Con las elecciones locales del 26 de mayo casi a la vuelta de la esquina, se celebra esta entrevista con Pedro Fernández Arcila, de la formación política Sí Se Puede (este partido de izquierda tiene cuatro concejales de 27 en el Ayuntamiento capitalino). La cita se desarrolla en la mañana del lunes de Carnaval, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

En la charla, el candidato a la alcaldía de la capital tinerfeña se muestra poco satisfecho con los resultados de gestión obtenidos por José Manuel Bermúdez, actual alcalde de CC, en sus dos mandatos seguidos y además confiesa que queda mucho por hacer en materias como la vivienda, el transporte o la atención social.

Si uno se da un paseo por Santa Cruz puede pensar que es una ciudad que está algo abandonada. Muchos de los edificios antiguos y emblemáticos de la capital se hallan en muy mal estado. ¿Qué cree que se debe hacer en esta materia?

Es lamentable que el Ayuntamiento haya perdido otros cuatro años en lo que tiene que ser una política de protección del patrimonio histórico, con la que no solo tiene que proteger el patrimonio de titularidad pública, sino también establecer, a través de ayudas públicas, medidas que incentiven a los propietarios privados a proteger sus inmuebles. Esto ya se hizo en el conjunto histórico de La Laguna y los resultados saltan a la vista.

Aquí no se ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera hemos logrado sacar adelante los planes especiales, que son los documentos que regulan los conjuntos históricos. Además, veníamos con un déficit en esta materia, pues había unos 500 inmuebles que no habían sido recogidos en el Plan General y ya llevamos cuatro años pidiendo que se incluyan.

La percepción que tenemos desde Sí Se Puede es que para el equipo de gobierno [de CC-PP] se trata de una carga que debe soportar el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En cambio, para nosotros proteger el patrimonio es esencial. No solo por el propio valor histórico que contienen esos inmuebles, sino también, si se quiere ver desde una perspectiva puramente económica, como reclamo turístico. Con una propuesta de rehabilitación urbana, nuestra ciudad adquiriría un valor inmenso.

¿Cuál es la situación actual del proyecto Santa Cruz Verde 2030 y qué postura tiene Sí Se Puede respecto a esta iniciativa?Santa Cruz Verde 2030

Nosotros vemos como una necesidad que la expansión urbanística de Santa Cruz sea hacia esa zona [la de la refinería de CEPSA], pero es cierto que, como se lleva más de ochenta años contaminando los suelos, debe existir un proceso riguroso de descontaminación de estos antes de destinarlos a uso residencial. Pero sin duda esa va a ser la expansión urbanística de los próximos 20 años.

No obstante, hemos dicho que esa expansión urbanística tiene que estar enfocada a atender la demanda fundamental que tiene la ciudad de Santa Cruz, que es la vivienda de protección oficial. Además, es importante que no se vuelva a repetir el error que se cometió con la primera expansión urbanística en los terrenos que se cedieron de la refinería [polígono CEPSA-DISA], donde hubo un desarrollo urbanístico sin que hubiera un aprovechamiento por parte del Ayuntamiento. No se ha retribuido hasta ahora el 10% de los beneficios de ese plan.

¿Qué le parecieron las declaraciones que hizo hace unas semanas el alcalde Bermúdez sobre los migrantes sintecho?

Santa Cruz es una ciudad en la que hay mucha inmigración irregular, pero esto no debe asociarse, salvo en situaciones muy puntuales, a un asunto de inseguridad ciudadana. Más bien al contrario, la mayoría de los inmigrantes son gente trabajadora que lo único que intenta es tener unos ingresos para poder mantener a su familia. No creo que sea positivo ni justo vincularlos con la violencia ni con cuestiones irregulares.

Por esto nos preocuparon las declaraciones del alcalde, porque de una manera muy matizada colocó a la inmigración como elemento central del problema de la violencia o la inseguridad en algunos barrios. Lo dejó caer de una forma un tanto velada y a nosotros eso nos pareció injusto, desproporcionado y, desde luego, no ajustado a la realidad.

En fin, Santa Cruz es una ciudad multicolor. Una de las características de Canarias es precisamente que se ha nutrido de los más distintos puntos del mundo. La inmigración siempre ha contribuido a la conformación de nuestra cultura, que se ha ido enriqueciendo gracias a la aportación de todos esos pueblos. Creo que el alcalde ha tenido ahí una deriva un tanto preelectoralista.

Guillermo Díaz Guerra, candidato del PP a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, afirmó hace unos días que, si otras administraciones públicas no contribuían a la financiación del albergue municipal, habría que cerrarlo. ¿Es esa la solución?

Es un enfoque que a nosotros nos parece lamentable. Es verdad que el Ayuntamiento de Santa Cruz está asumiendo con el albergue municipal una función que le podría corresponder al Cabildo, ya que vienen personas de diferentes sitios de Tenerife. Y también es verdad que deberían existir otros albergues en el sur y el norte, pero creo que ese tipo de titulares enturbian lo que debe ser un debate sosegado y razonable sobre la necesidad de incrementar los recursos sociales de la isla para que este servicio no solo lo asuma Santa Cruz y para que también se pueda dar una correcta respuesta a la situación de exclusión social, que es un problema acuciante en el territorio insular.

Nosotros estamos totalmente en contra de cerrar cualquier recurso social existente en la isla. Más bien estamos por la labor de incrementar las dotaciones sociales ante la situación de necesidad que afecta a muchas personas.

¿Y qué servicios de atención social cree que deben mejorarse en Santa Cruz de Tenerife?

Lo fundamental es la labor preventiva, es decir, aquí los servicios sociales están haciendo una tarea meramente administrativa, de ofrecer dotaciones económicas a aquellas personas que tienen más dificultades. Y además con retraso, porque no hay suficiente personal para atender a tantas personas que demandan esas ayudas. Pero no se está haciendo un trabajo preventivo, que es la labor fundamental que deben hacer los trabajadores sociales. Hablamos de procesos de integración para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social, de ir atisbando dónde se pueden dar problemas de este tipo y de intentar abordarlos detectándolos de manera preventiva...

Para esto hay que dotar de personal al IMAS [Instituto Municipal de Atención Social] y no se ha hecho absolutamente nada en esta línea. Ahora solo nos limitamos a ofrecer dotaciones económicas en la fase final, cuando ya se ha dado el problema.

Parece que el Ayuntamiento ahora se ha puesto las pilas -a última hora, con las elecciones a la vista- con la vivienda social. ¿Algo tarde, no cree?

No creo que se haya puesto las pilas con el asunto de las viviendas de protección social. De hecho, no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana. Tendría que haber habido una política de vivienda desde hace muchísimo tiempo. En estos ocho años, lo que ha durado el mandato de Bermúdez, la política en materia de vivienda social ha sido prácticamente nula.

La única política ha sido intentar abordar un problema que había explotado: el tema de los pisos de Añaza, que estaban en manos de fondos buitre. De resto no se ha hecho absolutamente nada para prevenir e ir dotando de viviendas de protección oficial al municipio. Y tampoco se ha tratado de sacar las viviendas vacías al régimen de alquiler social. Sin embargo, sí que le ha tendido la mano a la vivienda vacacional, que ha provocado, junto a la falta de políticas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, que este asunto se haya incrementado en nuestro municipio.

¿Qué sabe del concurso público para la gestión municipal de residuos? ¿Qué le ha parecido el proceso y cómo puede terminar?

Aún se encuentra pendiente de resolución [hay dos recursos sin responder] por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Hay varios recursos interpuestos por parte de empresas a las que no se le adjudicó el servicio. Desde nuestro punto de vista, ha habido cierto trato de favor a la empresa adjudicataria [Valoriza, del grupo Sacyr, a la que además pertenece Emmasa] porque esta hizo una oferta temeraria en cuanto a los niveles de prestación de servicios. Esa oferta temeraria fue analizada por los servicios técnicos municipales y estos dijeron que la oferta no se podía cumplir. Por lo tanto, a partir de ahí debieron haber excluido a esa empresa. No solo no la excluyeron, sino que fue a la que le adjudicaron el servicio.

Coalición Canaria parece haberse olvidado de la ampliación de la línea 2 del tranvía hasta La Gallega. ¿Saldrá adelante al final?

Bueno, creo que es necesario hacer una planificación en materia de transporte público para saber qué es lo necesario en relación con el área metropolitana y en materia de movilidad sostenible. Lo primero debe ser aburrir al conductor privado. Este debe asumir que va a ser muy difícil circular por el centro de Santa Cruz y, a partir de ahí, establecer políticas en materia de transporte público: incentivando las líneas de guagua, favoreciendo al sector del taxi e incrementando el servicio del tranvía.

Debemos tener en cuenta que la línea 1 es la única rentable del tranvía -ya que une dos puntos de mucha población-. Pero, realmente, en el área metropolitana, la guagua es la mejor alternativa al transporte privado. Y lo es por su facilidad de adaptación, de creación de nuevas líneas, de establecimiento de más frecuencias… Pero debe ser un servicio eficaz. De lo que se quejan los vecinos de La Gallega es de lo mal que funciona el transporte público en guagua. Por lo tanto, hay que incrementar estos servicios.

¿Cómo concurrirá Sí Se Puede a las próximas elecciones?

En Santa Cruz vamos solos, como Sí Se Puede. Intentamos una confluencia que duró aproximadamente cuatro meses con Podemos e Izquierda Unida, pero finalmente el partido morado nos indicó que no éramos socios para ellos. Por voluntad de Podemos a escala municipal, salimos de la posible confluencia. IUC, por su parte, tomó la decisión recientemente de ir en confluencia con Podemos en Santa Cruz. A escalas insular y canaria, Sí Se Puede está en un proceso de confluencia con Podemos, IUC y Equo ante la necesidad de ir coligados con todos estos partidos.

