La Comisión Delegada de LaLiga, en su reunión ordinaria celebrada este viernes, ha acordado que el organismo se persone como acusación particular en la causa contra Ángel María Villar y ha solicitado la intervención judicial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Así lo ha anunciado LaLiga a través de un comunicado, confirmando las intenciones ya expresadas por su presidente, Javier Tebas, para intervenir en la causa que se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 35/2017).

El pasado viernes, Tebas aseguró que Villar “ya es historia del fútbol español”. “Queda sacar de la casa el villarismo, la forma de gestionar. Da lo mismo que no esté Villar si el sistema que había de corruptelas, de beneficios y de falta de transparencia de la gobernanza no cambia. Se ha abierto una ventana pero quedan muchas por abrir”, celebró tras el sorteo del calendario de LaLiga celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el que se ha decretado prisión provisional sin fianza para el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y para su hijo, Gorka Villar, pone de manifiesto la estrecha vinculación entre el máximo mandatario del fútbol español y el presidente de la Federación Cántabra, José Ángel Peláez.  

El auto de 44 páginas, consultado por eldiario.es Cantabria, sostiene que Peláez apoyó la reelección de Villar como presidente a cambio de favores, como recibir dinero o entradas, e incluso que presionó a otras federaciones para que también respaldaran al mandatario. Además, el magistrado cree que Peláez es “conocedor” de los “entresijos” de la RFEF.

Esos “entresijos” se refieren al “entramado” creado supuestamente por Villar para desviar fondos, tanto públicos como privados, para su enriquecimiento y el de terceros y para establecer un “clientelismo” que le garantizara seguir al mando a través de la “compra de votos” de las federaciones territoriales. 

Tal y como señala el auto, la supuesta implicación de Peláez en la trama se deduce de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil durante este mismo año, así como por un correo electrónico que envió al exsecretario de la RFEF en enero de 2013, en el que el líder autonómico “insinúa que podría haber difundido documentación acreditativa de actividades presuntamente delictivas que afectan a dirigentes de la RFEF, y no lo hizo”.

En esta investigación, el presidente de la federación cántabra aparece como uno de los hombres fuertes de la RFEF y hombre de confianza de Villar y de su hijo. El informe judicial, en el que Peláez aparece mencionado hasta en 28 ocasiones, abre un capítulo especial dedicado al “favorecimiento a la Federación Cántabra”.

Así, se transcriben conversaciones en las que el tesorero de la Federación nacional, José Luis Larréa, y el exseleccionador Javier Clemente muestran su rechazo a que la RFEF tenga que pagar más de 300.000 euros a la cántabra para un campo no homologado y que tampoco es propiedad de la Federación, sino del Ayuntamiento de Santander. En concreto, hablan de la inversión de 321.000 euros para renovar el césped de los campos tres y cuatro de las instalaciones Nando Yosu, en La Albericia.

Pese a esos reparos, el propio Villar traslada a Peláez que ya ha dado la autorización para el pago y subraya que ha sido en unas condiciones que “no he hecho nunca”. En esa misma llamada, Peláez le traslada que necesita que el dinero le llegue directamente a él para “yo liberalizar los fondos míos y luego yo hacer los pagarés”.“Tú lo que quieres es el dinero ingresado en tu cuenta, vale de acuerdo”, responde Villar.

“Si no se lo lleva él, no lo quiere”

Sobre este mismo asunto, el tesorero se queja ante el vicepresidente de la Federación, Juan Padrón, de que le ha ofrecido el dinero a Peláez en un pagaré para la empresa Mondo -encargada de la sustitución del césped- pero éste le ha dicho que “si no se lleva él el dinero y lo mete en su cuenta que no lo quiere”, a lo que Padrón le responde: “Él quiere el dinero para manejarlo él, para hacer lo que quiera... como lo hizo con Torrelavega”.

En este caso se refieren a la reforma en el campo de Tanos. La obra se ejecutó en el año 2013 y la Federación Española aportó 250.000 euros, si bien la Federación cántabra tardó años en pagar al Ayuntamiento de Torrelavega, según reconoció el propio concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega. 

La conversación entre el tesorero y Padrón concluye manifestando el primero su queja porque Villar le ha “obligado” a darle “un anticipo de 100.000 euros” a Peláez.

