Con los datos en la mano, no debemos dejar escapar que la sanidad pública canaria no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años, a pesar de las promesas que hicieron Clavijo y Baltar tras la ruptura del pacto con el Partido Socialista. Lo confirma la Federación, que resalta en su informe que, al contrario que Baleares y Madrid, en Canarias la población prefiere la Atención Primaria en menor medida, inclinando la balanza hacia la sanidad privada.

Es cierto que los problemas de la sanidad canaria no son consecuencia directa del Gobierno de Fernando Clavijo; sin embargo, el nivel de la balanza entre lo público y lo privado no ha dejado de estar desnivelado desde la llegada de Baltar a la Consejería de Sanidad. Muchas han sido las veces en que la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Canaria afeaba que el exdirector de Operaciones de Hospitales San Roque ocupase la consejería de Sanidad. Muchas han sido las veces que han reclamado que se eliminen los conciertos ilegales con la sanidad privada.

Tampoco debemos olvidar la campaña que emprendieron con la imagen del presidente del Gobierno canario y del consejero de Sanidad, una campaña incómoda, una campaña que no sentó bien en algunos despachos. No debemos olvidar los desaires de José Manuel Baltar hacia los informes de la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública. Y es que en época electoral es conveniente tener buena memoria.

Ahora, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Canaria ha presentado un escrito en Presidencia del Gobierno para suspender o revocar los conciertos en casos de hospitalización de media estancia, y lo han hecho con el dinero de una campaña de micromecenazgo. Este es un ejemplo de que las pequeñas luchas sociales sirven para algo. Una pequeña victoria para aquellos que aprietan los dientes y luchan contra quienes quieren aniquilar la sanidad pública canaria con el único fin de asegurarse clientes en la privada. Esta es una pequeña victoria para quienes inclinan la balanza hacia lo público.

La fiscal Anticorrupción no tiene dragones, pero consiguió poner contra las cuerdas a Fernando Clavijo. Debemos recordar que el presidente sufrió pérdidas de memoria en su declaración como “investigado”, pero no dudó en señalar como responsables a los funcionarios y técnicos municipales, una técnica muy utilizada entre las personas que acaban investigadas por corrupción.

Como el personaje de Bran Stark en Juego de Tronos, alguien que ve el futuro de Coalición Canaria debió aconsejar, antes de su declaración, al presidente que cambiase de estrategia y se buscase un buen abogado. Eso hizo que Fernando Clavijo acudiese al prestigioso letrado José Antonio Choclán, el mismo que ha contratado Cristina Cifuentes para que la defienda en el caso Máster.

Muy frío se presenta el invierno para Coalición Canaria, no solo por el caso Grúas o el cambio del sistema electoral canario, sino porque sus adversarios traen dragones a las batallas. Aunque los nacionalistas cuentan con un armamento mediático potente, tienen fuertes contrincantes.

En La Laguna, mientras que el candidato nacionalista está “investigado” por el caso Grúas, Unidas Se Puede ha adquirido cierto reconocimiento social y mediático. Pero Poniente no es el único frente abierto, el PSOE de Santa Cruz está disputándole los barrios a José Manuel Bermúdez. Patricia Hernández ha querido llevar a Pedro Sánchez a Ofra, uno de los barrios obreros de la ciudad. Una estrategia que resulta más visible cuando el Partido Popular de Santa Cruz no deja de cometer errores.

No nos vendría mal a la hora de votar tener un poco de memoria y recordar cómo han sido estos últimos ocho años. No nos debemos dejar engañar con falsas promesas y campañas de marketing bien orquestadas, tanto en la derecha como en la izquierda. Tú decides el domingo si quieres dragones a la casa Stark o si prefieres que los Lannister sigan gobernando en Canarias.

Sánchez ha anunciado que se reunirá con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para analizar el resultado electoral la próxima semana. “La España viva” a la que alude Abascal ha decidido que la izquierda de Pedro Sánchez debe gobernar. A las votantes de Pedro Sánchez no les vale Alberto Carlos Rivera. Se lo dijeron el domingo, “con Rivera no”, y este quizá sea de uno de tragos más difíciles de digerir para Sánchez. Quiere gobernar en solitario, pero también sabe que necesita apoyo y el único apoyo evidente que hay sobre la mesa es el de Unidas Podemos.

A las votantes del Partido Socialista Obrero Español no les vale un nuevo giro hacia la derecha, y si Sánchez decide romper ese “voto con condiciones”, el PSOE volverá a cometer los mismos errores que en el pasado. Volver al punto de desconfianza. Ahora el PSOE tiene que elegir entre ser un partido de izquierdas o gobernar haciéndole guiños a la derecha.

Ana Oramas gana

Ana Oramas ganaUna de las sorpresas que nos dejó la resaca poselectoral fue el éxito de la campaña de Ana Oramas. Lejos de perder el escaño que tenía CC, ha ganado uno. Lejos quedó la pérdida del escaño, pero también la memoria. Como en la película Men in black, parece que a la ciudadanía canaria le han borrado la memoria.

