La Audiencia Provincial de Las Palmas se trasladará a Puerto del Rosario los días 30 y 31 de enero para celebrar la vista oral del juicio de Las Clavellinas en el que se sentarán en el banquillo como acusados el ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y los concejales en el periodo 1999-2003, José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Tomás Andrés Pérez Rodríguez. Todos ellos militaban entonces en el Partido Popular.

Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y a González Arroyo se le añade el de apropiación indebida. Se enfrentan a una petición de pena de inhabilitación para ejercer cargo público además de seis años de prisión para todos ellos, y de nueve para González Arroyo.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la empresa Difusión Comercial e Inmobiliaria consideran que los acusados son responsables del primero de ellos mientras que la acusación popular, que ejerce la Asociación de Vecinos Las Clavellinas suma los otros dos delitos.

La Fiscalía solicitó una fianza de más de un millón y medio de euros y añade otros 67.500 euros más para Arroyo. La querella que da origen al caso se interpuso en el año 2002 por esa asociación vecinal, y después el procedimiento ha estado viajando entre los Juzgados de Puerto del Rosario y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en función de la condición de aforado de González Arroyo.

Para llegar al origen del caso hay que remontarse al año 1982. Ese año, el ciudadano belga Guy Van Dahl, que desde los años sesenta había comenzado a comprar una gran cantidad de terrenos en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, decidió donar al Ayuntamiento de La Oliva una parcela rústica de 27 hectáreas en Corralejo conocida como “Coto del tamboril y fragoso de los negros”.

Sigue leyendo esta información en Diario de Fuerteventura.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado el recurso del exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo contra la actuación de la Delegación del Gobierno en el proceso por el que fue apartado del cargo.

En concreto, González Arroyo impugnaba un oficio remitido por la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de La Oliva el 18 de diciembre en el que se emplazaba al Consistorio a tomar conocimiento de que no podía seguir siendo su alcalde, porque había sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

González Arroyo sostenía que ese oficio de la Delegación del Gobierno vulneraba sus derechos constitucionales al aplicarle con carácter retroactivo los efectos de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 2011.

En este sentido, defendía que esa reforma, que declara inelegibles a aquellos candidatos que hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, aunque su sentencia todavía no sea firme, no podía aplicarse a los hechos por los que él fue juzgado en su momento, que se remontan a 2001.

El juez no entra a examinar ninguno de sus argumentos, porque considera que el oficio de la Delegación del Gobierno no tenía efectos ejecutivos, sino que simplemente comunicaba al Consistorio que González Arroyo había incurrido en una causa de incompatibilidad para el cargo público y no podía seguir siendo alcalde.

De hecho, remarca, no fue la Delegación del Gobierno la que expulsó a González Arroyo de la Alcaldía, sino el propio pleno del Ayuntamiento de La Oliva en una sesión celebrada el 24 de noviembre, que el propio interesado no ha recurrido, por lo que se ha convertido en un “acto firme y consentido”.

En consecuencia, decide no admitir el recurso, “al haberse interpuesto frente a un acto de trámite que no incidía sobre los derechos fundamentales cuya vulneración alega el demandante”.

El exalcalde de La Oliva aún pude apelar esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El líder del Partido Progresista Majorero (PP Majo), Domingo González Arroyo, dejará este lunes el puesto de consejero del Cabildo de Fuerteventura después de que la Junta Electoral Central considerara incompatible el cargo insular con la condena de inhabilitación para ocupar cargos municipales durante 9 años por un delito de prevaricación.

El pasado miércoles tuvo lugar la Comisión de Asuntos Generales del Cabildo en la que se decidió incluir en el orden del día del pleno convocado para este lunes declarar la incompatibilidad de González Arroyo para el cargo de consejero, han informado a Efe fuentes de la institución insular.

Una sentencia de junio de 2015 del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, condenó al conocido como Marqués de La Oliva como autor de un delito continuado de prevaricación por explotar una cantera en la zona del Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva.

La Junta Electoral Central emitió a principios de diciembre un dictamen en el que informaba de la incompatibilidad de González Arroyo para seguir como alcalde y enviaba la credencial de concejal al siguiente en la lista del PP Majo, Rafael Benítez.

El número dos del PP Majo, Pedro Amador, fue nombrado nuevo regidor por imperativo legal el pasado 8 de enero sin el beneplácito de los tres concejales de su misma formación política, que aún hoy siguen reconociendo como único alcalde a González Arroyo.

En enero, los consejeros de Podemos pusieron en conocimiento del pleno del Cabildo la existencia de esta sentencia condenatoria y, tras la consulta del secretario de la institución a la Junta Electoral Central, esta declaró en febrero la incompatibilidad de González Arroyo como consejero.

La sesión plenaria de este lunes también incluye entre los puntos del día declarar el cese del segundo consejero del PP Majo, Jerónimo Soto, también condenado por el mismo asunto a cuatro años de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público de asesoramiento en materia urbanística por ser “cómplice responsable” de un delito de prevaricación.

También está previsto que se remita el acuerdo plenario a la Junta Electoral Central solicitando que se envíen las credenciales de consejero del Cabildo a los siguientes de la lista del PP Majo: Pedro San Fernando Méndez y Lidia Esther Jaime.

González Arroyo también será cesado de la Vicepresidencia del Parque Tecnológico de Fuerteventura, han confirmado a Efe fuentes de la institución insular.

