El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del grupo Socialista, Aurelio Abreu, ha informado este martes de su intención de no presentarse en ninguna de las listas de cara a los diferentes procesos electorales abiertos que se celebrarán el 28 de abril y el 26 de mayo. Abreu tiene un proceso judicial abierto por su gestión como alcalde de Buenavista del Norte que está pendiente de apertura de vista oral, algo que se espera en estas semanas.

Abreu explica en una nota que ha decidido poner un “punto y aparte” a su actividad en el Cabildo de Tenerife y que su decisión ya ha sido comunicada a los responsables de las direcciones insular y regional del PSOE, una postura que no significa que abandone la vida política.

Abreu se muestra “convencido” que el PSOE elegirá a los “mejores compañeros y compañeras” para afrontar con garantías estos próximos procesos electorales para que el Partido Socialista “se convierta en un referente” en cualquiera de los ámbitos europeo, nacional, regional, insular y municipal.

Abreu también añade que su objetivo es continuar en la gestión insular como vicepresidente del Cabildo en beneficio de los ciudadanos de la isla, y confirmar su “compromiso” de seguir trabajando hasta el final del presente mandato, así como apoyar de forma activa a los compañeros del partido durante estos próximos procesos electorales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos emitió el pasado 5 de diciembre el auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de Buenavista del Norte y actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (PSOE), y el funcionario que entonces ejercía en esa Corporación local como secretario e interventor, justo cuando se adjudicó en 2006 el proyecto de la residencia de discapacitados a una empresa vinculada al exedil socialista de Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende, de profesión arquitecto.

En el auto, la jueza recuerda, según ha recogido el periódico El Día, que la acusación popular, en manos de Sí Se Puede (SSP), solicita para Abreu una condena por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El Ministerio Fiscal también ha solicitado la apertura de juicio oral contra el consejero insular de Cooperación Municipal por un posible delito de prevaricación administrativa, para el que pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público.

La Fiscalía considera que el funcionario pudo cometer un delito de prevaricación administrativa “por omisión”. Aurelio Abreu y el citado funcionario se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Este procedimiento judicial se inició en el año 2012 con una denuncia del exalcalde de Buenavista del Norte Antonio González Fortes, de Sí Se Puede (SSP). Ya acumula casi cuatro años de instrucción.

Reacción de la oposición en el Cabildo 

Sobre esta causa judicial, el consejero insular del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife Julio Concepción ha asegurado este viernes que su grupo pedirá a la Corporación insular que explique cómo procederá esta institución pública, acogiéndose a su Código de Buen Gobierno, en el caso de la apertura de juicio oral del vicepresidente primero del Cabildo, Aurelio Abreu, que se sentará en el banquillo por su posible implicación en un presunto delito de prevaricación administrativa durante su etapa como alcalde de Buenavista del Norte.

Tras conocerse la llamada a juicio del vicepresidente de la Corporación insular, Concepción ha recordado una declaración realizada en el pleno por Aurelio Abreu, esta en septiembre del año 2016, en la que “el vicepresidente del Cabildo aseguró que, cuando llegase el día que tuviera la mínima sospecha sobre su responsabilidad política en dicha actuación, la asumiría con total seguridad, ya que como persona de principios asumiría sus obligaciones al respecto”, rememora el consejero de la formación morada.

En relación con esto, Julio Concepción dijo que, ahora que ya existe “una petición judicial para que el señor Abreu declare por presunta corrupción política, es el momento de  preguntar a Carlos Alonso, como máximo responsable de la Corporación insular, qué actuaciones se van a adoptar acogiéndose al Código de Buen Gobierno del Cabildo, derivadas de este nuevo contexto en el que la Justicia ha dado un paso más ante la acusación de corrupción a la que se enfrenta el vicepresidente primero”.

El representante del grupo Podemos ha destacado que “el tiempo nos va dando la razón; desde el minuto uno hemos pedido que no se sienten imputados por corrupción en los sillones de la Corporación, al quebrase el mandato de confianza depositada entre la ciudadanía y sus representantes  públicos”. “No podemos aprovecharnos de la lentitud de la Justicia para dar el visto bueno a esta mala praxis, que dinamita la confianza de la gente en las instituciones públicas y en la ejemplaridad que esperan”, recalca Concepción. 

La actitud del PSOE y la réplica de Aurelio Abreu

La Comisión Federal del PSOE debe decidir ahora si permite al vicepresidente del Cabildo seguir en el cargo o si tiene que dimitir en aplicación del Código Ético del PSOE.

