Tratan de vendernos su mercancía con charlatanería propia de un mercadillo de feria. Un “me lo quitan de las manos” bastante denigrante de mentiras y falsas promesas envasadas al vacío, como insulto a la inteligencia y al uso de razón del receptor de la soflama, cuya entidad es vilipendiada por un discurso dirigido a tontos de corto alcance.

Esto no puede estar sucediendo en un país democrático; un Estado de Derecho amparado por una Constitución que declara: “La soberanía nacional reside en el pueblo español”; donde “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

El contenido de la Carta Magna se ajusta, sobre el papel, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El espíritu de la letra es incuestionable. Sin embargo, la práctica adolece de ciertos desvíos imputables a las limitaciones de la especie humana y su propensión a incumplir lo moralmente correcto.

Los poderes públicos en general desarrollan una flagrante falta de respeto hacia la ciudadanía con métodos propagandísticos mendaces y torticeros.

El pueblo soberano delega en los cargos públicos la gestión de sus intereses y defensa de derechos, mediante el compromiso de las urnas, que supone una especie de contrato en el que los candidatos pasan a ser empleados del pueblo contratante, generosa y exageradamente bien pagados; elegidos a partir de un currículum y declaración de intenciones presentados en campaña electoral. Pero si se falsean datos y mienten con promesas imposibles de cumplir, encualquier ámbito laboral el engaño supondría el despido inmediato, procedente e indemnización por los daños inferidos por su mala praxis.

Por el contrario, culminada la campaña e, instalados en la poltrona, desaparece la amabilidad y cercanías capciosas exhibidas para obtener el máximo de votos, para luego imbuirse de una prepotencia y autoritarismo poco adecuados a su verdadera condición de servidores del pueblo.

Esto no puede estar pasando aquí; pero sucede y no debería ser así. Se confirma, una vez más el predicado popular de que “solo la sociedad civil está capacitada para resolver sus propios problemas”. Esta distorsión “consentida” de engañar impunemente a los votantes puede evitarse imponiendo la voluntad política de modificar, no las leyes ni la normativa, que están muy bien redactadas, sino las actitudes y comportamiento de políticos trileros mediante la exigencia del “obligado cumplimiento” de todas y cada una de sus promesas electorales, al mismo nivel y bajo juramento ante notario de la viabilidad de tal proyecto, fechas y plazos de desarrollo y ejecución, plan de financiación de lo prometido, certificación contrastada de las cifras y datos propios y de los adversarios, presentados como argumento electoral… El que no lo cumpla, ¡A LA PURA CALLE! (y pagando, además, por los desperfectos).

Esta regulación, que vincula lo prometido con su cumplimiento obligatorio, sería disuasoria para que advenedizos, fulleros y oportunistas accedieran a un ámbito en el que ahora son mayoría… donde solo debieran caber las gentes honradas, dignas, con verdadero espíritu de servicio y palmaria calidad humana.

Se trata de imponer un código ético del que ahora carecen, con la comodidad de que nadie les exige responsabilidades por sus fechorías. Incluso algunos se ven favorecidos por la indolencia o ignorancia de quienes les vuelven a votar.

Como víctimas propiciatorias y estafadas, se nos puede engañar una vez; si nos mienten la segunda y nos lo tragamos, será culpa nuestra; pero si nos dejamos engañar una tercera, no tendremos perdón ni podremos quejarnos de nada.

Lo tenemos difícil ante el infame poder de la maquinaria propagandística; demoledora como las “armas silenciosas para guerras tranquilas” (Noam Chomsky). Pero tenemos capacidad intelectual para afrontar las asechanzas de nuestros padres patrios. Tan simple como identificar y reconocer la entidad del engaño y obrar en consecuencia; con firmeza e impidiendo la manipulación de nuestra capacidad de raciocinio a costa del chantaje emocional diseñado con ayuda de algunos medios de comunicación, pagados con dinero público para promocionar ambiciones políticas específicas y ajenas a los intereses del pueblo. ¡Con nuestro dinero estamos pagando para que se nos mienta!...

Lo tenemos crudo a la hora de votar. Pues si reconocemos a un partido como nocivo, de nada sirve votar a otro que luego va a pactar con el que no interesa. Debería inventarse el voto negativo, que consistiría en tachar al malo hasta vaciarlo de contenido y borrarlo por mayoría absoluta… Pero una reforma electoral, hoy por hoy es imposible por el chollo que disfrutan quienes serían responsables de modificarla.

La movilización abanderada por la OMS tuvo firme respaldo en los estados de la Unión Europea, con el objetivo inicial de prevenir y controlar el uso del tabaco. El convenio marco fue ratificado por España (2004), y modificado por la Ley 28/2005, donde se comenzaron a regular medidas sanitarias frente al tabaquismo, su consumo y publicidad. Lo que significó un importante hito en nuestro país en la lucha contra el tabaco, tanto por la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados (o privados de uso público) como en las medidas encaminadas a erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar. Proceso que requiere sucesivos pasos de avance paulatino, como la nueva ley en vigor 42/2010, del 30 de diciembre, que amplía y consolida la anterior.

El esfuerzo de divulgación institucional ha surtido efectos muy favorables a la prevención de lo que se considera una lacra social, como enfermedad adictiva que supone, según la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), la principal causa de muerte prevenible en el mundo: anualmente un tercio de los consumidores habituales, 50.000 en España, y 3.000 consumidores pasivos. El tabaco está relacionado con el 30% de tumores y el ¡90%! de cáncer de pulmón. Aparte, afecciones coronarias, cardiovasculares, EPOC y asma, cuyo coste sanitario supone 6.500 millones de euros anuales. Son datos espeluznantes para inspirar suficiente alarma social.

Es necesario considerar la posible vulneración de derechos de los adictos por restricciones más o menos radicales y prohibiciones que pudieran ser abusivas. De hecho, existen movimientos reivindicativos, incluso apoyados por algunos responsables políticos, para proponer modificaciones en la actual Ley Antitabaco (la 42/2010) para suavizarla y permitir fumar en bingos y casinos.

No parece tener visos de éxito por cuanto la tendencia imparable va en sentido contrario: la de intentar erradicar totalmente tan nociva dependencia, en favor de la salud del resto de población pasiva. Es evidente que el presunto derecho individual de maltratar su propia salud hasta el extremo de su elevado riesgo vital, científicamente demostrado, alcanza solo hasta donde comienza el derecho de los demás a respirar aire limpio y exento de la toxicidad contenida en el humo del tabaco, capaz de impregnar, por contaminación de las exhalaciones fumadas, todos los componentes de cualquier habitáculo cerrado; no solo por el olor, sino por los daños patógenos inoculados en personas que tienen que padecer la proximidad de consumidores directos.

Reflexiones que convierten el supuesto derecho individual de fumar en libertad, en flagrante falta de respeto hacia el resto de la colectividad.

Asociaciones legalmente constituidas para intentar contrarrestar las drásticas prohibiciones impuestas por la normativa en vigor tratan de encontrar resquicios en la ley y argucias legales para poder seguir fumando con el menor número de trabas posibles. En tal sentido, han proliferado con moderada discreción los denominados clubes de fumadores (como los dedicados al consumo de cannabis terapéutico) que por lógica no se prodigan ni publicitan en demasía, a los que la normativa impone ciertas restricciones que impiden su fácil desarrollo. Se protege en especial a los colectivos más vulnerables: menores, que tienen prohibido el acceso al recinto especificado; ni tampoco el personal de hostelería que, en defensa de su salud, no puede prestar servicio en un espacio habilitado para fumadores a fin de servirles copas ni comida.

No lo tienen fácil porque los sucesivos avances legales corren implacables hacia un objetivo fijo, cual es la erradicación total y absoluta del tabaquismo como epidemia controlable. Tan difícil como que para la instalación de un club de fumadores no basta con constituirlo legalmente con el simple trámite de registrarlo como asociación, sino que las exigencias legales son muy estrictas y de complicado cumplimiento. Por ejemplo, estos tres puntos fundamentales: a) deben tener un acceso totalmente independiente; b) la sede social no puede compartir espacio con un establecimiento de uso público, porque habría colisión con los derechos de los trabajadores y personas ajenas al club, y c) solo pueden tener acceso a ese recinto los socios de dicho club (con lo que se margina a los usuarios que no lo son porque se les escamotea un espacio comunitario).

Por lo tanto, quienes intentan sortear la ley, a través de la disposición adicional 9ª de la Ley 42/2010, lo tienen muy complicado, porque Salud Pública, a través de su Programa de Tabaquismo, está muy pendiente de que se cumplan sin paliativos todas las exigencias.

Ya hay países civilizados que han impuesto con éxito la prohibición absoluta sin condiciones. Aquí, el triunfo definitivo se logrará cuando todos los afectados reconozcan como única solución a su dependencia que lo mejor es dejarlo; con la garantía de los impagables beneficios para su salud… y la de los demás.

No es propio de la supuesta calidad intelectual de una jurista, profesora universitaria con un ostentoso currículo político, que quede en evidencia por esta torpe cita, famosa y viralmente ridiculizada, junto con una colección de perlas discursivas similares con las que montar un collar barato de bisutería poco fina. La ristra de prendijoyas desafortunadas aparece de una sentada en Google apenas se selecciona su nombre y apellido, donde insiste en expresiones feministoides en perjuicio del verdadero movimiento feminista y su genuina filosofía reivindicativa. Pero solo nos centraremos en el título y su contexto.

“Nosotros administramos dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Tal aserto no puede tomarse en serio por absurdo y ridículo. Pero representa un síntoma de cómo algunos, ella incluida, interpretan su responsabilidad política respecto a la administración del erario público que, sin ambages ni medias tintas, es patrimonio exclusivo del pueblo soberano.

Desde la estructura económica de partidos políticos, sindicatos, entidades oficiales tipo CEOE y ciertos organismos estatales o no, financiados con subvenciones millonarias, debemos cuestionar la conveniencia y legitimidad de “nuestro dinero” despilfarrado “legalmente” con aparente ligereza y excesiva generosidad forzosa. Bastante tenemos con 8.000 ayuntamientos, sus alcaldes, ediles, asesores, personal de confianza y parientes de Nepote, colocados con suculentos sueldos del “dinero que no es de nadie”.

Así como nuestro fracasado Estado de las Autonomías, inviable por ruinoso en un país cuyo déficit, deuda pública e índices de pobreza no concuerdan con el brutal gasto público de 17 parlamentos y el abuso generalizado de recursos oficiales, aplicados masivamente en beneficio de una clase política expandida en número y generosamente pagada por todos nosotros. (Sin adentrarnos en el reiterativo tema de la corrupción institucionalizada).

No es políticamente correcto denostar nuestro sistema autonómico porque así lo contempla la Constitución, pero sería deseable y muy necesario, por motivos de supervivencia, “adelgazar” todas las administraciones y reducirlas al mínimo indispensable con un tope razonable y razonado de cargos públicos.