El bochorno de estos altos representantes del Estado es parecido al que tuvo que soportar la funcionaria de La Oliva a la que Domingo González Arroyo obligó a hacer de secretaria en el último pleno que presidió como alcalde tras su inhabilitación.

Algo tiene que tener la política, además de la erótica del poder, para que un alcalde septuagenario se aferre al ayuntamiento, se recluya y se niegue a salir de él después de una sentencia condenatoria. Es inaudito que un primer edil se lleve a su casa las llaves del consistorio como si fuera de su propiedad. A pesar de lo insólito, hace unos días ocurrió con el veterano y controvertido Domingo González Arroyo, el marqués de las dunas de Corralejo, ese hombre a que nunca le ha faltado el dinero, pero sí el cariño. Seguramente por ese motivo se atrincheró en su ayuntamiento, por falta de cariño, el que no le daban sus convecinos para respaldar su última machada.

Porque Domingo siempre fue un machote desde su más tierna juventud. Ya talludito hizo polémicas y continuas declaraciones sobre su virilidad y las mujeres, a las que trataba al trancazo como un vulgar machista.

Refiriéndose a su rival socialista Olivia Estévez, dijo que no había nacido macho que lo tumbara de la alcaldía y que esa hazaña solo la podría hacer una hembra virgen y sin desfondar. En aquellos años 90 la entonces diputada de IU Cristina Almeida pidió a Adolfo Suárez que destituyera al marqués del CDS en el que militaba entonces. Arroyo respondió con chulería que si todas las mujeres fueran como Almeida él seguiría virgen y célibe. Otra vez criticó públicamente a la ex alcaldesa Claudina Morales por llevar minifalda y pantalones ajustados.

Desde pequeño se ganó el apelativo del marqués porque era el único niño del pueblo que siempre tenía dinero en sus bolsillos hasta cuando jugaba a la pelota. Aquel niño rico con pinta aristocrática que se llevaba el balón cuando acababa el partido se convirtió con el tiempo en el alcalde que se llevaba las llaves del ayuntamiento cuando terminaba el pleno. Hay gente incorregible que no cambia pase lo que pase.

El pleno del Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ha proclamado este viernes como nuevo alcalde del municipio a Pedro Amador, del Partido Progresista Majorero (PP Majo), al presentar la única candidatura a ocupar el cargo, de manera que no fue necesario que se sometiera a votación.

Pedro Amador ha sido nombrado automáticamente nuevo alcalde después de que no se llegara a un acuerdo entre las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento para conseguir los 11 votos necesarios para crear gobierno lo que hace que, por ley, gobierne el cabeza de lista de la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales (PP Majo)

Durante la sesión, los otros cuatro ediles del PP Majo han expresado su desacuerdo con el nombramiento de Pedro Amador y han subrayado que ellos sólo reconocen como alcalde a Domingo González Arroyo, que fue expulsado hace unas semanas de su cargo por la Junta Electoral Central en cumplimiento de una sentencia que lo inhabilita como autor de un delito de prevaricación.

El Ayuntamiento de La Oliva está formado por cinco concejales del PP Majo -el partido más votado en las elecciones locales de mayo-, cinco de Coalición Canaria, tres del PP, tres del PSOE, tres de Votemos y dos de Nueva Canarias.

Pedro Amador se ha mostrado durante su discurso de investidura “sorprendido” por la falta de apoyo de los cuatro concejales de su partido y les ha recordado que no ha sido él quien dictó la sentencia de inhabilitación de González Arroyo ni tampoco la decisión de la Junta Electoral Central de retirar los cargos del histórico político majorero.

Amador se ha quejado de la falta de ayuda del resto de los concejales y parte de los funcionarios del Ayuntamiento durante las últimas semanas, periodo en el que ha tenido que enfrentarse a un exalcalde atrincherado, que se negaba a dejar sus funciones amparándose en un recurso que había presentado ante el Juzgado del Contencioso Administrativo.

El recién nombrado regidor se ha quejado de “la soledad” a la que ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos y con “la incertidumbre de si estaba bien o no lo que hacía”.

Pedro Amador se enfrenta ahora a un Consistorio con escaso personal y problemas en el funcionamiento de áreas como la Policía Local por lo que ha pedido a Dios “que me ilumine” para intentar “hacer un gobierno estable y conseguir los fines que necesita este municipio”.

Asimismo, se ha comprometido a dar “una tranquilidad” a los funcionarios y que desaparezca “la presión a la que se han visto sometidos durante estas cuatro semanas”.

También ha asegurado que estudiará la posibilidad de acometer acciones contra aquellos funcionarios que durante este tiempo han obstaculizado la celebración del pleno en el que se tenía que nombrar nuevo alcalde tal y como exigía la Junta Electoral Central.

El político, abogado de profesión, ha adelantado que a partir de ahora necesitará “un pacto de personas y no de partidos” para sacar adelante a la administración por lo que ha pedido al resto de los grupos políticos “altura institucional”.

Asimismo, ha reconocido a los periodistas que se sentará con todas las fuerzas políticas en los próximos días.

“Me gustaría obtener una mayoría de gobierno en la que estén CC, Votemos, PSOE, PP y NC sino todos los miembros de ese partido, sí algunos de los mismos”, ha dicho.

