Un varón falleció este lunes tras sufrir un desvanecimiento cuando practicaba senderismo por la zona de Montaña Roja, en el municipio tinerfeño de Granadilla, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo hacia las 12.05 y, cuando se recibió la llamada de alerta, el médico del Servicio de Urgencias Canario que estaba en la sala del 1-1-2 constató que el varón estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que dio indicaciones a sus acompañantes para que le realizasen el masaje cardiaco hasta la llegada de los recursos de emergencia.

Efectivos de Bomberos de Tenerife se desplazaron a la zona y colaboraron con el helicóptero Helimer en el traslado del afectado hasta la aeronave, que lo evacuó a pie de playa, donde esperaba personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria.

El equipo sanitario continuó practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, pero no dieron resultado, por lo que confirmaron el fallecimiento de esta persona, indica el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 del Gobierno canario.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha activado a las 17.54 de este jueves el Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (Pecmar) ante la evolución de una mancha de fuel localizada en el mar, en la costa de Granadilla y que ha llegado al espacio natural protegido de Montaña Roja.

Según la primera información disponible, la mancha es de fuel ligero y proviene de uno de los puntos de repostaje de CEPSA, desde el que los barcos suministran combustible a la instalación del aeropuerto Tenerife Sur. 

Así se ha constatado tras el reconocimiento realizado por Salvamento Marítimo, en el que se ha confirmado que el vertido continua. Por esta razón, también se ha activado el Plan Nacional de Contaminación Marina.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Granadilla ha cerrado al baño la playa de la Tejita. Además, han sido activados recursos marítimos y aéreos de Salvamento Marítimo y del GES, efectivos de Guardia Civil y Autoridad Portuaria, así como Policía Local, Protección Civil y Salvamento en las playas del municipio.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reiteró en el pleno extraordinario celebrado este sábado a instancia de varios grupos de la oposición los argumentos que ha sostenido sobre la incautación de la desaladora de Montaña Roja en septiembre del año pasado. El principal es que actuó “asesorado” y que el secretario de la Corporación insular, Francisco Perdomo, le indicó que “no hacía falta autorización judicial ni informes por escrito” para proceder a la incautación como medida cautelar.

San Ginés expuso en el pleno fragmentos de la declaración de Perdomo en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife para justificar que “existió asesoramiento verbal” antes de la incautación.

También destacó que el “criterio” de que no era precisa autorización judicial para incautar la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento de la urbanización lo “sostuvo también la Fiscalía” cuando pidió el archivo de la querella de la empresa Club Lanzarote, que reabrió la Audiencia Provincial.

El presidente admitió la existencia de una “enorme controversia jurídica” acerca de la incautación de la desaladora de Montaña Roja pero consideró que no se había producido “prevaricación”. Durante el pleno también dijo que no había adoptado “ninguna determinación política” tras reabrirse el caso por la vía penal porque “sencillamente” era “inocente”.

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligó al Consejo Insular de Aguas a devolver la planta desaladora a Club Lanzarote, el presidente dijo que no creía que el secretario del Cabildo se hubiera “equivocado” y adelantó que se habían encargado informes a dos catedráticos que vendrían a avalar la medida adoptada.

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Los grupos políticos del Cabildo no votaron en el pleno extraordinario celebrado este sábado sobre la petición de que el presidente, Pedro San Ginés, “se aparte y ceda la presidencia del Consorcio del Agua y del Consejo Insular de Aguas”.

La solicitud de que se deliberase y votase esta petición fue solicitada en la convocatoria del pleno extraordinario sobre la incautación de la desaladora de Montaña Roja, convocado a instancias de Podemos, PP, Somos Lanzarote, Nueva Canarias y Ciudadanos.

En la recta final de la sesión, el grupo de gobierno distribuyó entre los consejeros un informe de la Secretaría del Cabildo en el que se concluía, según destacó San Ginés, que no era “atribución del pleno” de la Corporación insular “remover o cambiar al presidente” de los organismos de los que forma parte como máximo responsable de la institución.

Así, San Ginés insistió en que dejar la presidencia del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas sólo puede darse si renuncia o delega sus funciones en otro consejero, algo que, recalcó, “no se le puede imponer”.