La anómala gestión de fondos públicos trasciende, como mal ejemplo, a niveles más bajos de repercusión cotidiana.

Imaginemos -solo imaginemos- un medio de comunicación precario. Pudiera ser una emisora de radio local con problemas económicos y sin demasiada vocación informativa, formativa ni de entretenimiento de calidad. Ajena a la deontología periodística, y con la única aspiración de sacar pasta con algo de publicidad y cualquier oportunidad que se presente al vuelo. Imaginemos -solo imaginemos- que el alcalde del municipio está en campaña electoral y “compra” a esta radio un espacio divulgativo para exponer su programa y promocionarse para repetir como candidato. Imaginemos -solo imaginemos- que al precio de compra se le añade un plus para que se ensalce la figura del alcalde en todos los programas del medio. Y además la emisora adquiere el compromiso, también pagado aparte, de que ningún colaborador ni invitado a tertulias pueda criticar su gestión política.

Se supone que la inversión dineraria del alcalde no procede de su peculio personal, sino que se trata de dinero público para publicidad institucional o subvenciones acomodadas a los intereses de ambas partes. Resultado: la emisora renuncia a su derecho a la libertad de prensa, de expresión y de información, previo cobro de lo que afecta a su condición de servicio a la opinión pública, para convertirse en un simple negocio, tan boyante como la cuantía de dinero público que el cliente decida invertir en esta parcela de su campaña.

Lo más lamentable es que esta supuesta situación suponga también la vulneración constitucional -artículo 20- del derecho ciudadano a la veracidad.

Conclusión: si tal sucediera, me cabrearía muchísimo que un alcalde pagase con mi dinero a unos comunicadores de medio pelo para intentar engañarme con sus mentiras electoralistas.

La Ley de Transparencia permite, en teoría, acceder a todos los datos contables referidos a caudales públicos. No sería extraño averiguar que una operación de compraventa como la aquí descrita fuera hasta legal. Otra cuestión sería la legitimidad ética y los principios morales de una y otra parte. Será interesante solicitar dicha información, con el deseo de recibir adecuada respuesta en plazo para no tener que acudir al Comisionado de Transparencia.

El orgullo de sentirse canario no se puede explicar. Solo sentirlo, disfrutarlo y compartirlo con tantos allegados como se han conseguido en este mosaico atlántico, donde la vida y sus avatares determinaron que alguien, desde sus ilusiones y ensoñaciones de futuro, recalara en el buque insignia de esta flota mágica que no navega, pues está anclada en un lugar elegido por el destino, reservado para quienes merecemos disfrutarla por el amor que nos inspira y, eventualmente, para los millones de visitantes que tienen a bien descubrirnos por indicación de turoperadores y disfrutar nuestra hospitalidad.

El clima bonancible; alisios que acarician paisajes cuya contemplación es un estado de gracia. Diversidad de cada isla; situación geoestratégica única. Historia gloriosa de gestas y hazañas memorables; episodios y tragedias que pusieron a prueba el espíritu solidario de sus gentes. Personajes reseñables de la cultura; genios literarios, portentos del deporte; todas las artes cubiertas por protagonistas actuales y pasados que dispersaron y pasean la gloria canaria por el mundo. El folclore, la música y esas voces que cantan, lloran y ríen para recreo poético de quienes las disfrutan de cerca, o les arrasan los ojos cuando se escuchan lejos. El acervo urbano expresado en el patrimonio histórico de monumentos y bienes de interés cultural aglutinados durante siglos recientes; y la reliquia de los ancestros guanches, inseparable memoria de nuestra historia completa. Una patria chica, en fin, para corazones grandes.

¿Qué mayor suerte se puede desear que vivir aquí para sentir la satisfacción de plenitud absoluta?... En especial, para quien tanto le debe a esta tierra que siente la necesidad de defenderla sin reservas para compensar una parte de lo mucho recibido.

El recuerdo de épocas pasadas en otras geografías, de vivencias juveniles de estudiante propenso a la fascinación por los mitos e ideas ilusorias, hacía de los pocos compañeros y amigos canarios de entonces un motivo de admiración y afecto que sobresalía por mérito de aquellas cualidades que trascendían del acento musical, amable y agradable, en contraste con nuestra brusquedad expresiva habitual. Todos estábamos encantados con ellos, y ellos se sentían orgullosos de todo lo suyo. Una legítima autoestima que hoy y aquí sigo manteniendo en su nombre y en su recuerdo; porque, una vez integrado ya para siempre en el sentir canario, percibo desde dentro cómo injusticias exteriores y asechanzas internas indignan y menoscaban la moral colectiva en perjuicio de ese amor propio que se debe abanderar con la cabeza alta.

No es admisible que nuestra condición RUP sea un hándicap como parte integrante de un Estado de derecho en el que se favorece social y económicamente a otras autonomías, mal definidas como “históricas”, cuando su verdadera historia de meras provincias, o condados, poco tiene que ver con los señeros reinos de Castilla, Aragón, León o Navarra. Ni mucho menos con Canarias por cuanto ha significado en los avatares históricos de España.

No es aceptable que sean favorecidas comunidades que han basado sus reivindicaciones en la violencia criminal y en el chantaje del independentismo. Se supone que un Estado de las Autonomías se fundamenta, igual que el federalismo, en un principio de simetría, igualdad y solidaridad entre sus componentes. El resultado actual no puede ser más decepcionante por el furgón de cola en el que se nos ha colocado con los más pobres, sin serlo, apelotonados con Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Por desgracia, cada uno de los sucesivos presidentes desde Adolfo Suárez ha ido haciendo mejor a su predecesor. A costa de la alternancia bipartidista, repasemos por orden a cada uno de los hoy reciclados desde puertas giratorias, que para Canarias han supuesto un perjuicio paulatino in crescendo, hasta llegar al actual que, por correlación es el peor de todos -aunque seguro será mejor que el siguiente- para los maltratados intereses de Canarias. El colmo ha sido el indecente menosprecio de no aceptar el saludo protocolario de nuestro presidente cuando vino aquí de vacaciones. Quizá no tuviese la conciencia tranquila por habernos guindado unos cientos de millones de euros, para intentar pagar con ellos el voto de sus amigos secesionistas favorable a los Presupuestos Generales del Estado pendientes.

Pero esta parte de nuestro infortunio creciente no es solo culpa del despotismo centralista, cual metrópoli colonialista, que también; sino que la resignación, pasividad y mediocridad de nuestros dirigentes locales permiten el abuso de poder externo por falta de firmeza y la debilidad de priorizar poltronas sobre los intereses del pueblo. Quizá seamos todos culpables por votarles en lugar de botarlos por ineptos.

Ejemplo flagrante de nuestras penurias: pareciera que AENA, semiprivatizado monopolio estatal, tuviera predicamento jerárquico sobre todas las autoridades locales. Aquí solo se hace o deja de hacer lo que decide AENA. Como resultado, impresentables fechorías como la T-2, terminal de pasajeros fantasma en el Reina Sofía; la negativa a implantar la CAT III en Los Rodeos para los aterrizajes sin visibilidad, con el falso pretexto de una “cizalladura” imaginaria; o la afrenta para Canarias en dos aeropuertos, La Gomera y El Hierro, abiertos al tráfico regular de pasajeros, rebajados a la condición de simples aeródromos sin control de torre, porque hace una década fue sustituido por un elemental servicio de telefonía que no controla nada: el AFIS, que solo informa de datos meteorológicos y de posibles tráficos en la zona. Un aterriza como puedas impropio, como grave falta de respeto por la seguridad aérea y para la dignidad de los usuarios, con la ignorancia y sumisión de las autoridades locales ante el feudalismo de AENA.

Otro escandaloso titular: “El Gobierno canario autoriza que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife siga vertiendo aguas fecales al mar hasta 2021”. ¿Cómo, tras varias décadas de este desastre medioambiental, atentado contra la salud pública, tantos millones de metros cúbicos de residuos escatológicos sin depurar vertidos sin control al mar, puede culparse a otros de la propia desidia? ¿Cómo hemos llegado a esta ignominia? Algo falla cuando, con todo a favor, estamos abocados al fracaso en todas las áreas transferidas a la competencia de dirigentes inútiles que no nos merecen.

Es evidente que debemos amarnos más a nosotros mismos para conseguir ser respetados por méritos propios desde fuera y, sobre todo, desde dentro. Que nuestra legítima autoestima sirva para sacudirnos cadenas y abusos de poder, con la seguridad de que algunos, los de siempre, seguiremos en la brecha aunque sea en solitario. Esta tierra merece nuestra pasión apoyada en el orgullo de ser y sentirnos canarios.

Por tratarse de un fenómeno atmosférico inapreciable por poco frecuente y ajeno a episodios de baja visibilidad en el aeropuerto de Los Rodeos, la cizalladura no debería utilizarse como argumento definitivo ni como excusa para rechazar la implantación del sistema ILS, CAT III (Instrumental Landing System, categoría 3), que permite el aterrizaje en automático y sin visibilidad ante la niebla recidivante que tanto perjuicio económico y operativo ocasiona por el desvío forzoso al alternativo de tráficos con destino a Tenerife Norte, que es el Tenerife Sur.

Esto ocasiona el consiguiente perjuicio para las aerolíneas y para los más de 50.000 pasajeros afectados anualmente, según unas estadísticas que también contemplan los ochenta y tantos días al año -uno de cada cuatro- que en algún momento cierra el aeropuerto por mínimos meteorológicos, con 450 vuelos que han de desviarse al Reina Sofía.

Esas cantidades absolutas suelen publicarse en porcentajes para maquillar el impacto socio-económico ante la opinión pública. Se suavizan alegando que “no es para tanto” porque “solo” se ve afectado el 1% de los 45.000 vuelos al año. Un serio inconveniente a resolver sin paliativos…

Ante la evidencia y la necesidad, según propia declaración, AENA procedió a la instalación de los sistemas y ayudas radioeléctricas en tierra para dotar las señales de precisión requeridas para la maniobra CAT III.

El fallido proyecto se inició a principios de siglo, pero sigue sin consumarse. Y centenares de tráficos al año continúan obligados a frustrar el aterrizaje en Los Rodeos por “bajo mínimos”. El fracaso operativo se intenta justificar con el extraño pretexto de la cizalladura que la opinión pública, desde una perspectiva profana, tiene que aceptar sin objeciones. Incluso avezados periodistas especializados hacen suya esta aparente evasiva oficial de AENA.

Como algo no encaja para quienes algo conocemos de esto, nos vemos en la necesidad y obligación de indagar sobre esta sospechosa realidad.

Para respaldar criterios personales es imprescindible apoyarnos en estudios especializados sobre las peculiaridades de vientos, nieblas, temperaturas, orografía y estacionalidad en Los Rodeos. Datos fehacientes en los que no se encuentran indicios de que la cizalladura sea motivo reseñable por su escasa incidencia en esta área de estudio. Sin embargo se ha utilizado en llamativos titulares de prensa del tipo “Más de diez tráficos de distintas aerolíneas han reportado cizalladura que hace inviable la implantación del ILS CAT III”.

