La situación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, ha llegado a un punto “totalmente insostenible”, a juicio de Compromís per València, que exigirá de nuevo su dimisión en el próximo pleno y pedirá la creación de una comisión de investigación que aclare todo lo ocurrido en el conocido como caso de enchufismo. Todo ello en un contexto en el que, a la espera de lo que determine la Fiscalía Anticorrupción sobre el papel de Olano, ya son tres los miembros del gobierno municipal investigados, entre ellos la propia alcaldesa, María José Catalá, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La publicación de los audios que evidencian la participación activa de Olano en la presunta trama de colocación a dedo de cargos públicos “es la gota que colma el vaso”, según la portavoz de Compromís, Papi Robles. Unas grabaciones que, según la edil valencianista, confirman que las plazas se diseñaban “a medida” para reducir la competencia y garantizar determinados nombramientos.

No se trata de un hecho aislado. La formación valencianista recuerda que Olano ya había sido señalado como pieza clave en esta operativa, hasta el punto de que ha solicitado formalmente que sea investigado en el marco de esta causa. La documentación y los audios conocidos en las últimas semanas apuntan a una estrategia coordinada desde el gobierno municipal para colocar a personas afines en distintos organismos públicos.

“Pero su historial viene de lejos y Olano ha sido reiteradamente cuestionado por su falta de transparencia, negándose a hacer pública su relación con empresas privadas pese a las peticiones de la oposición. También ha protagonizado episodios de desprecio hacia el movimiento vecinal, que ha llegado a censurar públicamente sus declaraciones”, sostienen.

Un patrón de conducta

Compromís considera que todo ello dibuja un patrón claro: “Opacidad, malas formas y una manera de entender la política alejada de los estándares de transparencia democrática. Los últimos audios no hacen más que confirmar lo que ya se había denunciado desde hace semanas”.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, considera que Catalá ya no puede proteger más a Olano: “Tenemos al concejal más opaco de este Ayuntamiento y con más sospechas. Nunca ha querido aclarar sus incompatibilidades, ha despreciado al movimiento vecinal y ahora vemos cómo maniobraba en una trama que puede acabar en delitos muy graves”.

Papi Robles advierte de que la situación ya no se sostiene de ninguna manera: “Los audios son la gota que colma el vaso de su soberbia, su opacidad y sus malas formas. No puede continuar ni un minuto más como concejal”.

Ante esta situación, la formación valencianista insiste en que la ciudad necesita explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas. Mantener a Olano en el cargo, señalan, “es avalar una forma de hacer política basada en la opacidad y el clientelismo”.

“Amañando” plazas de empleo público

El socialista Borja Sanjuán, por su parte, se lamentaba de que “ésta es la manera de trabajar del concejal de Contratación de María José Catalá”. “Todos hemos podido escuchar cómo el señor Olano estaba amañando plazas de empleo público, cómo le decía a la gente que si querían una plaza de empleo público que le hablaran en privado”, explica Sanjuán, quien insta a la alcaldesa de València a destituir a su edil de Grandes Proyectos: “Si no le cesa en las próximas horas, estará admitiendo que lo hacía porque ella se lo pidió, porque él es el señor Lobo, su Alfonso Grau”.

“Lo que tiene que hacer María José Catalá es decidir si cesa hoy a Pepe Marí Olano o asume que la responsable de esa manera de actuar que está hoy en el Ayuntamiento de València y que es tan del PP valenciano es ella”, concluye el portavoz socialista.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, informó a trabajadores públicos de convocatorias de empleo que estaban a punto de salir. El edil, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá, se reunió con los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en la primavera de 2024 para trasladarles información sobre una serie de plazas que se publicarían en breve y les insta a optar a ellas, según las grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es. Compromís y el PSPV han trasladado estas informaciones a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el proceso, y han pedido que se investigue al este concejal.

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido la denuncia de Compromís e inicia las diligencias sobre la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron de forma prácticamente simultánea y que ocuparon extrabajadores de la entidad, que se encontraba entonces en proceso de extinción. La denuncia afecta a la alcaldesa, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao.

“Se publican mañana en el Diari Oficial”

En los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es se escucha al concejal hablar con los trabajadores sobre algunas de las plazas que ahora están siendo investigadas. A los pocos minutos de arrancar la reunión, expone: “El proceso está de la siguiente manera: Hay ya dos plazas convocadas en el Boletín Oficial de la Provincia por parte la Fundación Deportiva Municipal. Esas plazas se enviaron al Boletín Oficial del Estado, las ha devuelto diciendo que no procede su convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se publican mañana, en principio, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con lo cual se abrirá el el plazo de presentación de solicitudes. Hay otras tres plazas convocadas en la fundación Visit Valencia, que ya ha vencido el plazo de solicitudes y no se ha presentado ninguna. Esta semana, en principio, se publican dos plazas con perfil jurídico en Aumsa”, dice. El edil apunta que todas las plazas son vacantes que ya existen, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada entidad. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

“Puedo deciros al 90% que van a salir. Y pronto”

Marí Olano habla de unas plazas en la empresa municipal de vivienda, Aumsa, que finalmente no llegaron a crearse. Explica que ha trabajado mucho este aspecto: “Lo de Aumsa no os lo prometo porque me estoy desesperando hasta límites que rozan la mala educación con la gerencia de Aumsa. Por distintas razones se han ido retrasando. Las plazas ya tienen todas las condiciones y sacramentos administrativos que tienen que tener para que se publiquen, pero no... no hay más”. Los trabajadores le preguntan por otras vacantes y Marí Olano les dice que no lo tiene claro porque no son de su compentencia, pero añade: “Las de Aumsa sí que puedo deciros al 90% que van a salir. Y van a salir pronto. Son dos plazas de perfil jurídico”, vuelve a comentar. 

“Es mejor que lo hablemos en privado”

“Si [en] alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza”, recalca el edil, que subraya que las condiciones de la plaza “no se tocan: son las condiciones del puesto” y añade que “hará su propuesta”.

“Se ha leído la ley hasta donde se podía leer”

El edil de Grandes Proyectos da garantías a los trabajadores sobre el proceso y los tranquiliza: “Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar”, explica. Son entidades en las que “se han podido encontrar vacantes”. “Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante.

Ampliación de la denuncia

Tras la publicación de las conversaciones por elDiario.es, Compromís y el PSPV han señalado al concejal de Grandes Proyectos en su ampliación de denuncia. Ambas formaciones han trasladado las informaciones publicadas por esta redacción a la Fiscalía Anticorrupción, según manifestaron ante los medios. La portavoz de Compromís, formación que inició la denuncia que ha dado pie a la investigación, considera que es una “operación de clientelismo” y que pueden darse delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Las grabaciones, plantea, “demuestra[n] que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno”.

El PSPV también pedirá que se investigue al concejal por un posible delito de revelación de secretos y utilización de información privilegiada y ha pedido que haga pública su agenda. La alcaldesa, por el momento, ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales sobre la adjudicación de la única plaza municipal que llega a ocuparse y defiende que el proceso fue “transparente”.

El regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, José Marí Olano, va buscar places a mida per als treballadors del Consorci València 2007. Això es desprén dels enregistraments, a què ha tingut accés elDiario.es, d’una reunió amb empleats que va tindre lloc la primavera del 2024 en què el regidor informa de processos d’ocupació pública que es trauran a concurs perquè puguen optar-hi. Les places que van eixir a concurs tant en entitats municipals com en el Port de València són objecte d’investigació per part de la Fiscalia Anticorrupció per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d’influències, arran d’una denúncia de Compromís.

Com ha anat informant en exclusiva aquesta redacció, en la trobada l’edil informa la plantilla que eixiran places en tres organismes —en un ja han eixit— i lamenta que “han anat retardant-se” les places en Aumsa, l’empresa municipal d’habitatge, que finalment no van arribar a eixir. Segons els enregistraments a què ha tingut accés aquesta redacció, Marí Olano explica que “són places de provisió de llocs de treball, més que d’accés a l’ocupació pública i. per tant, la competència està circumscrita exclusivament als que ja són empleats públics amb relació laboral de caràcter indefinit o funcionaris”.

L’edil apunta que totes les places —set, afirma— són vacants que ja existeixen en les fundacions i organismes, que no se’n crea cap de nova, i que tot segueix els criteris de cada fundació. Insisteix que les places són les que són, que les condicions de la plaça “no es poden tocar” i obri la porta a modificar “els requisits de la convocatòria”. “S’ha llegit la llei fins on s’ha pogut llegir”, els diu.

En la reunió, els treballadors plantegen els dubtes sobre el seu futur laboral. Pregunten si continuaran sent empleats públics, si se’ls reconeixerà l’antiguitat, si se’ls pot acomiadar i com serà el procés d’extinció del Consorci. Marí Olano els respon que la previsió és una extinció durant el 2024 i afirma sobre les places oferides que “es requereix que sigueu empleats púbics per a poder presentar-vos-hi, no perdreu la condició d’empleat públic per a poder presentar-vos en condicions (...) Fins que no acabe el termini de presentació de sol·licituds no es produirà l’extinció de les relacions laborals”.

Els empleats del Consorci fan nombroses preguntes a l’edil que l’alcaldessa, María José Catalá, envia a la reunió com a representant municipal. Olano dubta sobre les preguntes tan concretes sobre antiguitat en els organismes, i els diu: “No ho he estudiat a fons”. Les places que es convocaran “són llocs de provisió”, insisteix, no són places noves, sinó vacants en els organismes, i els recorda que ells ja tenen la condició d’empleat públic en el Consorci, però no sap les particularitats en altres organismes. Els treballadors interroguen sobre què passa si entren en Visit Valencia o Aumsa i si els acomiaden i l’edil de Grans Projectes torna a dir que ho desconeix, però apunta que ell no ha vist molts acomiadaments en empreses o entitats públiques “llevat de causes molt grosses”. “No hem arribat a això perquè no és la meua funció”, els explica.

L’edil fa una explicació més general sobre l’assumpte. Dubta sobre quines condicions mantindrien, els diu que “no ha arribat a això”. “Jo no sé si es mantenen totalment les condicions laborals vinculades” en el passat al Consorci, apunta. I enuncia: “Jo el que et puc dir és que la condició d’empleat públic ha sigut un requisit fonamental per a reduir la competència. És a dir, perquè aquestes places no estigueren subjectes a un règim de concurrència competitiva, que és el normal quan se seleccionen empleats públics i que tot el règim d’estatus jurídic laboral que es tindrà és el de l’entitat de la destinació. Això és el que et puc dir”.

Immediatament a continuació, expressa que el Consorci està format per administracions públiques en sentit estricte —el Govern central, l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana—, i que els tres ens en què eixiran les places no són administracions com a tal. “La fundació és una fundació, la Fundació Visit Valencia; la Fundació Esportiva Municipal és un organisme autònom municipal, té un component administratiu més potent, els empleats sí que són empleats públics, i Aumsa és una societat anònima normal i corrent, el capital de la qual és íntegrament de l’Ajuntament, però és una societat anònima normal i corrent. Té règim jurídic normal que tenen cadascuna. No em competeix a mi”, assenyala.