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Montaña Roja ocupa la mitad de Playa Blanca. Cuando se llega por carretera desde Yaiza a la localidad turística del Sur de Lanzarote, de frente se ven, si el tiempo lo permite, las dunas de Corralejo. A la izquierda se vería el Castillo de Las Coloradas si no se hubieran construido tantos hoteles. El resto, todo lo que hay hacia la derecha, hasta el Faro de Pechiguera, es Montaña Roja. Este plan parcial nació en 1979 como centro de interés turístico nacional. Lo comenzaron a desarrollar unos noruegos que llamaron a su empresa Club Lanzarote. En el año 2000 adquirió todas las acciones el empresario Joaquín Cañada, que se hizo por la misma época con Montaña Rayada, en Fuerteventura, con la que consiguió, vía tribunales, que el Gobierno le pagara 33 millones de euros como indemnización. En Montaña Roja, este empresario debía buscar la misma vía, porque reclamaba en los Juzgados más de 200 millones de euros por el recorte a los derechos edificatorios que le había hecho el Plan Insular, primero, y las Directrices después. Las 25.000 camas que se eliminaron de ese plan parcial al final le costaron al Cabildo y al Gobierno poco más de seis millones, que aún se están pagando.

Cañada es un empresario balear. En Lanzarote compró el Hotel La Geria, en Puerto del Carmen, y el Natura Palace, en Playa Blanca, que tiene la licencia anulada por los tribunales. Dentro del caso Yate, uno de las causas abiertas contra la corrupción política y urbanística en la Isla de Los Volcanes, fue uno de los empresarios que nombró el ex alcalde de Yaiza (y que luego se desdijo) asegurando que le habían dado dinero para agilizar licencias. Cañada fue imputado y después desimputado.

Hace un año se aprobó el Plan General de Yaiza y con él se firmaron varios convenios, entre ellos el de Club Lanzarote. En el convenio se recogen las condiciones para que la empresa vaya entregando y el Ayuntamiento recepcionando este gigantesco plan parcial, uno de los pocos que sigue sin entregarse al municipio y donde quedan una gran cantidad de obras por hacer. Dentro de esas infraestructuras que tendrá que entregar la empresa en un plazo de cuatro años se encuentra una desaladora que abastece a unos 6.000 vecinos, una depuradora y las tuberías correspondientes. A los vecinos de Montaña Roja nunca les abasteció la empresa pública de aguas Inalsa, y tampoco lo había hecho hasta el año pasado su sucesora, Canal Gestión.

En el Plan Insular de 1991 y en el Plan Hidrológico de Lanzarote se establecía que la producción y abastecimiento de agua no podía estar en manos privadas, excepto en aquellos casos en que la red de Inalsa no llegara hasta la puerta. Ese era el caso de Montaña Roja, donde no llegaba ni aún hoy llega la red. A pesar de esa prohibición, o precisamente por eso, en la Isla hay unas sesenta o setenta desaladoras privadas, instaladas sobre todo en hoteles. La gran mayoría está en situación alegal o directamente ilegal, porque la red pública ya llega a casi todos los rincones. Inalsa dejaba de ingresar unos cinco millones de euros al año por el agua que no vendía a estos establecimientos, que estarían obligados a comprársela. Por el Cabildo y por el Consorcio de Aguas han pasado un buen número de presidentes en los últimos veinte años y ninguno ha hecho ademán de solucionar ese problema.

De todas las desaladoras privadas, la de Montaña Roja es la que abastece a más vecinos y la que más agua produce. Según el Cabildo de Lanzarote, es la única que vende agua a terceros. En septiembre de 2014 al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se le ocurrió llevar a cabo la incautación de la planta desaladora, y lo hizo sin orden judicial, alegando que había que terminar con una situación ilegal de venta de agua. La situación era la misma que en 2009, cuando él accedió a la presidencia y que en 2010 y los años siguientes, pero había cambiado un elemento. En junio de 2013, el Consorcio le entrega el ciclo integral del agua por treinta años a la empresa madrileña Canal Gestión, filial del Canal de Isabel II para que abastezca de agua a toda la Isla… menos a Montaña Roja. La desaladora llevaba años funcionando en un limbo jurídico y con unos precios más caros, pero nunca había habido problemas de desabastecimiento.

