Castilla-La Mancha se suma a la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica, junto a otros 18 territorios, para defender el derecho al agua de la región y para pedir a las instituciones europeas situar las políticas hídricas en la agenda y poner en marcha inversiones en infraestructuras y tecnología.

Este miércoles ha sido presentada esta alianza, en el contexto del Comité Europeo de las Regiones, en un acto en el que ha participado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha informado la Junta en nota de prensa.

“Hemos querido formar parte de esta unión de regiones que sin duda lo que vamos a hacer es pedir a la Unión Europea que este sea un tema de primer orden, que se dediquen además los recursos económicos necesarios y suficientes como para hacer frente a estas situaciones de sequía y también sin duda para dar respuesta a las situaciones de DANA y borrasca que también tienen un efecto negativo”, ha explicado Caballero. El objetivo de esta unión es situar la política hídrica en el centro del debate europeo, tal y como se ha detallado en la presentación.

“Derecho a utilizar el agua de nuestra región”

El vicepresidente segundo ha añadido que “vamos a reivindicar el derecho de Castilla-La Mancha a poder utilizar el agua de nuestra propia región y a pedir también que se pongan encima de la mesa todas las tecnologías que existen en estos momentos como sin duda es la desalación”. Sobre este asunto, José Manuel Caballero ha defendido una vez más el derecho de Castilla-La Mancha a utilizar el agua de la región frente al trasvase Tajo-Segura. “El agua de Castilla-La Mancha tiene que servir para el desarrollo de Castilla-La Mancha”, ha asegurado.

Desde este acto de presentación, José Manuel Caballero ha recordado que la Unión Europea presentó recientemente la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. “Tenemos que tener claro que el agua es un recurso esencial para la vida, especialmente en regiones como la nuestra tan ligadas al sector agroalimentario”, ha señalado. En este sentido, ha incidido en que “es importante que la Unión Europea se tome en serio el desarrollo de políticas de resiliencia hídrica con inversiones que permitan a las regiones desarrollarse a la vez que se cuida el agua”.

Castilla-La Mancha pasa a formar parte de esta alianza junto a las regiones de Emilia-Romaña (Italia), que capitanea esta iniciativa; y Andalucía (España), Región de Murcia (España), Islas Baleares (España), País Vasco (España), Cataluña (España), Comunidad Valenciana (España), Carintia (Austria), Baja Austria (Austria), Alta Austria (Austria), Estiria (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse (Alemania), Nueva Aquitania (Francia), Occitania (Francia), la Región de Moravia Meridional (República Checa) y Wielkopolska (Polonia).

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que  la región va a analizar profundamente los nuevos procesos de planificación hídrica y “estableceremos las pautas que consideremos necesarias para el desarrollo de la parte que representamos, de Castilla-La Mancha y de las comarcas de Hellín y de la Sierra del Segura, porque para nosotros, nuestra ciudadanía, es lo más importante, al igual que el desarrollo agronómico de nuestra zona”.

El responsable castellanomanchego ha asistido a la centenario a la Confederación Hidrográfica del Segura, donde ha felicitado a su presidente, Mario Urrea, y donde, en declaraciones a la prensa, ha destacado la importancia del agua “un elemento que nos une, que es escaso y que hay que gestionar muy bien, obviamente, teniendo en cuenta las necesidades de todo el territorio”.

Al respecto ha recordado que la provincia de Albacete, y principalmente las comarcas de Hellín y la Sierra del Segura, forman parte de la Confederación Hidrográfica del Segura en un 25 por ciento de la gestión de la superficie, pero con la mayoría de aportación del agua de toda la cuenca, que puede alcanzar hasta un 70 o un 75 por ciento, “por tanto, Albacete y Castilla-La Mancha son una parte importantísima en la gestión hidrográfica del Segura y tenemos que ir coordinados en esa gestión”.

Por ello, ha pedido sensibilidad “con las necesidades de una tierra que dona el elemento fundamental para generar riqueza en otras zonas” en referencia al agua.

Con estos datos en la mano, Julián Martínez Lizán ha asegurado que “el agua nos preocupa a todos”, pero ante los retos que plantea su gestión, “necesitamos criterios de coherencia e igualdad que pongan de manifiesto esa equidad que debe haber entre todos los participantes dentro del territorio”.

Preguntado por el trasvase Tajo-Segura, Julián Martínez Lizán ha explicado que Castilla-La Mancha en su conjunto es una región con poca agua como lo demuestra que está por debajo de la media en superficie dedicada a regadío, por lo que ha asegurado que “si se dispusiera de esa agua, tal vez las posibilidades de ese entorno por el que transcurre hubieran sido otras muy diferentes en ese avance socioeconómico y en el crecimiento de todos los sectores, no solo el agropecuario sino todo el agroalimentario y por añadidura todo el sector servicios que pueden tener”.

Dar respuesta a las necesidadades de todos

El consejero de Agricultura ha recordado que donde nace el trasvase Tajo Segura, en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, a pesar de tener el agua allí mismo, los pueblos aledaños se han tenido que abastecer durante mucho tiempo con cisternas, por lo que ha reclamado una regulación eficiente y coherente para dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos.

Y en ese sentido ha asegurado que la desalación “es una apuesta importantísima que Murcia puede aprovechar perfectamente por su cercanía al mar. En Castilla-La Mancha no tenemos esa opción y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, atender las necesidades de nuestros ciudadanos de todo el contexto regional, también los de nuestras comarcas de Hellín, de la provincia de Albacete y de la Sierra de Segura, para garantizar esos usos, que están ofrecidos y comprometidos. Y tenemos que hacerlos realidad para seguir gozando de salud socioeconómica y seguir viviendo en este territorio”.

El consejero ha felicitado tanto al Ayuntamiento de Hellín como a la Comunidad de Regantes Martínez Parra premiados hoy, destacando la intensa relación del Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Segura a lo largo del tiempo “para llegar a los mejores acuerdos para nuestros ciudadanos”.

El consejero ha finalizado afirmando que “en este sentido, que se reconozca la trayectoria que el Ayuntamiento ha realizado bajo las diferentes presidencias del pleno, al igual que la propia Comunidad de Regantes Juan Martínez Parra, la mayor que podemos tener en Castilla-La Mancha con una de las mayores gestiones de dotación de agua en el seno de toda la comunidad, pone de manifiesto que las cosas se están haciendo bien y que tenemos que seguir trabajando en esa vía de coordinación y de eficiencia”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en Aragón “no sobra agua, lo que falta son las obras pendientes del Pacto del Agua, que se han paralizado, y el impulso de la regulación del río Gállego”. Esta afirmación supone una vuelta de tuerca respecto a lo afirmado hace apenas un mes en Murcia, donde proclamó que había que “traer agua de los sitios donde sobra”, entre aplausos de Jorge Azcón.

El dirigente popular se ha expresado así durante su intervención en el acto del Día del Afiliado del PP-Aragón, al que asiste por segundo año consecutivo, y que se ha celebrado este sábado en el Parque de Atracciones de Zaragoza, con medio millar de asistentes.

Feijóo ha indicado que volverá a Aragón en la campaña electoral de las próximas elecciones generales para subrayar su compromiso como candidato a la Presidencia del Gobierno de España y exponer sus proyectos para la comunidad autónoma. No obstante, “hay cuatro cosas que tengo claro que haré en Aragón”, ha adelantado. “Hay que recuperar la igualdad, lo que significa un sistema de financiación equitativo, respetuoso, justo y consensuado, en el que se tenga en cuenta la despoblación de Aragón”, ha manifestado el líder del PP.