El partido se presentaba a las primeras elecciones nacionales tras la declaración del presidente canario, Fernando Clavijo, como investigado por tres delitos de corrupción en el caso Grúas y la reciente entrada en prisión de un amigo de la familia, Miguel Zerolo. Era muy difícil mantener el escaño en el Congreso.

Pero si el PSOE salió victorioso por el discurso del miedo, a Coalición Canaria, también le funcionó la misma estrategia. Coalición no solo ha rascado votos entre los más conservadores, sino que ha conseguido ganar una batalla al enemigo que le disputa el espacio nacionalista en las islas, Nueva Canarias.

Es posible que durante los próximos días escuchemos versiones de periodistas blanqueando la situación actual del presidente. Clavijo se presenta a las elecciones autonómicas como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias investigado por el caso Grúas. Lo reconoció en la rueda de prensa posterior a su declaración: fue a declarar en calidad de “investigado”, porque solo se puede ir en calidad de “testigo” o de “investigado”.

No fue una declaración sencilla, fue algo más larga de lo normal y con las preguntas insistentes de la Fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola. La misma fiscal que advertía dos realidades paralelas similares a las de Matrix en el caso Las Teresitas ha acabado haciéndole preguntas al presidente del Gobierno de Canarias por la posible comisión de tres delitos.

Farnés le preguntó por la privatización del servicio municipal de Grúas, por el número de trabajadores, por el levantamiento de reparos, por la ubicación a efectos de notificaciones de Autogrúas Poli y por su relación con los siete trabajadores que le compraron la empresa a José Padilla.

El presidente descargó la responsabilidad del levantamiento de reparos en los funcionarios y en el informe elaborado por los catedráticos Francisco Villar y Francisco Clavijo. Un informe del que dice no conocer cuánto costó y del que señaló que la decisión de su contratación debió de ser del “servicio de seguridad ciudadana y por la asesoría jurídica”. ¿Hay alguien que se crea que un alcalde no sabe quién solicita informes externos para justificar el levantamiento de reparos?

El presidente también tuvo alguna pérdida de memoria durante su declaración. No recordó por qué Autogrúas Poli mantuvo durante un tiempo a efectos de notificaciones en escritos dirigidos a órganos judiciales la misma dirección que la de una empresa que tenía con su pareja, Administración Ecológica, SL.

Tampoco recordó si acudió a “algún brindis” en la boda de Santiago Ramón Casanova. Pero entre lo que sí reconoció está la vinculación con dos trabajadores que compraron Autogrúas Poli. Reconoció que practicó Kárate con Santiago Ramón Casanova durante su adolescencia, reconoció que acudió a la boda de Pablo Bartolomé Ginovés Sierra por ser la pareja de una exempleada de él, reconoció haber compartido gimnasio con José Luis Conde López cuando era pequeño. Ahora, a las esferas político-mediáticas de Tenerife les toca reconocer que el presidente de Canarias está investigado por tres delitos de corrupción.

Como en la saga de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, tras la decisión de Blanco de retrasar la declaración de Clavijo como investigado, algunos se aventuraron a no mencionar lo que no debe ser nombrado. Hubo quien incluso mintió descaradamente. Se contaba de forma malintencionada que el presidente había presentado recurso de casación y la jueza lo había desimputado. Una mentira como una casa. Una mentira que se desmontaba leyendo las providencias de Blanco.

Ahora, después de que los ciudadanos tuvieran que soportar todas esas mentiras, la jueza ha tenido que aclarar la situación del presidente. Lo ha aclarado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dijera a los abogados de Clavijo que sus argumentos para presentar recurso partían de una “premisa incorrecta”. Cuentan que en Madrid se pudo escuchar el zasca. La jueza dice que la situación de Clavijo como “interviniente” es fruto de un error informático y ya ha puesto fecha para su declaración, el miércoles 17 abril, o lo que es lo mismo, el miércoles santo.

Honestidad

HonestidadEsta semana también se ha hablado mucho de la honestidad, de la fina línea que separa a los periodistas honestos de los deshonestos. El motivo ha sido El Director, el libro de David Jiménez. El exdirector del periódico El Mundo se ha dispuesto a levantar alguna que otra alfombra, a contar secretillos que incomodan a compañeras y compañeros del gremio. Un ejercicio de autocrítica que deben hacer algunos periodistas en Canarias. Un ejercicio que deberían hacer aquellos que callan ante lo que deberían nombrar, porque la honestidad es algo que los periodistas tenemos que demostrar día a día.

El caso Grúas está dando giros de guión más interesantes que la séptima temporada de Juego de Tronos. Justo cuando parecía que el caso se iba a quedar en pausa hasta después de las elecciones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió un auto en el que decía a Clavijo que sus argumentos para presentar “anuncio” de recurso de casación estaban fundamentados desde el inicio en “premisas incorrectas”.

Después de este primer viaje, ese alto tribunal le ha dicho a Clavijo que los autos anteriores no muestran un conflicto de competencias entre juzgados porque “no son dos juzgados los que discrepan”, sino que son órganos de diferente rango. El TSJC añadía en un segundo argumento que la sala no ha abierto diligencias previas y que “nunca” ha admitido su competencia, por lo que el “anuncio” de recurso de casación no es viable. La decisión del TSJC deja de nueva la pelota en el tejado de Celia Blanco para que llame a declarar a Fernando Clavijo.