¿A qué aspiran tras el 26 de mayo?

Nosotros en Tenerife vamos a recuperar dos alcaldías: la de Vilaflor y la de Buenavista. Luego, si los otros partidos de s hacen su trabajo, podemos gobernar en Candelaria, El Rosario, Tegueste, Tacoronte, La Laguna y Santa Cruz. Digamos que toda el área metropolitana va a cambiar en el sentido de que podrían darse procesos de confluencia poselectoral entre los partidos de izquierda, estando muy presente Sí Se Puede en todas estas administraciones.

¿Qué idea tiene para el Cabildo? ¿Cree que habrá confluencia?

Entiendo que sí. Yo no estoy en esa mesa de confluencia, pero se están acercando posturas y creo que es muye posible que haya una confluencia en el Cabildo de Tenerife. Además, nos hemos dado cuenta de que es una institución esencial para gestionar y tomar las grandes decisiones que afectan a la isla. Por ejemplo, esta institución es la que puede implantar los carriles Bus-VAO, que pueden resolver el problema de las colas en el norte y en el sur.

En materia de residuos y de energías renovables, también es fundamental la postura del Cabildo. Creo que Podemos, con nuestros compañeros de Sí Se Puede, sobre todo con Fernando Sabaté, han hecho una labor de control a todas las empresas públicas y a las decisiones económicas y financieras que ha adoptado el Cabildo, que han sido muy cuestionadas. Una ha sido el asunto de los swaps o el control sobre la venta de los casinos.

El Tribunal Supremo está a punto de decidir sobre el caso de Las Teresitas. ¿Qué conclusión saca ahora?

La verdad es que la sentencia de la Audiencia Provincial, que he tenido ocasión de leerla y estudiarla con detalle, la veo tan razonada y fundamentada que me parece difícil que se pueda revisar en el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué dice finalmente, pero yo estoy convencido de que lo más probable es que se confirme la sentencia de la Audiencia Provincial.

Díganos cuál es su decálogo electoral para el 26 de mayo...

Tenemos tres principales líneas a seguir en Santa Cruz: el aspecto social, el medioambiental y el de accesibilidad. Lo primero es atender, a través del aumento de las dotaciones económicas y del personal en el Instituto Municipal de Atención Social, la situación de muchísimas familias de diferentes barrios que se encuentran en exclusión social. También afrontar el tema de la vivienda con unas políticas urbanísticas que tengan que ver con la renovación y la rehabilitación urbanas y que los nuevos sectores de crecimiento urbanístico tengan muy en cuenta esta realidad.

En materia medioambiental, hay que acudir a todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. Hay que realizar un cambio radical en el sistema de transporte en Santa Cruz, primando el servicio público en detrimento del transporte privado. Para ello hay que beneficiar al tranvía, incrementar los servicios, las frecuencias y las líneas de las guaguas, aparte de establecer compromisos con el sector del taxi. Hay que lograr que el transporte público se vea potenciado.

En materia de accesibilidad, que consideramos que es una asignatura importante, nuestra idea es hacer una línea prioritaria en obras que permita el acceso tanto a edificios como a las vías urbanas.

¿Qué pasa con las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de San Andrés? ¿Todavía no se ha encontrado una solución?

El asunto nos preocupaba mucho porque la Cofradía de Pescadores de San Andrés se encontraba en una situación alegal. La Viceconsejería de Pesca, en su momento, presentó un proyecto para realizar unas obras -entendemos que fueron aprobadas por urbanismo- que se cometieron a finales del siglo pasado y principios del presente. Sin embargo, no hay una autorización como tal de ese edificio, que se construyó por parte de una administración pública.

Para nosotros, la solución al problema pasa por el reconocimiento de la cofradía de pescadores como refugio pesquero por parte de la Viceconsejería de Pesca. Así se lo planteamos al pleno del Ayuntamiento, que aprobó nuestra propuesta, y hubo un compromiso formal por parte del equipo de gobierno de Bermúdez. Este dijo que se encargaría de iniciar un proceso de negociaciones para que esto fuera así.

En cambio, en estos últimos cuatro años no se ha hecho absolutamente nada. La Cofradía sigue estando en esa especie de limbo legal cuando es una actividad económica que está vinculada directamente a la principal actividad económica del pueblo: la restauración. Además, la pesca en esa zona tiene una proyección de futuro innegable, porque se puede integrar a los pescadores profesionales en la futura reserva marina de Anaga, en la que también se puede plantear no solo el tema de la pesca, sino también algunos aspectos turísticos y de conservación. Y en estos procesos tiene que jugar un papel fundamental la cofradía de pescadores.

Lo que nosotros propusimos es, primero, su reconocimiento legal como forma de salvaguardar futuros proyectos y de garantizar los ya existentes, y también lograr que cada vez sea más atractivo para las personas de San Andrés y de Anaga ser profesionales de la pesca en un futuro que puede ser mucho mejor que el presente. La lástima es que nadie haya sabido entender este mensaje. Ni siquiera ha habido el interés por trasladarlo a otras administraciones implicadas, que yo creo que pueden ser sensibles a esta propuesta. Criticamos la inactividad de Bermúdez porque ha sido un fracaso muy importante en lo que se refiere al desarrollo económico de un sector [la pesca] que es fundamental en la zona de San Andrés y de Anaga.

En relación con los vertidos autorizados y no autorizados que han provocado la contaminación del litoral santacrucero, ¿cómo considera que se soluciona esto y por qué no se le ha prestado la atención suficiente?

El problema de los vertidos en el litoral de Santa Cruz es que la mayor parte de ellos no están autorizados por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Y el más importante, que es el que se vierte en la zona de Cabo Llanos, cuenta con una autorización de Medio Ambiente que incumple la ley. Se están vertiendo más de 20.000 metros cúbicos diarios al mar sin un tratamiento secundario, solamente con un tratamiento primario. Eso es, por tanto, un foco de contaminación impresionante que se lleva realizando desde hace más de veinte años.

Nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía, esta lo llevó después al juzgado y ahora estamos pendientes de que el Ministerio Fiscal emita un escrito de calificación. Se trata del foco de contaminación más importante y, en cambio, existía la alternativa de elevar esas aguas residuales que se vierten desde Cabo Llanos a la estación depuradora, que tiene más capacidad de la que se dice. Una vez depuradas, las aguas pueden ser vertidas al mar o bien entregadas al Balten (Balsas de Tenerife) para que sean sometidas a un tratamiento terciario y puedan derivarse al sur para el riego agrícola o de jardines.

¿Beneficia el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife al empresario Antonio Plasencia?

Por los datos que se han ido conociendo, parece que sí. Ha había un deseo de beneficiar a la familia de Antonio Plasencia al adquirir ese inmueble en Cabo Llanos para uso del IASS. Al parecer no existía esa urgencia que se dijo desde el inicio como justificación para adquirirlo. Por eso el Cabildo ha tenido que dar marcha atrás y volver a convocar un proceso mucho más limpio y transparente que el que había hecho en un principio.

Recientemente, ha sido imputado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el caso Grúas, un asunto de cuando era alcalde de La Laguna. ¿Qué opinión le merece esta noticia?

El caso Grúas se puede calificar como unas decisiones públicas sin base justificable desde el punto de vista administrativo. Son decisiones en las que primaron el amiguismo y el favoritismo entre personas conocidas del entonces alcalde de La Laguna y ahora presidente del Gobierno de Canarias. Estas decisiones llevaron a una situación de quiebra absoluta a la empresa que gestionaba el servicio municipal de grúas, que alcanzó una deuda cercana a los 700.000 euros. Esto hubiera derivado en un daño patrimonial de incalculables proporciones al Ayuntamiento de La Laguna.

El actual líder de Sí Se Puede en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, repetirá como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento capitalino en las elecciones municipales convocadas para mayo de 2019. La organización ecosocialista cerró este fin de semana el proceso de primarias para elegir a la persona que encabeza su propuesta electoral, tras la ratificación de la IV asamblea canaria.

En esa misma reunión ya quedó claro que Fernando Sabaté no repetirá como número uno en la propuesta electoral al Cabildo de Tenerife, donde Sí Se Puede y Podemos concurrieron bajo la segunda marca electoral. Sabaté, según apuntan varias fuentes vinculadas a su partido, ha decidido alejarse de la política institucional para prestar más atención a otros ámbitos profesionales y personales.

Según se recoge en una nota de Sí Se Puede, “lanzamos nuestra propuesta con la satisfacción de saber que la labor del grupo municipal y de nuestra asamblea local está ampliamente desarrollada y cuenta con un fuerte arraigo social”, aseguró Fernández Arcila, quien destacó la importancia que tiene para Sí Se Puede la “metodología de construcción colectiva que permite canalizar las demandas y propuestas ciudadanas hacia el Ayuntamiento a través de un intenso trabajo participativo y desde una perspectiva de crítica democrática a la gestión de CC y sus aliados en la Corporación, que solo contemplan los intereses de las élites”.

La asamblea local de Sí Se Puede continúa los preparativos de la creación de su candidatura en dos líneas. Por una parte, la definición del resto de las personas que integrarán su propuesta para el Ayuntamiento capitalino, para lo que la organización contempla como criterios fundamentales la paridad de género con la que se construyen las listas y la participación en ellas de personas de todos los distritos de Santa Cruz. A ello se une el hecho de reflejar la diversidad de edades y de experiencias de movilización social y comunitaria.

Sí Se Puede prevé que las personas que participen en sus candidaturas cuenten con la suficiente experiencia para mantener trayectorias políticas coherentes, que sean íntegras y sensatas, con capacidad de diálogo y tolerancia a la hora de crear procesos colectivos y que generen confianza sobre su capacidad de gestión de los asuntos públicos, se indica en el mismo comunicado.