Durante el pleno también tomó posesión como concejal Rafael Benítez, en sustitución del acta de concejal retirada a Domingo González Arroyo tras el dictamen de la Junta Electoral Central del pasado 4 de diciembre.

El resto de los portavoces han mostrado su apoyo a Amador para gobernar aunque han reconocido la ardua labor que le queda por delante con un alcalde al que no apoyan los propios concejales de su partido.

La portavoz de PSOE, Rosa Fernández, ha tildado de “vergüenza institucional” lo ocurrido durante estos 15 días en el municipio y ha augurado la continuidad del conflicto después de ver cómo los propios concejales del PP Majo “siguen actuando como marionetas” en manos de González Arroyo.

El portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, ha asegurado, durante su intervención, que su formación “seguirá haciendo oposición” y ha vuelto a insistir en la llegada de futuras sentencias condenatorias para otros miembros del Consistorio.

Por su parte, Claudina Morales, de CC, ha lamentado las descalificaciones de los representantes de Votemos a su grupo político a través de las redes sociales durante los últimos siete meses y les ha recordado que “lo fácil es hacer oposición y lo difícil es gobernar”.

Los portavoces de NC, Marcelino Umpiérrez, y del PP, Claudio Gutiérrez, también han abogado por traer, a partir de ahora, la estabilidad al municipio “porque se han perdido siete meses de gestión y lo vecinos lo que quieren es responsabilidad política”, ha añadido Gutiérrez.

González Arroyo se ha visto obligado a dejar el Ayuntamiento y acatar la orden de la Junta Electoral Central después de que el pasado 30 de diciembre tres agentes de la Policía Local le notificaran una orden de desalojo.

El conocido como Marqués de La Oliva, inhabilitado por explotar una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva, ha estado 54 años vinculado al Ayuntamiento, 24 de ellos como alcalde

El alcalde inhabilitado de La Oliva (Fuerteventura), Domingo González Arroyo (Partido Progresista Majorero), ha sido desalojado este miércoles del Ayuntamiento después de que tres agentes de la Policía Local le notificaran la orden de desalojo dictada por el alcalde en funciones, Pedro Amador, también del PPMajo.

Según ha señalado a este periódico el portavoz de Votemos La Oliva, Álvaro de Astica, sobre las 14.00 horas los tres policías fueron hasta el despacho del conocido como Marqués de La Oliva para hacerle conocedor de que tenían una orden de desalojo que debían cumplir y que en caso de negarse sería expulsado a la fuerza del Ayuntamiento. González Arroyo no opuso resistencia y se fue por su propia voluntad, siendo recogido a la salida por su pareja sentimental.

Además, este miércoles se cambió otra vez la cerradura del Consistorio para impedir que el expolítico del Partido Popular volviera a las oficinas municipales. Y es que, el pasado 26 de diciembre, esta fue sustituida, lo que impidió que se celebrara el pleno en el que se iba a cesar a Arroyo y a nombrar al nuevo alcalde.

Este desalojo se realizó después de que el delegado del Gobierno de España en Canarias, Enrique Hernández Bento convocara a los medios este miércoles para subrayar que es “incuestionable” que Domingo González Arroyo “no es el alcalde de La Oliva” y que lo debían tener claro“ los miembros que conforman el pleno del Ayuntamiento.

Precisamente, también señaló que si el jefe de la Policía Local o cualquier funcionario se negara a acatar las órdenes del alcalde en funciones, Pedro Amador, estas cuestiones se deberían “poner en conocimiento de la Delegación para que sea remitido a la Fiscalía, por si procediese algún tipo de actuación contra estas personas. Es sencillamente cumplir la ley”.

Así mismo, Hernández Bento anunció que el próximo lunes mantendrá una reunión con los grupos políticos del Consistorio para abordar la situación creada ante la negativa de Domingo González Arroyo de acatar su inhabilitación como alcalde, y que iba a trasladar a la Fiscalía la situación que se ha estado viviendo estos días en la localidad del norte de Fuerteventura.

González Arroyo fue elegido alcalde en los pasados comicios con los votos de su formación, los cinco concejales del PP Majo, en un pleno municipal integrado por otros cinco partidos: Coalición Canaria (5), PSOE (3), PP (3), Votemos (2) y Nueva Canarias (2).

Sin embargo, dos semanas después de tomar posesión se hizo pública una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, que lo inhabilitaba para los cargos de alcalde y concejal durante nueve años por un delito de prevaricación, al haber permitido explotar una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva. Por esta razón, la Junta Electoral le obligó el pasado 17 de diciembre a dejar la Alcaldía.

No obstante, Arroyo se ha negado a cumplir con esta orden y llegó a atrincherarse en el Consistorio el pasado día 22, cuando además protagonizó un episodio singular ante los periodistas que le pedían explicaciones, a quienes les remitía a ir “al pajar de donde sacaron la información”.

Además, el pasado lunes presidió un pleno en el que a su salida aseguró que la sentencia por la que se le inhabilita “no es firme, lo tiene que ver la Audiencia Provincial y el Supremo” y se mostraba convencido de que ganará y que “las lágrimas serán como chorizos”.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Oliva, Rosa Fernández, ha acusado este martes al delegado de Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, de entorpecer la resolución de la Junta Electoral Central, que ya emitió una resolución que inhabilita al exalcalde Domingo González Arroyo.

