquí estoy yo, y han dado un paso al frente para dar la cara por aquellos que no pueden”, explica a este periódico Juan Cuatrecasas padre, que impulsó la asociación Infancia Robada y que ahora es diputado por el PSOE.

Más allá de la exposición, cuyas fotos han sido realizadas por el fotógrafo italiano Simone Padovani, se ha presentado una moción en el Consejo Europeo para que se reconozca a estas víctimas y se ha realizado una recogida de firmas para que los líderes europeos hagan una Europa segura para los niños y las niñas. Además, mientras la muestra se encuentre en Bilbao -después viajará a Barcelona y a Madrid- se realizarán encuentros con expertos, periodistas y abogados que tratarán el tema del maltrato y el abuso sexual a menores desde distintos ámbitos.

“La Administración de la Junta de Andalucía elaborará acciones y estrategias a fin de reducir la pobreza infantil”, dice la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada hace poco más de un año en el Parlamento de Andalucía y en vigor desde el 30 de agosto de 2021. Muy rápido deben ir tomándose esas medidas si no se quiere seguir con el progresivo aumento de las tasas de pobreza y exclusión que golpean en la Comunidad Autónoma a los que menos culpa tienen, los menores de edad. La lucha contra la pobreza en la infancia y adolescencia, no está de más recordarlo, tiene “prioridad presupuestaria” en las cuentas anuales de la Comunidad Autónoma, de acuerdo al artículo 15 de dicha ley. Este lunes, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han llamado la atención con algunas cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE: el 43,7% personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, seis puntos más respecto al año anterior, superando en más de 10 puntos la media nacional del 33%.

Cifras hay muchas, todos los años, con porcentajes que suben o bajan algunos puntos en la multitud de datos estadísticos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, los últimos publicados a finales de junio. Lo cierto es que, según han hecho ver ambas instituciones este lunes, los datos siempre empeoran en el mismo lado, en el tramo de edad hasta los 17 años. De ello se derivan no muy buenas perspectivas, puesto que las familias con hijos tienen más riesgo de empobrecer que el resto ya que sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda. La situación se agrava especialmente en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.

Carencias

Algunos elementos críticos denotan un muy alto nivel de privación entre los menores de edad en Andalucía y entre ellos se encuentran no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3% . De modo similar, el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020. La Ley de Infancia y Adolescencia es clara en ese sentido: “Se promoverán acciones y crearán instrumentos para la identificación y atención de aquellas situaciones que afecten a la cobertura de necesidades vitales básicas de alimentación, vivienda, pobreza energética, o cualquier otra de índole material que puedan incidir negativamente en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes”.

En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, una tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%). Por su parte, el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal es del 18,1%, mejorando en apenas 0,6 puntos respecto al año anterior.

“Mayor y más eficiente inversión en infancia”

Las cifras denunciadas por el Defensor y por Unicef siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social, avanzando los efectos de la pandemia en las familias, teniendo en cuenta que los datos corresponden a 2020. Ahora, con ese aumento hasta el 43,7%, se acerca a los peores datos registrados (el 46,9% de 2016 y el 48% de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica). Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total, alertan las instituciones.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF reclaman “una mayor y más eficiente inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias”. “Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos”, explican. Según la ley, “las administraciones públicas andaluzas consignarán en sus presupuestos los créditos necesarios y suficientes para la financiación de estas actuaciones” relativas acabar con la pobreza infantil.

Ante ello, proponen “alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia”. “Es necesario, además, implementar un modelo de protección social destinado a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, con especial atención a los grupos vulnerables, a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres. También fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos, a través de herramientas como las rentas autonómicas, como la propuesta de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión.

Esas medidas “deben ser de amplia cobertura y complementarias de las prestaciones estatales, reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para su acceso, a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables. Es importante facilitar el acceso a una vivienda digna, en especial en los hogares con niños y niñas, y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. Así como promover un acceso equitativo a servicios de conciliación familiar y laboral, incluyendo ayudas retributivas para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar”.