Possibles irregularitats en la plaça de Visit Valencia

L’assumpte de la condició d’empleat públic que es requereix per a accedir a les tres places de Visit Valencia, tal com verbalitza Olano, és un dels elements clau que pot derivar en responsabilitats per part de la seua responsable, la regidora Paula Llobet, tal com reflecteix la denúncia que va portar Compromís a la Fiscalia.

Segons l’edil, es converteix en un requisit “fonamental per a reduir la competència”, cosa que podria xocar amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que requereixen aquesta mena de processos. Juntament amb la gran puntuació que es donava a l’experiència en el sector públic (fins a 12 punts de 20), suposava un avantatge important per a aquests empleats, molts dels quals estaven en el Consorci des que es va crear el 2004.

Però és que, a més, quan es va adjudicar una de les tres places a E. M., un dels exempleats del Consorci València 2007 assenyalats en la denúncia com un dels beneficiaris d’un procés presumptament fraudulent, ja no tenia la condició d’empleat públic, ja que ja havia sigut despatxat del Consorci juntament amb la resta dels companys. En concret, segons Compromís, la persona adjudicatària de la plaça va ser acomiadada el 16 d’octubre de 2024. No obstant això, la resolució de l’oposició es va signar l’11 de novembre de 2024 i el contracte l’endemà, quan ja havia perdut la condició d’empleat públic arran de l’acomiadament col·lectiu del Consorci València 2007.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, buscó plazas a medida para los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. Así se desprende de las grabaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, de una reunión con empleados que tuvo lugar en la primavera de 2024 en la que el concejal informa sobre procesos de empleo público que se van a sacar a concurso para que puedan optar. Las plazas que salieron a concurso tanto en entidades municipales como en el Puerto de Valencia son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras una denuncia de Compromís.

Como ha venido informando en exclusiva esta redacción, en el encuentro el edil informa a la plantilla de que van a salir plazas en tres organismos -en uno ya han salido- y lamenta que “se han ido retrasando” las plazas en Aumsa, la empresa municipal de vivienda, que finalmente no llegaron a salir. Según las grabaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, Marí Olano explica que “son plazas de provisión de puestos de trabajo, más que de acceso al empleo público, y por tanto, la competencia está circunscrita exclusivamente a quienes ya son empleados públicos con relación laboral de carácter indefinido o funcionarios”.

El edil apunta que todas las plazas -siete, afirma- son vacantes que ya existen en las fundaciones y organismos, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada fundación. Insiste en que las plazas son las que son, que las condiciones de la plaza “no se pueden tocar” y abre la puerta a modificar “los requisitos de la convocatoria”. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

En la reunión, los trabajadores plantean las dudas sobre su futuro laboral. Preguntan si seguirán siendo empleados públicos, si se les reconocerá la antigüedad, si se les puede despedir y cómo será el proceso de extinción del Consorcio. Marí Olano les responde que la previsión es una extinción durante el 2024 y afirma sobre las plazas ofertadas que “se requiere que seáis empleados púbicos para poder presentarse, no vais a perder la condición de empleado público para poder presentaros en condiciones (...) Hasta que no finalice el plazo de presentación de solicitudes no se producirá la extinción de las relaciones laborales”.

Los empleados del Consorcio hacen numerosas preguntas al edil que la alcaldesa, María José Catalá, envía a la reunión como representante municipal. Olano duda sobre las preguntas tan concretas sobre antigüedad en los organismos, y les dice: “No lo he estudiado a fondo”. Las plazas que van a convocarse “son puestos de provisión”, insiste, no son plazas nuevas sino vacantes en los organismos, y les recuerda que ellos ya tienen la condición de empleado público en el Consorcio, pero no sabe las particularidades en otros organismos. Los trabajadores interrogan sobre qué ocurre si entran en Visit Valencia o Aumsa y si les despiden y el edil de Grandes Proyectos vuelve a decir que lo desconoce, pero apunta que él no ha visto muchos despidos en empresas o entidades públicas “salvo por causas muy gordas”. “No hemos llegado a eso porque no es mi función”, les explica.

El edil procede a hacer una explicación más general sobre el asunto. Duda sobre qué condiciones mantendrían, les dice que “no ha llegado a eso”. “Yo no sé si se mantienen totalmente las condiciones laborales vinculadas” en el pasado al Consorcio, apunta. Y enuncia: “Yo lo que te puedo decir es que la condición de empleado público ha sido un requisito fundamental para reducir la competencia. Es decir, para que esas plazas no estuvieran sujetas a un régimen de concurrencia competitiva, que es el normal cuando se seleccionan empleados públicos y que todo el régimen de estatus jurídico laboral que se va a tener es el de la entidad del destino. Eso es lo que te puedo decir”.

Inmediatamente a continuación, expresa que el Consorcio está formado por administraciones públicas en sentido estricto -el Gobierno central, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana-, y que los tres entes en los que van a salir las plazas no son administraciones como tal. “La fundación es una fundación, la Fundación Visit Valencia; la Fundación Deportiva Municipal es un organismo autónomo municipal, tiene un componente administrativo más potente, los empleados sí son empleados públicos, y Aumsa es una sociedad anónima normal y corriente, cuyo capital es íntegramente del Ayuntamiento, pero es una sociedad anónima normal y corriente. Tiene régimen jurídico normal que tienen cada una de ellas. No me compete a mí”, señala.

Posibles irregularidades en la plaza de Visit Valencia

El asunto de la condición de empleado público que se requiere para acceder a las tres plazas de Visit Valencia, tal y como verbaliza Olano, es uno de los elementos clave que puede derivar en responsabilidades por parte de su responsable, la concejala Paula Llobet, tal y como refleja la denuncia que llevó Compromís a la Fiscalía.

Según el edil, se convierte en un requisito “fundamental para reducir la competencia”, lo que podría chocar con los principios de igualdad, mérito y capacidad que requieren este tipo de procesos. Junto a la gran puntuación que se daba a la experiencia en el sector público (hasta 12 puntos de 20), suponía una importante ventaja para estos empleados, muchos de los cuales estaban en el Consorcio desde su creación en 2004.

Pero es que además, cuando se adjudicó una de las tres plazas a E. M., uno de los exempleados del Consorcio Valencia 200 señalados en la denuncia como uno de los beneficiarios de un proceso presuntamente fraudulento, ya no tenía la condición de empleado público, puesto que ya había sido despedido del Consorcio junto al resto de sus compañeros. En concreto, según Compromís, la persona adjudicataria de la plaza fue despedida el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución de la oposición se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido la condición de empleado público tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en València han rechazado las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa, María José Catalá, relacionadas con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por posibles casos de “enchufismo” y han anunciado nuevas acciones legales.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación del personal del Consorcio Valencia 2007 tras su liquidación.

En un comunicado, la portavoz de Compromís en el Consistorio, Papi Robles, ha asegurado este jueves que una de las plazas —la de Visit València— que “la alcaldesa ponía como ejemplo de proceso correcto no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria”.

La coalición valencianista señala que la investigación “apunta a un sistema organizado para situar a personas afines en puestos directivos mientras se liquidaba el Consorcio València 2007, con procesos bajo sospecha de vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como recogía el informe de la Intervención General del Estado”.

En este contexto, el caso de Visit València “no sería una excepción ‘legal’, como ha tratado de hacer ver la alcaldesa, sino una pieza más de una operativa más amplia”, considera la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Según Compromís, el puesto de trabajo adjudicado en la Fundación Visit València se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable.

En concreto, esta persona fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido esta condición tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.

“Las bases de la convocatoria eran claras: era necesario acreditar la condición de personal del sector público tanto en el momento de presentarse como en el de formalizar el contrato. Para Compromís, el hecho de que esta exigencia no se cumpliera desmonta completamente la defensa de Catalá y pone en cuestión la validez del proceso”.

En esta línea, el concejal Ferran Puchades ha solicitado la documentación relativa al proceso, incluyendo las certificaciones que acreditaban el cumplimiento de los requisitos y la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Visit València, con el objetivo de aclarar cómo se tramitó realmente esta contratación.

Sobre este mismo asunto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha exigido al gobierno de María José Catalá que “haga pública de manera inmediata la agenda de reuniones del concejal José Marí Olano, mano derecha de la alcaldesa, para esclarecer todas las reuniones que ha mantenido en secreto para ofrecer puestos de trabajo de manera irregular en el Ayuntamiento de València”.

Los socialistas han presentado una ampliación de denuncia en la Fiscalía para que se investigue también a Olano “después de que se hayan publicado audios suyos ofreciendo a los ex trabajadores del Consorcio Valencia 2007 plazas públicas a medida”, unos audios avanzados en exlusiva por elDiario.es.

“Olano es un concejal que no está publicando la agenda de con quién se reúne ni dice para qué empresas trabaja y está a sueldo porque, es necesario recordarlo, Catalá le concedió la compatibilidad para trabajar para empresas ajenas a este Ayuntamiento”, ha agregado Sanjuan, que anuncia nuevas acciones judiciales en caso de no obtener la información requerida.

“Hay que achicar el espacio que tienen determinadas personas para pensar que la administración es un sitio donde pueden regalar puestos públicos y asignar contratos a dedo”, ha concluido.

Catalá replica que las agendas son públicas

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que la agenda del concejal José Marí Olano es pública, al igual que la del resto de concejales del Ayuntamiento, y ha insistido en que aportará toda la documentación necesaria a la Fiscalía Anticorrupción sobre la recolocación de personal que investiga.

Preguntada por la petición del PSPV de conocer la agenda del concejal del Ayuntamiento de València José Marí Olano, que también ha sido incluido en su denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la recolocación del personal del Consorcio Valencia 2007, Catalá ha insistido que, salvo las reuniones internas, “el PSPV sabe perfectamente que las agendas son públicas”.

“Yo creo que sobre este tema ya he dicho, durante dos días, todo lo que tenía que decir y he hecho todo lo que tenía que hacer”, ha señalado la alcaldesa.

A su juicio, “lo más importante ahora es dejar que se avance” y ha sostenido que el Ayuntamiento aportará a la Fiscalía “cualquier documentación que disipe todas las dudas sobre esta situación”.

“El procés està de la manera següent: hi ha ja dues places convocades en el Butlletí Oficial de la Província per part la Fundació Esportiva Municipal. Aquestes places es van enviar al Butlletí Oficial de l’Estat, i les ha tornades dient que no escau la seua convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat i es publiquen demà, en principi, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i comença el termini. Hi ha tres places més convocades en la fundació Visit Valencia, de què ja ha vençut el termini de sol·licituds i no s’hi ha presentat ningú. Aquesta setmana, en principi, es publiquen dues places amb perfil jurídic en Aumsa”. Qui pronuncia aquestes paraules és el regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, José Marí Olano, en una reunió amb treballadors del Consorci València 2007 la primavera del 2024, segons els àudios a què ha tingut accés elDiario.es.