Compra de voluntades

El juez concluye que existe una “alta probabilidad” de que el apoyo del presidente de la cántabra hacia Villar para favorecer su reelección “ha estado motivada o ha sido premiado, además de con su renovación en la Comisión Delegada de la RFEF, con la concesión de un pago de dinero, aun cuando existían dudas en algunos gestores del patrimonio de la RFEF sobre la conveniencia de éste”.

Finalmente, las investigaciones también apuntan que Peláez estaría implicado en las presiones a la Federación de Ceuta para que suscribiera una carta de advertencia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El 12 de mayo, Peláez, informa de que el presidente ceutí ha cambiado de opinión. “O sea, ha servido lo que le he dicho”, comenta Villar. “Yo creo que lo ha entendido de puta madre”, certifica su empleado.

“Para lo que te salga de los huevos”

En una conversación mantenida hace escasamente un mes, el 15 de junio, Peláez le comunica a Villar que ha dejado fuera del reparto de los presupuestos de la RFEF unos cinco millones doscientos mil euros para uso potestativo, llegando a decirle que dichas cantidades las puede usar “para lo que se te ponga en los huevos”.

Según le explica Peláez al presidente, esos más de cinco millones son para “uso discrecional” y están “ajenos” a los mecanismos de fiscalización y control, ya que “ese dinero no pasa por la Asamblea General”, de modo que no se tiene que informar de su destino.

Añade Peláez que dicha cuantía se puede incrementar hasta los seis millones de euros, y que como el concepto en el que se puede emplear es “fútbol aficionado” en general, noción extensa y etérea, “la realidad es que el dinero puede utilizarse para fines distintos”, según recalca el magistrado.

Respuesta de Peláez

El presidente de la Federación Cántabra se ha defendido a través de su página de Facebook en la que ha asegurado que esas declaraciones están fuera de contexto e indica que la conversación en la que le dice a Villar que puede utilizar esos 5 millones de euros “como le salga de los huevos” es porque no es una partida finalista y puede repartirla a su criterio para alcanzar los objetivos presupuestarios de la RFEF.

“Si uno lee esa frase así parece que le estoy diciendo toma 5,2 millones y llévatelos a Brasil. Pero estábamos hablando exclusivamente del reparto para los clubes no profesionales”, subraya Peláez.

Igualmente, niega en rotundo haber recibido dinero en su cuenta personal -“cualquiera sabe que los fondos de la RFEF tienen destino finalista y son siempre para ingresar en cuenta”- y explica que pasó de ser opositor a apoyar a Villar “por el conocimiento que tenía de que Ángel iba a quitar de la Federación a Juan Padrón y a José María Castillón, que para mí son dos auténticos corruptos”.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, “ha concedido beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo”, como Madrid, Murcia, Ceuta y Cantabria, según revela el auto del juez Santiago Pedraz.

En el texto que decreta la prisión provisional y sin fianza de Villar, el magistrado de la Audiencia Nacional apunta que el presidente de la RFEF, “consciente de que efectivamente los presidentes regionales son capaces de aglutinar los votos de clubes de divisiones inferiores y del colectivo del fútbol no profesional, ha concedido beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo”.

“Así se infiere del conjunto de llamadas puestas en contexto respecto a dos federaciones territoriales en particular: la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y la Federación Cántabra de Fútbol (FCAF)”, explica el juez Pedraz en el auto.

“Además, en un pasado cercano el investigado habría favorecido económicamente de manera singular a la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) y a la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE), y cobrando ”esos favores“ en forma de apoyo a su candidatura para la presidencia de la RFEF”, abunda.

El auto apunta asimismo que existen “otros hechos delictivos” en los cuales Villar y el vicepresidente económico Juan Padrón, también en prisión provisional sin fianza, “podrían estar vinculados”.

Por el secreto de las actuaciones no son relatados en la instrucción aunque, a la espera de que concluya el análisis del material incautado, sí revela que tendrían relación con las federaciones de Las Palmas, Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla, Madrid y La Rioja y diversas delegaciones de Mupresfe.

El juez también señala, no obstante, que una vez practicadas determinadas diligencias podrá “reconsiderarse la situación personal” de los detenidos.

USO ha acusado este jueves a Sniace de “incumplir” los acuerdos con los trabajadores mientras contrata, según asegura, a los sindicalistas Antonio Pérez Portilla (UGT), secretario del comité de empresa, y Mario Villar (Sindicato Unitario), a los que considera “afines” a la empresa.