No… esto no funciona así. La evaluación de la calidad y precisión de los equipos de tierra que emiten las señales radioeléctricas a los instrumentos de a bordo, para que sean gestionados por la tripulación, son responsabilidad de una unidad específica de calibración: la UVV, Unidad de Verificación de Vuelo, que comprueba la idoneidad y correcta instalación de nuevas radioayudas y del adecuado mantenimiento de las ya existentes, incluyendo las CAT III.

Para ello cuenta con un avión turbohélice bimotor Beechcraft (modelo King Air B-350), equipado con una consola de verificación en vuelo de avanzada tecnología, pilotos expertos y técnicos especialistas en calibración, con la misión de evaluar el funcionamiento y precisión de las radioayudas.

Allá donde el vuelo de calibración encuentre cizalladura severa que incapacite la operación, deberá ser abortada y repetida en fechas posteriores en condiciones más favorables de visibilidad y sin turbulencias.

Datos geográficos meramente objetivos:

El aeropuerto de Los Rodeos se localiza a 600 metros sobre el nivel del mar, en una llanura flanqueada al este por el macizo de Anaga, con altitudes de 900 m.s.n.m., y al oeste por las estribaciones de la dorsal de Pedro Gil, que alcanza los 1.700 m.s.n.m.

Esas elevaciones, situadas a ambos lados del aeropuerto, forman un pasillo alargado donde los alisios se canalizan, modificando su dirección del nordeste al noroeste. La exposición al suave viento dominante y la elevación de la pista del aeropuerto generan la niebla asociada al paso de bancos de nubes bajas originadas en el mar, cuya base coincide con el nivel de la pista, que se convierten en niebla advectiva, o sea, nubes bajas que discurren mansamente pegadas al suelo.

Si además añadimos datos contrastados de la bonancible intensidad de estos vientos, se concluye que la cizalladura solo puede ser un caso esporádico y extraordinario que nada tiene que ver con las situaciones de niebla.

Según la escala de Beaufort, en el 78% del nivel 4, los vientos no superan 15 Kt. (28 km/h). El grado 5, inferiores a 20 Kt. (38 km/h), supone que el 95% de los vientos en el pasillo de Los Rodeos tienen velocidad de floja a moderada. Más de la mitad de las observaciones apuntan de 6,5 a 15 Kt. (12 a 28 km/h), valores habituales de los alisios. (En cinco ocasiones de alerta roja, el viento ha alcanzado el grado 8 de Beaufort; tipos gota fría, año 2002, y Delta, en 2005).

Sería importante acceder al informe de la UVV en el que presuntamente consta la inviabilidad de la CAT III en Los Rodeos por causa de la cizalladura, y saber cómo se compadece esta teoría con nuestra bonanza eólica. Serviría también para averiguar los verdaderos motivos de esta operación frustrada: ¿se instalaron realmente las radioayudas? ¿Eran los equipos adecuados? Tras tantos años de inoperancia y faltos de mantenimiento, ¿no estarán ya caducos? Cuestión de credibilidades.

Una reflexión concluyente: si se rebaten estos datos, ¿quién explica que se haya instalado la CAT III en aeropuertos tan turbulentos (estos de verdad) como Asturias y Santiago de Compostela?

AENA abandera motivos de seguridad aérea para justificar su postura contra la CAT III en Los Rodeos. Lo cual no deja de ser un sarcasmo cuando ha condenado a dos aeropuertos canarios, abiertos al tráfico civil, La Gomera y El Hierro, a operar sin control de torre. Un volar a ojo y un aterriza como puedas llamado AFIS, ante la pasividad de nuestras autoridades. Esto sí es una falta de respeto por la seguridad aérea y para la dignidad de los usuarios.

Estamos asistiendo a una debacle que hace temblar nuestros cimientos sociales, políticos, culturales e ideológicos, con una preocupante movilización a favor y en contra -sobre todo en contra, con carices de alarma cívica- del sorprendente fenómeno. No tan sorpresivo si analizamos que la intempestiva aparición de Vox en el escenario andaluz estaba cantada con varios meses de antelación. Como puede estarlo también su consolidación de futuro inmediato en próximas convocatorias electorales.

¿Por qué se veía venir?... Desde este foro se publicó, hace unos meses, un artículo al respecto: “Es lo que tiene esto de enredar con los muertos”, cuyo párrafo nuclear rezaba así:

“Imprudencia temeraria el repentino oportunismo de intentar exhumar a Franco para montar el poyo… (o pollo). Una ocurrencia macabra e inservible, priorizada sobre el cúmulo de problemas que nos asolan. Con un resultado que solo ha servido para excitar sentimientos e ideologías que estaban apaciguadas y latentes para acomodo de la sociedad y serenidad política, tan conveniente para nuestro Estado de derecho… Pero no. Había que escarbar en lo truculento para significarse políticamente. Error de cálculo con las consecuencias poco gratas de inflamar rescoldos que estaban casi apagados. (Sería deseable que no se tratara de un error premeditado). No se debe enredar con los muertos; no sea cosa que, de tanto removerlo, alguno resucite y vayamos a tener un disgusto. Si así fuera, imagino a más de uno saliendo por patas dejando vendidos a quienes, en su día, dimos la cara porque pudimos y quisimos hacerlo”.

¿Era necesidad estratégica soliviantar ideologías contrarias, casi extinguidas por el paso del tiempo, para justificar el propio fundamentalismo?

Pareciera que la siempre habilidosa estrategia propagandística de ese lado aquí ha fallado con estrépito para fracaso de su planteamiento electoralista. Cada decisión política depende en exclusiva del cálculo de votos que se pueden ganar o perder según se haga. En este caso, los resultados demuestran que la pifia ha sido de órdago a la grande con dos pitos (metáfora dedicada a avezados jugadores de mus).

Todo empezó con una Ley de Memoria Histórica, reducida y priorizada a favor de una de las partes y en contra de la otra, que paulatinamente revivió ideologías adversas, aletargadas en el olvido, de quienes también sufrieron en sus ancestros la barbarie prebélica de masacres inhumanas e imborrables.

El mito de las dos Españas, acuñado por Antonio Machado, dejó de ser un tópico para afianzarse como realidad incuestionable; materializada en formato de bipartidismo político, denostado últimamente por algunos que pretenden cortar su trozo de pastel, pero muy conveniente como estructura equilibrada que puede mantenerse mediante la alternancia democrática, a favor de la supervivencia y dignidad del pueblo soberano… a pesar de sus dirigentes.

Disponemos de un núcleo central bipolar formado por dos adversarios dominantes, para turnarse en el poder y oposición según decidan los votantes en las sucesivas convocatorias electorales. Orbitando en cada una de las respectivas influencias, se acomodan estas dos formaciones menores que extreman y radicalizan el discurso moderado de sus centralizados superiores. A su vez, estos apéndices colaterales acogen como satélites a partidos minoritarios afectos a uno u otro bando. Con lo que se configura un sistema planetario de estructura aceptable en equilibrio aparente.

La virulenta reacción popular contra Vox en algunos escenarios contrasta con la contemplación mediática y social que ha disfrutado Podemos desde su origen. Ambos dentro de la legalidad vigente, por ahora, pero con algunos matices lindando legitimidades poco ajustadas al predicado constitucional por las dos partes... La confluencia de uno y otro en su unción extrema parece radicar en la prevalencia de la visceralidad emocional sobre el uso de razón y el sentido común. Sentimientos primarios por encima de la conciencia inteligente. Convendrá estar todos atentos para evitar que se repitan antiguos episodios nacionales, poco gratos por cruentos e inhumanos.

Estos dos tendrán que batirse el cobre entre sí, en condiciones de igualdad y respeto entre ellos; con nosotros, mayoría, siempre en medio y pendientes.

Insisto: todos los implicados en esta nueva situación política y con vistas a lo por venir que olviden su interés por las poltronas y por el cálculo de votos a favor o en contra; que erradiquen corrupción y nepotismo, que se pongan a trabajar de una maldita vez; que no se insulten más allá de lo éticamente aceptable y que dejen de intentar engañar a los ciudadanos de bien.

En campaña preelectoral se acentúa al máximo la presión de los poderes públicos sobre los medios de comunicación, con intención de utilizarlos como megáfono de su discurso promocional. Podría ser hasta legítimo si determinada línea editorial coincidiese con la ideología de tal partido o que un político, a nivel individual y por afinidades personales, tuviese acceso a un espacio de comunicación específico y lo sufragase de su propio peculio.

La perversión del sistema está en la utilización del dinero público para pagar a algunos medios, afines o propensos a dejarse querer, por manipular a la opinión pública con contenidos falaces e interesados en forma de falsas promesas electorales, a sabiendas de que no se cumplirán, o el discurso autocomplaciente de lo muy bien que ha hecho todo, soslayando la mayor parte de incumplimientos en una o dos legislaturas anteriores, y que a partir de ahora se ejecutarán… “porque ya conocemos el tema en profundidad y podemos resolverlo”.

Se me puede engañar la primera vez; mentirme una segunda por ceder otra oportunidad desde la buena fe; pero si me dejo embaucar la tercera, será culpa exclusivamente mía. No se me pueden contar milongas, por ejemplo, sobre múltiples asignaturas pendientes en cuestión de Patrimonio Histórico y Cultural cuando llevamos una década de inoperancia al respecto.

Con sucesivos y recalcitrantes fracasos como el de abrir la ciudad al mar -uno de los proyectos prioritarios en la primera, segunda, y también lo será en la tercera campaña electoral-. El fallido kilométrico carril bici. La sempiterna playa de Valleseco. Penoso tratamiento asistencial a la exclusión social y a la pobreza extrema que han ido empeorando con los años, cuando hay más gente que nunca durmiendo en la calle.

La contumaz suciedad de nuestra magnífica capital, cuyo esplendor se ha ido al garete en ocho años de desidia porque “había que sanear las arcas municipales”, a cambio de no hacer nada; incluso devolver partidas sin ejecutar, cuando los caudales municipales no sirven para nada guardados en el banco. Una venta de humo envasado al vacío con el evidente objetivo prioritario de mantenerse en la poltrona.

Con un poco más de espacio, convendría atender y analizar todas las áreas de responsabilidad municipal para comprobar sus frustrantes resultados:

a) Consumo, b) Cultura, c) Deportes, d) Educación, e) Empleo, f) Juventud, g) Medio ambiente, h) Urbanismo, i) Patrimonio histórico, j) Igualdad de género, k) Protección civil y seguridad ciudadana, l) Sanidad y servicios sociales, m) Transporte, n) Turismo, ñ) Vivienda, o) Actividades clasificadas y espectáculos públicos.