Acerca de este proceso, el vicepresidente del Cabildo aseguró a La Opinión que, pese a declararse la apertura de juicio, aún “no se ha resuelto el recurso de apelación” que presentó ante la Audiencia Provincial, por lo que dijo que “no se puede celebrar el juicio hasta que no haya una resolución”.

El exalcalde socialista de Buenavista ha solicitado a la Audiencia el archivo del caso, pues está “convencido” de que su actuación en 2006 y 2007 “fue ajustada a derecho”.

También según recoge La Opinión, la secretaria de Organización del PSOE en Tenerife, Josefa Mesa (consejera insular en el Cabildo), valoró que estos hechos se limitan a un asunto de “documentación administrativa”, si bien también la consejera insular apuntó que desconoce “los detalles” de la causa. Es a la Comisión Federal a la que corresponde pronunciarse acerca del futuro político de Aurelio Abreu.

La Fiscalía Provincial ha pedido la apertura de juicio oral contra el actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (del PSOE), y el funcionario Francisco Javier Bardón Pérez por sendos delitos de prevaricación administrativa al adjudicar a dedo en 2006 un contrato público dotado con 272.000 euros, este para la redacción del proyecto de una residencia de discapacitados en Buenavista del Norte. Ocurrió cuando el primero era alcalde de Buenavista del Norte, y el segundo, secretario interventor del Ayuntamiento.

El fiscal Jonay Socas Pérez (que a Bardón le atribuye la prevaricación por omisión) solicita para ambos acusados una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el pago de las costas procesales a partes iguales.

El escrito, adelantado este martes por La Opinión de Tenerife y al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, está  fechado el 15 de agosto pasado y dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Icod de los Vinos, el que tramita diligencias previas en relación con esta denuncia presentada por Sí Se Puede en Buenavista del Norte.

La Fiscalía expone que Abreu celebró un contrato con la sociedad Cuende y Gutiérrez Asociados, SL (de la que formaba parte Ramiro Cuende, quien llegó a ser concejal del PSOE en la capital tinerfeña), “con clamorosa y deliberada elusión de la normativa de contratación administrativa, que por su cargo no podía desconocer, y que imponía, dada la cuantía del contrato, la puesta en marcha de un procedimiento de licitación pública”. Este trámite legal se obvió “con el propósito de encomendar la redacción de dicho proyecto a unos determinados arquitectos, con exclusión de cualquier otro”.

El contrato consistía en la realización del proyecto básico y de ejecución (por lo que se abonaron finalmente 160.000 euros) y la dirección de la obra (por la que se hubieran pagado 90.000 euros, de haberse ejecutado).

A su vez, el fiscal sostiene que Bardón Pérez, al fiscalizar el abono de esos 160.000 euros, “omitió deliberadamente el cumplimiento de tal obligación, inherente a su cargo de secretario interventor [a la fecha de estos hechos], de formular reparo, advirtiendo de la flagrante y grosera ilegalidad del pago que se pretendía ordenar”.

Esa conducta, según la Fiscalía, adoptó el funcionario “con el ánimo de facilitar tal propósito” supuestamente ilícito y “con conocimiento” de la intención que tenía Abreu de encomendar la realización del proyecto a Cuende y Gutiérrez, SL, “de un modo directo, con incumplimiento deliberado de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa y vulneración de lo principios de libertad de acceso a las licitaciones con publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”.

Para esta residencia, el Ayuntamiento, entonces gobernado por los socialistas, había recibido una subvención de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, por importe de 162.000 euros.

El fiscal interesa además que en el juicio oral, aparte del interrogatorio a los acusados, declaren siete testigos: el exalcalde Antonio José González Fortes (de Sí Se Puede) y el propio Ramiro Cuende Tascón, así como María del Carmen Martín González, Juan Fernando Díaz Cejas, María Francisco Abreu Acevedo y Víctor Manuel Lorenzo Lorenzo (exalcalde socialista en Buenavista del Norte).

La activista antidesahucios tinerfeña Inma Évora ha decidido dejar la acampada enfrente del Cabildo de Tenerife tras 25 días de protesta en ese lugar de la plaza de España de la capital muy cercano a la sede principal de la Corporación insular.