Sí Se Puede ya comenzó la fase de elaboración colectiva del programa electoral, a través de las asambleas en los barrios y pueblos, convocadas bajo el lema El Santa Cruz que queremos. ¿Qué propones para mejorarlo?, o a través de visitas a distintas zonas del municipio, como ya se hizo recientemente en El Tablero y Cueva Bermeja, y que llevará en las próximas semanas a Fernández Arcila y al resto de la asamblea local de Sí Se Puede a Santa María del Mar, Ofra, La Salud, San Andrés y Taganana, hasta volver a recorrer todo el municipio.

La oposición y el Gobierno municipal de Santa Cruz han llegado a un punto de no retorno en su enfrentamiento por la adjudicación a Valoriza del contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos en la capital tinerfeña.

El pleno extraordinario celebrado sobre este asunto el viernes pasado ha evidenciado que CC y PP defienden a capa y espada la legalidad de la decisión adoptada, y que al bloque opositor (PSOE, Cs, Sí Se Puede -SSP- e IUC) le sigue oliendo muy mal que la empresa ganadora se lleve un contrato de 140 millones de euros en ocho años a pesar de que tres técnicos municipales hayan concluido que no se podrán cumplir los objetivos de calidad del servicio con los recursos económicos, de personal y materiales que aporta esa empresa filial de la multinacional Sacyr (la misma que controla Emmasa).

Aunque el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) y la primera teniente de alcalde, Zaida González (PP), defendieron en ese pleno que se han limitado a acatar la propuesta de la mesa de contratación y que lo ilegal sería contradecirla, pues en ese órgano asesor hay un interventor y una jurista funcionaria, ningún grupo de la oposición salió convencido.

Tal es así que de momento el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (órgano adscrito a la Consejería de Hacienda del Gobierno canario), según se escuchó en el pleno, y que, según La Opinión de Tenerife, también han hecho lo propio dos de las licitadoras, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Urbaser.

Entretanto, Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí Se Puede, adelantó que “no se va a quedar con los brazos cruzados” y acudirá “a las instancias que sean necesarias para enmendar este enorme error que ha cometido el equipo de gobierno”. No precisó el edil ecosocialista si será un recurso contencioso o una denuncia por la vía penal, pero en esta última es en la que se pueden depurar las “responsabilidades penales” de las que viene previniendo a la Junta de Gobierno.

Un pleno para la oposición rígido y corto por tan larga polémica

El pleno, celebrado el viernes, duró poco más de una hora, con un formato ajustado de forma “estricta” al reglamento, de modo que el tiempo de las intervenciones fue de 4 o 2 minutos para cada portavoz, lo que encolerizó a todos los grupos de la oposición, al punto de que José Ángel Martín (PSOE y Pedro Fernández Arcila acusaron a Bermúdez de ser “peor que Zerolo” en transparencia y debate democrático.

Desde IUC, Ramón Trujillo advirtió de que Valoriza “incumple el 75% de los objetivos de calidad”, por lo que la oferta ganadora “se puntúa con un criterio propio de Groucho Marx”, pues se premia “el incumplimiento y la no creación de empleo”, ya que la adjudicataria no aumentará la plantilla actual de Urbaser, mientras que otra  concursante, FCC, ofrecía 80 trabajadores más.

El concejal de Ciudadanos (Cs) Antonio Blanco aprecia una “intencionada falta de transparencia” en este proceso, y sostiene que el Gobierno local “mintió” cuando prometió valorar más la calidad que el precio, que no fue así. Además, el edil de la formación naranja no dudó en aconsejar al responsable de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), que, “además de honrado, tiene que parecerlo”, un consejo que “le vendrá bien para su futuro político, siempre y cuando después de esto lo tenga”. Y lanzó una última pregunta lapidaria: “¿Cómo van a justificar ustedes un daño a la ciudad con alevosía y premeditación?”.

El portavoz de Sí Se Puede insistió en que “los servicios municipales, la mesa de contratación y la propia empresa reconocen que Valoriza puede incumplir la oferta que realiza y, a pesar de eso, en vez de excluirla por baja temeraria, como establece la ley y como les recuerda el Tribunal de Contratación Pública, por baja temeraria, se le da el servicio”, en la línea, agregó, de “las adjudicaciones fraudulentas de la época de Zerolo”.

Fernández Arcila fue más allá e hizo un juego de palabras que cada vez fue demudando más la expresión del grupo de gobierno: “Con esta adjudicación el municipio estará cada vez más sucio, pero también este Ayuntamiento estará cada vez más sucio”.

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, acusó a CC y PP de “hacer todo lo posible por esconder este asunto”.

El PP hace piña con CC y la “película de terror” de la oposición

Arropó a CC la jefa de filas del PP, Zaida González, quien proclamó que “la transparencia está acreditada y todos los informes publicados, y no hay trampa ni cartón, sino un criterio de los funcionarios que Dios nos libre que un día los políticos contradigan, en una mesa de contratación, solo porque no les interese su propuesta”. Echando mano de una metáfora cinematográfica, González achacó el pleno a “un intento de hacer una película de terror” sobre un expediente que está “limpio” y hecho “con luz y taquígrafo”.

Comoquiera que al PP le retumban las “amenazas” de Fernández Arcila sobre una posible denuncia penal, la primera teniente de alcalde le indicó el camino: “Don Pedro, usted sabe perfectamente dónde están los juzgados, en la Tres de Mayo, así que, si tiene alguna duda, acuda allí y aténgase a las consecuencias”.

Arteaga se defiende con humor que para la oposición es negro

El concejal de Servicios Públicos empezó su defensa del acuerdo de la Junta de Gobierno con un comentario al que no le encontró ninguna gracia la bancada de la oposición: “Si me permiten la broma, no vale escupir hoy”, dijo en alusión a un tenso debate en el Congreso de los Diputados en que el ministro Josep Borrell se quejó la pasada semana de que lo había escupido un parlamentario de ERC.

Ya en materia, Arteaga defendió que con Valoriza “se dará un salto de calidad sin precedentes en limpieza y tratamiento de residuos, porque así lo establecen los pliegos del concurso”. Se renovarán los vehículos para adquirirlos “de última generación” y se mantendrá el 100% de la actual plantilla de Urbaser.

Consideró que la decisión ya no se puede discutir en el pleno “sino en los tribunales”, y protestó por que la oposición, cuya “estrategia es la de engañar por motivos preelectorales, con tremendo nivelazo”, “cuestione la honorabilidad y honradez” de funcionarios “intachables”, a los que intenta “amedrentar”. “Yo no puntúo las ofertas, las valoran los técnicos”, remachó.

Le repuso el portavoz de IUC que él no ataca a los funcionarios sino al Gobierno municipal que imprime “la dirección política que está detrás de la elaboración de los pliegos” que rigen este concurso, “y que sorprenden porque se puntúa casi igual las malas y las buenas propuestas, y eso es un sinsentido”.

Pero Arteaga no quería dar por cerrada sus intervenciones sin redondear a lo grande la metáfora cinematográfica, por aquello de que se rueda estos días un filme protagonizado por Silvester Stallone en la capital tinerfeña y trató de ridiculizar con este tropo a toda la oposición: “Ustedes se han montado una película hoy, como si esto fuera Rambo V, por un informe técnico, para rodar aquí y cada uno con su papel: don Pedro Arcila, en interpretación memorable, propia de la Amenaza fantasma, pero por mucha amenaza a mí no me acobarda; don José Ángel Martín se supera y se presenta como el justiciero, y pide, '¡alto todo el mundo!, que se suspenda el procedimiento, cuando su propio recurso, que le va a estallar en su mano, lo suspende; Ramon Trujillo inventa los titulares: '¡extra, extra, el caso Watergate!, cuando no se busca la verdad; don Enrique y Cs, no dan una, como Pier [Cherubino], en los autos locos tienen que estar, y como las películas más malas también las ve la gente, a ustedes les han comprado su guión”. “Nuestro guión es lo que marcan los técnicos municipales”, apostilló, como remate a su propio papel casi estelar en el filme del pleno.

El alcalde se pica con Arcila y le reta a un duelo de honor

Sin posibilidad de que los portavoces de la oposición pudieran replicar a Arteaga, la sesión la cerró el alcalde en discurso lapidario. Dijo Bermúdez que “cuestionar la propuesta de la mesa de contratación es cuestionar a los funcionarios de la Corporación, y cualquier otra cosa es falsear la realidad”.

Para más inflexión en los rostros de la oposición, el regidor municipal echó una pulla, pagando con la misma moneda las insinuaciones de que puede haber tomate en la adjudicación: “Yo me pregunto si detrás de las manifestaciones que he escuchado en ustedes a favor de las otras empresas pude haber algo oculto”.

El alcalde señaló que con esta resolución del concurso “se mejorará notablemente la limpieza” en la ciudad e incidió en que “ningún grupo de gobierno podría apartarse de la propuesta de una mesa de contratación”.

Y quiso Bermúdez que sus últimas palabras fueran para el portavoz de Sí Se Puede, que es abogado experto en Derecho Urbanístico y Administrativo y cuya firma ha aparecido en muchas denuncias penales. A este le quiso echar un pulso, más bien duelo de honor: “Cuando usted quiera y donde usted quiera ponemos sobre la mesa la honestidad y mi hoja de servicios a esta ciudad y a esta isla. Usted no está legitimado para repartir carné de honestidad, pues no tiene fuerza moral superior a la mía, ya que yo no he estado imputado nunca. Nos acusa de cosas de las que no tiene ninguna prueba, y ha hecho afirmaciones muy graves que debería retirarlas”.

