La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y ha acudido al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha para mostrar la situación de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo cuyas instalaciones, asegura el sindicato, “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la realización de autopsias y donde incluso se han producido cinco positivos por tuberculosis”.

Entre las principales deficiencias detectadas, CSIF destaca problemas estructurales y técnicos como la falta de estanqueidad en las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. Asimismo, se señala l“a escasez de equipos de protección individual (EPI) para el personal”.

Cinco de los 21 trabajadores, expuestos

Estas deficiencias afectan de manera directa y con enorme gravedad a la plantilla: cinco de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, lo que evidencia un elevado riesgo biológico y la posible propagación de agentes infecciosos dentro de las instalaciones por sus condiciones totalmente insalubres.

Hasta el momento, estos trabajadores no han desarrollado la enfermedad, pero se encuentran en situación de vigilancia y durante los próximos dos años tendrán que someterse a pruebas de manera periódica para comprobar que no sufren una tuberculosis activa.

Según el sindicto, los trabajadores han tenido constancia de este positivo por la prueba de Mantoux (método diagnóstico utilizado para determinar si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis) realizada a una técnico forense que estuvo trabajando de manera temporal en el Instituto de Medicina Legal y que se sometió a esta prueba en su nuevo puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense.

Sin noticias del traslado a la nueva sede

La Central Sindical censura que aún no se haya procedido al traslado a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, que fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. Mientras tanto, se están dejando de lado normas básicas de seguridad como la gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso.

Incluso, abunda el sindicato, han llegado a producirse plagas de insectos y el Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a fumigar las instalaciones, que no cumplen tampoco con una ventilación adecuada.

CSIF advierte que estas condiciones “no sólo incumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que también están suponiendo un riesgo directo para la salud de los trabajadores”.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales tanto de médicos forenses como de técnicos especialistas y la actualización de protocolos, así como el cierre cautelar del centro para la adecuación inmediata de las instalaciones a los estándares mínimos exigidos.

“Es preciso acelerar el proceso de traslado a las nuevas instalaciones”, advierten desde el sindicato que no descarta emprender nuevas acciones si no se produce una respuesta rápida y efectiva por parte de la Administración.

Un varón de 59 años ha fallecido en la jornada de este jueves mientras trabajaba en un salón de celebraciones en la Avenida de la Canela del municipio sevillano de Estepa. Con este siniestro, ya son cuatro las defunciones que se han producido en apenas 15 días en la provincia.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha trasladado que el suceso tuvo lugar sobre las 11.06 horas, momento en el que el centro de emergencias 061 alertaba del hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones del inmueble que podría haber estado desempeñando labores de limpieza

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, que tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón. Aún la investigación del caso es incipiente. Entre el 28 de enero y la jornada de hoy, se han dado cuatro accidentes laborales mortales en Sevilla, concretamente, en las localidades de Palmas Altas, en Mairena del Aljarafe y Alcolea del Río. Además, es la tercera persona que muere precipitada en altura mientras realizaba unas labores profesionales en lo que va de año.

Un hombre de 70 años ha fallecido al caer del tejado de una nave industrial ubicada en el polígono Canama en el municipio sevillano de Alcolea del Río. Es el tercer accidente laboral mortal que se registra en la provincia de Sevilla en lo que va de año.

El accidente se producía en la tarde de este lunes, en torno a las 18.20 horas, cuando el propietario de la nave, ubicada en el número 3 de la calle G del citado parque empresarial, caía al vacío desde el techo de la misma, según confirman fuentes del servicio de emergencias 112 a Europa Press.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local. La víctima fue trasladada en un helicóptero sanitario hasta el hospital de Traumatología del Virgen del Rocío de Sevilla.

Se trata del segundo accidente mortal de esta naturaleza en cinco días, puesto que el pasado 29 de enero falleció un trabajador de 55 años en Mairena tras caer desde una cubierta mientras realizaba su labor en una empresa de mantenimiento y el suceso se produjo también en un polígono industrial.

Un hombre cuya edad no ha trascendido ha fallecido en la mediodía de este miércoles, 28 de enero, en un accidente laboral producido tras el desprendimiento de una placa, de un material no especificado, que ha caído sobre el mismo en el barrio de Palmas Altas de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El incidente ha tenido lugar sobre las 12.55 horas, momento en el que el centro de emergencias ha recibido aviso del suceso, que ha tenido lugar en el centro tecnológico de la mencionada zona de la ciudad hispalense.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Sevilla, Bomberos de Dos Hermanas y los Servicios Sanitarios 061. Estos últimos solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Por su parte, fuentes del sindicato CCOO Sevilla han enmarcado a esta agencia que pese a “no llevar ni un mes de 2026, ya tenemos que lamentar la muerte de un trabajador”. Al tiempo, han lamentado que “en este primer caso de este año, con un aviso naranja en Sevilla, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, se estaban realizando trabajos de tal peligrosidad que el resultado ha sido la muerte del trabajador”.

Al respecto se ha pronunciado de igual forma el sindicato UGT, que ha señalado que el trabajador presuntamente se habría encontrado “picando un pilar de unos seis metros de altura, sin medios mecánicos, presuntamente debido a que las grúas no podían operar por las condiciones meteorológicas adversas”. Al hilo, ha señalado que “si no es posible utilizar los medios adecuados para realizar un trabajo con seguridad, la actividad debe suspenderse, y no trasladar el riesgo a la persona trabajadora”.

Los sindicado CCOO y UGT han llevado a cabo hoy dos concentraciones para protestar y en solidaridad con la familia del trabajador de la bodega Félix Solís de Valdepeñas (Ciudad Real) que el pasado jueves sufrió un accidente laboral que le costó la vida. CCOO se concentraba a las puertas de la bodega donde ocurrió el suceso mientras que los representantes de UGT lo hacían delante de su sede.  Además, ambas centrales sindicales anuncian distintas acciones y piden que a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, tras trasladar el pésame a la familia y compañeros del trabajador fallecido han señalado, recordado que “hace aproximadamente un año y medio” se encontraban concentrados en el mismo sitio, que esto “evidencia que este accidente, al igual que el anterior, no son fruto del azar, sino que obedecen a un fallo muy grave en prevención y en la adopción de medidas de seguridad, que son exclusivamente responsabilidad de la empresa. Una empresa que presume de ser puntera, pero que antepone los beneficios a la seguridad de sus trabajadores y traajadoras”.

Según ha adelanto el sindicato en un comunicado, CCOO se va a personar ante la Inspección de Trabajo y no descarta hacerlo también ante el juzgado para exigir que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades. En este sentido también se ha pronunciado el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, quien ha indicado que el peso de la ley tiene que caer sobre la empresa Félix Solís, y ha pedido a la Administración que no mire hacia otro lado.

Ambos dirigentes sindicales han hecho alusión a la actitud antisindical de la empresa Félix Solís, por “obstaculizar” que haya representación legal de los trabajadores y trabajadoras, “recurriendo a amenazas, coacciones y otro tipo de argucias para que no se convoquen elecciones sindicales”.

Precisamente, hoy mismo al ser preguntado por estos accidentes, Javier Ortega, secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha señalado que el sindicato estudia acciones judiciales contra todas las empresas incumplidoras de la prevención de riesgos laborales.

UGT considera que es “intolerable”

En el mismo sentido se han manifestado la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, y el responsable de UGT FICA en la provincia, Alfredo Nieto, durante la concentración han celebrado frente a las puertas de su sede, desde donde han exigido a Félix Solís que dé explicaciones sobre lo sucedido porque “está claro que algo está fallando” y ha tachado de “intolerable” e “inasumible” que en menos de dos años en esta bodega hayan fallecido dos trabajadores.

Alfonsi Álvarez lanzaba también un mensaje a las administraciones para que obliguen a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a contar con un comité de empresa y delegados de prevención, según ha señalado en un comunicado en sindicato. “La prevención salva vidas. No es algo que digamos solo nosotros. Está demostrado que allí donde hay representación sindical hay menos accidentes y estos son menos graves”.

Al igual que UGT, Álvarez también denunciaba la actitud antisindical que siempre ha tenido la empresa Félix Solís, cuyos trabajadores “no se atreven a presentarse en unas elecciones sindicales porque saben que inmediatamente serán despedidos”. Instaba a la plantilla a dar un paso hacia adelante, a unir sus fuerzas y a organizarse sindicalmente. “Nosotros estaremos siempre dispuestos a ayudarles y escucharles”.