Ayudas públicas

Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad informan a este periódico de “proyectos e iniciativas que suponen un apoyo a las familias, principalmente a las más vulnerables que, por tanto, inciden en la infancia andaluza”, entre ellas la Renta Mínima andaluza y a la que añaden las escuelas de verano (con casi 6.750 niños en 114 escuelas y una inversión de 4,6 millones de euros), la tarjeta monedero de la Cruz Roja (de cuantías variables según el número de miembros de la familia, que se recarga mensualmente y es que es compatible con otras ayudas), la ayuda extraordinaria a Cáritas (dirigida a la población en exclusión social), los comedores sociales (3,75 millones en 2022 a entidades privadas), las ayudas económicas familiares o las ayudas a menores en acogimiento familiar.

A esas medidas, indican fuentes de la Consejería, se suman “otras puestas en marcha como son los ERACIS (intervención en zonas desfavorecidas) y las que desarrollan otras consejerías, como la de educación, que suponen una apuesta por la formación para generar nuevas oportunidades de futuro y una llave para tratar de erradicar la pobreza”.

Parafraseando al personaje que ya todos conocemos -máximo exponente de una forma de ver la vida dónde prima la consecución y el mantenimiento de la riqueza más irrespetuosa y excesiva en manos de unos pocos- la desigualdad es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las sociedades occidentales. Con cierto beneplácito, nos amodorramos al estado del Bienestar, con el pensamiento crítico tan anestesiado que nos hemos envainado su progresivo desmonte. Visión de la vida la del personaje de aquella famosa frase que, para convertirse en realidad, necesita a cambio el sacrificio en los altares de la desregulación y la precariedad de una parte importante de la población, junto a los designios marcados por las teorías económicas de pensadores cuya religión es la del crecimiento económico sin cortapisas, por encima de la filosofía que defiende el situar los derechos de las personas en primer lugar.

La desigualdad no es más que una consecuencia. La de un sistema que, definitivamente, con sus ajustes lógicos fruto del paso del tiempo y su capacidad de evolucionar y adaptarse a lo que manden unos pocos, se ha organizado así y que todos, sin excepción, nos hemos visto obligados a aceptar. O eso, o la exclusión absoluta del sistema, de esta forma de vida que nos obliga a ser parte activa de dichos patrones de comportamiento social, consumo e interacción.

Por tanto, parece unánimemente aceptado que el colapso vital en el que se encuentran algunas personas, sin empleo desde hace mucho tiempo, o con empleos que no sólo precarizan su vida, sino que atentan contra su dignidad más básica, sin acceso a viviendas dignas o a una educación de calidad, es un peaje que la sociedad tiene que pagar en aras de sostener este sistema que, si bien tiene algún área de mejora, nos intentan convencer de que es el mejor que hay y que nunca pudo haber.

Y lo es sobre todo para aquellos que, desde púlpitos económicos y políticos, preconizan la cultura del esfuerzo, la emprendiduría, el individualismo como fórmula de éxito y, de manera directa o indirecta, subrepticiamente, propagan la culpabilización del individuo que se mantiene inexorablemente al otro lado de la raya roja de la exclusión social. Es una gran excusa utilizada por personas que a veces hasta nos sorprenderían por su posición, política, ideológica y social.

Hasta ellas son capaces de justificar que un amplio grupo de personas en esta sociedad esté fuera del sistema y cada vez más lejos de poder acceder de nuevo a la deseada rueda del llegar desahogadamente a fin de mes, basando sus críticas en el acomodamiento de dichas personas a un modo de vida determinado, a su falta de esfuerzo, vidas disipadas y otras lindezas, sin cuestionarse en profundidad qué razones pueden haberlos llevado hasta ahí, sin ni siquiera ocuparse de hablar con ellas y escuchar lo que tienen que decir.