Quede claro que desde aquí podemos apreciar a la persona y ponderar sus valores en el plano individual como personaje honrado, afable y trabajador; pero como ciudadanos de a pie, y en nombre de la renombrada (solo de oídas) participación ciudadana, nos vemos en la necesidad y obligación de manifestar nuestras discrepancias con la gestión que afecta al municipio; e intentar, con este granito de arena, contrarrestar la presión electoralista sobre la ciudadanía. Sin más interés que el inspirado por el gran amor a una preciosa ciudad que, bien manejada, podría ser un ejemplo a seguir para el resto del mundo.

Habida cuenta que mientras no se resuelva el gran escándalo medioambiental, ecológico y de salud pública, provocado por el desastre de los vertidos fecales masivos y descontrolados en todo el litoral, pero especialmente en la capital, el resto de propuestas, proyectos y promesas, no tienen sentido ni viabilidad ante la catástrofe que se vislumbra si no se ataja esto con carácter de urgencia.

Pero la cuestión más grave a tratar aquí, no es solo la presunta aportación de dinero público a periódicos o emisoras para publicitar una candidatura con medias verdades y falacias enteras, sino también y más importante, para supuestamente “amordazar” posibles críticas adversas.

Así reconocido en algún medio, justificando la felonía en que como “empresa privada puedo venderme o alquilarme, según proceda”. La gravedad del asunto radica en lo que supone de atentado contra la deontología periodística y el espíritu de la comunicación basado en la veracidad, pública o privada, cuyo acceso es un derecho constitucional incuestionable para la opinión pública.

Parece que nos hallamos ante un caso de censura, por haberse borrado espacios, secuestrado programas y vetado personas, sin otro motivo aparente que la inconveniencia de una crítica normal pero no aceptada. Inasumible en un Estado de derecho.

Y seguirán mandando los mismos de hace 40 años -número mágico que parece cubrir dictaduras y plazos de memoria para desenterrarlas-. Formaciones que, sin ganar nunca, siempre han mandado en todo. Gran mérito venderse al mejor postor con disfraz de bisagra; sobre todo si sale bien como negocio. Otra cuestión es el bien común y la dignidad de un pueblo que no desea sentirse mancillado por operaciones de tráfico con cargos públicos ni tácticas burdelescas de compraventa carnal o de voluntades cívicas.

La pasión por la foto y la medalla es la expresión externa de una patología endémica, anexa al poder en todos sus escalones como un gran fraude a la ciudadanía, cuyos intereses básicos y derechos fundamentales son marginados a favor del objetivo principal de los servidores públicos, cual es el cálculo de votos que se ganarán o perderán, según lo que se diga o haga en campaña. Único logro negativo, la falacia y las falsas promesas, servidas en bandeja dorada en perjuicio de un “pueblo soberano” que solo lo es en un papel mojado que también habla de democracia y derechos humanos.

Algunos medios de comunicación, audiovisuales e impresos, encuentran una bombona de oxígeno para sus arcas y para la protección de sus puestos de trabajo, mediante el negocio de alquilar espacios a determinadas formaciones políticas para expandir su propaganda electoral en columnas y artículos de opinión, como si formasen parte editorial del medio difusor. Con lo que se puede engañar al potencial lector, oyente o espectador.

A favor de la veracidad de la información o mensaje, a la que una muy sensible opinión pública tiene derecho constitucional, debiera estructurarse la publicación de estas farsas habituales en páginas aparte; en formato de esquelas o similar, con el encabezamiento bien definido de que el medio “no se responsabiliza del contenido adjunto”. Sería bueno para el prestigio deontológico de la publicación y podría incrementarse el precio so pretexto de la exclusividad y el ornato añadido de las viñetas; encabezadas con un aviso claro sobre las posibles imprecisiones y desvíos de la verdad.

Estamos sumidos en una trampa saducea, pues cualquier posible solución al problema es inviable porque, precisamente, quienes debieran asumir la responsabilidad de rectificar las anomalías, legales o legaloides, son los más interesados en que nada cambie, como primeros beneficiarios de los abusos de poder sistemáticos y bien organizados.

Para dar entidad y validez a un problema planteado, debe acompañar alguna viabilidad o posibles soluciones. En este caso, no hay salida. Y si la hubiere, sería poco deseable por traumática; pues como demuestra la Historia solo la virulencia del estallido social es capaz de salir del pozo cuando su profundidad lo hace insufrible para una ciudadanía sojuzgada. Conviene repasar la nuestra y tenerla presente para que nunca se repita la peor tragedia que puede sufrir un pueblo.

En aquel fatídico 3 de diciembre de hace ocho años, se acusó a unos controladores aéreos, profesionales de elevado rango técnico, de abandonar masivamente sus puestos de trabajo por una rabieta repentina. No era creíble para una inteligencia normal que dejasen descontrolados e indefensos a los mil aviones que en ese momento debían estar surcando el espacio aéreo español.

A poco que se aplicase el sentido común, estaba claro que se trataba de una maniobra premeditada, organizada con antelación por las autoridades, con indicios concluyentes de preparación alevosa, para destruir la supuesta fortaleza de un colectivo que había plantado cara en defensa de unos derechos laborales, legítimos entonces por convenio colectivo y al amparo del Estatuto de los Trabajadores.

Era un conflicto que venía de atrás; casi un año de confrontación virulenta por ambas partes, en la que el poder institucional terminaría por imponerse con sus “armas silenciosas para guerras tranquilas” (Noam Chomsky) mediante una demoledora campaña de desprestigio, bien orquestada a través de los medios de comunicación, que brutalmente se ensañaron al demonizar a los controladores ante una opinión pública vulnerable a cualquier maquinación maquiavélica. Una ciudadanía damnificada por el conflicto que culpó sin atenuantes a los maldecidos controladores, cuando en la realidad fueron otros los verdaderos culpables de la debacle.

¿Cuál era el verdadero motivo para tratar con tan extrema crueldad a un grupo laboral tan concreto?... Por aquella época había cierto recelo por lo acecido en Chile, donde una huelga de camioneros se había cargado al gobierno de turno. Aquí no podía pasar eso y se imponía la máxima contundencia sin miramientos. Pero el paso de los años permite analizar otro precedente reseñable: por aquel entonces se comenzó a gestar la privatización de AENA, y las condiciones laborales de los controladores que, aunque legítimas, no eran compatibles con la operación. Era imprescindible doblegarlos a toda costa.

Que, tras juicios y denuncias falsas, la Justicia haya exonerado de culpa a los controladores y reconozca que ellos no abandonaron sus puestos de trabajo, indica sin ambages que fueron otros quienes decidieron la salvajada de cerrar el espacio aéreo.

Dos días antes, el entonces presidente del Gobierno canceló su viaje a la Cumbre Iberoamericana sin motivo aparente, a no ser que supiera de antemano lo que iba a suceder. También con antelación, las Fuerzas Armadas ensayaron unos días antes el despliegue de la militarización, sin indicios previos de que existiera tal riesgo.

Los comisarios políticos de AENA organizaron a lo largo del día el vaciado paulatino del espacio aéreo en colaboración con Eurocontrol en Bruselas. Una vez completada la maniobra, ya sin aviones en el aire, expulsaron de la sala a los trabajadores, cerraron el quiosco e impidieron la entrada del turno que relevaba a los salientes.

Es decepcionante como ciudadano el énfasis que pusieron los medios de comunicación en vilipendiar a un colectivo indefenso y que no se hayan hecho eco ahora de las resoluciones judiciales que definen la falsedad de aquella denuncia. O que la brillante especialidad de periodismo de investigación no aproveche este filón informativo para averiguar y comprobar la veracidad de lo que pasó entonces, como origen y explicación de lo que sigue sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, el AFIS en La Gomera y en El Hierro los fines de semana, implantado como castigo a los controladores rebeldes.

No es esperable una solución inmediata para que la precariedad de estos dos aeropuertos sea resuelta; pues depende de algo tan simple como la voluntad política. La misma que en su día organizó y consintió la fechoría. Quizá rectificarla parezca un reconocimiento de culpa poco apetecible para las dos partes implicadas. De un lado, la prepotente AENA; como corresponde a un monopolio estatal semiprivatizado. De otro, la reiterada sumisión de las autoridades locales, con su debilidad habitual ante los abusos y desmanes que se sufren en esta autonomía, donde solo se hace o deja de hacer lo que decide AENA en exclusiva. Son imprescindibles menos pasividad acomodaticia y más firmeza al plantar cara de una vez al mal trato, más propio de una metrópoli colonialista que de un Estado de derecho que nos incluye a todos.

No ayuda el poco respeto oficial que se le presta a la Seguridad Aérea, delegada en exclusiva a los colectivos profesionales que vuelan y hacen que un avión vuele. No es juicio temerario sino constatación fehaciente por correlación de episodios aleccionadores al respecto. No solo por el caso del AFIS…

De regreso de nuevo al bochornoso 3 de diciembre de 2010: se creó una situación crítica, de muy alto riesgo en el control aéreo, los días siguientes a la fecha de autos. Hay profesiones con una especificidad en el ejercicio de su labor que requiere una calidad de precisión a nivel de excelencia. Un controlador aéreo, además de unas condiciones físicas saludables y chequeadas periódicamente, debe encontrarse en plenitud de estabilidad psíquica, equilibrio emocional y exento de agentes externos que puedan perturbar sus capacidades de concentración, en una actividad que no admite el fallo humano.

En aquella terrible circunstancia, el colectivo al completo fue víctima, sin paliativos, de una presión inhumana, vejaciones por doquier y el ensañamiento moral generalizado, incompatible con una operación segura. Pude comprobar que se evitó la tragedia gracias al componente vocacional que gozan algunas profesiones para superar las asechanzas y el vilipendio que dimanan de las poltronas políticas.

Solo recordar que en tiempo de paz, el máximo responsable de la Seguridad Aérea es, y lo era entonces, el ministro de Fomento.

*Excomandante de Iberia

Este artilugio defensivo siempre me ha surtido efecto. Sobre todo en casos puntuales que han necesitado de toda mi tenacidad para alcanzar algún objetivo de muy difícil acceso que, a su vez, me liberó del agobio personal para marginarlo en el lugar que seguramente le correspondía. El éxito, sin ánimo de lucro, compensa con creces las asechanzas del entorno individual que, al final, queda como residuo infectado por el odio inútil de quien lo siente para perjuicio de su mente; pues el receptor no se entera. Es la envidia lo que suele actuar como microorganismo patógeno.

Por desgracia, estas gratificantes reflexiones se me están yendo al garete por mor de una actualidad demoledora, que me tiene trabado y sin posibilidad de alternativa paralela que me ayude a recuperar el equilibrio y la fe que le debo al ser humano y a la dignidad de todas las personas.

No es asumible cómo se está gestionando políticamente del gravísimo conflicto humanitario de la inmigración ilegal. Los que toman decisiones al respecto, no son precisamente quienes se parten el alma en trágicas operaciones de salvamento, ni las fuerzas de seguridad indefensas ante reiterados episodios violentos.