El mayor revés político

La decisión de incautar esa planta y entregársela a Canal Gestión es la más polémica que ha tomado San Ginés durante su presidencia, y es mucho decir. De momento también es el mayor revés para el presidente y la decisión que le ha salido más cara. Un juez de Arrecife le ha imputado por prevaricación y coacciones, y hace sólo unas semanas, después de un año de incautación, el Cabildo ha devuelto la planta a sus dueños por orden judicial, porque la empresa inició varios frentes judiciales y, de momento, los ha ganado todos.

Por una parte, pidió la devolución, por otra solicitó que se paralizasen de forma cautelar las obras que llevaba a cabo Canal Gestión para que la red llegara hasta esa zona del Sur y por otra denunció por la vía penal a San Ginés y a los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua. A estas alturas, la lista de imputados llega ya a cinco, después de que el juez decidiera imputar al secretario del Cabildo, Francisco Perdomo y al asesor y amigo íntimo del presidente, el abogado Ignacio Calatayud, que se revela como unos de los personajes clave de todo este lío.

Para entender bien el papel de Calatayud hay que hacer una pequeña introducción de la historia reciente de la gestión del agua en Lanzarote. Insular de Aguas de Lanzarote SA (Inalsa) era la empresa que creó el Consorcio Insular del Agua (formado por el Cabildo con el 60% y los siete ayuntamientos, con el resto). En 2009 Inalsa entra en concurso de acreedores con una deuda de 38 millones de euros después de una nefasta gestión durante años y de ser uno de los epicentros de la corrupción insular. La gota que colmó el vaso y llevó a la quiebra a la empresa fue el laudo arbitral que dictó la Cámara de Comercio de Las Palmas obligando a pagar 12 millones de euros a la empresa FCC, a quien Dimas Martín, líder fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) e histórico presidente del Cabildo y alcalde de Teguise condenado a varias penas de prisión, había encargado que construyera una planta desaladora en Janubio para abastecer al Sur de la Isla. Cuando Dimas entra en la cárcel y Mario Pérez, de CC, se queda como presidente accidental del Cabildo, en el año 2004, ordena que se anule el contrato que estaba sujeto al arbitrio de la Cámara, que falla a favor de la empresa.

El concurso se declara a mitad del año 2009. Son los últimos meses de gobierno del PSOE en el Cabildo, que poco después expulsará al PIL por la operación anticorrupción Unión, la trama matriz en la isla. La entonces presidenta Manuela Armas contrata al entonces abogado y hoy de nuevo juez Juan José Cobo Plana para que asista al Cabildo en el proceso concursal. En octubre de ese año, tras una moción de censura, entra como presidente Pedro San Ginés (CC) y renuncia a los servicios de Cobo en favor de su amigo, omnipresente en sus decisiones, Ignacio Calatayud, que ya había trabajado como asesor de la presidenta Inés Rojas en 2004 y que es yerno del no menos omnipresente Felipe Fernández Camero, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife y defensor de la mayoría de los hoteleros con licencia anulada por los tribunales, de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise y de los empresarios más influyentes y poderosos de la Isla. Camero también está imputado en dos causas judiciales por corrupción.

Calatayud y la gestión del agua

Calatayud ya había estado antes asesorando a Inalsa, intentando, que no logrando, que el famoso laudo no se convirtiera en una obligación de pago, y se vuelve a encontrar con el futuro del agua como abogado de la empresa ante el proceso concursal. San Ginés decide, aún no se sabe cuándo ni cómo, que el proceso concursal se convierta en un proceso privatizador de la empresa, con concurso incluido y el visto bueno del juez de lo Mercantil. Los problemas, como los que puso la interventora del Cabildo, que no veía claro el traspaso de la deuda para hacer posible el concurso y la adjudicación, los acaba resolviendo en lo que ya se ha convertido en su estilo: solicitando informes externos que avalen sus decisiones.

El Consorcio saca a concurso la gestión del ciclo integral del agua. Primero contrata para redactar los pliegos a Professional waters and partners, una empresa “especializada”, creada por un antiguo director de Canal de Isabel II. En ese momento no parecía relevante el dato porque Canal de Isabel II no se presentó al concurso, que quedó desierto por la ambición, calculada o no, del pliego. Y del concurso se pasa a un procedimiento negociado al que se presentan tres empresas: Canaragua, Gestagua y… bingo: Canal de Isabel II, que se lleva el contrato. Hay que añadir que el Cabildo volvió a requerir los servicios de Professional waters and partners para que valorara las ofertas presentadas y que una de las empresas que perdió llegó a decir que el procedimiento negociado estaba “orientado” para Canal Gestión y que fue una tomadura de pelo. Canal Gestión se queda con el agua por treinta años y un desembolso de más de cien millones, de los que la mitad va a parar a pagar la deuda, principalmente a FCC y Unelco Endesa, que eran los mayores acreedores. El resto será para invertir en infraestructuras.