Y esto, además, unido al señalamiento público a la hora de diseñar políticas que apoyen de manera real a estas personas, a estas familias. Lo que llega normalmente son las migajas de una visión que, de nuevo, deja atrás a los más vulnerables. Precisamente, se deja atrás a aquellos que más debemos ayudar: a las familias con hijos e hijas que no han elegido esa situación y que cada mes deben privarse de infinidad de cosas. Se deja atrás a los que tienen que elegir si pagar la luz a fin de mes o comprar yogures para sus niños; a los que ni en sus mejores sueños podrían pasar unos días en la playa en verano o celebrar el cumpleaños con las amistades de su hijo o hija en cualquier cadena de hamburgueserías de dudoso valor nutricional, pero con el suficiente colorido y fuerza marquetiniana para hacer de esa comida un disfrute, al que todos tendrían que tener derecho a decidir si acceder o no.

La libertad de elegir. La tan manida y deseada libertad de elección, punto de partida de un pensamiento que intenta construir un sistema basado en la igualdad de oportunidades, la equidad, la justicia social y que prioriza los derechos fundamentales de las personas en todas las políticas. Pero, en realidad, se trata de una expresión casi utópica desde el momento en que es absolutamente imposible que una familia que no cuenta con los recursos adecuados, que es señalada por la situación de pobreza en la que vive y que ha sido abandonada por el Estado en cuanto a ayudas de cualquier tipo se refiere, por mucho que se esfuerce, no tendrá siquiera libertad de decidir y elegir qué quiere hacer, qué quiere consumir, dónde quiere vivir, o dónde quiere pasar sus vacaciones. Todo ello de entre un muestrario de posibilidades adaptadas a su franja de renta, claro está. Que así está organizado el sistema.

Los cuestionamientos de las prestaciones sociales no contributivas y las rentas mínimas son respetables, pero no pueden ser aceptados cuándo no se está ofreciendo a las familias que están en el furgón de cola oportunidades de elegir, ni siquiera en un elenco reducido de opciones, que les permita por sí mismas poder salir de la situación en la que se encuentran. Lo verdaderamente cuestionable es la eficacia de esos instrumentos, que deben ser analizados y cambiados para que tengan un efecto real en la reducción de la pobreza.

Una de las frases que con más ahínco nos solían repetir hace años las madres de los niños y niñas a los que Save the Children atiende en los Programas de Lucha contra Pobreza Infantil era “necesito un empleo, para poder salir de esta situación”. Ahora, aunque esa frase se sigue repitiendo, también nos suelen decir “con lo que gano, no llego, no me da”. Si esas son las opciones que dejamos a las familias con niños y niñas, en especial a aquellas encabezadas por madres solas -las más expuestas a la pobreza severa-, si además las culpabilizamos por su supuesta inacción o acomodamiento y si, además, cuestionamos que deban recibir una renta mínima de inserción, cuando no se la concedemos y convertimos la prestación en una trampa burocrática que tarda una eternidad en ser concedida, deberíamos preguntarnos si no estamos siendo cómplices en el sacrificio que señalaba al inicio de este artículo.

No dejar a nadie atrás. Esa es una de las ideas fuerza más contundentes que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lleva consigo y disemina por todo el planeta.

Una Agenda 2030 que, no nos equivoquemos, no está dirigida sólo a los países en vías de desarrollo, países del Sur o a aquellos más empobrecidos, sino que afecta de manera también muy decidida a los países industrializados, dónde además la brecha de desigualdad se amplía cada vez más y el reto de no dejar a nadie atrás cada vez es mayor. Una Agenda 2030 de la  que el actual gobierno andaluz, a través de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha hecho bandera públicamente en varias ocasiones y que exige medidas urgentes de profundo calado, un compromiso claro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global, desde fortalecer las Políticas andaluzas de Cooperación al Desarrollo hasta promover unas prestaciones sociales no contributivas para infancia y sus familias que permitan reducir las insoportables tasas de pobreza que vive Andalucía.

Y por ello, no podemos debatirnos en reflexiones deterministas que descansen únicamente en las limitaciones presupuestarias. Provoca hastío e infunde rabia escuchar a dirigentes de lo social con sus enfoques paternalistas, caritativos e infantilizadores de la pobreza y la desigualdad. Eso, unido a las excusas basadas en los presupuestos, causa desazón por la falta de empuje y liderazgo político que a veces observamos en aquellas personas responsables desde un gobierno de tomar decisiones valientes para acabar con las elevadas tasas de pobreza que, en el caso de la infancia, son las más altas de los tres grupos de edad que se suelen medir -0-17, 18-64, y mayores de 65-.

