Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz de Tenerife, afirma que la gestión del agua privatizada en el municipio está en la Champions de la corrupción, legal e ilegal, y que, asimismo, una buena gestión sólo será posible cuando se remunicipalice ese servicio y se logre dar marcha atrás al desastroso legado de Coalición Canaria.

El descubrimiento de la realización de pagos anuales, no previstos en la licitación, por valor de 2,3 millones de euros, durante 13 años, apunta a la existencia de presuntos hechos delictivos, a otra posible causa más de resolución del contrato y a la necesidad de recurrir a la gestión directa para dejar de sacar dinero de los bolsillos de la ciudadanía chicharrera y ponerlo en los bolsillos de una empresa multinacional.

Trujillo afirma que “es corrupción legal permitir unos beneficios totales por la gestión del agua, durante 25 años, que ascenderían a 228 millones de euros”, sin contar los 59 millones que la gestión de Coalición Canaria ha permitido devolver a la empresa adjudicataria. Coalición Canaria tendría que explicar las razones para haber renunciado a la gestión pública del agua y, a cambio, por culpa de la privatización, entregar, al menos, 228 millones de euros en beneficios a una empresa, con los que se podrían haber construido 2.850 viviendas para el alquiler social.

El portavoz de Unidas Podemos considera gravísima la opacidad en la gestión que permitió ignorar el pago de 2,3 millones de euros al año, sin que se hubiera estipulado en la licitación tal pago. Se trata de una empresa que ha sido intervenida por la mala gestión, se le han abierto expedientes sancionadores, se han hecho auditorías, se han denunciado en los tribunales numerosas irregularidades cometidas durante la gestión y, aún así, no ha sido posible saber qué estaba pasando.

Trujillo denuncia que la gestión del agua por parte de Coalición Canaria lo que ha hecho es exprimir a la ciudadanía en aras del lucro desmesurado de una empresa multinacional. Una empresa que, por otra parte, tiene un volumen de negocio que multiplica más de trece veces el tamaño del presupuesto de Santa Cruz y que, asimismo, posee una gran capacidad técnica para lucrarse abusivamente con lo estipulado en el pliego de condiciones de la concesión, ante la falta de voluntad política de hacerle frente y ante las limitaciones de personal y recursos de un Ayuntamiento que no está preparado para controlar a una gran empresa multinacional.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha paralizado los pagos en concepto de devolución del canon de 59 millones de euros que la empresa Sacyr abonó a la Corporación local por la adquisición de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), según informó la alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, una vez que los servicios jurídicos municipales, el secretario del Pleno y la Intervención municipal han constatado que no existe base legal para una operación, la de la venta de Emmasa a Sacyr que, en la práctica, convierte a Emmasa en una suerte de regalo que el Ayuntamiento hizo a Sacyr. 

Tal es así que la todavía alcaldesa Hernández, quien ha calificado de “escándalo” la operación, ha bloqueado el pago de 2,3 millones de euros correspondientes al abono de este año de la devolución del canon a Sacyr, desembolso que se viene produciendo desde 2007 y que ha sumado desde entonces una retribución que ronda los 28 millones de euros. 

Hernández y su actual equipo de gobierno previsiblemente abandonará el timón del Ayuntamiento el próximo día 13 si, tal y como parece, fructifica la moción de censura presentada por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejala tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso, que suma 14 de los 27 concejales del plenario capitalino. No obstante, el propósito en este lapso es agilizar en lo posible la tramitación de expedientes con irregularidades, como ha ocurrido con los contratos del Carnaval de años anteriores, la devolución de los recursos por el caso Las Teresitas o el caso de la venta de Emmasa.

Continuando con este último expediente, Patricia Hernández recalca que los servicios públicos niegan la existencia de título habilitante para el abono de esa cuota anual a Sacyr en concepto de devolución de un canon, que por otra parte no se recogía ni en el contrato ni en el título habilitante. Tampoco existe conocimiento del secretario ni informe del interventor al efecto.

La alcaldesa tachó de “presunto saqueo” el objetivo de una operación que significa  devolver el coste de la compra a la misma empresa que adquirió los derechos de explotación de Emmasa durante 25 años por 59 millones de euros.

Los siguientes pasos acordados por el equipo municipal contemplan plantear en Junta de Gobierno un procedimiento contradictorio del contrato, por el que se suspenderá el pago de la cuota anual y marcará los tiempos para que Sacyr reintegre los millones ya recibidos por ese concepto. 

Añade Hernández que las sospechas sobre anomalías en el contrato con Sacyr no son nuevas, y que ya en 2017 se advirtió la falta de título habilitante de Sacyr para ese cobro de Emmasa, por lo que se encargó un informe que no se ha conocido hasta que fue reclamado por la Alcaldía, aclara.

No ha concretado todavía Patricia Hernández si el expediente de Emmasa también tendrá trayectoria judicial, como ya ocurrió con Las Teresitas o los contratos de Carnaval, a la espera de que se sustancien los detalles administrativos de un expediente y que de los mismos se entienda la necesidad de su recorrido por los tribunales. 

Ciclo integral

Desde el grupo municipal de CC-PNC, formación al mando del Ayuntamiento en los tiempos del contrato -con Miguel Zerolo, actualmente en prisión- y después con su sucesor, José Manuel Bermúdez, se insiste en la validez de una situación -la devolución del canon- sobre cuya supuesta irregularidad no había reparado hasta ahora ningún técnico o autoridad municipal.

La devolución del canon anticipado por la utilización de bienes públicos por parte de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), conforme al contrato del ciclo integral del agua establecido con la compañía Sacyr, ha venido figurando en sus cuentas anuales desde 2007, confirma CC en un comunicado.

Remarca CC que no se sostiene responsabilizar al grupo nacionalista de esas presuntas irregularidades, en la medida de que dicha circunstancia “nunca se había puesto de manifiesto y las cuentas anuales de Emmasa han sido remitidas periódicamente al Ayuntamiento sin que se advirtiera discrepancia alguna”.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha reclamado más atención a un “escándalo” como el de la operación de venta de la empresa de aguas Emmasa por parte del Ayuntamiento a la empresa Sacyr en 2005, durante los gobiernos municipales de CC, y del que da cuenta este medio. La Corporación en tiempos de Miguel Zerolo -en la actualidad, en prisión- perdonó a Sacyr el abono de 59 millones de euros en concepto de canon por la adquisición de Emmasa.

Hernández ha insistido en la defensa del interés público como proceder de la Alcaldía en el año que ha estado al frente, y a ese propósito se han dedicado los Servicios Jurídicos de la Corporación. La labor de revisión de los acuerdos y compromisos alcanzados por anteriores equipos de gobierno -después de casi cuatro décadas continuadas de gobierno nacionalista- estaría, según Hernández, en el origen de la moción de censura presentada por CC, PP y el concurso de Alonso.

En este sentido, como “cortinas de humo” ha calificado la difusión por parte de Evelyn Alonso de unas grabaciones con cortes de voz en los que supuestamente, sostiene Alonso, se entenderían amenazas de la alcaldesa a la ahora concejala. Patricia Hernández señaló sobre los audios que emprenderá acciones legales contra los que digan que ha amenazado a alguien, ha subrayado que en los audios no se dirige a la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso y ha insistido en que es una conversación privada sacada de contexto y en la que, ha agregado, no hay amenazas “ni en términos jurídicos ni coloquiales”.