Esta renuncia se produce sin que los políticos que gobiernan en esa Administración pública hayan atendido sus peticiones, de manera especial el vicepresidente primero del Cabildo tinerfeño, Aurelio Abreu, del PSOE, que no tuvo el detalle de aceptar una entrevista personal. Con el presidente insular, Carlos Alonso, sí mantuvo una charla por fuera de la sede insular.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asociación de la que forma parte Évora y de la que ha sido su cara más visible, este jueves se asumió la derrota, aunque no se descartó actuar con otro tipo de vías en defensa de sus intereses personales y laborales tras su despido de Cáritas Diocesana, donde trabajaba y a cuya ONG de la Iglesia ella ha demandando ante un Juzgado de lo Social.

Évora inició la acampada de protesta en las inmediaciones del Cabildo insular el pasado 9 de enero, tras ser rescindido su contrato por Cáritas Diocesana de Tenerife y luego presentar una demanda laboral por despido nulo, a través de un letrado del sindicato CNT.

La tinerfeña ha manifestado durante el tiempo que ha durado la acampada que la Corporación insular tiene responsabilidad moral en su despido, pues indujo a que se le contratara por parte de Cáritas y, posteriormente, a “que se le despidiera” de esa ONG.

La activista participaba desde el año 2015 en mesas de trabajo del Consejo Insular de Vivienda, a las que posteriormente se sumaron representantes de Cáritas. Évora explicó que es, a partir de ese trabajo previo en el Consejo, por lo que, a comienzos de 2017, resulta contratada por Cáritas Diocesana para realizar labores de intermediación en un proyecto llamado Base 25.

El proyecto, aunque es gestionado por Cáritas, está financiado por el Cabildo a través de dos áreas distintas. La financiación dice que suma en torno a 300.000 euros. Esa iniciativa pública, que aún no ha sido llevado a cabo en toda su amplitud, sirve, en teoría, para dar solución al problema de los desahucios en Tenerife.

Évora afirmó esta mañana de jueves en rueda de prensa que la decisión de levantar la acampada tras 25 días en las inmediaciones del Cabildo es una forma de asumir la derrota: “Es obvio que no vamos a recibir respuestas y por ello tomamos la decisión de abandonar esta protesta. Hay demasiada connivencia entre los grupos políticos. El abandono de la acampada visibiliza el triunfo de la corruptela y del tráfico de influencias -aseguró-, y gana el silencio cómplice de los partidos políticos”.

La activista ha presentado a todos los grupos políticos un informe con toda la documentación que estaba en sus manos, en el que se detalla por qué considera responsables “morales” de su despido al presidente del Cabildo y al consejero insular de Vivienda, Aurelio Abreu.

Además, Évora avanzó que, como miembro del propio Consejo Insular de Vivienda, ha pedido que este órgano se convoque para “que se nos justifique la financiación del proyecto Base 25 y la justificación económica y de las acciones ejecutadas por Cáritas”.

La activista resaltó que la falta de transparencia hace sospechar que desde el Cabildo se quiere ocultar algo y que existe connivencia política con prácticas que son “poco éticas y pueden esconder hasta supuestos delitos”.

Ante la pregunta de si considera la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el caso de tener indicios delictivos, la activista ha explicado que esa es una de las razones por las que han pedido que se les muestre toda la justificación económica y la financiación del proyecto Base 25.

Evora resalta que no solo aprecia silencio por parte de todos los grupos políticos representados en el Cabildo y por la mayoría de medios de comunicación, sino que desde la Corporación insular se ha llamado a periodistas para mostrarles documentación: “El Cabildo ha llamado a periodistas para mostrarles el expediente que no quieren mostrarnos a nosotros, pero no se muestra la parte que nosotros queremos denunciar, que es la utilización de mi persona y del proyecto para financiar a Cáritas”.

Argumentos opuestos para el despido

Las razones que parece que ha argumentado Cáritas para el despido de la activista son que mantenía su actividad a pesar de contar con una baja laboral, desempeñando así un papel visible en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en colectivos para la defensa de los animales.

Sin embargo, la activista explica que son las discrepancias en la forma en que se estaba desarrollando el proyecto las que hacen que poco a poco se le aparte de este y las que acaban provocando su despido. Una de las discrepancias que mantuvo Évora es que se solicita a las personas que necesitan la intermediación que cuenten con unos ingresos mínimos, con lo que se excluye a un amplio grupo de la población.

Coincidiendo con la acampada de la activista, en las últimas semanas Cáritas ha desarrollado una campaña publicitaria en la que solicita viviendas libres para el desarrollo del proyecto Base 25. Sin embargo, hace dos años una de las novedades destacadas tras el nacimiento del Consejo Insular de Vivienda fue la creación de un banco de viviendas vacías para el alquiler social.

El consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu, entonces destacaba que formaba parte de un conjunto de acciones dirigidas a acabar con la problemática de los desahucios en Tenerife, y que existía el objetivo de contar con pisos tutelados para personas sin hogar y un total de 160 pisos vacíos cedidos por entidades bancarias para que, junto al resto de administraciones públicas (ayuntamientos y Gobierno de Canarias), se trabajara en una línea común.

La persona que ha estado luchando contra los desahucios en Tenerife está acampada enfrente del Cabildo insular. La razón que la ha llevado a tomar esa dura decisión no es solo por un conflicto laboral, como se ha repetido desde algunos sectores, sino porque Inma Évora sigue comprometida con muchas familias y personas que sufren la mala suerte de ser pobres.

Esta semana ha llovido y ha hecho mucho frío. Sin embargo, Inma Évora ya lleva más de una semana acampada a las puertas del Cabildo de Tenerife y, aunque muchos dicen que se le van a acabar las fuerzas, todo apunta a que va a aguantar, casi tanto como la canción de Calle 13. La caseta de campaña de Évora ya no es la única que se puede ver en las inmediaciones del Cabildo. Además, ya hay medios nacionales interesados en la historia, como es el caso de Público.

La activista, que comenzó a trabajar para Cáritas en 2017 como técnico de intermediación en un proyecto llamado Base 25, que pretendía acabar con los problemas de los desahucios y de la exclusión social, ha denunciado ante el juzgado laboral de Santa Cruz de Tenerife a Cáritas Diocesana por despido nulo. Este despido se produce, según cuenta Évora, bajo la responsabilidad “moral” del Cabildo y del área dirigida por Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo y consejero de Vivienda. La activista señala que desde el Cabildo se “ha inducido” a su contratación en Cáritas y luego a su despido.

Señala que el proyecto, que ella misma desarrolló, primero en el Consejo Insular de Vivienda en 2015 y luego ejecutado por Cáritas dos años más tarde, se está pervirtiendo y deja fuera a personas porque no cumplen con los estándares impuestos de familia tradicional. Es decir, aquellos núcleos familiares que no están constituidos por un hombre y una mujer no están teniendo acceso al proyecto. Sí, aquellos que no son católicos.

Según cuenta la activista, tampoco tienen acceso al proyecto aquellas personas que no poseen unos ingresos mínimos, algo llamativo en la sexta región de la Unión Europea con mayor número de personas en riesgo de pobreza o exclusión. Évora advierte de que las razones que alega Cáritas para su despido no se sostienen, y que las verdaderas razones de su despido son las discrepancias con el proyecto.

Otro aspecto muy llamativo ha sido el comunicado enviado por parte de la institución insular diciendo que esto es un conflicto laboral entre la activista y Cáritas. Resulta extraño porque el propio Cabildo insular le ha proporcionado dinero a Cáritas Diocesana para la ejecución de este proyecto, unos 300.000 euros provenientes de las áreas de Acción Social y Vivienda. Y es que, hasta hace menos de un mes, el propio Cabildo anunciaba su participación en el proyecto a golpe de notas de prensa. Mientras Cáritas no se manifiesta al respecto y recibe respuestas blandas desde el Cabildo, la activista ha puesto en marcha la cita de Pedro Albizu Campos: “Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”.

Ni chicha ni limonada, ni frío ni calor, ni pa' ti ni pa' mí. El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, el socialista Aurelio Abreu, decidió este miércoles participar en la polémica aún abierta sobre los estand en la próxima feria de Fitur para no mojarse en casi nada o mantener equidistancias político-institucionales entre los agentes en conflicto.

Abreu difundió un comunicado de prensa con membrete del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife en el que realiza una defensa tibia de la postura de los municipios turísticos del sur que tendrán pabellón fuera del oficial canario, el de Promotur, que son los de Arona, Adeje y Guía de Isora (integrados, junto a los grancanarios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, en la denominada Asociación de Municipios Turísticos de Canarias) y están bajo control socialista, el mismo partido al que él representa en el Cabildo.

En la misma nota, Abreu elude realizar reproches a la actitud del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, sobre la mencionada disputa (de CC y con el que gobierna en alianza en esa Corporación insular) y se limita a plantear una relación de soluciones vulgares sobre el camino que hay que seguir en esa disputa para sellar la paz entre los bloques enfrentados (Gobierno de Canarias -Promotur-, cabildos y ayuntamientos separatistas): reuniones, mucho diálogo, unidad y respeto institucional a las actitudes diferentes de los otros, el único cabo que lanzó, se puede decir, a sus afines en los ayuntamientos de Arona, Adeje y Guía de Isora.