Quizás, lo más frustrante de todo esto es que, a pesar del sistema en el que nos encontramos -que no ayuda mucho a revertir de manera duradera la situación actual- hay soluciones dentro del mismo que podrían empezar a propiciar ciertos cambios que hagan realidad la idea de no dejar a nadie atrás.

De momento, podríamos cambiar el “es la desigualdad, amigo”, por “es la dignidad, amigo”.

De todos estos temas hablaremos en la próxima jornada `Invertir en infancia para eliminar desigualdades´ que organizamos, junto al Defensor del Pueblo en Andalucía, el próximo 10 de junio en Sevilla. En esta jornada insistiremos en la necesidad de romper la cadena de la pobreza infantil. #Rompelacadena

Inscripciones aquí.

Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha creado la figura del Defensor del Menor en el Fútbol, institución pionera en Europa en este deporte y con la que se desarrollan medidas para combatir y proteger posibles casos de violencia tanto físicas como verbales a menores de edad.

El presidente de la RFAF, Eduardo Herrera, en declaraciones a Efe, comentó que esta nueva institución se creará “de inmediato, en esta misma temporada” y que se nombrará a la persona que ocupe el cargo en la próxima junta directiva de la territorial andaluza. Por el Defensor del Menor pasarán los expedientes que se abran en relación a la violencia sobre niños para que a su vez traslade los informes a los comités de disciplina e incluso al Defensor de Menor de la Junta de Andalucía y a la Fiscalía de Menores.

Herrera destacó que estará también preocupado por los distintos episodios que se producen con “la violencia de los padres por entender muy mal cómo se apoyan a los hijos” y afirmó que en algunos casos “cambian a los hijos por billetes”. En este sentido, recordó que la RFAF creó hace unos años la llamada 'Escuela de Padres', en la que se dan charlas formativas sobre la actuación de los progenitores con los hijos.

Destacó otra idea impulsada por la Territorial, vigente desde hace dos años, la 'tarjeta verde' que se le saca al jugador, técnico, empleado, aficionados o clubes se han significado durante un partido en un hecho relevante de juego limpio. Además, a estas iniciativas “se le ha dado una vuelta de tuerca más”, según el presidente, con otras que sirvan de medida disuasoria para evitar la violencia con el menor pero también sancionadora en una segunda acción si se produjera.

En el caso de los árbitros, todos lo menores de edad llevarán en sus camisetas durante los partidos un distintivo en el pecho con el lema 'Árbitro Protegido RFAF: -18', con lo que se hace ver al posible agresor que es un menor y que en el caso de agresión física o verbal ello le servirá a los comités de disciplina para aplicar el agravante sin que el agresor pudiese alegar que no lo sabía.

En el caso de los jugadores, la acción es aplicar una recompensa para aquellos menores a los que el árbitro le muestre la 'tarjeta verde', quienes al siguiente partido lucirán un brazalete con el lema 'Jugador Fair Play', que premia su labor y que portará como ejemplo para el resto de compañeros y rivales. Cuando jugadores de un club reciba tres tarjetas verdes durante una temporada obtendrá la acreditación de 'Club Deportivo' y cuando alcance las cinco será distinguido con el título de 'Club Fair Play' en la Asamblea de la Federación Andaluza de Fútbol.

La tercera medida está dedicada a los padres y a todos los aficionados que entren en una instalación deportiva donde haya menores en la práctica del fútbol. La RFAF distribuirá entre los centros deportivos un título de 'Instalación protegida a los menores de edad' para que sea expuesto a la entrada y en el interior de forma visible. De esta forma, todas las personas que accedan estarán avisadas de que cualquier abuso o agresión que se realice a un menor dentro de esa instalación conllevará consecuencias especiales de gravedad previa denuncia ante los juzgados.