Por otra parte, “que quede claro, en Aragón no sobra agua, lo que falta en Aragón son las obras pendientes del Pacto del Agua que se han paralizado y el impulso de la regulación del río Gállego. Eso es lo que falta en Aragón”. De este modo se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo ante la polémica generada sobre la recuperación del trasvase del Ebro, algo que desde el PP-Aragón y el Ejecutivo autonómico habían rechazado.

Asimismo, el presidente del PP ha reconocido que ninguna otra comunidad autónoma está captando tanta inversión empresarial como Aragón, pero “para que tiren esas inversiones de miles de millones de euros, que superan el PIB anual de la comunidad, es necesario garantizar una red eléctrica”.

En este sentido, ha garantizado “un incremento sustancial” y se ha comprometido a “invertir en redes, que es lo que necesita la industria de Aragón”.

“Teruel necesita mayor compromiso y mayor protagonismo”, ha anotado Feijóo en cuarto lugar. Por lo tanto, “esas ayudas que hemos conseguido en la Unión Europea las vamos a incrementar hasta el 20%, que es lo que está autorizado por la UE”.

Igualmente, “vamos a concretar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que Teruel necesita, a finalizar las autovías pendientes, como la agilización de la A-68, y también vamos a trabajar en la planificación, en la licitación, en la ejecución y en la construcción de la autovía que una Teruel con la capital de España, para vertebrar Teruel con el resto de Aragón y con el resto de España”.

El Grupo Parlamentario Más Madrid ha presentado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para permitir y promover la reutilización de aguas grises -aquellas que provienen de duchas y lavabos- en edificios residenciales, comerciales e industriales. Según la formación, la medida reduciría el consumo de agua potable hasta en un 45% en algunos usos específicos, como el de las cisternas de inodoros y urinarios.

Para llevarse a cabo, solicitan que el Gobierno autonómico adapte la normativa actual y añaden: “Este tipo de medidas son imprescindibles para afrontar el contexto actual de emergencia climática y escasez hídrica.” Asimismo, insisten en la urgencia de actuar en tiempos de crisis climática: “Este tipo de medidas son imprescindibles para afrontar el contexto actual de emergencia climática y escasez hídrica.”

Más Madrid no solo apuesta por facilitar la instalación de estos sistemas en edificios ya construidos, sino también por su incorporación obligatoria en futuras promociones inmobiliarias y en grandes rehabilitaciones, específicamente aquellas que afecten a conjuntos de 16 viviendas o más. La idea es que la eficiencia hídrica pase a ser un de las bases de la planificación urbana: “El objetivo es incorporar criterios de eficiencia hídrica en la planificación urbana y la construcción desde su fase inicial”, aseguran en su comunicado.

Esta PNL se enmarca dentro de una batería de medidas que el grupo viene impulsando para fomentar una gestión “más inteligente, ecológica y resiliente” del agua en la Comunidad.

Toni Quintana se apoya en la acequia por la que solía fluir el agua hacia sus campos. Tras dos años en desuso, debido a la peor sequía en un siglo en la zona, este agricultor de Figueres, en la provincia de Girona, podrá volver a regar. “Hemos tenido que limpiar a conciencia el canal porque después de tanto tiempo se había llenado de maleza”, sonríe. 

Sentado en ese mismo punto, en diciembre de 2024, Quintana reconocía a elDiario.es que en sus 34 años de oficio nunca había vivido semejante crisis hídrica. Ahora afirma algo parecido sobre el marzo más lluvioso del siglo, que ha llenado hasta el 65% las reservas un pantano, el de Darnius-Boadella, que el mes pasado estaba en el 17% de su capacidad. 

Quintana vive y trabaja en la que ha sido la zona cero de la sequía en Catalunya, la comarca del Alt Empordà, cuyos municipios se abastecen sobre todo del embalse de Darnius-Boadella y de los acuíferos de los ríos Fluvià y Muga. En total son 140.000 personas que habitan esta región al norte de Girona, y que han permanecido en estado de emergencia por falta de agua durante 19 meses (por comparación, el área metropolitana de Barcelona lo estuvo solamente entre febrero y mayo de 2024). 

Desde el pasado miércoles, estos municipios ya se encuentran en “alerta” por sequía, el menos grave de los escenarios. Durante todo este tiempo, la población ha estado sometida a límites en el consumo doméstico de agua –una medida que numerosos municipios han incumplido–, a prohibiciones de riego de jardines y llenado de piscinas, y a reducciones del 25% en usos industriales o de ocio. 

Pero sin duda quienes más han sufrido los efectos de la falta de agua han sido los del sector primario. A un lado y el otro del río Muga se extienden 4.500 hectáreas cultivables que en verano suelen inundarse para alimentar las plantaciones de maíz y alfalfa. Pero las restricciones al riego en 2023 y sobre todo en 2024 lo hicieron inviable, y obligaron a los payeses a apostar por cultivos de invierno, como son la cebada o el trigo. 

“Ha sido una lotería y una pérdida de dinero, porque como no llovía tampoco crecían”, señala este agricultor. Solo en el Alt Empordà, la Generalitat ha destinado hasta tres millones de euros en ayudas al sector, la mitad de los seis millones que se han empleado en toda Catalunya debido a la sequía. 

Quintana pone como ejemplo su explotación, de 55 hectáreas de terreno y unas 70 vacas lecheras. “En años de normalidad, la cosecha de maíz me da para alimentar al ganado y me sobra más o menos un tercio para vender, pero durante la sequía, con los cultivos de invierno no me ha alcanzado para mis vacas, y he tenido que comprar pienso”, explica. 

Quienes lo han pasado peor, añade Quintana, son los ganaderos que han visto como se secaban sus pozos. “Algunos de estos se han llegado a plantear cerrar sus explotaciones, porque si te quedas sin agua ya no puedes ni dar de beber a las vacas”, explica. En su caso, uno de sus dos pozos se secó y en el otro estuvo a punto. Pero tras las lluvias se han vuelto a llenar.

Habrá riego, pero no el de siempre

Como vicepresidente de la comunidad de regantes del margen derecho de la Muga, Quintana acudió el 4 de abril a la sede de la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), en Barcelona, para la reunión de la comisión de desembalse. Allí acordaron el volumen que de agua del embalse de Darnius que podrán emplear para el riego este verano, y que de momento se ha dejado entre 4 y 5 hm3, por debajo de los 8 hm3 que tienen de concesión. 

Es suficiente agua para regar maíz y alfalfa, pero la mayoría no podrán hacerlo, dice Quintana. El problema es que los cultivos de invierno se cosechan en junio, lo que no da tiempo para sembrar estos cultivos. “En algún que otro campo podré plantar maíz, pero en general no, así que es posible que no gastemos todo el agua que se nos ha concedido y lo guardemos para la campaña que viene”, dice. 

Las lluvias de marzo han disipado los peores temores a corto plazo no solo para los payeses, sino para toda la comarca, pero no han despejado las dudas sobre el abastecimiento de agua en el futuro. “El cauce de la Muga tiene el inconveniente y el reto de que se debe valer por sí misma a nivel de recursos hídricos, no está conectada con otras redes como la del Ter y el Llobregat, que se pueden complementar”, señala David Pavón, profesor de Geografía de la Universitat de Girona (UdG) y buen conocedor de la zona. 