Tras el auto del TSJC, conocíamos que la fiscal Anticorrupción María Farnés ha emitido un escrito de 70 folios en los que señala que en el caso Grúas se aprecian, al menos, tres delitos de corrupción. Casualmente, los mismos delitos sobre los que alertó la Audiencia Provincial en el auto que ocasionó la reapertura del caso. Pero este no ha sido el único viaje que la fiscal Anticorrupción ha dado esta semana. El pasado martes, MírameTV contaba que Farnés ha pedido que se abran diligencias previas contra Ricardo Melchior por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Estos son algunos detalles que no va a mencionar la representante de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, durante su paseo por los medios canarios. La nacionalista prefiere generar titulares diciendo que no conoce el conflicto del muelle de Agaete, pero que un par de “escarabajos” no hacen daño a nadie. Una provocadora nata. Sabe que lo importante para su partido es centrar el foco en lo anecdótico y no en lo importante.

El representante de Podemos, Paco Déniz, reclamaba una explicación al administrador único del ente, José Naranjo Sintes, por que la noticia se diera en la tele de todos los canarios como un asunto menor, oculta tras “sucesos o sucesillos”. Déniz se sorprendía de que en la escaleta del programa El Foco desenfocaran a Clavijo y no incluyeran la noticia de su investigación, “teniendo en cuenta que es la primera vez que en Canarias tenemos un presidente imputado”.

Mientras que Déniz se escandalizaba porque el programa ha dedicado más tiempo a la situación de Venezuela que a las grúas de Clavijo, Sintes lo miraba como si las palabras de Déniz fueran el auténtico escándalo.

Déniz no fue el único que se quejó. La representante de Nueva Canarias, Esther González, también le dio un viaje curioso a Sintes al decirle que “las cosas en RTVC no han cambiado nada” y que de pública solo tiene “el nombre y el dinero que la mantiene”. Sintes ponía de ejemplo a la radio pública, donde la noticia se había dado a todo volumen, una equiparación que no es certera, ya que la manipulación política no se da de igual forma en Canarias Radio como en la Televisión Canaria. Y esto es algo que no ocurre solo con el caso Grúas. Solo hay que recordar el caso de la periodista María Dolores Aguilar, que denunció a través de redes sociales la censura que sufrió en una noticia crítica con los eSport.

Pero, sin duda, la intervención que se ha llevado más aplausos ha sido la de la representante de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño. “Lo de las entrevistas amables... Ustedes vieron la entrevista a Sánchez, amable no, esos merengues blanquitos de La Palma son amargos al lado de esa entrevista, ¿de qué estamos hablando?”.

González Taño, que se vino arriba en la intervención, siguió contando que había visto un reportaje en la televisión en la que contaban que Pablo Iglesias se había cogido un permiso de paternidad. Tiene razón González Taño sobre la entrevista de Pedro Sánchez en la televisión pública, y sí, también, tiene razón con la noticia de la baja de paternidad de Pablo Iglesias. Pero hay que ser serios: eso no tiene nada de relación con la manipulación informativa del caso Grúas en la Radio Televisión Pública de Canarias, con o sin merengues.

Pero su intervención sobre los merengues de La Palma no ha sido la única noticia que nos ha dado Taño en los últimos días. “La Fiscalía investiga las irregularidades del marido de la diputada González Taño (CC) en la escuela infantil que dirige”. Así lo contaba MírameTV, pues el Ministerio Público ha abierto diligencias tras una denuncia de Comisiones Obreras en el caso de la escuela infantil San Miguel Arcángel.

Ciudadanos, Nueva Canarias y Podemos han mostrado su descontento por una cuña radiofónica en la que el Gobierno de Canarias señala que con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias se podrá elegir directamente al candidato a la presidencia. Y aunque parece una broma, no lo es. En el Gobierno de Canarias nos creen lo suficientemente ignorantes como para intentar colarnos que en Canarias existe un sistema presidencialista. O eso, o al sustituir el eslogan de Trump América first por Canarias primero, han pensado que viven en Estados Unidos y no en España.

La campaña del nuevo Estatuto de Autonomía recuerda a la campaña que hace no tanto tiempo iniciaba el Gobierno por la famosa Ley del Suelo. En el año 2016, el Gobierno de Canarias admitió que la campaña publicitaria de la Ley del Suelo llegó a costarnos a los ciudadanos 17.000 euros. Es decir, 1.700 euros diarios. El Gobierno de Clavijo llegó a realizar un vídeo en Facebook en el que se explicaba que la gestión del territorio había sido un fracaso y que la nueva ley simplificaría los complejos procesos administrativos.

Igual que ocurre ahora con la campaña del Estatuto de Autonomía, en ese momento las cuñas radiofónicas sobre la famosa Ley del Suelo ocasionaron quejas de Podemos, PSOE e incluso del Partido Popular. Podemos llegó a comparar la campaña de la Ley del Suelo con las herramientas de manipulación de Goebbles y el Partido Popular las calificaba de “inoportunas”.

