Trabajadores de limpieza del hospital de Txagorritxu han denunciado la caída de techos en alguna de sus habitaciones con el consiguiente peligro para los operarios o para cualquiera que acceda a estas estancias. El sindicato CUT ha denunciado que el pasado lunes 17 de agosto, una trabajadora de limpieza de ISS estaba realizando la limpieza de una de las habitaciones cuando se produjo un desprendimiento “de una superficie considerable del techo, cayendo al interior de la habitación numerosos fragmentos y quedando al descubierto perfiles, instalaciones, conducciones y cableado”. Un desprendimiento que no afectó a la trabajadora “por cuestión de segundos”, pero que aseguran que “no supone un hecho aislado”, ya que se han producido otros desprendimientos con anterioridad. Por ello reclaman a la OSI Álava “una inspección técnica suficientemente amplia de las zonas susceptibles de presentar problemas, un programa preventivo de revisión y mantenimiento y transparencia sobre las comprobaciones realizadas durante los últimos años”. “Esta vez no ha habido nadie herido, pero no sería responsable esperar a que un próximo desprendimiento sí produzca lesiones graves para abordar el problema de manera integral”.

En concreto, el desprendimiento del techo de la pasada semana se produjo en la habitación 663 de la planta 6D, estancia destinada al médico adjunto de Anestesia para sus guardias, según han señalado fuentes de CUT, cuando la empleada estaba limpiando el baño. “La trabajadora no fue alcanzada por cuestión de segundos. De haber permanecido debajo de la zona desprendida, las consecuencias podrían haber sido muy diferentes. Lo mismo cabe decir respecto de los médicos que utilizan esa habitación durante su actividad y para el descanso asociado a las guardias”, han señalado. Delegados de Prevención del sindicato comunicaron lo sucedido tanto a Garbialdi-ISS como a Osakidetza, solicitando que se impidiera el acceso a la zona hasta descartar técnicamente nuevos desprendimientos, que se inspeccionara no solamente el punto afectado sino el conjunto de la unidad 6D y que se determinaran las causas, ya que de lo contrario “paralizarían la actividad” para prevenir riesgos laborales.

Tras la denuncia la dirección del hospital restringió el acceso, reparó la avería y revisó los restantes techos de la unidad. Fuentes de Osakidetza han señalado que se trató de “un incidente puntual ocurrido cuando se desprendió una parte del falso techo en una habitación de Guardia. La zona fue revisada de inmediato, al igual que el resto de los falsos techos de esa zona que han sido comprobados y se encuentran en buen estado, por lo que no ha sido necesario adoptar actuaciones adicionales”.

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Sin embargo desde el sindicato reiteran que no se trata de un hecho aislado. “El problema es que no es la primera vez que un techo se desprende repentinamente en Txagorritxu” y aseguran que se han vivido episodios similares en los vestuarios utilizados por personal de Osakidetza, en la zona de Rayos X por la que transitan trabajadores, pacientes y familiares, o en almacenes vinculados al servicio de limpieza en la planta -2.

Además, recuerdan que en los años 2014 y 2017 se produjeron otros desprendimientos, como del derrumbe de parte de un techo en la sexta planta del Hospital de Txagorritxu o la caída del falso techo de una habitación de la planta 1C, lo que llevó a desalojar preventivamente la planta. “Tras aquel incidente, Osakidetza anunció un plan para revisar el resto de habitaciones y dependencias del HUA Txagorritxu. ”Si hace años ya se detectaron problemas de este tipo y se anunciaron revisiones preventivas, ¿por qué continúan produciéndose desprendimientos en diferentes puntos del hospital?“, se preguntan desde el sindicato. ”De hecho, tras el incidente del día 17 se nos ha comunicado también que determinados techos habían sido revisados por el Servicio de Arquitectura en 2019. Creemos que sería importante conocer cuál fue el alcance de aquella revisión, qué deficiencias se detectaron, qué actuaciones se realizaron posteriormente y qué programa periódico de inspección y mantenimiento existe actualmente“, han indicado.

En este sentido, han reclamado a la dirección de la OSI-Álava “una inspección técnica suficientemente amplia de las zonas susceptibles de presentar problemas, un programa preventivo de revisión y mantenimiento y transparencia sobre las comprobaciones realizadas durante los últimos años”, además de que “se expliquen qué actuaciones preventivas se han realizado, cuáles están previstas y qué garantías existen de que un episodio similar no vuelva a sorprender a trabajadores, pacientes o familiares”.

El cambio climático ha dejado de ser una amenaza sobre todo previsible para convertirse en una realidad ya abrasadora que intensifica los riesgos en la seguridad y salud , entre otros colectivos, de los bomberos forestales. Ante la virulencia estructural de los incendios que azotan nuestros bosques mediterráneos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya advirtió en 2018 que gobiernos y empleadores deben implementar planes de previsión renovados frente a las altas temperaturas para garantizar una respuesta resiliente ante la crisis climática. Esta adaptación es de urgencia vital no solo para la ciudadanía general sino muy especialmente para proteger a quienes operan en la primera línea de defensa contra unos desastres naturales cada vez más extremos.

Los riesgos laborales de los bomberos forestales poseen dos áreas críticas que requieren mecanismos de prevención, mantenimiento y reparación: el estrés térmico y los riesgos psicosociales. El calor excesivo, que ya se manifiesta de forma estructural, provoca agotamiento, deshidratación y patologías graves como enfermedades cardiovasculares crónicas y del sistema respiratorio. Enfrentándose a llamas de más de 30 metros de altura, algunos profesionales soportan temperaturas corporales que sobrepasan los 40,5ºC, con riesgo de muerte. La adecuación a estos escenarios de calor extremo exige la renovación y modernización técnica de los equipos de protección individual (EPI), pues las prendas están quedando obsoletas frente a la ferocidad de los incendios de sexta generación. Los EPIs deben ser ligeros, flexibles y transpirables para evitar que el calor metabólico acumulado se convierta en un riesgo de fatiga extrema para el profesional.