La dirigente socialista ha señalado, en un comunicado, que desde el momento en el que llegó la credencial del nuevo concejal del PP Majo, Rafael Benítez, el pasado 17 de diciembre al Consistorio de La Oliva eso suponía la inhabilitación de Domingo González Arroyo.

Fernández se pregunta quién es “la mano que mece la cuna” en la Delegación de Gobierno, y cómo es posible que ahora pida a la secretaria del Ayuntamiento que certifique si Pedro Amador es el alcalde en funciones, así como la copia de su cese si lo hubiera, además de la copia del orden del día del pleno en el que la Corporación se dio por enterada de la resolución de la Junta Electoral.

Para la portavoz socialista es “inadmisible” este comportamiento por parte de la Delegación de Gobierno, al poner en duda los hechos y “mostrarse claramente a favor del exalcalde” y ha pedido que “ejerza sus funciones y no anteponga sus responsabilidades a sus amistades”.

Fernández ha insistido en que el pleno celebrado este lunes es “nulo de pleno derecho” y ha recordado que se habilitó a una funcionaria para que ejerciera como secretaria y, aún así, “le meten más presión cuando saben que está de baja y es la única que se ha mantenido en su lugar”.

A su juicio, es “una estrategia para dilatar el proceso”, y ha subrayado que González Arroyo “ya no es alcalde” y que el pleno extraordinario celebrdo este lunes “no ha salvado los más de 3 millones de euros de las subvenciones”.

Además, la socialista sigue sin comprender el motivo por el que el alcalde en funciones, Pedro Amador, no ha convocado un pleno para la elección de nuevo regidor y de toma de posesión del nuevo concejal del PP Majo, por lo que le recrimina “su pasividad e inactividad” en una situación “tan delicada” como la que atraviesa La Oliva

Domingo González Arroyo ha asegurado este lunes que seguirá siendo el alcalde de La Oliva (Fuerteventura) hasta que no haya una ley que diga que no lo es y no ha dudado en llevar a cabo un pleno en el que se han aprobado unas subvenciones para el municipio por 3,2 millones de euros.

El alcalde inhabilitado ha explicado a los medios de comunicación cómo recibió un escrito por parte de la Delegación del Gobierno en el que se pedía la convocatoria de un pleno en 10 días para la toma de posesión del nuevo alcalde, sin embargo, el líder del PP Majo ha asegurado que ha cursado “un escrito al Contencioso” por lo que el acto administrativo queda “paralizado”.

El político majorero asegura que será el Juzgado del Contencioso Administrativo el que deba pronunciarse y que, cuando hable, ya verá lo que hace.

Asimismo, insiste en que la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura), por la que se le inhabilita durante nueve años para cargos municipales por un delito de prevaricación, “no es firme, lo tiene que ver la Audiencia Provincial y el Supremo” y se ha mostrado convencido de que va a ganar y que “las lágrimas serán como chorizos”.

“No faltaría más que te echaran sin darte oídas y ni la Junta Electoral ni el delegado del Gobierno me han oído”, ha añadido el veterano político, conocido como el “marqués” de La Oliva.

Sin embargo, el Ayuntamiento recibió el pasado 17 de diciembre la credencial enviada por la Junta Electoral Central para nombrar al nuevo concejal que sustituiría a González Arroyo y del que se traduce que el histórico político majorero perdía las funciones de cargo público.

Mientras Votemos, PSOE y PP se amparan en la decisión de la Junta Electoral Central, el resto de las formaciones políticas con representación en el Consistorio (NC, PP Majo y CC) acudieron esta mañana al pleno que debía aprobar una serie de subvenciones que, de no hacerse antes del 31 de diciembre, dejarían al Ayuntamiento sin 3,2 millones de euros.

Durante el pleno, se volvieron a vivir momentos de tensión en el Consistorio después de que la portavoz de CC, Claudina Morales, preguntara a la secretaria accidental, Maxi Vera, la legalidad o no de la celebración de la sesión.

Vera, ostensiblemente nerviosa, dudó de si se estaba haciendo lo correcto, mientras que González Arroyo se empeñaba en seguir adelante con el pleno al alegar que se había notificado a todos los grupos políticos.

Finalmente, las formaciones presentes en el salón de Plenos solicitaron un receso para estudiar la situación, tiempo que fue aprovechado por la secretaria accidental para llamar a su antecesora, en el hospital en esos momentos, y consultar la legalidad del mismo.

Tras asegurar Cabrera la legalidad de la sesión, se celebró y aprobó la auditoría de las cuentas de 2014, evitando así la pérdida de 1,5 millones de euros del Fondo de Financiación Municipal y, además, se hizo lo propio con el préstamo solicitado a La Caixa por un importe de 1.690.100 euros para Suministros de Aguas de La Oliva y, en concreto, para la mejora de dos desalinizadoras.

El pleno se llevó a cabo después de que los concejales de NC y CC solicitaran por escrito esta mañana la celebración de una sesión extraordinaria y urgente para aprobar estas subvenciones.

Por otro lado. Claudina Morales ha vuelto a pedir a la Delegación del Gobierno, a la Junta Electoral y al Juzgado que aclaren “de forma contundente” cuál es la situación de La Oliva con dos alcaldes: Domingo González Arroyo, que sigue atrincherado en su despacho, y el accidental Pedro Amador.