En el segon trimestre de l’any, després que l’Ajuntament manifeste la seua voluntat que els treballadors no es queden al carrer, un dels regidors de màxima confiança de María José Catalá es reuneix amb treballadors i sindicats i informa sobre “com està el procés”. En les seues paraules, que encapçalen aquesta informació, l’edil apunta que s’han buscat vacants en entitats dependents de l’Ajuntament per a traure convocatòries públiques i que els treballadors s’hi presenten. La informació, revelada en exclusiva per elDiario.es, ha sigut traslladada a la Fiscalia Anticorrupció per part de Compromís i el PSPV, per a ampliar la denúncia iniciada pels valencianistes contra l’Ajuntament i l’Autoritat Portuària per la publicació i l’adjudicació d’aquestes places.

La denúncia assenyala dues entitats de l’Ajuntament de València —la Fundació Visit Valencia, on aconsegueix plaça un extreballador, i la Fundació Esportiva Municipal, on finalment ningú accedeix— i l’Autoritat Portuària de València, on recalen dues extreballadores del Consorci. No obstant això, en els enregistraments a què ha tingut accés elDiario.es es parla d’un tercer ens en què es van buscar vacants per als empleats: l’empresa municipal d’habitatge de València, Aumsa. “Aquestes són les tres entitats del sector públic local: Fundació Visit Valencia, Fundació Esportiva Municipal i Aumsa, en què s’han pogut trobar aquestes vacants”, assenyala.

“Això d’Aumsa no us ho promet perquè estic desesperant-me”

L’edil, que assessora Catalá en el consell d’administració del Port i és delegat de Contractació en l’Ajuntament des d’abril del 2025, trasllada als treballadors que està a punt d’aixir una altra convocatòria de dues places en la societat anònima municipal i que, pel que sembla, li ha costat bastant faena. Ho garanteix, diu, “al 90%”. Això d’Aumsa no us ho promet perquè estic desesperant-me fins a límits que freguen la mala educació amb la gerència d’Aumsa. Per diferents raons s’han anat retardant. Les places ja tenen totes les condicions i els sagraments administratius que han de tindre perquè es publiquen, però no– no n’hi ha més“, exposa l’edil a l’inici de la reunió, en la qual està una hora conversant amb els treballadors, que plantegen els seus dubtes sobre tot el procés de liquidació de l’ens i sobre el seu futur com a empleats públics.

“Dos llocs de perfil jurídic”

Les places d’Aumsa no arriben a convocar-se mai, segons confirmen fonts municipals a elDiario.es. Aquestes fonts no han volgut confirmar per què. En els enregistraments, Marí Olano no concreta quines són les raons per les quals “s’han anat retardant”. Són, segons conta, “dos llocs de perfil jurídic”, que “són places de provisió de llocs de treball, més que d’accés a l’ocupació pública, i per tant, la competència està circumscrita exclusivament als que ja són empleats públics amb relació laboral de caràcter indefinit o funcionaris”, explica Marí Olano, que respon a dubtes dels treballadors sobre els diferents tipus de convocatòria. L’edil apunta que totes les places són vacants que ja existeixen, que no se’n crea cap de nova, i que tot segueix els criteris de cada fundació. “S’ha llegit la llei fins on s’ha pogut llegir”, els diu.

Més endavant, en la mateixa reunió, a l’edil li pregunten per la possibilitat que es convoquen altres vacants prompte, en altres entitats, però Marí Olano respon que no ho sap. I insisteix en les de l’empresa pública d’habitatge. “Les d’Aumsa sí que puc dir-vos al 90% que eixiran. I eixiran prompte. Són dues places de perfil jurídic”, torna a comentar. No hi ha constància que aquestes places arribaren a convocar-se ni l’edil explica quin és el motiu de la seua “desesperació” cap a la gerència.

L’empresa municipal d’habitatge ha passat per multitud de gerents durant el govern de María José Catalá. L’octubre del 2023 l’entitat que depén de la regidoria d’Habitatge va nomenar Ana María Gil Jiménez, experta en dret immobiliari i concursal com a gerent, que va ocupar el càrrec fins a octubre del 2024, quan va passar a ser directora general de Sector Públic a l’Ajuntament de València. En el seu lloc es va nomenar Covadonga Rico Oliver, funcionària de carrera i llicenciada en dret, que va abandonar el càrrec el gener del 2025 per motius personals.

S’amplia la denúncia per “una operació de clientelisme”

Després de la publicació de les converses per elDiario.es, Compromís i el PSPV han assenyalat el regidor de Grans Projectes en la seua ampliació de denúncia. La portaveu de Compromís, formació que va iniciar la denúncia que ha donat peu a la investigació, considera que és una “operació de clientelisme” i que poden donar-se delictes de negociacions prohibides a funcionaris. “Només les objeccions internes de l’empresa pública [Aumsa] ho van impedir”, ha explicat Papi Robles. “Això demostra que era una operació planificada per a cometre frau de llei des de dins del govern”, considera la dirigent valencianista.

El PSPV traslladarà la informació publicada per elDiario.es a la Fiscalia i demanarà que s’investigue el regidor per un possible delicte de revelació de secrets i utilització d’informació privilegiada. El portaveu del PSPV, Borja Sanjuan, ha apuntat que “una persona que ocupa un càrrec públic no pot avisar particulars de quan eixirà una convocatòria, quines característiques tindran les places o, més enllà, oferir-se a canviar-les”.

Catalá demana un informe al secretari municipal

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va afirmar dimecres que les paraules del regidor Marí Olano no són diferents de les que van plantejar els regidors de l’oposició, que van demanar en un ple que els treballadors no acabaren al carrer. La dirigent popular emmarca la denúncia en “campanya electoral” i ha explicat que està “ansiosa” per col·laborar amb la Fiscalia. “Tota la corporació” tenia la voluntat de mantindre aquests empleats “dins de la llei”, ha expressat, a preguntes dels mitjans de comunicació.

La dirigent ha avançat que encarregarà un informe a la Secretaria Municipal, els serveis jurídics del consistori, perquè analitzen el procés de selecció de l’extreballador que va obtindre una plaça en la fundació municipal Visit Valencia, un procés que defensa com a “transparent”.

“El proceso está de la siguiente manera: Hay ya dos plazas convocadas en el Boletín Oficial de la Provincia por parte la Fundación Deportiva Municipal. Esas plazas se enviaron al Boletín Oficial del Estado, las ha devuelto diciendo que no procede su convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se publican mañana, en principio, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y empieza el plazo. Hay otras tres plazas convocadas en la fundación Visit Valencia, que ya ha vencido el plazo de solicitudes y no se ha presentado nadie. Esta semana, en principio, se publican dos plazas con perfil jurídico en Aumsa”. Quien pronuncia estas palabras es el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, en una reunión con trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en la primavera de 2024, según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es.

En el segundo trimestre del año, después de que el Ayuntamiento manifieste su voluntad de que los trabajadores no se queden en la calle, uno de los concejales de máxima confianza de María José Catalá se reúne con trabajadores y sindicatos e informa sobre “cómo está el proceso”. En sus palabras, que encabezan esta información, el edil apunta que se han buscado vacantes en entidades dependientes del Ayuntamiento para sacar convocatorias públicas y que los trabajadores se presenten. La información, desvelada en exclusiva por elDiario.es, ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción por parte de Compromís y el PSPV, para ampliar la denuncia iniciada por los valencianistas contra el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria por la publicación y adjudicación de estas plazas.

La denuncia señala a dos entidades del Ayuntamiento de València —la Fundación Visit Valencia, donde consigue plaza un extrabajador, y la Fundación Deportiva Municipal, donde finalmente nadie accede— y a la Autoridad Portuaria de Valencia, donde recalan dos extrabajadoras del Consorcio. Sin embargo, en las grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es se habla de un tercer ente en el que se buscaron vacantes para los empleados: la empresa municipal de vivienda de València, Aumsa. “Esas son las tres entidades del sector público local: Fundación Visit Valencia, Fundación Deportiva Municipal y Aumsa, en las que se han podido encontrar esas vacantes”. señala.

“Lo de Aumsa no os lo prometo porque me estoy desesperando”

El edil, que asesora a Catalá en el Consejo de Administración del Puerto y es delegado de Contratación en el Ayuntamiento desde abril de 2025, traslada a los trabajadores que está al caer otra convocatoria de dos plazas en la sociedad anónima municipal y que al parecer le ha costado bastante trabajo. Lo garantiza, dice, “al 90%”. “Lo de Aumsa no os lo prometo porque me estoy desesperando hasta límites que rozan la mala educación con la gerencia de Aumsa. Por distintas razones se han ido retrasando. Las plazas ya tienen todas las condiciones y sacramentos administrativos que tienen que tener para que se publiquen, pero no... no hay más”, expone el edil al inicio de la reunión, en la que está una hora conversando con los trabajadores, que plantean sus dudas sobre todo el proceso de liquidación del ente y sobre su futuro como empleados públicos.

“Dos puestos de perfil jurídico”

Las plazas de Aumsa no llegan a convocarse nunca, según confirman fuentes municipales a elDiario.es. Estas fuentes no han querido confirmar por qué. En las grabaciones, Marí Olano no concreta cuáles son las razones por las que “se han ido retrasando”. Son, según cuenta, “dos puestos de perfil jurídico”, que “son plazas de provisión de puestos de trabajo, más que de acceso al empleo público, y por tanto, la competencia está circunscrita exclusivamente a quienes ya son empleados públicos con relación laboral de carácter indefinido o funcionarios”, explica Marí Olano, que responde a dudas de los trabajadores sobre los distintos tipos de convocatoria. El edil apunta que todas las plazas son vacantes que ya existen, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada fundación. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

Más adelante, en la misma reunión, al edil le preguntan por la posibilidad de que se convoquen otras vacantes pronto, en otras entidades, pero Marí Olano responde que no lo sabe. E insiste en las de la empresa pública de vivienda. “Las de Aumsa sí que puedo deciros al 90% que van a salir. Y van a salir pronto. Son dos plazas de perfil jurídico”, vuelve a comentar. No hay constancia de que estas plazas llegaran a convocarse ni el edil explica cuál es el motivo de su “desesperación” hacia la gerencia.

La empresa municipal de vivienda ha pasado por multitud de gerentes durante el gobierno de María José Catalá. En octubre de 2023 la entidad que depende de la concejalía de Vivienda nombró a Ana María Gil Jiménez, experta en derecho inmobiliario y concursal como gerente, que ocupó el cargo hasta octubre de 2024, cuando pasó a ser directora general de Sector Público en el Ayuntamiento de València. En su lugar se nombró a Covadonga Rico Oliver, funcionaria de carrera y licenciada en derecho, quien abandonó el cargo en enero de 2025 por motivos personales.