En el comunicado que se facilitó a los medios este miércoles, el también presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife pidió que “a la mayor brevedad posible se reúnan los representantes del Gobierno de Canarias y de los cabildos con los representantes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (cinco ayuntamientos de las islas, por ahora)” para abordar la crisis abierta en la promoción turística, aparte de que haya “respeto institucional” para que se reconduzca la situación de división que se ha creado estos días.

Para el socialista Aurelio Abreu, “es absurdo que demos una imagen de división y enfrentamiento cuando debemos sumar entre todas las administraciones las acciones necesarias para fortalecer el sector turístico en Canarias”.

La misma fuente sostuvo que también hace falta que “exista generosidad entre las instituciones públicas para recoger las lícitas aspiraciones de los ayuntamientos y que se cuente y respete el valioso trabajo de estos en el sector turístico, así como el trascendental papel realizado también por los cabildos”.

De lo dicho por el presidente Carlos Alonso sobre el proyecto que comparten Arona, Adeje y Guía de Isora, nada de nada. Sobre este particular y aquello de “van a hacer el ridículo”, nada de nada.

También añadió que se debe proteger “no solo a esta importante fuente de riqueza para Canarias, sino que hay que salvar entre todos la situación generada a raíz del estand de Promotur (Gobierno de Canarias) en Fitur, para evitar futuras situaciones semejantes en otras ferias turísticas”.

La Justicia ha archivado la denuncia contra los exalcaldes de Buenavista Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo por un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ambos exediles fueron denunciados por el Ayuntamiento debido a supuestas ilegalidades detectadas en la construcción de un centro social en el barrio de La Cuesta.

Según denuncia Sí Se Puede en una nota de prensa, “el pueblo de Buenavista perdió unos recursos que se emplearon con un fin diferente del destinado”. El Ayuntamiento recibió más de 300.000 euros para concluir las obras del centro social y “no se produjo ningún avance en ellas”. Los fondos, asegura esta formación, “eran suficientes para financiar la construcción y dotar el edificio, pero las obras continúan en su fase inicial y el inmueble carece de instalación eléctrica, carpintería interior y exterior, entre otras cosas”.

Sí Se Puede asegura que pudo comprobar, al hacerse cargo del gobierno municipal de Buenavista en el mandato anterior, que las ayudas recibidas para concluir la instalación fueron concedidas por varias instituciones.

Por este motivo, el grupo municipal ecosocialista ha decidido recurrir el archivo de la causa contra Abreu y Lorenzo, una decisión que se ha tomado después de que el pleno extraordinario de esta corporación de la Isla Baja acordase no recurrir la decisión judicial por la que se archiva el expediente abierto tras la querella interpuesta por el propio Ayuntamiento durante el mandato de Antonio González Fortes, hoy concejal portavoz de Sí Se Puede.

“El caso se ha archivado cuando la instrucción prácticamente no ha comenzado, pero no pretendemos entrar en más consideraciones jurídicas. Dentro del respeto a las resoluciones judiciales, la ley prevé el derecho a acogerse a la posibilidad de recurrir a un tribunal superior y es lo que hemos decidido hacer, porque los hechos que se denunciaron han quedado corroborados, tanto en el propio proceso seguido ahora como en declaraciones públicas reconocidas. Consideramos que nuestro deber es evitar que el Ayuntamiento quede afectado por los daños causados por estas actuaciones probadas”, ha asegurado la portavoz del grupo municipal de Sí Se Puede, Vanesa Martín.

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha presentado 48 enmiendas parciales y una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno insular de CC-PSOE para 2017. Algunas enmiendas parciales, apuntó Fernando Sabaté, plantean la reducción de sueldos de altos cargos por valor global de 1,8 millones de euros al año y que la mitad de las indemnizaciones que se pagan por asistencia a plenos y comisiones se destine al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Todas esas propuestas han sido rechazadas en comisión, aunque el presidente insular, Carlos Alonso, se ha comprometido a incorporar algunas de las enmiendas parciales antes del debate y votación plenaria del documento económico insular para el próximo año, ha informado este martes Podemos en un comunicado.

En su enmienda a la totalidad, el grupo insular de Podemos solicita la devolución del proyecto económico que se pretende llevar a aprobación plenaria este miércoles, 28 de diciembre, para proceder a la elaboración de un presupuesto alternativo, basado en un nuevo modelo de gestión y desarrollo económico y social sostenible, el que establezca como prioridad suprema el rescate ciudadano, el combate de la pobreza, la generación de empleo, la soberanía local y la participación ciudadana.