Según el contrato, la empresa de aguas no podrá subir el precio hasta el año que viene, y podrá hacerlo cada año a razón de un 1% más que el Índice de Precios al Consumo. Así, Canal se queda con el monopolio del agua en toda la Isla… excepto en Montaña Roja.

El año pasado, el Consejo Insular de Aguas, o el Cabildo, que es casi lo mismo, inicia un expediente sancionador contra Club Lanzarote por vender agua sin autorización, y como primera medida, de forma cautelar y sin terminar el expediente, San Ginés decide incautar la planta desaladora, la depuradora y las tuberías. Lo hace sin orden judicial y basándose en un informe de Calatayud que considera que no hace falta que un juez avale la decisión porque la desaladora no es un bien de dominio público y por tanto no hace falta orden. Calatayud no es funcionario público, pero su información y la decisión la asume días después el secretario del Cabildo, que también lo es del Consorcio, Francisco Perdomo. Los dos ya están imputados, y su declaración está prevista para este mes de octubre. Perdomo, desde que se conoció su imputación, está de baja. El juez instructor resolvió sobre la imputación del secretario a petición de Podemos, que se personó como acusación popular, pero hizo recaer el peso de la imputación en el propio presidente del Cabildo, señalando que había sido él quien había descargado toda la responsabilidad tanto en Perdomo como en Calatayud.

La oposición presiona

La oposición ha pedido a San Ginés que convoque un pleno monográfico sobre este asunto pero San Ginés lo ha esquivado alegando que iba a esperar a que declarase el secretario en el Juzgado. La primera petición fue por iniciativa de Ciudadanos, y ahora hay una segunda sobre la mesa, firmada por todos los grupos por iniciativa de Podemos. El pleno se celebrará, porque la convocatoria es automática, el 31 de octubre. A la espera de conocer las explicaciones del presidente, hay que remontarse a lo que dijo en otro pleno hace un año sobre los motivos que tenía para incautar esa planta: “Solo se ha hecho lo que indicaron en todo momento los servicios jurídicos y lo que se entiende que se tiene que hacer desde la administración, que es cumplir y hacer cumplir la ley, y sobre todo, defender el interés general y de los vecinos, en particular”.

Los hechos desmienten al presidente. En el expediente sancionador, culminado recientemente, no se habla en ningún momento de incautar la planta. Sí se habla de su clausura, aunque no se recomienda para no dejar sin agua a los vecinos. Las sanciones que se proponen son de carácter leve. Por vender agua a terceros se propone una sanción de 600 euros, aunque sí se eleva esta cantidad cuando se insta a solicitar a Club Lanzarote el pago de 1,7 millones por el agua facturada indebidamente. El expediente también concluye que la empresa seguía teniendo autorización para producir agua porque no se había iniciado el expediente, dando audiencia a la empresa, para terminar con ese permiso. En definitiva, todas las medidas que debía haber hecho San Ginés hace un año las está haciendo ahora cuando los tribunales le han dado la espalda, pero lo que no aparece por ningún lado excepto en el informe de su propio asesor, es la incautación.

San Ginés se ha visto obligado finalmente a devolver la planta que había dado a Canal Gestión y también se ha visto obligado a permitir que Club Lanzarote siga vendiendo agua a terceros a pesar de que no tiene permiso para hacerlo. La empresa, tras una reunión con el Ayuntamiento de Yaiza y tras varios días de incertidumbre para los vecinos, ha manifestado que aplicará las mismas tarifas que aplica Canal Gestión en el resto de la Isla, que son menores que las anteriores. Ahora falta saber el coste que tendrá esta operación para los contribuyentes porque Club Lanzarote solicitará una indemnización, con toda seguridad.