Se amplía la denuncia por “una operación de clientelismo”

Tras la publicación de las conversaciones por elDiario.es, Compromís y el PSPV han señalado al concejal de Grandes Proyectos en su ampliación de denuncia. La portavoz de Compromís, formación que inició la denuncia que ha dado pie a la investigación, considera que es una “operación de clientelismo” y que pueden darse delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. “Solo las objeciones internas de la empresa pública [Aumsa] lo impidieron”, ha explicado Papi Robles. “Esto demuestra que era una operación planificada para cometer fraude de ley desde dentro del gobierno”, considera la dirigente valencianista.

El PSPV trasladará la información publicada por elDiario.es a la Fiscalía y pedirá que se investigue al concejal por un posible delito de revelación de secretos y utilización de información privilegiada. El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha apuntado que “una persona que ocupa un cargo público no puede avisar a particulares de cuándo va a salir una convocatoria, qué características van a tener las plazas o, más allá, ofrecerse a cambiarlas”.

Catalá pide un informe al secretario municipal

La alcaldesa de València, María José Catalá, afirmó este miércoles que las palabras del concejal Marí Olano no son distintas a las que plantearon los concejales de la oposición, que pidieron en un pleno que los trabajadores no terminaran en la calle. La dirigente popular enmarca la denuncia en “campaña electoral” y ha explicado que está “ansiosa” por colaborar con la Fiscalía. “Toda la corporación” tenía la voluntad de mantener a estos empleados “dentro de la ley”, ha expresado, a preguntas de los medios de comunicación.

La dirigente ha avanzado que encargará un informe a la Secretaría Municipal, los servicios jurídicos del consistorio, para que analicen el proceso de selección del extrabajador que obtuvo una plaza en la fundación municipal Visit València, un proceso que defiende como “transparente”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha referido este miércoles a los audios publicados en exclusiva por elDiario.es en los que su concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, invita a los empleados del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a diversas plazas ofertadas en dos entidades municipales en una reunión con la plantilla y los sindicatos celebrada en la primavera del pasado año.

Unas plazas que son objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia puesta por Compromís el pasado mes de febrero por la que se investiga a Catalá, a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a las concejalas populares Rocío Gil y Paula Llobet, como responsables de la Fundación Deportiva Municipal y de Visit Valencia respectivamente.

Catalá ha reconocido la reunión y el contenido de las conversaciones publicadas por este diario: “Había una voluntad política de que estas personas no pierdan su puesto de trabajo dentro de la normativa vigente. Las palabras de Pepe Marí me parecen igual de graves o de menos graves que las del señor Puchades de Compromís o del señor Mateo del PSPV en el pleno de septiembre. Había una voluntad política de intentar que esas personas que se habían visto afectadas por un ERE por la liquidación de un Consorcio se intentara mantener su condición de empleados públicos con la fórmula legal oportuna”.

La alcaldesa ha asegurado que “el PSPV y Compromís siempre indicaban una recolocación directa a dedo sin procedimiento y nos negamos porque había un informe del secretario en contra”, una cuestión que niegan los partidos de la oposición al asegurar que apostaron por una subrogación.

Catalá ha insistido en que “lo importante es que todos aportemos documentación” a la Fiscalía y ha asegurado que lo va a hacer “de forma afanada” y que va a colaborar activamente porque es “la primera interesada en que se disipen las dudas que pueda tener la ciudadanía”. Sobre la reunión de Olano, ha explicado que “el concejal lo que hace es atender a las reuniones que piden sindicatos y trabajadores para hablar de la situación que se iba a generar en el momento de la liquidación del Consrocio y en ese momento surgen las dudas que los trabajadores plantean al concejal como entiendo que se reunieron con Compromís y el PSPV”.

La primera edil ha comentado que “la Fiscalía no ha solicitado ninguna documentación”, pero que está “ansiosa” de que la solicite y poder enviarla: “Ha empezado la campaña electoral y si Compromís ha decidido que empiece en la Fiscalía pues vale. He solicitado un informe a la secretaria municipal del proceso selectivo al que accedió una sola persona para que acrediten que fue reglado, habitual y normal, aunque evidentemente defiendo el buen hacer de este Ayuntamiento, que es de lo que yo me puedo hacer cargo, no soy presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia”.

Tal y como ha avanzado esta redacción, el edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería.

En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

PSPV y Compromís piden a Fiscalía que investigue a Olano

Compromís ha registrado este miércoles la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la presunta colocación a dedo de cargos en instituciones públicas de la ciudad. Compromís per València incorpora ahora dos elementos clave: el acta del Pleno del 25 de septiembre de 2024 y los audios destapados por elDiario.es, que, según denuncian, “confirman paso a paso” el funcionamiento de la operativa. Estos dos documentos confirman la implicación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, como el principal cerebro de esta operación presuntamente ilegal, en la que además trató de arrastrar a otra entidad pública, Aumsa, tal y como ha podido saber Compromís. En total, la alcaldesa María José Catalá y tres concejales del PP estarían implicados en la investigación.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación que ya “no estamos hablando de sospechas ni de indicios aislados”. “Estamos ante una operativa perfectamente descrita por sus propios protagonistas”, ha asegurado. En este sentido, Robles ha destacado que en el acta plenaria el concejal José Marí Olano asume que actuaba por indicación de la alcaldesa: “Yo recibí el mandato de la alcaldesa de tratar de encontrar una solución”. “Es evidente que Catalá estaba al tanto de todo y ordenaba cómo hacerlo”, ha afirmado.

Por ello, Compromís pide que Olano sea también investigado por los mismos presuntos delitos, a los que añaden el de negociaciones prohibidas a funcionarios. “No se puede entender esta trama sin el papel central de Olano”, ha remarcado la portavoz.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha remarcado que el Partido Socialista va a pedir que se investigue a Marí Olano, “quien reconoce en audios que estaba generando plazas a medida para colocar a las personas que quería introducir en los organismos públicos del Ayuntamiento de València”.

Para Sanjuan, “es un escándalo de corrupción de tal magnitud y tan claro que solo cabe que María José Catalá asuma responsabilidades y cese fulminantemente al concejal Marí Olano, una persona a la que ella misma describió como el señor Lobo”.

Compromís y el PSPV han anunciado que este miércoles ampliarán la denuncia ante la Fiscalía que presentó la coalición valencianista por la presunta creación de plazas públicas a dedo para personal del Consorcio Valencia 2007 por la que Anticorrupción ha abierto una investigación a la alcaldesa, María José Catalá, a la presidenta del Puerto, Mar Chao y a las concejalas del PP Rocío Gil y Paula Llobet.

Ambas formaciones han anunciado que pedirán al Ministerio Público que investigue también al concejal de Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la publicación en exclusiva por elDiario.es de la transcripción de unos audios en los que el edil invita a los extrabajadores del Consorcio a presentarse a varias plazas que se ofertaron en el año 2024 en Visit Valencia y en la Fundación Deportiva Municipal.

Tal y como ha avanzado esta redacción, el edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería.

En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Al hilo de esta información, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que la formación valencianista, ampliará este miércoles la denuncia “tras conocerse unos audios del concejal José María Olano en los que detalla paso a paso el proceso presuntamente irregular diseñado por el gobierno formado por PP y Vox para colocar a dos personas en entidades públicas valencianas”.

“Lo hemos dicho esta mañana, era muy extraño que Olano no estuviera implicado. Aquí tenemos la prueba que lo demuestra. María José Catalá tendrá que dar muchas explicaciones sobre este asunto. Huele muy mal”, ha resaltado en un comunicado.

Según fuentes del Ayuntamiento, fue un encuentro con 20 trabajadores, lo que refleja en su opinión de la voluntad de trasparencia.

Por su parte, el edil socialista Borja Sanjuan ha remarcado que el Partido Socialista va a pedir que se investigue a Marí Olano, “quien reconoce en audios que estaba generando plazas a medida para colocar a las personas que quería introducir en los organismos públicos del Ayuntamiento de València.

Para Sanjuan, “es un escándalo de corrupción de tal magnitud y tan claro que solo cabe que María José Catalá asuma responsabilidades y cese fulminantemente al concejal Marí Olano, una persona a la que ella misma describió como el señor Lobo”.

El regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, l’home fort de María José Catalá per a resoldre problemes, va convidar els treballadors del Consorci València 2007 a presentar-se a convocatòries d’ocupació pública abans que l’ens s’extingira per a reubicar-los. La primavera del 2024, en una reunió de més de dues hores de duració, José Marí Olano va oferir als empleats afectats per l’expedient de regulació d’ocupació una relació de places en entitats dependents del sector local per a resoldre la seua situació. Són llocs de treball que ja estaven previstos en les entitats públiques i que es trauen a concurs abans de l’estiu del 2024, en el marc del procés d’extinció del Consorci, de la convocatòria de les quals s’avisa els treballadors, segons les converses a les quals ha tingut accés elDiario.es.

La Fiscalia Anticorrupció ha iniciat una investigació sobre les places arran d’una denúncia de Compromís, que va posar en coneixement del ministeri fiscal la convocatòria quasi simultània de llocs de treball en l’Autoritat Portuària de València (APV) i dues fundacions municipals: Visit Valencia i la Fundació Esportiva Municipal. Així mateix, el 8 de maig de 2024, 20 dies abans de l’adjudicació de les places en l’Autoritat Portuària de València, els empleats afectats pels acomiadaments van registrar dues actes notarials en què s’apuntava que les dues places de l’Autoritat Portuària serien adjudicades a dues treballadores, amb nom i cognoms, com finalment va ser. Un fet que posa en relleu un informe de la Intervenció General de l’Estat destapat per aquest diari sobre processos selectius en l’APV en alguns dels quals s’hauria incorregut en irregularitats.

Els valencianistes apunten a un possible delicte de prevaricació i assenyalen l’alcaldessa de València, María José Catalá, la presidenta de l’Autoritat Portuària, Mar Chao, i dues regidores, les responsables de la Fundació Visit Valencia (Paula Llobet) i de la Fundació Esportiva Municipal (Rocío Gil). El regidor Marí Olano no figura esmentat en la denúncia, ni és investigat en aquest procés.

L’edil de Grans Projectes va mantindre diverses trobades amb personal del Consorci València 2007, en el marc d’un procés de mediació amb els liquidadors, a què van assistir també sindicats, la plantilla afectada i altres treballadors que finalment van ser subrogats, el personal de marineria. En la reunió, Marí Olano va indicar als treballadors que podien presentar-se a altres convocatòries públiques, i els empleats van plantejar els dubtes sobre la liquidació de l’ens —que han recorregut en el jutjat— o si es conservaria l’antiguitat com a empleats públics. Alguns parlen que treballadors es quedaran “fora” i l’edil respon que ell no ha fet els comptes: “Jo el que he aconseguit és traure a provisió en entitats municipals fins ara set places”, assenyala. Fonts consultades confirmen que l’edil va insistir en la possibilitat de presentar-se a processos públics i el consistori “faria tot el possible per no deixar-los en l’estacada”.

