María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

Izquierda Unida denuncia la “situación insostenible” que se vive en la Residencia de Mayores de Nájera: “el aire acondicionado lleva varios días averiado en plena ola de calor, el ascensor no funciona desde hace más de dos meses, hay techos en mal estado y barreras arquitectónicas que ponen en riesgo la seguridad y la autonomía de las personas residentes”.

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado de “inaceptable” que se mantenga a las personas mayores “asándose de calor y en unas condiciones lamentables”, y ha recordado que “hablamos de personas en muchas ocasiones enfermas y en una situación de vulnerabilidad”.

Para Izquierda Unida, la responsabilidad última recae sobre el Gobierno de La Rioja. “Es muy cómodo señalar a la concesionaria, pero quien decidió poner un servicio público esencial en manos privadas, y quien tiene la obligación de vigilarlo y exigir que se preste con dignidad, es el Ejecutivo de Gonzalo Capellán”, ha denunciado Moreno. “El Gobierno no puede lavarse las manos. Si la residencia está abandonada es porque no controla a la empresa ni le exige que cumpla.”

La formación advierte además de que este deterioro golpea también a las trabajadoras del centro. “Las profesionales de las residencias riojanas ya arrastran unas condiciones laborales precarias, con plantillas ajustadas y sobrecarga de trabajo, y situaciones como esta solo las empeoran. No se puede pedir a las trabajadoras que cuiden con calidad en un edificio que no reúne ni las condiciones mínimas”, ha señalado Moreno, que ha subrayado que cuidar de quienes cuidan es también una obligación de la Administración.

Izquierda Unida reclama la reparación inmediata del aire acondicionado y del ascensor, medidas urgentes frente al calor mientras se resuelven las averías, el arreglo de los techos y la eliminación de las barreras arquitectónicas, además de una inspección que evalúe el estado del centro y depure responsabilidades. 

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.

Mantener el acceso a los cuidados en tu pueblo mientras se genera trabajo estable en el medio rural es el equilibrio que busca la nueva etapa del hogar de mayores La Villa de Quel, que acaba de culminar un intenso proceso de transformación tras la incorporación del centro al grupo Gerontorioja en febrero 2025. Aunque la actividad no ha parado, el próximo 17 de abril, la residencia celebra una reapertura simbólica con una jornada de puertas abiertas, pensada para acercar a familias, vecinos e instituciones la realidad de un recurso esencial para Quel y su entorno.

La importancia de contar con un centro residencial de cercanía es una oportunidad para el medio rural. “No solo porque permite que muchas personas mayores puedan seguir viviendo cerca de su pueblo, de sus costumbres y de sus vínculos afectivos, sino también porque favorece el arraigo y evita desplazamientos que, en muchas ocasiones, suponen una ruptura emocional y social importante”, resalta Inés Aguado, gerente de Gerontorioja. Poder vivir con cuidados, pero sin perder la conexión con el propio entorno, es un valor que en el medio rural adquiere una relevancia todavía mayor.

Al valor de los cuidados de cercanía, se suma la generación de empleo local. Hogar La Villa crea puestos de trabajo estables y profesionalizados, especialmente en un sector altamente feminizado, en el que conviven perfiles jóvenes con otros de mediana edad. Una función estratégica en zonas con menos oportunidades laborales, donde un recurso sociosanitario como este también sirve para fijar población, generar actividad y ofrecer desarrollo profesional vinculado al territorio.

Entorno más cálido y mejor adaptado a las necesidades de las personas

Esta esencia de cercanía y su papel dentro de la comunidad han marcado la profunda reforma del centro que ha desarrollado Gerontorioja para alinearlo con los estándares de atención, bienestar e instalaciones del grupo, con un objetivo claro: “Ofrecer un entorno más cálido, más funcional y mejor adaptado a las necesidades de las personas con necesidades de atención”, destaca Inés Aguado.

