El Ayuntamiento de Madrid reclamará en los tribunales hasta 18,8 millones de euros a tres bancos por los créditos 'swap' de una de sus empresas municipales: Madrid Espacios y Congresos, S.A. (MadridEc, hoy Madrid Destino S.A.). Es la cantidad que el Consistorio ha pagado durante los últimos diez años por este polémico producto financiero desde que fue contratado en 2009 bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón. Pero la suma que el Consistorio de la capital lleva dilapidada por este concepto es mucho mayor. La corporación local ha pagado ya más de 500 millones de euros por los 'swap' desde que fueron contratados tanto por el Ayuntamiento de forma directa como por varias de sus empresas públicas durante los Gobiernos de Gallardón.

¿Pero en qué consisten los 'swap'? Son productos financieros complejos, que aseguran un tipo de interés fijo en los pagos de los préstamos sujetos a interés variable. Es decir, si el interés variable se dispara, el Ayuntamiento paga solo ese interés fijo. Pero si el interés variable se desploma, que es lo que ocurrió durante la crisis económica, el cliente -en este caso el Consistorio de Madrid- paga muy por encima de lo que pagaría con intereses variables.

Solo durante la legislatura de Manuela Carmena, el montante que se ha pagado por estos productos financieros asciende a 271,57 millones, según los cálculos de la entidad local. Cuando Ahora Madrid se hizo con el bastón de mando del Ayuntamiento de la capital, las arcas públicas temblaban por una deuda que ascendía hasta los 5.637 millones de euros a mediados de 2015. Desde entonces, el Ejecutivo ha amortizado el 54% de esa deuda rebajándola hasta los 2.703 millones al cierre de 2018. A los casi 3.000 millones que el Ayuntamiento ha pagado de deuda hay que sumarles los intereses de la misma y otros 271,57 millones propios de los 'swap'.

Cuando el concejal de Ahora Madrid y candidato de Madrid en Pie para las elecciones del próximo 26 de mayo, Carlos Sánchez Mato, se hizo con la cartera de Economía y Hacienda en junio de 2015, se dedicó a abrir los cajones de un área que heredaba en números rojos por su deuda estratosférica. Una de sus primeras denuncias se centró en estos productos financieros que, explicaba, suponían “sobrecostes” respecto a los préstamos contraídos con diferentes entidades financieras. Además de los intereses que ya se pagaban por esos préstamos, se habían destinado otros 247 millones de euros más por los intereses de los 'swap'.

Los préstamos del Ayuntamiento de Madrid adscritos a los 'swap' ascienden a 1.983 millones de euros. Se firmaron con BBVA, Crédit Agricóle, Societé Genérale, CaixaBank y Bankia –entonces Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa–. El Ayuntamiento firmó estos contratos entidad por entidad con diferentes condiciones, pero idéntico resultado: pagar por unos tipos de interés hasta cuatro puntos por encima de lo que hubiera abonado con el variable que había contratado inicialmente. Los variables contratados originalmente (Euribor a tres meses y Euribor a seis meses) cotizan actualmente al 0% (y, en algunos casos, han entrado incluso en terreno negativo) y será muy difícil ver al indicador por encima del 4% a una década vista, justo cuando vencen estos créditos.

Lo que el Ayuntamiento de Madrid ha pagado por los 'swap' de MadridEc es una mínima parte del dinero destinado a estos productos financieros. Hay otros préstamos del Consistorio por los que se pagan anualmente más de 8 millones de euros por este concepto, pero el grueso de esos pagos están en Madrid Calle 30, la empresa mixta que ideó Gallardón para el mantenimiento de la M-30. La corporación local paga anualmente más de 55 millones por los 'swap' de Madrid Calle 30.

El exalcalde pretendía con este modelo de gestión semipúblico de la M-30 que la deuda no computase en el Ayuntamiento, algo que finalmente no pudo evitar. El resultado fue que, de golpe, la corporación local tenía una deuda de 7.700 millones, a la vez que pagaría hasta 2025, como mínimo, 45 millones de euros anuales en impuestos y dividendos para las constructoras, un dinero que las arcas municipales podrían haberse ahorrado si se hubiera apostado por el modelo de gestión directo para M-30. La contratación de los 'swap' se destinó a financiar la M-30, pero el grueso de estas coberturas de riesgo se firmarmó en junio de 2011, cuando los créditos de la sociedad pública Calle 30 pasaron al Ayuntamiento.

El estratosférico gasto por los 'swap' tiene una penalización por su cancelación a la altura: más de 400 millones de euros, de ahí que nunca se optara por esta opción. Algunos de los 'swap' contratados vencen en 2019, es decir, el Consistorio dejará de pagar por este concepto este año. Pero otros no caducan hasta 2025 o 2030.

A la pregunta de por qué el Ayuntamiento va a actuar solamente contra los productos financieros de MadridEc, y no contra el resto contratos, el Consistorio explica que MadridEc forma parte desde 2013 de Madrid Destino, que es una sociedad íntegramente municipal y en cambio, Madrid Calle 30 es una sociedad mixta en la que existe un socio privado, “por lo que las decisiones acerca de sus contratos las tendrá que adoptar su consejo de administración”, argumentan. “La cuestión, en todo caso, no es denunciar cualquier tipo de 'swap' sino estos en concreto, porque se cree que su precio es artificialmente alto”, añaden desde el área de Economía y Hacienda en manos del concejal Jorge García Castaño desde el cese de Sánchez Mato en diciembre de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó en febrero de 2018 a Santander, Sabadell, BBVA y CaixaBank –entre las que se encuentran dos de las entidades financieras a las que ahora quiere demandar el Consistorio– con un total de 91 millones de euros por ofrecer 'swap' en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. El organismo regulador determinó que estas entidades financieras se pusieron de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para “elevar el precio del derivado contratado” y fijar así unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar. Una sanción que el Consistorio utilizará en su demanda.

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha asegurado este miércoles que continúa analizando la posibilidad de emprender acciones legales por la pésima gestión del Cabildo de Tenerife en la ruinosa operación de los swaps, una estrategia conducida por gestores públicos de CC que ha llevado a la Corporación insular ha tener que pagar con dinero público 42,4 millones de euros en concepto de intereses derivados de los calamitosos créditos firmados el año 2010. Estos tenían un importe de 188 millones de euros.

La formación morada afirmó que “la culpa de esa pésima gestión política y económica de CC tiene claros responsables: cuando se firmó esa operación en 2010, Ricardo Melchior como presidente del Cabildo y Víctor Pérez Borrego como consejero de Hacienda, y en el actual mandato, Carlos Alonso, el que está al frente de la Corporación insular”. Los intentos judiciales del Cabildo para deshacerse de esos pagos han resultado por ahora infructuosos.

Esa actuación únicamente ha servido, se relata en un comunicado de prensa, “para beneficiar a las entidades bancarias, pues se han destinado 42,4 millones de dinero público a pagar los intereses de unos créditos financieros de alto riesgo”. “Quienes pagan los platos rotos por las irresponsabilidades políticas de CC al jugar con dinero público son todas las ciudadanas y los ciudadanos de Tenerife”, resaltó el partido en la oposición en el Cabildo.

Esta misma organización política añadió que esos son los mismos ciudadanos que ahora “observan cómo su dinero se invierte en arreglar desaguisados políticos y no en asuntos tan prioritarios y necesarios para la isla, como sanidad, vivienda, desempleo o educación”.

Por todas esas razones, y tras conocer la cuantía total de la pérdida económica de la Corporación, el grupo de Podemos “no descarta emprender acciones legales contra CC al entender que no se actuó con diligencia, de forma transparente y con el correspondiente análisis y estudio de los posibles efectos negativos que finalmente implicó esa operación”.

Esto fue así, se recoge en la nota, “a pesar de que hayan querido restarle importancia al asunto y defender que la decisión tomada entonces ha sido eficaz y correcta en todo momento, algo que no se corresponde en absoluto con la realidad”, indica Podemos en el mismo comunicado.

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al BBVA a devolver a una empresa del sector turístico 1.095.678 euros, más intereses, al anular cinco contratos de permuta financiera (swaps) que le había vendido sin la suficiente transparencia.

Esta sentencia sigue la línea marcada por otros tribunales españoles sobre este tipo de contratos bancarios, pero con una novedad: en este caso, el cliente perjudicado no era un particular, sino una empresa mediana con 20 millones de euros en activos.

De hecho, el banco había defendido durante este litigio que su cliente tenía la suficiente experiencia y conocimientos financieros como para ser consciente de los riesgos que implicaban los swaps.

Sin embargo, el magistrado Juan José Suárez rechaza ese argumento, porque no comparte que un dato como es el volumen de negocio de la empresa sea “suficiente, por sí solo”, para “concluir que tuviera experiencia y conocimientos en la negociación, formalización y efectos de un contrato de permuta financiera”.

“No ha quedado probada la experiencia de la demandante en este tipo de operaciones, las cuales han de ser calificadas como complejas”, añade el juez, de forma que “recae” sobre el banco “la carga de acreditar que informó debidamente a la actora de la naturaleza, funcionamiento y riesgos de esos contratos”.