Segons els àudios a què ha tingut accés elDiario.es, l’edil trasllada als treballadors com va el procés de reubicació, que van demanar els sindicats, i parla de les “previsions”. Explica que hi ha dues places convocades ja, unes altres en què ha vençut el termini i no s’ha presentat ningú i poden tornar a eixir, i una tercera tanda prevista per a la mateixa setmana. “En principi es publiquen demà i comença el termini”, diu. L’edil convida els empleats del Consorci, que s’ha de dissoldre, a concórrer al procés per a mantindre la seua condició de treballadors públics, encara que els reconeix que les condicions laborals seran pitjors que les que tenen actualment. Parla d’unes places que eixiran en Aumsa, l’empresa pública d’habitatge de l’Ajuntament de València, encara que assegura que no pot garantir que siga així. “Això és tot el que he pogut aconseguir”, apunta en un moment de la reunió.

Marí Olano subratlla la legalitat del procés en la trobada, en què apunta que “les places han eixit sempre de conformitat amb les plantilles de les entitats que han tret les convocatòries, no hi ha hagut cap ampliació de plantilla de cap entitat, han sigut vacants de les entitats”. Els processos de convocatòria són concordes a la norma, trasllada: “Han eixit sempre de conformitat amb la legislació aplicable a cada entitat i de conformitat amb els procediments interns de cada entitat i amb les condicions laborals previstes en cada entitat”. L’edil de Grans Projectes dona garanties als treballadors sobre el procés i els tranquil·litza: “Hi han intervingut tres secretaris municipals (...) No vull utilitzar la paraula ‘forçat’, però s’ha llegit la llei fins on es podia llegir i fins ací és on jo crec que s’ha pogut arribar”, explica. Són entitats en què “s’han pogut trobar vacants”. “Nosaltres ens hem mogut dins d’on ens podem moure dins del marge que ens permet la llei”, insisteix més endavant.

En un moment de la reunió, una persona pregunta què passa amb les places que no s’han adjudicat, a les quals ningú s’ha presentat. Marí Olano apunta: “Jo he fet l’esforç amb les tres places de Visit Valencia, jo he fet un esforç de traure-les i em va costar molt l’esforç. No s’hi ha presentat ningú en una qüestió absolutament legítima. El que fem és donar les opcions”, expressa el regidor, insistint que són qüestions voluntàries. “Si [en] alguna de les places de Visit que no ha tingut convocatòria continua algú interessat, encara que siga modificant una mica, no en l’essencial, els requisits de la convocatòria, no de la plaça... doncs és una qüestió en què soc tot orelles. Jo crec que és millor que ho parlem en privat, però jo estaré encantat d’intentar solucionar-ho. Us ho reitere: de la convocatòria, no de la plaça”, recalca l’edil, que subratlla que les condicions de la plaça “no es toquen: són les condicions del lloc” i afig que “farà la seua proposta”.

Marí Olano reconeix als treballadors que lamenta la seua situació, que és lògic que a posteriori vulguen acudir als tribunals, i expressa que és una cosa amb què l’actual equip de govern “s’ha trobat”. El procés de liquidació va ser acordat el 2022, amb el Govern del Rialto, després que el Govern central condonara el deute de l’ens creat per a la Copa Amèrica. No obstant això, la idea de l’equip de Govern municipal que presidia Joan Ribó implicava mantindre un ens similar 100% municipal i subrogar els treballadors. Amb l’arribada del PP i de Vox al poder, van prendre la decisió política de privatitzar la gestió de la Marina, per la qual cosa es va optar per l’acomiadament d’una desena d’empleats administratius. El consistori té informes contraris a la subrogació dels treballadors del Consorci València 2007. L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha defensat el procés de l’entitat municipal Visit Valencia, que va ser “transparent” i que posaran a disposició l’expedient complet.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, el hombre fuerte de María José Catalá para resolver problemas, invitó a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos. En la primavera de 2024, en una reunión de más de dos horas de duración, José Marí Olano ofreció a los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo una relación de plazas en entidades dependientes del sector local para resolver su situación. Son puestos de trabajo que ya estaban previstos en las entidades públicas y que se sacan a concurso antes del verano del 2024, en el marco del proceso de extinción del Consorcio, de cuya convocatoria se avisa a los trabajadores, según las conversaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es.

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación sobre las plazas a raíz de una denuncia de Compromís, que puso en conocimiento del Ministerio Fiscal la convocatoria casi simultánea de puestos de trabajo en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y dos fundaciones municipales: Visit Valencia y la Fundación Deportiva Municipal. Asimismo, el 8 de mayo de 2024, 20 días antes de la adjudicación de las plazas en la Autoridad Portuaria de Valencia, los empleados afectados por los despidos registraron dos actas notariales en las que se apuntaba que las dos plazas de la Autoridad Portuaria serían adjudicadas a dos trabajadoras, con nombre y apellidos, como finalmente resultó ser. Un hecho que pone de relieve un informe de Intervención General del Estado destapado por este diario sobre procesos selectivos en la APV en algunos de los cuales se habría incurrido en irregularidades.

Los valencianistas apuntan a un posible delito de prevaricación y señalan a la alcaldesa de València, María José Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a dos concejalas, las responsables de la Fundación Visit Valencia (Paula Llobet) y de la Fundación Deportiva Municipal (Rocío Gil). El concejal Marí Olano no aparece mencionado en la denuncia, ni está siendo investigado en este proceso.

El edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería. En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, el edil traslada a los trabajadores cómo está siendo el proceso de reubicación, que pidieron los sindicatos, y habla de las “previsiones”. Explica que hay dos plazas convocadas ya, otras en las que ha vencido el plazo y no se ha presentado nadie y pueden volver a salir, y una tercera tanda prevista para la misma semana. “En principio se publican mañana y empieza el plazo”, dice. El edil invita a los empleados del Consorcio, que se ha de disolver, a concurrir al proceso para mantener su condición de trabajadores públicos, aunque les reconoce que las condiciones laborales serán peores que las que tienen actualmente. Habla de unas plazas que van a salir en AUMSA, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de València, aunque asegura que no puede garantizar que así sea. “Esto es todo lo que he podido conseguir”, apunta en un momento de la reunión.

Marí Olano subraya la legalidad del proceso en el encuentro, en el que apunta que “las plazas han salido siempre de conformidad con las plantillas de las entidades que han sacado las convocatorias, no ha habido ninguna ampliación de plantilla de ninguna entidad, han sido vacantes de las entidades”. Los procesos de convocatoria son acordes a la norma, traslada: “Han salido siempre de conformidad con la legislación aplicable a cada entidad y de conformidad con los procedimientos internos de cada entidad y con las condiciones laborales previstas en cada entidad”. El edil de Grandes Proyectos da garantías a los trabajadores sobre el proceso y los tranquiliza: “Han intervenido tres secretarios municipales (...) No quiero utilizar la palabra 'forzado', pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer y hasta aquí es donde yo creo que se ha podido llegar”, explica. Son entidades en las que “se han podido encontrar vacantes”. “Nosotros nos hemos movido dentro de donde nos podemos mover dentro del margen que nos permite la ley”, insiste más adelante.

En un momento de la reunión, una persona pregunta qué sucede con las plazas que no se han adjudicado, a las que nadie se ha presentado. Marí Olano apunta: “Yo he hecho el esfuerzo con las tres plazas de Visit Valencia, yo he hecho un esfuerzo de sacarlas y me costó mucho el esfuerzo. No se ha presentado nadie en una cuestión absolutamente legítima. Lo que estamos haciendo es dar las opciones”, expresa el concejal, insistiendo en que son cuestiones voluntarias. “Si [en] alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria sigue alguien interesado, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria, no de la plaza... pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero: de la convocatoria, no de la plaza”, recalca el edil, que subraya que las condiciones de la plaza “no se tocan: son las condiciones del puesto” y añade que “hará su propuesta”.

Marí Olano reconoce a los trabajadores que lamenta su situación, que es lógico que a posteriori quieran acudir a los tribunales, y expresa que es algo con lo que el actual equipo de gobierno “se ha encontrado”. El proceso de liquidación fue acordado en 2022, con el Gobierno del Rialto, después de que el Gobierno central condonara la deuda del ente creado para la Copa América. Sin embargo, la idea del equipo de Gobierno municipal que presidía Joan Ribó pasaba por mantener un ente similar 100% municipal y subrogar a los trabajadores. Con la llegada del PP y de Vox al poder, tomaron la decisión política de privatizar la gestión de la Marina, por lo que se optó por el despido de una decena de empleados administrativos. El Consistorio cuenta con informes contrarios a la subrogación de los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido el proceso de la entidad municipal Visit Valencia, que fue “transparente” y que pondrán a disposición el expediente completo.

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències d'investigació penal pels presumptes delictes de prevaricació i de tràfic d'influències en la creació de places a dit a l'Ajuntament de València i al Port. El ministeri fiscal ja ha designat fiscal instructor perquè inicie les perquisicions, segons la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es.

La investigació ve com a conseqüència de la denúncia que va posar Compromís el passat mes de febrer contra l'alcaldessa María José Catalá, contra la presidenta de l'Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, i contra les regidores Rocío Gil i Paula Llobet per la creació de diversos llocs de treball en entitats municipals per a personal del Consorci València 2007, tal com ha avançat The Objective i ha confirmat aquest diari.

La portaveu del primer partit de l'oposició, Papi Robles, va posar en coneixement del ministeri públic una sèrie de maniobres administratives que, segons la formació, haurien servit per orquestrar una “subrogació encoberta” de diversos treballadors del Consorci, entitat pública liquidada que gestionava la Marina, cap a altres institucions públiques.

La denúncia assenyala també les persones que s'haurien beneficiat de les places, M.G., subdirectora d'Infraestructures, Instal·lacions i Conservació de l'APV; A.G., cap de Gestió Econòmic Financera de l'APV; E.M., administratiu de la Fundació Visit València; i E.P., funcionària interina de la Generalitat Valenciana.

A més, reflecteix que s'haurien detectat almenys set procediments activats de forma paral·lela i concertada entre l'Ajuntament de València i l'APV per situar persones amb noms i cognoms en llocs directius creats pràcticament a mida. Prova d'això és que en cinc casos les convocatòries van quedar desertes, és a dir, no es va presentar cap candidat.