“Mientras hay decenas de trabajadores en sus casas que no perciben un euro Mezquita contrata a tiempo completo a dos lideres sindicalistas afines”, se ha quejado, en un comunicado, la Sección Sindical USO-Sniace, que sostiene que “no hay razones objetivas” para esta decisión.

En este sentido, considera que estas contrataciones son el “pago a la lealtad a los intereses de la empresa” durante el conflicto laboral y un “insulto” a trabajadores que no han percibido ni indemnización ni cobran el salario social.

El sindicato, parte del comité durante este conflicto laboral pero que no suscribió el acuerdo, acusa a la Dirección de Sniace “continuar con su estrategia de engaño e incumplimiento de sus obligaciones”.

Entre estos presuntos “incumplimientos” que señala USO, cita que hay trabajadores que no perciben ningún tipo de prestaciones siguen sin percibir el llamado salario social tras dos meses del acuerdo y después --dice-- de que se les “intimidó y coaccionó” para que firmaran el acuerdo laboral y renunciaran a su indemnización si querían optar a un puesto de trabajo tras la reapertura y cobrar el salario social.

USO espera que tanto el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, como los consejeros del actual Ejecutivo (PRC-PSOE) “tomen nota de lo que está sucediendo en esta empresa”.

Para la construcción del proyecto del hospital universitario de Toledo cuyo plazo de presentación de ofertas acabó ayer se ha presentado una única oferta a la Junta, que está formada por una Unión Temporal de Empresas (relación contractual que se hace entre empresas por la que trabajan juntas en un determinado proyecto) formada por OHL Construcción, Acciona y Desarrollo de Concesiones Viarias Dos.

No obstante como el registro de una oferta puede hacer en cualquier registro nacional, no necesariamente en la Junta de Castilla-La Mancha, hay diez días de plazo para que la documentación que se haya presentado en otros registros llegue al gobierno regional.

Para que se pueda conceder el proyecto a esta UTE primero debe haber sentencia en el contencioso que mantiene con la Junta el taller de arquitectura Sánchez-Horneros, cuyo juicio se celebró el martes 23 de septiembre y está pendiente de resolución, por lo que todo el proyecto está bloqueado. Una vez haya sentencia, y que ésta dé el visto buena a continuar el proceso, ya se reunirán los encargados técnicos de la Junta para analizar los pormenores de la obra valorando también los precios ofrecidos.

El hospital de Son Espases, ejemplo de corrupción con los mismos protagonistas

Para la construcción del hospital de referencia de las Islas Baleares se presentó una UTE en la que varios protagonistas de la UTE del centro de Toledo están implicados e imputados por la justicia. En primer lugar el presidente de OHL es Juan Miguel Villar Mir, que está imputado por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por amaño del concurso público para la construcción del hospital balear.

En ese caso también estaba implicado el actualmente en prisión ex-presidente de Baleares Jaume Matas e intervino como testigo en el caso Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid.

Si miramos el historial de la empresa Desarrollo de Concesiones Viarias Dos, una empresa desconocida que nada tiene que ver con las gigantes Acciona y OHL, tiene un capital social de escasos 13.000 euros. El administrador único de esa empresa es Iridium Construcciones de Infraestructuras S.A. y su único representante desde enero de 2014 es Juan Santamaría Cases, presidente de Iridium. E Iridium es una empresa que pertenece a ACS, de Florentino Pérez, por lo que Florentino Pérez, con una empresa cuyo capital social es de 13.010 euros exactamente, estará involucrado en el proyecto del hospital de Toledo. Desarrollo de Concesiones Viarias Dos es la forma que tiene Florentino Pérez de entrar en el proyecto.

Al grupo ACS también pertenecen Dragados, que fue la empresa encargada en primera instancia de la construcción del remonte de Safont toledano y cuyo proyecto fue finiquitado de nuevo por Cospedal cuando llegó al poder, siendo adjudicado a la empresa Vías y Construcciones, que también es del grupo ACS.

La presencia de Acciona es sorprendente porque ya estaba presente en la UTE a la que fue concedida en primer lugar la construcción del centro antes de que Cospedal paralizase la obra.

Precisamente Florentino Pérez comparecía como testigo esta semana ante el Fiscal Anticorrupción por el caso de Son Espases. Villar Mir se mantiene imputado tras declarar la esta semana.

La oferta de OHL en el centro insular era más cara que la de la competencia y perdieron el concurso a pesar de que la entonces Consellera encargada de esa parcela en el gobierno balear, Aina Castillo, indicó que Matas le había dado indicaciones para que la oferta ganadora fuera la de OHL.