Sea como fuere, el asunto parece abocado a los tribunales, de lo Contencioso-Administrativo o incluso, si Sí Se Puede cumple lo anunciado, a los juzgados de lo Penal. En los próximos meses se despejará esta duda.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento capitalino celebra que “por fin la trama corrupta de Coalición Canaria empiece a pagar por robar al pueblo de Santa Cruz de Tenerife”, tras la sentencia que condena al exalcalde, Miguel Zerolo, a siete años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación.

“Es el golpe más duro que se ha infligido a Coalición Canaria y a los empresarios que sostuvieron esta corrupta trama político-empresarial y esperamos que esta sentencia sea solo el comienzo y que continúe el desvelamiento y la condena del resto de redes de corrupción que esquilman las instituciones y, a través del robo de los dineros públicos, despojan a toda la ciudadanía”, asegura en una nota.

En su opinión, la sentencia “tiene repercusiones” en la urbanización del Valle de Las Huertas y en el Plan Especial del frente de playa de Las Teresitas; por ello insta al alcalde, José Manuel Bermúdez, “a actuar en cumplimiento de la ley y en defensa de los intereses de la ciudadanía de Santa Cruz”.

Arcila recuerda que hace menos de un mes, en el pleno anterior, el grupo de gobierno municipal de CC-PP rechazó una moción de Sí Se Puede para ejecutar la sentencia que anulaba la compraventa de los terrenos del frente de playa que eran propiedad de Inversiones Las Teresitas, “una operación que fue clave en este caso de corrupción y que es la que motiva que Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Antonio Plasencia e Ignacio González estén ahora condenados a devolver los 52 millones que el Ayuntamiento empleó en la compra anulada de once parcelas”.

A su juicio, “solo es posible hacer justicia si hay reparación, si se devuelve lo robado y se compensa por el daño causado, y así lo ha entendido el tribunal”.

Para la formación ecosocialista, el caso Las Teresitas “ha causado un grave daño al erario público, una apropiación ilegal de 52 millones de euros pertenecientes a los fondos de la corporación que fueron aprovechados por los empresarios condenados con la complicidad de los responsables políticos”. Resalta que “esta sentencia restablece el daño, al obligarlos a devolver esos 52 millones de euros y los intereses por la transmisión ilícita, además de 10 millones de euros por la transmisión de aprovechamiento urbanístico al Valle de Las Huertas”.

El portavoz de Sí Se Puede destaca también que las personas que cargan con las penas más altas, a siete años de cárcel, el exalcalde Miguel Zerolo y al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, “son figuras destacadas de CC”, mientras que encuentra en la condena a cinco años de cárcel a los promotores de ILT, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, “la confirmación de la vinculación entre empresarios y políticos de CC en un estrecho círculo de intereses compartidos, que la ciudadanía y varias organizaciones políticas llevan años denunciando”.

Arcila felicita a todos los colectivos y vecinos de Santa Cruz que llevan años luchando contra la corrupción de CC, principalmente a Ínsula Viable, por la denuncia ante la Fiscalía, y a la Coordinadora El Rincón, que logró anular el convenio de 2001 con el que se ejecutó la compraventa de las once parcelas de ILT por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz por sentencia del Tribunal Supremo de 2007, “que fue donde por primera vez se reconoció judicialmente esta trama”.

Sí Se Puede denuncia el “grave ataque a la democracia” que ha tenido lugar en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrado recientemente. La organización ecosocialista se refiere a la situación en la que el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, impidió que el pleno de la Corporación votara la moción del grupo municipal para tomar una decisión sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de mayo de 2007.

Dicha sentencia se refiere a la titularidad de once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas, según la cual la propiedad corresponde a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), SL, y no al Ayuntamiento capitalino.

La moción planteaba la aplicación de la sentencia firme del Tribunal Supremo, que anuló hace diez años la operación de compraventa del frente de playa a la empresa ILT por parte del Ayuntamiento. Al quedar anulada la operación, corresponde, tal como planteaba la moción, reconocer la titularidad de la propiedad de las parcelas por parte de la empresa y obrar en consecuencia, una actuación que, a juicio de la organización ecosocialista es conocida por el Ayuntamiento y Gerencia de Urbanismo desde 2007, al haber sido parte en el recurso contencioso administrativo.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, asegura que “CC y PP actúan de manera absolutamente irresponsable intentando ocultar en el Plan Especial los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del frente de Las Teresitas porque sería reconocer que la parcela hotelera y comercial no es titularidad municipal y que todos los gastos de urbanización que va acometer el Ayuntamiento, según el Plan Especial de 45 millones de euros, será para beneficio de la familia Plasencia y González”.

Arcila añade que Bermúdez “sabe que la opinión pública no permitiría este nuevo robo y saldría de nuevo a la calle. Por eso han decidido falsear los datos en el Plan Especial cuando afirman que la propiedad es municipal. Esa es la razón última por la que prohibieron que se votara la moción”, sentencia.

Según denuncia en un comunicado, el grupo de gobierno “no quiso verse retratado en el pleno votando en contra del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo”, porque son conscientes de que habrían cometido una ilegalidad; pero tampoco quiso votar a favor de la moción ecosocialista, “porque, en su juego de intereses, han decidido no perjudicar a los empresarios González y Plasencia, que tendrían que pagar impuestos al Ayuntamiento por esa propiedad y que se verían muy beneficiados por este Plan Especial de Las Teresitas”. 

Por este motivo, según declara Arcila, Bermúdez “intentó justificarse en un rocambolesco informe del secretario de la Corporación para anunciar al pleno que la moción de Sí Se Puede solo iba a ser debatida y que no se iba a votar”. Ante la advertencia del grupo municipal ecosocialista sobre las acciones legales que podría emprender, el alcalde recurrió a “una burda triquiñuela”, dejando la votación de la moción sobre la mesa después de haberse debatido, con la excusa de pedir un nuevo informe sobre la propuesta de la moción, esta vez a cargo de los servicios jurídicos municipales“.

Arcila asegura que “el principal derecho de un representante elegido democráticamente para representar a la ciudadanía en una institución es presentar iniciativas que sean consideradas por sus integrantes, para su debate y votación”. Por ese motivo, afirma, “vamos a estudiar las acciones que correspondan para defender nuestros derechos ante una actuación arbitraria en la que el alcalde los ha quebrantado”.

La moción de Sí Se Puede proponía al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una decisión para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo. De aprobarse, las consecuencias habrían sido, por una parte, la nulidad del Plan Especial de Las Teresitas y el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que no se ha abonado desde hace diez años, “con el consiguiente daño a la Hacienda municipal”.

Arcila ha afirmado que las razones por las que se está tramitando este plan especial con inusitada premura es exclusivamente para la legalización del mamotreto, como así ha reconocido el concejal de Urbanismo en innumerables ocasiones y para ello se considera indispensable “falsear datos esenciales en el Plan Especial, a pesar de poner en grave riesgo la hacienda municipal, ocultando a los verdaderos beneficiarios, que no aportarán un solo euro de costes de urbanización”.

Arcila ha finalizado señalando que, “como Bermúdez sabe que su comportamiento es injustificable, adopta estas actitudes antidemocráticas para evitar que se votara sobre estas falsedades”. Sobre este particular, el concejal pronostica que “todas estas actuaciones provocarán de nuevo, si no se rectifica, la judicialización de Las Teresitas con un nuevo e innecesario conflicto, con similares actores y motivaciones, lo que, a la postre, siempre ha supuesto un daño a los vecinos de Santa Cruz, que lo único que desean, de una vez por todas, es disfrutar de esta emblemática playa con las mejoras precisas”.

El grupo municipal Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto, mediante un comunicado, que el Consistorio concrete un convenio con el estamento militar para que el Centro Deportivo Militar Paso Alto pase a ser de uso civil y que “puedan acceder al uso de las piscinas las personas de la tercera edad de los barrios limítrofes a la instalación”.

El planteamiento de Sí Se Puede, según el documento, “va dirigido a permitir a las personas mayores de la zona la práctica de actividades deportivas que mejoren su calidad de vida”. Se trataría, afirma el grupo, “de abrir las puertas del centro y de adecuar los espacios de baño con las ayudas técnicas necesarias para convertirlas en lugares adaptados, lo que posibilita el baño al conjunto de las personas y facilita el acceso a las prácticas deportivas a las personas mayores y a personas con diversidad funcional”.

El partido propone que el inicio del uso civil de Paso Alto “comience con la apertura de sus puertas a las personas mayores de El Toscal, el Barrio de La Alegría, Valleseco, María Jiménez y Cueva Bermeja” ya que, señala el comunicado, “no cuentan con instalaciones financiadas con dinero público para la práctica de actividades deportivas adaptadas para mayores”.

A juicio del portavoz de la formación, Pedro Fernández Arcila, “la exclusividad de estas instalaciones es inaceptable en una sociedad democrática y mantener ese carácter no puede justificarse por razones de defensa o de seguridad ni por sentido de estricta justicia”.

Los concejales de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz han comparecido este martes en rueda de prensa para valorar la sentencia judicial que, según el grupo, avala su petición de resolución del contrato con la empresa Sacyr-Vallehermoso para la prestación del servicio público de agua en la capital tinerfeña a través de Emmasa y que demuestra, a su entender, “la complacencia del alcalde José Manuel Bermúdez con la gestión irregular de la multinacional en un servicio esencial para la ciudadanía y para el propio Ayuntamiento”. Según lo sostenido por el grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, el fallo avala la intervención de Emmasa y solo tacha esta decisión de “excesiva en determinados aspectos”.

El portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, destacó que la resolución judicial “desmonta las tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa”, mientras que “avala el informe de los servicios técnicos municipales, que siempre consideraron que las subcontrataciones estaban incumpliendo el pliego de contrato. Siempre hemos subrayado esta contradicción entre ambos informes”.