Eduardo Herrera recordó que ya en las competiciones tuteladas por la territorial andaluza se puede sancionar con la pérdida de puntos por reincidencia en comportamientos violentos, al igual que también ya existe la suma de puntos en la clasificación por la consecución del 'Premio al Juego Limpio'. El presidente de la RFAF apuntó a Efe que los clubes que se signifique cada campaña por el juego limpio tendrán “un premio económico, como puede ser pagarle los gastos federativos o facilitar material deportivo”.

“Que se vea que el juego limpio es rentable, no solo en lo deportivo también en lo económico”, subrayó Herrera, quien también tiene en estudio la creación “de lo que se podría denominar 'Club Andalucía Limpia y Tolerante', en el que ojalá entraran los ocho mil clubes andaluces federados”.

La imagen del torero Francisco Rivera toreando a una vaquilla con su hija de cinco meses en brazos sigue trayendo cola. Varios toreros se han solidarizado con él publicando en Twitter imágenes similares con sus hijos o sobrinos y han mostrado su apoyo al diestro, que este pasado domingo se convirtió en trending topic en la red social al publicar la foto acompañada del hastag #orgullodesangre y el motivo de la publicación: “Es la 5 generación que torea en nuestra familia”, escribía.

Francisco Rivera ha justificado la publicación aduciendo que se trata de una tradición y asegura que su bebé no corrió ningún peligro. “Pensar que he puesto a mi hija en peligro es una barbaridad. Más segura que en mis brazos no va a estar”, comentó en su cuenta de Twitter una vez desatado el debate. Otros toreros han defendido su actuación pidiendo “respeto” y afirmando que se trata de una profesión “llena de valores”.

En el lado contrario, el partido animalista PACMA, que ha calificado la imagen de “vergüenza” y ha criticado que refleja “todo lo contrario a la educación en el respeto a los animales”. A la habitual controversia entre taurinos y antitaurinos, esta vez se ha sumado un componente más, el del trato al menor.

De hecho, ha provocado que tanto el Denfensor del Menor en Andalucía como el Defensor del Pueblo en la comunidad manifiesten su disconformidad y comiencen a estudiar el caso por si fuera oportuno llevar a cabo algún tipo de actuación. “Mostramos nuestro absoluto rechazo”, escribía el Defensor del Pueblo en su cuenta de Twitter unas horas después de la publicación de la foto.

La polémica ha inundado las redes sociales y la imagen se ha llevado cientos de comentarios y críticas de los usuarios, que compararon la escena con el gesto de la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, al llevar a su bebé al Congreso en la primera sesión de la legislatura.

Dávila Miura, El Cordobés y una larga lista de toreros, más o menos conocidos, han salido en tromba en las redes sociales para defender la foto difundida por su compañero Francisco Rivera en la que aparecía con una vaquilla y su hija de cinco meses en brazos. Y lo han hecho emulando al torero, colgando fotos de ellos mismos toreando con hijos, presumiendo de fotografías y, principalmente, defendiendo la actuación de Rivera.

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía mostró este lunes a través de Twitter su “absoluto rechazo” a la imagen y anunciaba que estabas recogiendo información “para valorar posible actuación”. El propio Rivera defendió su publicación en su cuenta de Instagram y aseguró, en varios tuits, que su hija no corrió peligro y que le hizo ilusión. Esta es una muestra de las imágenes colgadas por los toreros

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“Soy torero por la gracia de Dios, vivo para esto y le dedico 365 días al año”, señala

El Defensor del Pueblo Andaluz muestra en su cuenta de Twitter su "absoluto rechazo" a la imagen y anuncia que está recogiendo "información para valorar posible actuación"

El Defensor del Pueblo Andaluz, y también Defensor del Menor en la comunidad autónoma, ha mostrado su “absoluto rechazo” a la imagen del torero Francisco Rivera toreando con su hija de cinco meses en brazo y ha anunciado que está recogiendo “información para valorar posible actuación”. Desde su cuenta oficial de Twitter se pregunta previamente si es cierta la imagen, que lo es puesto que procede de la cuenta de Instagram del propio toreo, que explica incluso el motivo de la misma, como ya ha informado este periódico.