Este último intentó sacar el pasado sábado un pleno para aprobar estas subvenciones, pero, finalmente, no se pudo celebrar al no haber recibido la notificación dos concejales del PP Majo y, además, estar las puertas del Consistorio cerradas después de que González Arroyo ordenara cambiar la cerradura.

Domingo González Arroyo ha reiterado este lunes que Pedro Amador no puede ser alcalde accidental porque fue cesado por él mismo la pasada semana.

Domingo González Arroyo, alcalde inhabilitado del municipio majorero de La Oliva, continúa aferrándose a su cargo y ha convocado este lunes a los concejales del Ayuntamiento a un pleno donde se ha aprobado una subvención de 3,2 millones de euros para el municipio. 

Los concejales de Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC) en el Consistorio habían registrado a primera hora de este lunes una solicitud de convocatoria de pleno extraordinario y urgente para no perder estas partidas. No obstante, la concejala Claudina Morales ha asegurado a Canarias Ahora que su formación preguntó, antes de proceder al debate, a la secretaria del Consistorio sobre la legalidad de este pleno.

Después de que se generaran dudas sobre si este era legal, finalmente la secretaria accidental, que sustituye a la anterior porque se encuentra de baja, aseguró a los concejales que sí que lo era. No obstante, Claudina Morales insiste en que la Delegación del Gobierno en Canarias debe pronunciarse sobre el tema y aclarar la situación ya que “no sabemos quién es el alcalde”, apunta la concejala y agrega que esta situación “no beneficia a nadie”.

La política nacionalista explica que el alcalde en funciones de La Oliva, Pedro Amador, ha vuelto a convocar un pleno para cesar a Domingo González Arroyo, después de que el que estaba previsto para el pasado sábado quedara suspendido al no haberse notificado a otros dos concejales del PP Majo y por encontrarse cerrado bajo llave el Consistorio. 

Claudina Morales explica que Pedro Amador no asistió al pleno de este lunes, encabezado por Domingo González Arroyo. Además, informa que ante las dudas generadas sobre quién es realmente el alcalde - ya que manifiesta que su formación ha preguntado a distintas personalidades políticas y jurídicas que contradicen los hechos - va a asistir junto a los miembros de su partido a todos los plenos que se convoquen por ambas partes hasta que se aclare la situación. 

La concejala insiste en la necesidad de que la Delegación del Gobierno emita un informe claro en el que se exponga “quién es el alcalde y cuáles son los plazos”, ya que “Nosotros no lo sabemos”. 

“Desde Coalición Canaria no vamos a formar parte de este circo”, indica Claudina Morales, quien aclara que va a preguntar en todos los plenos antes de su celebración sobre si es legal o no. 

Cabe recordar que González Arroyo fue elegido alcalde en los pasados comicios con los votos de su formación, los cinco concejales del PP Majo, en un pleno municipal integrado por otros cinco partidos: Coalición Canaria (5), PSOE (3), PP (3), Votemos (2) y Nueva Canarias (2).

Sin embargo, dos semanas después de tomar posesión se hizo pública una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, que lo inhabilitaba para los cargos de alcalde y concejal durante nueve años por un delito de prevaricación, al haber permitido explotar una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva. Por esta razón , la Junta Electoral le obligó el pasado 17 de diciembre a dejar la Alcaldía. 

No obstante, Arroyo se ha negado a cumplir con esta orden y llegó a atrincherarse en el Consistorio el pasado día 22, cuando además protagonizó un episodio singular ante los periodistas que le pedían explicaciones, a quienes les remitía a ir “al pajar de donde sacaron la información”.

Me paso a Cataluña, nacionalidad histórica que conocí hace cincuenta años cuando hice la mili en los Pirineos de Lleida, y en donde tengo muchos amigos, y la situación también es esperpéntica con ese empate en la votación de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que tiene a Artur Mas con el alma partida, y acojonado viendo cómo Podemos, o En Común Podem si quieren que lo ponga en catalán, le está comiendo el terreno por ese entendimiento de Pablo Iglesias, Ada Colau, Equo, y la Izquierda Unida catalana (ICV-EUiA), en donde Joan Saura, Joan Herrera y Lluis Rabel han jugado un papel determinante para llegar a esos acuerdos en Cataluña si que es Pot en los comicios catalanes y en Común Podem en las recientes generales españolas. Claro que la ventaja de los tres dirigentes catalanes de Izquierda Unida es no haber tenido a nadie con tarjetas negras como en Madrid, ni a Miguel Reneses, Ángel Pérez y Gregorio Gordo en la dirección de Madrid y en la Federal, entre otros impresentables de IU que han hecho abandonar a gente tan valiosa como Tania Sánchez y Mauricio Valiente, entre otros muchos. Con el panorama que tiene ahora mismo, creo que a estas alturas Artur Mas tendría que haber dimitido, porque la corrupción y los recortes y ajustes del que ha sido responsable en Cataluña, le tienen en pura agonía política por parte de la CUP, y en Común Podem esperándolo a la vuelta de la esquina.