Por este motivo, Sí Se Puede señala que, “ahora que una sentencia concluyente avala el parecer de los servicios técnicos municipales, desde nuestro punto de vista lo que procede es la resolución del contrato”, una de las dos penalizaciones que se contemplan para las irregularidades detectadas, junto al pago de 450.000 euros.

Sí Se Puede destaca que las conclusiones judiciales establecen que empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso han sido subcontratadas para realizar prestaciones esenciales, en contra de lo establecido en el pliego por el que la multinacional se hizo cargo del servicio. Además, señala otro incumplimiento: empresas del grupo han sido subcontratadas para prestar labores accesorias sin ningún tipo de autorización previa por parte del Ayuntamiento.

La sentencia fue emitida por el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 de la capital tinerfeña en respuesta a una demanda de Sacyr-Vallerhermoso contra la intervención de Emmasa por parte del Consistorio.

Por estos motivos, Frías anunció la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo: la petición de la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta del interventor designado anteriormente por la Junta de Gobierno -puesto que sus consideraciones han sido cuestionadas por el juez–; la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr -“y que no se dejen caducar, como en otras ocasiones”-, y la entrega de toda la información al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando las irregularidades de Sacyr en Santa Cruz de Tenerife en materia de gestión del servicio público de agua.

La sentencia “da la razón” al Ayuntamiento

En relación con este mismo fallo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considera que le da la razón al Consistorio en la cuestión del acuerdo adoptado en su día por la Junta de Gobierno local. El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, llama la atención acerca de la literalidad de la sentencia, que indica textualmente que los incumplimientos detectados en Emmasa “deben ser considerados como perturbación grave de la relación concesional, lo que justifica la intervención al formar parte del servicio público en el sentido amplio de que supera la estricta relación entre gestor y usuario”. No obstante, la sentencia sí que considera la propia intervención como “excesiva en determinados aspectos y proporcionada en otros”.

De hecho, Arteaga señala en un comunicado que el magistrado establece como “no conforme a derecho la atribución de la facultad decisoria de concertar contratos por parte del interventor, puesto que este pasaría entonces a ser un controlador de la legalidad de la actividad de la empresa concesionaria y se constituiría en un administrador de facto, entrando en el campo del secuestro del gestor indirecto del servicio público”. Además, el edil subraya que esta sentencia ratifica la línea trazada desde el Ayuntamiento en el proceso de intervención de la empresa.

La resolución judicial dictada “no es firme y puede ser recurrida, pero confirma que no nos equivocamos cuando, lejos de esos planteamientos arriesgados que nos proponían en forma de resolución del contrato, optamos por la vía de la prudencia y de la intervención, un aspecto conforme a derecho y que sí nos ha posibilitado un mayor control de la gestión de la empresa en nuestro municipio”.

Pedro Fernández Arcila (Sí Se Puede) decía en este mismo medio lo siguiente: “La unión entre empresarios y políticos, y confundir los intereses públicos con los intereses privados, fue una manera de actuar de CC que puedo decir que todavía continúa”, y lo hacía refiriéndose al caso Las Teresitas. Sus palabras se reflejaron esta semana en dos noticias.

Mientras Fernando Clavijo se dejaba querer por Asier Antona (PP) y por Casimiro Curbelo (ASG), el líder de Izquierda Unida en Canarias, Ramón Trujillo, aprovechó la ocasión para hacer daño con estas otras palabras: “El 26% de los asesores del presidente canario están entre la EGB y Bachillerato”. Calificaba de “escándalo” contar con seis asesores en la Oficina de Relación con los Medios de Comunicación y que ninguno fuera licenciado en Periodismo.

En cualquier otra comunidad autónoma en la que su presidente cuente con seis asesores en comunicación sin los estudios superiores adecuados para la labor que desempeñan, resultaría bochornoso y quizá le costaría la presidencia o, como mínimo, una disculpa pública. Lo razonable sería que Fernando Clavijo tuviese que dar explicaciones, como cuando el padre del actual rey salió a decir “no lo volveré a hacer más”. Pero no se hagan ilusiones.

Este es solo un pequeño ejemplo de que CC continúa confundiendo los intereses públicos con los privados. Los asesores molones de las instituciones públicas canarias no deberían ser asesores de partido, elegidos por el dedo de dios. El presidente del Gobierno de Canarias tiene dos opciones: o sale y desmiente la noticia y da las explicaciones pertinentes, o bien puede modificar el nombre de su cuenta oficial en Twitter por la de Equipo enchufismo.

Coches de alta gama

A raíz de la decisión de Manuela Carmena de reducir la contaminación en Madrid y, por lo tanto, de limitar el tráfico de vehículos, salía Esperanza Aguirre en el programa Al rojo vivo, presentado en esa ocasión por Cristina Pardo, para decir que ella estaba “encerrada en casa” porque sus hijos y ella tenían todos matrículas pares“, y que ”la gente estaba muy asustada“ por lo que estaba haciendo Carmena, otro escándalo que diría Raphael.

Como si del destino se tratará, Canarias Ahora se hace eco de una noticia también de coches en la misma semana: “El Gobierno de Canarias paga seis coches oficiales y 60 líneas de móvil a la cúpula de jueces y fiscales de las islas”, todo sea por mantener la independencia judicial en Canarias. Los críticos le dirían a Fernando Clavijo que públicamente está quedando muy mal esta semana: elimina el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza (que este miércoles, in extremis, ha repuesto, en una clara rectificación de su decisión anterior) y justo después nos enteramos de cuáles son sus métodos para garantizar la separación de poderes. Solo Esperanza Aguirre lo podría hacer mejor.

Pedro Fernández Arcila no es un político en el que habiten los aspavientos, sino todo lo contrario: muestra y traslada serenidad. También mucha coherencia en su discurso político. Persona de grandes convicciones ideológicas, se ha convertido en uno de los líderes con mayor proyección dentro de la izquierda en el municipio de Santa Cruz y en la isla de Tenerife. En la capital, de la mano de Sí Se Puede, ha ido consolidando un apoyo electoral que en los últimos comicios, los de mayo de 2015, ha salido reforzado. En esta entrevista (realizada el 16 de diciembre), Pedro Fernández Arcila, abogado de profesión y letrado de la acusación particular en el caso Valle Las Huertas, analiza la vida política en la ciudad a través del prisma de Sí Se Puede y además aporta sus claves acerca de la “necesaria” confluencia de las izquierdas en el archipiélago. También opina sobre las últimas fricciones entre su formación política y Podemos en Canarias.

¿En qué situación económico-financiera se encuentra el Ayuntamiento de Santa Cruz en estos momentos y por qué ha criticado el presupuesto de 2017 en esa corporación?

Ahora [por el viernes 16 de diciembre, el día que se hizo esta entrevista] estamos debatiendo los presupuestos, pero es muy importante decir que el año pasado se aprobó un plan económico-financiero que limita los gastos que puede realizar el Ayuntamiento de Santa Cruz. En los presupuestos que se quieren aprobar para 2017 [ya aprobados, en un pleno celebrado el 23 de diciembre], lo que hemos detectado es que hay cantidades importantes que el Ayuntamiento incluye como gastos y, en aplicación del plan económico-financiero ya citado, estas no podrían gastarse. Es un presupuesto en gran medida ficticio. Además hay otra cuestión que yo considero vital: se incumple la deuda comercial. Como esta se incumple, lo que ocurre es que 50 millones de euros que se tienen en tesorería no se pueden destinar a inversiones sostenibles. Por una mala decisión del equipo de gobierno, no se van a poder hacer las inversiones que demanda el municipio de Santa Cruz. Nos quedamos sorprendidos con las previsiones que se hacían, que eran contrarias a la ley y, por lo tanto, absolutamente irreales en una cuantía de más de 90 millones, lo que condiciona la elaboración de los presupuestos. Después hemos visto que, al contrario de lo que ha presumido el alcalde José Manuel Bermúdez [de Coalición Canaria -CC- ], al presupuesto al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se destina menos dinero que la cuantía del año pasado. Este es otro aspecto que nos parece fundamental porque en materia de servicios sociales lo que debe haber cada año es un incremento debido a la crisis económica que sufren muchas familias. El último informe del interventor que recoge informaciones de la Concejalía de Hacienda reconoce algunas de las críticas que nosotros hacemos, aunque no lo hace abiertamente. Incluso señala que, de alguna manera, la información que está ofreciendo el Gobierno de Canarias a todos los municipios es irreal en cuanto a la aportación de recursos financieros del REF (Régimen Económico y Fiscal).

¿Qué cuentas hubiesen estado dispuestos a apoyar y qué le ha parecido la subida de sueldo del gerente de Urbanismo?

Unas cuentas que fueran realistas, que se pudieran aplicar, que cumplieran con el plan económico-financiero y que, como prioridad, el equipo de gobierno se encargara de reducir la deuda comercial y de incrementar el presupuesto en servicios sociales. Con esos requisitos, nosotros [hubiésemos] estado dispuestos a apoyar el presupuesto municipal. La subida del sueldo del gerente es injustificada porque el anterior cobraba una cantidad inferior e hizo un desempeño del trabajo con corrección. Además, se trata de un área, la Gerencia de Urbanismo, que es muy deficitaria. Esta se sostiene gracias a las aportaciones que se transfieren desde la sede central, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz hacia la Gerencia de Urbanismo… En sí misma, no genera tanta actividad ni tantos ingresos para justificar esa subida de sueldo, que nos parece absolutamente desproporcionada.