A este veto a los sindicatos también hacía referencia Alfredo Nieto, quien aseguraba que en esta empresa “está fallando el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. El representante de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Ciudad Real ponía de manifiesto que “ninguna persona trabajadora debería perder la vida por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo”.

Así, entiende que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para averiguar qué es lo que está pasando en esta bodega.

“La prevención de riesgos laborales no puede seguir basándose en un modelo estándar, neutro y homogéneo, que suele estar relacionado con el sexo masculino”, defiende María Torres Lacomba, fisioterapeuta que codirige la Cátedra IRSST de la Universidad de Alcalá, junto a Remedios Menéndez Calvo.

Acaba de celebrarse la segunda edición de unas jornadas de reflexión interdisciplinar sobre la seguridad y salud laboral. En 2024 se centraron en el ámbito legislativo, abordando las relaciones laborales con impacto de género.

En este año 2025 la preocupación se ha centrado en la salud física en ámbito del trabajo y las conclusiones son claras: “En nuestra opinión, los modelos clásicos que se han utilizado en prevención de riesgos laborales ya no responden de manera efectiva a la realidad del mercado laboral”, asegura esta doctora en Biomedicina.

En ocasiones no se tiene en cuenta ni el sexo, ni la edad o las situaciones personales de salud. Ahora influyen factores como el envejecimiento de la población trabajadora -la jubilación llega más tarde- o el aumento de reincorporaciones al trabajo tras sufrir una enfermedad, muchos más allá de procesos fisiológicos como un embarazo. “Hablamos de volver tras sufrir un cáncer y nos planteamos cuáles son las adaptaciones laborales necesarias para que estar personas puedan retornar al entorno laboral, teniendo en cuenta las secuelas”.

Por eso, algo tan sencillo como tener un baño cerca cuando un trabajador o trabajadora acaba de sufrir un proceso oncológico, que requiere de este servicio cerca del puesto de trabajo, no lo es tanto cuando no está previsto en las condiciones de salud o seguridad laboral.

María Torres subraya una de las conclusiones de la jornada que acaba de celebrarse: “La salud física en el trabajo necesita un cambio de paradigma preventivo e inclusivo y enfoque de género, centrado en la persona trabajadora, más allá de la legislación vigente”. Y es que mujeres y hombres no enferman por igual. “El hecho de ignorarlo contribuye a la infra prevención, nos encontramos con infra diagnósticos y con desigualdades en salud y también en salud ocupacional”.

“La diversidad funcional debe ser parte estructural de la prevención de riesgos laborales”

El debate es amplio y complejo. Hay otras muchas cuestiones sobre la mesa porque cuando se habla de prevención de riesgos laborales, no se tiene en cuenta la diversidad funcional de trabajadores y trabajadoras. “Es algo que debe ser considerado como parte estructural dentro de la prevención, y no como situaciones excepcionales que no están reguladas”.

 Lo mismo ocurre con las desigualdades de género en salud laboral. “La legislación existe, pero creemos que debe haber adaptaciones en función de las personas”, advierte la investigadora.

Cree que ni las administraciones públicas ni los agentes sociales son todavía conscientes de este tipo de necesidades, aunque reconoce “pequeños pasos” y sugiere que la adaptación de los puestos de trabajo debe producirse de forma “individualizada”, con “valoraciones funcionales de verdad” pero con ajustes “razonables” para que el hecho de propiciar la reincorporación se haga manera “sostenible”.

La Cátedra IRSST-UAH

La Cátedra IRSST de la Universidad de Alcalá tiene como objetivo la igualdad de oportunidades en la prevención de riesgos laborales con un enfoque multidisciplinar tanto desde el punto de vista sociosanitario, como sanitario o jurídico.

Surgió hace apenas dos años bajo el paraguas del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y como una colaboración entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) en Madrid y la institución académica.

Está adscrita a la Unidad Docente de Fisioterapia, dentro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Entre sus funciones está la de fortalecer la investigación y la formación en prevención de riesgos laborales, con un enfoque inclusivo y equitativo que reconozca la diversidad de realidades y necesidades en el ámbito laboral.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este domingo que el Consejo de Seguridad Nuclear haya descartado el riesgo radiológico ionizante para los trabajadores de la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras las mediciones llevadas a cabo el pasado 25 de noviembre, pero lo consideran insuficiente.

Creen que “es preciso seguir realizando pruebas para continuar descartando las posibles causas de las intoxicaciones que continúan sufriendo los trabajadores”.Y es que, remarcan, el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se refiere específicamente a la exposición a radiaciones ionizantes y no proporciona información sobre radiaciones no ionizantes (como campos electromagnéticos, radiofrecuencia o láseres), la cual debe ser evaluada por empresas especializadas.

La radiación no ionizante es una energía de baja frecuencia capaz de atravesar el hormigón e interactuar con gases químicos causando efectos biológicos a nivel celular. “Es un riesgo acumulativo para la salud y seguridad de los trabajadores que es preciso analizar”, sugiere el sindicato. La radiación no ionizante en hospitales incluye la utilizada en resonancia magnética, ultrasonido (ecografías), láser (cirugía) y luz ultravioleta (UV) (esterilización).

CSIF celebra que se haya descartado el riesgo de radiación ionizante, la más peligrosa “pero es preciso seguir haciendo pruebas hasta llegar al foco que está provocando las intoxicaciones. Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes”, explica Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo.

Asimismo, de acuerdo a las actuaciones reflejadas en el acta de inspección del CSN, no se ha llevado a cabo una evaluación de la radiación ionizante gamma, la cual también tiene un gran poder de penetración capaz de atravesar materiales densos como el cuerpo humano o el hormigón. También es importante comprobar si hay aparataje específico en el HUT que genere este tipo de radiación, y en caso de su existencia es preciso llevar a cabo mediciones.

Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes

“Vamos a seguir reclamando todas las pruebas que sean necesarias. No en vano, desde la aparición de los primeros síntomas en noviembre de 2024, los trabajadores siguen sufriendo mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, úlceras oculares, sangrados nasales repentinos, alteraciones tiroideas o alteraciones de parámetros que tienen que ver con la médula o ferropenia, entre otros problemas”, concluye Gutiérrez.

No importa si son de capital chino o estadounidense: la labor de vigilancia de los contenidos violentos de las grandes redes sociales ha generado una cascada de problemas psicológicos en los moderadores. Así se ha vuelto a constatar este lunes en la declaración judicial de una trabajadora, que ha visto su versión ratificada por la inspectora de Trabajo que investigó a la empresa de Barcelona encargada de moderar el contenido de TikTok.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 9 de Barcelona han comparecido este lunes la moderadora de TikTok, representada por el abogado Francesc Feliu; una testigo propuesta por la acusación de la trabajadora; y la inspectora de Trabajo que investigó la actividad en Barcelona de la empresa Majorel SP Solutions, encargada de vigilar los contenidos de TikTok. Los directivos de la firma declararán como imputados la próxima semana.

Según fuentes jurídicas, la inspectora de Trabajo ha explicado a la jueza que, durante parte del periodo en que la moderadora trabajaba retirando el contenido más violento de la red, la empresa no contaba ni con una evaluación de riesgos psicosociales ni con un programa de wellness dedicado al acompañamiento de los trabajadores con mayor presión psicológica.

La querellante, que comenzó a trabajar en Majorel en 2019, ha ratificado ante la jueza que debía revisar vídeos reportados por tener un nivel de violencia extremo y que para ello no había recibido ninguna formación previa ni advertimiento sobre los daños psíquicos que podían provocar. Además, ha mantenido que la empresa lo minimizaba tanto en las entrevistas de trabajo como en las preparaciones posteriores.

No fue hasta 2021, han indicado fuentes jurídicas, que la empresa puso en marcha el servicio de wellness. Antes de la querella de la moderadora, la Inspección de Trabajo ya propuso una sanción de 15.000 euros a Majorel por incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos. Según la Inspección, en esa división de la empresa –en la que trabajan unas 650 personas–, las medidas para amortiguar la exposición a esos vídeos eran insuficientes.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado un decreto con el nombramiento de Francisco Javier de la Cruz González como director del recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Según recoge Europa Press, el Consejo de Gobierno de este pasado martes aprobaba dicho nombramiento, a propuesta de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Firmado también por el presidente regional, Emiliano García-Page, dicho decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El perfil del director del Instituto de Seguridad Laboral

Francisco Javier de la Cruz González es ingeniero técnico Industrial en Electricidad y Electrónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especializado en Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y Psicosociología aplicada por el ICAI-ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas.