El impacto del estrés térmico no es solo físico, pues la exposición constante a situaciones traumáticas y desastres humanos y ecológicos está derivando en cuadros de estrés postraumático, ansiedad y síndrome de “burnout”, factores que se ven peligrosamente potenciados por la pérdida de capacidad cognitiva que genera el propio calor extremo. Resulta imperativo respetar los tiempos de descanso y unas condiciones de trabajo dignas y con estabilidad en el empleo para afrontar las consecuencias del cambio climático que afectan muy gravemente este sector. En este contexto, los jueces deben ser sensibles a esta nueva realidad provocada por el cambio climático, pues juegan un papel esencial a la hora de hacer efectivas las condiciones de trabajo de este colectivo, especialmente cuando las otras administraciones han fallado en la protección y solo queda la esperanza de que se haga efectiva la debida reparación ante los accidentes de trabajo o ante los incumplimientos laborales de las administraciones de las que dependen.

La estructuralidad del cambio climático exige un marco jurídico estable, eficaz y garantista de los derechos de todos incluyendo los derechos laborales de los profesionales que nos defienden del fuego no solo cuando aparece como desastre sino también evitando que se produzca.

La complejidad en las relaciones entre las competencias de las distintas administraciones, central y autonómicas, no puede servir para excusarse en el cumplimiento de las obligaciones que surgen ante el reto a las vidas y la salud de los ciudadanos que son los incendios forestales. En 2024 se aprobó la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, que es la norma básica de bomberos forestales, que nace para unificar la disparidad de medios materiales, tipologías de recursos, requisitos de formación y cualificación profesional de los bomberos forestales. La norma ya reconocía que los bomberos forestales por la Administración del Estado son contratados por empresas públicas y trabajan mano a mano con la UME. Otras administraciones competentes, por ejemplo, algunas CCAA, subcontratan a empresas privadas. La motivación de la Ley partía de la diversa tipología que ha generado una alta temporalidad y estacionalidad, con sueldos variables, con diferentes funciones y requisitos de formación.

La Ley preveía que en el plazo de un año se haría un reglamento de prevención de riesgos laborales que, de momento no ha visto la luz de acuerdo a una norma de prevención que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que también está en fase de aprobación con todo lo que esto supone. Así pues, los bomberos forestales se enfrentan al fuego sin los medios y la protección que se les reconoce en la norma del 2024 por falta de desarrollo y esto genera que van a trabajar sin los equipos que les ayudarían a prevenir enfermedades o accidentes. Los de primera línea saben bien que el daño del fuego no se acaba cuando se apaga el fuego, sino que las consecuencias de respirar el humo tienen unos efectos cancerígenos indiscutibles y documentados, por ejemplo, en el estudio realizado por el Instituto de Evaluación medioambiental e Investigación del Agua en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. La aprobación del Reglamento de Prevención es clave y existe ya la propuesta del Ministerio de Trabajo para sacarlo adelante que, en su art. 3, sobre evaluación de riesgos lista el riesgo de estrés térmico, la exposición a agentes químicos, los riesgos psicosociales y la carga física de trabajo entre otros.

Por tanto, un tema clave que es proteger a quien nos protege del fuego no está desarrollado debido al boicot que algunas administraciones autonómicas están haciendo para retrasar o incluso impedir su aprobación.

En este contexto, el colectivo de bomberos/as forestales considera inaplazable la aprobación de la normativa preventiva y de tiempo de trabajo en labores de extinción prevista en la ley 5/2024, que tenía que haberse aprobado hace ya más de un año. Con la aprobación de estas normas quieren que de forma prioritaria se limite su jornada, para evitar que se lleguen a realizar jornadas de 18 o 20 horas seguidas, tal como ha sucedido en algunos casos. Con esta finalidad reclaman la introducción de un tercer turno para garantizar un descanso real, pues no es una medida implantada en todas las comunidades autónomas, así como la limitación de la jornada relativa a tareas de extinción directa, especialmente en episodios meteorológicos extremos de alerta naranja o roja, como solución para reducir la jornada a unos términos que garanticen su seguridad y salud. Directamente conectada con estas medidas se sitúa el objetivo de implantar el correcto dimensionamiento de plantillas, con la regulación de dotaciones de personal de 8 o 6 miembros como mínimo, y nunca inferiores, tal como sucede en algunas comunidades autónomas que permiten que sean de 4 o 2 miembros.

Sus reivindicaciones también se dirigen a otras condiciones de trabajo como: la mejora de los equipos de protección individual que promuevan la transpirabilidad con tejidos técnicos; la aplicación de protocolos OCEL (Observación, Atención, Comunicación, Escape y Lugar Seguro) que integren observadores con comunicaciones para evaluar la ruta de escape; lugares de avituallamiento e hidratación adecuados y lugares adecuados de descanso entre jornadas tal como prevé la ley. Es bastante probable que, por ejemplo, el personal de las “BRIF” (cuerpo especializado en la extinción de incendios en España, altamente móvil y transportado por helicóptero para apoyar a las comunidades autónomas) no llegue a dormir ni un tercio de las noches de un mes en su domicilio, debiendo pernoctar en lugares inadecuados e improvisados, que no garantizan el descanso necesario para poder trabajar en condiciones de seguridad. Otras de las medidas reclamadas son las de movilización adecuadas, reconocimiento de enfermedades profesionales originadas por las labores que realizan y la gestión directa del servicio de extinción por parte de la Administración pública como ya sucede en alguna comunidad autónoma, así como una retribución especifica y digna por turnicidad, peligrosidad, penosidad y prolongaciones de jornada. Respecto a las prolongaciones de jornada, si estas se compensan por tiempo de descanso en invierno, tal como sucede en algunas comunidades autónomas, piden que se incremente plantilla para que no se descuiden las labores de prevención que se realizan en el periodo invernal.

Especial atención merecen igualmente su reivindicación de una formación suficiente y adecuada en prevención de riesgos laborales, pues no es aceptable que ésta se limite a 4 o 5 horas de formación on line en algunas comunidades autónomas para certificar que la persona puede intervenir en extinción, sin haber realizado ni una un práctica sobre el terreno. Por otra parte, la falta de estabilidad y la carencia de un dimensionamiento correcto de plantillas, ponen en peligro la efectividad de buen parte de las medidas preventivas comentadas, como el tiempo de descanso mínimo, la limitación de horas dedicadas a extinción directa, etc. Tal como dicen los bomberos y bomberas forestales, no quieren que se les llamen héroes, sino que se les reconozca su profesionalidad a través de la dignificación de sus condiciones de trabajo.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT La Rioja denuncia una nueva agresión a un vigilante de seguridad en La Rioja, en esta ocasión en la tienda de Leroy Merlín en Logroño.

