Luis de Guindos anunció un 7 de junio de 2012 el nombramiento de Luis María Linde como gobernador del Banco de España. Tres días más tarde, el propio ministro de Economía anunciaba el rescate bancario de 100.000 millones para el sistema financiero español. Linde llegó con un sector en crisis y deja el próximo viernes el cargo tras seis años en el que deja un impacto muy desigual entre la banca, los usuarios y la oposición política al Gobierno de Rajoy.

Han sido seis intensos años en los que ha tenido que abordar, entre otras tareas, la segunda fase de rescates bancarios y fusiones de cajas, las investigaciones sobre Bankia, las reclamaciones en cláusulas suelo, la pérdida de poder supervisor en favor del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) o la resolución de Banco Popular, entre otros temas.

Las entidades financieras y la patronal AEB prefieren no valorar públicamente la función de Linde al frente del Banco de España. Sin embargo, fuentes del sector hacen una valoración positiva y hablan de un gobernador que ha cumplido “bien” su función ante unos años convulsos y “complicados”, como el proceso del Popular o la cesión de poder al MUS.

Sin embargo, también hay aspectos que no han convencido. El más importante ha sido el escaso peso de Linde a nivel europeo, en un proceso de evolución hacia una unión bancaria y donde el MUS y el BCE tienen cada vez mayor importancia para el sistema financiero. Destacan que ha precisado del apoyo y la presencia de su sucesor, Pablo Hernández de Cos.

De su mandato tampoco han gustado algunas de sus declaraciones. En el sector se señala que no se han comprendido afirmaciones como la realizada hace unas semanas en las que se apuntó que quizá se tuvo que rescatar el Banco Popular en 2012. Se destaca de él el carácter improvisado de algunas de estas declaraciones sin medir sus impactos posteriores.

Y es que la etapa de Linde se ha caracterizado por aseveraciones que han sido criticadas también por los partidos de la oposición a Mariano Rajoy, que han llegado a acusarle de ser “comisario político del Gobierno”. En su haber durante estos seis años quedan declaraciones en favor de las pensiones privadas, del papel de la vivienda en propiedad como mejora de las rentas de la jubilación, llamamientos a la moderación salarial, a flexibilizar contratos indefinidos o celebrar que “la reforma laboral ha tenido efectos” positivos, como llegó a asegurar en 2014.

Este tipo de declaraciones se han mantenido hasta los últimos días de su mandato. Esta semana ha llegado a asegurar que una subida del salario mínimo interprofesional “no es bueno para el empleo” y que “existe la posibilidad” de que esas medidas aumenten la desigualdad. En aquella misma intervención que la corrupción no tiene un impacto “apreciable” en la evolución económica pero que “es posible” que la inestabilidad política si que lo tenga, en referencia al anuncio de la presentación de una moción de censura por parte del socialista Pedro Sánchez.

Críticas de los usuarios

Tampoco deja buena huella entre los usuarios. Manuel Pardos, presidente de Adicae, señala que Linde ha llevado al Banco de España a comportarse como “patronal de la banca” en casos como los procedimientos para la devolución de las cláusulas suelo. “Quiso salvar a la banca de tener costes elevados en este problema. Ha sido cómplice”, señala el responsable de la organización de clientes bancarios.

Además Pardos, critica el papel jugado durante el proceso de resolución de Banco Popular. “Tenían los datos y conocían la situación pero se lavaron las manos”, añade. En su comparecencia ante el Congreso, Linde defendió la actuación del Banco de España en la crisis del banco, hoy propiedad de Santander, y señaló a la responsabilidad de la supervisión a nivel europeo.

Pardos lamenta que Linde “no ha respondido a nuestras comunicaciones” durante sus años de mandato y apunta que han recibido mejor trato por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “El Banco de España ha intentado quitarse de encima el marrón de las reclamaciones”, añade en referencia a la labor que tiene el organismo de atender las quejas de los usuarios de banca.

Linde también se va sin solucionar sus disputas internas con los inspectores del Banco de España. Fuentes del sector lamentan que estos enfrentamientos, sobre las labores de supervisión, hayan terminado perjudicando a las entidades. Pero más allá de estas lecturas, las diferencias se han visto patentes en el Congreso, donde los inspectores han rebatido la posición oficial del Banco de España.

Una de las más conocidas fue en noviembre del año pasado, cuando José Antonio Delgado, secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, acudió a la comisión de investigación sobre la crisis financiera. En su participación, habló de las “deficiencias” en la supervisión del organismo “aunque esta evidencia sea negada sistemáticamente por los actuales resposables”. Además, aseguró que existe una “captura” del supervisor por parte de las entidades, lo que ha provocado que se apartara a ciertos inspectores.

Este enfrentamiento se produce principalmente por los cambios en el modelo de selección de los inspectores. La citada asociación ha sido crítica con los nuevos procesos, señalando que las exigencias son mucho menores. Linde ha defendido que se trata de un mecanismo “cuidado y respetuoso” y que la disputa con los inspectores es “muy dolorosa y se arrastra desde hace años”.