“No podemos depender tanto del pantano”, reconoce Quintana, en una afirmación que es habitual no solo entre agricultores, sino también en políticos o ecologistas. Existe el consenso de que el embalse se ha quedado pequeño para dar de beber a los campos, a la población y al creciente turismo de la costa, con poblaciones como Roses o Castelló d’Empúries que multiplican por cinco sus habitantes en julio y agosto. 

Por lo pronto, la Generalitat ha puesto en marcha varias actuaciones para ganar recursos hídricos. Se están construyendo por vía de emergencia cinco pozos en la localidad de Peralada y se acaba de licitar el proyecto para una estación de regeneración de agua en la depuradora de Figueres, que en 2027 debería estar lista para aportar 100 litros por segundo al sistema de abastecimiento. 

Con todo, la gran novedad será la desaladora que anunció Salvador Illa en una de sus primeras comparecencias como president. Aunque no se han llevado a cabo los estudios técnicos, ni se conoce su ubicación exacta, la intención del Govern es que esté en marcha en 2032 y que aporte 15 hm3 al año. 

Sin embargo, las entidades ecologistas de la zona advierten de que ampliar infraestructuras no es suficiente, sino que hay que atacar un modelo económico que gasta demasiada agua debido al riego por inundación agrícola o al consumo turístico. Además, ahora la Generalitat tiene sobre la mesa la demanda de conectar el pantano con otro gran consumidor: el polígono logístico Logis Empordà, que alberga el nuevo macro almacén de Amazon en Catalunya. 

“Debemos adaptarnos al agua que tenemos, y es importante hacerlo sin perder a ningún payés más”, señalan desde la entidad ecologista IAEDEN. “No podemos seguir teniendo un modelo agrícola extremadamente dependiente la industria cárnica intensiva”, señalan –en referencia a que la mayoría del grano que se cosecha se destina a las granjas–, “y de unos cultivos que necesitan una elevada cantidad de agua de la que en el pasado se podía disponer, pero en el contexto actual ya no será posible”, añaden en un comunicado. 

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este jueves en el Palacio de San Esteban a su homólogo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en un acto en el que ambos han reivindicado “la necesidad de articular un pacto nacional del agua”.

Antes de la firma de un manifiesto conjunto, ambos mandatarios se han desplazado a Alhama de Murcia, en el Noroeste de la Región, para visitar las infraestructuras del Trasvase Tajo- Segura, “o lo que es lo mismo, hemos estado en parte de las arterias de la sangre de España, que riega de vida a un mismo cuerpo que es España”, ha dicho Mazón, quien ha asegurado que “la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia caminan con estrategias comunes, pero pensando en España y con altura de miras”.

“Hemos demostrado que sabemos proteger ese recurso por regular, no se trata de presentar credenciales de investigación en eficiencia, o poner en valor el conocimiento acreditado de nuestros expertos y universidades -que lo podemos hacer-; no es cuestión de demostrar más o menos autoridad, sino de resolver de una vez por todas una necesidad que es de todos”, ha continuado el presidente de la Generalitat en su intervención. El “consenso político no puede seguir siendo el que tenemos, estamos apostando por una visión general”, ha dicho.

Desde “La Mancha a Alicante”, como de “Sagunto a Barcelona”

“La política hídrica debe volver a una visión de estado, eso es lo que refrendamos en la declaración conjunta que firmamos hoy aquí”, ha afirmado Mazón al tiempo que añadía que “la conversación en torno al agua solo puede tener un todo: el rigor, y solo puede tener un fondo: la solidaridad. Y eso vale desde La Mancha hasta Alicante o de Sagunto a Barcelona”, ha continuado el jefe del Ejecutivo valenciano.

López Miras se ha referido a Mazón como “su hermano de agua”. “Si hay un lugar en el mundo donde sabemos un poco más del agua es en el Levante español, porque se aprovecha hasta la última gota y se produce con una calidad difícil de igualar, tenemos la tierra y el sol y la cultura del agua generada a lo largo de los siglos”, ha destacado López Miras.

“Somos un ejemplo a nivel mundial en gestión del agua”, ha continuado el presidente murciano y ha repetido en varias ocasiones que “el acceso al agua es derecho de todos y es obligación del Estado el garantizarlo; no se puede limitar porque alguien en un momento dado decida poner barreras”. López Miras se ha referido también a las “guerras del agua”, que “solo refuerzan los objetivos de los enemigos de España”.

“Desembalsar agua” en Castilla y León

“No es lógico -ha considerado el murciano- que haya comunidades como Cataluña o Andalucía que se disponen a tomar decisiones de restricción, mientras en Castilla y León hay que desembalsar porque no tienen más capacidad de almacenar ese agua”, ha criticado López Miras.

Según el presidente murciano, la Región va a trabajar “codo con codo” con la Comunidad Valenciana en la defensa de los recursos hídricos de ambos territorios. Ambos han considerado que es “fundamental” un pacto nacional del agua porque “alejaría la desigualdad y la discriminación” y se centraría “en el interés general, es decir, en que todos los españoles tengamos acceso al agua en las mismas condiciones, porque el agua es de todos”.

El acto, que ha coincidido con la víspera del Día Mundial del Agua, se ha convertido en una defensa de “la infraestructura más eficaz y más útil y que tanto progreso, oportunidades y prosperidad ha traído a España durante las últimas décadas: el trasvase Tajo-Segura”.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido a Mazón y López Miras de que, “si siguen tirando de la cuerda” en sus posiciones de defensa del Trasvase Tajo-Segura, Castilla-La Mancha “irá a exigir el cien por cien” de las cinco sentencias del Tribunal Supremo ganadas por la Comunidad Autónoma en defensa del río Tajo.

La demanda de agua para regar nuestros secanos surgió antes de que consideráramos imprescindible disponer de agua en nuestros hogares y conducir las aguas fecales para verterlas de nuevo a los ríos. A principios del siglo XX, el Regeneracionismo promovió una concienciación social sobre la necesidad de aumentar la productividad de nuestra agricultura mediante el regadío, lo que requería un vasto programa de construcción de embalses y canales para distribuir el agua. Regad los campos, si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder, proponía Joaquín Costa a los políticos en 1880. Fue escuchado y a lo largo del siglo XX se han construido en España más de 500 grandes embalses y de ellos, 72 en Andalucía. España es el primer país de Europa en superficie regada (casi 4 millones de hectáreas, 1,2 en Andalucía), el doble que hace 40 años y el triple de hace 75 años, cuyo uso alcanza el 80% del total de los usos del agua en Andalucía.

Esta vasta política de obras hidráulicas se encomendó tradicionalmente al Ministerio de Fomento o de Obras Públicas, del que dependían las Confederaciones Hidrográficas, y al asumir las Comunidades Autónomas competencias en la materia las adscribieron con los mismos criterios a las Consejerías de Obras Públicas. En este largo período, el agua era un bien productivo que había que aprovechar sin límites.

Más tardíamente se impulsaron las obras de abastecimiento y saneamiento de las grandes ciudades, relegando a buena parte del medio rural a seguir abasteciéndose desde fuentes hasta las últimas décadas del pasado siglo. En este período surgió la necesidad de depurar las aguas de los saneamientos antes de verterlas al río y se acometieron grandes infraestructuras de depuración empezando de nuevo por el medio urbano y relegando al medio rural. Actualmente, aún tenemos carencias de depuración importantes que han conducido a una sanción millonaria de la Comisión Europea a España.