La sentencia considera que el banco no ha presentado pruebas que acrediten tales extremos e insiste en que “los meros conocimientos generales no son suficientes”, ni tampoco “el tamaño o el volumen de la empresa es lo determinante” para presumir esa preparación.

“La formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap no es la de un simple empresario, sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos”, razona la resolución.

Contra esta sentencia, que ha sido difundida por el despacho jurídico Navas & Cusí, cabe recurso ante la Audiencia de Las Palmas.

Desde que en la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asumimos la defensa judicial de la hipoteca multidivisa, en 2012, y a pesar de obtener cada vez más sentencias favorables al consumidor, dos de ellas del Tribunal Supremo*, son muchas las personas que acusan a los afectados de listillos que quisieron “ganar duros a cuatro pesetas” y les exigen que asuman la consecuencias. Algunos, incluso, se preguntan cómo es posible que una familia haya optado por una hipoteca en yenes o francos suizos en lugar de una hipoteca tradicional. Pocos se hacen la pregunta al revés, cómo es posible que una entidad financiera haya puesto en circulación una hipoteca así en su red comercial.

Por su parte, las entidades financieras defienden sin rubor, tanto en los medios de comunicación como en sus escritos, argumentos que se han llegado a convertir en leyendas urbanas. ¿Quién no ha escuchado a María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, decir que tienen que defenderse de demandas presentadas por notarios o por directivos de empresas cotizadas?

En los últimos seis años, en Asufin hemos escuchado la historia de más de 10.000 afectados, hemos estudiado más de 6.000 escrituras, además de acumular ingente documentación precontractual. Todo ello nos permite hoy, presentar datos que desmontan algunos de estos mitos sobre la comercialización de la hipoteca multidivisa en España.

MITO 1. Las entidades financieras no las comercializaron activamente, la iniciativa siempre partió del cliente.

Según los datos recogidos por Asufin el 82% de las hipotecas multidivisa se firmaron en 2007 (40,4%) y 2008 (41%), frente al 2% en 2004, el 3,7% en 2005 y el 11,8% en 2006. A partir de 2009 se dejaron de comercializar y hoy no se encuentra entre los productos ofrecidos por ninguna entidad.

Por tanto, frente al mito de que la iniciativa partió del cliente o que era un producto de estantería, es decir, que se daba solo si el cliente lo solicitaba, hubo sin ninguna duda una intensa campaña de comercialización durante 2007-2008, justo cuando el euríbor estaba en su punto álgido y la cuota mensual era muy alta. Pagar hasta un 30% menos de la cuota mensual que una hipoteca tradicional era, evidentemente, un buen gancho comercial.

Además, las entidades emitieron folletos, enviaron cartas y hasta organizaron desayunos para determinados colectivos. Bankinter, por ejemplo, publicó un folleto en el que resaltaba los beneficios de este tipo de hipotecas silenciando los riesgos. La oferta incluía un asesor personal para sacarle “el mayor partido”, además de enviar cartas desde las sucursales en las que se prometía un ahorro de hasta el 15%.

Por su parte, el Banco Popular desplegó su actividad comercial entre pilotos y tripulantes de cabina, llegando a acuerdos comerciales con sus sindicatos. El argumentario comercial era tan convincente que los propios empleados del Banco Popular manifestaron su malestar, porque no les dejaban contratar este tipo de hipoteca. Incluso sus sindicatos llegaron a manifestarlo públicamente. Sin embargo, en un acto de responsabilidad, no quiso exponer a este riesgo a sus empleados, aunque no tuvo ningún empacho en colocárselo a sus clientes.

Finalmente, Barclays también publicó folletos y fichas informativas para ciertos colectivos, como los controladores aéreos. Este despliegue comercial tuvo sus efectos. No es casualidad que Bankinter tenga el 52% de la cuota de mercado, Banco Popular el 14% y Barclays el 12%.

MITO 2. El banco no sabe, ni puede saber, lo que va a pasar.

Este argumento se utiliza no solo en los casos de hipoteca multidivisa, sino también para otros productos como los swaps, las preferentes y las cláusulas suelo.

Sin embargo, no podemos olvidar que un banco, como profesional que es de la gestión del riesgo, se basa en sistemas de análisis y previsiones futuras de Bloomberg y Reuters para la toma de decisiones y el diseño de los productos. Por ello, las pantallas de Bloomberg se han incorporado a muchos procedimientos judiciales demostrando que las entidades financieras conocían las altas probabilidades de que el euro se depreciase frente a otras monedas y de que los tipos de interés podrían bajar.

Pero incluso dando por bueno este mito, lo cierto es que deberían haber presentado distintos escenarios para mostrar al cliente las consecuencias económicas que implicaba tener la deuda indexada en otra moneda. Así, el cliente hubiese podido ver que el riesgo de tipo de cambio impactaba no solo en la cuota mensual, sino también en la deuda pendiente de pago.

Mito 3. Se presentaron escenarios para advertir de los riesgos.

Las entidades afirman también que sus empleados explicaron los riesgos y aportaron escenarios mediantes fichas explicativas. Sin embargo, estas solo destacaban el ahorro que el cliente obtendría en la cuota y al final del préstamo, obviando el impacto de la depreciación del euro en el capital pendiente de pago.

Bankinter defiende que advirtió de los riesgos en el denominado Documento de Primera Disposición y que en el mismo se aportaban escenarios. Sin embargo, el ejemplo mostraba una oscilación de apenas 51 euros en la cuota y unos 6.000 euros en el capital.

Mito 4. Los clientes tenían alto poder adquisitivo y conocimientos financieros y/o formación superior.

La hipoteca multidivisa se popularizó en colectivos como el de los pilotos, controladores, tripulantes de cabina y trabajadores del aeropuerto. También entre las fuerzas y cuerpos de seguridad como militares, guardia civil, policía nacional, autonómica y municipal. Bomberos, personal sanitario y todo tipo de funcionarios, fueron también objetivo comercial. Es decir, personas con empleo estable y sueldo fijo.

En cuanto a la formación, según nuestros datos, el 42% tenía estudios universitarios, porcentaje superior a la media de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el 21% tenían estudios medios y el 32% declaró tener estudios primarios o secundarios. Por tanto, en contra de lo que las entidades afirman y muchos se han creído, más de la mitad de los clientes no tenían formación superior.

 Conclusiones

Podríamos añadir otros mitos como que “el cliente podía haber cambiado a euros”, eso sí, asumiendo el incremento y consolidación de la deuda o que “el banco entregó divisas” o que “las cláusulas eran comprensibles para un consumidor medio”. Sin embargo, los datos aquí mostrados, así como las más de 1.000 sentencias publicadas en Asufin, ponen de manifiesto que la simplificación conscientemente buscada por las entidades para mostrar un cliente especulativo y con ánimo de lucro no es más que propaganda para ocultar su responsabilidad en la comercialización masiva e indiscriminada de un producto que nunca debió llegar a manos de familias que solo querían obtener un crédito más accesible para comprar su vivienda habitual.

*STS 608/2017, de 15 de noviembre y STS 599/2018 de 22 de octubre.

[Este artículo ha sido publicado en el número 65 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Revés judicial a la venta de swaps en las entidades financieras. El Tribunal Supremo ha emitido este jueves una sentencia contra el Banco Popular por la venta de estos productos complejos a cinco empresas de fabricación y explotación de placas fotovoltaicas en Castellón.

La sentencia, que estima el recurso interpuesto por las empresas, entiende que la práctica del test de conveniencia de un producto tiene que ir acompañado por una información previa sobre los riesgos de este tipo de productos. En concreto, el Alto Tribunal argumenta que dichos exámenes “no eximen al banco del cumplimiento de sus deberes de información”.

Los test concluyeron en los cinco casos que se trataba de empresas con escasa antigüedad, limitado volumen de negocios y falta de conocimientos, experiencia y servicios relacionados con instrumentos financieros. De este modo, en el contrato se incluyó una cláusula en la que los clientes declaraban que la operación no era “conveniente ni adecuada” y que la entidad les había informado de ello.

El tribunal entiende como hechos probados que la celebración de los contratos había sido propuesta por el banco y que este no había cumplido con los deberes legales de información sobre los riesgos de la operación. Los swaps son un tipo de contrato financiero por el cual dos partes buscan participar de manera conjunta en unos posibles beneficios futuros. Se considera que tienen un alto riesgo y, por tanto, no son válidos para cualquier interesado. En este caso, era un producto ligado a la evolución de los tipos de interés.

Sin embargo, el Supremo concluye en su sentencia que el contenido del contrato no pudo suplir la falta de información, que se omitió la práctica del test de de idoneidad y que el test de conveniencia dejó claro que las empresas no tenían experiencia previa ni conocimientos específicos en productos financieros complejos. De este modo, confirma la sentencia de la primera instancia, que ya había declarado la nulidad de dicho contrato bancario y había condenado a la entidad a reintegrar el saldo de las sumas percibidas durante su ejecución.