El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha echado un jarro de agua fría ante las perspectivas de crecimiento económico en el Informe Anual del Banco de España correspondiente a 2017. El responsable del regulador advierte de que hay “cierto grado de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones externas” y recuerda que “la expansión se ha visto sustentada por algunos elementos cuyos efectos tenderán a agotarse gradualmente, lo que incluye las políticas monetaria y fiscal”, ante el posible final de los estímulos monetarios del BCE y la supuesta subida de tipos.

A pesar de los sacrificios que ha tenido que realizar la población española durante los años más duros de la crisis y que el mismo señala que “en 2017 se prolongó, por cuarto año consecutivo, la recuperación de la economía española” con un crecimiento del 3,1% del PIB, Linde alerta de que aunque “los avances son indudables, el esfuerzo que la sociedad española debe realizar para consolidar y mejorar lo alcanzado es también significativo”.

La deuda pública es la principal rémora a la que apunta Linde, “lo que hace que la economía española continúe presentando un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones, especialmente en un contexto en el que cabe esperar que las políticas de demanda proporcionen un estímulo cada vez menor al crecimiento”.

“Entre las fuentes de fragilidad de nuestra economía, continúan siendo importantes: la posición deudora neta frente al exterior, que sigue siendo elevada; la ratio de deuda pública se encuentra próxima a su mayor cota histórica”, explica el gobernador.

También coloca entre “los desafíos” como un elemento “preminente” la corrección del “desequilibrio de las cuentas públicas, tarea urgente, dadas las consecuencias negativas que comporta el mantenimiento de un nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas tan elevado como el actual”.

Aunque no especifica medidas, el responsable del Banco de España asegura que “existe margen para aumentar la eficiencia del gasto público y reorientar su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la productividad”, mientras que pide al Gobierno hacer “una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento de medio plazo”.

Otra de las peticiones de Linde al Ejecutivo es la reforma de la financiación autonómica -ya que estas administraciones son “responsables de más del 40% del gasto público”- con el objetivo de “adecuar los ingresos a las necesidades de gasto, de garantizar su reparto de manera transparente y de incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal”.

Loa a la política económica de Rajoy

Linde no tiene reparos en alabar la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy: “El balance provisional de la recuperación encierra elementos positivos, cuyas raíces pueden situarse en las políticas económicas puestas en marcha desde la recesión”.

De hecho, el gobernador hace una loa a las medidas más polémica del Ejecutivo como son el rescate bancario y la reforma laboral. “Son destacables el papel desempeñado por las reformas del mercado de trabajo (que han contribuido a restablecer la competitividad perdida durante la fase expansiva anterior) y la recapitalización y saneamiento de las entidades de crédito”, añade.

Las alabanzas a la reforma laboral no impiden que Linde también señale como “reto especialmente acuciante” a la necesaria disminución del desempleo. El gobernador le compra el discurso al Gobierno y sitúa al empleo como la mejor herramienta para acabar con la desigualdad. “Reducir el desempleo (en particular, el de larga duración) es una de las principales palancas para favorecer un crecimiento socialmente sostenible, que promueva una distribución de los beneficios de la recuperación económica entre el mayor número posible de segmentos de la población”, apunta.

Trabajo para mayores e inmigrantes

En cuanto al sistema de pensiones, Linde apunta al reto demográfico y llama la atención a que las jubilaciones parten “una situación inicial deficitaria y se verá presionado por el efecto del envejecimiento de la población”. Por este motivo, apunta a diseñar una estrategia con “un mecanismo de ajuste automático que garantice su sostenibilidad” y reforzar “la relación entre las contribuciones y las prestaciones”, es decir, rechaza que las pensiones suban según el IPC como ha establecido el Gobierno en el proyecto de Presupuestos de 2018.

En este sentido, el gobernador también señala que como “el envejecimiento poblacional afecta negativamente a las tasas de actividad y de ocupación” son “necesarias medidas que favorezcan la participación en el mercado laboral de los grupos poblacionales de mayor edad”, es decir, apunta a más retrasos en la edad de jubilación.

También para paliar la despoblación, el gobernador del Banco de España subraya la necesidad de “políticas que favorezcan la conciliación entre la vida laboral y la familiar y, por tanto, que fomenten la natalidad”, y hace un llamamiento a cambiar “la política migratoria” de manera que vaya “acompasada a las necesidades del mercado laboral”.

Productividad y costes laborales

Aunque en el informe se apunta “ un cierto repunte del ritmo de aumento de la productividad total de los factores”, no obstante, el crecimiento “sigue siendo reducido”, lo que exige, según Linde, “aumentar la inversión en capital, tanto humano como tecnológico. El gobernador también recalca que ”desde el inicio de la crisis se ha observado un aumento de la distancia que separa a España del resto de economías europeas en términos del gasto en I + D, especialmente en el sector privado“.