El deterioro ambiental producido por nuestras sociedades propició las políticas públicas de preservación del medio ambiente y la creación de las incipientes administraciones ambientales a partir de la restauración de la democracia (con competencias distribuidas entre la Administración Central y las 17 Comunidades Autónomas). En 1993, el Gobierno del PSOE introdujo la política del agua dentro del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y, en 1996 el Gobierno del PP creó el Ministerio de Medio Ambiente al que se le adscribieron las políticas del agua. En Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente se constituyó en 1994 y asumió las políticas del agua en 2004, creando la Agencia Andaluza del Agua como órgano específico de gestión.

Para llevar a cabo este objetivo político prioritario se ha diseñado la estructura del Gobierno andaluz separando de la Consejería de Agricultura las competencias de medio ambiente, pero conservando las competencias del agua

En 2019, en la primera legislatura del PP en Andalucía, al igual que anteriormente en el primer año del Gobierno del PSOE entre 2012 y 2013, se reorganizaron las competencias autonómicas añadiendo a las tradicionales funciones de la Consejería de Agricultura y Pesca las de Medio Ambiente y dentro de ellas las del agua. Marcaba esta reasignación competencial la voluntad de abordar conjuntamente los temas agrarios y ambientales, pero dejando entrever la preferencia de los primeros, lo cual se ha cumplido al observarlo desde la perspectiva de cuatro años de actuación.

Después del gran triunfo del PP en las elecciones del mes de junio pasado, el presidente Juan Manuel Moreno manifestó su principal prioridad para la legislatura 2022-2026, definiéndola como “la legislatura del agua”, quizás influenciado por la escasez de agua que hemos padecido en los últimos años y de manera muy manifiesta después del último tórrido verano. Se han añadido epítetos a esta voluntad política refiriéndose a que se va a producir una “revolución hídrica”.

Para llevar a cabo este objetivo político prioritario se ha diseñado la estructura del Gobierno andaluz separando de la Consejería de Agricultura las competencias de medio ambiente, pero conservando las competencias del agua. Se señala, así, el mensaje de que la prioridad de la legislatura del agua es atender las necesidades del regadío frente la atención al abastecimiento de la población, la conservación de nuestros ríos y acuíferos o el litoral, y los sectores industriales y turísticos que requieren del agua como elemento imprescindible de su funcionamiento.

Se confunde a los ciudadanos prometiendo efectos inmediatos (superar la sequía) con obras hidráulicas que necesitan entre 10 y 15 años para su puesta en servicio

Se ha querido cuantificar esta apuesta política asegurando que la Junta de Andalucía invertirá 4.000 millones en la gestión del agua en esta legislatura, aunque los presupuestos de 2023 solo destinan a esta gestión 450 millones de euros. El Gobierno andaluz ha remarcado la necesidad de grandes inversiones de la administración central en Andalucía en obras hidráulicas, mientras ha condonado a partir de 2023 los 140 millones anuales que pagábamos los andaluces en el canon del agua destinado a construcción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Además, se confunde a los ciudadanos prometiendo efectos inmediatos (superar la sequía) con obras hidráulicas que necesitan entre 10 y 15 años para su puesta en servicio.

Pero además, estas promesas millonarias de infraestructuras para paliar la sequía no serán útiles si no se hace un diagnóstico adecuado del impacto de las sequías en la disponibilidad de agua para los usos humanos y productivos, en especial el regadío. Las sequías son repetitivas en nuestro clima, con períodos secos entre tres y cuatro años, en ciclos de unos ocho a diez años. Pero disponemos de infraestructuras naturales (los acuíferos) y construidas (los embalses) para minimizar sus impactos. Si nos quedamos sin agua es porque usamos más de la que podemos y esto no lo resolveremos con anuncios de millonarias infraestructuras, que, además, posiblemente no llegarán a materializarse. La consideración del agua como recurso limitado es una evidencia que no siempre ha sido así percibida. El lema “agua para todos”, utilizado políticamente, se olvida habitualmente de la componente medioambiental, económica y energética que, muchas veces, la hace inviable.

Una política adecuada de la gestión del agua debería partir de que hemos sobrepasado la capacidad de usar los recursos hídricos de manera sostenible (se ha pasado en el último siglo de usar un 2,5% de los recursos hídricos naturales a detraer un 47%)

La cuenca del Guadalquivir, en los últimos años, más de la mitad de los meses ha estado en situación de prealerta, alerta o emergencia en el indicador de escasez coyuntural, lo que cuestiona este carácter coyuntural y muestra la sobreexplotación de los recursos de la cuenca. La “cuestión hídrica” debe dejar de ser abordada fundamentalmente desde la oferta, como si su disponibilidad pudiera estirarse sin límite, para considerar que las claves del futuro están en concentrar los esfuerzos en la demanda, consiguiendo un uso más racional y sostenible.

Una política adecuada de la gestión del agua para Andalucía debería partir de que hemos sobrepasado la capacidad de usar los recursos hídricos de manera sostenible (se ha pasado en el último siglo de usar un 2,5% de los recursos hídricos naturales a detraer un 47% del flujo hidrológico), causando a su vez un grave deterioro de nuestros ríos y acuíferos con los vertidos de contaminantes procedentes de nuestras actividades y reduciendo drásticamente los aportes sedimentarios al litoral marino, con la consecuente pérdida de arena en nuestras playas.

El problema del agua debe abordarse como un asunto de Estado y no, como desafortunadamente ocurre, poniendo los intereses sectoriales y territoriales por encima de los generales. Las Administraciones deberían evitar llevar el agua a su molino y propiciar que vaya al de todos: nuestros ecosistemas hídricos, el abastecimiento de la población y la atención de todas las necesidades productivas bajo la perspectiva de los objetivos de la Directiva Marco de Agua Europea para promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha lanzado S-ClimWaRe (Seasonal Climate predictions in support of Water Reservoirs management in Spain) un nuevo servicio climático de libre acceso orientado al apoyo en la gestión de embalses.

Este software, que ha sido desarrollado en colaboración con la Dirección General del Agua y varias Confederaciones Hidrográficas, muestra la aportación de agua prevista para los embalses entre noviembre y marzo, periodo especialmente crítico al producirse gran parte del llenado de los embalses. Su uso permitirá discriminar mejor el carácter húmedo o seco del próximo invierno y supondrá un valor añadido en los ámbitos que gestionan estos recursos hídricos. El servicio está formado por un visor web, de libre acceso, que presenta información de forma útil a través de dos pestañas básicas.

La primera de ellas suministra información sobre la sensibilidad de cada embalse frente a la Oscilación del Atlántico Norte (North Atlantic Oscillation, NAO), el principal patrón espacial atmosférico que es responsable de la variabilidad observada de un año a otro en la precipitación invernal en amplias zonas de la península Ibérica. El estado de la NAO indica cuan reforzados están los grandes “centros de acción” meteorológicos que influyen en el tiempo sobre nuestra zona, como son la baja de Islandia y el anticiclón de las Azores. El índice que representa la NAO servirá de base para elaborar la predicción estacional presente en la segunda pestaña del visor.