La agresión se produjo el pasado lunes 29 de junio en torno a las 18 horas de la tarde, cuando el vigilante de seguridad intervino para evitar la comisión de un hurto y posterior huida de una persona que, al verse sorprendida, agredió al vigilante, provocándole contusiones de diversa consideración que aún le mantienen de baja. Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de Policía Nacional que procedieron a la detención del agresor.

“En esta ocasión, la dotación de medios de protección adecuados hubiera sido determinante de cara a evitar la agresión al vigilante”, señalan desde el sindicato. De hecho, la necesidad de dotar de materiales adecuados de protección es una de las demandas constantes del colectivo, ya que estas personas se ven obligadas a intervenir en episodios que entrañan evidentes riesgos físicos sin medios adecuados más allá de su propia fuerza, exponiendo constantemente su salud y su cuerpo.

Por ello, FeSMC UGT reitera tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) “la urgente necesidad de mejorar los medios de protección individuales de los vigilantes de seguridad para que sean capaces de resolver intervenciones cotidianas sin exponer su vida”. De igual modo, urge ofrecerles una mayor protección jurídica y aumentar las plantillas para garantizar la seguridad de los vigilantes en caso de intervención.

Por último, el sindicato desea una pronta recuperación al vigilante agredido y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo.

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que “solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales”, ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que “el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo”.

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido con funcionarias del servicio para analizar el episodio, “que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla”, y han denunciado “la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales”.

Rivera ha afirmado que, “desde hace años”, estas instalaciones “no reúnen las condiciones mínimas dignas” para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, “cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión”, ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando “su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí”, cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero “que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias”, por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo “ya”.

Trato digno para plantilla y ciudadanía

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander “que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal”, que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y “trate con dignidad a plantilla y ciudadanía”.

En este sentido, el sindicato ha advertido que “cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación”.

Esta situación, la de trabajar “en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo”, se suma “al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales”, ha concluido Rivera.

El sindicato ANPE Cantabria ha reclamado a la Dirección General de Formación Profesional que aclare de manera expresa las “contradicciones e incertidumbres” existentes en las Instrucciones de Inicio de Curso sobre prevención de riesgos laborales en los talleres de Formación Profesional, al considerar que “existen contradicciones e importantes zonas de incertidumbre entre el contenido de dichas instrucciones y las explicaciones posteriores ofrecidas por la propia Administración”.

La organización sindical ha señalado que las nuevas obligaciones incorporadas en las instrucciones incluyen la elaboración de inventarios de maquinaria, cumplimentación de checklists de seguridad, realización de inspecciones y revisiones periódicas, elaboración de procedimientos escritos y registros documentales, entre otras medidas que generan confusión sobre las responsabilidades del docente.

ANPE ha insistido en que “es imprescindible garantizar la seguridad jurídica del profesorado afectado, especialmente en aquellas familias profesionales que trabajan diariamente con maquinaria, herramientas y equipos potencialmente peligrosos”.

También ha criticado que la Consejería sostenga que estas medidas no suponen un incremento de responsabilidades para el profesorado, afirmación que considera “difícilmente compatible con el contenido de las propias instrucciones”.

El sindicato ha destacado que mientras se exige la cumplimentación obligatoria de checklists de seguridad antes de utilizar cada máquina con alumnado, la Administración los califica posteriormente como “herramientas meramente orientativas”, generando una “contradicción evidente”.

La organización ha expresado especial preocupación por la introducción del concepto de “mantenimiento de nivel 1” sin que exista “una definición clara de su alcance ni una referencia normativa expresa que delimite qué operaciones comprende y cuáles quedan fuera de las competencias docentes”. Asimismo, ha señalado que “se afirma que el profesorado no realiza validaciones técnicas de seguridad mientras, al mismo tiempo, se le exige detectar deficiencias, verificar dispositivos de protección y participar en procedimientos que pueden determinar si una máquina puede o no ser utilizada por el alumnado”.

ANPE Cantabria ha reclamado que la Consejería publique una aclaración oficial que determine el carácter no obligatorio de los checklists, el alcance real de las inspecciones, la definición del “mantenimiento de nivel 1”, las responsabilidades derivadas de la detección de deficiencias y la distribución de funciones entre los distintos agentes.

El sindicato ha enfatizado que “la prevención de riesgos laborales no puede construirse sobre la incertidumbre jurídica” y que “la seguridad de los centros educativos exige normas claras, responsabilidades definidas y el respaldo técnico adecuado”.

También IU llevará al pleno de mañana jueves en el Parlamento de La Rioja el calor y su repercusión en las aulas de los colegios riojanos. El diputado, Carlos Ollero, ha informado de la interpelación que que obligará al consejero de Educación, Alberto Galiana, a contestar el relato de Izquierda Unida que asegura que “no se está afrontando esta cuestión con la prioridad y los recursos económicos necesarios”.

Ollero ha apuntado cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y ha considerado que la falta de preparación de los espacios y las infraestructuras en los centros educativos es “uno de los principales problemas en el ámbito educativo” en La Rioja.

Ha denunciado que se está “claramente incumpliendo en los centros educativos de La Rioja la normativa sobre seguridad y salud laboral en los centros de trabajo con relación a las temperaturas”, ya que “está siendo habitual que se superen los treinte grados de temperatura en aulas con 25 y treinta estudiantes”. Un problema, ha dicho, “que está siendo denunciado por las familias, por los padres, por las madres, por la FAPA, los sindicatos, los docentes y los estudiantes” y que se une a otro y es, ha dicho, la falta de espacio en los centros educativos.

“Tenemos que denunciar que hace décadas que no se construye un nuevo centro por ejemplo en Logroño, donde hay muchas necesidades, y que no hay previsión de construir nuevos centros”, ha clamado.

En la interpelación del pleno, ha adelatando, se darán ejemplos de cómo se están desarrollan las clases en barracones; en espacios como la cafetería o la biblioteca; así como que se está utilizando, también, el espacio dedicado a los departamentos.