Linde admite que han sido los trabajadores mediante la reducción de los costes salariales los que han pagado el incremento de productividad en los últimos años “mientras que los excedentes unitarios han permanecido prácticamente estables, por lo que sugiere ”la necesidad de introducir mejoras en la competencia en diferentes mercados de bienes y servicios“ aunque también apunta a ”barreras regulatorias“ como fuente de ”tasas reducidas de crecimiento de la productividad total“ por lo que propone ”la puesta en vigor y aplicación de la Ley de Unidad de Mercado“.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha defendido este martes que el organismo que dirige aportó a Banco Popular “toda la liquidez posible” dentro de la legalidad y con las garantías que fue capaz de aportar la entidad. El directivo ha argumentado que esta decisión estaba avalada por el Banco Central Europeo.

Linde ha subrayado que el supervisor europeo no le permite aportar las cifras sobre la inyección de liquidez en  Popular en junio del año pasado, pese a que el “no tiene problema con darlo”. En cualquier caso, ha aclarado que dicha aportación de urgencia, que se atendió media hora después de la petición de la entidad, se hizo bajo la supervisión del BCE. Además, Linde ha defendido que la entidad que dirige tenía capacidad para aportar una mayor liquidez al banco, pero que este no pudo aportar las garantías necesarias para poder recibirla.

Tras ese momento, Linde señala que el Banco de España no tenía ningún papel en el proceso de resolución de la entidad y que únicamente aportaron su opinión favorable a que el Banco Santander pudiera hacerse cargo de Popular. “Consideramos que era suficientemente fuerte para hacerse cargo del problema”, ha apuntado el directivo, que ha acudido a la comisión por segunda vez.

Linde ha argumentado que la supervisión sobre la evolución del Popular comenzó de forma concreta en el año 2012, ante la necesidad de capital del grupo tras los test de estrés realizados por Oliver Wyman. Ha defendido que pese a las salvedades se entendió que podía acometer sus problemas mediante la vía privada, aunque sin perder “el perfil de riesgo estable”. 

El directivo ha reconocido que “quizá fue mala” la decisión de no incluir en 2012 al Banco Popular dentro del proceso de rescate bancario, “en vista a los sucesos de los años posteriores”. Sin embargo, ha aclarado que entonces se optó, por no engrosar dichas ayudas públicas, que el banco se saneara por vías privadas. “Puede ser que no lo hizo de manera suficiente”.

El directivo ha subrayado que después de que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) instase a la entidad a realizar una ampliación de capital, el banco la acometió. En el folleto, ha asegurado, se incluyeron las advertencias ante las posibles necesidades de provisiones y la previsión de pérdidas. “La entidad lo advirtió, pero se quedó corto en las previsiones”, ha remarcado. Tras ese proceso, ha apuntado que a comienzos de 2017 se encontraba en situación de solvencia, con los ratios por encima de las exigencias, pero que se apreció que la situación de liquidez fue empeorando a lo largo de los primeros meses del año.

Linde ha defendido en su comparecencia que cualquier alternativa a la resolución y venta del Banco Popular habría provocado la liquidación de la entidad, provocando una pérdida en acreedores y depositantes. “Sería dudoso que el fondo de garantía hubiera podido hacer frente a esas obligaciones”, ha argumentado.

Más allá de la resolución de Popular, Linde ha evitado adentrarse en el proceso sobre la salida a Bolsa de Bankia. El dirigente ha asegurado que es un tema que está “sub iudice” y que eso limita sus declaraciones. Sin embargo, ha remarcado que “ya no sé qué más contar y añadir sobre este proceso” y que “no sería útil” reincidir en lo que ya se ha informado.

En plena movilización social de los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones tras la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha salido en defensa de la reforma de la jubilación que realizó el Ejecutivo en 2013 con la justificación del “peso tan grande del ahorro materializado en casas en propiedad es un argumento que hay que tener en cuenta y que no se suele mencionar en el análisis de las pensiones”.

El gobernador, que pronunció una conferencia seguida de un coloquio con empresarios y directivos, organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por CaixaBank, incidió en que cuando se compara el nivel de las pensiones en España en comparación con otros países se suele olvidar que el porcentaje de jubilados con casa propia es el más alto de la Unión Europea, veinte puntos por encima de Alemania, según informa EFE.

“Esto tiene un efecto sobre la pensión real de jubilación muy importante”, ha insistido, porque “no es igual pagar un alquiler de 500 euros al mes que pagar un gasto de comunidad de 100 euros”. Según Linde la “renta en especie” que supone la propiedad de su vivienda para un alto porcentaje de jubilados, que no llegó a precisar, significa que el ahorro en los últimos treinta o cuarenta años no se ha destinado tanto a planes de pensiones o fondos de inversión como a hipotecas, una tendencia que, según Linde, se mantendrá en el futuro.

Linde ha defendido la reforma de las pensiones de Rajoy tras señalar que en los últimos años se han tomado medidas para que “sea más sostenible”, pero ha añadido que hay margen para dar más pasos y consideró razonable separar las pensiones contributivas de las no contributivas y que estas se financien con impuestos.