Ni siquiera el esperpéntico vodevil catalán ha conseguido desencajar las bisagras del quicio de mi conciencia. Solo me quedan sentimientos de compasión hacia aquellos que no desean ser lo que son porque así se lo inocularon, de padres a hijos, desde la cuna durante siglos de resentimientos y frustración de una historia tergiversada para acomodarla a intereses político-económicos, con uso y abuso de una razón ficticia, radical y perversa. Un mínimo reducto poblacional de fanatismo concentrado ha convertido una pequeña parte de nuestra geografía en un quiste infectado, crónico y sin tratamiento clínico plausible. Es evidente que todo lo que toca la política se pudre por mero contacto. En este caso, sin curación posible, no hay más remedio que, como sucede ante cualquier patología irreversible, acostumbrarse a convivir con la matadura, aislar la dolencia y cuidar en lo posible la herida abierta, con los apósitos más caros del mercado, para que no infecte a todo el organismo.

No basta plantear un problema y firmar con un “ahí queda eso”. Para darle legitimidad hay que ofrecer soluciones o, cuanto menos, intentarlo. En la delicadísima cuestión de la invasión masiva de inmigrantes africanos, no existe un algoritmo preciso y adecuado al componente humanitario que a diario nos asola con noticias sobre tragedias de una crueldad extrema.

Sin tener en cuenta los condicionantes adyacentes a tan penosa situación, en una propuesta simplista bastaría con tres puntos de apoyo básicos para lograr una solución plausible: 1ª) Acuerdo institucional de todas las fuerzas políticas sin excepción para regular y sistematizar la afluencia migratoria al país. 2ª) Implicar en el esfuerzo a la Unión Europea sin paliativos y con la firmeza suficiente que da la razón. 3ª) Lucha internacional inmisericorde contra las mafias que se lucran con este infame negocio de vidas humanas.

Con respecto a la 1ª, la evidencia invita al pesimismo por mor del verdadero planteamiento político de quienes debieran ser responsables de una lucha coordinada con un objetivo común, beneficioso para España por cuanto tiene de positivo ser país receptor de inmigración regulada; pero sobre todo, se salvarían miles de vidas de unos seres indefensos. Todo lo que dicen o hacen los políticos está en función única y exclusiva del cálculo de votos que ganan o pierden según lo que decidan. Solo les interesa la confrontación con el adversario y aprovechar cualquier ocasión para contradecirle y atacarlo como enemigo. Como paradigma, este conflicto humanitario. De una parte, el “buenismo” impostado, calculado y sin posibilidades prácticas de éxito, pero muy nutritivo para el cardumen de votantes potenciales. En la otra banda, la nociva reacción racista provocada como si una parte necesitase radicalizar al contrario para justificar el propio radicalismo. Es pernicioso el aluvión de comentarios xenófobos que se están prodigando en las redes; el cínico triunfalismo de la bondadosa política de puertas abiertas; las continuas escenas de violencia ante la indefensión policial y, en resumen, la mala gestión a dos bandas que enquista el problema y lo eterniza sin miramiento.

Sobre la 2ª consideración, se reafirma la perversa política europea si repasamos el proceso colonial ejercido durante siglos sobre el continente más rico del mundo en recursos naturales, que les fueron vilmente expoliados por quienes ahora deniegan auxilio a unas víctimas indefensas, esquilmadas y entregadas a la dictadura de grotescos reyezuelos de ópera bufa, bien pagados como cómplices millonarios de la explotación organizada por multinacionales, a costa de una población depauperada por las hambrunas y masacrada en genocidios bien planificados con guerras perpetuas, dirigidas desde los poderes fácticos en connivencia con las autoridades políticas que, hasta hace menos de un siglo, legislaban en pro de la esclavitud como sistema legal de desarrollo humano. Es por lo que la UE necesitaría que alguno de sus miembros más reseñables levantase la voz para remover la conciencia colectiva con solvencia, en nombre de la cacareada democracia y de los derechos humanos, cuya declaración oficial (1948) se quedó en este actual papel mojado.

La 3ª propuesta no necesita comentario. Es para evitar exabruptos por la repugnancia del tema.

Planteadas tres partes de un problema irresoluble, algo tendría que suceder para que el quid de la cuestión tuviese viabilidad. Dos palabras: Voluntad Política, serían la sencilla solución si los Estados implicados en bloque y con eficacia, aplicasen “todos a una” los medios éticos disponibles y la potencia suficiente para que los tres puntos presentados como “simplistas” dejaran de ser utopía desde una sinergia globalizada y racional.

¡He aquí el misterio!: ¿cómo influir en la conciencia de los componentes europeos si quienes debieran cambiar esto aquí parecen los más interesados en que nada cambie?

Como referencia a esta reflexión, apuntemos hacia el magnífico conjunto escultórico (hoy abandonado al vandalismo callejero) de Juan de Ávalos -Santa Cruz de Tenerife-, en la otrora hermosa fuente donde confluyen la avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz. Una gran obra del insigne escultor, considerado el número uno en la España del siglo XX. Significa un privilegio disponer y disfrutar de este valioso patrimonio cultural por su elevado rango artístico y por la incuestionable entidad de autor.

¿Dónde radica la polémica? De un lado, la Ley de Memoria Histórica, en cuanto afecta a la supuesta simbología franquista del monumento. De otro, la necesidad cultural de restaurar, mantener y conservar esta joya escultórica en un entorno urbano que se caracteriza por la precariedad de su patrimonio histórico y el deficiente tratamiento institucional que se aplica a los pocos casos locales que requieren un mínimo respeto oficial hacia los BIC, bienes de interés cultural.

A favor de la ciudadanía y para protección de sus derechos, es imprescindible armonizar los legítimos sentimientos, aludidos en el título, con la sensibilidad de que la cultura de un pueblo se mide, entre otras cosas, por cómo cuida su patrimonio.

La posible solución al conflicto creado desde facciones adversas la proporciona la propia Ley de Memoria Histórica que reza así:

“Artículo 15: Símbolos y monumentos públicos. 1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Se incluirá la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

Está claro que lo subrayado en el punto 2 es de aplicación directa al caso. Por otra parte, no depende de la voluntad política, sino de la intencionalidad y el cálculo de votos que se ganen o pierdan según se tome una u otra decisión.

Puntualizaciones que ayuden: Juan de Ávalos fue depurado en 1942 por el antiguo régimen (afiliado al PSOE, carné nº 7 de Mérida) y exiliado en Portugal. Lo que no fue óbice para que sus obras jalonaran gran parte del territorio español en plena dictadura.

Testimonio captado a vuela pluma: “La obra de bronce representa a un ángel volando con las alas extendidas, que supuestamente alude al avión en el que partió desde Canarias Francisco Franco para iniciar el golpe militar. Sobre el ángel se encuentra la escultura que representaría al dictador (J. J. 28/10/2017)”.

Comentario: se trata de un conjunto monumental, paradigma de la corriente figurativa. Es una alegoría abstracta que supuestamente homenajea a Franco, aunque la imagen no lo representa directamente porque ni se le parece. Las alas de ave no son de avión que, si se hubiera pretendido simbolizar, mejor se ajustaría un dragón rapide con un lanzallamas en las fauces. Es lo que tiene la abstracción en el arte, que cada uno puede ejercitar libremente su albedrío y ver lo que desea que sea.

Les remito al artículo (archivado en el blog referido en la firma): La quema de libros, una mala costumbre (04/03/2014), publicado por la presidenta de la Asociación Viera y Clavijo para la rehabilitación del Patrimonio, donde se alude a este caso y del que extraigo el siguiente párrafo: “Por tratarse de un simbolismo etéreo e indefinido, lo más inteligente y ajustado sería cambiar el nombre de la alegoría, como la placa de cualquier calle, y titularla con alguna alusión épica a la gloria guanche o personalizar una antropomorfia o reencarnación de algún símbolo toponímico local…”.

Como suele pasar, la sociedad civil es la única capacitada para resolver sus propios problemas. Quizá haya que organizar una recogida de firmas masiva para evitar la posibilidad de una demolición tipo talibán. No es imaginable el bochorno internacional si llegase a cometerse aquí tal brutalidad, como un alarde de analfabetismo.

No es afrenta a la memoria histórica ni a la legitimidad de su ley. Por el contrario, el recuerdo merece el respeto a las víctimas. Que no deben olvidarse jamás, para garantía de que nunca vuelva a repetirse tragedia parecida; con la convicción de que en una contienda así nunca hay ganadores ni vencidos; pues a la larga todos pierden.

Conducir con la mirada fija en el retrovisor no es seguro, pues aparte de que el pequeño espejo puede distorsionar la imagen, lo verdaderamente saludable es ver lo que tenemos por delante sin dejar de vigilar el pasado… Y usar bien los intermitentes para no confundir al prójimo.

Comentario: han transcurrido siete años desde aquel vergonzoso cierre del espacio aéreo español (3D2010). Decretado el estado de alarma, militarización incluida por un conflicto laboral. Acusación de delito por abandono masivo de sus puestos de trabajo de los controladores de servicio en aquella fecha.

A día de hoy, la mayoría de los acusados han sido exonerados de toda culpa en sede judicial, excepto en dos jurisdicciones, Madrid y Palma, que todavía mantienen el contencioso abierto; quizá con intención de rendir por agotamiento a los pocos que quedan implicados y pacten para declararse culpables por lo que no hicieron, y liberarse del desgaste inhumano que siguen sufriendo bajo la brutal presión ejercida durante tantos años.

Preguntas: ¿era necesario masacrar mediática y socialmente a un colectivo porque sus legítimas condiciones laborales, avaladas por convenio colectivo y Estatuto de los Trabajadores, no eran compatibles con el proceso de privatización que se estaba poniendo en marcha?... En plena campaña de demolición orquestada; si no fueron los controladores, ¿quién fue el verdadero culpable del cierre del espacio aéreo?...

¿Quizá se esté intentando camuflar una realidad para proteger a los intencionados responsables?... ¿Se pretende que pase el tiempo y se diluya el recuerdo de aquello?... ¿Acaso, cuando la totalidad de los acusados en falso resulten inocentes, el problemón para algunos de los presuntos verdaderos culpables sería un trance gravísimo?... Imposible la connivencia con la Justicia para mantener este oscurantismo… Entonces, ¿qué está pasando?

Con la perspectiva de los años se tiene todavía más claro, para los que algo sabemos de esto, lo que sucedió entonces. Era imposible que por una presunta rabieta, de repente y todos los controladores a una, abandonasen las consolas. Sería algo tan insólito como que un cirujano se cabrease en plena operación a corazón abierto y se largase del quirófano. ¿Cómo podían dejarse varios cientos de aviones en el aire, descontrolados y abandonados a su suerte? Había que ir vaciando el espacio aéreo de todos los tráficos a lo largo del día. Así se hizo, pero por iniciativa e imposición de dos comisarios políticos de AENA con nombres y apellidos, según la reconstrucción pericial del cierre del espacio aéreo 3D2010. (Enlace: http://aviaciondigital.com/reconstruccion-pericial-del-cierre-del-espacio-aereo-el-3d2010). Escandalosa operación con la que se intentó masacrar al colectivo de los controladores. Una evidencia entre otras que apuntaron hacia una premeditación y alevosía oficiales bien organizadas. Amén de otros varios indicios en el mismo sentido que sería prolijo detallar.