El caso al que se refiere la sentencia se remonta a 2008. Entonces, los cinco fabricantes de placas sellaron los respectivos contratos swap con la entidad financiera. En 2009, demandaron ante un juzgado castellonense este acuerdo, recibiendo en 2010 una sentencia favorable en primera instancia. La entidad recurrió y la Audiencia Provincial de Castellón le dio la razón en 2011. Ahora el Supremo anula la sentencia de la Audiencia Provincial y acepta la primera, de 2010.

La sentencia de primera instancia señalaba que, al no poder considerarse un inversor cualificado, las empresas que participaron en estos contratos son minoristas, como sería cualquier otro cliente. De este modo, y estando ya aprobada la primera ley MiFid a nivel comunitario que obliga a una mayor información sobre productos complejos, estas empresas deberían haber recibido más datos sobre los riesgos. De este modo, remarca que no es suficiente con los test de conveniencia, ni con la inclusión de la citada cláusula en el contrato, sino que se debe acompañar con una mejor y más completa información.

El diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha negado hoy la acusación de Podemos de que la Diputación ha "dilapidado" más de 111 millones de euros en intereses crediticios

El diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha rechazado la acusación de Podemos de que la Diputación ha “dilapidado” más de 111 millones de euros en intereses crediticios. Podemos ha desvelado que la Diputación ha estado pagando por unos créditos a largo plazo de las sociedades públicas forales Interbiak y Azpiegitura. Según Podemos, la Diputación decidió en 2006 la cobertura financiera de esos créditos a través de préstamos 'swap', con los que se convierten los tipos de interés variables en fijos, lo que ha supuesto que la Administración foral haya pagado de más y “dilapidado”, en conjunto, más de 111 millones de euros hasta la fecha.

Según Iruarrizaga, el resultado de la operación habrá que comprobarlo cuando expire el plazo de los créditos, en el año 2035 en el caso de Interbiak, sociedad dedicada a la gestión de las carreteras vizcaínas. Ha detallado que, al tratarse de proyectos de inversión a muy largo plazo, la Diputación decidió convertir en fijo el tipo de interés de los créditos por medio de 'swap' para “cerrar el riesgo derivado de tener un tipo de interés variable a tan largo plazo”.

“Lo que intentas es protegerte de la evolución del Euribor y de los riesgos del mercado”, ha remarcado Iruarrizaga, antes de indicar que nadie es capaz de predecir cuál va a ser el Euribor en los años 2022 o 2035.

Interbiak formalizó en 2006 un crédito con el BEI de 622 millones de euros y un préstamo sindicado por 438 millones, ambos con fecha de vencimiento en 2035.

Los contratos de cobertura tipo 'swaps' -un producto financiero especulativo de riesgo en el que se pacta un tipo de interés fijo para préstamos con intereses variables- se han convertido para muchas administraciones en un pozo sin fondo por las continuas caídas de los tipos de interés durante la crisis. El Grupo Juntero de Podemos en Bizkaia ha revelado, en base a documentación oficial remitida por la propia Diputación vizcaína, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, que la institución foral ha acumulado un total de 111 millones de pérdidas en dos de sus sociedades forales -Interbiak y Azpiegiturak- desde que se cerraron, en 2006, sendos contratos con diversas cajas o entidades bancarias para financiar varias obras de infraestructuras en Bizkaia.

En concreto, la sociedad foral Interbiak -dedicada a la obra pública de la Diputación vizcaína- acumulaba un total de 104.972.100,03 euros de perdidas por sendos contratos cerrados en mayo de 2006 con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y en julio de ese mismo año con siete entidades -BBK, BBVA, Santander, Laboral, Banesto, La Caixa, Banco Guipuzcoano-. El primero de los prestamos, el del BEI se firmó por un importe de 622.000.000 de euros y con un tipo de interés fijo del 4,759%. El segundo, por un importe 438.000.000 euros, con un vencimiento a 2035.

El Consejo de Interbiak aprobó el contrato de financiación con el BEI en su reunión del 29 de mayo de 2006. Con la financiación lograda con esos contratos la Diputación vizcaína acometió las obras de la Variante Sur Metropolitana, el corredor del Kadagua, Alonsotegi, el Eje del Ballonti y la ampliación de tráfico de la A-8, según enumera la formación morada.

¿Cuál es el problema de los 'swaps'? Que los mercados -como se ha comprobado en todos estos años de la crisis- son incontrolables y que un tipo de interés pactado en primera instancia puede devenir ruinoso con el paso del tiempo para las arcas públicas.

En este caso, la liquidación anual de la diferencia a pagar entre el interés variable y el tipo de interés fijo por parte de la Diputación fue de 51.339,17 euros en el primer año (2006), de 247.449,17 euros en (2007) y de 216.313,61 euros en (2018), el año del comienzo de la crisis. A partir de ahí, las liquidaciones crecieron de manera exponencial: 3.857.905,00 (2010), 9.688.921,67 (2011), 8.953.616,83 (2012), 11.039.931,00 (2013), 15.175.209,00 (2014) 15.599.230,92 (2015), 15.884.832,21 (2016) hasta llegar a los 16.313.840,97 de euros en 2016.

Este año, hasta marzo, la cantidad es de 8.376.137,70 euros, fecha de la que existe constancia oficial en la documentación remitida el pasado 24 de mayo a la portavoz de Podemos en las Juntas Generales, Neskutz Rodríguez, por el diputado de Desarrollo Económico y Territorial, el peneuvista Imanol Pradales. Esta documentación está basada a su vez en la información detallada por el director general de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jon Larrea, y el director gerente de Interbiak, Mikel Iriondo. En total, entre 2006 y 2017 se han pagado 104.972.100,03 euros. El saldo actual del 'swap' asciende a 341.145.000,00, según la información recogida en la respuesta de Pradales a la portavoz del grupo juntero morado, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

En el caso de los contratos suscritos desde la sociedad pública foral Azpiegiturak, también en 2006, “con motivo de protegerse ante las oscilaciones de los tipos de interés”, según la interpretación de Podemos, Azpiegiturak decide contratar una 'swap' con la BBK, “utilizando los estudios y análisis realizados por Interbiak”, por un importe inicial de 13.300.000 euros, cuya fecha de inicio es el 15 de agosto de 2006 y con un vencimiento previsto para la misma fecha pero del 2027. En el contrato con la entidad de crédito se cierra un tipo de interés fijo del 4,395%, por lo que Azpiegiturak pagará trimestralmente la diferencia entre el 4,395%- Eur3m+0.09.

En este caso, las liquidaciones anuales (aunque se calculan trimestralmente como en el caso anterior) son las siguientes: 33.081,53 euros en (2006), 30.518,95 en (2007), 171.991,58 en (2008), 739.376,66 en (2009), 981.431,28 en (2010), 780.278,24 en (2011), 853.279,29 en (2012), 933.727,13 en (2013), 872.183,17 en (2014), 840.957,54 en (2015) y 819.106,44 en 2016, último año del que hay cierre de ejercicio. En 2017, la cantidad acumulada hasta marzo es de 194.045,90 euros. En total, entre 2006 y marzo de 2017 la cantidad liquidada y pagada por parte de la sociedad pública foral Azpiegiturak a las entidades financieras asciende a 6.905.994,55 euros. El saldo actual del 'swap' asciende a 16.796.875,00 euros.

En este segundo caso, con un importe sensiblemente menor, la información remitida por el diputado foral Imanol Pradales a la portavoz del partido morado se basa en la documentación remitida a su vez por el director general de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico, Gorka Estébez, enviada a su vez por la directora gerente de Azpiegiturak, Itziar Garamendi, el pasado 12 de mayo.

Fuentes oficiales de la Diputación de Bizkaia consultadas por este periódico han preferido esperar a dar las explicaciones pertinentes en el pleno que se celebra este miércoles en las Juntas Generales (Parlamento provincial) del territorio. El encargado de ofrecerlas será el diputado foral de Hacienda, el peneuvista José María Iruarrizaga, conocedor de primera mano de la operaciones.

“Especulación salvaje”

Para el grupo de Podemos en las Juntas Generales, liderado por su portavoz Neskutz Rodríguez, “si bien inicialmente este tipo de productos financieros fueron concebidos para eliminar la incertidumbre que generaba la fluctuación del precio de las cosas, tanto en el vendedor como en el comprador, hoy en día se utilizan tanto bajo dicha filosofía como sistema de especulación pura y dura”.

“La contratación de estos productos”, añaden desde el grupo juntero morado, “no precisa de grandes desembolsos, mientras que los beneficios, o pérdidas, potenciales pueden ser muy cuantiosas. La realidad de lo que son este tipo de productos -considerados tóxicos en los mercados- es que se juega con el dinero de todos los vizcaínos, especulando de manera salvaje”, señalan, apuntando a los gestores peneuvistas.

El portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, ha informado este jueves de que de su formación política solicitará una comisión de investigación insular para analizar “las graves contradicciones y dudas existentes” en torno a las operaciones financieras del tipo swap contratadas por esa Administración pública.

Sabaté, en un comunicado, indica que también se deben aclarar las pérdidas económica que han generado esos productos considerados “especulativos y de alto riesgo”. Además, se debe “dirimir si de este asunto se desprenden responsabilidades legales o políticas”.