La situación más grave “que ha salido a la luz”, ha señalado, ha sido la del IES Bartolomé Cossío, de Haro, “que ha supuesto incluso la dimisión del equipo directivo y que se ha medio solventado con la utilización de la Escuela de Idiomas”. Algo que, desde Izquierda Unida, ha dicho, ven como “un parche”. Ha reclamado “más y mejores espacios para la educación pública; un plan de climatización urgente para todos los centros de La Rioja; y un protocolo específico de actuación en los centros ante temperaturas extremas”.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València ha dictado varios requerimientos de carácter urgente contra la Conselleria de Educació, Cultura y Universidades a raíz de las denuncias presentadas por la Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las resoluciones de la autoridad laboral confirman graves deficiencias en las condiciones ambientales y de seguridad laboral en 15 centros educativos —entre los que se encuentran, entre otros, el IES Andreu Alfaro de Paiporta, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el IES Lluís Simarro de Xàtiva, el IES Tirant lo Blanc de Torrent, el IES Puçol, el IES El Puig de Santa Maria o los IES Balears y Barri del Carme de València—, e instan a la administración autonómica a adoptar medidas de carácter urgente para revertirlas.

La organización anarcosindicalista anima a los centros educativos valencianos a denunciar ante la Inspección de Trabajo las elevadas temperaturas para conseguir así mejoras en la climatización de las instalaciones y garantizar que el alumnado y los trabajadores estén seguros.

Las resoluciones de la Inspección constatan que las medidas actuales (cortinas verticales y vinilos) son totalmente ineficaces para combatir las olas de calor, registrándose temperaturas que superan los límites legales. Además, señalan que en centros afectados por la dana y reubicados en módulos prefabricados (barracones) se han registrado temperaturas de 9°C en invierno y más de 32°C en verano en zonas donde trabaja el personal docente (como en el caso de las guardias), a pesar de la existencia de aparatos de aire acondicionado en las aulas.

La Inspección de Trabajo requiere a la conselleria instalar equipos de aire acondicionado y aplicar las medidas técnicas necesarias para corregir estas temperaturas extremas. Asimismo, destaca que la carencia de climatización dificulta el normal desarrollo de la actividad educativa, que afecta tanto al personal docente como al alumnado, y exige a la Conselleria garantizar unas temperaturas adecuadas.

Además, las resoluciones coinciden en señalar incumplimientos sistemáticos por parte de la Generalitat Valenciana en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ellos, destacan la carencia de vigilancia de la salud (no se acredita que se hayan realizado los reconocimientos médicos periódicos obligatorios al personal), la ausencia de formación sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas y la falta de protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos.

La secretaria general de la Secció d’Ensenyament de la CGT, Inma Sellés, celebra estas resoluciones como una victoria de la lucha sindical: “No permitiremos que la salud de las trabajadoras y del alumnado esté en riesgo por la inacción de una conselleria que ignora los efectos del cambio climático y las condiciones básicas de seguridad”.

En este sentido, Sellés ha animado al resto de centros educativos del País Valenciano donde se detecten temperaturas por encima de las legales a denunciar esta situación: “Es la única manera de hacer actuar a esta conselleria, que es incapaz de mirar por los derechos de sus trabajadores”.

El sindicato advierte que vigilará el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la Inspección y seguirá denunciando cualquier situación que afecte al trabajo de las y los docentes.

CSIF ha puesto el acento en la falta de vigilantes de seguridad en los centros sanitarios con motivo Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. “Es intolerable que los trabajadores vivan en un clima laboral de inseguridad, tensión y miedo y parece que la Consejería no va a tomar cartas en el asunto hasta que no suceda una desgracia”, señalan.

En concreto, subrayan la gravedad de la situación en el centro de Salud Mental de Albelda, ya que, según denuncian, de lunes a viernes hay un único vigilante de seguridad en horario de tarde, mientas que en horario de mañana, noche o los fines de semana y festivos no hay ningún vigilante de seguridad en todas las instalaciones. “La complejidad del trabajo y los usuarios de este centro expone a los trabajadores a un riesgo que al menos se paliaría con la presencia de vigilantes de seguridad a tiempo completo”, reclama CSIF.

El sindicato señala en general que en los centros de salud los efectivos de vigilantes de seguridad son “totalmente insuficientes”. Como ya denunciaron, para todos los centros de salud y el CARPA hay un único vigilante de seguridad que va rotando por todos ellos. “Esta es una situación absurda y una manera de ”cubrir el expediente“ por parte de la Administración, ya que es fácilmente comprensible que si se produce una agresión, por ejemplo, en el centro de salud de ”La Guindalera“ y el vigilante está en el CARPA, los trabajadores y usuarios no tienen protección alguna”, advierte CSIF, recordando que todos los días se producen agresiones verbales, amenazas.

CSIF exige a la Consejería que actúe “de manera inmediata” ante este problema ya que parece que la Administración tiene abandonado al centro asistencia de Albelda. “No invierte ni en seguridad ni en la salud tanto de trabajadores como de usuarios y en breve quienes trabajan o viven en este centro soportarán temperaturas extremas ya que no se ha invertido en arreglar el sistema de climatización, como CSIF lleva años denunciando”, añaden. Este mes de abril ya se han registrado altas temperaturas en las instalaciones. “El Gobierno de La Rioja lleva años haciendo oídos sordos a esta situación que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los trabajadores y usuarios volverán a sufrir temperaturas que llegan a los 40 grados, situación inhumana y a la que el Gobierno de La Rioja no parece ni preocuparle lo mas mínimo, ya que ha pasado otro año mas y no ha invertido ni un euro para solucionar el problema”, afea CSIF.

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha presentado hoy, día 23, la convocatoria para este año 2026 del Programa Cheque de Seguridad e Igualdad, que gestiona la ADER y que por primera vez contempla la adquisición de exoesqueletos por parte de empresas riojanas. 

Esta línea está dotada de 400.000 euros para fomentar acciones que permitan a las pequeñas y medianas empresas crear unas condiciones favorables en sus centros de trabajo, con entornos más saludables y productivos, donde todas las personas trabajadoras se sientan valoradas y seguras.

Así, ha explicado Simón, “ofrecemos al sector empresarial incentivos para incrementar su competitividad e implementar medidas innovadoras en el ámbito de la seguridad e igualdad, como una apuesta por el futuro de las empresas y el bienestar de su personal”. 

Entre las actuaciones subvencionables, que incluyen la elaboración de planes de igualdad, medidas de seguridad para trabajos en altura y retirada segura de materiales con amianto, “se contempla por primera vez la adquisición de dos tipos concretos de exoesqueletos pasivos para la mejora ergonómica: para asistencia lumbar en la manipulación de cargas y para asistencia sobre los hombros”. 