Hay que reconocer que, aunque la transparencia no sea una fortaleza de Coalición Canaria, la promoción y la propaganda siempre han sido objetivos que los nacionalistas han sabido cumplir. Pero en este caso intentar confundir y manipular a la ciudadanía no parece una buena fórmula para “defender Canarias”, sobre todo cuando te acaban pillando.

El pasado 31 de diciembre, José Manuel Bermúdez señalaba en El Día las dos razones por las que, según él, ha aumentado el número de personas sin hogar en Santa Cruz. Para Bermúdez, los responsables eran el resto de los ayuntamientos de la isla y los inmigrantes sin papeles encerrados en el CIE de Hoya Fría. “Casi el 60% de los indigentes que han estado en la calle en esta Navidad no son de Santa Cruz. Son de otros municipios de toda Canarias e incluso de la Península”, añadía el alcalde de Santa Cruz.

Después de soltar esta frase para argumentar, de forma errónea, que no se trata de un problema de Santa Cruz, el alcalde añadía: “El CIE de Hoya Fría, al estar en obras el de Las Palmas y cerrado el de Fuerteventura, es el único de Canarias en activo, por lo que cualquier inmigrante que llegue a nuestras costas es enviado allí. Y si no se producen de manera ordinarias las deportaciones, a los 60 días esa persona se va a la calle”.

A Bermúdez no le parecieron suficientemente bochornosas sus palabras porque ahora va a prohibir “la mendicidad” y multar con 100 euros a las personas sin hogar, una medida que no es nueva. En 2013 la exalcaldesa Of café con leche, Ana Botella, tomó la decisión de multar a aquellas personas que dormían en las calles de Madrid con 750 euros.

Pero no ha sido la única alcaldesa del PP a la que le dio por estigmatizar. Ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le daba un tirón de orejas al entonces alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. El Tribunal le recordaba en una sentencia a León de la Riva que prohibir la mendicidad era “inconstitucional” porque “vulnera el derecho a la libre circulación de las personas”.

En esa tendencia neoliberalista por ver quién estigmatiza y vulnera derechos más fuertes hay que enmarcar la última propuesta del candidato a la alcaldía del PP en Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra. Guerra ha dicho en declaraciones a Planeta Canario que le parece “injusto” que sea solo el Ayuntamiento quien se encargue de pagar el albergue de Tenerife. Por eso, su propuesta, o mejor dicho, su amenaza, es cerrarlo.

Lo que molesta a CC y PP no es que sea el Ayuntamiento la única administración que aporta dinero. Lo que molesta es que el albergue esté ubicado en un sitio visible, molesta que los altos índices de pobreza que hay en Canarias se conviertan en personas que deambulan por las calles, a plena luz del día y a la vista de los turistas. La fórmula para que ambos políticos estén cómodos con el albergue es perseguir e invisibilizar la pobreza; lo que no se ve, no existe.

Tras la intención del presidente de acudir al Tribunal Supremo era inevitable que en el debate sobre la Nacionalidad canaria saliera a relucir el caso Grúas o el Estatuto de Autonomía. Un Estatuto que, aunque CC celebra en el Parlamento canario, luego no quieren cumplir cuando se trata de investigaciones judiciales.

Sin embargo, el caso Grúas no fue la gran estrella del Debate de la Nacionalidad canaria. En el panorama político había temas como la pobreza o la subida del precio de la vivienda. Pero nadie se imaginaba que en Coalición Canaria iban a sacar pecho ante un panorama social en el que no hay nada que celebrar.

Mientras que Podemos, PSOE y PP hablaban de la privatización de la sanidad en Canarias, de las listas de espera, de la complacencia de Clavijo y Baltar con las clínicas privadas o de los altos índices de pobreza, en Coalición Canaria celebraban que en Canarias hemos pasado de tener el 44,6% (2016) de personas en riesgo de pobreza al 40,2%. Bochornoso pero cierto.

Mientras que casi la mitad de población está en riesgo de exclusión social, ellos se atreven a celebrar que el porcentaje ha bajado 4,4 puntos. Celebran una realidad paralela, donde el bono para residentes canarios ha sido un exitazo, donde los problemas de viviendas se resuelven al instante y donde Canarias es la locomotora del empleo.

Los nacionalistas son muy dados a hacer celebraciones en Canarias y a enfadarse mucho en Madrid. Por eso, el presidente también tuvo tiempo para hablar de Franco durante el Debate de la Nacionalidad canaria. Dice Clavijo que no le importa dónde está enterrado el dictador. Lo que le pasa a Clavijo es que, cada día, tiene más cosas en común con Pablo Casado. No le importa la memoria histórica porque debe pensar que eso es de “carcas”, como decía Casado hace poco.

CC se acerca, cada día más, a ese neoliberalismo cool de Casado y Rivera, donde la memoria histórica da igual y donde las clases que, tradicionalmente, han estado oprimidas ahora tienen que conformarse con trabajar para Glovo. Mientras el neoliberalismo cool nos invade con el aplauso de CC, ese 40,2% de personas en riesgo de pobreza siguen teniendo problemas para comer, pagar el alquiler o encontrar un empleo.