“Hasta ahora, cuanto más ahondamos en el asunto, más sombras nos encontramos y más dudas se nos plantean”, remarca Sabaté, en referencia a las objeciones que arrojan informes técnicos emitidos por el Cabildo sobre estos swaps.

Sabaté también aludió a las contradicciones que se desprenden de las declaraciones que han vertido durante los últimos días el actual presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y su antecesor en el cargo, Ricardo Melchior (ambos de CC).

“Alonso ha defendido un discurso en el pleno, y otro muy distinto en medios de comunicación. Su antecesor en el cargo, prácticamente lo ha tildado de mentiroso en una entrevista radiofónica”, señaló el líder de Podemos.

El mismo portavoz indica que lo más grave es que lo dos responsables insulares descargan la responsabilidad en los técnicos, tal y como ha ocurrido en otros casos como Sinpromi, carreteras o la Institución Ferial, todos ellos casos judicializados.

Sabaté recordó que el grupo Podemos dio la voz de alarma sobre este asunto en enero de 2017, al descubrir a través de los reparos de legalidad formulados por el área de Intervención que el Cabildo había contratado bajo la fórmula de swap una permuta financiera para avalar los intereses sobre una parte significativa de la deuda que el Cabildo tenía contraída, correspondiente a unos 188 millones de euros.

Agregó que durante meses se ha pedido información en pleno, se ha solicitado informes y se ha buscado asesoramiento económico y jurídico “para tratar de verter luz sobre este complejo asunto, que había sido secreto hasta que nos topamos con él a principios de año”.

Además indica que la empresa Metropolitano de Tenerife, la gestora del tranvía, también ha contratado swaps, y recuerda que la sentencia que rechaza cancelar estas operaciones de cobertura de tipo de interés. 

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha anunciado este viernes durante el pleno que la corporación va a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 10 que descartó la anulación de una operación financiera tipo swap firmada con el BBVA.

En su comparecencia, destacó que la corporación va a mantener las acciones judiciales en defensa de sus propios intereses, y advirtió de que cancelar ahora el producto puede implicar más costes, dado que es “previsible” una subida de tipos de interés en los próximos años.

El presidente insular avaló el trabajo realizado en los últimos años por la Secretaría del Cabildo y los servicios jurídicos y financieros, y criticó a los grupos políticos que se dejan llevar por los “fuegos artificiales” de los “titulares de los periódicos”, en alusión, entre otros, a Podemos. Esta formación política señaló estos días que esas operaciones de riesgo del Cabildo ya han supuesto unas pérdidas cifradas en torno a 20 millones de euros.

Alonso ha comentado que esas operaciones -cuatro en total, por importe de 188 millones- no son “especulativas” y se hicieron con todos los criterios legales y bajo los principios de concurrencia y publicidad.

Sobre su origen, ha comentado que en 2011 la coyuntura económica era “muy complicada”, con caída de ingresos y un “ajuste” de partidas para hacer frente a los gastos de la institución, aparte de que la prima de riesgo empezaba a ser muy elevada y España estaba en riesgo de ser intervenida.

En ese momento, el Cabildo contrató esos productos a un tipo de interés fijo -abona ahora el 4,2% hasta 2021- porque la tendencia en ese momento era al incremento, pero ocurrió “lo más improbable”, un “desplome” de los tipos con una política monetaria masiva que ha dado “salud” a la zona euro pero ha “distorsionado” el mercado del dinero.

Alonso ha reconocido que se ha optado por la vía judicial ante los cambios de los tipos en el mercado debido a que fue “imposible” renegociar con la entidad bancaria porque había que compensarla por sus “operaciones espejo”, y se descartó también buscar la nulidad ante el Consejo Consultivo.

Con todo, ha defendido la hoja de ruta trazada por el Cabildo, que ha logrado cancelar dos de las cuatro operaciones “a coste cero” y ha hecho una reestructuración de la deuda en los últimos años a un tipo de interés del 2,3%.

El portavoz del grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, informó este miércoles de que “las dudas y las preocupaciones” de esta formación política ante las millonarias operaciones de alto riesgo, conocidas en la jerga financiera como swaps, que fueron contratadas por el Gobierno insular de CC-PSOE en 2010 “han quedado confirmadas” en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 10 de Santa Cruz de Tenerife.

Ese fallo judicial, avanzó Sabaté, echó por tierra la pretensión del Gobierno insular de anular una de esas operaciones crediticias y confirmó que, desde hace cinco años, la Corporación insular está pagando unos intereses desorbitados por cuatro operaciones de crédito firmadas con el BBVA por valor de 188 millones de euros, “en unas condiciones totalmente perjudiciales para el Cabildo de Tenerife, pues esta administración pública abona hasta un tipo de interés fijo del 4,26%, en una época en que los intereses financieros [de referencia] han estado por debajo del 1%”.

El portavoz de Podemos dijo que la estimación de la formación morada refleja que esa corporación ha pagado unos 20 millones de euros de más en intereses durante los últimos cinco años por esos productos financieros, inicialmente contratados hasta 2025. “Si se hubiera aplicado el interés variable vigente, estos se hubieran reducido a menos de la mitad o, incluso, a menos de un tercio”.

Como queda de manifiesto en la sentencia del mencionado juzgado, el Gobierno insular “tendría que haber sido más diligente y no contratar para no tener que aceptar las consecuencias actuales de las graves liquidaciones negativas que viene abonando durante estos cincos años”. “Aunque no sean profesionales del mercado de valores -prosigue el fallo-, tienen un departamento financiero y conocían con claridad la naturaleza del contrato y sus riesgos, que no solo eran teóricos, sino que podían ser reales y se materializaron”.

Sabaté añadió que otra de las duras conclusiones judiciales de este caso deja claro que el contrato de permuta financiera o swap firmado entre el Cabildo tinerfeño y el BBVA en 2010 “era previsible que no fuera un contrato beneficioso porque existía un pronóstico acerca de la evolución de la variable económica” que deja sin sentido que el Cabildo firmara un tipo de interés fijo excesivamente alto en la etapa en la que más bajos han estado los tipos de intereses variables.

Los argumentos de la magistrada instructora

Un simple análisis a través de Google de la evolución de los intereses hubiera bastado, añade la magistrada instructora de la causa judicial, “para concluir que esos productos no convenía suscribirlos ni modificarlos, como se hizo el 20 de diciembre de 2012”. “Cuando tenía conocimiento de los riesgos que asumía porque los intereses seguían bajando y las liquidaciones negativas eran descomunales, [el Cabildo] firma un tipo de interés fijo desproporcionadamente alto en relación con el euríbor de marzo de 2011, en el 0,706%, cuando suscribe las permutas a un interés fijo del 3,85% y cuando modifica las permutas al 4,26% y al 4,01%, estando el euríbor en junio de 2012 al 0,317% y en diciembre al 0,076%”.

Podemos registró en abril pasado una petición de comparecencia plenaria del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, para que aclarara, entre otras cosas, cuántos millones de euros han costado exactamente esas operaciones. “Finalmente, retiramos la petición porque descubrimos nuevos swaps contratados en sociedades del Cabildo y optamos por estudiar a fondo esas novedades”.

Pero ahora, dado que el presidente insular ha decidido llevar a cabo una comparecencia a petición propia sobre este mismo asunto en el pleno de este viernes, destacó Sabaté, “esperamos que nos saque de dudas de una vez por todas y que CC y PSOE asuman, en su caso, las responsabilidades que procedan”.

El Gobierno de Manuela Carmena ha reducido la deuda del Ayuntamiento de Madrid a 3844,69 millones de euros. El consistorio cierra 2016 con 923 millones menos de endeudamiento. Esto supone que el Ejecutivo municipal ha amortizado un 19% de deuda con respecto al cierre del ejercicio anterior, cuando se situó en 4.767,30 millones.

El Ejecutivo de Ahora Madrid quiere acabar la legislatura reduciendo la deuda a la mitad de la que se encontraron al llegar al Ayuntamiento, cuando superaba los 5600 millones de euros. Esto supone que el equipo de Manuela Carmena ha reducido su endeudamiento un 32% desde que gobierna, es decir, un total de 1793 millones de euros.

Los datos son aún mejores si se comparan con los que dejó presupuestados el Gobierno anterior con Ana Botella al frente. Las cifras de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid del Banco de España indican que el Gobierno de Ahora Madrid termina 2016 muy cerca de lo que Botella planificó para 2018. Entonces, se presupuestó cerrar 2016 con 4729 millones de deuda; 2017, con 4.212, y 2018, con 3723.

“La deuda de la ciudad de Madrid supera los 1223 euros por habitante siendo todavía de las más elevadas en relación a las grandes ciudades del Estado español”, explica el consistorio en un comunicado. Concretamente, se trata de la segunda más endeudada.

La herencia de los 'swap'

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, adelantó el pasado miércoles que el Consistorio cierra el año con cerca de 1.000 millones de superávit. En la pugna con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la regla de techo de gasto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a los municipios a adelantar deuda con el superávit.