En esta segunda pestaña, a través de diferentes desarrollos gráficos complementarios entre sí, se muestran las tres probabilidades previstas de que la aportación hídrica en cada uno de los embalses durante el próximo periodo de llenado: se encuentre entre la de los años históricos con mayor volumen de agua, entre la de aquellos con menor volumen de agua, y entre la de los años restantes que registraron una cantidad intermedia de agua de entrada al embalse. 

La herramienta se completa con información relativa a las tres probabilidades previstas de que el próximo periodo entre noviembre y marzo sea húmedo, normal y seco (tanto para la precipitación total como en forma de nieve), así como cálido, normal y frío, en cualquier punto de la España peninsular. Además, también se añade la pericia asociada con un nivel de transparencia (menor pericia, mayor transparencia) para que ayude a ponderar lo predicho.

Predicción estacional para generar valor 

Este es el primer servicio climático desarrollado por AEMET que emplea predicción estacional para generar valor. En este caso particular se ha aplicado a la gestión de embalses pero el desarrollo realizado supone una base de trabajo clave para extender y crear nuevos servicios especializados mediante la combinación de datos meteorológicos con los del sector de interés, y la aplicación de modelos de impacto alimentados por predicciones climáticas de escala estacional.

Esta iniciativa se enmarca dentro del segundo Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, que prevé desarrollar diez nuevos servicios climáticos durante su periodo de vigencia. Estas herramientas, diseñadas en colaboración con los agentes implicados, permite que los datos recogidos sobre información climática se transformen en productos y aplicaciones útiles para los ciudadanos.

Además de basarse en fuentes de información nacionales procedentes de la Dirección General del Agua y de AEMET, la herramienta utiliza datos suministrados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus implementado por el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio en nombre de la Comisión Europea, y de otros organismos estadounidenses generadores de datos climáticos: el National Ice Center y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ha tenido que venir un estudio de José Miguel Martínez Paz y Francisco Pellicer recién publicado en la revista Hydrology and Earth System Sciences a recordarnos cuál es la realidad hídrica que afrontamos y cuán grande es el sinsentido en que estamos inmersos durante esta campaña electoral regional y local en lo que al asunto hidráulico se refiere.

Nada sospechoso en cuanto a la autoría del trabajo: conjuntamente la UMU y la UCAM, a través de dos de sus investigadores, están detrás de él. Paz, de la primera, y Pellicer, de la segunda, advierten en las conclusiones de su trabajo de que el cambio climático ya palpable que estamos sufriendo puede provocar progresivamente mayor carencia hídrica y va a poner en peligro que continúen los trasvases.

Además, el trabajo de ambos académicos ha contado, dice la agencia Europa Press, con el apoyo de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, con lo cual muchos, si no todos, de los supuestos líderes de opinión y económicos de la región que siguen clamando por la “salvaguarda”, la “imposible sustitución”, la “preservación”, la sacralización ad aeternum, en suma, del acueducto de marras deberían hacérselo mirar. Con lupa.

Pues el estudio se refiere a los trasvases en plural, aunque queda claro que, a buen entendedor, se refiere forzosamente al Trasvase Tajo-Segura. Con lo cual no descubre ninguna pólvora, sino que viene a corroborar científicamente lo que unos cuantos voceros y observadores en general con un mínimo de independencia vienen diciendo desde hace dos o tres lustros: la inviabilidad a medio plazo de las transferencias de agua desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía es mucho más que dudosa.

Y en esto, en sostenerla y no enmendarla, son tan partícipes el PP como el PSOE. Recordemos, para quien tenga dudas, la reciente coincidencia de los López Miras y Puig en las celebraciones del cuadragésimo aniversario del trasvase de marras , arropados por los aguatenientes del SCRATS y las fuerzas vivas empresariales de CROEM, COEC, CECLOR, cámaras de comercio y un largo etcétera de prebostes que incluye a los dos sindicatos mayoritarios.

No serán, ya podemos decir, que no están advertidos. El mensaje no viene ahora de los traidores ecologistas, ni de los radicales podemitas, comunistas, animalistas o antisistema. En cualquier caso, este reciente estudio no es sino la puesta en negro sobre blanco de algo que es sabido desde hace tiempo. La negación de la realidad por parte de los defensores a ultranza del acueducto en cuestión no deja de ser otra cosa que una huida hacia adelante sin ninguna esperanza de encontrar una salida al final del largo túnel… del Talave.

Mientras estos de que hablamos se aferran al clavo ardiente de la continuidad por siempre jamás de la transferencia de agua que nos ocupa, no se sabe que estén empleando el mismo ahínco en la búsqueda de alternativas que serán necesarias porque el juguete se va a romper más bien antes que después.

En vez de eso, dedican sus esfuerzos a denostar, vilipendiar y, en algún caso, insultar con disculpas posteriores a prácticamente cuantos ministros y ministras han pasado por la cartera estatal del ramo. Recordemos el maltrato a Cristina Narbona, por ejemplo. O los sapos y culebras que han tenido que soportar directa o indirectamente Teresa Ribera y Hugo Morán. Por no hablar de la proscripción de personas y organizaciones ambientalistas que han expuesto desde hace lustros argumentos similares a los que ahora da el estudio de Martínez Paz y Pelllicer, de la UMU y de la UCAM, al que el único calificativo que se le puede aplicar razonablemente es el de “realismo hídrico”.

¿Y dónde están las alternativas? Porque, en un país teóricamente desarrollado y avanzado como es este, se debería dar por hecho que ante un problema manifiesto tanto las autoridades políticas ––algunas ya están en ello–– como los líderes económicos y sociales deberían estar hace tiempo buscando y financiando alternativas al Trasvase Tajo-Segura.

No sirve repetir hasta la saciedad que el 84% de los regadíos están modernizados y que se reutiliza el 98% del agua. Hay que encontrar un sustitutivo de esos caudales que llegan desde los embalses de la cabecera del Tajo. El estudio plantea el peligro real de carestía para 2040 y la debacle posible para 2070. Pónganse las pilas y planteen algo nuevo y razonable, especialmente ahora que están en campaña electoral regional y local. Porque si vamos a hacer como con el resto de consecuencias del cambio climático, que parece que hasta que no nos salga rabo no nos lo vamos a tomar en serio… estamos listos. Vale.

El PSOE ha vuelto a celebrar la sentencia que anula diversos puntos del Plan Hidrológico del Tajo, a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma en Defensa del Tajo en Talavera de la Reina, ya que “da la razón” al Gobierno de Castilla-La Mancha y los argumentos que han esgrimido durante estos años. “Es algo que hemos denunciado en su momento y el Gobierno también, públicamente”, señaló Blanca Fernández, portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes.

“No es posible que en el siglo XXI haya un plan hidrológico que no contemple caudales ecológicos”, aseguraba la diputada. Además, Fernández ha recordado que el río lleva cuarenta años “soportando” un trasvase “tan fuerte que está drenando” el río. “El cambio climático está causando estragos y finalmente también puede hacerlo en la economía regional”, advirtió la socialista. La diputada también ha hecho referencia al viaje que el Gobierno regional realizará a Bruselas para denunciarla situación del río ante la Comisaría de Medio Ambiente, basándose en un “estudio científico muy riguroso” que habla de un ecosistema “resentido”

“Se hará un oplanteamiento de que necesitamos un mínimo en cabecera de 800 hectómetros cúbicos. Es lo que ya llevamos hablando diez años y Cospedal se cargó la expectativa, dejándolo en la mitad”, criticó la socialista. Igualmente, señaló que su grupo parlamentario registrará un debate general para hablar de las consecuencias de la sentencia y también para conocer la postura de los grupos políticos e “intentar que el PP se sume a la defensa del Tajo”. “Está muy bien hablar de pactos nacionales. Pero aquí vamos a llegar a un acuerdo en las Cortes para defender el río Tajo con una sentencia en la mano que deja claro que el trasvase no puede ser por más tiempo una alternativa de futuro”.