El capítulo 1, el de pago de nóminas, ya se come casi el 30% del total…

No recuerdo el porcentaje, pero una de las principales partidas es la que se destina a gastos del personal. Hay otra cantidad que nos parece muy elevada y que también proponemos que se vaya reduciendo: la que tiene que ver con la contratación de servicios externos. En este caso, en la contratación de servicios externos, el porcentaje es mayor. Nosotros lo que proponemos es que haya una reducción en la contratación de servicios externos y que se eliminen los procesos de privatización de los servicios públicos municipales, algo que ocurrió, por ejemplo, con Emmasa. Una posibilidad es que se remunicipalice la gestión de residuos y que de la limpieza diaria se encargue una empresa pública. Tiene que haber una tendencia a la recuperación de los servicios públicos, pero lo que hace el equipo de gobierno es todo lo contrario.

Y en el plano político, ¿cómo van las cosas?

Hay algunos elementos que son bastante interesantes. Existe un número de concejales de izquierdas [PSOE, Sí Se Puede e IUC] equiparado al de CC. Si sumamos el Partido Socialista, Izquierda Unida y Sí Se Puede, esto es así. También hay una reflexión que debemos hacer desde mayo de 2015: si todas las fuerzas de izquierdas se hubieran unido, se habría sacado una representación superior a la de CC. En esta línea estamos trabajando con Izquierda Unida, para ver una posible confluencia en el próximo proceso electoral, en 2019. Y no solo con IU, sino con cualquier otra fuerza progresista que vea la necesidad de confluir. Nosotros estamos convencidos de que es necesario.

¿Cuál es el proyecto de municipio, en términos generales, que defiende su formación política para este mandato?

Nosotros vemos como líneas esenciales la lucha contra la pobreza, que alcanza niveles alarmantes en sitios de Santa Cruz, y la recuperación de los servicios públicos, en la clave de incrementar el nivel de empleo en esas áreas y también de aplicar políticas que tengan que ver con el desarrollo sostenible en ámbitos como el suministro de agua o la gestión de residuos... También queremos promover todo lo que tenga que ver con las energías sostenibles. Está el proyecto hidroeólico de Los Campitos, que podría suministrar agua a través de energías limpias y además desalarla. Otro aspecto es incrementar la movilidad sostenible dentro del municipio, algo que también supone generar empleo en Santa Cruz.

¿Ya le han dicho qué va a pasar con el parque Viera y Clavijo?

En la última comisión de control preguntamos por los deberes que tiene el Ayuntamiento al ser titular de ese edificio, principalmente en lo que se refiere a la rehabilitación y conservación de tal patrimonio, que es un bien de interés cultural (BIC). Nos contestaron que no tienen responsabilidad y que eso es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias porque hay un convenio firmado en 2008. Con esa respuesta, parece que el Ayuntamiento no tiene la menor intención de promover procesos de conservación en ese entorno. El problema que vemos desde que estamos en el Ayuntamiento, desde 2011, es el deterioro cada vez más palpable del lugar, lo que puede llevarlo a la ruina económica y técnica porque hay determinados elementos estructurales del edificio del parque Viera y Clavijo que, si no se toman medidas inmediatas, pueden provocar un desplome y afectar de manera seria a la estructura del complejo.

¿Cómo se pretende mejorar la limpieza en la ciudad?

Se consigue remunicipalizando los servicios de limpieza viaria. Uno de los errores del equipo de gobierno fue delegar en empresas privadas algo tan esencial como la limpieza viaria. Los inspectores del Ayuntamiento son pocos y no pueden llevar a cabo la labor total de inspección. Además, el propio Ayuntamiento no atiende las quejas de los vecinos en lo que se refiere a la mala prestación de ese servicio público.

¿Se reciben muchas quejas?

Sí. Estamos en contacto directo con los vecinos y se reciben quejas diarias.

¿Qué hay de El Toscal y de la destrucción progresiva de lo poco que queda del centro histórico de la ciudad?

Ahora mismo, el equipo de gobierno está pendiente de que se apruebe el Plan Especial de El Toscal, que determinará las actuaciones a realizar por parte de las administraciones públicas. Hay un absoluto descontrol en cuanto a los bienes catalogados que exigen labores de mantenimiento y conservación por parte de sus propietarios. Tampoco hay una política pública que fomente la conservación a través de las subvenciones o con cualquier otra línea que favorezca ese mismo proceso. Desde hace decenas de años, parece que hay una voluntad del Ayuntamiento de dejar morir el conjunto histórico de El Toscal. Los vecinos, hoy en día, no obtienen ningún beneficio del Ayuntamiento por realizar labores de conservación: ni bonificaciones fiscales ni subvenciones por pintar las fachadas... No hay una política de patrimonio histórico; de hecho, en el presupuesto de este año y en el que se va a aprobar para 2017 hay una reducción de la partida destinada a la protección del patrimonio histórico.

Los barrios… Haga un balance de la situación de estos y de los problemas sociales más agudos entre la gente que los habita.

Hay dos cuestiones en los barrios: por un lado, la desatención del equipo de gobierno en las infraestructuras básicas y, por otro, la escasa participación que se da a los representantes vecinales a la hora de tomar decisiones en todo lo que tenga que ver con su propio entorno. Los tagorores, órganos internos de participación, han resultado un fracaso absoluto en lo que se refiere a la intervención de los vecinos. Creo que se quiere mantener una relación caciquil entre el alcalde y los concejales que están en el equipo de gobierno y algunos representantes vecinales. Ese es el status quo que quiere mantener el Ayuntamiento. Hay dificultades para obtener ayudas por parte de aquellas personas que están desempleadas y no tienen prestaciones, y además falla la potenciación y el desarrollo de las zonas comerciales, de los pequeños comercios que hay en los barrios. Es manifiesta la desatención de los parques y las zonas verdes.

¿Se está atacando de forma correcta la crisis que afecta a esos santacruceros, a su bienestar? ¿Qué echan de menos y qué proponen?

No. Las actuaciones se concentran en el desarrollo de la zona centro de Santa Cruz. Los barrios, como siempre ha ocurrido, son los grandes olvidados en la gestión municipal por todos los equipos de gobierno que ha habido. Proponemos descentralizar los barrios y establecer políticas de formación, empleo y asistencia social. Hay que hacer un diagnóstico claro de cuál es la situación de pobreza. Otro aspecto importante consiste en cambiar los tagorores para que haya una participación directa de los vecinos, y que en los presupuestos municipales se los dote de una partida económica, para que los propios vecinos decidan las obras que sean necesarias en su entorno más próximo.

¿Por qué no se arregla la montaña de Taco y por qué no hay planta de generación hidroeólica en Los Campitos? ¿No gusta la sostenibilidad?

Lo primero tiene que ver con una desidia del Ayuntamiento. Desde 1992 está previsto hacer un parque urbano en ese lugar, que debe ser el gran parque periurbano de toda el área metropolitana de Santa Cruz. Sin duda, tiene enormes potencialidades y puede cambiar toda la fisonomía del entorno, pero los distintos equipos de gobierno de Santa Cruz han estado más por la labor de no hacer un control sobre las actividades ilegales que se realizan en esa zona, en gran parte porque una de las personas beneficiadas está directamente relacionada con CC. En cuanto al proyecto hidroeólico, no hay nadie que piense en clave del siglo XXI en el Ayuntamiento de Santa Cruz, a pesar de que existen informes técnicos que avalan esa oportunidad. El asunto de las energías renovables no está en la agenda política del alcalde, que ni ha sido capaz de sacar un plan estratégico para Santa Cruz en este ámbito. El documento que ellos llaman plan estratégico es contradictorio en su contenido, y no contempla un diseño sobre la situación y las propuestas que puedan elaborarse para Santa Cruz. Posiblemente, no saben lo que significa desarrollo sostenible ni energías renovables. Sacan noticias en los periódicos de vez en cuando sobre estos aspectos pero ellos no ven este asunto como una prioridad.

¿Sabe usted qué ha pasado con los minipuntos limpios que se instalaron primero y luego se desinstalaron en la zona de El Chapatal?

Fue un fracaso. Esas instalaciones no tenían las medidas de seguridad necesarias y, claro, al estar cerca de un colegio, pues ellos mismos se dieron cuenta de que debían que retirarlas de forma inmediata. Además, fue un proyecto que presentaron con el presidente del Cabildo de Tenerife, al que le dieron mucho bombo y platillo. Los minipuntos limpios en Santa Cruz son una medida que se debe desarrollar, pero no hay ninguna noticia sobre esta iniciativa en la actualidad.

Cambiando de tercio, ¿coincide usted con Ramón Trujillo, concejal de IUC, en que el alcalde y la propia CC en Santa Cruz está tardando en pedir perdón por lo de Las Teresitas?

Sí, que se disculpen y que hagan su propia autocrítica porque todo este asunto se tramó y se elaboró en el seno de CC. Además, fue el manual de estilo durante mucho tiempo. La unión entre empresarios y políticos, y confundir los intereses públicos con los intereses privados, fue una manera de actuar que puedo decir que todavía continúa.

Se continúa trabajando de esta manera…

Sí, se continúa, por ejemplo, con el asunto de Emmasa. También con otras cuestiones que el Ayuntamiento no quiere resolver y que son grandes capítulos que desangran a Santa Cruz. Es la mera razón de ser de CC. Quizá CC no tendría sentido si no fuera la mera correa de transmisión de los intereses privados. Sin esto, desaparecería su esencia.

¿Cuántos casos que afecten a la mala gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz están hoy en los juzgados y, de ellos, cuáles son los más importantes según el punto de vista de Sí Se Puede?