En el ámbito profesional ha trabajado en diversos estudios de ingeniería entre Madrid y Toledo. También se desarrolló entre 1998 y 2007 como técnico de prevención de riesgos laborales en el ámbito público y privado. Desde 2010 ha sido coordinador regional de Seguridad y Salud Laboral en Castilla-La Mancha, así como desarrollado diferentes actividades desempeñadas en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha. El anuncio se ha producido tras la reunión mantenida este lunes entre el presidente regional, Emiliano García-Page y los secretarios generales de UGT y CCOO, Lola Alcónez y Javier Ortega respectivamente.

Es el primer anuncio del nuevo curso político que llega después de un verano 'negro', en particular el mes de agosto, en el que se han registrado seis muertes en accidente laboral, además de los otros 21 fallecimientos que se habían producido con anterioridad, según las cifras facilitadas por CCOO.

UGT y CCOO se concentraron en dos ocasiones durante el pasado mes en Albacete, una provincia especialmente azotada por la siniestralidad laboral. El secretario general de CCOO Javier Ortega señaló durante esos días que era “urgentísimo” poner en marcha este instituto. La propuesta al Gobierno de Emiliano García-Page data del año 2020.

El documento administrativo ya esta listo, decía la semana pasada Ortega, a falta de los últimos trámites, para que Castilla-La Mancha pueda contar, “como el resto de comunidades autónomas”, con este instrumento para coordinar las políticas preventivas, campañas y actuaciones específicas para controlar de manera efectiva que se cumple con las medidas preventivas“.

Además, tanto CCOO como UGT pidieron la semana pasada reunirse con el fiscal especializado en seguridad laboral tras la oleada de muertes en el trabajo en la provincia de Albacete, hasta cinco en quince días.

Se creará un Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral

Hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que el Consejo de Gobierno del 9 de septiembre dará luz verde a la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha que deberá dotarse de presupuesto y contenido.

No será la única medida. También se va a modificar el Decreto de Estructura de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para facilitar la creación del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral. Hasta ahora en la estructura de este departamento publicada en la web de la Junta de Castilla-La Mancha consta una Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral y también un Observatorio para la prevención de riesgos laborales, que data del año 2007, sin más referencias o directorio.

Ahora se apuesta por la figura del 'consejo' como órgano tripartito compuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la patronal y los sindicatos que dependerá de forma directa de este departamento y que, según ha explicado Patricia Franco “va a trabajar de manera conjunta y directa en todos los ámbitos de la seguridad laboral”.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha se ha congratulado de la decisión del Ejecutivo región a la salida de la reunión. “La creación de este espacio es una demanda histórica de Comisiones Obreras. Por fin se crea un espacio para la coordinación de políticas preventivas y de compromiso conjunto de todos los agentes sociales para abordar una de las mayores lacras que tiene nuestra región”, ha declarado Javier Ortega.

Los secretarios generales de UGT y CCOO Albacete, Francisco Javier González y Paco Gómez; han vuelto a denunciar la situación que sufre la provincia en materia de salud laboral con cinco personas fallecidas en accidente laboral en apenas 15 días, el último se producía este lunes, cuando tres trabajadores se precipitaban al vacío cuando realizaban tareas de soldadura en una nave en construcción. Uno de ellos falleció.

Hoy han vuelto a pedir la convocatoria “urgente” de la Comisión Provincial Permanente de Seguridad y Salud, así como una reunión con el fiscal delegado en material de Seguridad y Salud en el trabajo de Albacete, Gil Navarro.

“Familias rotas, vidas truncadas, pérdida de la salud, daños irreversibles y limitantes, este es el resultado de la falta de seguridad en nuestros centros de trabajo. Castilla-La Mancha está entre los primeros puestos en materia de siniestralidad laboral, no hay justificación alguna para la dramática situación que padecemos en nuestra tierra”, ha asegurado Francisco Javier González.

“Hay que aplicar la ley a las empresas incumplidoras y depurar las responsabilidades en los accidentes sufridos, a la vez que tenemos que sentar las bases para fortalecer la cultura preventiva, el cumplimiento de la ley y una gestión de la prevención eficaz que garantice la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia”, ha añadado el secretario general de UGT en la provincia exigiendo una respuesta inmediata a esta trágica situación, y que se persiga a las empresas incumplidoras.

Familias rotas, vidas truncadas, pérdida de la salud, daños irreversibles y limitantes, este es el resultado de la falta de seguridad en nuestros centros de trabajo

Cree también necesario “el refuerzo de la Inspección de trabajo, tanto en materia de recursos humanos como de recursos materiales”.

CCOO: “Los empresarios hablan poco de accidentes de trabajo”

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha exigido a las empresas que cumplan con su responsabilidad en materia de salud laboral y que se anteponga “de una vez por todas” la salud de las personas a otros intereses empresariales.

“Los empresarios hablan poco de accidentes de trabajo y cuando hablan casi siempre tratan de evitar su responsabilidad, pero la Ley de Prevención de Riesgos es clara y pone en el centro de la responsabilidad al empleador o a la empleadora. La empresa tiene la obligación de establecer un entorno saludable de trabajo, de invertir en esa seguridad, de vigilar y de establecer la formación y vigilancia suficientes para que no se produzcan estos accidentes”, ha afirmado.

“En muchas ocasiones, se prioriza el beneficio como principal objetivo, pero hay que anteponer la prevención de riesgos y la seguridad y salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Si tuvieran claro esto seguramente no habríamos tenido cinco accidentes en la provincia en lo que llevamos de mes”, ha añadido.

El secretario general de CCOO Albacete ha reclamado más inversión en seguridad, en derechos de las personas trabajadoras, formación, información, control, y que se cree cultura preventiva.

Por último, Gómez ha destacado la función que realiza la Inspección de Trabajo, que hace “una labor fundamental de investigación cuando se producen los accidentes, pero también de control de medidas de seguridad. Nos consta por información que hemos recabado en el entorno de la obra en la que hubo el accidente ayer que hace unos meses esta empresa tenía una inspección y que incurría en incumplimientos, es decir llueve sobre mojado”.

Del mismo modo Gómez también ha reclamado más recursos para la Inspección de Trabajo y la intervención de la Fiscalía “porque cuando hay responsabilidades es fundamental depurarlas”.

UGT y CCOO han solicitado la convocatoria “urgente” de la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la provincia de Albacete, tras la cuarta muerte por accidente laboral que se registra en la provincia en lo que va de agosto, “que se ha convertido ya en un mes negro para la provincia”.

Los sindicatos han hecho esta petición en la concentración ante la sede de la Federación Empresarial de Albacete, (Feda), la segunda de la semana, convocada por UGT y CCOO, en recuerdo al trabajador que perdió la vida este miércoles en la localidad albaceteña de Ayna.

Delegadas y delegadas de UGT y CCOO Albacete han vuelto a salir a la calle para gritar “basta” a las muertes en el trabajo, y en solidaridad con las familias y compañeros y compañeras de los cuatro fallecidos en la provincia en tan sólo 12 días.

Siete personas fallecidas en accidente laboral en lo que va de año

Estos cuatro accidentes elevan a siete el número de accidentes laborales mortales registrados en lo que va de año.

El secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha incidido en la gravedad de esta situación que afecta a los trabajadoras y trabajadores de la provincia y ha pedido medidas urgentes y eficaces.

“Es un mes trágico para los trabajadores y trabajadoras de la provincia y por desgracia esta realidad evidencia un problema muy grave que tenemos en la provincia. Queremos mostrar nuestra más enérgica protesta por esta situación, ya son 23 los fallecidos en Castilla-La Mancha y siete en la provincia de Albacete”, ha lamentado Goncález, que ha denunciado la falta de seguridad en los centros de trabajo y una relajación en materia del cumplimiento de la legislación laboral.

Vamos a alzar la voz cuantas veces sean necesarias y a denunciar lo que haga falta para buscar responsabilidades. Esto es insostenible, somos una de las regiones con mayor índice de siniestralidad y esto necesita de una respuesta contundente y eficaz

Francisco Javier González — Secretario General de UGT en Albacete

Por todo ello, González ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en el trabajo de la provincia de Albacete para analizar lo ocurrido en este mes de agosto que indica que “los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral en las empresas cuestan vidas”.