Coalición Canaria ha exigido este miércoles “la inmediata dimisión” de Patricia Hernández (PSOE) como alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife y la entrega de su acta de concejal, tras conocerse los audios en los que se le escucha hablar sobre las consecuencias que tendría para una determinada persona -a la que no menciona- apoyar una moción de censura en su contra.

La jueza del caso abierto por las supuestas irregularidades cometidas en subcontrataciones por la empresa municipal de aguas en Santa Cruz de Tenerife, Emmasa, ha decidido citar como testigo al concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Dámaso Arteaga, integrante de Coalición Canaria (CC). La cita se ha previsto para el 4 de junio próximo.

La magistrada Eva Esther Juárez, adscrita al Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, así lo solicita en una providencia con fecha de mediados de abril pasado, en cuyo documento, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, también se pide que acuda al juzgado, en la misma condición que Dámaso Arteaga (como testigo), el interventor nombrado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para Emmasa, Rogelio Padrón Coello. En el proceso judicial constan como acción popular Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí Se Puede, y José Manuel Corrales.

En esta acción penal, que se sigue, en fase de diligencias previas, por supuestas anomalías cometidas por la empresa Emmasa (aparece como investigada en la causa) que han generado un daño patrimonial al Consistorio capitalino, se investiga si esa sociedad mixta bajo control privado (de Sacyr Vallehermoso y la misma que gestiona el servicio integral de aguas en Santa Cruz de Tenerife) ha incumplido el pliego de condiciones del concurso público celebrado en su día y ello ha supuesto un daño económico cifrado en cinco millones de euros, según una prueba pericial ya practicada.

La misma providencia solicita al Ayuntamiento capitalino los siguientes documentos oficiales:

- El “informe final o de conclusiones finales del proceso de intervención de Emmasa o, en su defecto, de no existir este, los informes mensuales presentados por el interventor”.

- Informe de “si a consecuencia de las irregularidades en las contrataciones y en las inversiones atribuidas a Sacyr Vallehermoso que dieron lugar a la intervención de Emmasa y/o a resultas del proceso de intervención se ha sancionado y/o reclamado indemnización a Sacyr por los perjuicios económicos ocasionados y, en caso afirmativo, resultado de dicha sanción y/o reclamación”.

- Informe “sobre ejecución del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sacyr Vallehermoso de 25 de marzo de 2015 para la ejecución de la parte del plan de inversiones referida a la inversión propia del licitador Sacyr”.

Supuesto prejuicio patrimonial para el Consistorio

El peritaje citado, hecho por encargo del Juzgado nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, concluye que esa sociedad mercantil llevó a cabo entre 2006 y 2015, supuestamente de forma irregular, subcontrataciones por valor de 17,9 millones de euros que han provocado un daño económico superior a los cinco millones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Para calcular ese perjuicio económico se tienen en cuenta los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC aplicado a contratos que no debieron suscribirse, pues, según dictamina el perito, se trata de actividades que debió realizar directamente Emmasa, no a través de terceras empresas.

El peritaje judicial constata que entre 2006 y 2012 la empresa mixta (el 94,64% de cuyas acciones fueron vendidas por el Ayuntamiento a Sacyr en 2005, para proceder a la compra del frente de playa de Las Teresitas, operación hoy declarada ilegal y con los condenados en la cárcel) incumplió con esas subcontrataciones el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigió el concurso público de la privatización.

Así, en ese periodo Emmasa suscribió hasta 121 contratos con ese fin que infringían la prohibición de subcontratar, de los cuales 76 se refieren a actividades esenciales del servicio público que esta presta y 45 a actividades accesorias cuya realización por otra empresa requería autorización del Ayuntamiento santacrucero, permiso previo que no fue solicitado.

En el informe pericial se detalla además que, de las 270 contrataciones de las que tiene conocimiento el perito, 116, por valor de 15,68 millones, fueron suscritas por encima del importe máximo permitido anualmente.

Con arreglo a este peritaje, esta práctica contraria a la legislación constituye una infracción que, según la Ley de Contratos del Sector Público, “pudiera suponer [para Emmasa] una sanción con importe de hasta el 50% del precio del contrato”. De esas subcontrataciones, “en 60 concurrieron además otras causas que debieron impedir su suscripción”.

El candidato a la alcaldía de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, sostuvo este jueves que su partido es partidario de recuperar la gestión pública de Emmasa y con ello remunicipalizar el servicio que se encarga de gestionar ciclo integral del agua.

“Esta medida es la única que puede garantizar la reducción del coste que significa la prestación de ese servicio para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de ser la única fórmula para garantizar el acceso universal al agua por parte de toda la ciudadanía, así­ como para el estricto cumplimiento de la normativa ambiental en materia de depuración. También es la actuación que permite cumplir la ley en materia laboral con el conjunto de trabajadores de la empresa”, aseguró Fernández Arcila.

La recuperación de Emmasa para el Ayuntamiento es la prioridad de Sí Se Puede dentro de su plan para recobrar la gestión pública de los servicios esenciales y para garantizar el acceso universal a ellos. A juicio de la organización ecosocialista, la gestión del ciclo integral del agua es uno de los principales problemas del Ayuntamiento y del municipio desde que la empresa dejó de ser propiedad municipal y pasó a ser mixta, al adjudicarse su gestión a la multinacional Sacyr-Vallehermoso en 2005, en el último mandato de Miguel Zerolo.

Sí Se Puede considera que el principal problema que causa la actual gestión de Emmasa al municipio es el daño ecológico que provoca el vertido de 20.000 metros cúbicos de agua sin depurar al dí­a al mar, lo que ha venido ocurriendo en los últimos ocho años y constituye “el mayor atentado ambiental de Canarias, que se da con el beneplácito de Bermúdez”, subrayó Arcila.

El objetivo de la organización ecosocialista es acabar con esa situación, que se manifiesta en múltiples puntos de la costa chicharrera, entre los que el candidato ecosocialista destaca los procedentes de la estación de bombeo (EBAR) de Cabo Llanos; los que se afectan a San Andrés, Igueste, Santa Marí­a del Mar y Los Alisios; las conducciones de desagüe de Acorán y Añaza y varios aliviaderos en distintas zonas.

En la mayorí­a de esos puntos, las concentraciones de sustancias contaminantes son superiores a los valores establecidos como objetivos de calidad, con grave amenaza a la salud pública y a los sistemas naturales del medio marino, tal como el propio Cabildo de Tenerife y los servicios técnicos municipales han tenido que reconocer ante la UE.

Los sobrecostes del servicio son consecuencia de un comportamiento generalizado por parte de Sacyr-Vallehermoso, que incumple criterios básicos establecidos en el pliego de adjudicación del servicio. Es el caso especialmente del incumplimiento de la prohibición de subcontrataciones para la ejecución de labores que, previstas en el convenio, son responsabilidad de la multinacional.

Precisamente, la subcontratación de esos servicios a empresas de su mismo grupo empresarial ha causado desde 2006 hasta 2015 daños patrimoniales al Ayuntamiento por valor de cinco millones de euros, tras contratar presuntamente de forma irregular servicios por casi 17 millones de euros, según revela un peritaje judicial encargado por el tribunal que estudia la denuncia interpuesta por Sí Se Puede atendiendo a ese motivo.