La transformación del centro ha tenido, además, una complejidad añadida: realizar una reforma profunda sin cerrar la instalación. Cuando Gerontorioja asumió la propiedad y la gestión, el Centro ya estaba en funcionamiento y contaba con residentes viviendo en él. Eso ha obligado a compatibilizar las obras y las mejoras con la vida diaria de las personas residentes, sus rutinas, sus cuidados y la actividad asistencial del día a día. Por ello, el proceso ha sido necesariamente más largo de lo que habría sido en un edificio vacío, pero también ha puesto de manifiesto el compromiso de todas las partes implicadas. 

Un paso más para ofrecer apoyo al entorno

Con esta nueva etapa, Hogar La Villa de Quel se presenta como un Centro más ajustado a los estándares de Gerontorioja, pero el reto no termina en la adecuación del edificio. El grupo quiere extender la red de cuidados de cercanía. “El siguiente paso pasa por seguir trabajando con la Administración para que los Centros Residenciales ubicados en núcleos rurales puedan evolucionar y convertirse en plataformas de servicios para su zona de influencia”, presenta la gerente de Gerontorioja.

Según explica, estos centros para personas mayores cuentan con perfiles profesionales y capacidades que no existen de forma estable en los propios municipios. Por eso, la visión de Gerontorioja no es pensar en ellos únicamente como lugares de atención residencial, pues resulta insuficiente. “Bien articulados, podrían ser también espacios desde los que prestar apoyo, orientación, servicios especializados y acompañamiento a personas mayores y familias del entorno, ampliando su impacto social y reforzando la red de cuidados en el medio rural”, considera Inés Aguado.

La jornada de puertas abiertas del hogar de mayores La Villa en Quel (Ctra. Arnedo, 33) servirá también para mostrar este trabajo, compartir la evolución del centro y abrir una conversación sobre el presente y el futuro de los cuidados en los pueblos. Porque cuidar bien en el medio rural no es solo una necesidad: es también una apuesta por la dignidad, por la comunidad y por el territorio.

Las negociaciones en la Inspección de Trabajo para llegar a un acuerdo que frene la huelga de residencias de mayores y centros de día que comienza el 6 de marzo no terminan. Después de una larga primera reunión el viernes, las partes volvían este lunes al marco de la negociación y ha vuelto a concluir sin acuerdo. No obstante, han vuelto a ser emplazados a este martes para continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Este lunes, además, el BOR publica los servicios mínimos fijados por el Gobierno de La Rioja para las jornadas de huelga convocadas. En concreto, las jornadas anunciadas por los sindicatos son los días 6,12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 de marzo y el 1, 2, 3 de abril y, de no alcanzar acuerdo, la huelga se hará indefinida a partir del 13 de abril.

Como norma general, los servicios mínimos serán, en el caso de servicio de las residencias de mayores, los correspondientes a un día festivo. El BOR señala que en restauración tiene que estar el personal de fin de semana para alimentación de residentes y en limpieza, el 100% en aseos, cocinas, comedores y enfermerías y en el resto de zonas, el personal de fin de semana. La resolución justifica que “las residencias operan 365 días al año y la ratio de festivos garantiza las Funciones Básicas de la Vida Diaria (alimentación, higiene y medicación)”.

En los centros de día, que no prestan servicio los fines de semana, se ha establecido como servicios mínimos el 50% de la plamtilla habitual de un día laborable de gerocultores/auxiliares, lo que según recoge el Gobierno, garantiza que se puede asistir a los usuarios en las actividades básicas (higiene y ayuda en comerdor) de forma segura. El personal técnico se fija en el 25% del total habitual, el de limpieza queda al 50% y el transporte adaptado tiene que hacer el 100% de las rutas. En el caso del personal de restauración, no especifica y recoge que debe ser el personal necesario para elaborar el menu del día (comida y merienda) garantizando las dietas terapéuticas.

“Servicios mínimos abusivos y no negociados”

Los sindicatos negociadores del convenio colectivo - Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO)— han denunciado que estos servicios mínimos son “abusivos y no han sido negociados ni consultados con el comité de huelga”.