El nivel de crispación en España es tan alto como el nivel de irresponsabilidad. Y si bien es cierto que 45.000 personas no son tantas si las comparamos con otras manifestaciones, que PP y Cs sean capaces de acudir a una manifestación en la que saben que se van a sumar partidos de extrema derecha solo con el fin de deslegitimar a Sánchez es de una irresponsabilidad extrema.

El reporte político que ha obtenido Ciudadanos al acudir a la manifestación del domingo es el que llevan buscando desde su nacimiento: ocupar el puesto del Partido Popular. No pasa nada si para conseguir desbancar al PP se tienen que posicionar a la derecha de la derecha española. Más allá del conflicto catalán, ese es el verdadero motivo de la presencia de Cs en la manifestación del pasado domingo.

“Canarias ha estado presente en la plaza de Colón para unirse a las miles de personas que han alzado la voz ante los desafíos que España tiene por delante, y para denunciar el maltrato y el desprecio al que Sánchez está sometiendo a las islas en los últimos meses”. Así explicaba Antona en Twitter su presencia en la manifestación. De la misma forma, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, Vidina Espino, señalaba en Twitter: “Este domingo estaré en Madrid para pedir elecciones y el cese de las concesiones a los separatistas. Para decir alto y claro basta ya al Gobierno sin rumbo de Pedro Sánchez. Por la unidad de España y en defensa de la Constitución”.

Para que el PP en Canarias defienda los derechos de las islas no es necesario hacer de mamporreros de la extrema derecha en Madrid. Tampoco se defienden los derechos de Canarias enfrentando a Canarias con Cataluña. No se defiende “la unidad de España” apoyando a políticos que defienden la vulneración de los derechos humanos. No se defiende “la unidad de España” atacando a las mujeres, el colectivo LGTBI y los migrantes. Apoyar a la extrema derecha española no es fomentar “la unidad de España”, es legitimar el fascismo.

“La Laguna necesita a un hombre como José Alberto Díaz, constante, valiente, luchador, firme en sus ideas”, decía Oramas en la presentación del nacionalista como candidato de Coalición Canaria por La Laguna. Seguro que fue un despiste, pero a Oramas le faltó añadir que el alcalde de La Laguna está investigado por el caso Grúas.

Diez años después del caso Las Teresitas, los nacionalistas no han aprendido nada. La diputada nacionalista no aprendió nada de lo que ocurrió con Miguel Zerolo o con José Alberto González Reverón (exalcalde de Arona), no aprendió que no se debe poner la mano en el fuego por personas que están bajo sospecha porque puedes quemarte.

Sin embargo, no fue la única que le dedicó unas bonitas palabras al alcalde de La Laguna. “Lo que José Alberto Díaz ha hecho en estos cuatro años ha sido un máster en dignidad. Y lo ha superado con creces. Él fue elegido legítimamente por los ciudadanos de La Laguna y ha demostrado decencia y sacrificio personal”, añadía Francisco Linares. Sobra decir que demostrar decencia a la hora de liderar una institución pública no es un acto extraordinario o revolucionario: la decencia debería ser la norma y no la excepción.

Las palabras de Linares recuerdan a las que le dedica Ana Oramas al presidente de Canarias cada vez que la oposición saca el caso Grúas, el aburrido y manido argumento del machaque personal. Pero Oramas y Linares tienen razón en una cosa: la honestidad y la dignidad es muy importante en política, pero si la honestidad fuera la principal característica de CC en La Laguna José Alberto Díaz habría dimitido en cuanto se supo que está investigado por el caso Grúas. Y no solo por dignidad, sino por no perjudicar al resto del partido. 

La pausa del caso Grúas y, por ello, la pausa en la posible investigación de Fernando Clavijo, está provocando en Coalición Canaria pérdidas de memoria severas. Se suele decir que no solo es importante ser honesto y decente, sino también parecerlo. Y es en este límite donde los nacionalistas pierden fuerza en su discurso. Un partido que se presenta a las elecciones con candidatos investigados por delitos de corrupción no tiene legitimidad moral para hablar de dignidad y honestidad.

Si dedicamos una panorámica a la política nacional y autonómica nos daremos cuenta de que la traición y la desconfianza están por todas partes. Sin duda, lo que ha llamado la atención de la traición de Errejón a Iglesias fue el momento en el que comunicó su unión a Carmena. Lo hizo justo en el quinto aniversario del partido. Primera traición. Ha sido la forma de Errejón de demostrar públicamente que el partido no ha resuelto todos los conflictos vividos en Vistalegre II y que el nivel de desunión es tan grande que puede poner en peligro uno de los principales logros del partido: conseguir liderar la alcaldía de Madrid.

La segunda traición vino seguida de la falta de calma de Iñigo Errejón y las ansias de comunicar la noticia. Iglesias recibió la llamada de su antiguo amigo unas horas antes de que fuera comunicada públicamente. Pero, para ser justas, hay que recordar que la izquierda ya ha vivido otras traiciones. Una de las últimas es la de Gaspar Llamazares, que se marchó de Izquierda Unida casi al ritmo de Pimpinela.