Por otro lado, “el incumplimiento de la obligación de Sacyr de invertir 45 millones a fondo perdido y la no ejecución de 10 millones del fondo de grandes reparaciones expresan de manera clara el incumplimiento de Sacyr y justifican de forma sobrada la resolución del contrato” con esa empresa por parte del Ayuntamiento, concluye Fernández Arcila.

La candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, Patricia Hernández, ha pedido este miércoles al Ayuntamiento capitalino que sancione de forma inmediata a la empresa encargada de la gestión del agua en el municipio (Emmasa) después de un nuevo vertido desde tierra al mar en las cercanías de La Hondura este lunes.

Según dijo Hernández en una nota de prensa, ya son al menos tres los vertidos “ilegales” que se han contabilizado desde el pasado mes de septiembre.

Para la también parlamentaria socialista, es “gravísimo que tenga que ser la ciudadanía la que haga de policía y la que vigile nuestra costa”, y ha criticado el hecho de que el Ayuntamiento de Santa Cruz “en ningún momento haya informado sobre este último vertido, pese a tener obligación legal de hacerlo”.

Hernández también critica que la respuesta de Emmasa haya sido solo al tuit de la ciudadana que hizo públicas las imágenes que grabó desde un avión, en el que afirmó que se trataba de agua de riego que no iba a ser utilizada.

Se trata, según la candidata, del mismo argumento que dio tras conocerse los vertidos de septiembre y noviembre del año pasado, que fueron desmentidos públicamente por la Consejería de Medio Ambiente. Hernández añadió que “se trataba de un punto de vertido ilegal y que este no deber ser utilizado de ninguna manera ni por ninguna causa por Emmasa”.

Hernández exige al Ayuntamiento que “facilite toda la información sobre este último vertido y que se sancione con carácter inmediato a Emmasa por los dos vertidos de 2018 y por este último”, y aclara que la empresa no tiene autorización alguna para utilizar esos aliviaderos “siquiera para verter agua embotellada, así que, sea lo que sea lo que se haya vertido, se le debe multar”.

La socialista recuerda que la Consejería de Medio Ambiente de Gobierno de Canarias ya ha abierto expediente tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como a la empresa titular de la gestión del agua (Emmasa) por los vertidos de septiembre y noviembre del año pasado, por lo que espera que se abra otro más por el de este 8 de abril.

La diputada autonómica y candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, Patricia Hernández, convocó este jueves a los medios de comunicación para pedir en una rueda de prensa la dimisión del concejal santacrucero de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC).

La aspirante local aseguró que el edil nacionalista miente cuando dice que ya están en manos del Gobierno de Canarias los análisis del agua residual que se vertió en el litoral de La Hondura por parte de la empresa Emmasa en septiembre pasado: “Tengo información de esta misma mañana que confirma que esos análisis no los tiene la Consejería de Medio Ambiente” del Gobierno de Canarias, afirmó la candidata socialista.

Patricia Hernández también dijo que la versión de los técnicos de la Comunidad Autónoma contradice la de Arteaga. Según sostuvo Hernández, representantes de Balten, empresa pública insular que gestiona el agua de riego en la isla, afirmaron, en una reunión que mantuvieron con los técnicos, que esas aguas habían sido rechazadas para riego por contener más del doble de sólidos en suspensión de los considerados aceptables.

El socialista José Ángel Martín, que también compareció ante los medios, defendió, al contrario de lo que afirma el concejal Dámaso Arteaga, que esas aguas vertidas en los pasados meses de septiembre y noviembre son ilegales y que, al no haber sido sometidas a un tratamiento secundario de depuración, no cumplen con las exigencias de la Unión Europea. Por ello, según afirmó, son “contaminantes y dañinas para el medio ambiente” marino. 

Los socialistas consideran que el edil nacionalista “ha mentido y está ocultando lo que es una grave afección para nuestro medio ambiente”. Por ello, mantienen la intención de poner el asunto en manos de la Fiscalía.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento santacrucero se mostró aún más duro con Coalición Canaria y exigió al partido nacionalista que no incluya en sus listas a Dámaso Arteaga, que, según dijo, “está siendo un agresor constante del medio ambiente de Santa Cruz”.

Ante la leve sanción de 10.000 euros que Arteaga ha propuesto imponer a Emmasa, Martín recordó que las otras cinco sanciones que se han puesto contra esa empresa de aguas en el municipio por otras razones aún no se han pagado y ha calificado al concejal como “el campeón en poner multas que no se cobran”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado cuenta al Gobierno de Canarias de que los informes realizados tras el vertido que se registró el pasado 25 de septiembre en el muelle de La Hondura concluyen que no existió afección alguna al medio receptor, según ha informado el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. La difusión de los resultados se produce tras el PSOE criticar la falta de transparencia del Consistorio local respecto a este caso de contaminación.

El edil ha indicado en una nota que el Gobierno regional “ya tiene toda la información referente a lo ocurrido en la conducción de desagüe situada bajo la calle Anatolio Fuentes, en el muelle de La Hondura, y la analítica de las ocho muestras tomadas, turbidez, ph, conductividad, nitrógeno amoniacal, sólidos en suspensión y E-coli, entre otros parámetros, confirman que el agua vertida estaba tratada y no era, en ningún caso, agua residual bruta, por lo que no hubo afección del medio receptor”.

Arteaga aclaró que las analíticas “no fueron requeridas, sino que fueron una aportación del Ayuntamiento en función de las muestras recogidas ese mismo día. La incidencia duró tres horas, de 12.00 a 15.00, y fue detectada por la turbidez del agua con un volumen total de 780 metros cúbicos”.

“En cualquier caso, el Consistorio ha abierto un procedimiento para la imposición de penalidades a Emmasa, con fecha 7 de febrero de este año, por posible incumplimiento contractual”, agregó el edil, quien señaló además que “la propuesta de sanción, en este caso, es por una infracción leve y se eleva a 10.000 euros”.

Asimismo, Arteaga indicó al respecto que este expediente “sigue su curso y está en fase de procedimiento, con lo que pretendemos que esta circunstancia no se vuelva a dar”. En cualquier caso, recuerda que el Ayuntamiento “sigue a la espera de que el Gobierno del Estado ejecute las obras de remodelación y ampliación de la depuradora de Buenos Aires”.

La diputada del Partido Socialista (PSOE) por la isla de Tenerife y a la vez candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, preguntó este martes en el pleno del Parlamento de Canarias por el resultado de los análisis realizados al agua del litoral tras los vertidos al mar detectados en la zona de La Hondura en los meses de septiembre y noviembre de 2018, en la capital tinerfeña.

La respuesta del Ejecutivo canario a esa petición, se afirma en una nota de prensa del PSOE, fue que, en la actualidad, el Gobierno regional desconoce la composición de las muestras tomadas, puesto que el Ayuntamiento capitalino no se las ha remitido después de haber sido requeridas hasta en dos ocasiones.

Patricia Hernández recordó que ella personalmente había solicitado una relación de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias una vez se tuvo conocimiento de la existencia de esos dos vertidos ilegales en la costa de Santa Cruz de Tenerife, máxime teniendo en cuenta la alarma social que se creó no solo entre los chicharreros sino en el conjunto de los tinerfeños.

Sin embargo, Hernández se lamenta ahora de no haber tenido acceso a la información sobre la composición de esos vertidos que tiñeron de marrón la zona costera más cercana al Palmetum y al Parque Marítimo a finales del año pasado.