En concret Visit València i la Fundació Esportiva Municipal, així com el propi Port de València van llançar convocatòries gairebé idèntiques en les mateixes dates per cobrir perfils que van acabar ocupant les mateixes persones que ja havien estat assenyalades en actes notarials fins i tot abans que es resolgueren els concursos, uns actes que va destapar elDiario.es l'octubre de 2024.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal por los presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias en la creación de plazas a dedo en el Ayuntamiento de València y en el Puerto. El ministerio fiscal ya ha designado fiscal instructor para que inicie las pesquisas, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La investigación viene como consecuencia de la denuncia que puso Compromís el pasado mes de febrero contra la alcaldesa María José Catalá, contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y contra las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet por la creación de diversos puestos de trabajo en entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, tal y como ha avanzado The Objective y ha confirmado este diario.

La portavoz del primer partido de la oposición, Papi Robles, puso en conocimiento del ministerio público una serie de maniobras administrativas que, según la formación, habrían servido para orquestar una “subrogación encubierta” de varios trabajadores del Consorcio, entidad pública liquidada que gestionaba la Marina, hacia otras instituciones públicas.

La denuncia señala también a las personas que se habrían beneficiado de las plazas, M. G., subdirectora de Infrastructuras, Instalaciones y Conservación de la APV; A. G., jefa de Gestión Econòmico Financera de la APV; E. M., administrativo de la Fundación Visit València; y E.P., funcionaria interina de la Generalitat Valenciana.

Además, refleja que se habrían detectado al menos siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre el Ayuntamiento de València y la APV para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida. Prueba de ello es que en cinco casos las convocatorias quedaron desiertas, es decir, no se presentó ningún candidato.

En concreto Visit València y la Fundación Deportiva Municipal, así como el propio Puerto de València lanzaron convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos, unas actas que destapó elDiario.es en octubre de 2024.

El barómetro municipal de opinión ciudadana correspondiente al mes de abril hecho público por el Ayuntamiento de València deja una doble lectura, según denuncia Compromís: “Una ciudadanía implicada en su bienestar y un Gobierno, el de la alcaldesa María José Catalá, que evita someterse a la evaluación pública, puesto que el PP y Vox llevan casi un año sin preguntar a los valencianos cómo valoran su gestión, eliminando del cuestionario una de las partes más básicas de cualquier encuesta pública”.

Este infobarómetro, puesto en marcha en el anterior mandato en el que Gobernaban Compromís y el PSPV, con Joan Ribó como alcalde, siempre incluía un primer apartado en el que se preguntaba a los ciudadanos su valoración de la ciudad en general y por temas como la limpieza, la seguridad, las zonas verdes o servicios como la Policía Local o el transporte público de la EMT.

Sin embargo, tanto en esta última encuesta como en la anterior del mes de diciembre se ha suprimido este apartado. En la anterior, dedicada a la temática de la Innovación, sí que se preguntó por la gestión municipal y las respuestas no fueron especialmente satisfactorias para el equipo de Gobierno: un 23,9 de los encuestados consideraba que la ciudad había mejorado, frente a un 29,5% que afirmaba que había empeorado y un 45,6 que decía que estaba igual. De cara al futuro, un 20,6% pensaba que mejoraría, frente a un 23,6% que apostaba a que empeoraría y un 52,5% que pensaba que seguiría igual. Con todo, la nota media a la gestión municipal fue de un 5,2 sobre 10.

“Catalá tiene miedo a la prueba del algodón de la opinión ciudadana. Por eso lleva casi un año ocultando las preguntas sobre la valoración de la gestión municipal. Pero ni así puede esconder el fracaso: su último barómetro dice que casi la mitad de València no tiene suficientes instalaciones deportivas”, asegura la portavoz de Compromís per València, Papi Robles.

Más allá de esta ocultación, desde el segundo partido de la ciudad destacan que el propio estudio dibuja una realidad clara: los valencianos quieren vivir mejor, pero el Ayuntamiento no está a la altura. “Los valencianos hacen los deberes. Tienen hábitos saludables, hacen deporte y se preocupan por su salud. Pero el gobierno no acompaña con servicios públicos suficientes ni accesibles”, ha remarcado Robles.

La coalición valencianista señala especialmente tres ámbitos clave que el barómetro deja en evidencia: el acceso al deporte, el coste de la vida y la salud. En este sentido, denuncian que tres de cada cuatro valencianos no han utilizado nunca un servicio deportivo municipal. “La oferta pública deportiva debe ser de calidad, pero sobre todo debe ser accesible. Si la gente no usa los servicios municipales, es que algo no funciona: o no llegan, o no se los pueden permitir, o simplemente no existen en su barrio”, ha señalado Robles.

También alertan del impacto del coste de la vida en el bienestar. “Cuando la gente dice que no puede comer tan bien como le gustaría porque los alimentos saludables son caros, no estamos ante un problema de hábitos, sino de desigualdad. Eso también es responsabilidad del Ayuntamiento”, ha apuntado la portavoz valencianista.

Para Compromís, el mensaje de fondo es que hay una ciudadanía preparada para cuidarse y una administración que no acompaña. “Lo que pide la gente es sencillo: servicios públicos de calidad, accesibles y una ciudad que facilite vivir mejor. Y eso, ahora mismo, no está pasando”, ha recordado Robles.

El Ayuntamiento de València desoye a la Acadèmia Valenciana de la Llengua e impondrá en el pleno la denominación 'Valéncia/Valencia'. El Ejecutivo capitaneado por María José Catalá lleva este martes al pleno de marzo una doble petición: plantear alegaciones al informe del ente estatutario —la autoridad en materia lingüística— y pedir la denominación bilingüe con el acento cerrado, contra el criterio de los filólogos.

Según la propuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, junto al informe de alegaciones se plantea que se reclame mantener la denominación bilingüe. La propuesta de resolución, firmada este mismo lunes, plantea que además de presentar el informe de alegaciones “solicita que se mantenga la forma bilingüe Valéncia/Valencia propuesta por la corporación”; que “en todo caso, se solicita que se mantenga la doble denominación” y se pide que se remita el acuerdo a la Generalitat.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha reclamado introducir este punto en el pleno de manera extraordinaria tras recibir el informe de alegaciones del académico Abelard Saragossà, que difiere del criterio del órgano estatutario. Si todo va según lo previsto, la mayoría de PP y Vox aprobarán la moción, que eleva la petición a la Generalitat. Es la administración autonómica la encargada de aprobar los cambios de denominación, a través de un procedimiento instruido por la Dirección General de Administración Local que culmina con un decreto del Consell.

El gobierno de Catalá lleva meses insistiendo en cambiar el topónimo para revertir la decisión de la izquierda, que bajo el mandato de Joan Ribó impulsó la denominación 'València', que sí era acorde al criterio filológico. Tras la propuesta de PP y Vox, la AVL emitió un informe en el que dictamina que la denominación adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València y apunta que el Ayuntamiento no ha aportado “ningún argumento” que justifique la forma en castellano y la denominación bilingüe del topónimo. La Acadèmia “considera que la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València” y que “en cualquier caso, si el Ayuntamiento de València decide proponer para la aprobación oficial la forma doble, en contra del criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la solución bilingüe adecuada es València/Valencia”.

De seguir adelante con el cambio en el topónimo y aprobarse, la Generalitat podría incurrir en prevaricación administrativa, según apuntan fuentes académicas: los informes del organismo, que ha rechazado esta medida, son vinculantes. La responsabilidad se traslada al Ejecutivo autonómico al ser quien apruebe el decreto; el pleno municipal tan solo eleva la propuesta con sus alegaciones.

La Generalitat Valenciana recoge que los cambios de topónimo deben contar con un informe, preceptivo y vinculante, en el que la AVL podrá proponer alternativas “que considere más adecuada técnica e históricamente o advertir si hay incorrecciones lingüísticas”. En el caso de emitirse informe desfavorable por parte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o del ministerio, se dará traslado a la entidad local interesada para que emita alegaciones en el plazo de un mes, como así ha sido.

Las alegaciones del Ayuntamiento

El académico Abelard Saragossà es autor del informe que pretende aprobar la denominación con acento cerrado. El filólogo también es el responsable de presentar las alegaciones del consistorio la AVL y mantiene su criterio, que señala que la ciudad se pronuncia con la 'e' cerrada y no abierta.

Saragossà llega a hacer un análisis jurídico del informe lingüístico: el documento oficial de la Academia, dice, difiere de la legalidad que han establecido las Corts Valencianes “un ayuntamiento puede elegir una forma secundaria para el nombre de la población”. Y añade: “Toda institución democrática puede tomar decisiones dudosas o erróneas. Pero el respeto y la lealtad entre instituciones valencianas pide considerar las causas que han impulsado las Corts Valencianes a establecer dicha legalidad. En cambio, el documento oficial de la Academia no cumple esa obligación (que es, a la vez, científica y social): habla sin exponer y analizar los motivos que han tenido las Corts Valencianes para dar el derecho en un nombre secundario”, apunta.

Els veïns i veïnes de València podien haver-se estalviat al voltant d’un milió d’euros dels costos derivats del manteniment de la ciutat en Falles si haguera estat vigent la taxa turística que va aprovar el Govern del Botànic dirigit per Ximo Puig i que van derogar al cap de pocs mesos d’accedir al Consell el PP i Vox.

Per esmentar-ne un exemple, tan sols el dispositiu de neteja desplegat per l’Ajuntament per a aquestes festes ha suposat una despesa de 3,2 milions d’euros.

Va ser el 10 de novembre de 2023 quan l’executiu que llavors dirigia Carlos Mazón, amb el suport de l’alcaldessa de València, María José Catalá, va tombar la taxa turística aprovada mesos abans mitjançant una llei en les Corts Valencianes, però amb una moratòria que suspenia la posada en marxa finsl a 2024. A més, la seua aplicació depenia de la voluntat de cada municipi.

Segons la llei derogada, l’import de la taxa oscil·lava entre els 0,5 euros al dia en les pensions, 1 euro per a apartaments de categoria primera i hotels d’una, dues i tres estreles i 1,5 euros per apartament de categoria superior i hotels de quatre i cinc estreles.

Tenint en compte que el 2025 es van registrar 662.047 pernoctacions entre el 13 i el 19 de març (xifres semblants a les d’enguany, a falta de dades oficials). Sumant-hi les del cap de setmana previ a les Falles, quan més afluència de visitants hi ha hagut, i aplicant la taxa derogada aprovada pel Govern del Botànic, s’aconseguiria una xifra pròxima a un milió d’euros de mitjana. Si s’aplicara, en canvi, una taxa com la de Barcelona, que arriba a 4 euros per nit, s’aconseguiria un mínim de 2,6 milions d’euros.

I això pel que fa exclusivament a les Falles. En el conjunt de l’any, el 2025 València va arribar a 6 milions de pernoctacions, així que, aplicant la taxa de l’anterior Govern valencià d’esquerres, la recaptació mitjana hauria sigut d’altres tants milions. Aplicant una taxa com la de la ciutat comtal, ascendiria a 24 milions d’euros.