Otra traición es la que ha vivido el presidente del Cabildo de Tenerife con el PSOE. La falta de apoyo del PSOE a la operación Plasencia es la única razón que puede tener Carlos Alonso y Coalición Canaria para romper el pacto en el Cabildo. No hay otra razón, por lo menos visible, que pueda generar malestar en el partido nacionalista. De hecho, es incalculable el número de veces que se le ha preguntado al presidente del Cabildo por el pacto, y también es incalculable el número de veces que Alonso ha repetido que no tenía intención de “romper el pacto con el PSOE”.

De nuevo actúan la traición y la desconfianza. No hay mayor traición capaz de generar desconfianza que no comprar un edificio a un empresario corrupto. Y es que, si el partido nacionalista pertenece a la generación millennials, esa que está entorno a los 25 años, buena parte de los años que ha gobernado ha tenido de muletilla al PSOE y al PP. Por lo tanto, las traiciones entre ellos son difíciles de entender si no se acercan periodos electorales o si no hay intereses político- económicos de por medio. Pasan de ser amigos, como lo fueron Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, a traicionarse. El sentimiento de traición es uno de los más comunes en la política, y también uno de los más peligrosos.

Probablemente, uno de los casos más escandalosos que hemos conocido en los últimos años es el del hospital Negrí­n, en Gran Canaria. Un hospital que tiene un servicio entero privatizado y, casualmente, gestionado por Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), una filial del grupo San Roque. Resulta inevitable recordar el caso del hospital Negrí­n cuando esta semana leí­amos esto: “El TSJC sancionará al Servicio Canario de la Salud si no informa sobre los conciertos sanitarios”.

De esa manera, el periodista Moisés Grillo explicaba que la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) daba un plazo de 20 días para aportar el expediente administrativo sobre la demanda contra los conciertos sanitarios presentada por Intersindical Canaria.

Grillo explica muy bien que el pasado mes de mayo la misma sala del TSJC se declaró competente en la demanda y señaló esto: “Se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios comunitarios de transparencia y publicidad previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y constituyendo una vulneración del plazo cierto del contrato”.

Y una vez más es inevitable acordarse del caso del hospital Negrí­n. La empresa que gestiona el Servicio de Medicina Nuclear del hospital Negrí­n gana el concurso en 2006, con la capacidad de gestionar el servicio durante ocho años y existiendo la posibilidad de prorrogarlo otros dos. Y, aunque el plazo se venció en 2016, la empresa que gestiona el servicio es la misma que en 2006: se ha perpetuado durante dos años no se sabe muy bien de qué forma.

Ahora, parece que la Consejería­ de Sanidad tendrá que rendir cuentas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los conciertos sanitarios. Por eso, para que no te confundan con el discurso sobre la eficiencia de la sanidad privada, no está mal recordar que los conciertos sanitarios son una herencia que el franquismo dejó a las élites polí­tico-económicas canarias.

Los nacionalistas cogieron el discurso de Oramas sobre la financiación en materia de carreteras y se hicieron un dos por uno en populismo barato. La diputada salió a decir en sede parlamentaria que los socialistas eran muy malos y radicales porque le habían dado a Cataluña una cifra de dinero para carreteras superior a la que le habían dado a Canarias por el convenio.

Si bien es cierto que la financiación en carreteras y el famoso convenio es algo por lo que cualquier diputado o diputada canaria debe pelear, resalto la importancia del verbo deber porque la defensa de los intereses de Canarias es su trabajo y no un argumento electoral.

También se debe reconocer la carencia de argumentos de Coalición Canaria para atacar al Partido Socialista en Madrid. Esta es solo la forma que tiene CC de recordar a su electorado que los socialistas han pactado con quien no debían para mantener a Pedro Sánchez como presidente. Es decir, es la forma que tiene CC de recordar el mantra de que “sin CC no se pelea por los intereses de Canarias”. Y como Oramas es considerada en Madrid por su buena oratoria, los nacionalistas decidieron copiar el discurso contra Cataluña, también en tierras canarias. Y así fue como Clavijo se convirtió en titular por la guerra del convenio de carreteras y acabó diciendo que el Gobierno español “hurta” 200 millones para carreteras.

Mientras los genios de la oratoria nacionalista se copiaban discursos y pataleaban preocupados por que la noticia sobre el convenio les puede dejar en una situación peor si cabe para las próximas elecciones, en Tenerife pasaban cosas. Y es que en Mírame TV se dedicaron a hacer periodismo. Si los cobros indebidos del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, marido de la secretaria de Organización de CC, a los padres y madres de la escuela eran un escandalazo por el que el Gobierno de Canarias debía dar cuenta, el escandalazo prometía y promete ser mayor. Y es que, supuestamente, este individuo se dedicaba también a presionar a familias sin recursos para que pagaran cuotas que no debían pagar. Esta es la noticia que debería ocupar portadas y escandalizar a los canarios y canarias: cómo un señor con influencia política presiona a familias sin recursos y con hijos menores de edad a su cargo.