“Hoy nos enteramos de que el Ayuntamiento de Santa Cruz no le ha mandado los análisis del agua a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Es una auténtica falta de respeto institucional, pero no me sorprende porque es la misma administración que ya defendió que ese punto de vertido era legal cuando ya todos sabíamos que no lo era”, manifestó Hernández desde su escaño, antes de criticar que a Medio Ambiente no se le comuniquen los datos, pero, sin embargo, miembros de la Corporación capitalina afirmaran a los medios de comunicación que los vertidos no eran dañinos para el mar.

La parlamentaria socialista también reclamó a la Consejería de Medio Ambiente que “actúe cuanto antes”, aunque valoró el hecho de que le confirmaran que ya existen dos expedientes abiertos por estas causas contra el Consistorio chicharrero por ser el titular de esos vertidos junto a la empresa Emmasa.

Patricia Hernández consideró que, “si el Ayuntamiento se niega a aportar la información, se tiene que actuar desde Medio Ambiente cuanto antes porque ya existe una alarma entre la población que quiere saber en qué situación estaban esas aguas”.

La diputada en cambio valoró el hecho de que desde esa Consejería se esté vigilante en la zona, tanto a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza como de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por la empresa Emmasa contra la orden dictada por el Gobierno de Canarias en la que este desestimaba, dentro de sus competencias, la solicitud de revisión de las tarifas de suministro público de agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife para el año 2016.

La sentencia del TSJC, informa la compañía en un comunicado, deniega la revisión tarifaria instando al Ayuntamiento y a Emmasa a adoptar las medidas necesarias para “garantizar el equilibrio económico y la razonable retribución del capital de la empresa”.

Ante esa situación, la empresa ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en el que argumenta, entre otros motivos, la vulneración del principio de recuperación de los costes y de la retribución razonable por la prestación del servicio.

El objetivo es clarificar la situación creada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Ejecutivo regional, que desestimó la solicitud de revisión de tarifas.

La empresa apunta que las tarifas del agua en Santa Cruz de Tenerife son inferiores a la media de otras grandes ciudades del país.

De hecho, sostiene la empresa privada, en el tramo de los contadores de 13 milímetros y un consumo de 20 metros cúbicos, el precio medio se sitúa en el municipio por debajo del que se registra en otras ciudades.

De esta manera, los 35,5 euros que pagan los vecinos de la capital distan mucho de los 50,9 euros que abonan por el mismo consumo los ciudadanos de Sevilla; los 50,8 que cuesta en Cádiz, o los 49 de Huelva.

Las obras de ampliación de la estación desaladora de agua de mar (EDAM) de Santa Cruz de Tenerife, enmarcadas dentro del convenio de inversiones suscrito entre el Ayuntamiento y Sacyr, socio principal de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), permitirán desalar 28.800 metros cúbicos diarios.

El alcalde José Manuel Bermúdez recorrió este lunes las instalaciones junto al presidente del Cabildo de Tenerife y del Consejo Insular de Aguas, Carlos Alonso; el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, y la gerente de Emmasa, Paula Soriano.

Bermúdez explicó que esta obra, que supone una inversión de 8,8 millones de euros, va a suponer un incremento del 37% en la producción del agua procedente de la desalación, lo que equivale a los que consumen 24.000 hogares al día.

Además, prosiguió el alcalde, “ese objetivo se va a conseguirse con un menor consumo de energía. Vamos a pasar del actual 45% de consumo de agua desalada al 67%. Esto, además, nos va a permitir no depender de terceros en mayor medida, es decir, aumentamos los recursos propios de la ciudad para depender, en menor medida, de la compra de agua procedente de pozos y galerías”.

En su opinión, “esto va a suponer un avance importante para Santa Cruz, que se compromete con la sostenibilidad y con la desalación de agua para el consumo”.

Alonso, por su parte, argumentó que el balance hídrico de la isla de Tenerife “va cada vez más orientado a obtener agua para el consumo humano procedente de la desalación y eso permite liberar agua para que pueda ser usada en el sector agrario, que sigue siendo muy dependiente, por razones de coste y altitud, del agua procedente de pozos y galerías”.

Esta ampliación, comentó, “es equivalente a la capacidad que, por ejemplo, estamos produciendo ahora en Fonsalía, que es una de las nuevas obras que se ejecutan en este mandato, y que se añade también a la ya concluida en Granadilla”.

Cada vez más empresas saben que el público digital demanda mucho más que información corporativa y promocional en las redes sociales, ya que si un usuario quiere información concreta de una marca suele recurrir al sitio web de esta.

Siguiendo este planteamiento, se puede entender que Teidagua sea la empresa de gestión de agua en Canarias con mayor número de menciones en el entorno digital en el último mes gracias a su comunicación en redes, y que su tuit más retuiteado sea uno que alude a un terremoto entre Tenerife y Gran Canaria. Muestra de que el hábito de publicar información que va más allá de la propia actividad empresarial hace que el público sea más receptivo.

En este sentido, si se analiza la presencia digital de las empresas Emalsa, Emmasa, Teidagua, Inalsa y Canaragua, se puede comprobar como Teidagua es la que cuenta con más menciones en el periodo comprendido entre el 18 de enero y el 18 de febrero, sumando el 83% de las alusiones en enero y el 89% en febrero del total de 5.139 menciones.

Canaragua es la marca que le sigue, pero con valores muy inferiores, un 6% en ambos meses. A continuación, se ubican Inalsa y Emmasa. Emalsa es la empresa con menos menciones con un 1% cada mes.

Como se ha comentado, en el periodo analizado el tuit más retuiteado de las marcas analizadas corresponde a Teideagua, también el siguiente en retuits en el que la empresa tinerfeña muestra una foto del Teide.

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La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha decidido conceder un nuevo periodo de gracia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con los vertidos contaminantes y continuos al mar de aguas residuales en el litoral de La Hondura.

La autorización dada en 2016 venció el 31 de diciembre pasado y el Gobierno canario resolvió el 9 de este mes, en enero de 2019, prolongar la autorización para que la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa, en manos de la multinacional Sacyr) pueda seguir arrojando al mar esas pretratadas aguas hasta agosto de 2021, nueva fecha prevista para que entre en funcionamiento la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que ha licitado el Estado. Esta instalación se halla en el barrio de Buenos Aires.

Aunque hasta ese momento, a partir de agosto de 2012, el vertido de aguas negras al océano (hasta unos 20 millones de litros al día) no cumplirá con todas las exigencias de la normativa europea, la Viceconsejería explica a Tenerife Ahora que este nuevo permiso se ha dado porque “los tratamientos a los que ahora se someten las aguas residuales urbanas con carácter previo a su vertido al mar han mejorado respecto a los que se venían aplicando hasta mediados de diciembre de 2018, por lo que el efluente vertido actualmente tiene una menor carga contaminante respecto a los tratamientos efectuados durante la vigencia de la anterior autorización”.

El departamento que dirige la viceconsejera Blanca Pérez (CC) recuerda que el permiso anterior había sido concedido en abril de 2016 para el vertido desde tierra al mar de aguas residuales pretratadas procedentes de la estación de bombeo (EBAR) de Los Llanos, y que su fecha de vencimiento se había fijado para final de 2018 porque era el momento en que se había previsto que la nueva EDAR estuviera operativa. Pero esta obra, financiada y licitada por el Gobierno estatal, se ha retrasado varios años.