El Gobernador del Banco de España ha respaldado la receta que ha propuesto Mariano Rajoy para mejorar las pensiones a corto plazo: “no hay mejor política frente al efecto del envejecimiento poblacional en el sistema de pensiones que el estímulo del empleo y la mejora de la productividad de todo el sistema”.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha señalado este jueves en Santa Cruz de Tenerife que el sector de la construcción se está recuperando y también la inversión en vivienda, si bien ve “muy lejos” que pueda volver la burbuja inmobiliaria.

En un desayuno informativo organizado por la Asociación Española de Directivos (ADE) y Caixabank, ha comentado que “no hay ningún riesgo” de que se repita el boom inmobiliario de la época anterior a la crisis. Resaltó que la inversión en vivienda “seguirá creciendo”, lo mismo que la empresarial, gracias a las buenas condiciones financieras.

Linde valoró el saldo exterior positivo de España y la reducción del endeudamiento privado, algo “clave” para recuperar la confianza de los inversores. También incidió en la mejora de la competitividad de la economía española gracias a la corrección de los costes laborales y financieros.

El sistema de pensiones y su sostenibilidad

En la misma intervención, el gobernador del Banco de España sostuvo que hay que ser “radical” al afrontar el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones y remarcó el valor de la vivienda en propiedad como “renta en especie”.

Linde aseguró que la media de jubilados titulares de una casa en España está veinte puntos por encima que en Alemania, lo que significa que los españoles “han ahorrado comprando casas y eso tiene un efecto real muy importante: no pagar el alquiler”.

Según afirmó Linde, “la renta en especie es parte importante de la pensión y no se suele mencionar, pero es una realidad”, ya que “no es lo mismo” pagar un alquiler de 600 o 700 euros al mes que una comunidad de 100 euros.

No ha ocultado que el panorama es “muy complicado”, porque, aunque ha habido reformas que han contribuido a garantizar el sistema de pensiones, “es la primera obligación de todos hacerlo sostenible”.

En esa línea, ha comentado que “hay margen” para hacer algunas reformas que son válidas, por ejemplo que las pensiones no contributivas vayan al capítulo de impuestos, algo que es “razonable”, pero, a largo plazo, hay que incrementar la creación de empleo y afrontar el reto del envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida.

En su opinión, a corto plazo “la clave” pasa por subir los índices en la creación de empleo y mejorar la productividad de las empresas.

El PP no quiere que se conozca públicamente lo que el gobernador del Banco de España tiene que decir sobre la financiación irregular de los partidos políticos. Los conservadores han decidido que Luis María Linde comparezca a puerta cerrada en la comisión de investigación que han creado con su mayoría absoluta en el Senado y en la que la oposición ha rechazado participar por considerarla una “farsa”. 

Linde será el único compareciente, al menos por ahora, que lo hará a puerta cerrada, pese a que no lo ha solicitado él. Ha sido la presidenta de la comisión, la senadora del PP María Rosa Vindel, la que lo ha pedido escudándose en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. 

Esa norma establece en su artículo 82.4 que “las autoridades judiciales que reciban del Banco de España información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate”. Se refiere específicamente a los miembros de las comisiones de investigación para que guarden la reserva: “Vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva”.

La presidenta de la comisión ha justificado su decisión en ese supuesto carácter reservado de la información que Linde puede aportar sobre las condonaciones de deuda a partidos políticos sobre las que el PP le va a interrogar. Aunque no ha querido especificar si los responsables de entidades financieras  citados con ese mismo propósito intervendrán a puerta cerrada, Vindel ha asegurado en conversación informal con los periodistas que “hay que distinguir entre entidades privadas y el Banco de España”. 

El PP ha citado a los responsables de La Caixa, Banco Santander y BBK por las condonaciones de deuda al PSOE. 

La alianza que se fraguó en el aparato financiero del Estado para desacreditar el trabajo de los peritos en el caso Bankia ha fracasado en su intento de que la causa no llegue a juicio. El juez Fernando Andreu investiga ahora el origen y la intención del informe del Banco de España en el que se apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y el FROB para rebatir otro, el realizado por los peritos, que señala a Rodrigo Rato y su equipo como responsables del maquillaje de las cuentas de la entidad con el objetivo de que pudiera salir a bolsa.

El juez Andreu dictó una providencia el pasado viernes en la que reclama una serie de documentos al Banco de España y al FROB, instrumento financiero del Estado y en este caso, principal accionista de Bankia. Al FROB le exige copia certificada del escrito que remitió al Banco de España solicitando el informe objeto de la investigación. También quiere que el Fondo de Reestructuración Bancaria le entregue el acuerdo por el que decidió solicitar ese informe. Y todo ello, “a la mayor brevedad”.

Con la misma urgencia, Andreu reclama al Banco de España lo mismo que al FROB, copia certificada de la carta que le remitió el 25 de febrero de 2015 con una consulta sobre la Circular 4/2004 del supervisor. Esta circular es la que avalaría supuestamente la conducta de Rato y su equipo porque, dependiendo de su interpretación, daría por buenas o malas las cuentas en las que se apoyó Bankia para salir a bolsa.