Fernando Sabaté, portavoz de la formación morada en el Cabildo, explicó que, aunque este presupuesto, que asciende a 809 millones de euros, es el más elevado de la historia de la Corporación, con un incremento de casi el 25% respecto al de 2016, las notables posibilidades de inversión plantean un modelo de isla que difiere en muchos aspectos del que Podemos y sectores crecientes de la población defienden para Tenerife y para Canarias.

Sabaté detalló que el crecimiento económico que muestran los indicadores macroeconómicos usados como guía para estos presupuestos predicen que el alza del PIB en Canarias se situará en 2017 en el 2,8%, con lo que se superará en una décima la previsión estatal por el favorable comportamiento del sector turístico y la mejora de la construcción. “Pero ya sabemos que el crecimiento incluso superior, ya verificado durante 2016, en absoluto está beneficiando a la mayoría social y que el riesgo de pobreza o exclusión social en esta tierra afecta a más de un tercio de la población”, manifestó el mismo portavoz.

Entre los datos pasados por alto en estos presupuestos, resalta que en Canarias se ha producido un incremento de la desigualdad del 11,1%, casi tres puntos más que en el resto del Estado, lo que acerca a las islas a los límites de desigualdad más elevados de todos los países desarrollados.

Además, Sabaté subrayó el récord estatal en aumento del desempleo juvenil en Canarias, con una de las rentas más bajas y con una de las tasas de pobreza, pobreza extrema y exclusión más altas del país, junto a los peores datos sobre situación de privación material severa.

A pesar de esa preocupante realidad, caracterizada por la pobreza infantil, de personas mayores, de colectivos vulnerables y, en general, de un amplio sector de la población, el proyecto presupuestario del Cabildo sigue centrado en el modelo económico que ha traído a Canarias a esta dramática situación social. Frente a ello, indicó Sabaté, desde Podemos se plantea un reparto económico alternativo, acorde a la realidad social de Tenerife y centrado en la generación de empleo.

Las enmiendas parciales, apuntó Sabaté, plantean, entre otras cuestiones, una reducción de sueldos de altos cargos por valor global de 1,8 millones de euros y que la mitad de las indemnizaciones que se pagan por asistencia a plenos y comisiones se destine al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo en el que piden crear plazas de nutricionista, podología, enfermería y auxiliar de enfermería, junto a varias propuestas sobre gasto farmacéutico, sistemas de calidad, desfibriladores y prevención sociosanitaria.

Podemos también pide que otras partidas no prioritarias se destinen a vivienda y al apoyo a las familias desahuciadas, a establecer mecanismos de transparencia y a la concurrencia participativa en las subvenciones, entre otras cosas.

También se han presentado propuestas sobre el bono de transporte para estudiantes, la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la incorporación de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental a las contrataciones del Cabildo, proyectos culturales y de bibliotecas, programas de mejora de las condiciones de trabajo en el sector turístico y campañas de sensibilización en protección animal.

Coalición Canaria y Partido Socialista han rechazado “quebrar” el pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife a pesar de la ruptura entre ambas formaciones en el Ejecutivo regional, pues entienden que se trata de un acuerdo “estable” que está funcionando “bien”.

En declaraciones a los medios, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha dicho que si bien la situación política en la Comunidad Autónoma es “complicada” como consecuencia de la ruptura del pacto, el objetivo en estos momentos es “garantizar la estabilidad, sobre todo en aquellas instituciones donde el acuerdo está funcionando”.

En el caso del Cabildo, ha afirmado que la relación entre los dos socios de gobierno es “muy buena” y es el “centro” de muchos acuerdos que a nivel institucional se están adoptando junto al resto de fuerzas políticas de la Corporación, como el presupuesto del próximo año, el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) o el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).

Según Alonso, “no tiene sentido quebrar esa estabilidad porque es la que está haciendo funcionar bien al Cabildo”, y eso es un “elemento lo suficientemente potente para continuar el trabajo en el ámbito del Cabildo sin ningún tipo de distorsión”.

El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, añadió que la estabilidad que se firmó en el pacto se ha visto reflejada en el trabajo que CC y PSOE han realizado de forma conjunta. Incidió, además, en que esa lealtad que han mostrado desde el Cabildo “se ha hecho siempre ante el Gobierno de Canarias defendiendo solo los intereses de la ciudadanía tinerfeña”.