Fue el propio Gobierno municipal el que solicitó la modificación de la autorización de 2016, “ante la imposibilidad de cumplir” con los plazos del plan de etapas en virtud del cual se otorgó la anterior. Según este documento, la EDAR ya debía estar ampliada en 2018, pero la realidad es que no fue hasta el 26 de noviembre del pasado año cuando se formalizó el contrato de adjudicación de las obras de ampliación de esa infraestructura.

Mejoras provisionales desde diciembre

En todo caso, aunque hasta que esa nueva instalación no esté lista, el problema no quedará resuelto como mandan las directivas europeas. La Viceconsejería de Medio Ambiente detalla las mejoras que ya se han implantado para aminorar el impacto medioambiental de esas aguas negras: “Dos nuevos tamices de un milímetro de tamaño de paso, un tercer microtamiz de 350 μm, un nuevo concentrador de grasas, un nuevo sistema de burbujas en el desengrasador y dosificación del sistema BIOAMP en tres de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) que conforman el sistema de saneamiento del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

“Con las mejoras implantadas, sin las cuales no se hubiese otorgado la modificación solicitada, las aguas serán sometidas a un pretratamiento más completo”, apostilla la Viceconsejería. de Medio Ambiente.

“El permiso a Emmasa para verter 20 millones de litros diarios de agua contaminada al mar de Santa Cruz caduca este mes y no hay solución inmediata”

¡No puede ser!... Increíble que esto esté sucediendo en un país civilizado, en una ciudad normal… en una capital de provincia que se publicita como de atracción turística y núcleo cultural, histórico y patrimonial.

¿Cómo una empresa privada puede estar autorizada, durante años, a verter impunemente tantos millones de metros cúbicos de aguas inmundas, sin depurar, vertidos fecales de los que solo “se decantan las partes más sólidas” -¡qué asco!-, residuos contaminantes que atentan contra el medio ambiente y ponen en riesgo la salud pública?

No es alarmismo sino realidad. Ni es aceptable que la pasividad ciudadana, la resignación colectiva, ni la comodidad de pasar de largo sobre problemas de esta gravedad, se aprovechen por la desidia institucional, la dejación de responsabilidades y posturas inaceptables de escurrir el bulto con la sempiterna cantinela del “no. Es que esto no es culpa mía… Es que esto corresponde a otro organismo…”. Elusión organizada entre cargos públicos contra el compromiso político, al abrigo de la multiplicidad de competencias sobre una misma área para que nada funcione por una burocracia enfermiza; como corresponde a un Estado de las autonomías deficiente y oneroso por un gasto público inviable para un país con nuestra precariedad económica.

Escandaloso el titular que encabeza el artículo y espeluznante el texto que le sigue. No hay aquí ningún indicio de animadversión personal; antes bien, podemos asegurar nuestro respeto por la capacidad de trabajo y honradez contrastada tanto del alcalde como del edil directamente responsable del desastre. Lo que no es óbice para repudiar con indignación su gestión errada y perniciosa para los intereses de esta ciudadanía. Porque el sonrojo y vergüenza ajena que inspiran las excusas de estas cabezas visibles -que no saben dónde esconderse avestruceramente- obligan a una reflexión, o a varias, para intentar salir de este pozo negro -que no es metáfora- en el que nos ha sumido una Administración mediocre e incompetente para solucionar los problemas reales.

Aquellos que no tienen repercusión electoralista por su condición soterrada, prosaica y escatológica; y porque actuar sobre ellos no implica ceremonias mediáticas, ni cortes de cintas en ostentosas inauguraciones de colectores, depuradoras, alcantarillado y emisarios de hace 40 años, en estado ruinoso, que deben ser repuestos con carácter de urgencia y sin pretextos evasivos.

Un extracto del texto aludido que pone los pelos de punta:

“Todavía no está desarrollada la solución definitiva de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Buenos Aires, prevista desde hace tres años; ya licitada por el Gobierno estatal (por 20 millones de euros) pero cuyas obras pueden tardar más de dos años en iniciarse… No obstante, Arteaga -edil responsable- está convencido de que en el año 2021 Santa Cruz tendrá resuelto el problema del tratamiento de las aguas residuales, que lleva más de 30 años sin solucionarse…”

Otra prendijoya del concejal en el mismo contexto: “Muchas denuncias y pocas soluciones”… Consciente de que tiene una causa penal abierta por este asunto, subraya que “salvo denuncias sobre este problema, ningún partido de la oposición hace ninguna propuesta o sugerencia para solucionar la situación”. Señor mío; no pretenda que los demás le hagamos su trabajo por el que usted cobra espléndidamente. Su cacareada “hoja de ruta” solo es un artificio dilatorio que no sirve de nada. Lo que se impone, que se debió ejecutar en los principios del problema, es una actuación de emergencia, con carácter inmediato y prioridad absoluta sobre cualquier otra consideración; pues tamaño desastre, no lo dude, se carga de un plumazo cualquier campaña electoral por brillante que sea y cara que resulte.

Esta penosa situación admite varias lecturas, todas desagradables y sucias como el propio material vertido sin depurar. La más llamativa es la privatización en su día de Emmasa. Una deplorable operación gestada con intención de hacer caja bajo el pretexto oficial de obtener líquido para mejorar los barrios. Que no se cumplió. Se mejoraron las cuentas municipales, paro los barrios siguen con sus reivindicaciones periféricas y sufriendo las mismas promesas electoralistas de entonces.

Pero lo más grave fue que se vendió una empresa pública modélica, que funcionaba de maravilla para satisfacción de los usuarios, que pagaban bastante menos que ahora por un buen servicio que ha dejado de serlo a favor de un negocio poco limpio. Pues hablamos de una empresa privatizada que en su factura incluye un canon “por depuración de aguas residuales”, que no cumple; y cobra a algunos vecinos “alcantarillado” en zonas donde solo existen fosas sépticas. ¿Pendiente alguna responsabilidad política por este fiasco?

Una gestión municipal de este calado merece la reprobación generalizada. Nadie va a pedir dimisiones -no serviría de nada-, pero al menos, mientras se resuelve la vía penal pendiente, alcemos la voz para que ni siquiera intenten repetir los mismos por enésima vez, por un mínimo de dignidad y para privarnos de sufrir tanta vergüenza ajena. Las urnas son nuestra más válida opción de repulsa.

La sociedad civil es la única capacitada para resolver sus propios problemas. No podemos resignarnos al fracaso de quienes deben prestar su servicio con eficacia, sabiduría y voluntad política. Y si no están capacitados, induzcámoslos a que dejen su espacio para quienes puedan, sepan y quieran solucionarlo.

Cada día se vierten en el entorno del muelle de La Hondura, en Santa Cruz de Tenerife, 20 millones de litros de aguas residuales que gestiona Emmasa sin los tratamientos que exigen las directivas europeas, pero que cuentan con una autorización provisional del Gobierno canario otorgada en 2016 para que el agua llegue al océano con pretratamiento básico, que solo consiste en un filtrado para eliminar residuos sólidos y grasas.

Ello será así hasta el 31 de este mes de diciembre, cuando vence ese permiso dado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sin que esté desarrollada la solución definitiva que hace tres años se preveía a estas alturas, es decir, la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Buenos Aires, ya licitada por el Gobierno estatal pero cuyas obras pueden tardar más de dos años.