“Dichos servicios mínimos has sido unilateralmente establecidos por la Administración en base a un informe de servicios esenciales prestados por el sector privado de Residencias y Centros de Día de La Rioja, el 23 de febrero de 2026, que se emite desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, del que no tiene conocimiento ni ha sido tampoco consultado el comité de huelga”, han criticado.

Según señalan las organizaciones sindicales, “en las residencias no existe una ratio específica diferenciado para días festivos o jornadas ordinarias, ya que las plantillas se fijan de manera global en función de la contratación” y aseguran que en la mayoría de residencias, los días festivos se trabaja con el mismo personal de atención directa que en un día laborable. “Esto implica que los servicios mínimos decretados para la jornada de huelga reproducen exactamente el personal habitual de atención directa, impidiendo en la práctica que las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga”.

Asimismo, denuncian que “en las residencias de mayores se vienen soportando ”servicios mínimos“ de facto durante todo el año, como demuestra la inexistencia de diferencias reales entre un día festivo y un día normal en cuanto a dotación de personal”. “Fijar los servicios mínimos apenas cuatro días antes de la huelga supone”, a su juicio, “un ataque profundo contra los derechos fundamentales de la plantilla”. Por todo ello, los sindicatos negociadores solicitan una reunión urgente con la Administración competente para exigir aclaraciones sobre los criterios utilizados y reclamar una revisión inmediata de los servicios mínimos establecidos, con el fin de garantizar el respeto efectivo al derecho de huelga del conjunto de las personas trabajadoras del sector en La Rioja.

La Inspección de Trabajo había convocado a patronal y sindicatos este viernes para llegar a un acuerdo antes de huelga de trabajadoras de residencias de mayores, que los sindicatos han convocado a partir del 6 de marzo y con varias jornadas más hasta abril. Las negociaciones de mediación de este viernes se han desarollado en una larga reunión que ha terminado sin acuerdo pero que ambas partes retomarán este mismo lunes.

Las diversas fuentes consultadas por Rioja2 de ambas partes de la negociación son discrepantes en cuanto al acercamiento de posturas y los avances conseguidos. Por parte de los sindicatos, aseguran que las mayores diferencias están en los salarios y en la jornada anual.

El lunes, además, está previsto que se notifiquen los servicios mínimos por parte del Gobierno de La Rioja y, en caso de no haber acuerdo entre las partes, será otra de las cuestiones a negociar en la reunión en la Inspección de Trabajo. Por parte de los sindicatos, forman parte de la negociación USO, CSIF, CCOO y UGT y por la Patronal, Lares y ARTE (Asociación Riojana de Residencias Privadas de la Tercera Edad).

El Museo de La Rioja ha puesto en marcha la actividad ‘Museo fuera de Museo’, que se ha iniciado este jueves en el Centro de Día Gonzalo de Berceo. Esta novedosa propuesta se desarrolla en instituciones y asociaciones que lo solicitan, con el objetivo de acercar sus colecciones a nuevos públicos, especialmente a aquellas personas que, por distintos motivos, no pueden desplazarse a su sede, favoreciendo además así su bienestar psicosomático mediante una metodología participativa.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, han participado en la sesión. Durante la visita, Pérez Pastor ha enmarcado esta iniciativa en el ámbito de los derechos culturales y ha señalado que “todas las personas, con independencia de su condición o capacidad, deben poder acceder a la cultura”. En este sentido, ha destacado que el Museo de La Rioja “es un gran centro que irradia cultura y que, además de sus exposiciones permanentes y temporales, desarrolla actividades con una amplia acogida como las visitas teatralizadas, las visitas guiadas, los talleres didácticos o la música en el patio”.

Sobre ‘Museo fuera de Museo’, el consejero ha explicado que se trata de “un paso pionero para llevar los contenidos del museo a otros espacios, convirtiendo la cultura en un tema de conversación y reflexión compartida, y no en un objeto encerrado en una vitrina”. Asimismo, ha agradecido la implicación de La Casa del Vacío, empresa responsable del desarrollo de la actividad, y ha subrayado que “esta iniciativa permite reencontrarnos con la historia de La Rioja —su arqueología, su arte y su etnografía— allí donde se encuentran las personas”.