En el caso del Banco de España, Andreu exige también “todos los documentos técnicos elaborados para contestar a dicha consulta, tanto de la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, como de la Dirección General de Supervisión”. En este punto de la providencia de Andreu aparece subrayada la palabra “todos”.

La incorporación de la citada respuesta del Banco de España a la causa se produjo a petición de la defensa de Rodrigo Rato y el juez accedió con vistas “a preparar el juicio oral”. Después de un primer requerimiento, cruce de llamadas entre el Juzgado y el Banco de España y un segundo oficio requiriendo el informe, el supervisor remitió el 10 de noviembre al magistrado el escrito de solo 4 páginas que había entregado al FROB el 3 de marzo de 2015, después de que éste le hubiera solicitado su “criterio técnico sobre determinadas cuestiones reguladas en la Circular 4/2004 de 22 de diciembre”.

El informe es un documento genérico, de gran complejidad técnica, en el que ni siquiera se menciona el caso de Bankia, y que algunos medios de comunicación interpretaron como el aval del Banco de España a la actuación de Rato. De aplicarse a Bankia la explicación técnica que contiene, el escrito podría servir para dar por bueno que la entidad tenía 2.000 millones de euros en provisiones, suficiente para salir a bolsa, siempre según las mismas interpretaciones.

Sin embargo, en su providencia del 20 de noviembre, el juez explica que toma la iniciativa de exigir informes sobre cómo y por qué se gestó el informe precisamente “a la vista de su contenido”. Una fuente de la investigación ha confirmado a eldiario.es que el informe del Banco de España no servirá para abortar la instrucción y que al juez solo le resta aclarar el papel del FROB y el supervisor para enviar el caso a juicio. En el caso están imputados Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas, Francisco Verdú, la propia Bankia y su matriz, BFA.

De este modo, será durante la vista oral cuando el tribunal determine qué documento acierta en sus conclusiones: si el de los peritos que trabajaron 17 meses a las órdenes del juez o el de 4 páginas que el Banco de España elaboró a petición del FROB y que fue incorporado a la causa ocho meses después de su elaboración y 26 días después de que así lo exigiera el juez.

La misma fuente explica que la intención del juez es conocer si el FROB y el Banco de España, dos pilares del aparato financiero del Estado, se conjuraron para entregar un informe “ad hoc” o “prefabricado”.

FROB: la acusación que exculpa

Como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno creó por decreto ley en 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En el caso Bankia, el FROB está personado como acusación, en su faceta de perjudicado por la quiebra de la entidad. En febrero de 2015, la causa cumplió dos años y medio de instrucción sin que el FROB hubiera solicitado una sola diligencia. Pero entonces, un letrado particular –y no un abogado del Estado- presentó en su nombre un informe de 77 páginas en el que habían colaborado, sin que el juez lo pidiera, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ese documento del FROB, elaborado con la consulta previa realizada al Banco de España, es un contrainforme en toda regla al que habían elaborado los peritos judiciales, dos funcionarios del Banco de España que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez. Las conclusiones de los peritos judiciales abocan al banquillo a Rodrigo Rato y sus máximos colaboradores al frente de Bankia. En el citado contrainforme, sin embargo, el FROB dice que esos dos funcionarios que señalan a Rato han utilizado “una metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades”, cuando no directamente “errores”. Con el informe, el Banco de España contradice a sus empleados y crea un cisma en la institución.

Pero el informe del FROB servía para destapar una alianza que había lanzado su primera andanada una semana antes, con la Fiscalía como protagonista. Alejandro Luzón, entonces fiscal Anticorrupción y hoy ascendido a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, había presentado días antes un recurso a la fianza impuesta impuesta por Andreu a Rato y los demás imputados tras escuchar la ratificación de los peritos a su informe en sede judicial.

En el recurso del fiscal aparecían frases textuales del informe del FROB, a pesar de que éste no había sido presentado aún en el Juzgado. En su escrito, Luzón se apuntaba además la tesis expuesta por el presidente del BBVA en su declaración como testigo ante el juez del caso Bankia y que según la cual, la contabilidad de los bancos “es un chicle”.

¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué órganos dependientes del Gobierno como el FROB, el Banco de España y la Fiscalía, con organización jerárquica ésta última y a cuyo máximo responsable nombra el Ejecutivo, se empeñaban en tumbar el caso Bankia?

Las acusaciones explican que una sentencia condenatoria a Rato y el resto abocaría a Bankia a desembolsar los 3.092 millones de euros que captó de mayoristas y minoristas para la salida a bolsa, devolviendo a la entidad a una situación muy delicada y eliminando las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión. El subgobernador del Banco de España y presidente de la comisión rectora del FROB son la misma persona: Fernando Restoy, el mismo hombre que era el segundo de a bordo en la CNMV cuando Bankia saltó a bolsa.

Pero hay más: el juez Andreu ha optado hasta ahora por ser cauteloso ante las peticiones de las acusaciones de que impute al Banco de España por su papel en la quiebra de Bankia, toda vez que se trata del máximo órgano supervisor. Con el informe que ahora investiga el juez, el supervisor no solo exculpa a Rato, sino a sí mismo, que no detectó ni denunció lo que estaría ocurriendo en el seno de la entidad. El equipo de Rato presentó un beneficio de 309 millones de euros. Para el equipo que le sucedió al frente de Bankia, en realidad se trataba de pérdidas por valor de 2.979 millones.