Llamamiento a Paco Núñez

La socialista hizo un llamamiento directo al presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. “Espero que el señor Núñez se desligue de su pasado inmediato y cambie su posición de manera firme. Que defiendan el sentido común y un río tan importante como es el Tajo”, aseguró. Sin embargo, la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, ha señalado que la posición de su partido “no ha cambiado desde el minuto 1” y que “siempre” han defendido el agua en “cantidad y calidad”.

Sin embargo, Agudo también ha advertido de que “no van a permitir” que se cree una “confrontación” alrededor de este tema por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Abogamos por un Plan Nacional por el agua y lo decimos por activa y por pasiva, un Plan donde nos sentemos todos los partidos políticos, pero también los técnicos. Son los que nos deben guiar y los que nos den la solución. Tenemos que llegar a un acuerdo político que venga de la mano de los técnicos porque debemos garantizar los caudales mínimos. El PP es el único que ha trabajado y ha hecho mucho más que el PSOE y no lo utiliza como arma arrojadiza”.

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía han lamentdo que se confirman las “peores sospechas” en relación al ministerio de “Traición Ecológica” de Teresa Ribera, a la que acusan de actuar “exactamente” igual que en la época de Isabel García Tejerina, ministra del PP. “La ministra Ribera traiciona sus propias palabras y cede a las presiones del lobby trasvasista vendiendo el futuro del río Tajo y del Mar Menor para seguir alimentando los intereses económicos de una agricultura industrial”, reclaman.

En este sentido, lamentan que la decisión de un nuevo trasvase del Tajo al Segura se haya hecho contra todo pronóstico y “en teoría contra su propio criterio”. “Nos sentimos absolutamente traicionados por el nuevo Gobierno, que ha creado un nuevo Ministerio, con el nivel de gasto que ello supone, para hacer exactamente lo mismo que el MAPAMA de Tejerina, es decir, primar los intereses de una agricultura industrial completamente nociva por encima de los del Medio Ambiente”, ha asegurado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.

El “nuevo atentado ecológico”, explican, no requería un cambio de Gobierno y por tanto han pedido la dimisión de Teresa Ribero por su “cobardía y falta de determinación”, “por miedo a enfrentarse a un lobby que ella misma había retratado antes de quedar en evidencia”. Recuerdan que “pocos gobiernos” han tenido la oportunidad de “marcar las diferencias” al contar con el “beneplácito” de Pedro Sánchez que creó un ministerio “ex profeso para defender el Medio Ambiente”.

“Si le queda algo de vergüenza, exigimos a la ministra que atienda de forma urgente la solicitud de reunión con los ribereños, pero no en Madrid, sino aquí, en Chillarón del Rey, a orillas de Entrepeñas, para palpar de primera mano la realidad de los ribereños que se abastecen diariamente con cisternas de agua para beber”, reclama Torrecilla. Desde la Asociación reclaman que es “indecente” que haya habido tiempo para trabajar a favor del trasvase pero no para el abastecimiento de los ribereños.

“Son unos cobardes y nos obligan a dar la razón a nuestros alcaldes del Partido Popular, que señalaban que con el cambio de Gobierno no cambiaría nada”. Pérez Torrecilla ha anuncia que se adherirán a las próximas concentraciones en Defensa del Tajo que se celebrarán este otoño, “para pedir la dimisión de la ministra por faltar a su palabra y a su compromiso con todos los españoles”.

“Por un Tajo majo, trasvases al carajo”. Esta ha sido una de las consignas que centenares de toledanos han proclamado en la concentración ciudadana convocada este martes para protestar contra un nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al Segura, que no será uno sino tres de 20 hectómetros cúbicos (hm3) repartidos en los meses de abril, mayo y junio.

No ha sido la única protesta, también se han rebelado contra este trasvase ciudades como Talavera de la Reina -a la que acudió cerca de un millar de personas- o Aranjuez, municipios que también sufren la decadencia del cauce ecológico del río en los últimos años por, entre otras cosas, las cesiones de agua que se llevan realizando al Levante desde los embalses de Entrepeñas y Buendía durante 39 años.

“¡Son las cloacas del Jarama!”, ¡no es sequía, es saqueo! o “no es un trasvase, es un homicirio” son otros de los cánticos que se han escuchado entre los manifestantes que se han dado cita en la plaza de Zocodover de Toledo -alrededor de 500 personas-, quienes ya se preveían la noticia que se ha dado a conocer del retorno de las cesiones de agua entre el río Tajo y el Segura tras el aliento que ofreció sobre esta actuación la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

En esta muestra de quejas al trasvase que tendrá que oficializar el Ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han estado presentes miembros de la Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo y del colectivo #MeMojoPorElTajo, que, junto a la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera (en el acto convocado en el puente de Hierro en la ciudad de la Cerámica), han unido sus proclamas no solo por el río, sino también por la dimisión de la propia Tejerina, la ausencia en la cita de la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal –a quien también han cantado “¿dónde estás Cospedal?”, y, cómo no, por el fin de la política trasvasista que redunda en España.

“Me alegro mucho, a las concentraciones que hacemos con la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo suele venir menos gente”, ha señalado satisfecho el presidente de esta entidad, Alejandro Cano, quien solicitó a la Delegación del Gobierno el permiso para llevar a cabo este acto de protesta que “no es una convocatoria de la plataforma sino una concentración espontanea”, ha recalcado Cano, que ha dicho que “el trasvase aprobado será muy legal, el papel todo lo aguanta, pero es inmoral e injusto”.

En este sentido, ha resaltado que este trasvase supone “un acto de colonialismo entre territorios, entre las comunidades del Levante y los territorios de la cuenca del río Tajo”. “Castilla-La Mancha no es propietaria del río Tajo, somos los ribereños los perjudicados por esta competencia desleal, que genera un superdesarrollo en el Levante y perjudica a la cuenca cedente”.

Vídeo de la concentración en Talavera de la Reina / Noticias CMMedia

Noticias CMMediaRepresentación institucional

Además, en Zocodover también se han concentrado varios miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo -como la alcaldesa, Milagros Tolón, o el portavoz de Ganemos Javier Mateo, entre otros ediles de sus formaciones-, o del Gobierno regional, como el director general de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, así como también el número dos del PSOE de Castilla-La Mancha, el secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, que ha criticado “la doble traición del Gobierno” con la aprobación de este trasvase y la inversión que dedica a la región en los Presupuestos Generales del Estado (PGE); el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, o el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo.

Incluso, ediles del PP y Ciudadanos en Toledo como sus portavoces Jesús Labrador y Esteban Paños, respectivamente, han acudido a esta concentración a pesar de no haber apoyado en el último pleno municipal el rechazo a este trasvase y el planteamiento de que no se pudiera ceder agua desde la cabecera del Tajo hasta que no alcanzara el 60 por ciento de su capacidad.