Madrid ya reduce su deuda aceleradamente a pesar de tener superávit. Otro de los factores por el que el Gobierno de Carmena insiste en no amortizar más deuda anticipadamente son los paquetes financieros denominados 'swap' contratados por el Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón.

¿En qué consisten? En asegurar un tipo de interés fijo en los pagos de los préstamos municipales sujetos a interés variable. Si el interés variable se dispara, el Ayuntamiento paga el interés fijo. Pero si el interés variable se desploma, que es lo que ha pasado en el último lustro, el Ayuntamiento de Madrid paga muy por encima de lo que le tocaría.

El Consistorio pone cifras a la repercusión que tienen estos productos para las arcas públicas, un sobrecoste al que el gobierno municipal está obligado a hacer frente. Los préstamos del Ayuntamiento de Madrid adscritos a los swaps ascienden actualmente a 1.621 millones de euros -tras el cierre de 2016-. Durante este ejercicio el gasto financiero por estos productos ascendió a los 69 millones de euros de un total de gasto de 163, según los datos a los que ha podido acceder este medio. El consistorio lleva pagados un total de 351 millones de euros desde que se contrataron en 2010.

El Juzgado de lo contencioso número 2 de Las Palmas ha desestimado la demanda del Banco Santander contra el Ayuntamiento de Arrecife sobre la validez del contrato SWAP que se había contratado en el año 2004, así como de cuatro prórrogas más hasta el año 2008.

Arrecife había declarado la nulidad de ese contrato en el año 2013 y la entidad bancaria llevó esa anulación a los tribunales solicitando que se le resarciera por “el perjuicio causado”.

El contrato de permuta financiera, firmado por Isabel Déniz, ascendía a 30 millones de euros. El Ayuntamiento había cifrado las pérdidas por dicho contrato en unos 3,5 millones y el Consejo Consultivo, en un informe, consideraba que podía ser declarado nulo.

El Juzgado coincide con el dictamen del Consejo Consultivo. Considera que la anulación es legal porque el contrato lo firmó la alcaldesa, y después el concejal de hacienda, cuando tenía que haber sido el pleno (por la cuantía).

Además destaca que se hizo sin trámite alguno, “ni esencial ni accesorio, sino pura y simple expresión de una manifestación de voluntad, infundada, que se exterioriza mediante la rúbrica de los contratos de servicios reseñados. No se realizó ningún acto de preparación ni de adjudicación; no hubo, pues, expediente”.

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La sección quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado el contrato de permuta financiera (swap) que Caixa Galicia (posteriormente Nova Caixa Galicia) colocó a dos clientes de la capital grancanaria, uno de ellos médico, cuando les concedió un préstamo hipotecario en septiembre de 2008, fecha en la que el tipo de interés de referencia, el Euríbor, se situaba en su máximo histórico. La sentencia obliga a la entidad a devolver a los demandantes los 7.915 euros que perdieron como consecuencia de haber contratado -y reestructurado un año después- este producto complejo que se les vendió como un seguro que les protegía ante las subidas del Euríbor.

El fallo judicial, dictado el 18 de febrero y hecho público por Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), revoca un pronunciamiento anterior del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria que daba la razón a Caixa Galicia.

Los magistrados de la Audiencia Provincial discrepan de la valoración realizada en primera instancia y concluyen que la reestructuración del swap ofrecida a los clientes en 2009, cuando el Euríbor comenzó a bajar, no era una vía para evitar las liquidaciones negativas y así beneficiarles, como aseguraba la caja gallega, sino que, muy al contrario, estaba destinada a “proteger los intereses” de la entidad y a mantener el rendimiento financiero del préstamo hipotecario. La resolución remarca además que no se le proporcionó a la pareja una información “veraz, precisa y suficiente” y que Caixa Galicia ni siquiera le realizó el test de idoneidad antes de suscribir el producto, incumpliendo de esta manera la Ley del Mercado de Valores.

La entidad financiera defendía que en este caso tiene especial incidencia el hecho de que los demandantes posean titulación universitaria (la sentencia sólo especifica que uno de ellos es médico). Esta condición, sostenía, “les da la posibilidad de adquirir información y contratar productos financieros”. Los magistrados de la Audiencia Provincial refutan esta interpretación, subrayan que, a pesar de tener estudios superiores, responden al perfil de cliente minorista y recuerdan que hasta esa fecha no habían contratado ningún producto de inversión.

La resolución insiste en que la caja no informó de los riesgos que asumían al contratar el swap, no simuló los escenarios que se podían plantear y utilizó en el contrato una redacción “muy técnica”, con expresiones de difícil comprensión, como la de “intercambio de flujos de intereses”.

Publicidad engañosa

El préstamo hipotecario fue concedido el 12 de septiembre de 2008. Vinculado a este crédito y con la promesa (“publicidad engañosa”, en palabras de la ponente) de cubrir a los clientes ante la evolución del Euríbor, Caixa Galicia les ofreció la contratación de un swap que bonificaba el tipo de interés (un 0,05%). La hipoteca era de 195.000 euros y el contrato de permuta financiera tenía un nominal de 169.143 euros, una cantidad que correspondía al capital que quedaría pendiente de amortizar del préstamo al cabo de cinco años (en 2013), cuando finalizaba la vigencia del swap.

El Euríbor se situaba en la fecha de la firma en el 5,39%, pero el contrato estipulaba que durante los seis primeros meses el interés permanecería fijo, por lo que la cobertura que prestaba el producto financiero en este periodo “era inútil”. Hasta abril de 2009, todas las liquidaciones fueron positivas (34 euros al mes). El tipo de interés pactado para el swap era del 5,20%, con una cláusula suelo (irrelevante en el primer semestre) a favor del cliente del 3%. Ello significaba que, en el primer contrato, el riesgo máximo para la pareja, en el peor de los casos, ascendía al 2,20%, lo que se traducía en unas pérdidas económicas de 16.494 euros. “Esta información debió suministrarse”, reza la resolución judicial.

Sin embargo, ante la “drástica bajada” del Euribor (situado ya por debajo del 2%) en el primer trimestre de 2009, Caixa Galicia ofreció a los clientes que tenían contratados swaps vinculados a las hipotecas tres soluciones: mantener los productos financieros advirtiéndoles de que perderían dinero (las liquidaciones serían negativas), cancelarlos (habrían tenido que pagar de golpe los más de 16.000 euros) o reestructurar la cobertura. Esta última opción, la elegida por los demandantes, empeoró las condiciones que tenían, duplicando el riesgo de pérdidas económicas (hasta 30.000 euros).

La reestructuración del contrato implicaba un incremento del periodo de vigencia del swap, de 2013 a 2019, la supresión de la cláusula suelo del 3% a favor del cliente y la imposición de una franja entre el tipo mínimo (2,62% en el primer año; 3,80 en el segundo y 4,90% a partir de entonces) y el máximo (5,75%). Debido a los bajos niveles del Euríbor, hasta mayo de 2010, las liquidaciones negativas ascendieron a 361 euros mensuales.

La Audiencia Provincial coincide con los demandantes en que esta modificación “penalizó” a los consumidores, puesto que les impidió, en la práctica, la amortización anticipada por su “enorme coste económico, muy superior a la comisión de cancelación prevista inicialmente”, y, por lo tanto, la posibilidad de buscar en el mercado unas condiciones mejores para la hipoteca.

La magistrada Remei Vergés Cortit, del Juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona, ha dado la razón a la empresa de intermediación inmobiliaria Parc de Belloch al reconocer la nulidad en diversos contratos de productos financieros derivados firmados con BBVA y Barclays (hoy CaixaBank). En total, Parc de Belloch había suscrito créditos valorados en 46,5 millones de euros cuya ligazón a contratos derivados complejos ('swaps' y 'collar') le han acarreado unas pérdidas de 8,2 millones de euros.

La magistrada ha considerado que, frente a la formación de los responsables de la compañía o la experiencia que estos pudieran tener en la contratación de productos financieros complejos prevalecen las deficiencias en la información transmitida por los bancos sobre los riesgos que implicaban los productos estaban comercializando.

“Es evidente que la entidad bancaria no suministró al cliente una información comprensible y adecuada de los riesgos que asumía y que no se cercioró de que había comprendido los mismos. Ni siquiera valoró si el producto era el más adecuado para el proyecto que se financiaba”, recoge la sentencia fechada el 26 de enero de 2015, que además pide que sean “resarcidas esas pérdidas, junto a los intereses legales del dinero y el resarcimiento de los daños y perjucios causados”.

Esta decisión judicial es relevante tanto por la cuantía, 46,5 millones de euros, como por la complejidad del caso. Además, ahonda en una creciente tendencia jurídica que está dejando de lado la formación de los afectados por estafas financieras, motivo que han esgrimido la gran mayoría de los clientes de preferentes por ejemplo, como argumento para anular los contratos abusivos, para centrarse en la forma en la que las entidades financieras realizan los contratos.