La acusación popular, ejercida por UPyD, había pedido la imputación del Banco de España por no haber ejercido sus funciones y haber sido supuestamente cómplice en el desastre de Bankia. Tras el informe del FROB, UPyD y el resto de acusaciones solicitaron conjuntamente que el organismo público fuera expulsado del caso. El partido de Andrés Herzog acusa al Fondo de Reestructuración de imitar el papel del PP en el caso Bárcenas, donde estaba personado como acusación pero terminó expulsado por el juez Pablo Ruz, acusado de haber hecho las veces de abogado defensor del principal imputado.

El juez optó por rechazar dicha medida a la que se opusieron la Fiscalía y la defensa de Rodrigo Rato. Para el exvicepresidente del Gobierno, los seis delitos que se le imputan en la pieza principal del caso Bankia se unen a otros dos por auspiciar, fomentar y utilizar las tarjetas black, así como las tres tipologías que se le atribuyen indiciariamente por sus negocios particulares, en este caso en un juzgado de Madrid.

En otra providencia, también fechada el pasado viernes, el juez da traslado a los dos peritos del caso del informe encargado por Rodrigo Rato a tres catedráticos que, a sueldo del exvicepresidente del Gobierno, avalan las cuentas de Bankia y su salida a bolsa. El juez lo hace por si los peritos judiciales consideran que procede “ampliación, modificación, aclaración o corrección” del informe que emitieron en su día y que muestra a Rato el camino del banquillo.

Las 15 entidades españolas que se han sometido al examen de solvencia del Banco Central Europeo (BCE) cuyos resultados se han publicado hoy superarían el escenario más adverso de los tests de estrés con un superávit de capital mínimo de 55.781 millones de euros, equivalente al 5,5% del producto interior bruto (PIB) de España.

Pese a que esas pruebas han revelado que las entidades tienen un margen “holgado”, en palabras del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, su suficiencia de capital “no es el único motivo” que influye en la concesión de créditos, ha dicho el máximo responsable del organismo supervisor, que ha recalcado que la banca española es la que menor ajuste ha necesitado en sus balances, por debajo de un 0,2% de sus activos ponderados por riesgo, por lo que puede afirmarse que es la que “mejor nota ha sacado” de toda Europa.

En rueda de prensa para presentar los resultados de las pruebas de estrés, Linde ha confiado en que, tras la publicación de las pruebas, la banca española esté “en mejor posición” que antes para conceder “más crédito”, si bien ha matizado que dependerá de otras condiciones como la evolución macroeconómica: “A día de hoy el capital no es la razón que restringe el crédito”; “hay otros factores”, como la situación económica, el comercio exterior y la política fiscal.

El subgobernador, Fernando Restoy, ha subrayado que, en un entorno de bajos tipos de interés, “la única forma de ampliar resultados es ampliar el negocio” y ha incidido en que “no es correcto hacer esa relación de causalidad” entre mayor solvencia y más crédito. “A futuro, los primeros interesados en incrementar el activo son las propias entidades”, ha dicho Restoy, para quien “la presión sobre sus resultados podría incrementarse si no reciben demanda de crédito solvente”.

Linde ha asegurado que los resultados de las pruebas de estrés demuestran que la reforma del sistema financiero en España “ha dado sus frutos”, con unas entidades que “afrontan su futuro con balances saneados y una sólida posición de solvencia”, aunque ha advertido de que el hecho de que las entidades españolas “hayan obtenido un resultado holgado no quiere decir que esté todo resuelto para el futuro”.

Las pruebas, en las que han participado 800 expertos españoles (a escala europea han sido unos 6.000), han analizado las tripas de 15 entidades que representan el 90% del sistema bancario nacional y cuyo coste, sólo en España, Linde ha cifrado en 32 millones que se repercutirán “íntegramente” a las entidades analizadas.

De esos más de 55.000 millones de colchón de capital para la banca española, incluso en el peor de los escenarios, la mayor parte en términos absolutos correspondería a Banco Santander, con 19.442 millones, seguido de BBVA (13.223 millones), Caixabank (6.571 millones), BFA-Bankia (4.763 millones), Kutxabank (2.279 millones), Sabadell (2.265 millones), Popular (1.756 millones), Bankinter (1.299 millones) y Unicaja (1.140 millones).

Por su parte, NGC Banco (Abanca) tendría un superávit de 814 millones; Ibercaja, de 640 millones; Cajamar, de 592 millones; Catalunya Bank, de 444 millones y Liberbank, de 22 millones de euros.

No ha sido la primera, ni será tampoco la última. La apuesta de Luis María Linde por permitir sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional para algunos trabajadores ha supuesto una vuelta de tuerca más en la particular escalada de recomendaciones iniciada por su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en materia de empleo.