Se creó una situación de gravedad extrema, no ya por el estado de alarma y el momentáneo colapso del tráfico aéreo -que también, y que aportó cientos de miles de damnificados-, sino por el flagrante atentado que se cometió contra la seguridad aérea. Hay trabajos específicos y actividades laborales que requieren unas condiciones psíquicas y físicas en perfecto estado, tanto fisiológico como emocional; equilibrio mental adecuado y exención de perturbaciones externas o colaterales que puedan afectar la excelencia imprescindible en el rendimiento y ejecución de su cometido.

El control aéreo exige dichos condicionantes en nombre de la seguridad aérea. Ante tan irrebatible realidad, ¿podemos imaginar, desde fuera, en qué situación de tensión extrema y máximo estrés patógeno se estuvo desarrollando la operación por aquellas fechas? Hay que recordar que, en tiempo de paz, el único responsable de la seguridad aérea en aviación civil es el ministro de Fomento. Por fortuna, no hubo ningún accidente; gracias sin duda al exceso de profesionalidad que dimana del componente vocacional de determinadas profesiones, que no se canaliza positivamente desde arriba, sino que se propende al abuso sistemático… mientras no se rompa el cable pelado…

Última pregunta: ¿será posible, algún día, obtener respuestas válidas y creíbles a tanto despropósito?... Solo se trata de algo tan sencillo como una gestión limpia, honrada y transparente que incluya como sello de identidad el respeto por la dignidad de todos los trabajadores en todos los colectivos profesionales que configuran esta joya de la corona que, no olvidemos, es todavía patrimonio estratégico de todos los españoles.

El mismo énfasis que pusieron entonces los medios al servicio de una fuente oficial, única, interesada y perversa, para demonizar y doblegar a un colectivo, deberían hoy compensar a la opinión pública contrastando la veracidad de aquello. Quedan demasiadas sombras por iluminar. Un atisbo de luz a las aquí planteadas sería esperanzador y gratificante como síntoma para validar la confianza suficiente del pueblo hacia un ente sospechoso, abstracto y misterioso. Gran negocio como máquina de hacer dinero; pero con la preocupante tendencia, a partir de su proceso de privatización, de que cada día sea más negocio para algunos y menos servicio público para todos.

No se sabe bien el porqué, pero casi todos los avances de la humanidad terminan siendo útiles de guerra. El hacha de sílex, la rueda, el fuego, aperos de labranza como la hoz o instrumentos de trabajo como el martillo… Todo termina siempre en armas ofensivas o defensivas como símbolos de que todo progreso también puede matar mucho.

No parece creíble que los hermanos Wright relacionasen la gloria del primer vuelo de un aparato más pesado que el aire con las bombas de Hirosima y Nagasaki de medio siglo después. Ni que la máquina de vapor de Watt supusiera un primer paso de la locomoción armada para sustituir los caballos de batalla por infernales máquinas sobre ruedas. O que los éxitos aeroespaciales sirvieran para perfeccionar sistemas de misiles a niveles de ficción.

Tampoco era previsible que la industria armamentística se constituyera en el motor de la economía global, con el tráfico con armas en connivencia con el de drogas y el de personas. Un trípode para sustentar el poder financiero del mundo y controlar el blanqueo de conciencias políticas.

La gran paradoja estriba en que la degeneración del progreso hacia el belicismo siempre redunda en beneficios posteriores para la vida civil; porque en plena guerra se perfecciona la técnica de los artilugios pensados para matar, y luego resulta que los logros tecnológicos desarrollados en campaña se convierten en negocio para vender seguridad, comodidad y bienestar… a buen precio…

Asistimos en la actualidad, sin percatarnos apenas, de que estamos iniciando una nueva era dentro del contexto aquí descrito, cuyo protagonista es el dron (RPAS); pues el desarrollo técnico y la versatilidad de sus funciones producen cierto vértigo. Hemos pasado en un par de años de un avioncito de juguete teledirigido -regalo estrella en Reyes para niños- a un obsequio sustitutivo de cesta de navidad, o presente cual ramo de flores entre parejas enamoradas, o en lugar del anillo de pedida, a un dron con piedrecitas engarzadas en las aspas.

Pero si saltamos al plano del emprendimiento empresarial, las opciones son infinitas. Desde los sistemas de vigilancia, privada u oficial, a la sustitución de los aviones tripulados de calibración para radioayudas y servidumbres para la fase de aproximación en aeropuertos -en proceso experimental (Canard)-, así como la filmación aérea de eventos y acontecimientos desde una perspectiva inalcanzable desde los medios convencionales. ¿Nos imaginamos un taxi-dron no tripulado para cuatro personas y equipaje? Pues está a punto de inaugurarse en Dubai.

Se presentan unas expectativas inquietantes. Sobre todo si nos centramos en los posibles ejercicios de investigación y en aplicaciones militares.

¿Pero qué sucede con la seguridad aérea? Para España, el Real Decreto 8/2014, de julio de 2014, establece el marco jurídico, como normativa temporal, donde se regula la operación de RPAS de hasta 150 kilogramos. Es responsabilidad de AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea) la formación y certificación de pilotos, inspección y habilitación de operadores. Para aeronaves no tripuladas de más de dicho peso, es la Agencia Europea (EASA) la que controla la seguridad operativa.

Parece una burocracia demasiado provisional, como corresponde a una intensa progresión técnica cuyo desarrollo se marca por meses. Es por lo que puede causar inquietud en los profesionales del medio aéreo. Por ejemplo: en aproximación a Tenerife Sur un comandante informa de la presencia de un dron en su senda. La respuesta de AENA es que se trata de un globo de helio de los usados en Meteo (que tampoco debía estar ahí). Pero lo grotesco del caso es que, al día siguiente, aparece en las redes (FB) la filmación del dron con la película del avión denunciante en vuelo.

Lo más delicado de comentar en este análisis es la alarmante noticia sobre la final de la Champions League de 2017 de que “la UEFA baraja desplegar el techo retráctil en la final del 3 de junio para proteger el Millenium Stadium de posibles ataques terroristas con drones y con bombas” (sic). Si esto es así, aparte de una imprudencia temeraria por “dar pistas”, parece increíble dejar indefensos y en un posible punto de mira a todos los sintecho.

De un lado, los separatistas radicales -dicen que son algo menos de la mitad-. De otro, el cincuenta y tantos por ciento restante de quienes se declaran también españoles. Pero estos no parecen demasiado firmes contra los que chalanean en su nombre, con amenazas de referéndums ilegales o el amago de una descabellada república catalana independiente.

Todo ello frente a un débil y timorato Gobierno central que no sabe gobernar sin mayoría absoluta. Que cuando la tuvo, no supo gestionarla por hallarse inmerso en sus casos de corrupción, y por usar la apisonadora donde no debía; ahora actúa con cobardía ante la inminencia de un gravísimo delito de sedición: pagar un rescate archimillonario con el dinero del resto de los españoles es ignominia y vergüenza para la dignidad de un pueblo que cede al chantaje barriobajero de unos pocos, en lugar de verse protegido por las medidas legales contempladas en nuestra Constitución.

Pareciera que el riesgo de la firmeza en las decisiones políticas pueda afectar a los intereses de partido en lo referido al cultivo o conservación de votos, en contra de los verdaderos derechos del pueblo soberano.

Es por lo que conviene plantearse esta especie de infección territorial como una dolencia crónica, cuyo tratamiento con antibióticos y paños calientes resulta carísimo y no presenta visos de curación. Antes bien, el tumor parece inmunizado ante la reiteración de ungüentos y efectos placebo que solo sirven para camuflar la llaga con apósitos de lujo, mientras la herida sigue abierta y supurando sin cesar.

La intervención quirúrgica de recortar el mapa, ponerle un fueraborda y a “tomar Fanta” tiene sus contraindicaciones morales y humanitarias, pues deben tenerse en cuenta los derechos e intereses de esa más de la mitad de catalanes que, sin dejar de serlo, también desean seguir siendo españoles. Pero hasta cierto punto y con matices.

Pues dentro de ese elevado porcentaje no independentista son muy pocos los que se enfrentan abiertamente al radicalismo patógeno de sus trileros políticos. Por el contrario, muchos de ellos se aprovechan del conflicto para medrar: “Mientras esos estúpidos nos sigan dando pasta a raudales, no me va mal eso de que nuestros navajeros los mantengan amenazados. Será por aquello de ‘la pela es la pela’…”.

Parecida filosofía indecente se dio también por ahí arriba, donde se mataba mucho para perseguir objetivos turbios y aberrantes; dentro de un supuesto estado de derecho en el que solo se aplican los conceptos de democracia y derechos humanos en beneficio de los asesinos, que no de sus víctimas.

Este nocivo y fracasado estado de las autonomías parece diseñado para despilfarrar la mayor parte del gasto público en suculentos estipendios y regalías escandalosas para una multitudinaria pléyade política, inmoral, abusona e incompatible con el pretendido bienestar de los ciudadanos normales. Que además -y mucho más grave- fomenta desigualdades socioeconómicas a favor de las dos autonomías privilegiadas, consentidas y malcriadas, que alegan falsedades históricas y mienten en nombre de su democracia artificiosa. Adoctrinados desde la cuna en el odio a España, vulneran la autoridad instituida mediante la presión beligerante del insulto sistemático y menosprecio a la Justicia. Consiguen amedrentar a la penosa jerarquía oficial en perjuicio de esta gran mayoría, vulnerable e indefensa.

La utopía de un Estado federal que respetase la especificidad cultural, el acervo histórico, recursos, costumbres y tradiciones de cada región, sería imposible aquí, porque la base del federalismo es la simetría del “todos iguales e igualmente solidarios”. Incompatible, por lo tanto, con veleidades separatistas en las que un par de territorios ensimismados en su egocentrismo discriminan al resto y esquilman a los más desfavorecidos, reivindicando unos derechos inventados para explotar recursos ajenos y, además, vendernos los suyos a buen precio.