Por su parte, María Martín ha destacado que esta actividad es “un ejemplo práctico de la estrategia de cuidados centrados en la persona que impulsa el Gobierno de La Rioja”. En este contexto, ha recordado que los centros de día son “una herramienta fundamental para favorecer que las personas mayores puedan permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible, manteniendo y potenciando su autonomía”.

La consejera ha subrayado además el carácter bidireccional de la iniciativa, ya que “la cultura viene a ellos, pero también ellos aportan su experiencia y conocimiento”. A su juicio, este intercambio “enriquece tanto a los participantes como al propio museo, al conectar la memoria y la vivencia personal con la historia colectiva de La Rioja”, al tiempo que refuerza “el respeto, la dignidad y el reconocimiento hacia quienes tanto han contribuido a nuestra comunidad”.

Los detalles de las sesiones de 'Museo fuera de Museo'

La actividad se divide en dos partes. En la primera, se desarrolla un coloquio apoyado en una proyección que combina ilustraciones de diseño propio con imágenes de obras de la colección permanente —como la fíbula, la sarga, retablos o piezas de etnografía— acompañadas de textos didácticos y poéticos concebidos para estimular la reflexión y el debate.

En la segunda parte, los asistentes realizan una propuesta práctica de construcción inspirada en uno de los objetos proyectados, elaborando una pequeña maqueta con materiales innovadores diseñados por La casa del vacío y adaptados a las necesidades específicas de cada grupo. Con una duración de 180 minutos por sesión, ‘Museo fuera de Museo’ fomenta la cooperación, el pensamiento crítico y la autonomía, al tiempo que genera espacios de socialización y expresión artística.

La visita al Centro de Día Gonzalo de Berceo se enmarca en la estrategia de difusión del programa, con la que el Gobierno de La Rioja pretende dar visibilidad a esta iniciativa y animar a otras entidades sociales y asistenciales a solicitar su desarrollo en sus instalaciones, reforzando así el alcance territorial y social del proyecto.

Tras 5 años de reuniones en el marco de la mesa negociadora del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja, los sindicatos negociadores denuncian públicamente la “total falta de avances significativos por ausencia de propuestas serias por parte de la patronal”. Para los sindicatos, “evidencia que no se está tomando en serio la gravedad de la situación del sector ni la necesidad urgente de mejoras para las plantillas y el servicio que se presta”.

Por ello, han anunciado un calendario de huelga para el 6 de marzo; 12 y 13 de marzo; 18, 19 y 20 de marzo; 24, 25, 26 y 27 de marzo; 30 y 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril y a partir del 13 de abril se iniciará una huelga indefida. El objetivo es “visibilizar el conflicto laboral y la irresponsabilidad de una patronal que, pese a reconocer verbalmente los problemas estructurales del sector, se niega a comprometerse con soluciones reales y sustanciales”

“El sector necesita un convenio que dignifique las condiciones laborales de las plantillas, que suponga unas retribuciones económicas acordes al duro trabajo que se realiza y que lo haga atractivo, para que la gente no salga huyendo a los pocos días de empezar a trabajar”, han visibilizado al anunciar la convocatoria de huelga. Ello supone una inversión en calidad, que, según dicen, “la patronal del sector parece no estar dispuesta a asumir, y así seguir precarizando este sector a costa de la calidad asistencial, a pesar de reconocer el problema y de contar con una mejora sustancial de los ingresos por plaza concertada y de haber incrementado conforme al IPC los precios de las plazas privadas en los últimos años”. 

Según datos facilitados por el propio Gobierno de La Rioja a los sindicatos negociadores del convenio, el incremento de las plazas concertadas supone más de un 25% en el acuerdo marco. Con precios similares de las plazas concertadas y del precio medio de las plazas privadas de los centros residenciales de La Rioja, en Vizcaya la Patronal firmó un convenio en el año 2023 que recogía una subida del 7,6% para el primer año, mientras en La Rioja, según los sindicatos, ni siquiera quiere asumir la mitad de ese porcentaje, lo que supone diferencias salariales que alcanzan los 600€ al mes con respecto a La Rioja en algunas categorías profesionales.