Durante todo el proceso, San Ginés ha sembrado la actualidad de todo tipo de argumentos peregrinos. Primer contraatacó con una querella contra Club Lanzarote por varios delitos, como estafa, delito contra los consumidores, contra la Hacienda Pública y contra el medio ambiente por vertidos de su depuradora. El juez sólo ha visto indicios de este último y ha archivado todos los demás, pero San Ginés se encargó de amplificar el mensaje con una rueda de prensa y una visita anunciada a los Juzgados. Por contra, aún no ha comparecido para explicar por qué ha tenido que devolver la planta, pero ha dicho esto en una nota de prensa: “Sólo queda dilucidar si he mentido, o no; y si he tomado una decisión injusta a sabiendas, es decir, si he prevaricado o si, por el contrario, lo he hecho porque tenía el asesoramiento legal para ello, algo que se sabrá una vez declaren en sede judicial el secretario general del Cabildo y un asesor jurídico externo, y hasta que eso no ocurra, no tengo nada nuevo que contar por lo que agotaré los plazos legales para la celebración del referido pleno”. Otro de los argumentos exhibidos por el presidente es el de que la operación es deficitaria para Canal Gestión, y ha llegado a señalar que fue el Consorcio el que insistió para que Canal Gestión asumiera la planta y no al revés.

Trabajando para los dos bandos

Entre las salidas de tono del presidente, hay otra que merece letras de mármol. La oposición preguntó a San Ginés en un pleno si su asesor y asesor a su vez del Consorcio del Agua, Ignacio Calatayud, en cuya opinión jurídica se basó el presidente para llevar a cabo la confiscación de la planta, también trabajaba para Canal Gestión. San Ginés dijo que le parecía “irrelevante” si así fuera pero no lo aclaró a pesar de que es obvio que lo sabía.

Lo tuvo que aclarar ante el juez Gerardo Díaz, el gerente de Canal Gestión imputado en un caso de corrupción en Melilla y cesado desde Madrid el mismo día en que se devolvía la planta. Díaz reconoció que Calatayud también trabajaba para su empresa. Es decir, que el abogado que dio cobertura legal para incautar la planta trabaja para la empresa más beneficiada por esa incautación. Calatayud ha cobrado en menos de dos años 100.000 euros de Canal Gestión y más de 300.000 en la última legislatura del Cabildo, el Consorcio, el Consejo u otros organismos o empresas públicas que dependen del Cabildo. Y no sólo eso. Calatayud integraba, junto a San Ginés y el propio Gerardo Díaz, la comisión de seguimiento encargada de vigilar el cumplimiento del contrato y las inversiones previstas por parte de Canal Gestión. Y sus honorarios, otros 40.000 euros más, los pagaba el Consorcio Insular del Agua.

“Pudimos habernos equivocado pero, en modo alguno a mi juicio, haber cometido prevaricación”. El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha vuelto a reiterar este jueves su posición sobre la planta desaladora de Montaña Roja, incautada por el Consejo en septiembre del año pasado.

El presidente ha señalado que el pleno solicitado por toda la oposición, salvo el PSOE, para que dé explicaciones sobre la incautación de la desaladora a la empresa Club Lanzarote, “se celebrará dentro de los plazos que marca la ley”.

No obstante, San Ginés insistió en que considera que ya dio explicaciones sobre la incautación en una comparecencia en el Cabildo en septiembre del año pasado y en la asamblea del Consejo Insular de aguas en octubre pasado.

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El gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, declaró este jueves como testigo en el Juzgado de instrucción número dos de Arrecife que el abogado Ignacio Calatayud, también asesor externo del Consorcio del Agua, “era uno de los varios letrados” de Canal “cuando se llevó a cabo la incautación” de la planta desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja.

Las instalaciones hidráulicas de la urbanización de Montaña Roja fueron incautadas por el Consejo Insular de Aguas en septiembre del año pasado y, en el mismo acto, traspasadas por el Consorcio del Agua a Canal Gestión para que se ocupase las mismas como concesionaria del ciclo integral del agua en la Isla.

Calatayud prestó asesoramiento jurídico al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio para avalar la medida cautelar de la incautación, primero de forma verbal, como indicó el presidente del Cabildo en su declaración en el Juzgado, y después de la incautación firmó un informe jurídico escrito.

Díaz explicó que Calatayud fue contratado por Canal Gestión “dos o tres meses después de crearse la empresa”, a la que se adjudicó el ciclo integral del agua en Lanzarote en junio de 2013 y “hasta hace unos meses”, en “mayo de 2015”.