Nosotros hemos denunciado los vertidos de aguas residuales en la zona de La Hondura [cerca del Palmetum], y el caso de Emmasa que tiene que ver con el compromiso de Sacyr Vallehermoso de entregar 45 millones a fondo perdido al Ayuntamiento, lo que aún no se ha hecho. El otro asunto relacionado con Emmasa está relacionado con las tasas por el suministro de agua, que, por no pertenecer esta empresa a la administración pública, no tiene competencias para definirlas y, sin embargo, lo está haciendo. Los tres anteriores tienen que ver con Emmasa. El más importante es el de las aguas residuales que se llevan vertiendo sin depurar desde hace muchísimos años, y se continúa haciendo con el actual equipo de gobierno, solo para contentar a Emmasa. El asunto de los vertidos de aguas sin depurar está pendiente del escrito de calificación del Ministerio Fiscal y afecta al anterior concejal de Infraestructuras, Norberto Plasencia, y al actual, Dámaso Arteaga. También hay otra cuestión que planteamos nosotros y no tiene que ver con Emmasa, sino con las actuaciones ilegales en la montaña de Taco. Esta todavía se está instruyendo en los juzgados. En relación con los 45 millones de Emmasa, el Ayuntamiento ha encargado un informe a una auditora y estamos pendientes de conocer su resultado.

Por cierto, hablando de justicia… ¿Qué ocurre en estos momentos con los condenados con penas de cárcel por el caso Mamotreto y cuándo se cumplirá la sentencia en lo que corresponde al derribo de esa obra inacabada?

Ya no cabe otra que la ejecución de la sentencia y la demolición. Para la demolición, el Ayuntamiento ya licitó el servicio y ahora se adjudicará a una empresa. El coste se debe recuperar reclamándoselo a los condenados.

Usted fue abogado de la acusación particular en el caso Valle Las Huertas… ¿Satisfecho con el resultado obtenido?

Sí, muy satisfecho. Creo que se ha hecho justicia. Uno de los principales cerebros de todas las operaciones, el entonces abogado de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Mauricio Hayek, fue condenando. Correspondía esa condena.

¿Cómo está viviendo y qué opina del caso Las Teresitas, ya visto para sentencia? ¿Fue solo un pelotazo de 120 millones de euros o hubo algo más?

Ha habido algunas declaraciones que me han parecido claves, como la de Pía Oramas. La contundencia con la que se expresó y cómo despejó dudas sobre otras periciales me pareció fundamental. Bueno…, ya un pelotazo de 120 millones es bastante. Eso es lo que se está enjuiciando: la cantidad que el Ayuntamiento le entregó a esos señores sabiendo que una parte era de dominio público, que había informes que decían que el precio era menor en cantidades bastante importantes… Han salido a relucir todos los incumplimientos que se realizaban durante la etapa de Zerolo y también su forma de actuar. Durante todo el proceso del juicio, se ha reflejado perfectamente cómo se trabajaba en el Ayuntamiento.

¿Comparte el informe de conclusiones sobre este caso de la fiscal anticorrupción, María Farnés?

Sí, completamente, al cien por cien. Me ha parecido un excelente trabajo, no solo durante la etapa del juicio sino además en toda la fase de instrucción. La pena es que el asunto del cohecho no haya podido ser demostrado, pero María Farnés ha hecho un excelente trabajo. Fue un informe largo. Debió hacer algo para que fuera más ameno y así llamar más la atención.

La playa de Las Teresitas es el paraíso y el infierno a la vez. A todo lo ocurrido, que no es poco, ahora se ha unido un viejo asunto: la supuesta ilegalidad de los quioscos. ¿Cómo ve este otro problema y cuál es la postura de Sí Se Puede al respecto?

Por lo que sabemos, la Fiscalía también está estudiando la inactividad del Ayuntamiento por no cumplir la ley en este asunto. Es verdad que Las Teresitas ha sido un territorio sin ley y que ha habido personas sin trabajo y familias trabajadoras que se han aprovechado de los quioscos. También ha habido grandes empresarios que le han sacado todo el jugo que podían y más, como ya se ha dicho en el caso anterior. Sin comparación, es mucho más importante la compraventa de la playa y cómo esta se hizo. En el asunto de los quioscos, hay que decir que la ley es para todos: si la exigimos para unas cosas, la tenemos que exigir para otras. Debemos pensar en una salida para tantas familias que se quedan sin empleo. La propia inactividad del Ayuntamiento a ellos les ha dado unas expectativas. Tendremos que valorar qué se puede hacer.

¿Cuál es la salida que se puede dar a esas familias?

No hay una salida fácil, es verdad. Habría que aprobar un plan especial de contenido distinto del que pretende hacer el Ayuntamiento y licitar aquella zona donde se pretenden hacer los quioscos o los restaurantes, y que ahí puedan intervenir las personas que hoy están ocupando los quioscos.

¿Se debe abrir un debate más serio o realizar una consulta ciudadana sobre el futuro de la playa de Las Teresitas? ¿Qué piensa de la posibilidad de que se haga un hotel en la zona, como ya se plantea en el Plan Especial en trámite?

A nosotros nos parece fundamental que se haga una consulta ciudadana y que sea real, en la que participen no solo los vecinos a título individual sino tantísimos colectivos, como pueden ser asociaciones que están usando durante todo el año la playa: las vinculadas al deporte, los mayores… Debemos poder preguntar cómo quieren ellos la playa, para que sea un espacio que resuelva los pequeños asuntos que ellos demandan y no la playa que se quería construir en los años setenta, ni la que se propone desde el Ayuntamiento. Tiene que ser una playa muy vinculada al uso público intensivo por parte de los vecinos de Santa Cruz. Es el principal espacio urbano que tenemos en este municipio. A partir de ahí, lo que se haga tendría que satisfacer la demanda vecinal. Sobre la propuesta del hotel, a nosotros nos parece que crearía mucho conflicto, porque, si al final los propietarios de la mayoría de esa unidad de actuación van a ser los empresarios que estaban sentados en el banquillo, que serían los principales beneficiarios, nos parecería una calamidad. Es algo inasumible para los vecinos de Santa Cruz. Yo propondría un uso universitario, algo sobre asuntos vinculados al estudio del mar que tengan que ver con el desarrollo endógeno de la zona.

¿En qué ha mejorado la ciudad y el Ayuntamiento en la etapa de José Manuel Bermúdez como alcalde, que ya lleva más de cinco años? Algo habrá hecho bien, ¿no?

Nuestra relación más directa ha sido, desde el principio, con Bermúdez. Al menos con Bermúdez la ciudad no vive la convulsión de casos de corrupción tan potentes que ha habido antes. Es cierto que el equipo de Bermúdez no tiene la menor intención de revisar actuaciones anteriores que puedan reabrir casos de corrupción porque ello afectaría a personas de su partido político, pero durante su mandato no ha habido casos de corrupción de la índole que han tenido los de Emmasa y Las Teresitas.

¿Cómo es la relación entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife? Da la sensación de que los responsables de esas administraciones públicas tienen serias discrepancias en asuntos clave como el futuro trazado del tranvía de Tíncer a La Gallega. ¿Qué propone Sí Se Puede en este caso?

Desde nuestro punto de vista, es una relación de absoluta sumisión. El Ayuntamiento no planta cara al Cabildo en asuntos como el transporte público y urbano con guaguas o en cuestiones como la montaña de Taco o el proyecto hidroeólico. El alcalde y algunos concejales, no sé si porque con anterioridad eran consejeros en el Cabildo, tienen una relación de absoluta sumisión. Además, es una relación en la que se mantiene y defiende lo que diga el Cabildo. Ellos esto lo cumplen a rajatabla. En relación con la ampliación de la línea 2 del tranvía hasta La Gallega, la postura del Ayuntamiento no es nada clara y consiste en intentar calmar a los vecinos que se oponen… Para ellos es lo que diga el Cabildo, pues no tienen un proyecto claro, por ejemplo, de desarrollo en el distrito suroeste, donde lo que prevé el Plan General es que se incrementen las dotaciones. Nosotros lo que defendemos es la potenciación del transporte público con guaguas en esas zonas. Creemos que ello mejoraría la movilidad en el distrito del suroeste. A medio plazo, hay que ir cumpliendo las pretensiones del Plan General en lo que se refiere a las dotaciones relacionadas con los servicios públicos. Desde el momento en que se abran los servicios públicos administrativos y los servicios sociales, sanitarios y educativos, no será tan necesario acudir al centro de la ciudad para resolver muchos de los asuntos.

¿Potenciar el sistema de guaguas…?

Potenciar el sistema de guaguas e incluso uno de microbus que circunvale toda aquella zona. Una de las principales demandas del ciudadano no solo es que se mejore el sistema de guaguas, sino que también haya servicio de micros en las distintas zonas de los barrios.

¿Qué piensa Sí Se Puede del conflicto interno que existe en Podemos Canarias? ¿Debe diluirse Sí Se Puede en esa formación o se tienen que mantener las dos opciones y confluir en listas y programas?

Era un conflicto necesario para ir debatiendo entre todas las fuerzas políticas de progreso cuál es el futuro que se pone sobre la mesa en los próximos comicios. Me parece que es un debate que se tenía que dar y que tiene que ser fructífero, porque entre Sí Se Puede, Podemos, Izquierda Unida y los movimientos sociales y vecinales puede haber un nivel de reflexión para unificar todas las fuerzas y que así se pueda ver en la práctica un grado de confluencia en las próximas elecciones. Todo lo que sea debate me parece tremendamente interesante, siempre y cuando el interés esté en superar las polémicas que pueda haber. Nosotros no nos vamos a diluir, y creo que es necesario que siga habiendo un proyecto político canario que profundice en la realidad de nuestro archipiélago y busque soluciones para Canarias en materia de soberanía alimentaria, energética y democrática. Es necesario mejorar el déficit democrático que hay en el Parlamento de Canarias a partir de una nueva ley electoral. Sí Se Puede tiene una larga vida, y creo que también es importante que desde Sí Se Puede seamos conscientes de que tenemos que colaborar con las fuerzas políticas de progreso con las que coincidimos en lo esencial.

¿El proceso iniciado por Sí Se Puede para implantarse en otras islas encubre una estrategia para acabar con Podemos? Es el postulado de Meri Pita.