Conforme al tenor de la resolución que hace más de dos años dictó la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, el 1 de enero de 2019, “a más tardar”, la conducción actual de desagüe ya no podrá utilizarse para verter de forma continua, sino “únicamente en régimen discontinuo” y para aguas negras que hayan sido sometidas a pretratamiento en la ampliación de la EDAR.

La autorización de la Viceconsejería partía de que la EDAR estaría ampliada ya a estas alturas, y, de hecho, se fijaba el 31 de este mes como “fecha prevista para la finalización del periodo de pruebas” de la nueva instalación.

La advertencia ha llegado ya desde Sí Se Puede (SSP), el partido que más ha denunciado (incluso por vía penal, donde hay una causa abierta) la situación de los vertidos en este litoral capitalino, desde el lateral sur del Palmetum hasta el litoral situado enfrente a la depuradora de Buenos Aires (en esta área hay cuatro).

El portavoz y abogado de SSP, Pedro Fernández Arcila, previene de que la situación actual “supondrá la declaración de caducidad de la autorización, además de la imposición de sanciones que tendrá que pagar la Corporación municipal”, al tiempo que considera que “no hay condiciones para cumplir los requisitos establecidos en 2016 por la citada resolución de la Viceconsejería”.

De ahí que Fernández Arcila reproche al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), su “incompetencia” por “llevar a una situación insostenible al Ayuntamiento”.

Ayuntamiento y Gobierno canario negocian contrarreloj

Arteaga, en declaraciones a Tenerife Ahora, admite que el tiempo se ha echado encima y no se ha podido cumplir con el plazo fijado, pero enfatizó que “la solución definitiva es la ampliación de la EDAR, que es una obra de interés estatal, ya licitada por 20 millones pero no ejecutada aún”, al tiempo que se muestra convencido de que no habrá sanciones al Ayuntamiento porque “es una situación que tiene que resolver el Estado”.

En todo caso, y como el tiempo apremia, para mantener la autorización a este desagüe el concejal de CC asegura que está “trabajando en una solución provisional” con una comisión técnica que forman el Ayuntamiento y la Viceconsejería. Aunque no detalla cuál será esa solución, el concejal apunta que habrá que mejorar el tratamiento del vertido, pues la ampliación de la EDAR puede tardar aún dos años.

Si bien la situación actual es aún turbia, Arteaga está convencido de que en el año 2021 “Santa Cruz tendrá resuelto el problema del tratamiento de las aguas residuales, que llevaba más de 30 años sin solucionar” y que, sostiene, él ha intentado arreglar desde su llegada al cargo.

Arteaga recuerda que para ello hay una serie de inversiones “tramitándose” que afronta el Cabildo, otras el Ayuntamiento y otras el Estado. Todas ellas beneficiarán también a Igueste, Taganana y a la estación de bombeo en Buenos Aires (EBAR).

Arteaga: “Muchas denuncias y pocas soluciones”

El concejal es consciente de que tiene una causa penal abierta por este asunto, y que también afecta a su antecesor en el cargo, Norberto Plasencia (de CC y condenado por otras causas), pero subraya que, “salvo denuncias sobre este problema, que está en su derecho y me parece bien, Sí Se Puede no hace ninguna propuesta o sugerencia para solucionar la situación, y la verdad es que ningún otro partido de la oposición”.

“En cambio, nosotros”, añade en relación con el grupo de gobierno, “hemos trazado un hoja de ruta, un plan de etapas, con una solución definitiva, que, insisto, podrá lograrse en dos años” si en ese tiempo la prevista renovación EDAR está operativa.

En La Hondura, a día de hoy tres emisarios legales y uno ilegal

La versión del gobierno chicharrero coincide con la expresada a finales del pasado mes en el Parlamento por la consejera regional de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto (CC), que desvió en este caso la responsabilidad a Madrid: “Estamos preocupados, porque en 2015 el Estado se comprometió a ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Santa Cruz de Tenerife y hasta septiembre de 2018 no se adjudicaron las obras”.

Sin embargo, preguntada en el pleno parlamentario por el PSOE acerca de vertidos  ilegales en Los Llanos-La Hondura, confirmó que se han producido en septiembre y  noviembre sendos derrames de aguas negras por un desagüe (de la red de saneamiento municipal) que carece de autorización, por lo cual la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto expediente.

Otros tres emisarios cuentan con permiso en regla (dos de Cepsa y uno de Emmasa), por ahora solo hasta el 31 de este mes, cuando puede quedar sin ella el de las aguas contaminadas que llegan al mar desde la EBAR. Sin embargo, en esa respuesta, Barreto no mencionó la inminente caducidad de este último.

Todo este asunto se tratará este jueves, 13 de diciembre, en una comisión de control al Gobierno municipal, pues Sí Se Puede preguntará a Arteaga por las actuaciones que piensa realizar el equipo de gobierno a la vista del próximo “incumplimiento del plan de etapas, la consiguiente declaración de caducidad que corresponde y las sanciones que llegarán como consecuencia”.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto expediente sancionador por vertidos al mar en La Hondura desde un aliviadero aéreo de la Estación de Aguas Depuradas (EDAR) de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, que gestiona la empresa mixta Emmasa (del grupo Sacyr).

Así lo ha confirmado la consejera de Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, que ha precisado que ese desagüe, que atraviesa la calle Anatolio Fuentes y la TF-4, carece aún de autorización, aunque esta se halla “en tramitación, a la espera solo de que la Dirección General de Costas remita los pliegos definitivos para poder concederla y de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecute las obras que permitan verter de acuerdo a la normativa”.

En esa zona de la capital, según detalla Barreto en un comunicado, tras explicarlo en el Parlamento de Canarias a preguntas del PSOE, están censados cuatro puntos de vertido al mar, de los cuales tres cuentan con permiso, pero no donde se han producido esos vertidos en La Hondura por Emmasa (punto amarillo en la imagen), en su momento grabados por ciudadanos en vídeos y difundidos por las redes sociales.

Como además ha comprobado Tenerife Ahora en el visor de la empresa pública autonómica Grafcan, de los autorizados entre el Palmetum (zona sur) y La Hondura dos puntos de derrames al mar desde tierra pertenecen a la refinería de Cepsa (tienen autorización desde 2014) y dos a Emmasa, uno de los cuales aún no está legalizado y justo por donde se han producido vertidos en septiembre (día 25) y en noviembre de este año (día 15).

Causa penal abierta y vertido de 20.000 metros cúbicos diarios

En esta coyuntura, Sí Se Puede (SSP) insiste en la “gravedad” de los vertidos de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, “que son de tal magnitud que Dámaso Arteaga (CC), concejal de Servicios Públicos, y otros responsables están investigados por un presunto delito contra el medio ambiente, a partir de una denuncia presentada por el partido ecosocialista.

El portavoz de SSP, Pedro Fernández Arcila, ve “muy preocupante que diariamente se viertan al mar en Santa Cruz 20.000 metros cúbicos de aguas residuales sin depurar (el emisario es uno de los identificados con punto verde de los de la derecha en la foto) por la falta de funcionamiento de la estación de bombeo de Cabo Llanos. Esos vertidos no se ven y son muchísimo más graves que los que hemos apreciado en los últimos meses en La Hondura, tanto es su riesgo que informes científicos alertan de la presencia en la zona de peces con alteraciones genéticas”.