Los consejos sobre mercado laboral y pensiones se han incorporado en los últimos años a la batería de recomendaciones del Banco de España, como si de un miembro más de la troika se tratara, a pesar de ser materias aparentemente lejanas a las competencias del supervisor bancario. Si muchas de las propuestas de Fernández Ordóñez resultaron polémicas en su momento, la última sugerencia de Luis María Linde ha rebasado una línea roja hasta ahora infranqueable: el suelo de los salarios o, lo que es lo mismo, qué marca o no una remuneración “digna”.

Sindicatos y miembros de los distintos gobiernos calificaron en su momento de intromisiones las propuestas de Fernández Ordóñez aunque buena parte de ellas fueran finalmente adoptadas. En sus críticas no han faltado alusiones al hecho de que, mientras el supervisor bancario realizaba sugerencias en materia laboral o de pensiones, no aplicaba el mismo celo a la hora de evaluar la situación de un sistema financiero tambaleante.

Moderación salarial y abaratamiento del despido

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (conocido como MAFO), que tomó posesión del cargo de gobernador en julio de 2006, no tardó en marcar cierta distancia con el Gobierno del que había formado parte como secretario de Estado de Hacienda. En octubre de ese mismo año, MAFO sugería ya al Ejecutivo socialista que aplicara “reformas laborales más ambiciosas”, aunque, eso sí, “con paz social”.

Las llamadas a la paz social irían poco a poco diluyéndose hasta adoptar una postura de enfrentamiento abierto con los sindicatos e incluso con miembros del Gobierno socialista. El salto cualitativo llega en febrero de 2009. Con el paro acercándose al 16%, el gobernador del Banco de España, que había pedido ya desligar los incrementos salariales del IPC, apuesta abiertamente por abaratar el despido. En un acto en Zaragoza, MAFO califica la protección al trabajador (entonces 45 días por año) de “ineficiente”, “desincentivadora de nuevas contrataciones” y contraria a “la creación de empleo y el crecimiento de empresas más competitivas”. Frente a ello, reclama una reforma “profunda urgente e imprescindible” del mercado laboral.

“No debemos ir por ese camino”, advierte el presidente del Gobierno un día después al tachar de “neoconservadoras” las propuestas que “pretenden adelgazar el Estado del Bienestar”. El ministro de Trabajo de la época, Celestino Corbacho, recuerda a MAFO que el problema más grave de la economía española no está en el mercado laboral, sino en la falta de liquidez. “El gobernador del Banco de España no debe estar ausente en ese análisis”, señala. Los sindicatos cuestionan que Fernández Ordóñez se preocupe por el mercado laboral mientras la banca mantiene cortado el grifo del crédito.

Retrasar la edad de jubilación

Dos meses después, en una comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, el organismo parlamentario encargado de consensuar las reformas de las pensiones, MAFO genera un terremoto aún mayor. “Hay que tocar muchas teclas y rápido para evitar una situación traumática en las pensiones”, asegura. En medio de un discurso catastrofista sobre las cuentas de la Seguridad Social y tras reconocer que la cuestión no era de su competencia, el gobernador apuesta por retrasar la edad de jubilación, restringir las prejubilaciones e incrementar las bases de cotización.

Celestino Corbacho encaja peor el segundo golpe en dos meses y carga contra MAFO con una advertencia clara: “Que sea la última vez”. Zapatero, por su parte, tacha de “superficiales” las opiniones del gobernador del Banco de España en una reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE en la que eleva el tono de las críticas.

Las llamadas a reformar las pensiones y a aplicar cambios en el mercado laboral se convierten a partir de entonces en una especie de mantra para MAFO junto a la petición de recortar el déficit. En octubre de 2009 el responsable del supervisor bancario afirma que “un cambio rápido y profundo” en el mercado de trabajo acortará la crisis. Toxo y Méndez responden pidiendo al gobernador que “no se meta donde no le llaman”.

En noviembre, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, hace suyas las propuestas del gobernador. Al fin y al cabo, Fernández Ordóñez actúa como un miembro más de la troika (el trío está formado por el BCE la Comisión Europea y el FMI).

Llegan las reformas

En mayo de 2010, dos días después de que Grecia pidiera el rescate y con los mercados buscando un nuevo objetivo, MAFO asegura que “España dista mucho de ser Grecia, pero debe sacar lecciones”. El día 12, Zapatero anuncia en el Congreso el paquete de recortes que cambiaría el rumbo de su Gobierno. Las propuestas del Banco de España eran escuchadas. Fernández Ordóñez considera lo anunciado una “buenísima noticia”, pero quiere más: “Hay que cumplirlo y tomar medidas serias pronto”, asegura.

En junio, Zapatero aprueba su reforma laboral con el abaratamiento del despido como medida estrella. “Estoy muy feliz de que se haya aprobado la reforma”, asegura Fernández Ordóñez en el Congreso, para acto seguido poner en duda algunas de sus medidas: “Lo más cuestionable es la imposición de nuevos límites a la temporalidad”.