El caso juzgado en esta ocasión se refiere, en concreto, a un crédito sindicado (compartido por varias entidades financieras) que Parc de Belloch firmó en 2007 para la financiación de un proyecto convocado por Telefónica S.A. para la construcción del proyecto Universitas Telefónica.

Para financiar dicho proyecto, BBVA -que en ese momento era accionista mayoritario de Telefónica- se mostró interesado en participar en el mismo, suscribiendo un crédito con garantía hipotecaria sindicado entre BBVA con un 67% del mismo y Barclays Bank, con el 33% restante. Para conseguirlos, Parc de Belloch fue obligada a firmar un swap, un producto financiero que se vende para cubrir el riesgo de subidas o bajadas de los tipos de interés.

Dada su complejidad, en más ocasiones de las deseadas los clientes que los firman acaban dándose cuenta de que más que cubrir un riesgo estos productos les acarrean pérdidas no esperadas: cuando los tipos de interés bajan mucho, como ha sido este caso, no se benefician de esas caídas.

En concreto, para Parc de Belloch la firma de estos contratos supuso que un proyecto que daba beneficios reportara unas pérdidas superiores a los 10 millones de euros. “El quebranto económico ha sido tan fuerte que la empresa, con 74 trabajadores, ha estado a punto del concurso de acreedores. Situación que se ha podido contener gracias a que el juez concedió unas medidas cautelares que solicitamos”, explica Marcelino Tarmargo, el abogado defensor de la empresa, y socio fundador de Espacio Legal.

Javier Nieto, administrador de Parc de Belloch, es profesor de Historia del Pensamiento y Teoría de la Estrategia en una prestigiosa universidad privada catalana, tiene conocimientos de finanzas y controlaba las de la compañía. Con este perfil, los abogados defensores de los bancos implicados en este caso han esgrimido que sus conocimientos financieros eran suficientes como para conocer el riesgo del producto que estaba contratando. Pero tal y como muestra la sentencia ni siquiera los testigos del banco han sido capaces de explicar el complejo funcionamiento de swap ligado a un collar que firmó en 2007.

Por ello, la juez considera que es la deficiente comercialización del producto y la falta de información concreta sobre sus riesgos el motivo por el que se concede la nulidad, con independencia de la formación del afectado. “Independientemente de que la actora sea empresaria y que su administrador sea una persona con conocimientos financieros o con la posibilidad de acceder a la asesoría necesaria, no podía conocer el alcance terroríficamente gravoso, incluso ruinoso, que el producto podía tener para él por falta de suministro de la información oportuna de la entidad bancaria. La envergadura de lo que firmó le era totalmente desconocida puesto que ni siquiera los peritos que asistieron a la vista podían tener conocimiento, a la vista del contrato, de lo que podría costar cancelarlo”, refleja la sentencia.

Si esta sentencia es confirmada (todavía está en plazo de ser recurrida), será un ejemplo más de la creciente tendencia a que los jueces valoren la forma de comercialización de los productos frente a la formación de los afectados. Esto podría dar lugar una nueva ola de reclamaciones por parte de pymes que también se consideran engañadas por las entidades financieras.

En total, las estadísticas de la asociación Asunfin muestran que hay 1.736 sentencias a favor de los clientes afectados por swaps frente a los 290 en contra. De las 11 sentencias relacionadas con swaps sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, todas menos una están relacionadas con pymes y, excepto en dos ocasiones, el máximo órgano judicial está fallando a favor de las empresas. “Es un ejemplo claro de que los jueces lo que están analizando es la labor de comercialización realizada por las entidades financieras y si se cumplieron adecuadamente los protocolos que marca la Ley del Mercado de Valores”, explica Patricia Suarez, presidenta de Asunfin.

Según comenta esta activista contra la banca, los swaps fueron los contratos abusivos que abrieron la caja de Pandora de las reclamaciones contra la banca, luego llegó todo lo demás: preferentes, cláusulas suelo, etc. “En un principio los jueces estaban perdidos pero con el tiempo y las reclamaciones se han ido formando un clara jurisprudencia en favor de los afectados. Porque, salvo excepciones, el Tribunal Supremo lo está haciendo muy bien”, asegura Suárez.

Las entidades financieras no sólo deben informar a los inversores de los riesgos que asumen al contratar productos complejos como los denominados swaps, sino que además deben adoptar todas las cautelas en el proceso de selección de los clientes y asegurarse de que comprenden lo que firman. Así se ha manifestado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una reciente sentencia que anula tres contratos de permuta financiera suscritos por una pequeña empresa radicada en el municipio tinerfeño de Arafo con Bankinter y obliga a la entidad a devolver a la mercantil los 16.317 euros que perdió durante el periodo de vigencia de los mismos.

La sentencia, dictada el pasado 18 de diciembre, revoca una resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que desestimaba el recurso interpuesto por la empresa contra el fallo del juzgado de primera instancia, que daba la razón a Bankinter. La Audiencia sólo libró a la sociedad del pago de las costas procesales que le había impuesto la primera sentencia.

Eugenio Machado y CIA, mercantil dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, suscribió dos contratos con Bankinter en abril de 2007, uno marco que contenía las condiciones generales de gestión de los riesgos financieros, y otro, denominado clip, con un nominal de dos millones de euros. Siete meses después, firmó un tercero con un nominal de 1,4 millones. Las liquidaciones generadas por estos productos entre 2007 y 2010 arrojaron un saldo negativo de 16.317 euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de la capital tinerfeña se opuso a las pretensiones de la empresa al considerar que el funcionamiento del swap “no requería de mayor información” de la que se deducía del contrato y que el inversor no actuó con total desconocimiento, ya que previamente había adquirido “otros productos de importante cuantía”. Además, remarcaba que el administrador reconoció no haber leído el contrato y haber acudido a la firma con el contable.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife discrepó con respecto a la afirmación de que el contenido del contrato era suficiente para comprender el riesgo, pero confirmó la valoración sobre el conocimiento del producto y consideró que era el contable de la empresa, licenciado en Económicas, quien debía tomar la iniciativa y recabar toda la información necesaria. Esta sentencia también reprochaba a la demandante que sólo reclamara en los juzgados cuando las liquidaciones negativas superaron los 12.000 euros.

Finalmente, ha sido el Tribunal Supremo quien ha acabado dando la razón a la empresa al apreciar error en el consentimiento, acumulando así una nueva resolución desfavorable a los bancos a la ya abundante jurisprudencia sobre los contratos de permuta financiera o swaps.

Para el alto tribunal, Bankinter obvió el análisis de la situación del cliente, de sus condiciones económicas y empresariales, y de la conveniencia de la contratación del producto. “No por tratarse de una empresa debe presumirse en su administrador o representantes unos conocimientos específicos en materia bancaria o financiera”, sostienen los magistrados, que inciden en que el banco tiene la “obligación activa” de informar al cliente de manera que entienda lo que está firmando y no puede limitarse a mostrar “su mera disponibilidad”.

El Supremo no ve razonable que la entidad financiera recomiende un producto complejo a una pequeña empresa “para asociarlo a las fluctuaciones del interés variable de otras operaciones” sin advertirle de “las graves consecuencias patrimoniales” en caso de una bajada del tipo de referencia.

“Lo que vicia el consentimiento es la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, no por sí solo el incumplimiento del deber de información”, añade la sentencia, que considera que Bankinter hizo una “dejación manifiesta” de todas sus obligaciones y cautelas para cumplir el deber de selección del cliente “hasta el punto de inducir a error”.

La resolución del Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, pero no así el extraordinario por infracción procesal que presentó contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo anula un swap que contrató una pareja residente en Tenerife a Bankia, anteriormente La Caja Insular de Ahorros de Canarias, y obliga a devolver las pérdidas que la operación provocó a los afectados. El fallo judicial, al que ha tenido acceso mirametv.com, deja sin efecto un pronunciamiento anterior de la Audiencia Provincial que daba la razón a la entidad financiera, condenada en primera instancia por el Juzgado Número 1 de Granadilla.

La sentencia, dictada por los magistrados del Supremo el pasado 14 de diciembre, insiste en laobligación que tienen los bancos de informar a sus clientes de forma detallada de las condiciones del producto que contratan, con mención expresa de los riesgos financieros a los que se exponen. El Tribunal ratifica así la cada vez más extensa jurisprudencia sobre la venta de los polémicos swaps.

La pareja firmó con Bankia en octubre de 2008 un contrato básico de servicios de inversión y un contrato de gestión de riesgos financieros, consistentes en un swap de tipos de interés, con un nocional de 200.000 euros. En enero de 2009 se produjo un primer saldo positivo de 291 euros, pero ya en abril comenzaron los problemas al producirse un cargo negativo de 1.075 euros. Este hecho llevo a los demandantes a presentar en julio una hoja de reclamaciones ante la entidad, que cifró el coste de la cancelación del acuerdo en 13.400 euros. Mientras, la cuenta de los afectados no paraba de registrar pérdidas por culpa de las liquidaciones del swap.

El conflicto terminó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona, que dio la razón a la pareja y anuló el contrato, además de condenar a Bankia a devolver las cantidades percibidas. La entidad financiera recurrió entonces a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y volvió a dar la vuelta a la tortilla. Los magistrados estimaron la apelación y dejaron sin efecto la sentencia inicial.