Ese “avísame cuando llegues” es la razón por la que todas acabamos llamando por teléfono a nuestra madre, amiga o pareja cuando nos sentimos inseguras caminando por la calle. “Avísame cuando llegues” es la frase que resume el miedo que sufrimos las mujeres. Es la razón por la que hay días que te cuestionas el camino de vuelta a casa. Es la razón por la que tu amiga espera a que entres en el portal para arrancar el coche, porque ella, igual que tú, sabe lo que puede ocurrir cuando no avisamos. Por todo esto, tenemos que hacer el esfuerzo de comprender que eso es violencia. El miedo es una forma de violencia.

El pasado martes fue encontrado el cuerpo de Laura Luelmo. Se le ocurrió salir a correr a las cuatro de la tarde y la mataron. Desde el primer momento la policía ha admitido que es posible que se trate de un caso de violencia machista porque se han encontrado indicios de violencia. La misma noche varias cadenas nacionales emitieron reportajes sobre lo que no debemos hacer las mujeres para que no nos maten. Y ese es el problema. Las mujeres no necesitamos reportajes sobre defensa personal o recomendaciones sobre cómo no ir solas caminando por la calle. Necesitamos que no nos asesinen, y para eso tenemos que realizar un cambio educacional. Necesitamos educarlos, a ellos, a no matar y ni violar a mujeres, a no intimidarlas cuando van caminando solas por la calle.

Para poder (re)educarnos tenemos que comprender que los hombres que nos asesinan y nos violan no son enfermos: son hijos sanos del patriarcado. Es necesario desterrar del imaginario colectivo la imagen del psicópata que acecha a la mujer en una esquina para atacarla porque, el pobre, no puede controlar sus impulsos sexuales.

Tenemos que recordar que la mayor parte de los abusos sexuales se producen por parte del entorno de la víctima, y que la mayor parte de los asesinatos que sufrimos las mujeres son por parte de los hombres. Y esto no es casual: son las consecuencias del patriarcado, bien resumidas en ese “avísame cuando llegues”.

El diario Público contaba esta semana que el Bigotes le explicó al magistrado encargado del caso, José de la Mata, que Francisco Correa, conocido porque fue a la boda de la hija de Aznar, había organizado una trama dentro del partido para adjudicar obra pública y cobrar comisiones ilegales a los empresarios. Es decir, corrupción en estado puro. Un intercambio de poder, política y dinero.

Lo que ha dicho el Bigotes, aunque pueda parecer algo obvio, sin relevancia, y que cualquier hijo de vecino puede imaginar que ha estado ocurriendo en las cloacas del Estado desde los años 90 hasta prácticamente la actualidad, no lo es. El Bigotes ha constatado delante de un juez que entre el partido y los empresarios vinculados al PP no hay amor como en la canción de Haddaway.

Queda por descubrir y condenar, lo tendrá que hacer la justicia, qué tipo de relaciones se establecían entre esos empresarios y la cúpula del Partido Popular, esa cúpula que vive traicionándose entre sí y advirtiendo que va a tirar de la manta. Ya saben, ese juego en el que lleva años inmerso Luis Bárcenas, el extesorero del PP, también conocido como Luis, el cabrón.

2013. Ambrosio Jiménez en una entrevista a La Opinión de Tenerife: “Yo le he dado dinero a los partidos como un detalle”. Al leer la frase de el Bigotes es inevitable recordar esta entrevista del empresario canario. “Creo que todos los empresarios le damos dinero a los partidos y se lo damos legalmente”, continuaba. “No he recibido ningún contrato porque nunca he recibido obras del Estado ni tampoco en Canarias del Gobierno ni del ayuntamiento”.

Casualmente, las donaciones se hicieron en época electoral, en los años 2008 y 2011. Jiménez no fue el único empresario que estuvo vinculado a las donaciones al Partido Popular. Contaba La Marea hace unos años que el 50% de las compañías que hicieron donaciones de forma legal al Partido Popular eran canarias, a pesar de que algunas se encontraban en una situación económica complicada.

Esta semana los nacionalistas, los populares y los socialistas gomeros se han puesto de acuerdo en una cosa: en el modelo que quieren para la Radio Televisión Canaria. Y aunque pueda parecer casual, dado lo difícil que resulta en este país que tres partidos se pongan de acuerdo para tomar decisiones, no lo es. Todos coinciden en que quieren una televisión pública de calidad, pero que no te engañen, la realidad es otra.

Cuando CC, PP y ASG rechazan esta medida, lo que realmente se quiere decir es que no confían en un modelo público, donde las personas que accedan a los puestos de dirección hayan pasado un proceso de selección y con el que se pueda garantizar la independencia del órgano. El mensaje que se lanza está bastante claro. No quieren que el órgano que debe fiscalizar las decisiones que toma el presidente o administrador único sea independiente políticamente. No quieren una televisión pública sin ataduras. Imaginen un órgano que le diga al presidente del ente que no está haciendo las cosas bajo la legalidad, imaginen que personas que no tienen vinculaciones políticas ejerzan una labor de fiscalización en la televisión pública. Sin duda, esta propuesta era un problema para aquellos que no confían en los servicios públicos. Así que había que dejarlo todo atado y bien atado.