El uso de estos dispositivos de asistencia física “puede considerarse una medida complementaria adecuada para reducir la carga física soportada por las personas trabajadoras, disminuir la fatiga muscular y contribuir a la prevención de sobreesfuerzos físicos que afecten a lesiones musculoesqueléticas, principal causa de los accidentes de trabajo en La Rioja entre 2021 y 2024”. 

Serán subvencionables las actuaciones con gastos efectuados desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y se puede realizar la gestión de presentación de solicitudes a través de la página web de la ADER hasta el 12 de febrero de 2027. Se admiten dos solicitudes por empresa con una subvención máxima total por empresa de 30.000 euros, que se podrá alcanzar en una sola o en varias de actuaciones contempladas. La intensidad de las ayudas varía desde el 100 % en el caso de la retirada de amianto, al 80 % en planes de igualdad y el 50 % en medidas de seguridad en altura y exoesqueletos, con costes máximos de 5.000 euros en planes de igualdad, 10.000 euros en andamios y hasta 30.000, en función de la superficie, en el caso de la retirada de amianto, y en la adquisición de exoesqueletos.

El Gobierno de La Rioja, a través de un programa piloto impulsado desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y en el que también ha colaborado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, va a implantar el uso de cuatro exoesqueletos en el Servicio Riojano de Salud (dos), en el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) Santa Lucía, de Fuenmayor (uno), y en la Residencia Los Manitos, de Calahorra (uno).

Balance global 2024-2025

Entre las dos últimas convocatorias del Cheque de Seguridad e Igualdad, el Gobierno de La Rioja ha comprometido más de 525.000 euros –sobre una inversión empresarial de casi 685.000 euros- para mejorar la seguridad en los trabajos en altura, eliminar el amianto de sus instalaciones y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres. En conjunto, se han aprobado 17 planes de igualdad, 15 medidas de seguridad en altura, 19 actuaciones de retirada segura de cubiertas con amianto y 3 unidades de descontaminación, “unas cifras que avalan la eficacia de esta herramienta para mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en igualdad en nuestras empresas”, ha concluido Simón.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y ha acudido al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha para mostrar la situación de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo cuyas instalaciones, asegura el sindicato, “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la realización de autopsias y donde incluso se han producido cinco positivos por tuberculosis”.

Entre las principales deficiencias detectadas, CSIF destaca problemas estructurales y técnicos como la falta de estanqueidad en las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. Asimismo, se señala l“a escasez de equipos de protección individual (EPI) para el personal”.

Cinco de los 21 trabajadores, expuestos

Estas deficiencias afectan de manera directa y con enorme gravedad a la plantilla: cinco de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, lo que evidencia un elevado riesgo biológico y la posible propagación de agentes infecciosos dentro de las instalaciones por sus condiciones totalmente insalubres.

Hasta el momento, estos trabajadores no han desarrollado la enfermedad, pero se encuentran en situación de vigilancia y durante los próximos dos años tendrán que someterse a pruebas de manera periódica para comprobar que no sufren una tuberculosis activa.

Según el sindicto, los trabajadores han tenido constancia de este positivo por la prueba de Mantoux (método diagnóstico utilizado para determinar si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis) realizada a una técnico forense que estuvo trabajando de manera temporal en el Instituto de Medicina Legal y que se sometió a esta prueba en su nuevo puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense.

Sin noticias del traslado a la nueva sede

La Central Sindical censura que aún no se haya procedido al traslado a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, que fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. Mientras tanto, se están dejando de lado normas básicas de seguridad como la gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso.

Incluso, abunda el sindicato, han llegado a producirse plagas de insectos y el Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a fumigar las instalaciones, que no cumplen tampoco con una ventilación adecuada.

CSIF advierte que estas condiciones “no sólo incumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que también están suponiendo un riesgo directo para la salud de los trabajadores”.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales tanto de médicos forenses como de técnicos especialistas y la actualización de protocolos, así como el cierre cautelar del centro para la adecuación inmediata de las instalaciones a los estándares mínimos exigidos.

“Es preciso acelerar el proceso de traslado a las nuevas instalaciones”, advierten desde el sindicato que no descarta emprender nuevas acciones si no se produce una respuesta rápida y efectiva por parte de la Administración.

Un varón de 59 años ha fallecido en la jornada de este jueves mientras trabajaba en un salón de celebraciones en la Avenida de la Canela del municipio sevillano de Estepa. Con este siniestro, ya son cuatro las defunciones que se han producido en apenas 15 días en la provincia.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha trasladado que el suceso tuvo lugar sobre las 11.06 horas, momento en el que el centro de emergencias 061 alertaba del hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones del inmueble que podría haber estado desempeñando labores de limpieza

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, que tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón. Aún la investigación del caso es incipiente. Entre el 28 de enero y la jornada de hoy, se han dado cuatro accidentes laborales mortales en Sevilla, concretamente, en las localidades de Palmas Altas, en Mairena del Aljarafe y Alcolea del Río. Además, es la tercera persona que muere precipitada en altura mientras realizaba unas labores profesionales en lo que va de año.

Un hombre de 70 años ha fallecido al caer del tejado de una nave industrial ubicada en el polígono Canama en el municipio sevillano de Alcolea del Río. Es el tercer accidente laboral mortal que se registra en la provincia de Sevilla en lo que va de año.

El accidente se producía en la tarde de este lunes, en torno a las 18.20 horas, cuando el propietario de la nave, ubicada en el número 3 de la calle G del citado parque empresarial, caía al vacío desde el techo de la misma, según confirman fuentes del servicio de emergencias 112 a Europa Press.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local. La víctima fue trasladada en un helicóptero sanitario hasta el hospital de Traumatología del Virgen del Rocío de Sevilla.

Se trata del segundo accidente mortal de esta naturaleza en cinco días, puesto que el pasado 29 de enero falleció un trabajador de 55 años en Mairena tras caer desde una cubierta mientras realizaba su labor en una empresa de mantenimiento y el suceso se produjo también en un polígono industrial.