“Vamos a alzar la voz cuantas veces sean necesarias y a denunciar lo que haga falta para buscar responsabilidades. Esto es insostenible, somos una de las regiones con mayor índice de siniestralidad y esto necesita de una respuesta contundente y eficaz”.

En este aspecto subraya que “hay que perseguir a los incumplidores y exigir que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales”.

No se trata de estigmatizar ni de perseguir a nadie de forma gratuita, pero sí de hacer justicia

Paco Gómez — Secretario general de CCOO Albacete

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que si bien todas las muertes son dolorosas, para CCOO la del hombre que falleció en Ayna al caer desde una altura de 20 metros, “toca especialmente porque era un compañero afiliado a Comisiones desde hace 20 años”.

Paco Gómez ha incidido en la necesidad de empezar a visibilizar las responsabilidades. “No se trata de estigmatizar ni de perseguir a nadie de forma gratuita, pero sí de hacer justicia”.

Dicho esto, se ha referido al fallecimiento del trabajador en una alcoholera de Villarrobledo hace ahora cuatro meses. “Sabemos que está judicializado y que hay cinco personas imputadas. En ese momento ya manifestábamos que teníamos información que nos hacía pensar que iba a haber responsabilidades porque se habían producido incumplimientos en materia laboral, que habían facilitado la muerte de Juan Carlos. Esto hay que ponerlo sobre la mesa porque realmente quien perdió ese día fue Juan Carlos, su viuda y sus dos hijas”.

En relación a otro accidente más que tuvo lugar el miércoles, y que no ha sido publicado pese a considerarse un accidente laboral, el secretario general de CCOO ha explicado que “lo que viene a decir la ley es que cualquier accidente que se produzca en horario y lugar de trabajo se considera accidente laboral, aunque haya sido por patologías no traumáticas.

En estos casos, señala, “es habitual que no haya responsabilidades, pero no por ello se puede dejar de investigar porque, en ocasiones, las circunstancias externas, como unas altas temperaturas, una excesiva carga de trabajo o el estrés por poner algunos ejemplos, pueden precipitar o favorecer que se produzca un infarto”.

En Navarra, el 24% de los accidentes laborales graves o mortales en la última década ha sido por caídas de altura. Según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), estos accidentes se pueden prevenir planificando y adoptando las medidas de seguridad oportunas. La subdirección de Salud Laboral hace un llamamiento a los responsables de las empresas para hacerse cargo de la protección individual y sobre todo la colectiva.

Concretamente, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024 el ISPLN investigó un total de 532 accidentes graves, muy graves o mortales, de los cuales 129 estaban ligados a caídas de altura. En estos siniestros fallecieron 17 personas, siendo el sector de la construcción el que más víctimas mortales registró con diez.

En verano aumentan los trabajos en cubiertas

En el periodo estival, con la llegada del buen tiempo, se incrementan los trabajos en cubiertas de naves y edificios, para realizar labores de mantenimiento. Para prevenir los accidentes por caída de altura Salud Laboral incide en la importancia de que las empresas que vayan a realizar trabajos sobre cubiertas asuman la responsabilidad que supone. Por lo tanto, se recomienda que se identifiquen los riesgos, planifiquen correctamente las tareas y adopten las medidas de prevención y de protección necesarias para trabajar con seguridad.

Entre las causas más frecuentes de los accidentes desde estas superficies, la principal es la fragilidad o el mal estado de los materiales utilizados en las cubiertas, que hace que colapsen con facilidad con el peso de una persona. También se producen por la no identificación o evaluación de los posibles riesgos o la ausencia de los debidos sistemas de protección durante la ejecución de los trabajos. Dichos sistemas deben instalarse de forma correcta antes de su inicio y ser supervisados a lo largo de todo el proceso, evitando la improvisación ‘in situ’ derivada de una mala planificación. Además, el ISPLN constata necesidades de mejora en la formación en materia de prevención de riesgos laborales del personal que realiza este tipo de labores.

Por todo ello, antes de comenzar a trabajar en una cubierta, hay que asegurarse de que la superficie donde se va a actuar sea resistente, así como de que los equipos de trabajo (andamios o plataformas elevadoras móviles) sean los adecuados. También se aconseja instalar medidas de protección colectiva, como pasarelas o barandillas, para evitar deambular por los materiales frágiles y, en caso de que eso no fuera suficiente o posible, colocar redes bajo cubierta. En definitiva, se debe garantizar una protección efectiva en los trabajos en cubiertas, vigilando y controlando el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Campaña de cubiertas del ISPLN

El ISPLN inició ya en el año 2023 una campaña de sensibilización e información sobre las cubiertas en los polígonos industriales de Navarra. En dicha campaña se recuerda al empresariado y a los servicios de prevención que las cubiertas deben estar integradas en la evaluación de riesgos de la empresa titular y que es necesario planificar cualquier trabajo, por pequeño que sea, que vaya a realizarse en estas superficies. Desde el comienzo de la iniciativa, el organismo ha visitado 143 empresas.

Con el fin de contribuir a la reducción de la siniestralidad, Salud Laboral recoge en su espacio web ‘Alerta: accidente laboral’ percances ocurridos en la Comunidad Foral, analizando las causas y aportando recomendaciones, para evitar que estos se repitan. En conclusión, para garantizar la seguridad y la salud de las personas que trabajan en cubiertas, es necesario identificar previamente los riesgos, planificar las tareas y adoptar las medidas preventivas correspondientes.

La peor ola de calor de la historia en un mes de junio parece haber quedado atrás en Barcelona, pero su recuerdo perdurará durante años entre las brigadas de limpieza de la ciudad. La muerte de Montserrat el pasado sábado, tras una jornada de trabajo en unas calles que alcanzaron los 35,8ºC, ha sacudido a la plantilla, donde crecen las voces que denuncian falta de medidas preventivas reales frente a las altas temperaturas. También ha obligado al Ayuntamiento a revisar los protocolos de las empresas subcontratadas.

Matilda tuvo muy presente a su compañera fallecida cuando ella misma sufrió un golpe de calor el martes. Eran apenas las 9 de la mañana y Barcelona ya superaba los 30 grados. Ella, operaria a pie, estaba en una avenida en la que no hay sombra ni lugares para refugiarse cuando empezó a encontrarse mal. “Calor que me subía por el cuello, mareos, náuseas, corazón acelerado, temblores y taquicardias”. Así describe sus síntomas Matilda, que se fue a remojar bajo una fuente y se sentó durante 15 minutos.

Al cabo de un rato, el malestar se pasó. Pudo acabar su jornada laboral, pero cuando llegó a casa, su hermano pensó que no tenía buena cara y la convenció para ir a un centro de salud. En urgencias le dijeron que tenía un golpe de calor. “Yo pensaba que no podía ser, no estaba tan mal y estaba segura de que no tenía fiebre, pero resulta que sí la tenía. Hacía tanto calor que no noté que estaba casi a 38 grados”, relata esta mujer.

El médico le recomendó reposo, hidratación y duchas frías y la envió a casa. Pero Matilda estaba “histérica perdida”, en sus propias palabras. “Sabiendo lo que le había pasado a Montse, que murió ya en su casa, lo pasé muy mal. Muchos golpes de calor se complican por no detectarlos a tiempo, así que creo que tuve suerte de mi hermano”, asevera.

Son muchos los trabajadores que, durante los últimos días, marcados por las altas temperaturas y la muerte de una trabajadora, relatan episodios similares y explican que tienen que parar a menudo para poder sobrellevar sus jornadas de trabajo. “He visto a compañeros en momentos complicados tener que entrar en cafeterías porque les daba algo”, explica Carlos durante uno de esos descansos.

Son las 11.00 cuando este trabajador frena el carro eléctrico de recogida de basura que lleva empujando desde las 7:00 y se toma unos minutos antes de seguir. Ese descanso solo aparece en el protocolo de la empresa para temperaturas mucho más elevadas a los 30 grados que marca el termómetro en ese momento, pero él sabe que debe tomárselo “chino chano” si no quiere sustos.

Carlos, que barre a esa hora una plaza del céntrico barrio Gòtic, depende a la misma base que Montse, aunque ella cubría el turno de tarde, y ambos están contratados por la misma empresa, FCC. El día en que su compañera falleció, él trabajaba en el paseo marítimo de la Barceloneta. “Ese itinerario es el más terrible, todo el día con sol, tienes que ir buscando fuentes y parando constantemente porque si no es imposible”, dice. En los dos días siguientes, el termómetro elevó las máximas por encima de los 37ºC.