No. Sabemos de las diversidades que hay dentro de la izquierda y somos tremendamente respetuosos con las formaciones políticas que justifican su presencia en el escenario político. Lo único que pretendemos es que haya un proceso de debate y que este concluya con una confluencia política, con un trabajo conjunto. Esto lo estamos haciendo con Izquierda Unida y nos ha dado muy buen resultado en Santa Cruz.

También, como sostiene Meri Pita, ¿ha utilizado Sí Se Puede a Podemos para llegar a las instituciones públicas insulares y regionales?

Bueno… Eso no es así. Desde Podemos y desde Sí Se Puede vimos la necesidad de que personas con una trayectoria política y una enorme experiencia estuvieran en puestos de cabecera para poder hacer un trabajo político en las instituciones y que este fuera solvente. No hay ningún deseo de aprovecharse de nada, sino de sumar.

¿De verdad falta democracia, transparencia y diálogo en el núcleo de control de Podemos en Canarias?

Creo que es un proyecto político de muy corto recorrido. Irán mejorando en cuanto a democracia interna y a niveles de participación de sus integrantes. En cierto modo, puede estar justificado que al comienzo se den esas formas de trabajo tan verticales. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, tendrán que ir mejorando gracias a un trabajo mucho más participativo con los simpatizantes y los afiliados.

¿Les falta la experiencia que ya tiene Sí Se Puede?

Nosotros tenemos una enorme experiencia. Somos una estructura bastante sólida, y Podemos posee un gran impulso y tiene la simpatía de gran parte de la sociedad. Uno y otro debemos mejorar y hacer propuestas mucho más interesantes para Canarias.

¿Son esas discrepancias fruto de la división casi estructural de la izquierda en España?

Tendrá que tener algo que ver con eso. Mi experiencia en Sí Se Puede es que hemos vivido en la diversidad de opiniones políticas e ideológicas, pero dentro de la izquierda. Y esta diversidad ha enriquecido a Sí Se Puede y la ha fortalecido: hemos ganado en conocimiento y solidez. Para nosotros la diversidad es un aliciente. No nos asusta.

¿Cómo se tiene que recuperar la unidad popular en la izquierda y qué le han pedido a la dirección nacional de Podemos tras producirse esos encontronazos?

Hablando y debatiendo, y con respeto. Es necesario abrir un canal con Podemos en Madrid para que conozcan la experiencia de Sí Se Puede, ya que tienen la de otras zonas del país, como ocurre en Galicia, Cataluña o País Vasco. Es para que sepan que aquí se pueden reproducir mecanismos similares, y también reproducir éxitos electorales como los de En Marea.

¿Considera que desde Podemos perciben a Sí Se Puede como una amenaza?

No deberían. En el ámbito de la izquierda, nadie debe percibir a Sí Se Puede como una amenaza.

La formación considera que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha incluido en las cuentas 33 millones de euros que "sabe que no podrá gastar"

Los concejales de esta formación denuncian que se sabe de antemano que las cuentas no podrán ejecutarse por el incumplimiento de la regla de gasto en 2015

El grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2017 por entender que es “engañoso y opaco” y porque, a su juicio, se han consignado más de 33 millones de euros a sabiendas de que no se podrán gastar.

Los concejales de Sí Se Puede Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías han expuesto este martes en rueda de prensa los detalles de la enmienda a la totalidad, en la que piden que se rehaga completamente el proyecto de presupuesto municipal, al que han calificado de “operación de marketing político” y de “publicidad engañosa”.

En opinión de Pedro Fernández Arcila, el motor del presupuesto municipal “es una ocurrencia” porque el grupo de gobierno, CC y PP, carece de estrategia de desarrollo para el municipio “y no hay un norte claro”.

Asunción Frías ha considerado que en los presupuestos se impone el modelo “caduco” de CC y PP y en los que se ignora la situación económica-financiera a la que a su juicio se ha visto abocado el municipio “por una pésima gestión” del grupo de gobierno que se deriva en “constantes e innecesarios” incumplimientos de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Según Sí Se Puede, el Ayuntamiento vulnera tres de los cuatro objetivos en este ámbito, que son los de la regla de gasto, el control de la deuda financiera y de la deuda comercial, para cumplir el de la estabilidad presupuestaria.

“Se está vendiendo un presupuesto que de antemano ya se sabe que no va a poder ejecutarse totalmente por el incumplimiento de la regla de gasto en 2015 y la obligación de cumplir los compromisos adquiridos de contención del gasto por el grupo de gobierno en el plan económico financiero aprobado para los dos años siguientes”, afirma Sí Se Puede.

En su opinión, la consecuencia principal de la “mala” planificación presupuestaria “y que se pretende ocultar” en el proyecto de presupuesto es que el Ayuntamiento se ha comprometido con el Ministerio de Hacienda a mantener un nivel de gasto computable y concreto, que en 2017 es de 190.871.130 euros.

Sin embargo, añaden los ediles, en el presupuesto se han consignado 224.579.301 euros, es decir, que en opinión de Sí Se Puede se presupuestan de más 33.708.170 euros que se sabe que no se van a gastar en cumplimiento del plan económico financiero.

También critica este grupo el que no se puedan utilizar para inversiones en la ciudad los 40 millones de euros del remanente de Tesorería para gastos generales, lo que a su juicio causa un innegable perjuicio a la población y a los proveedores del consistorio.

Asunción Frías ha añadido que existe “la sensación” de que desde que José Manuel Bermúdez es alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha aumentado considerablemente el gasto social y sin embargo, continuó, el Instituto Municipal de Atención Social tenía más peso en el presupuesto en 2011, un 6,31%, que en las próximas partidas, un 5,75%.

Sí Se Puede propone incluir una partida para promoción de vivienda de protección oficial, vender las propiedades del Patronato de la Candelaria y crear un patrimonio público de suelo, además de ayudas a la rehabilitación de inmuebles para familias con pocos recursos y aumentar la dotación para patrimonio histórico.

Otro aspecto que critica la formación es la tendencia “privatizadora y multinacionalista” de CC y PP, por lo que exige la remunicipalización de la limpieza y tratamiento de residuos, se opone a la privatización de los complejos deportivos y exige que la la rehabilitación de la montaña de Taco la asuman las empresas responsables “de su degradación” y no los recursos públicos.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha asegurado este jueves, 1 de diciembre, que la ciudad está paralizada y pierde peso específico ante “la enorme incompetencia” del alcalde, José Manuel Bermúdez, que no es un interlocutor válido para el resto de administraciones.

Pedro Fernández Arcila se pronunció de esta manera en una rueda de prensa junto a la concejal de Sí Se Puede Asunción Frías, en la que ambos informaron sobre las 200 propuestas de resolución que su grupo presentará este viernes en el pleno en el que se evaluará la situación del municipio.

El portavoz de Sí Se Puede consideró que el equipo de gobierno municipal, conformado por CC y PP, marca “un rumbo defectuoso” con una “cada vez más acuciante privatización” de servicios públicos“ y con un alcalde ”que es del siglo XIX“ por su gusto por el boato, el protocolo y las fiestas, y que cuando tiene que enseñar ”los dientes“ en defensa de la ciudad ”se escabulle“.

“Santa Cruz está perdiendo un enorme peso específico en comparación con Las Palmas de Gran Canaria. Da la sensación de que la ciudad está paralizada y se cronifican los problemas”, aseguró.

Respecto a los servicios privatizados, como el agua, Fernández Arcila afirmó que, pese a las irregularidades detectadas en el servicio, el Ayuntamiento “ha entrado en confabulación” con la adjudicataria de la gestión en Emmasa, la empresa Sacyr Vallehermoso, e igual sucede con las entidades privadas a las que se ha adjudicado la concesión de aparcamientos.

Según Sí Se Puede, se detecta en todos los ámbitos una enorme incompetencia e insolvencia hasta tal punto que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña no es un interlocutor válido para el resto de administraciones en asuntos fundamentales como el enlace con el puerto, el patrimonio histórico y la playa de Valleseco, entre otros.

“Bermúdez no es solvente para otras administraciones, es incapaz de trasladar estos proyectos a su partido, pero ni siquiera puede tener el pretexto de que la culpa es de otras formaciones políticas”, aseveró Fernández Arcila, quien criticó “la atonía” en las grandes cuestiones que afectan al municipio.

A su juicio, para CC sus socios de gobierno, PSOE en el anterior mandato y PP en el actual, son “meros convidados de piedra”, y la concejal Asunción Frías matizó que ahora sí se nota un mayor retroceso en las políticas sociales y en urbanismo, donde el concejal Carlos Garcinuño (PP) “ni siquiera disimula y es más descarado” en sus pretensiones.

Asunción Frías consideró, además, que el área de servicios sociales se guía “por un paternalismo” en el que se resuelven directamente por el concejal responsable, Carlos Correa, algunos casos personales, lo que indica que “se funciona como una política de favores”.

En cuanto a la participación ciudadana, continuó Asunción Frías, la política es clientelar y partidista, y los “tagorores” se limitan a reproducir el funcionamiento de los grupos en el pleno, además de criticar la escasa transparencia del Ayuntamiento a la hora de dar información sobre sus datos lo que, añadió, ha sido también destacado por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra.

Sí Se Puede confía en que con las propuestas de resolución que presentará este viernes ante el pleno, el grupo de gobierno vea la necesidad de “un cambio de rumbo” en asuntos como la planificación estratégica, el desarrollo local sostenible y el empleo, el urbanismo y el patrimonio histórico.

También presentará Sí Se Puede propuestas en materia de infraestructuras básicas, movilidad, transporte público, servicios sociales, educación, sanidad, vivienda, igualdad de género, participación ciudadana, juventud, deportes, cultura y fiestas.