Un hombre cuya edad no ha trascendido ha fallecido en la mediodía de este miércoles, 28 de enero, en un accidente laboral producido tras el desprendimiento de una placa, de un material no especificado, que ha caído sobre el mismo en el barrio de Palmas Altas de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El incidente ha tenido lugar sobre las 12.55 horas, momento en el que el centro de emergencias ha recibido aviso del suceso, que ha tenido lugar en el centro tecnológico de la mencionada zona de la ciudad hispalense.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Sevilla, Bomberos de Dos Hermanas y los Servicios Sanitarios 061. Estos últimos solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Por su parte, fuentes del sindicato CCOO Sevilla han enmarcado a esta agencia que pese a “no llevar ni un mes de 2026, ya tenemos que lamentar la muerte de un trabajador”. Al tiempo, han lamentado que “en este primer caso de este año, con un aviso naranja en Sevilla, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, se estaban realizando trabajos de tal peligrosidad que el resultado ha sido la muerte del trabajador”.

Al respecto se ha pronunciado de igual forma el sindicato UGT, que ha señalado que el trabajador presuntamente se habría encontrado “picando un pilar de unos seis metros de altura, sin medios mecánicos, presuntamente debido a que las grúas no podían operar por las condiciones meteorológicas adversas”. Al hilo, ha señalado que “si no es posible utilizar los medios adecuados para realizar un trabajo con seguridad, la actividad debe suspenderse, y no trasladar el riesgo a la persona trabajadora”.

Los sindicado CCOO y UGT han llevado a cabo hoy dos concentraciones para protestar y en solidaridad con la familia del trabajador de la bodega Félix Solís de Valdepeñas (Ciudad Real) que el pasado jueves sufrió un accidente laboral que le costó la vida. CCOO se concentraba a las puertas de la bodega donde ocurrió el suceso mientras que los representantes de UGT lo hacían delante de su sede.  Además, ambas centrales sindicales anuncian distintas acciones y piden que a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, tras trasladar el pésame a la familia y compañeros del trabajador fallecido han señalado, recordado que “hace aproximadamente un año y medio” se encontraban concentrados en el mismo sitio, que esto “evidencia que este accidente, al igual que el anterior, no son fruto del azar, sino que obedecen a un fallo muy grave en prevención y en la adopción de medidas de seguridad, que son exclusivamente responsabilidad de la empresa. Una empresa que presume de ser puntera, pero que antepone los beneficios a la seguridad de sus trabajadores y traajadoras”.

Según ha adelanto el sindicato en un comunicado, CCOO se va a personar ante la Inspección de Trabajo y no descarta hacerlo también ante el juzgado para exigir que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades. En este sentido también se ha pronunciado el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, quien ha indicado que el peso de la ley tiene que caer sobre la empresa Félix Solís, y ha pedido a la Administración que no mire hacia otro lado.

Ambos dirigentes sindicales han hecho alusión a la actitud antisindical de la empresa Félix Solís, por “obstaculizar” que haya representación legal de los trabajadores y trabajadoras, “recurriendo a amenazas, coacciones y otro tipo de argucias para que no se convoquen elecciones sindicales”.

Precisamente, hoy mismo al ser preguntado por estos accidentes, Javier Ortega, secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha señalado que el sindicato estudia acciones judiciales contra todas las empresas incumplidoras de la prevención de riesgos laborales.

UGT considera que es “intolerable”

En el mismo sentido se han manifestado la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, y el responsable de UGT FICA en la provincia, Alfredo Nieto, durante la concentración han celebrado frente a las puertas de su sede, desde donde han exigido a Félix Solís que dé explicaciones sobre lo sucedido porque “está claro que algo está fallando” y ha tachado de “intolerable” e “inasumible” que en menos de dos años en esta bodega hayan fallecido dos trabajadores.

Alfonsi Álvarez lanzaba también un mensaje a las administraciones para que obliguen a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a contar con un comité de empresa y delegados de prevención, según ha señalado en un comunicado en sindicato. “La prevención salva vidas. No es algo que digamos solo nosotros. Está demostrado que allí donde hay representación sindical hay menos accidentes y estos son menos graves”.

Al igual que UGT, Álvarez también denunciaba la actitud antisindical que siempre ha tenido la empresa Félix Solís, cuyos trabajadores “no se atreven a presentarse en unas elecciones sindicales porque saben que inmediatamente serán despedidos”. Instaba a la plantilla a dar un paso hacia adelante, a unir sus fuerzas y a organizarse sindicalmente. “Nosotros estaremos siempre dispuestos a ayudarles y escucharles”.

A este veto a los sindicatos también hacía referencia Alfredo Nieto, quien aseguraba que en esta empresa “está fallando el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. El representante de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Ciudad Real ponía de manifiesto que “ninguna persona trabajadora debería perder la vida por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo”.

Así, entiende que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para averiguar qué es lo que está pasando en esta bodega.

“La prevención de riesgos laborales no puede seguir basándose en un modelo estándar, neutro y homogéneo, que suele estar relacionado con el sexo masculino”, defiende María Torres Lacomba, fisioterapeuta que codirige la Cátedra IRSST de la Universidad de Alcalá, junto a Remedios Menéndez Calvo.

Acaba de celebrarse la segunda edición de unas jornadas de reflexión interdisciplinar sobre la seguridad y salud laboral. En 2024 se centraron en el ámbito legislativo, abordando las relaciones laborales con impacto de género.

En este año 2025 la preocupación se ha centrado en la salud física en ámbito del trabajo y las conclusiones son claras: “En nuestra opinión, los modelos clásicos que se han utilizado en prevención de riesgos laborales ya no responden de manera efectiva a la realidad del mercado laboral”, asegura esta doctora en Biomedicina.

En ocasiones no se tiene en cuenta ni el sexo, ni la edad o las situaciones personales de salud. Ahora influyen factores como el envejecimiento de la población trabajadora -la jubilación llega más tarde- o el aumento de reincorporaciones al trabajo tras sufrir una enfermedad, muchos más allá de procesos fisiológicos como un embarazo. “Hablamos de volver tras sufrir un cáncer y nos planteamos cuáles son las adaptaciones laborales necesarias para que estar personas puedan retornar al entorno laboral, teniendo en cuenta las secuelas”.

Por eso, algo tan sencillo como tener un baño cerca cuando un trabajador o trabajadora acaba de sufrir un proceso oncológico, que requiere de este servicio cerca del puesto de trabajo, no lo es tanto cuando no está previsto en las condiciones de salud o seguridad laboral.