Más allá de la tristeza por el fallecimiento de Montse –cuyas circunstancias están todavía por esclarecerse–, estos días la inquietud y el miedo recorren a muchos de los barrenderos y demás operarios de la limpieza, una plantilla de 4.400 personas. Temen que les pueda pasar lo mismo. Un golpe de calor como el que acabó con la vida de otro limpiador en Madrid en 2022. En lo que va de semana, hasta cinco empleados municipales barceloneses como Matilda han sido derivados a centros sanitarios tras alertar de que se encontraban mal.

En su itinerario por el centro de la ciudad, Carlos se queja de que los planes contra el calor de la empresa recomiendan hidratarse a menudo, pero en la práctica no les proporcionan botellas de agua que aguanten frescas toda la jornada. “El agua nos la compramos nosotros”, insiste. En las bases hay dispensadores, pero se calienta rápido.

Los barrenderos suman cada día varios kilómetros andando, con itinerarios en los que explican que no se detalla si hay sol o sombra, solo se identifican fuentes y refugios climáticos por si acaso. La tarea más expuesta es la del que barre al lado de la máquina barredora. En estos casos pueden recorrer hasta 15 km en un día.

Al estar el servicio municipal dividido en cuatro contratas distintas, que asumen las empresas FCC, Valoriza, Urbaser y CLD, las reivindicaciones de los empleados son distintas según el distrito. Ni siquiera los protocolos contra el calor eran iguales entre las distintas subcontratistas, lo que empujó al Ayuntamiento a mover ficha. Aunque en un primer momento descargaron las explicaciones sobre protocolos en el caso de Montserrat en la empresa, poco después le abrieron un expediente y en dos días se reunieron con las cuatro compañías para unificar sus documentos de prevención.

Una de las decisiones adoptadas fue rebajar el listón de temperatura de 37ºC a 34ºC a la hora de adoptar determinadas medidas. Según reconoció el propio consistorio, en algunos casos no era hasta los 37ºC –la considerada alerta naranja según la AEMET– que se permite descansos de cinco minutos cada hora, se reparte agua obligatoriamente, se posponen las tareas más exigentes para horas más frescas o incluso se modifica el horario para comenzar antes.

Con todo, el problema para algunos trabajadores es que ni siquiera el protocolo se cumple. Algunos aseguran que por desconocimiento o porque las empresas no se afanan en difundirlo más allá de entregar la documentación al inicio de la temporada. Otras voces son menos críticas y aseguran que los encargados sí se lo recuerdan.

Pau García, que conduce el conocido como motocarro (un camión eléctrico de basura de tamaño reducido), es de los más combativos. “Los encargados presionan a los trabajadores para que acaben sus itinerarios por más que existan protocolos”, se lamenta. Por ejemplo, asegura que el avance del horario laboral (de las 7:00 a las 6:00) no se ha llevado a cabo nunca a pesar de los picos de calor de los últimos años.

Estos días, García cumple con la jornada semanal de 35 horas al frente él solo de este camión con el que se desplaza a parques y plazas para barrer. Lo hace sin aire acondicionado dentro del vehículo, otra de las principales quejas de la plantilla durante el verano. “Si estás en una retención a pleno sol, puede superar tranquilamente los 40 grados”, dice.

A lo largo de su trayectoria de casi 20 años como limpiador, Pau, que ha trabajado a más de 35ºC en varias ocasiones, explica que no ha sufrido sustos, más allá de tener que parar en bares y cafeterías a refrescarse porque estaba apurado. Pero este trabajador apunta a los empleados eventuales, no fijos como él, que a veces no se atreven a descansar lo mismo. “Tienen miedo, pero si hay mucho trabajo y aprieta el calor, o paras o caes”, concluye.

Este empleado no es el único que se ha indignado con la gestión de la empresa y del Ayuntamiento de lo ocurrido con Montse. Todos los grupos de la oposición salvo Vox (Junts, Comuns, ERC y PP) han denunciado como “insuficientes” las explicaciones ofrecidas por el Gobierno municipal. Y han solicitado la comparecencia de su responsable político. “No han dado explicaciones claras respecto a este incidente desgraciado ni a qué instrucciones, sistemas de prevención y avisos disponen los trabajadores”, critican.

Todos se quejan de la ropa

“Es horrible trabajar en estas condiciones, con este calor insoportable”, señalaba este jueves un barrendero en la plaza Ferran Reyes, en el barrio de Navas. De nuevo, se queja de que cada uno debe comprar su agua. “Nos dicen que nos mojemos todo el rato haciendo uso de las fuentes en la calle, pero hay muchísimas que no están operativas y no puedes hidratarte”, comenta.

Sí reconoce que estos días sus encargados les insisten que paren cuando sea necesario y les dan diez minutos de respiro por hora. “Hay zonas complicadas donde no existe sombra, pero nos dicen que les busquemos y que paremos cuando sea necesario, que si nos mareamos que no trabajemos, que les avisemos…”, repasa.

En su misma zona, cubierta por la empresa Urbaser, otro trabajador explica que les han recomendado comenzar la jornada por las zonas de más sol, para aprovechar que las temperaturas no son aún las más elevadas. A él, dice, sí le proporciona agua desde la empresa.

Su principal queja es la ropa, algo que comparte la mayoría de la plantilla. Esos uniformes del característico amarillo y verde fosforito que siguen siendo de pantalón largo y grueso en verano. “Es como un trapo, pasas mucho calor y no transpira nada”, lamenta. En este aspecto, el Ayuntamiento se ha comprometido a buscar prendas más ligeras, aunque reconoce que este aspecto está condicionado por cuestiones de seguridad.

Leila, compañera de Montse, reconoce que su muerte se nota estos días. “Está el ambiente muy removido”, dice. “Hay muchos compañeros que buscan culpables, pero creo que no se trata de eso. Simplemente, hay que buscar lo que se puede mejorar y hacerlo”, sostiene, y se resigna: “Claro que hace calor en verano y frío en invierno. Pero es inevitable porque estamos en la calle y es normal tener bajadas de tensión o mareos”.

Ahora bien, sostiene que hay cosas que se deberían mejorar. Por un lado, la ropa. O los turnos que no evitan las horas más duras del día. También que las semanas incluyan seis o siete días seguidos de trabajo, aunque luego se compensen con festivos. “Es muy difícil aguantar, el cansancio se acumula y claro que pueden pasar cosas”, sostiene.

El Ayuntamiento de Barcelona y los sindicatos difieren a la hora de buscar responsabilidades en el caso de la trabajadora del servicio municipal de limpieza que murió por lo que podría haber sido un golpe de calor. A la espera todavía de los resultados de la autopsia, el consistorio pide responsabilidades a la empresa concesionaria, FCC, mientras que la UGT exige también respuestas al Ayuntamiento.

“Como administración, tenemos protocolos sobre cómo actuar, pero sobre todo son consejos a la ciudadanía. Para los trabajadores, son las empresas y los departamentos de prevención de riesgos son los que deben elaborar los protocolos”, ha asegurado el director del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento, Carlos Vázquez.

El consistorio asegura que ha cumplido con su responsabilidad exigiendo a todas las empresas concesionarias los procedimientos de prevención de riesgos por calor en abril, antes de que empezaran las altas temperaturas. “Son procedimientos orientados a tres aspectos básicos: que los trabajadores conozcan los síntomas de un golpe de calor, que tengan herramientas para saber qué hacer si sucede, y que puedan ayudar a los compañeros”.

Pero los sindicatos consideran que estos protocolos, si bien son exigidos por la ley, son “claramente insuficientes”. “Las empresas son empresas y quieren ganar dinero. Así que van a apostar por medidas que no tengan coste y estos protocolos salen gratis”, afea Lluís Lampurdanes, secretario de Servicios a la Comunidad de UGT Catalunya.

En cambio, lo que consideran esencial son protocolos más profundos. Desde UGT asegura que “hace años” que exigen a todas las empresas concesionarias del servicio de limpieza “medidas organizativas” que permitan rediseñar turnos para evitar que aquellos trabajos más físicos o que aquellos recorridos que carezcan de sombra se realicen en las horas más calientes.