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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha vuelto a condenar al Banco Santander por endosar a un cliente un producto financiero tipo swap de gravosas consecuencias económicas sin haberle advertido antes de sus condiciones. La entidad financiera deberá devolver a una pequeña empresa zaragozana 14.183 euros, más los intereses de cinco años, y dar por resuelto el contrato.

Esta es la segunda ocasión en menos de dos meses en la que el Supremo condena al Santander por malas prácticas en la gestión de productos financieros complejos con clientes aragoneses. Hace unas semanas tuvo que devolver 75.144 euros, más los intereses de cinco años, a la Cooperativa Vitivinícola de Longares por haberle endosado un préstamo en el que esta “siempre jugaba a pérdidas”.

El banco ya había sido condenado en primera instancia por un juzgado zaragozano. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza revocó esa resolución en un fallo que ahora ha corregido el Supremo.

Sorpresa por la penalización

Una pequeña empresa que opera en el sector de la energía solar, Cañaseca SL, suscribió en febrero de 2008 con el Banco Santander un crédito de 640.000 euros y un contrato de permuta financiera –swap, en la jerga bancaria- de nueve años de duración. Este segundo, que comenzaría a operar en 2009, contemplaba “un nominal inicial de 614.115,26 euros el primer año y 47.532,54 la última anualidad, a un tipo fijo para el cliente del 4,34%”. La empresa recibió en febrero de 2009 “una liquidación negativa de 14.183,18 euros -única practicada y cargada-”, narra la sentencia, que explica cómo, al solicitar al banco que cancelara el acuerdo, los empresarios se encontraron con dos sorpresas: dentro de doce meses iban a tener que afrontar otro pago de 17.640,64 y cancelar el acuerdo iba a salirles por 63.153. Se fueron al juzgado.

“Es comprensible que al cliente le sorprendiera el importe de esta penalización”, señala el Supremo, que considera que conocerla de antemano “podría haber tenido una incidencia relevante” a la hora de decidir si firmaba o no el contrato. “Quizás en otro tipo de contratos pudiera parecer que la cláusula referida a la cancelación anticipada del contrato no tiene un carácter esencial –indica la sentencia-, pero en un contrato como el swap, en el que la propia dinámica del producto abre en cada liquidación periódica ‘una ventana de liquidación’, adquiere una sustancialidad determinante”.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza declaró probado que el banco había cometido una retahíla de irregularidades, entre las que se encontraban no haber realizado el “test de conveniencia o idoneidad” a los administradores de Cañaseca, no entregarles “folleto explicativo alguno” y no darles “información suficiente sobre la permuta financiera” que iban a contratar ni sobre su coste de cancelación.

“Un elenco de incumplimientos”

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, por el contrario, “consideró que los términos y condiciones del contrato eran claramente interpretables por su simple lectura y que el administrador de la sociedad tenía experiencia en el producto, puesto que había suscrito otro para otra sociedad que también administraba”, por lo que concluyó que, “aunque pudiera haber existido un incumplimiento de la normativa legal sobre el deber de información, no tuvo relevancia suficiente como para inducir a error al contratante”. Ese segundo contrato también está en los tribunales.

El Supremo ha avalado las tesis del juez y ha dictaminado que esa falta de información provocó en los responsables de la empresa un error que vició su consentimiento: el banco cometió “todo un elenco de incumplimientos” al obviar “sus obligaciones legales de estudio del perfil del cliente, de la adecuación del producto a sus condiciones profesionales y económicas y de los deberes de información precontractual”.

Y eso resulta “trascendente” cuando se trata de negociar la contratación de un producto complejo como es un swap. “Partiendo de la base de que profesionalidad y confianza son los elementos imprescindibles de la relación de clientela en el mercado financiero –indica la sentencia-, en este tipo de contratos es exigible un estricto deber de información: el cliente debe recibir de la entidad financiera una completa información sobre la naturaleza, objeto, coste y riesgos de la operación, de forma que le resulte comprensible, asegurándose de que el cliente entiende, sobre todo, los riesgos patrimoniales que puede llegar a asumir en el futuro”.

Tirón de orejas al banco

La sentencia da un tirón de orejas al banco por este tipo de prácticas al constatar que no había ofrecido a Cañaseca un acuerdo particular sino “un contrato predispuesto por la oferente con vocación de proyectarlo a una generalidad de clientes (contrato de adhesión)” cuyo “clausulado no cumple las especificaciones de claridad y transparencia que exigía” la Ley de Condiciones Generales de Contratación. 

“No se trata de que Banco Santander pudiera adivinar la evolución futura de los tipos de interés –añade-, sino de que ofreciera al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés”.

El Tribunal Supremo ha anulado un contrato de permuta financiera o swap del Banco Santander porque la información que dio fue “incomprensible” para un cliente minorista “no experto” en materia financiera.

La Sala Civil del Alto Tribunal ha confirmado así la sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que dio la razón a la mercantil Navistar anulando el citado contrato y condenando a la entidad a devolverle más de 40.000 euros, equivalente a las liquidaciones negativas derivadas del mismo.

El Supremo comparte el criterio de que la empresa era un cliente minorista y que la información que le proporcionó el Santander resultaba “incomprensible” para alguien inexperto en materia financiera, lo cual justifica su anulación.

Según los magistrados, “lo relevante” es que el cliente no pudo adquirir la información necesaria “por cualquier medio, ni proveniente de la propia entidad”, a lo que debe añadirse que el acuerdo y sus clausulados “no fueron individualmente negociados”, ya que formaba parte de “contratos predispuestos” por el Santander “con vocación de proyectarlos a una generalidad de clientes”.

Literalmente, la información que le ofreció fue la siguiente: “Los flujos de la presente operación son equivalentes a la contratación de una permuta financiera de tipos de interés, más la venta de una opción floor con barrera knock-in por parte del cliente más la compra de una opción cap”.

Con ella, el Alto Tribunal cree que el Santander incumplió su deber de información al cliente minorista, puesto que la que le facilitó como supuestamente explicativa del producto financiero resulta “incomprensible para un cliente no experto”

En total: 247.605.736 euros de costes extra fruto de los contratos firmados por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón para financiar la construcción de la M-30. La suma es el resultado de lo pagado por la corporación municipal hasta el 31 de agosto de 2015, según los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es, pero los contratos vencen en su mayoría dentro de una década.

247 millones es lo que le está costando al Ayuntamiento de Madrid un polémico producto financiero llamado swap, según cálculos internos. Y sirve para asegurar un tipo de interés fijo en los pagos de los préstamos municipales sujetos a interés variable. Es decir, que si el interés variable se dispara, el Ayuntamiento paga el interés fijo. Pero si el interés variable se desploma, que es lo que ha pasado en el último lustro, el Ayuntamiento de Madrid paga muy por encima de lo que le tocaría.

Los préstamos del Ayuntamiento de Madrid adscritos a los swaps ascienden a 1.983 millones de euros, y se han firmado con BBVA, Crédit Agricóle, Societé Genérale –entidad en la que trabajó el exconsejero de Esperanza Aguirre Francisco Granados–, Belfius y Bankia –entonces Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa–. El principal “agente” que negoció los contratos fue Dexia (rescatada y rebautizada como Belfius).

El Ayuntamiento firmó estos contratos entidad por entidad con diferentes condiciones pero indéntico resultado: pagar por unos tipos de interés hasta cuatro puntos por encima de lo que hubiera pagado con el variable que había contratado inicialmente. Los variables contratados originalmente (Euribor a tres meses y Euribor a seis meses) cotizan actualmente al 0% (y en algunos casos han entrado incluso en terreno negativo) y será muy difícil ver al indicador por encima del 4% a una década vista, justo cuando vencen estos créditos. Aunque en 2006, fecha a la que se remontan las operaciones financieras para costear la M-30, la evolución de los tipos era más incierta, desde que el Ayuntamiento ha tenido que asumir estos contratos en 2011 nunca se ha llegado ni a sobrepasar el 1,5% en el tipo de interés variable pactado inicialmente.

Hipoteca subprime, agencia de ráting, prima de riesgo, preferentes, cláusulas suelo e incluso CDS. En España el léxico financiero se ha ido ampliando desde el inicio de la crisis añadiendo al vocabulario popular términos y conceptos que hace una década solo estaban al alcance de unos pocos. Pese a la magnitud de la crisis en España y al rescate bancario que se protagonizó en 2012, hay un concepto financiero que ha recorrido toda Europa y que apenas ha tenido eco en el país. Se trata de los swap, seguros para cubrirse del riesgo en préstamos que tienen un alto grado de sofisticación en algunos casos o cláusulas tramposas en otros y que a Madrid le están suponiendo un sobrecoste de 247 millones de euros.

En plena burbuja financiera, estos productos se vendían como churros para asegurar la financiación de grandes proyectos. La obra pública de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas está ligada a miles de estos contratos blindados por décadas. El cambio de timón en muchos de estos organismos puede suponer una oleada de pleitos para intentar cancelar estos seguros que están suponiendo cargas financieras inasumibles en las administraciones públicas. ¿Cómo es posible que no hayan salido a la luz hasta ahora?