María Torres subraya una de las conclusiones de la jornada que acaba de celebrarse: “La salud física en el trabajo necesita un cambio de paradigma preventivo e inclusivo y enfoque de género, centrado en la persona trabajadora, más allá de la legislación vigente”. Y es que mujeres y hombres no enferman por igual. “El hecho de ignorarlo contribuye a la infra prevención, nos encontramos con infra diagnósticos y con desigualdades en salud y también en salud ocupacional”.

“La diversidad funcional debe ser parte estructural de la prevención de riesgos laborales”

El debate es amplio y complejo. Hay otras muchas cuestiones sobre la mesa porque cuando se habla de prevención de riesgos laborales, no se tiene en cuenta la diversidad funcional de trabajadores y trabajadoras. “Es algo que debe ser considerado como parte estructural dentro de la prevención, y no como situaciones excepcionales que no están reguladas”.

 Lo mismo ocurre con las desigualdades de género en salud laboral. “La legislación existe, pero creemos que debe haber adaptaciones en función de las personas”, advierte la investigadora.

Cree que ni las administraciones públicas ni los agentes sociales son todavía conscientes de este tipo de necesidades, aunque reconoce “pequeños pasos” y sugiere que la adaptación de los puestos de trabajo debe producirse de forma “individualizada”, con “valoraciones funcionales de verdad” pero con ajustes “razonables” para que el hecho de propiciar la reincorporación se haga manera “sostenible”.

La Cátedra IRSST-UAH

La Cátedra IRSST de la Universidad de Alcalá tiene como objetivo la igualdad de oportunidades en la prevención de riesgos laborales con un enfoque multidisciplinar tanto desde el punto de vista sociosanitario, como sanitario o jurídico.

Surgió hace apenas dos años bajo el paraguas del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y como una colaboración entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) en Madrid y la institución académica.

Está adscrita a la Unidad Docente de Fisioterapia, dentro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Entre sus funciones está la de fortalecer la investigación y la formación en prevención de riesgos laborales, con un enfoque inclusivo y equitativo que reconozca la diversidad de realidades y necesidades en el ámbito laboral.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este domingo que el Consejo de Seguridad Nuclear haya descartado el riesgo radiológico ionizante para los trabajadores de la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras las mediciones llevadas a cabo el pasado 25 de noviembre, pero lo consideran insuficiente.

Creen que “es preciso seguir realizando pruebas para continuar descartando las posibles causas de las intoxicaciones que continúan sufriendo los trabajadores”.Y es que, remarcan, el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se refiere específicamente a la exposición a radiaciones ionizantes y no proporciona información sobre radiaciones no ionizantes (como campos electromagnéticos, radiofrecuencia o láseres), la cual debe ser evaluada por empresas especializadas.

La radiación no ionizante es una energía de baja frecuencia capaz de atravesar el hormigón e interactuar con gases químicos causando efectos biológicos a nivel celular. “Es un riesgo acumulativo para la salud y seguridad de los trabajadores que es preciso analizar”, sugiere el sindicato. La radiación no ionizante en hospitales incluye la utilizada en resonancia magnética, ultrasonido (ecografías), láser (cirugía) y luz ultravioleta (UV) (esterilización).

CSIF celebra que se haya descartado el riesgo de radiación ionizante, la más peligrosa “pero es preciso seguir haciendo pruebas hasta llegar al foco que está provocando las intoxicaciones. Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes”, explica Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo.

Asimismo, de acuerdo a las actuaciones reflejadas en el acta de inspección del CSN, no se ha llevado a cabo una evaluación de la radiación ionizante gamma, la cual también tiene un gran poder de penetración capaz de atravesar materiales densos como el cuerpo humano o el hormigón. También es importante comprobar si hay aparataje específico en el HUT que genere este tipo de radiación, y en caso de su existencia es preciso llevar a cabo mediciones.

Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes

“Vamos a seguir reclamando todas las pruebas que sean necesarias. No en vano, desde la aparición de los primeros síntomas en noviembre de 2024, los trabajadores siguen sufriendo mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, úlceras oculares, sangrados nasales repentinos, alteraciones tiroideas o alteraciones de parámetros que tienen que ver con la médula o ferropenia, entre otros problemas”, concluye Gutiérrez.

No importa si son de capital chino o estadounidense: la labor de vigilancia de los contenidos violentos de las grandes redes sociales ha generado una cascada de problemas psicológicos en los moderadores. Así se ha vuelto a constatar este lunes en la declaración judicial de una trabajadora, que ha visto su versión ratificada por la inspectora de Trabajo que investigó a la empresa de Barcelona encargada de moderar el contenido de TikTok.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 9 de Barcelona han comparecido este lunes la moderadora de TikTok, representada por el abogado Francesc Feliu; una testigo propuesta por la acusación de la trabajadora; y la inspectora de Trabajo que investigó la actividad en Barcelona de la empresa Majorel SP Solutions, encargada de vigilar los contenidos de TikTok. Los directivos de la firma declararán como imputados la próxima semana.

Según fuentes jurídicas, la inspectora de Trabajo ha explicado a la jueza que, durante parte del periodo en que la moderadora trabajaba retirando el contenido más violento de la red, la empresa no contaba ni con una evaluación de riesgos psicosociales ni con un programa de wellness dedicado al acompañamiento de los trabajadores con mayor presión psicológica.

La querellante, que comenzó a trabajar en Majorel en 2019, ha ratificado ante la jueza que debía revisar vídeos reportados por tener un nivel de violencia extremo y que para ello no había recibido ninguna formación previa ni advertimiento sobre los daños psíquicos que podían provocar. Además, ha mantenido que la empresa lo minimizaba tanto en las entrevistas de trabajo como en las preparaciones posteriores.

No fue hasta 2021, han indicado fuentes jurídicas, que la empresa puso en marcha el servicio de wellness. Antes de la querella de la moderadora, la Inspección de Trabajo ya propuso una sanción de 15.000 euros a Majorel por incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos. Según la Inspección, en esa división de la empresa –en la que trabajan unas 650 personas–, las medidas para amortiguar la exposición a esos vídeos eran insuficientes.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado un decreto con el nombramiento de Francisco Javier de la Cruz González como director del recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Según recoge Europa Press, el Consejo de Gobierno de este pasado martes aprobaba dicho nombramiento, a propuesta de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Firmado también por el presidente regional, Emiliano García-Page, dicho decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El perfil del director del Instituto de Seguridad Laboral

Francisco Javier de la Cruz González es ingeniero técnico Industrial en Electricidad y Electrónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especializado en Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y Psicosociología aplicada por el ICAI-ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas.