Malgrat tot, el Consell que presideix Juan Francisco Pérez Llorca va refredar divendres qualsevol possibilitat d’aprovar una nova llei per a regular la taxa turística. Barrachina, va afirmar divendres que no imposaran “cap taxa turística”, perquè les rebaixes fiscals són “el sant i senyal” d’aquesta Administració autonòmica i no preveu adoptar en aquesta legislatura cap “tribut addicional”.

Així ho va afirmar en la roda de premsa després del ple del Consell, en què, preguntat pel debat obert després de les Falles sobre la possibilitat d’establir a València una taxa turística, va dir que entenen i respecten “qualsevol opinió municipal”, però el Govern valencià “està en fase de rebaixar pressió fiscal i eliminar tributs, i en cap cas de situar-ne cap d’addicional”.

També Catalá va recular després d’obrir la porta a estudiar la taxa, com va suggerir Juan Roig dies arrere. “El debat està obert sobre com els turistes poden contribuir”, va assenyalar divendres el portaveu del govern local, Juan Carlos Caballero, que va insistir que “no tenim el marc legal perquè l’Ajuntament puga prendre una decisió unilateral”. Caballero va tornar a instar el Govern d’Espanya a millorar el finançament local, encara que va reconéixer que, si el debat del finançament autonòmic està més d’una dècada embossat, el del finançament municipal no serà més fàcil.

El número 2 de Catalá va reconéixer que existia el marc legal autonòmic fins que Carlos Mazón el va tombar amb un decret, que van ratificar el PP i Vox en les Corts, però va considerar que no era l’idoni.

Los vecinos y vecinas de València podían haberse ahorrado en torno a un millón de euros de los costes derivados del mantenimiento de la ciudad en Fallas si hubiera estado vigente la tasa turística que aprobó el Gobierno del Botánico dirigido por Ximo Puig y que derogaron a los pocos meses de acceder al Consell el PP y Vox.

Por citar un ejemplo, tan solo el dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento para estas fiestas ha supuesto un gasto de 3,2 millones de euros.

Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando el ejecutivo que entonces dirigía Carlos Mazón, con el apoyo de la alcaldesa de València, María José Catalá, tumbó de la tasa turística aprobada meses antes mediante una ley en las Corts Valencianes, pero con una moratoria que suspendía su puesta en marcha hasta 2024. Además, su aplicación dependía de la voluntad de cada municipio.

Según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Teniendo en cuenta que en 2025 se registraron 662.047 pernoctaciones entre el 13 y el 19 de marzo (cifras parecidas a las del presente año, a falta de datos oficiales), sumando las del fin de semana previo a las Fallas, cuando más afluencia de visitantes ha habido, y aplicando la tasa derogada por el Gobierno del Botánico, se alcanzaría una cifra cercana al millón de euros de media. Si se aplicara, en cambio, una tasa como la de Barcelona que alcanza los 4 euros por noche, se alcanzaría un mínimo de 2,6 millones de euros.

Y eso por lo que se refiere exclusivamente a Fallas. En el conjunto del año, en 2025 València alcanzó los 6 millones de pernoctaciones, así que, aplicando la tasa del anterior Gobierno valenciano de izquierdas, la recaudación media hubiera sido de otros tantos millones de euros. Aplicando una tasa como la de la ciudad condal, ascendería a 24 millones de euros.

Pese a todo, el Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca enfrió este viernes cualquier posibilidad de aprobar una nueva ley para regular la tasa turística. Su portavoz, Miguel Barrachina, afirmó este viernes que no van a “imponer ninguna tasa turística”, porque las rebajas fiscales son “el santo y seña” de esta Administración autonómica y no prevé adoptar en esta legislatura ningún “tributo adicional”.

Así lo afirmó en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, en la que preguntado por el debate abierto tras las Fallas sobre la posibilidad de establecer en València una tasa turística dijo que entienden y respetan “cualquier opinión municipal”, pero el Gobierno valenciano “está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional”.

También Catalá reculó tras abrir la puerta a estudiar la tasa, como sugirió Juan Roig días atrás. “El debate está abierto sobre cómo los turistas pueden contribuir”, señaló este viernes el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, que insistió en que “no tenemos el marco legal para que el ayuntamiento pueda tomar una decisión unilateral”. Caballero volvió a instar al Gobierno de España a mejorar la financiación local, aunque reconoció que, si el debate de la financiación autonómica lleva más de una década atascado, el de la financiación municipal no va a ser más fácil.

El número 2 de Catalá reconoció que existía el marco legal autonómico hasta que Carlos Mazón lo tumbó con un decreto, que ratificaron PP y Vox en las Corts, pero consideró que no era el idóneo.

Les Falles han alterat la normalitat amb què circulen els trens de Rodalies de València. L’Ajuntament de València va traslladar el febrer passat una sol·licitud formal a Renfe per a interrompre el servei per raons de seguretat a les hores centrals del dia, al voltant de la mascletà, una mesura que ha afectat milers d’usuaris en l’àrea metropolitana.

En concret, es va acordar la interrupció de l’arribada de trens a l’Estació del Nord entre les 12.00 i les 15.00, per a limitar l’afluència contínua de persones al carrer de Xàtiva en aquest punt, que a aquestes hores ja presenta una aglomeració important de públic, igual que es fa amb les parades del metro del centre de la ciutat. Des de divendres passat, els usuaris de les línies C1 i C2 finalitzen el trajecte a Albal, i poden arribar al centre amb uns autobusos llançadora habilitats per la Generalitat fins al metro de Torrent Avinguda o fins a la pedania de la Torre, on enllacen amb l’EMT. Són 8 trens afectats per dia, amb capacitat per a més de mil persones.

Per a comprovar la qualitat del servei prestat en aquestes condicions i l’impacte real sobre la ciutadania, ens hem submergit en l’odissea d’intentar arribar a València des de Silla en la franja crítica de 13.00 a 15.00. El trajecte que vam idear per a dilluns, 16 de març, implica: agafar el tren de Silla a Albal; després, agafar l’autobús llançadora Albal – La Torre; i finalment, la línia 27 de l’EMT (La Torre – avinguda de l’Oest). No obstant això, sobre el terreny, la realitat ens va obligar a modificar l’itinerari.

L'adaptació de la ciutadania davant la barrera institucional

En l’andana d’eixida, en l’estació de Silla, una parada abans del final del trajecte, ja s’evidenciava el primer fenomen sociològic derivat d’aquest tall: l’evasió del transbord. Un veí comenta que prefereix esperar el tren directe a València següent abans que sotmetre’s a la ruta alternativa fins a Albal.

Una altra estratègia d’evasió del transbord ha sigut la que ha adoptat ma mare, que havia d’anar a les 14.00 al seu lloc de treball a Catarroja, dues parades després. “No és raonable que la diversió d’uns impedisca que altres vagen a la faena”, constata contundentment. Finalment, vaig haver d’acostar-la amb cotxe al seu centre de treball. I mentre ma mare es preparava per a iniciar la seua jornada laboral, vaig tornar ràpidament a Silla per a iniciar la meua odissea cap a València. El meu viatge va començar a les 14.00. El trajecte fins a Albal, que dura uns cinc minuts, es va completar sense incidències. El tren anava pràcticament buit.

En arribar a l’estació d’Albal a les 14.05, l’escenari evidenciava un desplegament de seguretat desproporcionat respecte de l’afluència real. A part dels operaris de Renfe i de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), el recinte estava fortament custodiat per la Guàrdia Civil: tres cotxes patrulla en l’aparcament i entre huit i nou agents patrullant les instal·lacions. Renfe va demanar un reforç de la seguretat en les estacions.

On està la gent?

Una vegada en la zona de transbord, vaig localitzar l’autobús amb destinació a la Torre. En preguntar a la conductora per l’hora d’eixida, la seua resposta va revelar la falta d’un horari planificat: “Eixirem quan l’inspector done l’avís”. La immensa major part dels passatgers optaven per l’autobús cap a Torrent per a enllaçar amb Metrovalència, deixant-me com l’únic usuari interessat en la ruta cap a la Torre.

El mateix inspector de l’ATMV va confirmar la situació: “S’esperava més afluència de gent”. va dir. La desconnexió entre les previsions i la realitat es va fer patent. Mentre que el primer bus cap a Torrent va eixir quasi immediatament després de l’arribada del tren, el que tenia la Torre com a destinació estava parat. A les 14.26, després de més de vint minuts d’espera i per una qüestió de mera eficiència de recursos públics, vaig comunicar a l’inspector que em semblava un despropòsit mobilitzar un autobús per a un sol passatger, per la qual cosa vaig decidir canviar de ruta i pujar a l’autobús amb destinació a Torrent.

L’inspector va assenyalar que l’últim tren d’aquesta franja horària arribaria a Albal a les 14.36, per la qual cosa aquests passatgers serien els últims a utilitzar les llançadores. “Hui és un dia fluix, i això que solament hi ha tres cotxes”, va admetre, estimant que els dies de vertadera tensió logística estan per vindre.

Quan vaig pujar al bus amb destinació a Torrent, allí ja hi havia unes poques persones assegudes. Alguns d’aquests passatgers manifestaven obertament la seua frustració, queixant-se d’estar més de 20 minuts esperant per a eixir. “Estic més temps esperant que isca el bus que el que he tardat a arribar ací [a Albal]”, va dir un dels passatgers. Sembla que la política de l’ATMV en aquesta mena de situacions consisteix a retardar l’eixida del bus fins que s’arribe a una certa quantitat mínima de passatgers, cosa que, francament, em sembla òptima, encara que aquest modus operandi, sens dubte, perjudica alguns usuaris que necessiten puntualitat.

Finalment, l’autobús, quasi buit, va encetar la marxa a les 14.39. Durant el trajecte, la conductora del bus em va resumir, molt amablement, els fluxos de viatgers, tant de hui com dels dies anteriors. D’una banda, el primer viatge a Torrent, que ella mateixa va emprendre des de l’estació d’Albal a les 13.10, va eixir quasi ple (seients ocupats i gent dreta, encara que hi cabia alguna persona més), mentre que l’autobús que va eixir al mateix temps cap a la Torre a penes es va omplir a la meitat. Cal destacar que els que volen veure la mascletà en transport públic solen acudir una hora abans. D’altra banda, la conductora em va confirmar que l’afluència de gent fluctua: el divendres 13 i el diumenge 15 de març van ser dies de baixa afluència, mentre que el dissabte 14 sí que es van registrar grans aglomeracions en aquesta mateixa franja horària.

Balanç del trajecte

A les 14.50, l’autobús ens va deixar en la plaça de la Unió Musical de Torrent, molt prop de l’estació del metro. Després d’un últim transbord, amb metro, vaig arribar a la parada Jesús (València) a les 15.18. El metro tampoc estava més concorregut del normal.