No obstante, para el concejal de SSP ese lanzamiento al mar de aguas no tratadas desde la estación depuradora “constituye otra actuación que debe sumarse al vertido diario y constante procedente de la EBAR de Cabo Llanos, lo que evidencia la desastrosa gestión de aguas residuales por parte de Emmasa, en manos de la multinacional Sacyr”.

Según dijo Arcila, “distintos informes técnicos, del Ayuntamiento y de Emmasa, indican que la estación depuradora de Buenos Aires tiene capacidad para asumir el ciclo de las aguas residuales que se producen en la zona baja de Santa Cruz -alrededor de dos tercios de las generadas en el municipio-, con lo que es posible evitar su vertido directo al mar en la zona de La Hondura”. “Sin embargo, para ello es imprescindible que funcione correctamente la estación de tratamiento y bombeo situada en Cabo Llanos, que no bombea las aguas residuales hasta la depuradora de Buenos Aires”, apunta el concejal de la oposición.

La consejera Lady Barreto trata de disculpar al Ayuntamiento

La consejera de Sostenibilidad del Gobierno canario ha intentado, no obstante, rebajar la mala imagen que supone para Emmasa y para Santa Cruz los últimos vertidos: “El Consistorio capitalino ha sido el único de toda Canarias que solicitó la creación de una comisión técnica para el seguimiento de todos los expedientes en tramitación y es, además, junto a Guía de Isora, el único municipio de Tenerife que lleva al día la tramitación de todos sus expedientes”.

Además, Barreto indica que el problema de vertidos al mar se soluciona con unas infraestructuras adecuadas. “En 2015 el Estado se comprometió a ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Santa Cruz de Tenerife y hasta septiembre de 2018 no se adjudicaron las obras; pero, a día de hoy, los trabajos no se han iniciado”, apostilló.

La consejera ha intervenido esta semana en el pleno del Parlamento de Canarias interpelada sobre este asunto por la diputada socialista Patricia Hernández. Antes de la sesión, la Consejería de Sostenibilidad remitió al PSOE documentación que había solicitado sobre los vertidos de septiembre pasado por el citado desagüe, escrito en el que la respuesta es menos diplomática para el Ayuntamiento capitalino. “Lo primero que cabe informar es que la citada conducción de desagüe [la de La Hondura y de la EDAR] carece de autorización de vertido desde tierra al mar (AVM) otorgada, por lo que cualquier vertido que se produzca a través de esta es ilegal por carecer del correspondiente título habilitante”, reza el documento de la Viceconsejería de Medio Ambiente, divulgado por Diario de Avisos.

El Gobierno municipal no ve irregularidad en lo que hace Emmasa

En relación con este mismo asunto, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz ha declarado en El Día que el impacto sobre el medio ambiente de los vertidos registrados a través del aliviadero de La Hondura es “casi inexistente”, a pesar de que la turbidez del agua era mayor, aunque reconoció que estas aguas llegan al mar “tratadas, pero no ultrafiltradas”.

Sostiene Arteaga que de las notificaciones de Emmasa, empresa responsable del servicio en la capital, no se desprende un comportamiento “irregular” en cuanto al mantenimiento de la depuradora. “Todo lo contrario”, dijo. No obstante, llama la atención sobre el hecho de que esta instalación, que da servicio también a los municipios de La Laguna y El Rosario, está “al límite” de su capacidad.

Atribuye el edil de CC el motivo de estos últimos vertidos por el aliviadero a que la empresa pública del Cabildo “Balten a veces no coge toda el agua [depurada para uso agrícola] por necesidades propias”.

Un peritaje por encargo del Juzgado nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la causa penal por las subcontrataciones de Emmasa (empresa mixta en manos de la multinacional Sacyr que gestiona el servicio público de aguas en la capital tinerfeña), concluye que esa sociedad mercantil llevó a cabo entre 2006 y 2015, supuestamente de forma irregular, subcontrataciones por valor de 17,9 millones de euros que han provocado un daño económico superior a los cinco millones.

Para calcular ese perjuicio económico se tienen en cuenta los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC aplicado a contratos que no debieron suscribirse, pues, según dictamina el perito, se trata de actividades que debió realizar directamente Emmasa.

El peritaje judicial constata que entre 2006 y 2012 la empresa mixta (el 94,64% de cuyas acciones fueron vendidas por el Ayuntamiento a Sacyr en 2005, para proceder a la compra del frente de playa de Las Teresitas, operación hoy declarada ilegal) incumplió con esas subcontrataciones el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigió el concurso público de la privatización.

Así, en ese periodo Emmasa suscribió hasta 121 contratos con ese fin que infringían la prohibición de subcontratar, de los cuales 76 se refieren a actividades esenciales del servicio público que esta presta y 45 a actividades accesorias cuya realización por otra empresa requería autorización del Ayuntamiento santacrucero, permiso previo que no fue solicitado.

En el informe pericial se detalla además que, de las 270 contrataciones de las que tiene conocimiento el perito, 116, por valor de 15,68 millones, fueron suscritas por encima del importe máximo permitido anualmente. Con arreglo a este peritaje, esta práctica contraria a la legislación constituye una infracción que, según la Ley de Contratos del Sector Público, “pudiera suponer [para Emmasa] una sanción con importe de hasta el 50% del precio del contrato”. De esas subcontrataciones, “en 60 concurrieron además otras causas que debieron impedir su suscripción”.

Sobre el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas cuando Emmasa fue privatizada, el perito comprueba que en los siete primeros años esta empresa había invertido 19,53 millones de euros, lo que supone solo el 65,57% del total de las exigibles en conceptos de grandes reparaciones e inversiones, con lo que Sacyr había dejado de invertir 10,2 millones, es decir, el 34,43% del total previsto exigible. 

El perito alega que no le es posible, por falta de información, calcular el perjuicio que eso supone a la empresa, aunque señala que entre 2013 y 2015 se realizaron algunas inversiones en redes de distribución y de saneamiento y en depósitos.

También se recuerda en el informe que Sacyr resultó adjudicataria de la mayoría accionarial de Emmasa durante 25 años por 60,2 millones pagados al Ayuntamiento y un canon de 59 millones, con unas inversiones propias de 45,1 millones en la mejora del servicio público.

Esta causa penal proviene de una denuncia presentada en 2014 por el entonces concejal de Por Tenerife (XTF), José Manuel Corrales, que asumió la Fiscalía. En el procedimiento está personado como acusación popular el partido Sí Se Puede (SSP), que además ha ampliado la denuncia por el supuesto incumplimiento de compromisos financieros, como el plan de grandes inversiones (11 millones) o la firma de un convenio entre Sacyr y el Ayuntamiento que finalmente quedó paralizada.

El asunto de las subcontrataciones, en el que Sí Se puede ha insistido en los plenos municipales, ha sido polémico desde el pasado mandato, pues el Ayuntamiento llegó a imponer una multa de 450.000 euros a Emmasa. La filial de Sacyr recurrió en lo contencioso administrativo y un juzgado sentenció que el procedimiento sancionador había caducado. Cuando el Gobierno municipal reabrió el expediente, las infracciones habían prescrito.