Preguntado por la posibilidad de que el PSOE ordene romper el pacto, Aurelio Abreu señaló que el partido tendrá que tomar esta decisión en los órganos correspondientes y quiso dejar claro que él es un “militante disciplinado”. En cualquier caso, apuntó que a fecha de hoy eso no se ha producido, pues la gestora ya se ha mostrado a favor de mantener los pactos donde están funcionando.

Carlos Alonso también indicó que desde CC no ha habido petición de ruptura, pues la formación nacionalista entiende que es “muy importante” garantizar la estabilidad en aquellos sitios donde el pacto está funcionando y donde se están gestionando bien los asuntos que importan a la ciudadanía. “Por tanto, no parece necesario generar problemas donde no los hay porque ni CC ni PSOE han pedido que se haga eso”, concluyó.

El director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, ha dicho este viernes que el plan de carreteras elaborado por la corporación insular contempla la solución para los 40 puntos negros detectados en las vías tinerfeñas.

Becerra, en respuesta a una pregunta del consejero del grupo Popular Manuel Fernández durante el pleno de la corporación, ha indicado que el 80% de los puntos negros en las carreteras de Canarias se encuentran en Tenerife, donde en el año 2014 se detectaron 40 de un total de 50 hallados en todo el Archipiélago.

Becerra ha indicado que, ante estas cifras, el Cabildo ha adoptado medidas concretas, como la reducción de velocidad de 100 kilómetros por hora a 80 en la curva de El Sauzal, uno de los puntos más conflictivos de la isla.

Desde que se produjo esa restricción de velocidad, ha explicado Becerra, se ha reducido el número de accidentes en ese punto. Así, según sus datos, desde mayo hasta el 20 de septiembre de este año se han registrado dos siniestros, frente a los siete del mismo período del año anterior.

Ante las críticas del consejero del grupo Popular sobre la falta de actuación del gobierno insular, Becerra ha señalado que en el programa de carreteras 20016-2021 se han analizado los puntos negros y se han planteado soluciones para ellos, y ha animado al representante del PP a pedir al Gobierno central que ponga dinero para mejorar las vías tinerfeñas.

Por su parte, Fernández ha indicado que es necesario analizar todo los puntos negros para actuar en ellos y destacó que las diferencias con Gran Canaria en relación a este aspecto de las vías tinerfeñas “son abismales”.

Abreu asumirá responsabilidades políticas si resulta imputado

En otro momento del pleno de la Corporación, su vicepresidente, Aurelio Abreu (PSOE) ha asegurado que asumirá las responsabilidades políticas adecuadas si resulta implicado en la investigación judicial que se lleva a cabo por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Buenavista del Norte.

Abreu ha respondido así a una pregunta del consejero de Podemos Julio Concepción, quien le requirió que aclarase su situación jurídica tras las informaciones que afirman que se ha aceptado a trámite la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales cometidos al parecer en el encargo de un proyecto de una residencia de ancianos en el municipio del que fue primer edil.

El vicepresidente insular indicó que no ha recibido ninguna notificación judicial y que, si la recibe, entregará toda la documentación de la que dispone en el juzgado.

Abreu agregó que su actuación en política siempre se ha basado en el respeto al estado de derecho y al código ético de su partido, y que siempre ha actuado con “nobleza”.

Por su parte, Julio Concepción lamentó que la discapacidad sea “una fuente de abusos” y requirió al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, a que actúe con la misma ejemplaridad que argumentó para que los concejales de Granadilla de Abona no hablaran con el exalcalde Jaime González Cejas, investigado en una causa judicial.

Concepción animó a Alonso a aplicar el código ético del Cabildo y a cesar a Abreu, y subrayó que la preocupación ciudadana por la corrupción política se ha disparado.

Abreu respondió a Concepción acusándole de no ser una persona noble y de no respetar la presunción de inocencia. Y añadió que el procedimiento judicial está en fase de diligencias previas, pero que desde que tenga la más mínima sospecha de que pueda estar implicado, “actuará con responsabilidad”.

La formación Sí se Puede informó hoy en una nota de prensa de la admisión a trámite de la querella presentada en su día contra los exalcaldes socialistas de Buenavista del Norte Aurelio Abreu (en la actualidad, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife) y Víctor Lorenzo.

Esos dos políticos del PSOE fueron denunciados por la comisión de un supuesto delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos por el Ayuntamiento de Buenavista que entonces lideraba Sí se Puede, en el mandato anterior (2011-2015), con Antonio González Fortes de alcalde. En la actualidad, tiene el control del Gobierno local la fuerza socialista.