Una situación de indefensión generalizada ante la pasividad e inoperancia oficial; el expolio organizado; un altísimo precio por ceder al reiterado chantaje; el grave atentado continuo contra la dignidad de un pueblo agraviado por el abuso mafioso de una “honorable” sociedad de familias putrefactas, donde las mordidas del 4% parecen ser religión… Todo ello nos induce a exigir un referéndum, pero de verdad. Convocado para todos los españoles, incluidos, por supuesto, los catalanes -los fundamentalistas y los otros-. La pregunta al pueblo deberá ser: “¿Desea seguir compartiendo patria con esta Cataluña a cualquier precio?”. Creo que, si echamos cuentas, el uso de razón y el sentido común nos decidirían a reconsiderar la unidad de España con el respeto debido a nuestra verdadera historia, a los símbolos, al himno y a la bandera…

Para solo informar, basta con transcribir el hecho real con la asepsia de una redacción o locución correctas que faciliten la interpretación del lector u oyente.

Pero la opinión como tal requiere otros condicionantes. El principal: conocimiento suficiente sobre el tema a tratar. No sirve hablar de oídas ni comentar, a favor o en contra, lo que otros han escrito o dicho antes, sin haber contrastado previamente los datos recibidos de segunda mano mediante el acceso a fuentes correctas y fiables que confirmen la validez del contenido.

El respeto a la opinión pública y su derecho a la veracidad exigen del periodista, del comunicador, tertuliano o columnista, la pulcritud moral de exponer la realidad, no desde el deseo de que las cosas sean como a mí me gustaría que fuesen, sino con la aplicación estricta del sentido común y la inteligencia debidamente orientada hacia la buena fe por el uso de razón.

Es imprescindible tener en cuenta que lo que se dice o se escribe llega a gran número de personas que leen o escuchan un criterio ajeno; el cual elaboran e interiorizan a favor o en contra. Es por lo que debe evitarse, desde la voz o la letra emitidas, contaminar el discurso que ha de cumplir los principios deontológicos de informar, formar y entretener.

Cuestión aparte merecen situaciones puntuales que afectan la teoría de lo hasta aquí expresado: la primera y más importante habla del derecho constitucional a la libertad de expresión e información, según consta en las palabras de oro del artículo 20 en nuestra Carta Magna, cuyo límite alcanza hasta un punto de colisión donde se puede invadir otro derecho fundamental: el honor de las personas. Es una redacción diáfana e incuestionable; sin embargo, en la realidad suele ser una sentencia judicial la que dilucida sobre esa difusa frontera.

El verdadero baldón que afecta a la libertad de expresión, paradigma del sacrosanto concepto de democracia, tiene una doble vertiente. De un lado, la legítima línea editorial de algunos medios, escasos pero reseñables, que impiden injerencias externas que no comulguen con su ideario y censuran unilateralmente cualquier intervención ajena por inconveniente. Y por otra parte, la necesidad empresarial de defender sus intereses económicos, so pretexto de proteger los puestos de trabajo, más o menos precarios, en determinados negocios editoriales sustentados con la publicidad institucional que cercena la obligación moral de la crítica negativa, cuando corresponde a organismos oficiales, personajes públicos o instituciones que pagan en cuñas y anuncios para acallar lo que no interesa difundir. En ambos casos, se contraviene la parte del aludido artículo 20 que habla del derecho del ciudadano normal a acceder a la verdad.

Capítulo aparte merecen las campañas electorales, donde candidatos de todos los colores obtienen carta blanca para, desde los medios y previo pago, mentir impunemente a los ciudadanos normales. Políticos que llevan décadas en la poltrona y encuentran el foro propicio para prometer, una vez más, que en la próxima legislatura harán lo que no han sido capaces de hacer en treinta años. Falsas promesas a las que añaden maledicencias o insultos para denigrar al contrario. Fotos en barrios y mercados, saludando a los futuros votantes, con niños en brazos y ofreciendo titulares huecos pero llamativos, que no hablan a favor del prestigio de una profesión informativa, formativa y amena para el público; vocacional por excelencia, cuya deontología se basa en principios éticos y valores morales ajustados a derecho.

Amén de las demoledoras campañas de desprestigio urdidas desde el poder contra determinados colectivos, mediante la utilización masiva de los medios, aplicando la perversa técnica propagandística de las “armas silenciosas para guerras tranquilas”.

Ejemplo concreto que avala esta apreciación: un televisor LG de 900 euros adquirido hace cinco años en El Corte Inglés, para acceder a Imagenio (Telefónica) y que ha funcionado satisfactoriamente durante este periodo de tiempo. Pero ante la intempestiva avería que impide la conexión habitual, se solicita la asistencia técnica de Telefónica, que confirma que el problema es del televisor, pues la placa de conexión con el decodificador de Imagenio está averiada. Recabado el servicio de la marca, se anuncia que es necesario sustituir la pieza defectuosa. Pasan los días sin información al respecto. Recabada con insistencia, ¡oh, sorpresa! (desagradable sorpresa): no se puede reponer porque ya no existe el repuesto, pues el fabricante solo tiene obligación legal de mantener todos los componentes disponibles hasta los cinco años.

Ante la solicitud de aclaración, se me dice que los repuestos dejan de fabricarse a partir de los cinco años. De acuerdo, pero ¿y los ya construidos? ¿No se almacenan en plan stock para solucionar un caso como el aquí comentado, por supuesto pagando la pieza? ¡Pues no señor! Al parecer se destruyen con el único objetivo aparente de mover el mercado. No parece un comportamiento demasiado ecológico, pero parece que en el mundillo de los electrodomésticos se lo tiene así montado, en nombre de los avances tecnológicos, para obligar al consumidor, una vez creada la necesidad más o menos perentoria de algún producto, a renovar el aparato íntegro y gastar su dinero a favor de los beneficios empresariales.

Por lógica, el escarmiento del cliente, indefenso ante el abuso organizado, le inducirá a no repetir la marca que lo ha defraudado. Cambiará a otra de la competencia que le ofrezca mayor fiabilidad. Pero da lo mismo, pues se trata de una trama generalizada en la que están implicados todos los productores, en connivencia con las autoridades políticas, que, a la postre, son las que autorizan y legalizan la especulación, en perjuicio de los intereses del consumidor.

De nada sirve valorar la calidad tecnológica japonesa sobre la emergente surcoreana, que, tal vez, se esfuerce en compensar su bisoñez con la agresiva oferta de precios cómodos y asequibles para los potenciales clientes. Pero no debe insultarse al uso de la razón ni abusar de la buena fe del ciudadano normal, pues, “si lo barato es barato por ser malo, deja de ser barato, porque pagar por un objeto inservible, aunque sea con calderilla, resulta carísimo como despilfarro inútil”. Por desgracia, la resignación colectiva y la sumisión ante la agresión administrativa facilitan la especulación y el abuso contra una población indefensa y vulnerable.

No estaría de más que, con la misma filosofía aplicada a los productos “perecederos”, también se programase la obsolescencia de los cargos públicos y responsables políticos. Aunque solo fuera también por razones de higiene ecológica. No tiene sentido esperar de una lavadora, frigorífico, lavavajillas o aparato de TV que perduren los mismos treinta o cuarenta años de aquellos que hicieron de la política su profesión ficticia, sin más alternativa laboral que la de luchar, de por vida, por una poltrona cada vez que peligre su continuidad por mor de un proceso electoral o discrepancias en su partido.

Ejemplos próximos los tenemos aquí al lado, y son los responsables, bien pagados, de proteger en teoría los intereses materiales de los ciudadanos y defender sus derechos fundamentales. Por contra, actúan como cómplices interesados de la manipulación económica que se ejerce impunemente contra los consumidores normales. Indefensos y víctimas de una especulación perniciosa como la aquí descrita. Un símbolo y paradigma indignante de las muy malas manos por las que estamos gobernados.

Sería imprudente posicionarme a favor o en contra de las reivindicaciones económicas de los estibadores. La falta de conocimiento suficiente de la situación real, apenas sustentada por titulares y comentarios de prensa, me induce la discreción.

No creo que el conflicto creado por el cumplimiento o no de la legislación europea -bajo amenaza de una multa millonaria- dé lugar a un traumático y vergonzoso “estado de alarma”, como sucedió hace seis años con los controladores aéreos, que, por cierto, al cabo del tiempo han sido exonerados judicialmente de toda responsabilidad por aquel brutal cierre del espacio aéreo. Culpa que, por lógica, debiera recaer sobre el verdadero artífice de aquella afrenta que, con premeditación y alevosía, se gestó contra los derechos e intereses de una población agraviada y engañada.

Sin eufemismos ni paños calientes: el máximo responsable de la seguridad aérea, en tiempo de paz, es el ministro de Fomento. Con aquel despropósito, interesado y perverso, el titular de entonces atentó además gravemente contra la seguridad de las personas, perturbando con ensañamiento un operativo donde el necesario y justo equilibrio psicosomático es incompatible con el maltrato laboral.

De vuelta con los estibadores, no creo en la voluntad negociadora que alegan las autoridades, pues la experiencia personal vivida, o sufrida, en mi época de profesional en activo, siempre era más de lo mismo. En todos los casos de conflicto laboral se desarrollaba la misma táctica por parte del poder instituido; bien de la empresa desde su prepotente directiva o del organismo político afectado y creador de una confrontación interesada. Lo primero, acceder a los medios para orquestar una campaña difamatoria contra los díscolos y abusivos reclamantes. Una vez controlada la información -ante la pasividad habitual de los sindicatos que solo han servido, en general, para servirse a sí mismos-, se procede a acorralar al personal e intentar debilitarlo para que afloje la intensidad de su protesta. Se termina por acorralarlo en el consabido callejón sin salida. Y para salir del asedio, el colectivo no tiene más remedio que recurrir a la traumática legitimidad de la huelga…, perniciosa para la moral profesional y la dignidad del trabajador. Porque, además, permite demonizar mediáticamente a los insumisos, no como víctimas acosadas e indefensas, sino como “auténticos maleantes que viven como dios y todavía quieren más…”

Procuro ser respetuoso con todas las opciones laborales. Sobre todo, las que disfrutan de un componente vocacional definitorio. Es lo mejor para poder exigir la misma correspondencia hacia mis sentimientos por un gratificante pasado de actividad profesional con predominio del espíritu sobre lo material. Aquello, tan difícil de explicar, de “lo haría gratis… pero si además me pagan…”. Hay privilegios que ciertamente nada tienen que ver con el dinero.

Por ejemplo: año 1970. Un joven teniente del Ejército del Aire, recién destinado al Ala de Caza 21 en Morón de la Frontera como piloto del Northrop F-5. Un día, en la cantina de la base, a la hora del bocadillo de media mañana, en amable tertulia con el conductor del camión cisterna que abastecía el oxígeno líquido para suministrar a los aviones supersónicos -el que sería utilizado en la estratosfera una vez acondicionado hacia su estado gaseoso para hacerlo respirable y presurizar el equipamiento anti-g-. El chófer, un cualificado profesional, nos contó que cobraba 40.000 pesetas mensuales. Nos aclaró a los aviadores: “… es que es un tipo de transporte de muy alto riesgo…”. En la misma conversación, uno de los pilotos, asturiano él, comentó: “Qué casualidad, 40.000 pesetas es también lo que gana mi tío como estibador en el puerto de El Musel…”. Debo comentar que nuestro sueldo entonces era de 12.000 pesetas.