Dichas empresas se encargarán además de la gestión del centro, de los servicios no sanitarios y servicios aledaños durante 30 años, una duración estimada según los plazos indicados a hoy día de hasta el año 2046.

La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad que se proyecta en Villar de Cañas (Cuenca) ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma de peticiones on-line change.org para pedir al ministro de Industria, el controvertido José Manuel Soria, que detenga el “derroche de dinero público” que, a su juicio, supone este proyecto.

En la petición la Plataforma argumenta que todas las centrales nucleares han construido o están a punto de construir sus almacenes temporales individuales de residuos nucleares, pagados en buena parte con dinero público y haciendo “inútil” el ATC.

El ATC supondría por lo tanto un derroche adicional de 2.713 millones de euros de dinero público (entre construcción, explotación y desmantelamiento posterior), que se podría destinar a otros fines.

La empresa pública ENRESA que promueve el ATC ha retomado ya los estudios para que, cuando termine la vida útil del ATC (estimada en 60 años), se pueda construir un almacén geológico profundo para depositar los residuos nucleares durante decenas de miles de años en que permanece su peligrosidad.

Por tanto, razonan desde la Plataforma, lo lógico es empezar porque las centrales nucleares dejen de generar las sustancias más peligrosas que existen en el planeta, evitando así que el problema aumente, y a continuación plantearse la construcción de un almacén definitivo, que será imprescindible, destinando los más de 2.700 millones ahorrados a sanidad, educación y dependencia.

Antes siquiera de empezar su construcción, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas destinado a guardar los residuos nucleares de las plantas del país corre el riesgo de quedar obsoleto. El retraso de las obras está haciendo que las propias centrales nucleares construyan sus propios almacenes en sus recintos para poder almacenar los residuos, lo que haría nula la función final del ATC una vez construido. Por ello desde diversas plataformas se está solicitando que se suprima la construcción del centro en vistas de que no es necesario.

El 5º Plan General de Residuos Radioactivos de 1999 no contemplaba la construcción de un almacén temporal y sí el de un almacén definitivo, donde irían a parar todos los residuos de las plantas nucleares y que tendría una vida útil estimada en decenas de miles de años, más de 10.000 según expertos, mientras que un almacén temporal como el de Villar de Cañas tiene una vida útil de 60 años. En vista de los problemas que se encontró Enresa para construir un almacén permanente (problemas políticos y sociales), el 6º Plan General de Recursos Radioactivos aprobado en 2006 sustituye la construcción del almacén permanente por el temporal de la actualidad.

La construcción de un almacén permanente será algo necesario en el futuro, si bien el almacén temporal no tendría utilidad si cada planta ya tiene su propio lugar para almacenar residuos como está ocurriendo.

En total son más de 2.713 millones de euros lo que cuesta la infraestructura, divididos en 857,03 para la ejecución del proyecto; 1.136,71 para su explotación así como 142,68 para su posterior clausura cuando deje de tener vida útil. Además se contempla el gasto en un impuesto ecológico de 404,59 y la partida económica que va a parar a los ayuntamientos de la zona que será de 172,5 millones de euros.

Tal cantidad de dinero en una instalación que puede acabar por no albergar nada es considerada por la Plataforma en Contra del Cementerio Nuclear como un gran derroche en un momento en que ese dinero puede suponer un gran cambio en determinadas políticas que se están llevando a cabo. Por ello la Plataforma ha comenzado una recogida de firmas para pedir que no se lleve a cabo el proyecto del ATC, aludiendo que “bien gestionado, ese dinero permitiría recuperar gran parte de los servicios perdidos por los recortes del gobierno en sanidad, educación o dependencia”.

El pasado jueves salió a licitación la obra para construir el edificio principal del ATC por un valor de 217'7 millones de euros, aunque no obstante la empresa que encarga su construcción, Enresa, no tiene aún ninguno de los al menos seis permisos que son necesarios para llevar a cabo la obra. La ejecución de la obra está contemplada en 58 meses, a lo que hay que sumar unas estimaciones de cerca de dos años hasta conseguir todas las autorizaciones necesarias. Con esos plazos el ATC estaría operativo para mediados del año 2021 como pronto, suponiendo que no se demorase nada más. Para ese año prácticamente toda central nuclear del país ya tendrá su propio almacén y nadie gastaría dinero en mandar residuos cuando pueden hacerlo gratis en sus instalaciones.