La demanda recoge las supuestas ilegalidades detectadas en la construcción pública de un centro social en el barrio de La Cuesta. En el procedimiento que ahora se inicia, participan como acusación, además del Ayuntamiento (se presentó en 2011-2015, con Sí se Puede al mando), la Fiscalía Anticorrupción y Sí se Puede, que es acusación popular.

“Nos mostramos satisfechos porque esta decisión significa que se sigue investigando este asunto, en el que en el pueblo de Buenavista perdió unos recursos que se emplearon con un fin diferente del que tenían. Hay que depurar la responsabilidad de esas actuaciones”, aseguró hoy Antonio González Fortes, que insiste en la satisfacción de Sí se puede ante esa decisión, y añade: “También porque vemos que esto sigue adelante debido a que hay asuntos que investigar, después de todos los argumentos que el Partido Socialista ha dado en el pueblo para intentar quitar la denuncia diciendo que el fiscal la había retirado”.

En la querella se detalla que el Ayuntamiento recibió más de 300.000 euros para concluir las obras del centro social en el barrio de La Cuesta, sin que se realizara ningún avance en ellas. Asimismo, aunque el Ayuntamiento había recibido financiación suficiente, incluso para la compra de muebles, las obras continúan en su fase inicial y el edificio carece de instalación eléctrica y carpintería interior y exterior, entre otras cuestiones.

González Fortes subrayó que, desde el regreso del PSOE al Gobierno municipal tras el pacto con CC después de las elecciones de 2015, “lo único que hemos visto es una maniobra para intentar esconder la responsabilidad de sus compañeros, utilizando una vez más la institución para favorecer al partido y a sus altos cargos, en este caso, a los dos exalcaldes”, sostiene el también exalcalde de Sí se Puede en Buenavista.

El Gobierno de Canarias ha aceptado financiar la obra nueva del anillo insular de la isla Tenerife, en concreto el tramo El Tanque-Santiago del Teide, según ha afirmado este martes el vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Aurelio Abreu.

Lo anunciado por Aurelio Abreu pocas horas antes de la reunión que mantendrán la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso supone un cambio de posición del Ejecutivo respecto a esta obra. Chacón había afirmado que su departamento no cuenta con fondos para obra nueva -debido a los recortes del Estado en el convenio de carreteras- pero sí para las que están en marcha.

Según Aurelio Abreu, para resolver el problema de Tenerife, que tiene “un retraso enorme” en las actuaciones vinculadas al convenio de carreteras, el Gobierno de Canarias “aportará fondos para garantizar que no se paralice ninguna obra en Tenerife como resultado del recorte del Estado”.

De esta manera, la obra sería financiada por el Gobierno canario, el Cabildo de Tenerife -a través del sistema de prefinanciación- y el Estado, que se ha comprometido a aportar 15 millones de euros. En realidad sólo 5 millones son partida nueva, los otros 10 millones salen de la bolsa del convenio de carreteras, remarcó Abreu.

“Lo que ha hecho el PSOE”, señaló Abreu al respecto, “es trabajar y coordinar con la consejera de Obras Públicas las acciones a realizar en 2016, y el tema está muy avanzado”.

En relación al conflicto generado en el seno del Gobierno canario tras la amenaza del presidente del Cabildo de Tenenfe, Carlos Alonso, de cesar a los consejeros socialistas si el PSOE no aceptaba financiar la obra nueva del anillo insular, Abreu afirmó que no se sintió amenazado en ningún momento y aseguró que fue el propio Alonso quien le pidió que mediara ante la consejera de Obras Públicas.

“No hacía falta que me lo pidiera”, remarcó, “es algo que iba a hacer igualmente puesto que el anillo insular está incluido en el Pacto por Tenerife” que firmo el PSOE. Con todo afirmó que “ha sido el Gobierno en su conjunto el que ha decidido aportar recursos” para el anillo insular.

Su partido, dijo, “tiene la responsabilidad de garantizar los recursos y que la primera fase del tramo el El Tanque-Sntiago del Teide se pueda acometer cuanto antes”, si bien remarcó que el PSOE “ayudará a que ninguna isla sufra retraso”.

Abreu ha culpado de la situación que se ha vivido en los últimos días al Estado, “que ha sido cicatero y mezquino” con sus recortes en Canarias, y al que tachó de “sectario” por invertir recursos en comunidades autónomas “donde gobierna el PP”.

Esta tarde está prevista una reunión entre la consejera Ornella Chacón y Carlos Alonso en la que se abordará de nuevo el cierre del anillo insular de Tenerife.