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El Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha organizado para el próximo 17 de septiembre una intensa jornada de declaraciones de testigos en el marco del procedimiento iniciado a raíz de la querella de la promotora de la urbanización Montaña Roja (Playa Blanca) por la incautación de la planta desaladora por el Consejo insular de Aguas.

Así, el juez Jerónimo Alonso ha citado a declarar en calidad de testigo a Francisco Perdomo, secretario del Cabildo y del Consejo, para que aclare “la intervención que tuvo en el expediente sancionador” a Club Lanzarote, la promotora de Montaña Roja.

El Consejo insular de Aguas decidió en septiembre del año pasado la incautación de la planta desaladora, de la depuradora y de las redes de distribución de la urbanización como medida cautelar al considerar que se estaban cometiendo irregularidades: desde desalar agua sin concesión a vender la misma a terceros sin permiso y sin tasas aprobadas.

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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha destacado este martes que no se volverá a pronunciar sobre la causa abierta a raíz de la querella interpuesta por la incautación de la desaladora de la urbanización de Montaña Roja hasta que se celebre un pleno monográfico, previsiblemente en septiembre.

San Ginés ha tachado de “ilógico y absurdo por imposible” la petición de miembros de la oposición que le han reclamado que dimita o se aparte de sus responsabilidades hasta que se produzca sentencia judicial o el archivo de la causa.

“De archivarse la denuncia de la empresa, cosa que podría ocurrir en meses, sería inviable retomar la responsabilidad de la presidencia una vez se hubiese renunciado a ella”, recordó San Ginés en un comunicado.

El presidente del Cabildo ha criticado lo que considera “demagogia y populismo” de los grupos de la oposición puesto que, insistió, “la mera denuncia de una mercantil que venía ejerciendo una actividad ilegal y supuestamente delictiva, no va a invertir el veredicto de los ciudadanos de hace apenas dos meses”.

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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha defendido este jueves que se adelante la toma de posesión de Óscar Pérez como consejero en un pleno extraordinario a celebrar este viernes “por la necesaria toma de decisiones” en el Área de Cultura, que asumirá el nuevo consejero, “entre otras, en la organización de la XXVII Feria de Artesanía de Mancha Blanca”.

Pérez sustituye en el grupo de Coalición Canaria a Rafael Bailón, que fue designado director general en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Para no esperar al pleno ordinario de septiembre, el presidente ha convocado uno extraordinario para que el nuevo consejero tome posesión.

La próxima sesión ordinaria del pleno está prevista para el 9 de septiembre, “dos días antes de la celebración de la vigésimo séptima edición de la Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca, uno de los eventos tradicionales sobre artesanía más veterano e importante de Lanzarote y uno de los más relevantes de toda Canarias, cuya organización se desarrolla bajo la dirección del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote”.

“Es por ello que se justifica”, destacó el presidente, “la necesaria e urgente incorporación del nuevo consejero a las competencias que le serán delegadas en materia de cultura para la ejecución, organización y toma de decisiones de esta feria, así como en otros proyectos y asuntos de especial sensibilidad e importancia que deben desarrollarse e iniciarse durante el próximo mes de septiembre”.

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El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consejo insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha presentado una denuncia en la Policía Nacional, remitida al Juzgado de instrucción número dos de Arrecife, en la que considera que la empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja en Playa Blanca, y “sus representantes”, supuestamente han cometido cinco delitos: contra el medio ambiente, contra la salud pública, contra los consumidores, de defraudación tributaria y de estafa.

La denuncia surge del expediente sancionador que se inició el 18 de septiembre del año pasado por la “venta ilegal de agua” por parte de Club Lanzarote, empresa a la que se le incautaron la planta desaladora, la depuradora y las redes de la urbanización como medida cautelar.

En la denuncia presentada por San Ginés, después de que el instructor del expediente sancionador apreciase “la posibilidad de que existan responsabilidades de tipo penal achacables a la entidad Club Lanzarote”, se destaca que la compañía vendía agua a hoteles y villas sin autorización “para la captación y desalación de aguas”, “sin la preceptiva concesión del Consejo Insular de Aguas”, sin tarifas aprobadas y “sin los preceptivos controles”, lo que “representa un claro peligro para los ciudadanos y el medio ambiente”.

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