Actualmente se siguen efectuando los sondeos del terreno por el peligro geológico que acarrea. De no ser aptos los sondeos, estudios y prospecciones la obra se retrasaría aún más en su ejecución.

Carta abierta a Miguel Cardenal, Javier Tebas y Ángel María Villar

“El fútbol español, hasta hace días en el puesto uno del ranking mundial, está siendo observado por el ”planeta fútbol“. Y la marca España también.

El caso Real Murcia ha puesto patas arriba al sistema deportivo español y en vuestras manos está evitar que el desafuero se consume.

Se espera que en las próximas 24 horas el juez de lo mercantil número 7 de Madrid dicte un nuevo auto el que resolverá definitivamente acerca de la cautelar concedida al equipo murciano.

Lo previsible es que el magistrado adopte una de estas dos resoluciones:

a) Ratificar en todos sus términos el auto del día 12, que suspendió el descenso administrativo del Real Murcia.

b) Alzar la referida medida cautelar, imponiendo en su caso una caución sustitutoria a favor del Real Murcia y a cargo de la LFP.

Si opta por la primera de las hipótesis, no quedará otro camino que readmitir al Real Murcia en Segunda A, sea en detrimento del Mirandés o aumentando la categoría a 23.

Por muchas vueltas que se le quiera dar al asunto, no existe otra salida distinta, salvo que el juez opte por una tercera vía que desconocemos.

Ni causas de imposible cumplimiento ni autos ilusorios. El segundo auto que dicte el juez, como lo era el primero, es de ineludible cumplimiento.

En definitiva, señores presidentes del CSD, de la RFEF y de la LFP. Se impone el diálogo institucional. El CSD debería convocar este mismo jueves a los dos organismos del fútbol a una reunión a celebrar de inmediato, al más alto nivel, en la que se acuerde proceder al cumplimiento del nuevo auto del juez en sus propios términos.

Igual proceder correspondería si el juez no resuelve antes del día 23. Hay un auto de fecha 12 de agosto que deberá cumplirse antes del comienzo de la competición mientras no sea revocado por el propio juez o por un tribunal superior.

Lo que no es admisible es el esperpento actual.

Quien tendrá que dar la última palabra y determinar el nivel de impacto ambiental del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) será la actual ministra de agricultura y medio ambiente, Isabel García Tejerina. Desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca se ha denunciado el pasado dentro de empresas privadas de la ministra, que fue un alto cargo de Fertiberia, empresa condenada por verter durante años residuos químicos en la ría de Huelva.

Durante la etapa en la que gobernó Zapatero, la ahora ministra hizo su carrera en empresas privadas, principalmente Fertiberia. La empresa es propietaria del imputado por financiación ilegal al Partido Popular en la trama 'Gurtel' y por recibir obras públicas ilegalmente de la administración con el Partido Popular, Juan Miguel Villar Mir. Fertiberia fue condenada por su responsabilidad en construir depósitos para residuos químicos y decantar vertidos de fosfoyesos en las marismas del río Tinto (Huelva). La condena de la justicia fue que Fertiberia dejara el paraje natural limpio de todo vertido y en su estado original, pero las obras para hacerlo ni siquiera han empezado. Los vertidos durante años de Fertiberia han provocado una balsa de desechos radioactivos de , casi tan grande como el tamaño de la ciudad.

Desde la Plataforma se ha querido exponer el caso de Huelva como un buen ejemplo de lo que ocurre en el entorno cuando se acumulan residuos nucleares, destacando que la ciudad onubense tiene el mayor índice de mortalidad de las capitales andaluzas. No entienden cómo García Tejerina puede ser la persona que tenga la última palabra en valorar el daño medioambiental del ATC de Cuenca cuando su empresa ha estado vertiendo durante años este tipo de materiales a una marisma natural.

En las aguas de Huelva los índices de uranio, polonio y radio están por encima de la media, lo que provoca “graves problemas de salud”, según dirigentes de la Plataforma. En Huelva durante el año 1998 se enterraron 7.160 toneladas de cenizas radioactivas con cesio 137 procedente de Acerinox. Durante ese año los niveles de radiación en la ciudad fueron 150 veces superiores a los índices permitidos.

La provincia tiene el mayor índice de mortandad de Andalucía, con un 8% por encima del resto. Algunos expertos señalan que la zona tiene especial incidencia de cáncer.