La fallecida, que iba a pie y al mando de un carrito mecánico de recogida de basuras, estuvo trabajando en el barrio del Raval entre las 14:30 y 21:30 horas del sábado, en plena ola de calor. El Ayuntamiento asegura que están “abiertos” a cambiar los horarios de los turnos, pero apuntan a que esa decisión tiene que venir de la empresa.

Por su parte, desde UGT niegan la mayor y aseguran que la responsabilidad de los horarios es del Ayuntamiento, ya que la licitación se hace especificando los turnos, horarios y zonas requeridas. “Deberían estar de nuestro lado a la hora de exigir más garantías”, opina Lampurdanes, quien es consciente de que son cambios organizativos “complicados y que tendrán un coste. Por eso nos dan largas”. Por eso, el sindicalista afea al consistorio que no presione más a las empresas. “No puede ser que un encarecimiento de la contrata pública valga más que la vida de un compañero”, remacha Lampurdanes.

Por su parte, la empresa todavía no ha contestado a este medio si plantea rediseñar los horarios. Por contra, insisten en que llevan años formando a sus trabajadores y encargados en “las pautas a seguir en situaciones de trabajo bajo temperaturas elevadas y dotándolos de instrucciones y elementos de protección adecuados”.

En esta línea, el Ayuntamiento insiste en que todas las empresas con las que trabajan han “cumplido los protocolos” y han dotado a sus trabajadores de carteles informativos, ropa de verano y crema. Por ello, descartan abrir cualquier investigación sobre los hechos. “Sabemos que la limpieza se realiza a la intemperie y está expuesta al clima. Por eso mostramos nuestro apoyo a los responsables de este trabajo tan poco agradecido y tan duro”, han asegurado desde el consistorio.

A la espera de la autopsia

La trabajadora fallecida cumplió su turno el sábado pasado sin mostrar ningún síntoma de malestar ni trasladar en ningún momento que se encontrara mal. Por contra, cuando llegó a su casa “cayó fulminada” y a pesar de que fue asistida poco después por los servicios de emergencias, no pudieron salvarle la vida. Así figura en el informe que la empresa FCC ha enviado al Ayuntamiento después de conocerse los hechos. Las investigaciones que ha realizado la UGT coinciden.

Ahora bien, hasta que no estén listos los resultados de la autopsia, no estará claro si la causa de la muerte fue un golpe de calor. “Hay cosas que pertenecen a la intimidad de la familia y que puede que no lleguemos a saber nunca”, ha apuntado Vázquez.

Por su parte, desde los sindicatos confían en que si la causa de la muerte sí fue una cuestión laboral, relacionada o no con el calor, la familia quiera comunicarlo para pedir “responsabilidades” a quien corresponda. Sea como sea, desde la UGT aseguran que aprovecharán el caso para exigir más medidas de protección a los trabajadores. “Tenemos protocolos, pero necesitamos más protección porque somos un sector muy desprotegido”, ha apuntado Lampurdanes.

Por eso, tras conocerse el incidente, el sindicato envió este domingo un comunicado a la plantilla de FCC para recordar a los empleados que tienen que seguir los protocolos establecidos para los días de calor intenso que, fijan, entre otras medidas, descansar en zonas de sombra y beber agua con frecuencia.

Fuentes de Protección Civil, por su parte, han dicho que, hasta el momento, no consta ningún otro incidente de salud que pudiera estar vinculado con el calor. FCC también impartió una charla sobre cómo actuar contra el calor pocas horas después de conocerse la muerte de la trabajadora.

La Junta de Extremadura ha aprobado la convocatoria de dos líneas de ayudas específicas para empresas y autónomos que se dediquen a la retirada segura de amianto y a la instalación de medidas de protección de caídas desde altura, dotadas inicialmente con un presupuesto de 200.000 euros.

Las subvenciones están destinadas tanto a la retirada de cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto, como a instalar medidas de protección de caídas de altura en los centros de trabajo, de forma que estas ayudas buscan la protección de las personas trabajadoras que se hallen expuestas a amianto y a reducir la siniestralidad laboral por caída de altura.

Para la línea de ayuda de retirada de cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto, como máximo será del 85% de la inversión subvencionable, con un máximo de 20.000 euros por centro de trabajo.

Para la protección de caídas de altura mediante la instalación de las denominadas 'líneas de vida permanentes', la cuantía de la subvención consistirá en un porcentaje del 50% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros por centro de trabajo.

El amianto es un material utilizado en la construcción de las cubiertas de los edificios, de forma generalizada, entre los años 1950 y 1990 y, según estudios epidemiológicos realizados en los últimos años, pueden ser perjudiciales para la salud.

En cuanto a la siniestralidad en las labores de mantenimiento de equipos en las cubiertas de los edificios, según informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, más del 60% de los accidentes laborales se deben a caídas desde cubiertas en labores de reparación de tejados o reparación de instalaciones.

La fábrica de armamento que la multinacional alemana Rheinmetall Expal Munitions dirige en la pedanía murciana de Javalí Viejo se encuentra en el centro de una pormenorizada investigación policial. El pasado 30 de enero una deflagración en sus instalaciones provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos, en un contexto marcado, se sabe ahora que las pesquisas avanzan, por una elevada carga de trabajo y por una serie de “irregularidades” en materia de seguridad laboral. 

Asimismo, a nivel político, desde Podemos se ha denunciado que la “alta producción” de la planta está relacionada con la fabricación de armamento para Israel, al ser la compañía alemana una fuente confirmada de suministro a las tropas israelíes en su ofensiva sobre Gaza, tal y como destacó en octubre de 2024 un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz. Los datos públicos de Comercio del Gobierno de España revelan que la Región de Murcia ha recibido desde comienzos del 2024 una gran cantidad de explosivos. Se trata de una situación inusual hasta la fecha en esta comunidad autónoma.

Según confirman fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica, ésta operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallan las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

Pero ese intenso ritmo de trabajo va un poco más allá. Un trabajador de la fábrica explica a este periódico que, desde finales de 2023, la producción en la planta de Rheinmetall murciana ha aumentado “al menos un 70%” de lo que era habitual. “Cuando pasó el accidente, ese taller que deflagró, y también el resto del complejo, se encontraba fabricando armamento al límite, a todo lo que podía dar”, señala.

En el marco de la investigación policial del suceso, la Policía Nacional ha detectado, sostienen fuentes del cuerpo armado, “irregularidades” en seguridad y salud laboral que motivaron la detención, el 27 de mayo, de dos responsables de Rheinmetall Expal Munitions, que ahora afrontan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de homicidio imprudente y también de lesiones por imprudencia. Asimismo, prosiguen las fuentes policiales, otros tres empleados de la fábrica están siendo investigados por su posible implicación en la deflagración, cuya llamarada tuvo la furia suficiente como para calcinar una extensión de tres kilómetros cuadrados de matorral hacia las afueras de la pedanía.

Tal y como informó El Español, el trabajador fallecido, de 42 años, acabó con el 70% de su cuerpo quemado y pasó doce días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, sin que se pudiera finalmente salvar su vida.

“La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó”

“Las condiciones de seguridad eran inadecuadas y totalmente obsoletas. Las instalaciones, además, son muy antiguas”, trasladan desde UGT a través de los delegados sindicales de la fábrica.

El trabajador de Rheinmetall consultado por este diario afirma que el taller que ardió “necesitaba una remodelación urgente” para “reducir el peligro”, pero que la compañía no acometió dicha remodelación de seguridad en ningún momento. “La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó. Querían fabricar a tope, y eso están haciendo, pero en esas instalaciones no se puede fabricar a tope”.

Por su parte, UGT manifiesta también que Rheinmetall Expal Munitions obligó a los trabajadores del turno inmediatamente posterior al de la deflagración, que se produjo el 30 de enero sobre las 16.30 horas, a acudir a su puesto de trabajo. “Pero no hubo producción durante aquel turno”, matizan. Los empleados, sostienen las fuentes sindicalistas, tuvieron que pasar las ocho horas de rigor en su puesto cuando la llamarada se había producido tan solo unos momentos antes, hiriendo de gravedad a varios de sus compañeros.

En Javalí Viejo los vecinos miran de reojo y con recelo a la fábrica tras los dos accidentes acaecidos en los últimos doce meses -hubo otro el 25 de enero de 2024 que causó dos heridos-. El complejo es grandísimo, y la pedanía, tan pequeña, está construida en gran parte junto a las tapias, que abarcan varios kilómetros en línea recta. Hay casas separadas de las instalaciones por apenas un par de metros. En cualquier momento temen que sobrevenga otra deflagración y ésta les pille cerca. La última se produjo más lejos, en el límite último de la planta, en la falda de la sierra. 