“No sé si sorprendida o satisfecha de que estén hoy aquí. Espero que este gesto que hacen hoy lo manifiesten también en el pleno del Ayuntamiento”, ha dicho la alcaldesa sobre la presencia de concejales de estas formaciones, que ha recalcado que esta protesta “no es una cuestión política sino de ciudad”. “Queremos que la política de trasvases sea diferente de una vez por todas”, ha subrayado Tolón al tiempo que ha pedido a los concejales del PP que “sean leales con los intereses de la ciudad”.

Más duro se ha mostrado Javier Mateo, que ha señalado, en referencia a la presencia de ediles del PP, que “hace falta vergüenza y cinismo para estar aquí en una manifestación siendo el mismo partido -el PP- que ha aprobado 60 hm3 hacia la cuenca del Segura”. “Se empieza a vislumbrar de una vez por todas el hartazgo de la ciudadanía de que nos tomen el pelo con la salud ambiental de nuestra región”, ha dicho el portavoz de Ganemos Toledo.

El PP acude a la concentración pero no afirma si apoyaría un recurso contra este trasvase

“Pues mire, yo no he votado como la alcaldesa que se autorizaran trasvases cuando había 120 hm3 de cabecera, ni tengo a bien ser la alcaldesa que más sanciones ha recibido por vertidos contaminados en el Tajo”, ha replicado Labrador sobre las declaraciones de Tolón o Mateo. El 'popular' ha mostrado hoy por primera vez su rechace a un trasvase con el que sí es más rotundo su compañero de filas y alcalde de Talavera, Jaime Ramos.

No obstante, preguntado por si su grupo apoyaría un recurso contra este trasvase triple hacia la cuenca del Segura, el portavoz del PP municipal no ha afirmado que lo apoyarían pero sí ha señalado que “tiene que haber una preferencia a la cuenca cedente” y ha instado al PSOE a “sentarse a negociar un Plan Hidrológico Nacional” para “resolver el problema” del río Tajo. “Hay que buscar una solución nacional, no puede haber una solución solo de la ciudad de Toledo, hay que defenser sus intereses dentro del ámbito nacional”, ha remarcado Labrador.

También ha querido pronunciarse sobre “esta barbaridad” el coordinador de IU en la región, que ha lamentado la cesión de 60 hm3 para “mantener un desarrollo -en el Levante- que es insostenible”. “Se van a seguir cometiendo estas barbaridades hasta que no seamos capaces de entender dos cosas: que el desarrollo no se puede sostener durante más tiempo y que hay que acabar con el negocio del agua con el que muchos se están enriqueciendo”, ha dicho Crespo, que también ha sido incrédulo con la presencia de concejales 'populares' en la concentración.

Entre las opiniones de los vecinos toledanos que se han acercado a este acto, Sonia e Isabel -educadoras medioambientales- han mostrado su rechazo también a este trasvase y han justificado la ausencia de grandes multitudes en estas concentraciones porque pueda verla como “una causa pérdida”. Una situación que “a veces es desmotivadora pero en la que poco a poco se va a implicar más gente”, han manifestado.

No solo esperan que sea así en ciudades como Toledo o Talavera, sino también, por ejemplo, en municipios más cercanos a la cabecera del río Tajo y que forman parte de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, una plataforma que alentaba días atrás también a la rebeldía ciudadanía de una decisión política que dejará a estos embalses rondando al mínimo trasvasable de 400 hm3, cuando hoy alcanzaban solo 467 hm3.

José Julián Gregorio, delegado de Gobierno de Castilla-La Mancha, ha querido recordar que la legislación vigente permite trasvasar sólo por encima de los 400 hectómetros cúbicos y no por los 240 hm3 de “la socialista anterior”. De este modo, ha afirmado que “hemos conseguido evitar 11 trasvases” hasta que legalmente se podía trasvasar al traspasar el límite.

“La realidad es que Bono puso 240 hectómetros pero María Dolores de Cospedal y Rajoy pusimos 400 hectómetros para que hubiera más agua. Es un logro histórico”, aseguró el talaverano. Además, Gregorio pidió que se trabaje para conseguir un pacto por el agua, y que tenga agua en “calidad y en cantidad”. “Que la cuenca cedente tenga agua en calidad y cantidad”, pidió. Aseguró, igualmente, que Mariano Rajoy está “intentándolo por todos los medios”.

“No es el momento de la zancadilla, porque en 2005 hubo un Plan Hidrológico Nacional que podría haber solucionado el problema”, lamentó el delegado de Gobierno. Finalmente, volvió pedir consenso para que “la tierra tenga el agua que tiene que tener y para eso tenemos que llegar a un pacto nacional”.

La comisión de explotación del acueducto Tajo-Segura aprobó la autorización de un trasvase de 60 hectómetros cúbicos, para los meses de abril, mayo y junio, es decir, 20 hm3 por cada mes. Se considera así que hay suficiente agua en los embalses de cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía.

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha valorado el contenido de diversas informaciones que apuntan a un posible nuevo trasvase Tajo-Segura en fechas próximas. Tras indicar que nuevamente el Gobierno autonómico se ha enterado por la prensa de la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase, la consejera ha confirmado que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades tendrán que variar su estrategia para recurrir esta posible derivación, ya que Entrepeñas y Buendía superan los 400 hectómetros cúbicos de agua embalsada, la línea roja establecida en el Memorándum del Tajo.

La responsable de Fomento también ha aclarado que los valores pactados en esa norma “nos atan de pies y manos” para emplear los mismos argumentos jurídicos esgrimidos por el Gobierno regional en los siete recursos presentados contra otros tantos trasvases que el Ministerio ha autorizado desde el pasado mes de julio de 2015.

Por ello, ha calificado de “muy lamentable” esta norma “que hemos heredado de Cospedal” y que impide a la región estar en los órganos decisorios “para defendernos”, aseverando que la supuesta paz del agua que anunció el Ejecutivo regional anterior no es cierta, ya que abre la puerta a trasvases como el anunciado, “una irresponsabilidad porque la cuenca cedente está peor que la receptora”. También ha añadido que derivar cualquier excedente sobre los 400 hectómetros “es una aberración” y “cualquiera que mire el pantano lo puede constatar”.

Situación de las cuencas del Segura y del Tajo

En relación a la situación de ambas cuencas, ha apuntado que mientras el Segura almacena 460 hectómetros cúbicos, los embalses de cabecera únicamente tienen 434. Tampoco en porcentajes se justifica una derivación, ya que la cuenca receptora se sitúa al 40% mientras Entrepeñas y Buendía se encuentran al 17%, lo que a su juicio constituye una situación “desproporcionada”.

De la Cruz se ha referido al memorándum, que numéricamente otorga legalidad a un trasvase en las circunstancias actuales, para asegurar que un envío de 20 hectómetros cúbicos “no sería moral” porque dejaría a la cuenca cedente “tiritando” a pesar de que el verano ya está próximo y la recuperación de Entrepeñas y Buendía no parece muy probable.

La consejera ha recordado que los embalses de cabecera tienen hoy 135 hectómetros cúbicos menos de agua (un 7% inferior) que hace exactamente un año, por lo que aventura un verano muy duro en los abastecimientos humanos de los pueblos ribereños y en la situación medioambiental del Tajo.