El 23,9% de los chicos y chicas menores de 16 años de Andalucía vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, lo que supone que casi una cuarta parte se encuentra en riesgo de pobreza. El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado en el Parlamento el informe anual de la institución, en el que destaca también que casi la mitad de las quejas presentadas han hecho referencia a materias educativas, principalmente a los procesos de escolarización.

Maeztu ha explicado en rueda de prensa que, en 2012, el umbral de pobreza en España se situó en 7.182,1 euros anuales por unidad de consumo y en Andalucía de 5.902 euros anuales por unidad de consumo. Es decir, para un hogar monoparental con dos menores, el umbral de pobreza en Andalucía es de 9.443,8 euros anuales, mientras que para una pareja y un menor es de 10.972,8 euros anuales, y para una pareja con tres menores es de 14.166 euros anuales.

Baja respecto a 2011

El porcentaje de 23,9% que recoge este último informe del Defensor del Menor es ligeramente inferior al registrado en 2011 (26,7%). La tasa de pobreza relativa de los menores de 16 años en 2012 es casi 5 puntos porcentuales más elevada que la de la población de todas las edades. Maeztu ha aludido a un “problema de fondo” relacionado con la “pobreza integral” entre los menores andaluces, y que redundan en otros ámbitos como la educación, la justicia, o la vivienda.

Ante ello, ha anunciado que está “negociando” con la Consejería de Presidencia y las organziaciones sociales del Tercer Sector establecer “una hoja de ruta común” para luchar contra la pobreza y hacer “un esfuerzo colectivo muy bien coordinado” entre administraciones y entidades privadas ante “la red de recursos desperdigados”. Maeztu, que no ha podido concretar cómo se articularán estos procedimientos, ha incidido en que el objetivo es ejecutar “medidas y respuestas concretas”, “que no sean aisladas”, para combatir la pobreza infantil, la pobreza energética, las “carencias graves en la alimentación”, etc. “Todo eso hay que coordinarlo”, ha enfatizado.

El problema de la trata y la “nueva cultura” de la mediación familiar

En el marco del informe en sí, que recoge las quejas tramitadas en materia de salud, educación, familia, sistema de protección, menores inmigrantes, menores con necesidades especiales, responsabilidad penal de menores, menores y medios de comunicación social, deportes, juego, etc., Maeztu ha querido destacar el tema de la trata de menores, “una gravísima amenaza” para los menores inmigrantes que pueden llegar a ser objeto de malos tratos físicos o psicológicos, víctimas de explotación sexual o sujetos a adopciones ilegales.

En este sentido ha lamentado la “especial situación de vulnerabilidad” de estos menores que exige un esfuerzo de todas las administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacional y autonómica. Maeztu ha incidido en el hecho de tener presente que se trata de “un negocio sumamente lucrativo” que mueve anualmente, en todas sus manifestaciones, entre 5 y 7 billones de dólares.

Asimismo, el Defensor ha destacado el nuevo panorama de la mediación familiar en Andalucía como “medio de solución pacífica” de los conflictos familiares y en los que se ven implicados los menores de edad, si bien le preocupa a la institución que este sistema de mediación, conforme a su actual configuración, no llegue a desplegar todas sus potencialidades. Maeztu ha lamentado que no esté interiorizada esta “nueva cultura” y ha anunciado que ya trabaja con la Fiscalía en un protocolo que pueda “potenciar” el sistema para “no judicializar” estos asuntos.

“Aún se está lejos de conseguir que las personas tengan interiorizado el recurso a la mediación antes que la vía directa de la solución judicial”, señala el Defensor, apostando de nuevo por “un esfuerzo informativo” para divulgar en que consiste la mediación, “la facilidad de acceso al servicio y las ventajas que entraña en detrimento de la solución judicial”. La mayor parte de las llamadas recibidas en el Teléfono del Menor se refirió a problemas derivados de litigios por rupturas familiares.