Será muy difícil que los ciudadanos podamos contar con una televisión pública de calidad e independiente, cuando los principales partidos políticos no apuestan por un modelo verdaderamente público para RTVC. Un ejemplo de ello es la postura que mantiene Coalición Canaria. Mientras que Ana Oramas defiende un modelo completamente público para la RTVE, en Canarias hemos visto como algunos de los principales representantes del partido no se sonrojan al reconocer que el modelo privatizado les gusta más.

Pero los partidos políticos no son los únicos responsables de los vaivenes de RTVC; los ciudadanos y los profesionales de los medios de comunicación hemos permitido que durante los últimos años el devenir de la televisión pública lo decidieran los políticos de turno. Lo ciudadanos hemos delegado y nos hemos convertido en objetos pasivos que observan el descalabro, donde solo unos pocos, a contracorriente, han querido remar para salvar la RTVC. Y no se puede rescatar una televisión pública sin tener claro que lo que se debe salvar es el derecho a la información de los ciudadanos. Si no apostamos por el modelo público, condenamos a RTVC a un futuro incierto.

Buena parte de la derecha española ha intentado en los últimos días minimizar el suceso diciendo que el intento de atentado al presidente no es cosa de la ultraderecha. Es decir, la derecha española ha visto que se les puede relacionar con actos violentitos, por lo que han utilizado la táctica de la negación, negarlo a pesar de todo.

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos fue una de las razones que llevaron al francotirador a planear el atentado. Una decisión que ha revuelto y visibilizado a la extrema derecha española y que provoca que partidos como Vox, el Partido Popular o Ciudadanos hayan visto una oportunidad para alimentar el odio y ganar votos. Un discurso que se afianza a la par que lo hace ese otro discurso sobre que el Gobierno de Pedro Sánchez no es legítimo porque no ha pasado por un proceso electoral. En este caso, lo peligroso no es reabrir viejas heridas, lo peligroso es dejarlas hasta supurar.

La intolerancia hacia una parte de la sociedad no se siembra de un día para otro, es algo que se va implantando en el imaginario colectivo con mucho esfuerzo y de forma paulatina. Se genera la idea de que aquellos que, generalmente, tienen menos recursos o capacidad de poder son el enemigo. Para el PP los representantes de sus enemigos son Podemos y los independentistas catalanes, así lo dejaba claro Zurita en la tertulia: “Es Podemos el partido que intenta romper la unidad de España”, “el primer partido que atenta contra la democracia y atenta contra la Constitución es el de ustedes”, le decía a Alberto Rodríguez.

Pero lo realmente peligroso viene cuando se instaura la tolerancia a la intolerancia. “La extrema derecha es completamente respetable y no quiere acabar con el régimen democrático”, decía Zurita en el mismo debate. Karl Pooper ya nos avisó sobre el peligro de tolerar partidos o individuos que fomentan la intolerancia. “Si concedemos a la intolerancia el derecho a ser tolerada, destruimos la tolerancia y el estado constitucional”, es decir, si asumimos la teoría de que como existe libertad de expresión todas las posturas son válidas e igualmente aceptables corremos el riesgo de ser gobernados por intolerantes.

La capacidad de actuación que tiene CC sobre el PSOE lagunero se ve reflejado en las palabras de José Alberto Díaz: “Si somos siete, somos siete, no sé qué temor hay; tenemos claro lo que hay que hacer”. La traducción de estas declaraciones es que los nacionalistas no tienen miedo, saben lo que va a ocurrir porque ya lo han vivido antes.

El PSOE lagunero ha tenido más de una ocasión para unir fuerzas con Unidos Se Puede y sacar del poder a José Alberto Díaz en el Ayuntamiento de La Laguna, y si no lo ha hecho es porque ni a Mónica Martín ni al PSOE lagunero les conviene.

Si en el PSOE regional hubiesen tenido un poco de sentido común, tendrían que, al menos, definir un cambio de rumbo para las próximas elecciones. El mismo PSOE que quiere de alcaldesa a Patricia Hernández en Santa Cruz, defendiendo un supuesto “cambio” para “mandar a la oposición” a Coalición Canaria, mantiene a José Alberto Díaz como alcalde. Y esto nos lleva a dos reflexiones. Aunque sea necesario, no solo debemos preguntarnos las razones que llevan al PSOE lagunero a hacerse el harakiri político, sino que lo importante es plantear qué teme el PSOE lagunero o qué poderes, más o menos visibles, están controlando el partido. Esta es la clave para comprender la tranquilidad que ha mostrado durante los últimos días Coalición Canaria.

Surge, también, la duda de si se tratará de un acontecimiento puntual derivado por el proceso de primarias que ha ganado Luis Yeray Gutiérrez como candidato a alcaldía para las próximas elecciones, o si se trata de la punta del iceberg.

De cualquier modo, el PSOE regional no podrá enfrentarse a los nacionalistas de forma real en unas elecciones con el objetivo de “mandar a la oposición” a CC cuando hace el ridículo en el Ayuntamiento lagunero. El resto de las especulaciones, ruedas de prensa o declaraciones de intenciones forman parte del espectáculo que hemos presenciado en los últimos años. Un ridículo tan evidente que ni un alcalde investigado es capaz de tomarlo en serio.