Además, en esta provincia se abonan los domingos a más de 30€ la noche, cuando en La Rioja no alcanzan ni los 20€; su jornada laboral anual supone 200 horas menos que las que se trabajan en La Rioja; y se complementan las bajas laborales por contingencias comunes hasta el 100% del salario, mientras que en La Rioja no se complementa nada; se admite la jubilación parcial si se cumplen los requisitos legales exigidos, mientras que en La Rioja no se contempla dicha posibilidad. 

“Todo ello deja en clara evidencia a una patronal que alega que no puede asumir mayores mejoras, cuando está claro que la posibilidad sí existe y lo que no hay es voluntad de hacerlo. La situación actual del sector es crítica y preocupante, pues a la ya habitual falta de personal de los últimos años se le ha sumado el importante incremento del número de plazas, las cuales, sin los recursos humanos necesarios, difícilmente pueden ser adecuadamente atendidas”, señalan. 

Según los sindicatos, “la patronal sabe perfectamente que hay días en los que no se cubren las presencias mínimas requeridas por ellos mismos”. Estos describen una situación complicada: “En los centros de trabajo existen unos índices de absentismo elevados por las cargas de trabajo y la falta de descanso adecuado; se han incrementado las agresiones a personas trabajadoras; el personal cada vez está menos cualificado ante la dificultad de encontrar profesionales con la titulación mínima requerida; resulta habitual la falta de cobertura de las vacaciones del personal técnico, lo que deja el servicio desatendido o prestado de forma deficiente; el clima laboral se ha deteriorado; la conciliación personal y laboral resulta inviable; las plantillas están envejecidas ante la falta de relevo generacional; el salario de una persona gerocultora (que supone más del 60% de las plantillas) es similar al SMI; las categorías más bajas, como el personal de lavandería, recepción y limpieza o pinches de cocina, ni siquiera alcanzan el SMI y ven cómo les son absorbidos sus pluses por culpa de ello; el personal técnico y administrativo mantiene salarios muy por debajo del mercado, etc”.

“Nadie quiere trabajar en un sector durísimo tanto física como psicológicamente, en el que las condiciones laborales, económicas y no económicas, resultan ser pésimas; pues, además de los bajos salarios —que encima llegan muchas veces tarde y mal— y del machacante número de días y horas de trabajo anuales (concretamente 1779 horas), o de la elevada carga de trabajo existente fruto de los infames ratios de personal, se suman los problemas de conciliación que supone trabajar a tres turnos de lunes a domingo y festivos, con escasos descansos semanales”, advierten.

Aumento salarial y reducción de la jornada laboral

Los sindicatos de la mesa negociadora del convenio reclaman una serie de mejoras: una subida salarial inminente de al menos un 25% en los próximos 3 años, para equiparar los salarios al mercado laboral, bajada de horas anuales de trabajo nos equipare a las 37 horas semanales, e ir reduciendo paulatinamente hasta alcanzar las 35 horas semanales, se requiere complementar al 100% las bajas por contingencias profesionales (tal y como se recoge en el convenio estatal) y comunes.

Piden rigor en la aplicación de la prenvención de riesgos laborales y oferta incentivda y motivadora. “Son necesarias más y mejores medidas de conciliación familiar y laboral, como tiempo retribuido para acompañamiento a consulta médica de familiares, ampliación del permiso de lactancia, ampliación de los días de libre disposición, ventajas en servicios de guardería, etc”, añaden. Reclaman además mejorar las ratios de personal por usuario y vincularlos a las presencias y no a los contratos. “Los descansos semanales han de ser de mínimo 2 días continuados, para permitir una adecuada desconexión”.