MAFO no tarda en volver a la carga con sus propuestas en materia de pensiones. La negociación en el Pacto de Toledo está atascada y el gobernador reclama en noviembre de 2010 una reforma ambiciosa y urgente. “Es una de las claves para tranquilizar a los mercados financieros”, explica. Su propuesta pasa por elevar al menos dos años la edad de jubilación e incrementar el periodo de cálculo de la pensión. La reforma llegará en julio de 2011. La jubilación se retrasa hasta los 67 años.

Para entonces, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez se le han multiplicado los problemas en el sector financiero. La CAM está a punto de ser intervenida y la nacionalización de Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim será una realidad poco después. A pesar de ello, y mientras sigue recetando “recortes enérgicos” del gasto a las administraciones públicas, Fernández Ordóñez tiene tiempo para lanzar una propuesta más. En febrero de 2012, con la reforma laboral del PP recién aprobada y el despido aún más barato, MAFO apuesta por la “devaluciación interna” para salir de la crisis. Su idea se traduce en el ámbito laboral en una bajada de salarios “para recuperar la competitividad perdida”

Linde toma el relevo

Con dos reformas laborales y otra de las pensiones ya ejecutadas, Luis María Linde parecía tener un menor margen para realizar propuestas en ambas materias. Sin embargo, desde su llegada al puesto de gobernador en junio de 2012, sus declaraciones y los informes del Banco de España lo desmienten.

Poco después de acceder al puesto, Linde reclama al Gobierno una decisión “grave y muy importante” sobre la actualización de las pensiones respecto a la inflación interanual. Sus referencias a la cuestión son permanentes hasta que el Gobierno adopta una decisión. Y la advertencia es clara: “Si hay medidas que incrementan el gasto, habrá que tomar otras compensatorias que lo reduzcan”.

En enero de este año, el Banco de España insiste en una de las tradicionales banderas de Fernández Ordóñez. En su boletin mensual, reclama desligar salarios e IPC. El documento considera “de vital importancia” para crear empleo que la inflación no se incorpore a la negociación colectiva. En marzo, la institución vuelve a exigir más medidas para acelerar la moderación salarial. El pasado viernes, en su informe anual, llegan sus propuestas más duras hasta la fecha: plantear salarios por debajo del mínimo interprofesional para los jóvenes y acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años.

El Gobierno socialista siempre rechazó las propuestas más duras de Fernández Ordóñez, aunque finalmente acabó aplicando sus recetas. De momento, el Gobierno de Rajoy también ha marcado distancias con la última sugerencia de Linde.

Luis María Linde, gobernador del Banco de España (BE), declaró por espacio de cincuenta minutos ante el juez Fernando Andréu, instructor del “caso Bankia”, y desveló que el supervisor está investigando lo sucedido en Bankia de manera global, aunque solo dio un dato: Bankia Habitat, la filial inmobiliaria creada Rodrigo Rato, presenta descuadres en su contabilidad. Los inmuebles de la compañía los gestiona en este momento el “banco malo”. Un portavoz de Bankia puntualizó que la propia entidad lleva meses investigando estas irregularidades al trascender las declaraciones del supervisor.

Linde dijo que el plan del nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que preveía una inyección de 19.000 millones, no tiene ninguna validez, y criticó que su contenido no especificara a qué se iba destinar tal cantidad de dinero, ni concretara ningún plan de eficiencia y reducción de gastos. Su política salarial, añadió, “sigue sin gestionarse como en una empresa en crisis. Afirmaciones que figuran en un informe del BE elaborado el 22 de junio de 2012 (Linde fue nombrado el día 8), que ha sido incorporado al sumario. Las necesidades de recapitalización están ahora en manos de la troika europea, que impone muchas de las decisiones, concluyó.

El gobernador no hizo ninguna alusión a la gestión de su antecesor en el cargo, y echó balones fuera cuando le preguntaron si conocía las exigencias que el Ministerio de Economía planteó a Rodrigo Rato para aprobar su plan de recapitalización, que había recibido el visto bueno del BE. Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso el 17 de julio de 2012 ya le lanzó algunas pullas. “En el Banco de España no tuvimos éxito en lo que ahora llamamos supervisión macroprudencial”, afirmó, y añadió que “sin querer dar ninguna lección a nadie, podemos concluir que se actuó con poca decisión o de modo suficiente o inadecuado”.

El lunes 18 estaba citado a declarar Luis de Guindos, ministro de Economía, que se ha acogido a su derecho a hacerlo por escrito. Algunas de las partes personadas en la causa han remitido ya al juez los cuestionarios con sus preguntas, pero el ministro no tiene un plazo prefijado para responder. El martes 19 está citado Jaime Castellanos, presidente del banco de inversión estadounidense Lazard en España. Rodrigo Rato 'fichó' por Lazard en diciembre de 2007, con un salario superior a los dos millones de euros, y ya como presidente de Bankia eligió a su antigua compañía para que asesorara la salida del banco a Bolsa. El miércoles 20 lo hará Francisco Celma, auditor de Deloitte que se negó a firmar las cuentas de 2011 del banco. Cerrará el turno de los testigos José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, que testificará el jueves.