Cuando en los años 30 comenzó a proyectarse la obra del trasvase Tajo-Segura, el objetivo del mismo fue propiciar la producción agrícola de las zonas más rentables de Levante. Es decir, esa derivación de agua estaba enfocada básicamente al regadío. Es una situación que ya había cambiado cuando comenzó su explotación 50 años después, en 1980, y que hoy en día prácticamente carece de sentido. Ahora priman los criterios de abastecimiento, equidad y desarrollo sostenible, unos principios que para investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) no se cumplen y a los que además se une la “cuestionable” rentabilidad económica del trasvase en cuanto a coste-beneficio. Es en esta última cuestión donde surgen las mayores dudas.

El Tajo-Segura tiene unos costes fijos de su construcción que aún se siguen amortizando (con horizonte hasta 2030) y aparte otros variables derivados de su explotación con el que corren los regantes de Levante, principales beneficiarios del mismo. La profesora Nuria Hernández-Mora explica que cuando el trasvase comenzó a funcionar, la transferencia de 1.000 hectómetros cúbicos anuales se concibió en dos fases: una primera de 600 hectómetros y otra de 400 hectómetros que nunca llegó a realizarse porque se “sobreestimaron los recursos”. “Ya desde el principio, solo se ha estado recuperando el 60% de los costes porque se entendió que el otro 40% los usuarios no tenían que pagarlo por no haberlo trasvasado”. Ese porcentaje es el que han asumido las arcas públicas, es decir, los ciudadanos, por las obras del trasvase.

A ello hay que sumar otras rebajas adicionales a los regantes, entre las que se encuentran las derivadas del régimen económico-financiero del agua y sus “trucos contables”, que provocan que los usuarios del trasvase solo lleguen a pagar el 30% del coste real de las infraestructuras, algo que, según Hernández-Mora, pasa en todas las obras hidráulicas del país. “En el caso del trasvase Tajo-Segura, actualmente pagan hasta un 40% menos por metro cúbico que en 1980”, precisa.

Además, cuando hay periodos de sequía, los regantes están exentos de la tarifa del trasvase, es decir, no pagan por el coste de la infraestructura. Eso sin contar con que también existen unos “impactos económicos y medioambientales que deberían estar siendo compensados” tal y como recoge la Directiva Marco Europea. En definitiva un cúmulo de “descuentos adicionales” que hacen que la amortización del trasvase no se esté realizando conforme a como se proyectó.

A la luz de estos datos, ¿es rentable entonces la existencia del Tajo-Segura? Depende de varios factores, pero para el profesor Enrique San Martín, cuya tesis doctoral versó sobre esta cuestión, no lo es desde un punto de vista “económico y global”. “Es rentable para la cuenca del Segura desde un análisis individual financiero”, explica, pero si se contempla desde el prisma del “conjunto de la economía” en España, no es el caso. “Es una obra que ha pagado el Estado y si a la hora de utilizarla los usuarios, estos no devuelven el total de los costes, los que reciben el agua tienen un beneficio, y los que lo han financiado, como no se les devuelve todo el dinero, tienen una pérdida”. San Martín explica además que varios informes internacionales constatan que es una característica de todas las obras hidráulicas que se proyectaron “dando por supuesto” que serían rentables, cuando se ha demostrado que esa viabilidad es “baja y dudosa”.

Lo cierto es que actualmente no hay una sola alternativa a esta infraestructura. Para el profesor San Martín plantear otra obra o revertir la situación supondría que los regantes de la cuenca del Segura apelaran a la responsabilidad del Estado, por “quitarles” la obra antes de tiempo, lo cual generaría unos costes. “No hay ningún plan en el que todos salgan ganando, sino un juego de ‘suma cero’: que todo lo que ganan unos no lo pierdan los otros”.

Compensación al Tajo por derecho de propiedad

Aunque las opciones son múltiples entre la desalación, la redistribución de caudales o la subida de precios, en el caso de que, según la legislación, el derecho de propiedad fuera de la cuenca del Tajo, la del Segura debería “compensar” a la del Tajo por seguir usando el agua, aparte de lo que pagan por la amortización de las obras. Además, San Martín alega que la justificación del trasvase no es el abastecimiento como alegan desde Levante, sino que se utiliza ese argumento “como excusa para hacerlo más defendible socialmente”. “Con la ley en la mano, no hay caudales excedentarios y no debería trasvasarse”, detalla.

Ambos expertos coinciden en señalar que la política sobre el agua llevada a cabo en España no ha ayudado a solventar este problema. Para Enrique San Martín, se ha tratado de una gestión “continuista” no ya solo de los últimos años sino “heredada” incluso de los años 30. Por su parte, Nuria Hernández-Mora subraya que durante la presente legislatura se han hecho reformas que ya están empezando a tener “impactos muy negativos” como la venta de agua entre cuencas hidrográficas. Las decisiones en materia hídrica se han convertido así en “mercadeo entre unos que quieren comprar y otros que quieren vender”, y quitando del ámbito de lo público decisiones sobre un recurso que es un bien común.

Pero también está convencida de que son reformas que “caerán y ”acabaran cambiando“. ”El río Tajo está exhausto, y las perspectivas de cambio climático nos dicen que habrá menos agua, así que les compete a los receptores iniciar un proceso de reconversión, hacer un debate sosegado entre todos y ver cómo nos podemos reestructurar para garantizar el abastecimiento y seguir teniendo una agricultura provechosa que no sea a costa de otras regiones“, concluye.

No parece que el último varapalo del Tribunal Constitucional vaya a frenar al PP en su intento de crear un nuevo Trasvase Tajo-Segura a la medida de los intereses del partido. Así se deduce al menos de las enmiendas que este partido ha presentado, ahora a la Ley de Montes en el Congreso de los Diputados, una normativa que nada tiene que ver con el agua. Es el subterfugio que ha buscado para introducir el compromiso adquirido con los regantes murcianos y valencianos para blindar esta infraestructura, que intentó llevar a cabo mediante disposiciones a la Ley de Evaluación Ambiental, tumbadas por su inconstitucionalidad.

En esta ocasión, se trata de un conjunto de enmiendas adicionales que, bajo la excusa de hacer cumplir la sentencia del Constitucional, buscan otorgar rango de ley (una forma de consolidación) a la existencia del Trasvase, de forma que si se deroga, sea necesario indemnizar a los regantes. Este es el compromiso que se adquirió entre comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Ministerio de Agricultura y el Sindicato de Regantes, y que fue anulado por el Tribunal.

El Gobierno central aprobó esta normativa (y el Memorándum del Tajo) en diciembre de 2013 tras lograr un acuerdo con las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Vendido en su día como “un acuerdo de máximo consenso”, se dejó fuera a Aragón, por cuyo territorio discurre una mínima parte de la cuenca del Tajo. El máximo tribunal dio la razón a las Cortes aragonesas ya que se tendría que haber tenido en cuenta a esta Comunidad en la tramitación de la Ley, además de por no ser “admisible (...) una suerte de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica”.

Tras esta resolución judicial, el Grupo Popular ya anunció hace unos días un paquete de enmiendas al proyecto de la Ley de Montes, para poder incorporar a este texto las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, restando importancia al asunto y asegurando que se trataba de un “error de procedimiento”.

Pero lo cierto es que en la exposición de motivos de las enmiendas adicionales, el PP argumenta que la sentencia del Constitucional ha generado “incertidumbre” y “pone en riesgo” el “normal funcionamiento del trasvase”, que califica de “esencial”. Añade que este desvío del agua garantiza el suministro de cultivos de gran valor añadido, que “precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo”, es decir, la búsqueda de un rango de ley que permita su blindaje.