Recuerdo aquella época con la satisfactoria sensación -que todavía perdura- de que jamás me cambiaría por nadie.

Me pareció una disertación de alto nivel por la preparación y calidad dialéctica del señor Ortuzar, que, al parecer, vino aquí a dar una clase magistral sobre soberanismo a los partidos canarios en cuyas siglas o ideario figura la N de nacionalista.

Acudí abierto de mente, interesado y propicio a la empatía, pues por razones geográficas, que no históricas, me siento afín y afecto -con la admiración y respeto que también requiero para mí- a ese norte con clima duro, pero de paisajes feraces y paisanaje amable, en general, por sus valores morales.

Me pareció interesante el discurso político del presidente del PNV, por su tenor moderado y aparentemente conciliador, sobre su proyecto independentista y el intento de promocionarlo por estas latitudes.

Consiguió su objetivo por la ovación final. Pero, como espectador neutro y por un exceso de atención a los matices, no pude participar del aplauso generalizado porque me quedé ensimismado en algún pasaje que para los demás pasó desapercibido. Porque distinto es ver las cosas como se desea que sean, en contra de la realidad objetiva que dicta el sentido común. Detalles insignificantes, pero con mucho peso específico para quien no tenga más interés que escuchar solamente lo que oye.

El primer toque llamativo lo recibí cuando el conferenciante aludió a Navarra como una prolongación de Euskadi. Lo percibí como una tergiversación de la historia y una falta de respeto hacia los navarros, que, igual que con el reino de Aragón, tanto catalanes como vascos, las dos actuales comunidades autónomas, extrañamente declaradas como “históricas”, en sus orígenes solo fueron condado y adlátere de dos reinos verdaderos y consolidados.

El siguiente motivo de reflexión me lo indujo una pregunta del público en el coloquio sobre la posible configuración de un Estado federal. Como canario me sentí ofendido en el sentido siguiente: el ponente alegó la inconveniencia de dicha fórmula política por razones de “simetría”, según definición de federalismo que implica lo de “todos iguales”. Que, claro, “en la España actual -adujo- no todos somos iguales. Pues hay catalanes, vascos, extremeños y andaluces”…

Como que no tenemos nada que ver unos con otros. Sobre todo por razones económicas... Venir a decirnos esto aquí, en Canarias, la comunidad más deprimida y a la cola de todas las estadísticas de pobreza, marginalidad, precariedad laboral, sanidad tercermundista, educación bajo mínimos…, me pareció un insulto desde la perspectiva prepotente de políticos vascos que saben explotar los recursos del Estado español, aprovechando al máximo las competencias transferidas al favor exclusivo de sus supuestos derechos e intereses. No como aquí…

Y, por último, el titular que más ha trascendido en la prensa local: “Que, como Canarias fue colonizada, tendría derecho a propiciar hoy un proceso de descolonización contra España”. Un punto que no deseo comentar.

No obstante, debo repasar cómo iberos y celtas fueron colonizados por romanos; que también anduvieron colonizando la península fenicios y cartagineses; que luego fueron los visigodos, que después los árabes, y si nos descuidamos, Napoleón nos tendría ahora cantando la marsellesa. Todas las fronteras de todos los países se han diseñado a partir de conquistas, invasiones, guerras, victorias y derrotas. Sacar de su contexto cronológico hechos históricos para aplicarlos tendenciosamente a la realidad actual parce una trampa para cazar a los más ingenuos o a los menos instruidos.

Otro presunto renuncio detectado en el brillante orador: en un alarde de interpretación histórica, adjudicó el éxito español de la guerra de la independencia al duque de Wellington, que -dijo- fue quien en verdad venció a los franceses en Vitoria. De verdad que lo siento por las gestas gloriosas de, por ejemplo: los sitios de Zaragoza y Gerona, de los generales Palafox y Álvarez de Castro, del alcalde de Móstoles, el general Castaños en Bailén y las cortes de Cádiz… La batalla de los Arapiles sí se la dejamos también al insigne noble irlandés… Parece que en las ikastolas la historia no sea una asignatura demasiado estricta.

Los sentimentalismos independentistas inspiran cierta ternura, pues se basan en emociones patrióticas que merecen mucho respeto. Sobre todo cuando se plantean como reivindicación pasional y necesitada del uso de razón e inteligencia, suficientes e imprescindibles, para poder expresar su viabilidad real.

Para poder generalizar razonadamente esta reflexión, nada mejor que poner un ejemplo real y verídico que sirva como muestra del aluvión de casos similares que, para mayor escarnio, tienen la imposibilidad casi absoluta de contar sus penalidades y compartirlas con una opinión pública demasiado contaminada por discursos políticos y mendaces datos electoralistas.

Póngasele nombre a un trabajador de 50 años que lleva seis desempleado, tras 20 ejerciendo una misma actividad en varias empresas. Cobró las prestaciones correspondientes y el subsidio por cargas familiares. Inscrito desde el principio en el Servicio Canario de Empleo (SCE) como solicitante de un puesto de trabajo, con la obligación de presentarse con su firma para renovar la solicitud cada tres meses. A lo largo de estos seis años de precariedad, solo ha sido requerido dos veces para comparecer ante una empresa de trabajo temporal -las dos veces, en el último mes-. En la primera cita fue convocado para ser incorporado a diferentes planes de empleo mediante la realización de cursos de formación. Pero tras ser entrevistado al respecto, se desestimó su participación por no dar un perfil específico (cocinero, veterinaria…).

En la segunda convocatoria, 15 días después, fue requerido solo para dejar constancia de sus datos personales. Tuvo que aportar su NIF, vida laboral y currículum vitae (CV). Presentada la documentación, en la entrevista se le manifiesta que su CV ya no es válido; no por el contenido, que seguía siendo correcto e inamovible durante los últimos años, sino por el formato y la configuración -como que se había pasado de moda-. Tras explicarle que con ese currículum no le contrataría ninguna empresa, ¡el entrevistador lo apuntó a un curso sobre cómo realizar un CV correcto!, para que las posibles empresas contratantes tuvieran una constancia más vistosa de su perfil…

Fue citado para iniciar el curso en fecha próxima; pues hay que renovar el modelo y actualizarlo cada dos años, en un aparente e innecesario paripé, como no sea para desviar la atención de la propia funcionalidad del SCE con un cursillo más que sospechoso para, con esta artimaña, derivar en exclusiva la responsabilidad de encontrar trabajo hacia el propio desempleado, sin la pretendida ayuda del organismo oficial, que así se quita el muerto de encima.

¿Cabe mayor despropósito? Este caso puntual y concreto es un símbolo, por correlación, de cómo funciona todo lo demás. No solo en la cuestión laboral, sino en todo lo que afecta a una administración ineficiente y pervertida por una burocracia intencionadamente espesa y enfermiza.

Aquí se manifiesta el desastre total en el que nos ha sumido una errónea y fracasada estructura sociopolítica, en formato de 17 autonomías, incompatible con el tan cacareado Estado del bienestar por el despilfarro sistemático que supone un gasto público brutal, dedicado a emolumentos, privilegios materiales y vergonzosas prebendas de los innumerables cargos públicos, a costa de maltratar al pueblo con infames recortes y ruinosas actitudes de abuso sistemático como el aquí expuesto.

La gran chapuza: el desempleo está gestionado por dos entidades. La estatal SEPE (antiguo Inem), responsable de las prestaciones y los subsidios, y la autonómica SCE, que gestiona las demandas de empleo y la colocación laboral (tan nefastamente, como se ha explicado) y que a su vez externaliza la gestión final a artificiosas entidades particulares. Es la evidencia de que la transferencia de competencias -no solo en esta área- es una aberración insostenible. A la vista de los resultados, sobran las empresas privadas de empleo temporal, y sería menos gravoso y más racional que todas las funciones y cometidos se aglutinaran en un solo organismo centralizado que evitase la dispersión de sinergias.

Difícil solución tiene esto, pues quienes tienen el poder y la capacidad para resolver tanto desafuero son precisamente quienes más interesados están en que todo siga igual.

Un síntoma incuestionable: con qué premura se implantó de un plumazo la perniciosa reforma laboral… Y cómo se da largas a la urgentísima reforma electoral para minorar el vampirismo organizado contra un pueblo indefenso.

En la definición positiva de ambos conceptos, podemos apreciar que la TOLERANCIA goza de un componente muy importante, cual es el RESPETO referido a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. TRANSIGIR, en la otra cuenta, implica una cierta renuncia porque se trata de CONSENTIR o ceder en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, con el fin de eliminar una diferencia.

Asistimos con frecuencia a auténticos rifirrafes públicos entre tertulianos; colaboradores, fijos o eventuales; presentadores, moderadores o conductores de algún programa televisivo, radiofónico o simplemente cualquier espacio deportivo, por ejemplo con periodistas y personajes del mundillo del fútbol, adeptos y partidarios unos del Barça y otros del Real Madrid, cuya triple función supuestamente profesional es informar, formar y entretener al público a partir de una sucesión de opiniones personales en esgrima de florete con las de los demás partícipes en la mesa redonda, oval o cuadrada.

En general, para el oyente o espectador, suele ser gratificante y positivo el resultado de un programa de tertulia diseñado con calidad suficiente, seleccionadas las personas adecuadas y conducido con entidad profesional por el presentador responsable.

Pero todo falla cuando aparecen actitudes individuales de intolerancia o intransigencia a la hora de rebatir opiniones ajenas sin argumento sólido, cuya carencia induce al improperio y, a veces, lamentablemente, al insulto o a la procacidad. Todo ello ambientado en un entorno alborotado donde todos hablan al mismo tiempo, levantando la voz para que el consumidor expectante cambie de canal porque al moderador se le ha ido de la mano, y no hay quien entienda nada de lo se estaba hablando.

Estos casos suelen darse cuando los temas a tratar son políticos o futbolísticos. Penoso en ambos casos, por cuanto implica de falta de respeto, en relación con la tolerancia u obcecación cerril si no se flexibiliza la réplica en nombre de la transigencia.

Las personas que tienen el privilegio de disponer de un micrófono al alcance de su voz deben ser conscientes del número de personas que acceden a su mensaje desde la radio de su coche, por los auriculares de paseante o en la TV de su casa. No parece baladí considerar la gran responsabilidad que se asume al poder influir en la opinión pública con lo que se dice y cómo se dice; pues no es necesario incidir en el respeto debido que merece el ciudadano que elige una frecuencia determinada en su dial, o en el mando a distancia de la TV. Es el mismo respeto que acompaña al significado de TOLERANCIA, y la amabilidad de ceder educadamente una pequeña parte de la razón, cuando así proceda, para eludir la nociva INTRANSIGENCIA.

“Solo puedo medir la lealtad de los demás por cómo yo lo hago cuando ellos necesitan la mía”. Reflexión válida para la tolerancia y, por ende, también para la transigencia.