Podemos vincula la producción de la fábrica con Israel

A medida que avanzan las pesquisas sobre las causas y las responsabilidades de la llamarada vuelve a salir a la palestra la vinculación de Rheinmetall con la exportación de armamento y municiones con destino Israel desde que comenzó su asedio sobre Gaza. En septiembre de 2024, una denuncia pública del diputado murciano en el Congreso, Javier Sánchez Serna, de Podemos, ponía el foco directamente en la fábrica de Javalí Viejo y en la llegada de material explosivo al puerto de Cartagena con rumbo a dicha planta. La empresa ha sido señalada reiteradamente en Alemania por su implicación en la exportación de armamento al ejército israelí, aunque también produce equipo militar para Ucrania, España y varios países de la OTAN.

Ya en enero de 2024, el diario Der Spiegel informó que Alemania accedió a la solicitud de Israel de entregar 10.000 cartuchos para tanques de 120 mm producidos por Rheinmetall. La firma alemana también aparece en un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz publicado por este diario en octubre de 2024, en el que se reportan datos de ataques a civiles y a edificios en Gaza con armas y munición de artillería proporcionadas por la compañía, cuya sede central está ubicada en Düsseldorf.

En su página web, la multinacional asegura que Rheinmetall Expall Munitions, que es el nombre que poseen las fábricas de la empresa en España, incluida la de Murcia, “es la responsable de la fabricación y entrega de cohetes que tienen un alcance máximo de 300 km”. La compañía cuelga en su página notas de prensa sobre pedidos por valor de decenas de millones de euros para suministrar munición de lanzacohetes del calibre 155mm a “clientes internacionales”, sin entrar en detalles sobre cuáles son esos destinatarios.

El trabajador de la fábrica murciana cuenta a elDiario.es que allí se produce armamento “para la OTAN, y para lo que recomienda la OTAN”. “Fabricamos para Ucrania, para España, para Alemania, Holanda o Eslovenia, entre otros. A Israel directamente no va lo que se hace aquí, aunque puede ser que una parte acabe allí de forma indirecta, con terceros países”, reconoce.

Sin ir más lejos, Rheinmetall arrastra acusaciones de exportar armas a Israel saltándose las restricciones alemanas y comunitarias por medio de intermediarios ubicados en otros países con políticas comerciales menos estrictas.

Cuando la Policía Nacional hizo pública el 27 de mayo la detención de los dos responsables de la planta de Javalí Viejo, el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, reiteró el posible uso de la fábrica por parte de Rheinmetall “con el objetivo de abastecer de pólvora a las tropas israelíes”. La multinacional adquirió la planta en agosto de 2023 a la empresa Expal (Explosivos Alaveses). En octubre de ese mismo año comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza. Desde esa fecha, Egío sostiene que aumentó “significativamente la circulación de explosivos en el puerto de Cartagena”. 

Flujo al alza de explosivos que recalan en Cartagena

El creciente tránsito de armamento en las terminales portuarias de Cartagena ha sido, asimismo, denunciado en varias ocasiones por la Campaña Fin al Comercio de Armas, integrada por más de 500 organizaciones. Los datos públicos revelan que ese incremento es un hecho constatable. Según la información accesible en la base de datos de Comercio del Gobierno de España, la Región de Murcia importó en 2024 explosivos preparados por valor de 1,2 millones de euros. En los años anteriores, en concreto 2021, 2022 y 2023, el volumen total de importaciones de dicho material había sido de 0 euros.

Desde el 1 de enero de 2024, según las cifras recopiladas por la Campaña a través de la información disponible en la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena, al menos 23 barcos han descargado explosivos en el puerto de Cartagena. Muchos de ellos han estado vinculados a la venta de armas a Israel. La cantidad total de explosivos que han recalado en la ciudad portuaria en el último año y medio, coincidiendo con ese aumento en la producción de la fábrica, es de 258 toneladas. 

Como sucedió, por ejemplo, con el buque Danica Sunrise en febrero, los contenedores con explosivos se descargan en la terminal cartagenera, y éstos salen a continuación del puerto en camiones que los transportan por carretera hasta la planta murciana. El buque Danica Violet, cuyo desembarco fue paralizado el pasado 23 de mayo después de que la Campaña lo asociara al comercio con Israel -el barco procedía directamente del puerto israelí de Haifa-, pretendía descargar una tonelada de explosivos en Cartagena.

La Campaña ha apuntado, asimismo, desde 2024, a la India como uno de los grandes exportadores de munición al puerto de Cartagena. Varios barcos, como el Borkum, que también fue denunciado por su relación con Israel, o como el Marianne Danica, al que el Gobierno le impidió la escala en la ciudad por el mismo motivo, descargaron explosivos en Cartagena procedentes del país asiático. Una investigación de Progressive International sacó a la luz que en diciembre de 2024 el propio Danica Violet entregó más de 18 toneladas de explosivos desde la India hasta Israel.

El portal de datos comerciales global Panjiva posee registros que enlazan directamente la importación de explosivos en Cartagena procedentes de la India con destino la fábrica de Rheinmetall en Javalí Viejo. En lo que llevamos de 2025 se han contabilizado un total de nueve referencias de exportación de explosivo de India a Cartagena para la planta de armamento murciana. En 2024, la cifra computada fue de 32 referencias de exportación.

Para la Campaña Fin al Comercio de Armas, los datos dejan claro que en la Región de Murcia se está produciendo munición en las instalaciones de Rhienmetall con destino y procedencia dudosos. Víctor Egío solicita desde Podemos “saber si en Javalí Viejo ese armamento se está fabricando para Israel”. “Si se quiere ser coherente”, añade, “el Gobierno debería negar a la multinacional alemana operar en España. No podemos permitirnos en Murcia una fábrica que comercia armas con un estado genocida”, señala el diputado.

Este periódico se ha puesto en contacto con Rheinmetall Expal Munitions y con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sin obtener respuesta.

Cada 28 de abril, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las instituciones públicas, las organizaciones sindicales y algunos sectores de la sociedad civil se reúnen para hacer balance de una realidad dolorosa. Se recitan estadísticas, se recuerdan tragedias, se prometen mejoras. Y, sin embargo, año tras año, la herida permanece abierta: trabajar sigue siendo, para demasiadas personas, un riesgo para su vida, un atentado diario contra su salud, una amenaza soterrada que no cesa de crecer.

No estamos ante una situación nueva ni coyuntural. Se trata de un problema estructural, profundamente arraigado en el modelo laboral y económico que hemos construido y aceptado. Un modelo que mide su éxito en cifras de productividad y crecimiento, pero que permanece ciego ante el coste humano de sus propios mecanismos. Un modelo que tolera que millones de trabajadores y trabajadoras paguen con su salud mental y física, y a veces incluso con su vida, el precio de mantener un sistema de beneficios que no se detiene ante nada.

La enfermedad mental relacionada con el trabajo no es un fenómeno marginal. Es, cada vez más, el síntoma de un malestar estructural que atraviesa todas las capas del mundo laboral. Las cifras son estremecedoras: en 2023, cerca de 600.000 personas en España necesitaron una baja médica por problemas de salud mental relacionados con el trabajo. La precariedad, la inseguridad permanente, las jornadas interminables, los entornos tóxicos y la violencia organizacional han dejado de ser situaciones excepcionales para convertirse en el nuevo paisaje cotidiano del empleo. Y no hablamos solo de estrés o ansiedad leve: hablamos de depresiones profundas, de suicidios, de vidas destrozadas por la presión insoportable de un trabajo que deja de ser medio de vida para convertirse en factor de muerte.

La tragedia del trabajador del Ayuntamiento de Albacete, obligado a reincorporarse a un entorno laboral que había minado su salud mental hasta empujarlo al suicidio, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que prioriza el cumplimiento formal sobre el bienestar real de las personas. Es la demostración de que muchas organizaciones siguen considerando a sus empleados como recursos prescindibles, como piezas intercambiables de un engranaje productivo, en lugar de reconocer su valor intrínseco como seres humanos. Que un juzgado haya tenido que declarar el suicidio de este trabajador como accidente laboral dice mucho de la ceguera y el abandono que siguen predominando.