A tall de conclusió, podem dir que el que en condicions normals és un trajecte directe amb tren d’uns 20-25 minuts, s’ha convertit en una ruta fragmentada d’una hora i díhuit minuts, si bé és cert que no he presenciat cap aglomeració de persones al llarg del trajecte. A més, cal subratllar que, si jo haguera agafat el primer bus que va eixir en direcció a Torrent, estime que hauria arribat a la parada del metro de Jesús una mica abans de les 15.00, per la qual cosa la realització del viatge complet m’hauria ocupat prop d’una hora.

Però més enllà dels números, l’experiència posa de manifest que les mesures de seguretat perimetral impulsades per l’Ajuntament de València acaben traslladant el cost temporal i logístic a la ciutadania. Davant aquesta situació, la resposta de les i els usuaris és clara: una vegada més, han demostrat una enorme capacitat d’adaptació als escenaris adversos, siga modificant els horaris del seu desplaçament, siga optant per mitjans de transport alternatius o, fins i tot, cancel·lant els seus desplaçaments.

Las Fallas han alterado la normalidad con la que circulan los trenes de Cercanías de València. El Ayuntamiento de Valencia trasladó el pasado febrero una solicitud formal a Renfe para interrumpir el servicio por razones de seguridad en las horas centrales del día, alrededor de la mascletà, una medida que ha afectado a miles de usuarios en el área metropolitana.

En concreto, se acordó la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12:00 y las 15:00 horas, para limitar la afluencia continua de personas a la Calle Xàtiva en este punto, que a esas horas ya presenta una aglomeración importante de público, igual que se hace con las paradas de metro del centro de la ciudad. Desde el pasado viernes, los usuarios de las líneas C1 y C2 finalizan el trayecto en Albal, y pueden llegar al centro con unos autobuses lanzadera habilitados por la Generalitat hasta el metro de Torrent Avinguda o hasta la pedanía de La Torre, donde enlazan con la EMT. Son 8 trenes afectados por día, con capacidad para más de mil personas.

Para comprobar la calidad del servicio prestado en estas condiciones y el impacto real sobre la ciudadanía, nos hemos sumergido en la odisea de intentar llegar a Valencia desde Silla en la franja crítica de 13:00 a 15:00. El trayecto que ideamos para este lunes, 16 de marzo, implica: coger el tren de Silla a Albal; luego, coger el autobús lanzadera Albal – La Torre; y finalmente, la línea 27 de la EMT (La Torre – Avinguda de l’Oest). Sin embargo, sobre el terreno, la realidad nos obligó a modificar el itinerario.

La adaptación de la ciudadanía frente a la barrera institucional

En el andén de salida, en la estación de Silla, una parada antes del final del trayecto, ya se evidenciaba el primer fenómeno sociológico derivado de este corte: la evasión del transbordo. Un vecino comenta que prefiere esperar al siguiente tren directo a València antes que someterse a la ruta alternativa hasta Albal.

Otra estrategia de evasión del trasbordo ha sido la que ha adoptado mi madre, quien tenía que acudir a las 14:00 a su puesto de trabajo en Catarroja, dos paradas después. “No es razonable que la diversión de unos impida que otros acudan a su trabajo”, constata contundentemente. Finalmente, tuve que acercarla en coche a su centro de trabajo. Y mientras mi madre se estaba preparando para iniciar su jornada laboral, he vuelto rápidamente a Silla para iniciar mi odisea hacia Valencia. Mi viaje comenzó a las 14:00 horas. El trayecto hasta Albal, que dura unos cinco minutos, se completó sin incidencias. El tren iba prácticamente vacío.

Al llegar a la estación de Albal a las 14:05, el escenario evidenciaba un despliegue de seguridad desproporcionado respecto a la afluencia real. Aparte de los operarios de Renfe y de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), el recinto estaba fuertemente custodiado por la Guardia Civil: tres coches patrulla en el aparcamiento y entre ocho y nueve agentes patrullando las instalaciones. Renfe pidió un refuerzo de la seguridad en las estaciones.

¿Dónde está la gente?

Una vez en la zona de transbordo, localicé el autobús con destino a La Torre. Al preguntar a la conductora por la hora de salida, su respuesta reveló la falta de un horario planificado: “Saldremos cuando el inspector dé el aviso”. La inmensa mayoría de los pasajeros optaba por el autobús hacia Torrent para enlazar con Metrovalencia, dejándome como el único usuario interesado en la ruta hacia La Torre.

El propio inspector de la ATMV confirmó la situación: “Se esperaba más afluencia de gente”. La desconexión entre las previsiones y la realidad se hizo patente. Mientras que el primer bus hacia Torrent salió casi de inmediato tras la llegada del tren, el que tenía La Torre como destino permanecía parado. A las 14:26, tras más de veinte minutos de espera y por una cuestión de mera eficiencia de recursos públicos, comuniqué al inspector que me parecía un despropósito movilizar un autobús para un solo pasajero, por lo que decidí cambiar mi ruta y subir al autobús con destino a Torrent.

El inspector señaló que el último tren de esta franja horaria llegaría a Albal a las 14:36, por lo que esos pasajeros serían los últimos en utilizar las lanzaderas. “Hoy es un día flojo, y eso que solamente hay tres coches”, admitió, estimando que los días de verdadera tensión logística están por venir.

Cuando subí al bus con destino a Torrent, allí ya había unas pocas personas sentadas. Algunos de estos pasajeros manifestaban abiertamente su frustración, quejándose de llevar más de 20 minutos esperando para salir. “Llevo más tiempo esperando a que salga el bus que lo que he tardado en llegar aquí [a Albal]”, dijo uno de los pasajeros. Parece que la política de la ATMV en este tipo de situaciones consiste en retrasar la salida del bus hasta que se consiga cierta cantidad mínima de pasajeros, lo cual, francamente, me parece óptimo, aunque este modus operandi, sin duda, perjudica a algunos usuarios que requieren puntualidad.

Finalmente, el autobús, casi vació, inició la marcha a las 14:39. Durante el trayecto, la conductora del bus me resumió, muy amablemente, los flujos de viajeros, tanto de hoy como de los días anteriores. Por un lado, el primer viaje a Torrent, que ella misma emprendió desde la estación de Albal a las 13:10, salió casi lleno (asientos ocupados y gente de pie, aunque cabía alguna persona más), mientras que el autobús que salió al mismo tiempo hacia La Torre apenas se llenó a la mitad. Cabe destacar que quienes quieren ver la mascletà en transporte público suelen acudir una hora antes. Por otro lado, la conductora me confirmó que la afluencia de gente fluctúa: el viernes 13 y el domingo 15 de marzo fueron días de baja afluencia, mientras que el sábado 14 sí se registraron grandes aglomeraciones en esta misma franja horaria.

Balance del trayecto

A las 14:50, el autobús nos dejó en la plaza de la Unió Musical de Torrent, muy cerca de la estación de metro. Tras un último transbordo, en metro, llegué a la parada Jesús (Valencia) a las 15:18. El metro tampoco estaba más concurrido de lo normal.

A modo de conclusión, podemos decir que lo que en condiciones normales es un trayecto directo en tren de unos 20-25 minutos, se ha convertido en una ruta fragmentada de una hora y dieciocho minutos, si bien es cierto que no he presenciado ninguna aglomeración de personas a lo largo del trayecto. Además, cabe subrayar que si yo hubiera cogido el primer bus que salió en dirección a Torrent, estimo que hubiera llegado a la parada de metro Jesús un poco antes de las 15:00, por lo que la realización del viaje completo me hubiera tomado cerca de una hora.

Pero más allá de los números, la experiencia pone de manifiesto cómo las medidas de seguridad perimetral impulsadas por el Ayuntamiento de Valencia terminan trasladando el coste temporal y logístico a la ciudadanía. Ante esta situación, la respuesta de las y los usuarios es clara: una vez más, han demostrado una enorme capacidad de adaptación a los escenarios adversos, sea modificando los horarios de su desplazamiento, sea optando por medios de transporte alternativos o, incluso, cancelando sus desplazamientos.

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, s’obri ara a estudiar una taxa turística a la ciutat. Quasi tres anys després de la derogació de la llei autonòmica que permetia aquest tribut, tombada pel PP i Vox en les Corts Valencianes sent ella diputada, la dirigent planteja que s’estudie una modificació de la llei estatal per a implementar un gravamen al turisme. El Consell de Carlos Mazón va aprovar un decret per a derogar la llei, que van convalidar el PP i Vox en les Corts el novembre del 2023, enterrant el marc legal per a aquest tribut.

Dilluns, en plena setmana fallera, l’alcaldessa va advocar per una estratègia per a un turisme “equilibrat”, “sostenible” i que treballe la convivència amb els veïns, en el marc d’un acte amb altres ciutats per a abordar mesures comunes. En aquest sentit, va considerar que la taxa turística és “una eina” i que podria reformar-se la Llei d’hisendes locals per a estudiar una nova aportació d’ingressos. Això sí, va apuntar que havia de fer-se d’acord amb el sector —com ja es va fer amb la llei autonòmica que van derogar— i va negar haver estat en contra de la mesura, malgrat haver votat diverses vegades per a rebutjar-la, com a diputada i com a representant municipal, i ser una promesa electoral del PP autonòmic. Com a portaveu del PP en l’Ajuntament, quan es va plantejar el debat el 2022, va arribar a dir: “No tindria sentit que l’única ciutat de tota la comunitat turística de la Comunitat on s’aplique la taxa siga la ciutat de València”.

Catalá justifica la seua negativa anterior al fet que el debat es va plantejar després de la pandèmia i després de la dana, dues crisis molt rellevants per al sector turístic. Amb tot, les dades indiquen un augment any rere any: les pernoctacions hoteleres s’han quintuplicat en un lustre, els apartaments turístics estan pràcticament plens aquesta temporada fallera i els pisos brollen en els baixos malgrat la moratòria aprovada.

La mesura instaurada en altres capitals no ha mostrat cap efecte que desincentive els visitants, i ara, l’alcaldessa considera que és “interessant” obrir el debat, “fugint de la turismofòbia”. “Amb consens, de bracet amb eel sector, i en un context econòmic adequat, sempre hem dit que és un debat interessant i jo crec que al final hem de canalitzar-lo en el marc de la Llei d’hisendes locals, d’aquesta millora de finançament local que necessitem”, va precisar la dirigent popular.

El ple municipal del febrer passat va tornar a rebutjar la implementació d’una taxa turística, a proposta del PSPV. Va ser llavors quan la regidora de Turisme, Paula Llobet, ja va deixar caure la idea que ara ha expressat Catalá: demanar una modificació de la Llei d’hisendes locals per a introduir un impost municipal a les pernoctacions, encara que, com va recordar l’alcaldessa, el seu govern sempre s’ha mostrat partidari de les reduccions fiscals.