Actualmente de las instalaciones del ATC de Villar de Cañas hay construido sobre un 3%, obras que pertenecen al vivero de empresas y al laboratorio que estarán anexos al almacén en sí. La constructora de estos edificios es OHL, cuyo presidente es de nuevo Villar Mir.

La Plataforma ha pedido que se deje trabajar a los técnicos sin presiones ni condiciones de ningún tipo y que los informes se ciñan a los requisitos técnicos, si bien consideran que la actual ministra tiene un gran lastre para poder decidir algo así por su pasado en Fertiberia, donde se mantuvo hasta que el Partido Popular volvió al gobierno nacional, volviendo entonces a ocupar un cargo institucional, en lo que se consideró un claro ejemplo de “puertas giratorias” entre las empresas privadas y las administraciones.

Para muchos el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas es visto como una oportunidad para conseguir trabajo. Especialmente en una zona con muy pocas oportunidades y que vivió en la década de los 60 y 70 una emigración rural hacia entornos más urbanos y con más posibilidades, marchándose la mayoría de la población activa hacia Cuenca o Madrid. Era una época en la que la población de Villar de Cañas pasó de más de 1.500 personas a 600, en un éxodo masivo a la gran ciudad.

Ahora, muchos de los que aquel día eran jóvenes y se marcharon con sus padres, regresan al que fue su pueblo en busca de un trabajo. El ATC es el clavo ardiendo al que se agarran en unos momentos de especial dificultad laboral. Ahora no tendrán que vivir del campo, sino que los trabajos parecen más cualificados y sobre todo, las infraestructuras infinitamente mejores. Así, el censo desde la concesión de la obra hasta ahora ha aumentado en más de 100 personas.

No obstante actualmente sólo un 3% del total de la obra está construido. Pertenecen al parque tecnológico y al parque empresarial con un vivero de empresas que habrá anexo al ATC, y cuya construcción espera atraer a empresas de tecnología punta a nivel mundial, en lo que se define por el alcalde de la población, José María Saiz, como el futuro de la investigación en Castilla-La Mancha.

Enresa pagará al ayuntamiento 6 millones de euros: 2'4 por adelantado, y 3'6 cuando el almacén comience su actividad, que se estima para comienzo de 2016, con suerte antes de que acabe 2015. Con ese dinero la mayor prioridad del pueblo es crear empleo, aunque no obstante el Ministerio de Industria ya ha advertido al equipo de gobierno local de que ese dinero se destine a “cuestiones viables”: ya ha habido casos de municipios que han recibido partidas económicas durante décadas y cuyo estado sigue siendo prácticamente el mismo que antes de recibirlas.

Por ello la prioridad para el alcalde local con esos 2'4 millones es crear una residencia de ancianos. Tendrá 160 plazas y espera crear unos 50 puestos de trabajo, con el objetivo de acoger a todos los ancianos de la comarca.

Otras prioridades para el futuro serán un centro médico o la formación de los jóvenes en materia de idiomas, aprovechando que el ATC “será un trampolín de trabajo cualificado para los jóvenes”.

Por otro lado, entre diputación, ayuntamientos y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se destinarán 120 millones de euros este año en la comarca, con otros 630 entre 2015 y 2018. Los primeros resultados del dinero invertido serán las mejoras de las carreteras de los pueblos de la comarca: Fuentelespino de Haro, Zafra de Záncara o Villares del Saz. Estarán listas, así como las carreteras que llegan a Villar de Cañas, para primavera de 2015.

Hay trabajo, pero no cae del cielo

El poco volumen de trabajo actual de las obras (en 2015 se multiplicará el trabajo) hace que actualmente no haya muchas contrataciones. Las empresas encargadas de las construcciones ya tienen sus trabajadores contratados en plantilla previamente y sólo realizan subcontrataciones menores a empresas de la zona. Es decir, que no por mudarse a Villar de Cañas uno consigue trabajo, ni mucho menos.

A corto plazo lo que sí se van a necesitar en la población son guardias de seguridad. Para final de este año y comienzos de 2015 se contratarán numerosos que vigilen las obras del ATC y las obras anexas. Para esas contrataciones sí será factible que vecinos empadronados en la localidad consigan los trabajos. Posteriormente los proyectos que atraiga el centro tecnológico también contratarán mano de obra, pero será muy cualificada y de alta cualificación.