Posteriormente, se abrió otro expediente sancionador por contratación de prestaciones con una multa de 150.000 euros, recurrida también por la filial de Sacyr, en un proceso que está pendiente de sentencia, pero que también puede acabar con una declaración de caducidad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido abrir un expediente informativo a la compañía Emmasa tras el problema técnico de la conducción de aguas depuradas que propició un vertido en la zona de La Hondura en la tarde de este martes.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indica que ya se ha solicitado a Emmasa “que aporte información por escrito con el fin de argumentar la naturaleza y el alcance de ese incidente, así como la duración exacta que tuvo, el caudal estimado y los posibles efectos”.

Arteaga recuerda en una nota de prensa que la solución a este problema “pasa por la ejecución de la obra de ampliación de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, que ha sido recientemente adjudicada por el Estado, pero en la que aún no han comenzado los trabajos programados”.

En esa línea, apunta que desde hace muchos años se ha reclamado a todas las administraciones públicas, y recordó que “este no es un problema exclusivo de Santa Cruz, ya que a la depuradora llegan aguas de otros dos municipios [El Rosario y parte de La Laguna] y la capacidad ya era incluso corta cuando se construyó”.

Por ese motivo, dijo, ha sido “la urgencia de nuestras constantes gestiones con el Estado, que parece que al fin realizará la obra. Ahora solo nos queda estar pendientes de que se ejecute en los plazos previstos”.

Las aguas vertidas en La Hondura, a la espera del inicio de las obras de ampliación de la EDAR de Buenos Aires, son pretratadas y cuentan con el control y la autorización de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, con el fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley a través de mediciones y controles exhaustivos.

Indignación, desasosiego, desesperación... Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife volvieron a asistir este martes con honda preocupación a la exhibición, en vivo y en directo, de otro vertido de aguas fecales “pretratadas” a través del colector del litoral de La Hondura, con origen en la depuradora de la capital tinerfeña, la EDAR de Buenos Aires.

La expulsión de aguas negras “pretratadas”, según confirmó este mismo martes la empresa que gestiona ese recurso en Santa Cruz de Tenerife, la firma Emmasa (de Sacyr), duró unas tres horas y alertó a gran parte de los vecinos de la ciudad, que en tiempo récord convirtieron en viral un vídeo en el que se apreciaba con total claridad la expulsión a través de un colector aéreo de cantidades ingentes de agua marrón. Esta contrastaba con el azul del recurso marino de la pequeña bahía de La Hondura, un área ya muy contaminada.

El vertido accidental, ocasionado por una avería, dijo este martes la empresa, no es el primero que se genera en esa parte del litoral de Santa Cruz, muy cerca del Palmetum y del Parque Marítimo, sino que se convierte en otro hito más dentro de una secuencia de vertidos que, según ha dicho en reiteradas ocasiones el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuentan con autorización de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y se deben a la deficiente capacidad de tratamiento de las aguas fecales que posee la EDAR de Buenos Aires, ahora en fase de ampliación por parte del Estado. El de este martes no tuvo ese origen, según confirmó Emmasa.

El director general de esa empresa de aguas, Guillermo Jiménez, explicó que, “de manera inmediata”, tras conocerse el vertido, se “activó el protocolo de actuación ante esas circunstancias excepcionales y se solucionó la incidencia en tres horas”.

Jiménez indicó que la emisión de agua a través de esa conducción (emisario o colector con salida costera, en el mismo acantilado de La Hondura) “ha sido previamente sometida a tratamiento terciario, tras un proceso de depuración”. 

Ese tratamiento terciario, se añadió en una nota de Emmasa, consiste “en una ultrafiltración del agua ya depurada, con la que se consiguen calidades aptas para su reutilización en el riego agrícola”.

Otras fuentes consultadas acerca del vertido de este martes en La Hondura aseguraron que el origen de la expulsión del recurso “pretratado” al mar también pudo estar relacionado con la mala calidad de esa agua y que por ello la empresa Balten no la haya metido en su canalización con destino al riego en plantaciones del sur de la isla, sobre todo de plátano en la zona de Las Galletas.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha vuelto al ataque con el asunto Sacyr-Emmasa y reincide al instar al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, a que exija a esa empresa mixta controlada por Sacyr, la que presta servicios de aguas en el municipio, a la inversión de 45 millones en la capital, algo a lo que está obligada la multinacional por la mejora económica que ofertó para que le adjudicaran el citado servicio.

El grupo Sacyr también es en este momento el mejor situado para hacerse con el servicio de recogida de residuos en Santa Cruz de Tenerife, un concurso municipal que está a punto de resolverse y que tiene un coste de 21 millones de euros al año.

Arcila recordó este martes que en el año 2015 se firmó un convenio entre Sacyr y la Corporación local en el que se estableció una cantidad sensiblemente inferior a la obligada por el capítulo Inversiones propias del licitador y que, además, se ha dejado sin ejecutar la mayor parte de lo prometido en ese convenio. 

Con el fin de aclarar esta situación, el portavoz de Sí Se Puede dirige una pregunta al pleno que se celebra este viernes, 25 de mayo, en la que destaca que, una vez transcurrida más de la mitad de los 25 años previstos como duración de la concesión administrativa, es oportuno consultar qué actuaciones se han financiado con cargo a ese capítulo a fondo perdido.

El concejal ecosocialista pregunta también por el montante económico de todas esas actuaciones. Igualmente, pide el dato de la cantidad invertida por Sacyr, SA, que ha sido devuelta a la multinacional en los términos acordados en ese convenio de 2015 y según el estudio económico financiero que lo acompañó.

Arcila aseguró que esas inversiones debían ser a fondo perdido, tal y como estaba previsto en el plan de inversiones del pliego, y que ese documento fijaba la cuantía de esas inversiones en más de 31 millones de euros, a pesar de que el contrato administrativo por el que se adjudicó el servicio establecía la cantidad de 45 millones para el mismo concepto.

En detalle, las inversiones previstas en 2015 consistían, en primer lugar, en la ampliación de la existente estación desaladora y sus infraestructuras anexas para su conexión a la red de distribución de agua potable del municipio, por un coste de 31 millones de euros “y del que tenemos la certeza que no se ha invertido cantidad alguna”.

Le seguían las obras de mejora del saneamiento en Igueste de San Andrés, por un coste de 200.000 euros; la mejora del saneamiento de Taganana, con una inversión estimada de 1.200.000 euros y diversas obras de mejora en los distritos, por un coste estimado de 1,50 millones de euros. En total, se trata de una inversión de 33.790.000 euros.

Además, el portavoz de Sí Se Puede destaca que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Sacyr, SA, en 2015 contempla un apartado que, como ya ha denunciado el grupo municipal ecosocialista en distintas ocasiones, es completamente irregular y lesivo para los intereses municipales, al establecer que esas inversiones que forman parte de las obligaciones contractuales de la multinacional de invertir a fondo perdido serán “recuperadas” por la empresa licitadora durante el plazo de la concesión, en la forma e importes y plazos detallados en el estudio económico financiero para la viabilidad de esas inversiones que acompañó en 2015 la firma del convenio.

Arcila acusa al Gobierno municipal de complicidad con Sacyr al autorizar que “la multinacional le reclame a Emmasa la devolución de ese dinero junto a los correspondientes intereses que se devenguen, lo cual contraviene el pliego de condiciones por el que Sacyr se hizo con la empresa de aguas en lo relativo a las inversiones a fondo perdido a las que está obligada”.