Este drama no se limita a determinados sectores o perfiles de vulnerabilidad. Afecta transversalmente a todas las edades, niveles educativos y condiciones sociales. Aunque es cierto que quienes más sufren sus consecuencias son aquellos atrapados en trabajos precarios, mal remunerados, con horarios imposibles y sin redes de apoyo reales, la enfermedad laboral avanza también entre trabajadores cualificados, en oficinas aparentemente seguras, en puestos que, a primera vista, no parecen lugares de riesgo. La enfermedad laboral hoy no se manifiesta solo en el cuerpo: también en la mente, en el ánimo, en la esperanza aniquilada de millones.

La enfermedad laboral hoy no se manifiesta solo en el cuerpo: también en la mente, en el ánimo, en la esperanza aniquilada de millones

Frente a esta realidad, no podemos seguir hablando de accidentes ni de desgracias inevitables. Cada enfermedad mental causada por el trabajo, cada suicidio vinculado a la presión laboral, cada baja por ansiedad o depresión es el resultado de un fracaso colectivo. Un fracaso político, porque no se están adoptando las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección efectiva de la salud en el trabajo. Un fracaso empresarial, porque demasiadas compañías siguen ignorando las condiciones reales en las que sobreviven sus plantillas. Y un fracaso social, porque hemos asumido como normal el dolor, la angustia y la enfermedad como parte inseparable del contrato laboral.

No bastan las declaraciones de buenas intenciones ni las campañas puntuales de sensibilización. Se necesita una transformación profunda de las políticas laborales, de los marcos normativos, de las culturas empresariales y de las actitudes sociales. Es urgente reforzar las inspecciones de trabajo, aumentar las sanciones a quienes incumplen, blindar legalmente el derecho a la desconexión real, garantizar la estabilidad en el empleo, limitar las cargas laborales y proteger de manera efectiva la salud mental de los trabajadores y trabajadoras.

Pero, sobre todo, hace falta un cambio radical de mentalidad. Hay que dejar de premiar el culto al presentismo, al sacrificio insano, a la disponibilidad permanente como supuestos signos de compromiso o éxito profesional. Hay que romper con la lógica de que quien aguanta más presión, quien trabaja más horas, quien renuncia a más vida personal es el mejor trabajador. Esa lógica no solo enferma: mata.

El trabajo debería ser, en una sociedad justa y civilizada, un medio de realización personal, de crecimiento, de integración social. No puede ser un factor de exclusión, de sufrimiento, de muerte. Mientras no entendamos esto, mientras sigamos permitiendo que las estadísticas de bajas y suicidios laborales aumenten sin que nada cambie de verdad, seguiremos fracasando en lo esencial: en cuidar a quienes hacen posible, cada día, la vida de nuestras sociedades.

Cada trabajador roto por el sistema, cada vida perdida en silencio, cada enfermedad ignorada nos señala como responsables. No podemos seguir permitiendo que trabajar sea jugarse la vida. No podemos seguir aceptando que quien enferma en su puesto de trabajo sea abandonado, estigmatizado o simplemente sustituido.

Este 28 de abril no debería ser un día más en el calendario. Debería ser un punto de inflexión. Una fecha para asumir que la seguridad y la salud en el trabajo no son un extra ni un favor: son derechos humanos básicos. Y que su vulneración, más allá del drama personal que implica, es una traición directa a los principios democráticos más fundamentales.

Porque cuando el trabajo te mata, el silencio es complicidad. Y si no cambiamos ahora, si no actuamos con decisión, seremos cómplices del dolor, del abandono y de la muerte de miles de personas cuya única culpa fue querer ganarse la vida.

Dos semanas después de poner fin al cierre unilateral de cuatro días y tras intentar mandar a la plantilla de vacaciones, el propietario de Sargadelos ha comunicado el despido a tres trabajadores en la fábrica de Cervo (Lugo), sobre la que pesa un expediente de la Inspección de Trabajo por deficiencias en materia de seguridad. Fuentes consultadas por Europa Press ratifican que las cartas de despido distribuidas este viernes alegan, precisamente, que la factoría no puede garantizar la salud de los empleados y por eso procederá a suprimir puestos de trabajo y a una reducción de la producción.

Dos trabajadoras de la emblemática firma de cerámica gallega desarrollaron silicosis y una inspectora de Trabajo detectó hasta 36 deficiencias, que reclama subsanar. Ese expediente fue el que provocó una reacción por parte del dueño de Sargadelos, Segismundo García, en forma de pulso, al asegurar que se ve “incapaz” de cumplir con “toda la normativa” para garantizar la salud de sus empleados e instar a la autoridad laboral a que sea ella la que “clausure” la planta.

El empresario, administrador único de Sargadelos, tiene seis meses desde el momento de la notificación para cumplir con los requerimientos, si bien el plazo empezará a contar desde el momento en que tenga permiso del departamento de Patrimonio de la Xunta para aquellas actuaciones que afecten al edificio, declarado como bien de interés cultural (BIC).

El cierre de cuatro días

A comienzos de mes, García mantuvo cerradas las instalaciones para la plantilla de producción durante cuatro días, jornadas que los empleados pasaron a las puertas de la factoría. Aseguraba que lo hacía para preservar su salud y ante la mencionada “incapacidad” para aplicar la normativa en materia de seguridad laboral.

Dicha situación terminó con un acuerdo con la Xunta —con el conselleiro de Emprego, José González— que implicaba la realización de un estudio sobre mejoras, si bien no se precisaron fechas ni actuaciones concretas, ni si habrá alguna partida para la compañía.

Durante el tiempo que duró el cierre —literal, puesto que el propietario de la empresa no inició ningún expediente de regulación ni inició los trámites para cerrar el negocio—, el dueño planteó a la plantilla de producción firmar un documento según el cual accedía a la planta bajo su responsabilidad o aceptaba adelantar una parte de sus vacaciones, algo que los sindicatos admitieron que sólo consentirían si se trataba de “permisos retribuidos”: Una parte reducida de los empleados aceptó una u otra alternativa, y la mayoría permaneció fuera.

Finalmente, la actividad volvió a la fábrica, en la que este viernes han sido notificados tres despidos, que, según las fuentes sindicales consultadas por Europa Press, se corresponden con trabajadores del grupo de 12 personas que fueron las últimas en ser incorporadas a la planta después del cierre temporal.

Tras años de conflictividad, despidos y acusaciones a Segismundo García de “persecución sindical”, los trabajadores de la factoría de Cervo carecen de representantes, si bien responsables de CC.OO., UGT y CIG asesoran a la plantilla desde que estalló el conflicto.

La formación sindical CSIF La Rioja reclama más vigilantes de seguridad en los centros sanitarios de La Rioja. Y es que, según dicen, “en el caso de Logroño, y para todos los centros de salud y el CARPA hay un único vigilante de seguridad que rotando”. Un número “absolutamente insuficiente para cubrir la seguridad de los centros sanitarios de la capital cuando se están produciendo agresiones verbales y amenazas todos los días”. Es más aseguran incluso que, en alguna ocasión, “ha sido necesaria la presencia del vigilante de Logroño y éste se encontraba en Haro”.

Asimismo, desde el sindicato aseguran que durante el último mes se han registrado “incidentes violentos en varios centros sanitarios de La Rioja, en el CARPA y en el centro de salud Joaquín Elizalde, algunos de ellos de especial gravedad que han puesto en riesgo la integridad física de los trabajadores”.

Por todo ello piden más vigilancia y seguridad en los centros sanitarios riojanos con motivo de la celebración, el próximo lunes, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Así, y bajo el lema “No es un juego es nuestra vida. Si incumples eres responsable', CSIF La Rioja ”alza la voz“ por la defensa de un derecho fundamental que ”aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo“. Es más denuncian un aumento de la siniestralidad laboral en La Rioja y exigen al Gobierno de La Rioja ”ante la incapacidad de reducir estas cifras por parte de las organizaciones que forma parte del Diálogo Social, dé cabida al resto de organizaciones sindicales porque reducir la siniestralidad laboral es trabajo de todos y debe contar con todos“.

Asimismo consideran que el próximo 28 de abril no solo es una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también “una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real” y por todo ello exigen medidas concretas para “revertir alarmantes cifras de siniestralidad laboral basada en la prevención y responsabilidad compartida”.

Los poderes públicos apostillan desde CSIF La Rioja, “tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo”.

Y es que, concluyen que la siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles sin también en “todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican”. Y en este sentido se refieren a los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos “siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infra financiación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de ”resistencia“ impuesta a quienes están al servicio público”.