Entre las reclamaciiones, piden cumplimiento estricto del derecho a desconectar, y que las empresas no llamen constantemente a las plantillas en sus días libres, calendarios con menos días de trabajo al año, “para no tener la sensación de vivir en el centro de trabajo”. La jubilación ordinaria no debería superar los 65 años, y se han de adoptar medidas para complementar la anticipada, por ejemplo, recogen la exigencia de la aceptación de las jubilaciones parciales y la posibilidad de no trabajar turnos de noche a partir de los 55 años.

“Es por todo esto que el sector está al límite, y si la patronal, como responsable directa, y la administración, con su responsabilidad subsidiaria, no reaccionan de inmediato, se verán directamente señaladas como responsables del deterioro irreversible de los cuidados en nuestra comunidad autónoma, por lo que desde el mes de marzo se empezarán a llevar a cabo medidas tendentes a revertir los problemas que viene acarreando el sector desde hace años”.

Los sindicatos han subrayado que “las personas trabajadoras del sector de dependencia, residencias y centros de día de La Rioja se merecen mejores condiciones laborales para poder prestar un mejor servicio a los usuarios de los centros, para que su innegable esfuerzo y dedicación se vean recompensados y para conseguir hacer atractivo el sector”.

La sociología no es solo el estudio de las estructuras macroeconómicas o de los grandes movimientos de masas; es, ante todo, la lupa que nos permite observar los hilos invisibles que mantienen en pie la cotidianidad. Hoy, en Castilla-La Mancha, esos hilos tienen nombre de mujer, manos agrietadas por el desinfectante y una espalda que cruje bajo el peso de una demografía que no espera. Al observar los últimos datos de ejecución presupuestaria de 2025 y las proyecciones para este 2026, nos encontramos ante una paradoja que define nuestra época: nunca hemos invertido tanto en dependencia y, sin embargo, nunca ha sido tan frágil el suelo que pisan quienes cuidan.

El espejismo de las cifras: Eficiencia vs. Dignidad

Empecemos por el dato que suele copar los titulares institucionales. Castilla-La Mancha ha cerrado el ejercicio anterior consolidándose como una de las comunidades autónomas más ágiles en la gestión de la Ley de Dependencia. Con una media de 176 días para resolver expedientes —frente a los más de 300 de la media nacional—, la administración regional presume de una maquinaria engrasada. Pero, como sociólogos, nuestra obligación es preguntar: ¿qué ocurre después de que el sello oficial llega al buzón del dependiente?

La realidad es que el sistema de cuidados en nuestra región se ha convertido en una estructura de 'pies de barro'. El presupuesto récord para Bienestar Social, que en este 2026 roza los 1.000 millones de euros, parece diluirse antes de llegar al bolsillo de la trabajadora de ayuda a domicilio o de la auxiliar de residencia. Existe una desconexión sangrante entre la macroeconomía de los cuidados y la microeconomía de la supervivencia de las cuidadoras. Mientras el PIB regional se apoya en el sector servicios, las mujeres que sostienen la vida de nuestros mayores perciben salarios que, en muchos casos, apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional, a menudo lastrados por contratos de parcialidad no deseada.

La feminización del “sacrificio”

Para entender por qué el sector de los cuidados es el “pariente pobre” del mercado laboral, debemos acudir a la construcción social del género. Históricamente, el cuidado ha sido considerado una extensión natural de las capacidades femeninas; algo que se hace “por amor” o por “instinto” y, por tanto, algo que no requiere una remuneración justa ni una cualificación técnica reconocida.

Esta herencia cultural sigue pesando en 2026. El 85% de las plantillas del sector de dependencia en Castilla-La Mancha son mujeres. Al analizar sus trayectorias, observamos un fenómeno de “guetización” laboral. No es casualidad que sea un sector con una altísima presencia de mujeres migrantes. La interseccionalidad —esa herramienta que nos permite ver cómo se cruzan la clase, el género y el origen— nos muestra que estamos delegando el cuidado de nuestra generación más sagrada en las personas a las que, como sociedad, menos valoramos económicamente.