Una ola de indignación que recorrió Europa

Los swap han sido uno de los principales quebraderos de cabeza para Francia, Italia y Portugal durante la crisis. El escándalo en estos países ha tenido repercusiones incluso mayores a las de las preferentes en España. En Portugal el equipo económico del Gobierno llegó a dimitir en pleno tras conocerse que se habían contratado productos para cubrir hasta 3.000 millones de euros de obra pública y que estaban produciendo cuantiosas pérdidas. La ciudad de Milán pilotó la cruzada en Italia donde actualmente diez regiones mantienen litigios abiertos esperanzadas por los éxitos recientes cosechados por algunos ayuntamientos. La empresa de aguas municipal de Leipzig que logró tumbar la legalidad del swap de UBS es otro ejemplo.

Pero el país donde con mayor asombro se vivió el escándalo de los swap fue en Francia, después de que algunos pequeños ayuntamientos dieran la voz de alarma. Fue el caso de Saint-Etienne, que descubrió que tenía algunos de estos productos ligados a su deuda cuando Deutsche Bank le reclamó un importe de 1,18 millones de euros en 2010. En ese momento vieron la toxicidad del producto que tenían contratado y cuya cancelación les suponía 100 millones de euros. Lo que en principio se contrató para resguardar el dinero público terminó siendo una herencia inasumible para sus habitantes que, sin saberlo, estaban jugando las arcas municipales a las variaciones entre el franco suizo y el dólar hasta 2042.

La cascada de informaciones sobre la extensión y gravedad de la colocación de estos productos fue creciendo día a día. Le Monde y Libération se hicieron con datos bancarios detallados de la situación de estos productos por toda Francia. Le Monde calculó que de los 72.000 millones de euros en préstamos para obra pública que había vivos en el país, al menos 26.000 estaban ligados a alguno de estos productos. De estos, al menos 10.000 respondían a características más tóxicas, por la complejidad que entrañaban los seguros y 6.000 se consideraban, directamente “explosivos”.

Libération realizó una exhaustiva radiografía de la situación en todas las corporaciones públicas francesas que daba buena cuenta de la extensión del fenómeno. Decenas de municipios y otros organismos públicos se encontraban ahogados por productos financieros que suponían un sobrecoste equivalente al 20% de la operación. Una de las situaciones más dramáticas la vivió el Departamento del Ródano, con casi medio millón de habitantes, al que le solicitaron 380 millones de euros por anular los swap que contrató la región para construir varias instalaciones.

Un banco para 'swapearlos' a todos

Una de las explicaciones para la rápida difusión de estos productos fue la supremacía de un solo banco en la financiación de obra pública. El francobelga Dexia fue durante la época de la crisis el número uno en la financiación o la intermediación de grandes créditos para obra pública. Allí donde había un proyecto en marcha había un agente de Dexia preparado para llevar la planificación financiera.

La querencia de Dexia por este peligroso cóctel de obra pública y productos derivados se llevó por delante al banco que tuvo que ser rescatado ya en 2008. Finalmente en 2011 la entidad quebró, se creó un banco malo y a al bueno se le rebautizó como Belfius.

El gusto de la banca francesa por estas operaciones de financiación (Project Finance en la jerga del sector) también explica la fuerte posición de Crèdit Agricole y Société Générale en este tipo de seguros. Los tres bancos son acreedores de la ciudad de Madrid, pero tampoco se puede despreciar el uso que han hecho el resto de los grandes bancos, incluido Santander y BBVA, de estos productos financieros fuera y dentro de España.

El caldo de cultivo, con pequeñas diferencias, es el mismo en toda Europa. La burbuja financiera espoleó la obra pública y las entidades autónomas buscaron alternativas de financiación para escapar al control de los gobiernos centrales, que suelen establecer ciertos límites a la capacidad de endeudamiento de estos entes. Metros, autopistas, museos, estaciones, hospitales o polideportivos sucumbieron a la financiación con estos bancos y al consiguiente swap.

Resultado de las demandas

La carga financiera de estos swap se volvió inasumible para los ayuntamientos europeos ya entre 2009 y 2010. Fue entonces cuando se plantearon los litigios de las alcaldías contra los bancos por estos contratos y pasado más de un lustro el resultado es muy desigual. En primer lugar, muchos de los juicios se están celebrando aún este año o están pendientes de resolución. Una buena parte de ellos se dirime en Londres ya que los ayuntamientos se dejaron guiar por la banca y aceptaron que estos contratos se firmaran bajo la ley británica. En algunos casos se han enzarzado en una maraña infinita de recursos y apelaciones.

Las buenas noticias proceden del lado de las victorias o los acuerdos extrajudiciales. El más sonado es el de Milán, la metrópoli italiana -a la que por tamaño es sencillo considerar un inversor institucional- que consiguió que tras enzarzarse en el proceso judicial, los bancos prefirieran llegar a un acuerdo en 2012 con la ciudad antes que seguir pleiteando y aceptaron cancelar los swap que cubrían una deuda de 1.700 millones de euros.

Prato, la segunda ciudad en importancia de la Toscana italiana, ha sido la primera en lugar un triunfo en los tribunales, pero lo hizo este mismo verano y gracias a un error técnico en el contrato. Con todo, su victoria anima a los otros diez juicios pendientes de regiones y municipios en Italia.

La diminuta población de Saint-Cast-le-Guildo en Francia, también acaba de conseguir su victoria en los tribunales ante un swap de Dexia colocado para construir un balneario. Esta misma semana, se ha iniciado en Londres el juicio de la Sociedad Pública de Transportes de Oporto contra Santander por un ruinoso swap.

Similitudes y diferencias con el caso de Madrid

Las motivaciones, los protagonistas y el resultado de los contratos firmados por el Ayuntamiento de Madrid para financiar la M-30 son prácticamente iguales a los que tuvieron todas estas corporaciones europeas con sus contratos. A falta de conocer con detalle los términos fijados en la decena de seguros de cobertura firmados por Madrid, parece que la estructura a la que se sometió Madrid es algo más simple que la que aceptaron otros ayuntamientos.

En el caso de los municipios europeos, muchos suscribieron contratos que referenciaban el variable a intereses cruzados, apuestas contra la evolución de divisas extranjeras, algoritmos y un largo etcétera. El más sencillo (que podría tener Madrid en varios de sus contratos) es el vanilla plain, concepto que en inglés se refiere al producto más básico de una gama. Algunos de los más complejos reciben el nombre de snowball, como el que tiene la sociedad de transportes de Oporto que desencadena reacciones en cadena de derivados hasta elevar la factura de intereses a límites altísimos.

En cualquier caso, la toxicidad o complejidad de estas estructuras no es el elemento principal que pesa a la hora de visar o no su legalidad ante los tribunales. Muchos de estos inversores eran considerados institucionales cuando suscribieron los contratos por lo que se les presupone los conocimientos suficientes para evaluar los riesgos de estos productos. Precisamente, para solucionar una pequeña parte de este problema, la nueva normativa de protección del inversor europea, Mifid2, excluye a los pequeños ayuntamientos de ser inversores “elegibles” para estos productos.

Pero incluso si el tamaño y la cuantía financiada es abultada, como el caso de Madrid, Milán, Ródano u Oporto, los tribunales han encontrado muchos resquicios en la forma de redactar los contratos que han servido como elemento para anularlos. Una de las cláusulas más conflictivas en casi todos es la de cancelación, o bien por farragosa, o por poco clara en los costes y el cálculo de la penalización. Prácticamente todos los juicios que han dado la razón a los ayuntamientos han encontrado un fallo en estas cláusulas.

También en muchos casos se ha despertado el debate sobre cómo las administraciones públicas deben cubrirse de riesgos a la hora de suscribir créditos y si se debe permiter que lo hagan mediante instrumentos complejos o derivados. También se abre la cuestión de la legitimidad de blindar contratos a 30 o 40 años (a mayor plazo mejores condiciones) permitiendo a generaciones enteras de vecinos asumir decisiones pasadas que financian con dinero público.

¿Por qué ahora?

El cambio de dirección en muchos ayuntamientos ha destapado la caja de los truenos. La convulsión que se vivió en Italia, Francia y Portugal llega ahora a España de la mano de las nuevas corporaciones municipales que desempolvan contratos guardados en cajones y se maravillan de lo que encuentran en su interior. Por ahora, solo ayuntamientos de Lanzarote que habían cambiado de signo por casos de corrupción habían puesto sobre el tapete estos contratos. También ha entrado en juicios la Diputación de Álava. Pero los expertos coinciden en que estos productos se endosaron sistemáticamente a los municipios y que la situación de Madrid es solo la punta del iceberg de lo que se destapará en los próximos meses, una vez que los nuevos regidores hayan puesto orden en sus finanzas. Tampoco se puede olvidar que los tipos de interés oficiales al 0% están aquí para quedarse una década, perspectiva que ha exasperado en las alcaldías a la vista de una década más palmando dinero con estos productos.