Del PSOE no les voy a comentar nada, porque hablando con amigos de Madrid, que están muchos más enterados que este periodista de provincia, me dicen que lo único que saben es que no saben nada, y que de pronosticar no se atreven con el futuro, no saben si el PSOE tras esta crisis saldrá monárquico, republicano o accidentalista, que ya saben que en política es la doctrina que considera irrelevante la forma de gobierno, ya sea monarquía, república, y para el ala más a la derecha del PSOE incluso podrían amoldarse a una dictadura, como ya lo hicieron con la del general Primo de Rivera. Pero todas las tendencias y grupos del PSOE, menos Izquierda Socialista, son partidarias de continuar con las puertas giratorias, que Felipe se enfada en caso de que no giren. Total que del choque de trenes entre Pedro Sánchez y Susana Díaz me dicen desde Madrid que lo mejor será esperar al definitivo parto que haya en Cataluña, y a lo que diga en las próximas semanas Podemos, que tiene todos los visos de llevar en el futuro la voz cantante. Parece que Susana y Pedro andan bien agarrados por Iglesias y Colau.

Votemos La Oliva (Fuerteventura) ha tildado de “circo” la convocatoria de pleno municipal de este sábado que finalmente no se celebró, según expuso la formación.

“En primer lugar decir que CC, por medio de su concejal Genaro Saavedra, se enteró de la convocatoria de este pleno el mismo día que nosotros. Nosotros recogimos la convocatoria y el concejal de CC dijo que tenía que hablar con su gente y no la recogió. Pero están enterados desde hace días”, matizó el partido.

Aquí, destacó que el “circo” que se ha montado en este Ayuntamiento es el que Votemos quiere evitar desde octubre de este año, que es “que un condenado por prevaricación, con lo que supone una incompatibilidad sobrevenida, dejase este Ayuntamiento”.

“Nos hemos tirado meses batallando solos, al final llegó también PSOE, cosa que agradecemos, y claro, el querer apuntarse el último día por parte de CC, después de estar la pasada semana haciendo mítines de campaña con él, nos parece patético”, aseveró.

El alcalde inhabilitado de La Oliva, Domingo González Arroyo, montó un show este martes al salir del Ayuntamiento del norte de Fuerteventura cuando, a preguntas de los periodistas presentes, les remitía a ir “al pajar de donde sacaron la información”.

El líder del Partido Progresista Majorero (PPMajo) llega hasta su vehículo y vuelve al edificio municipal, incluso en un momento a la pata coja, mientras solo repite una y otra vez a los profesionales de la comunicación presentes que fueran “al pajar”.

Al final el político, ex del Partido Popular, se marchaba a toda velocidad en su todoterreno de alta gama, no sin antes amagar con atropellar a un cámara.

González Arroyo fue condenado a 9 años de inhabilitación para cargos municipales a través de una sentencia del Juzgado número 2 de lo Penal de Arrecife con sede en Puerto del Rosario por permitir la explotación de una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Oliva, Rosa Fernández, ha exigido al alcalde en funciones de la localidad majorera, Pedro Amador, que ejerza su autoridad como tal y actúe de forma inmediata para desalojar del Ayuntamiento al alcalde inhabilitado, Domingo González Arroyo, quien desde este martes por la mañana se atrincheró en su despacho.

“Lo que ahora procede es que Amador ordene a la Policía Local el desalojo”, entiende Fernández, quien recuerda que González Arroyo llegó esta mañana al Consistorio “y llamó a los letrados para hacer un decreto para cesar al primer teniente de alcalde, Pedro Amador, cuando González no puede seguir en el Ayuntamiento ni dando órdenes ni firmando decretos porque ya no es alcalde”.

A su vez, Amador fue a poner una denuncia contra González Arroyo a la Fiscalía y a la Delegación de Gobierno para que actúe la Guardia Civil. A juicio de Rosa Fernández, “con independencia del curso que siga la denuncia ante la Fiscalía, quien tiene que dar la orden a la Policía Local para el desalojo inmediato de Domingo González es el alcalde en funciones, Pedro Amador, no necesitas ninguna denuncia”.

“Es una vergüenza que el Ayuntamiento de La Oliva siga siendo noticia por estas circunstancias”, reconoció la portavoz socialista, por lo que ha exigido que se convoque “de forma inmediata” el pleno para elegir nuevo alcalde así como para que el nuevo concejal del PPM tome de posesión.

Mientras, el Partido Popular de la localidad del norte de la isla ha exigido el cumplimiento de la ley después de que el exalcalde haya firmado decretos y continuado realizando tareas propias del alcalde. Para el portavoz popular, Claudio Gutiérrez, “un Ayuntamiento no puede ser gestionado desde la inseguridad jurídica y la incertidumbre”.

Desde el Partido Popular se espera la convocatoria del pleno que permita la designación de un nuevo alcalde de manera que el Ayuntamiento “pueda recuperar la gobernabilidad y los vecinos no vean esta administración paralizada”. En este sentido, Gutiérrez ha manifestado la voluntad del Partido Popular de recuperar “el consenso y la cordura” en el Consistorio.

El alcalde inhabilitado del municipio majorero de La Oliva, Domingo González Arroyo, se ha atrincherado este martes en su despacho de las Casas Consistoriales tras negarse a ceder su puesto al frente de la Alcaldía al número dos de la lista de su grupo, el Partido Progresista Majorero (PP Majo), como ha ordenado la Junta Electoral Central el pasado 17 de diciembre tras ser condenado por un delito de prevaricación.

Domingo González Arroyo, líder histórico del PP en Fuerteventura hasta que fuera desplazado del cargo por la actual presidenta, Águeda Montelongo, se encerró en el ayuntamiento durante unas horas, según confirmaron a este periódico varias fuentes consultadas, y después de intentar, por un lado, la Policía Local, convencerlo para que depusiera su actitud, y por otro, presentar denuncia ante la Guardia Civil el concejal de Podemos Álvaro de Astica, el alcalde abandonó el ayuntamiento por una puerta lateral ante el gran revuelo montado en el pueblo.