En el ámbito profesional ha trabajado en diversos estudios de ingeniería entre Madrid y Toledo. También se desarrolló entre 1998 y 2007 como técnico de prevención de riesgos laborales en el ámbito público y privado. Desde 2010 ha sido coordinador regional de Seguridad y Salud Laboral en Castilla-La Mancha, así como desarrollado diferentes actividades desempeñadas en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha. El anuncio se ha producido tras la reunión mantenida este lunes entre el presidente regional, Emiliano García-Page y los secretarios generales de UGT y CCOO, Lola Alcónez y Javier Ortega respectivamente.

Es el primer anuncio del nuevo curso político que llega después de un verano 'negro', en particular el mes de agosto, en el que se han registrado seis muertes en accidente laboral, además de los otros 21 fallecimientos que se habían producido con anterioridad, según las cifras facilitadas por CCOO.

UGT y CCOO se concentraron en dos ocasiones durante el pasado mes en Albacete, una provincia especialmente azotada por la siniestralidad laboral. El secretario general de CCOO Javier Ortega señaló durante esos días que era “urgentísimo” poner en marcha este instituto. La propuesta al Gobierno de Emiliano García-Page data del año 2020.

El documento administrativo ya esta listo, decía la semana pasada Ortega, a falta de los últimos trámites, para que Castilla-La Mancha pueda contar, “como el resto de comunidades autónomas”, con este instrumento para coordinar las políticas preventivas, campañas y actuaciones específicas para controlar de manera efectiva que se cumple con las medidas preventivas“.

Además, tanto CCOO como UGT pidieron la semana pasada reunirse con el fiscal especializado en seguridad laboral tras la oleada de muertes en el trabajo en la provincia de Albacete, hasta cinco en quince días.

Se creará un Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral

Hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que el Consejo de Gobierno del 9 de septiembre dará luz verde a la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha que deberá dotarse de presupuesto y contenido.

No será la única medida. También se va a modificar el Decreto de Estructura de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para facilitar la creación del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral. Hasta ahora en la estructura de este departamento publicada en la web de la Junta de Castilla-La Mancha consta una Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral y también un Observatorio para la prevención de riesgos laborales, que data del año 2007, sin más referencias o directorio.

Ahora se apuesta por la figura del 'consejo' como órgano tripartito compuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la patronal y los sindicatos que dependerá de forma directa de este departamento y que, según ha explicado Patricia Franco “va a trabajar de manera conjunta y directa en todos los ámbitos de la seguridad laboral”.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha se ha congratulado de la decisión del Ejecutivo región a la salida de la reunión. “La creación de este espacio es una demanda histórica de Comisiones Obreras. Por fin se crea un espacio para la coordinación de políticas preventivas y de compromiso conjunto de todos los agentes sociales para abordar una de las mayores lacras que tiene nuestra región”, ha declarado Javier Ortega.

Los secretarios generales de UGT y CCOO Albacete, Francisco Javier González y Paco Gómez; han vuelto a denunciar la situación que sufre la provincia en materia de salud laboral con cinco personas fallecidas en accidente laboral en apenas 15 días, el último se producía este lunes, cuando tres trabajadores se precipitaban al vacío cuando realizaban tareas de soldadura en una nave en construcción. Uno de ellos falleció.

Hoy han vuelto a pedir la convocatoria “urgente” de la Comisión Provincial Permanente de Seguridad y Salud, así como una reunión con el fiscal delegado en material de Seguridad y Salud en el trabajo de Albacete, Gil Navarro.

“Familias rotas, vidas truncadas, pérdida de la salud, daños irreversibles y limitantes, este es el resultado de la falta de seguridad en nuestros centros de trabajo. Castilla-La Mancha está entre los primeros puestos en materia de siniestralidad laboral, no hay justificación alguna para la dramática situación que padecemos en nuestra tierra”, ha asegurado Francisco Javier González.

“Hay que aplicar la ley a las empresas incumplidoras y depurar las responsabilidades en los accidentes sufridos, a la vez que tenemos que sentar las bases para fortalecer la cultura preventiva, el cumplimiento de la ley y una gestión de la prevención eficaz que garantice la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia”, ha añadado el secretario general de UGT en la provincia exigiendo una respuesta inmediata a esta trágica situación, y que se persiga a las empresas incumplidoras.

Familias rotas, vidas truncadas, pérdida de la salud, daños irreversibles y limitantes, este es el resultado de la falta de seguridad en nuestros centros de trabajo

Cree también necesario “el refuerzo de la Inspección de trabajo, tanto en materia de recursos humanos como de recursos materiales”.

CCOO: “Los empresarios hablan poco de accidentes de trabajo”

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha exigido a las empresas que cumplan con su responsabilidad en materia de salud laboral y que se anteponga “de una vez por todas” la salud de las personas a otros intereses empresariales.

“Los empresarios hablan poco de accidentes de trabajo y cuando hablan casi siempre tratan de evitar su responsabilidad, pero la Ley de Prevención de Riesgos es clara y pone en el centro de la responsabilidad al empleador o a la empleadora. La empresa tiene la obligación de establecer un entorno saludable de trabajo, de invertir en esa seguridad, de vigilar y de establecer la formación y vigilancia suficientes para que no se produzcan estos accidentes”, ha afirmado.

“En muchas ocasiones, se prioriza el beneficio como principal objetivo, pero hay que anteponer la prevención de riesgos y la seguridad y salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Si tuvieran claro esto seguramente no habríamos tenido cinco accidentes en la provincia en lo que llevamos de mes”, ha añadido.

El secretario general de CCOO Albacete ha reclamado más inversión en seguridad, en derechos de las personas trabajadoras, formación, información, control, y que se cree cultura preventiva.

Por último, Gómez ha destacado la función que realiza la Inspección de Trabajo, que hace “una labor fundamental de investigación cuando se producen los accidentes, pero también de control de medidas de seguridad. Nos consta por información que hemos recabado en el entorno de la obra en la que hubo el accidente ayer que hace unos meses esta empresa tenía una inspección y que incurría en incumplimientos, es decir llueve sobre mojado”.

Del mismo modo Gómez también ha reclamado más recursos para la Inspección de Trabajo y la intervención de la Fiscalía “porque cuando hay responsabilidades es fundamental depurarlas”.