El que fuera gran líder de la derecha majorera (en su polémica trayectoria, sazonada de grandes escándalos, ha militado en el CDS, el PP y ahora en su PP Majo, que utiliza casi las mismas siglas populares) habría amenazado a dos de sus concejales con destituirlos, según han indicado las fuentes consultadas, ante el hecho irreversible de tener que ceder su acta en el próximo pleno, previsto, en un principio, para el sábado 26 de diciembre.

A Domingo González Arroyo, estos dos concejales intentaron convencerlo “por las buenas” de que abandonara el ayuntamiento, en una mañana calificada de “sainete” por quienes presenciaron las escenas en las Casas Consistoriales de este municipio turístico de Fuerteventura.

González Arroyo fue elegido alcalde en junio pasado con los únicos votos de su formación, los cinco concejales del PP Majo, en un pleno municipal integrado por otros cinco partidos: Coalición Canaria (5), PSOE (3), PP (3), Votemos (2) y Nueva Canarias (2).

Sin embargo, dos semanas después de tomar posesión se hizo pública una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, que lo inhabilitaba para los cargos de alcalde y concejal durante nueve años por un delito de prevaricación, al haber permitido explotar una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva.

El Ayuntamiento de La Oliva ha recibido este jueves la credencial de la Junta Electoral Central para que tome posesión como concejal el siguiente candidato en la lista del PP Majo en sustitución del alcalde, Domingo González Arroyo, por su inhabilitación para ejercer un cargo público.

La portavoz del PSOE en La Oliva, Rosa Fernández, ha informado en un comunicado de la resolución de la Junta Electoral Central y ha asegurado que la ley “ha venido a darnos la razón, ya que la inhabilitación de Domingo González Arroyo se produjo de forma automática por ley”.

El PSOE y Votemos fueron las dos únicas formaciones con representación en el Consistorio que solicitaron un pleno extraordinario para tomar conocimiento de la sentencia que inhabilitaba a Domingo González Arroyo por un delito de prevaricación y elevar dicho acuerdo a la Junta Electoral Central, ha indicado Fernández.

La socialista ha explicado que habrá que convocar un pleno extraordinario en el plazo de diez días para que tome posesión el nuevo concejal del PP Majo que será el número seis de la lista, Rafael Benítez García, y elegir nuevo alcalde.

Domingo González Arroyo tomó posesión como alcalde el pasado mes de mayo tras arrebatar la alcaldía a la nacionalista Claudina Morales y después de tres legislaturas sin ocupar el cargo de alcalde.

Sin embargo, dos semanas después de tomar posesión se hizo pública una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, que lo inhabilitaba para los cargos de alcalde y concejal durante nueve años por un delito de prevaricación, al haber permitido explotar una cantera en Lomo del Pájaro, en el municipio de La Oliva.

El líder del PP Majo solicitó una aclaración de sentencia que fue rechazada en un auto el pasado 15 de octubre por el titular del Juzgado de lo Penal número 2 María Isabel Quintero.

Rosa Fernández ha recordado que hay gente que “dudaba sobre si nosotros teníamos razón o no cuando presentamos junto a Votemos la solicitud de pleno extraordinario para tomar conocimiento de la sentencia” y ha recordado que al pleno no quisieron adherirse los grupos CC y PP, que “son los que han permitido que González Arroyo se sintiera protegido hasta el día de hoy”.

“Nos pusieron en entredicho y no apoyaron la convocatoria de pleno extraordinario los ahora candidatos al Senado de CC, Claudina Morales, y del PP, Claudio Gutiérrez, y la única justificación era conseguir los votos para el Senado, sin importarles la situación de ingobernabilidad que vive del municipio desde hace seis meses”, ha denunciado la socialista.

Fernández ha vuelto a insistir en el pacto secreto entre CC y PPM al Senado, que se materializó en la noche de ayer al acudir Domingo González Arroyo a un mitin de Claudina Morales en Puerto del Rosario.

El Partido Popular de La Oliva ha subrayado que sus concejales han permanecido en el pleno del Ayuntamiento celebrado este jueves “por responsabilidad política y en cumplimiento de sus deberes como concejales electos en la Corporación”.

Así, el portavoz de los populares en el municipio majorero, Claudio Gutiérrez, matizó que el voto de los tres concejales populares en los acuerdos adoptados en el pleno de este jueves “quedarían supeditados al resultado de futuras decisiones judiciales”, extremos que reclamó “constase en acta de la sesión plenaria”.

La secretaria accidental del pleno expuso al inicio de la sesión que los concejales no tienen capacidad para determinar la validez del pleno y que es su deber asistir al mismo. Gutiérrez señala que el municipio no puede estancarse en un estado de ingobernabilidad, “los vecinos necesitan que el Ayuntamiento siga funcionando y se sigan tramitando todos los asuntos”.

El Sindicato Independientes de Policías de Canarias (SIPC) del Ayuntamiento de La Oliva ha denunciado este martes la falta de libertad sindical que existe en el consistorio, presidido por el alcalde Domingo González Arroyo, y la situación “lamentable” que se vive en él.

Según ese sindicato, el alcalde “incumple” un derecho fundamental recogido en la Constitución española: la libertad sindical y “hace caso omiso a las numerosas solicitudes de los representantes sindicales del cuadro laboral y funcionariado”.

Entre ellas la de convocar a los órganos competentes de negociación de cualquier administración pública: la mesa negociadora y el comité de riesgos laborales y salud, mesa mixta paritaria o las mesas sectoriales, se asegura en un comunicado.

El SIPC denuncia también que González Arroyo (PP Majo) no accede a la convocatoria de ninguna de ellas, “desatiende las solicitudes por registros de entrada, rechaza sistemáticamente la utilización horaria de los créditos sindicales por parte de los representantes y no permite, de esta manera, la utilización de este tiempo en defensa de los intereses de los colectivos”.

Según el sindicato, con estas trabas los representantes sindicales se ven “obligados” a emplear su tiempo libre para estos fines, “con un objetivo claro de desgaste”, añaden.

Por ese motivo, la Policía Local de La Oliva ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo y Sanidad por no haber convocado los órganos de negociación.

El alcalde de La Oliva (Fuerteventura), Domingo González Arroyo, deberá hacer frente a una fianza de forma solidaria de más de 1,5 millones de euros con otros cinco concejales que formaron el grupo de gobierno del PP en 1999, y que en un pleno celebrado en el mes de agosto de ese año decidieron sacar a subasta pública un suelo que en 1982 fue donado por su propietario al Ayuntamiento para uso vecinal, y por el que ahora serán juzgados por delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

Se trata del conocido caso Las Clavellinas, una codiciada pieza de suelo en plena localidad turística de Corralejo, al norte de Fuerteventura. En 1982, el ciudadano belga Guy Van Daele, decidió donar esos terrenos al Consistorio para que fuera cedido a los vecinos. La pieza de 270.000 metros cuadrados fue segregada por el Ayuntamiento en 1999, de los que 125.000 metros cuadrados fueron subastados.

El caso estalló en 2000, con un presunto acuerdo bajo cuerda entre el grupo de gobierno del PP de La Oliva y la entidad bancaria La Caixa, que finalmente se llevó la pieza de suelo en subasta por un precio inferior al inicialmente marcado por el Consistorio, unos 250 millones de las antiguas pesetas ( 1,5 millones de euros).

Tres lustros después, y tras reabrirse la causa hace dos años, el instructor da por concluidas las pesquisas y manda a juicio a Domingo González Arroyo, ahora en el Partido Progresista Majorero (PPM), escisión local del PP y de nuevo al frente del Ayuntamiento, y a los concejales de entonces José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Tomás Andrés Pérez Rodríguez.

El Ministerio Fiscal y una de las entidades afectadas que ejerce la acusación particular, Difusión Comercial e Inmobiliaria SA, califican los hechos de aquella decisión del pleno municipal de prevaricación, mientras que la Asociación de Vecinos Las Clavellinas añade a ese delito malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Puerto del Rosario, Marta Grande Lorenzo, ha decretado en un auto fechado el 22 de octubre apertura de juicio oral, remitiendo la causa al Juzgado de lo Penal 2 de la capital majorera, y fijando la fianza de forma solidaria en 1.502.530, 26 euros, además de otros 67.500 euros en el caso de Domingo González Arroyo.

A lo largo de estos quince años, desde que se produjera primero la subasta de los terrenos en 2000 y dos años después la asociación de vecinos interpusiera querella contra el grupo de gobierno de entonces, el caso ha dado vueltas de los juzgados de Puerto del Rosario hasta la Audiencia Provincial, e incluso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dado que Domingo González Arroyo declaró como imputado ante la Sala Penal del alto tribunal canario en 2010 dada su condición de aforado entonces como diputado del grupo parlamentario popular, antes de su ruptura.

Quienes quedaron fuera del procedimiento son el exsecretario del Ayuntamiento Miguel Ángel Rodríguez y el delegado en Canarias de La Caixa, Andrés Orozco, por decisión de la Audiencia Provincial, en el primero de los casos, porque Rodríguez llegó a votar en contra expresamente de la subasta de los terrenos, precisamente por la condición impuesta por el propietario en 1982 de que cedía la parcela para uso y disfrute de los vecinos.

Del grupo de gobierno acusado de prevaricación al que se le abre juicio oral, aparte del actual alcalde, Domingo González Arroyo, continúan en la actividad política con responsabilidades en el mismo ayuntamiento José Cristóbal Calero y Marcelino Umpiérrez.

Podemos ha pedido la “inmediata” dimisión del recientemente nombrado alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y del consejero del Partido Progresista Majorero (PPM) en el Cabildo de Fuerteventura, Jerónimo Soto, tras la publicación de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife que condena a ambos políticos a nueve y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación para cargo público por prevaricar

La formación morada considera “inadmisible” en un comunicado que ambos representantes sigan en sus puestos una vez ha quedado probado su conocimiento de que la cantera en el Lomo del Pájaro funcionaba sin permiso y de que el actual regidor de La Oliva, que fue presidente y copropietario durante años de la empresa explotadora, utilizara su cargo para suministrar material de construcción al Ayuntamiento sin ningún tipo de contrato.

Asimismo, remarca que se trata de una condena y no de una imputación, pues “un juez considera que queda probada la actividad delictiva de ambos”.