Estamos ante una 'externalización del amor' que el mercado ha convertido en mercancía de bajo coste. Las empresas concesionarias de servicios de ayuda a domicilio en nuestros municipios compiten en licitaciones donde el criterio económico suele imponerse al social. El resultado es una precarización del tiempo: trabajadoras que tienen 15 minutos para asear, vestir y dar el desayuno a una persona con movilidad reducida. En esos 15 minutos no hay espacio para la palabra, para el consuelo o para la detección de la soledad. Se ha industrializado el cuidado, despojándolo de su dimensión humana más esencial.

Cuerpos rotos y la “Generación Sándwich”

Los datos de salud laboral de este último año son alarmantes. El 90% de las trabajadoras de cuidados en la región declara sufrir patologías musculoesqueléticas crónicas. Pero el dolor no es solo físico. La carga mental —el llamado burnout del cuidador— está provocando un éxodo silencioso. En 2026, estamos empezando a ver algo inaudito en una región con nuestras tasas de desempleo: vacantes que no se cubren en el sector de los cuidados. Las mujeres ya no quieren romperse la espalda por 1.200 euros al mes si pueden encontrar empleo en sectores con menos carga emocional y física.

A esto se suma la realidad de la 'Generación Sándwich'. En Castilla-La Mancha, miles de mujeres de entre 45 y 60 años se encuentran atrapadas en una doble pinza: son cuidadoras profesionales de los padres ajenos por la mañana y cuidadoras informales (y gratuitas) de sus propios padres y nietos por la tarde. Esta sobrecarga está destruyendo el capital social de nuestros pueblos. El relevo generacional en el cuidado familiar se ha roto, y el sistema institucional no está preparado para absorber ese vacío si no es a costa de la salud de las trabajadoras.

La soledad como síntoma social

No podemos hablar de las trabajadoras sin mirar a quienes reciben el cuidado. Los últimos informes de 2025 señalan que el 20% de los mayores de 75 años en Castilla-La Mancha vive en situación de soledad no deseada. En una región marcada por la dispersión geográfica y el despoblamiento de zonas como la Serranía de Cuenca o el Señorío de Molina, la trabajadora de ayuda a domicilio es, en muchas ocasiones, el único contacto humano que el anciano tiene en todo el día.

Aquí reside la gran tragedia sociológica: hemos convertido a la cuidadora en un 'remiendo' de la comunidad que hemos perdido. Pedimos a una profesional precaria que supla la ausencia de la familia, la falta de tejido vecinal y la carencia de espacios públicos de convivencia. La soledad no se cura con un presupuesto de dependencia; se cura con una arquitectura social que permita a los mayores seguir siendo parte activa de la comunidad. Sin embargo, estamos apostando por un modelo de 'asistencialismo de paso', donde la cuidadora entra, ficha, realiza la tarea física y sale corriendo hacia el siguiente domicilio para cumplir su ruta algorítmica.

Epílogo necesario

La espalda de las cuidadoras es un archivo social. En ella se inscriben, día tras día, las decisiones políticas que hemos tomado —y las que hemos evitado tomar— como sociedad. Cada contractura crónica, cada baja que no se reconoce como enfermedad profesional y cada jornada que se prolonga más allá de lo soportable son el resultado de un modelo que prioriza la eficiencia administrativa sobre la dignidad laboral.

No estamos ante un fallo puntual del sistema, sino ante su normalización. Hemos naturalizado que cuidar sea un trabajo mal pagado, feminizando el sacrificio y despolitizando el desgaste. Mientras celebramos récords presupuestarios y plazos de resolución cada vez más cortos, seguimos aceptando que quienes sostienen la vida lo hagan a costa de la suya propia. Esa es la verdadera paradoja del estado del bienestar en los territorios envejecidos: funciona porque hay cuerpos que se desgastan en silencio.

Cada vez que una auxiliar de ayuda a domicilio se toma un antiinflamatorio para poder terminar su ruta, el sistema está siendo subsidiado por su salud. Cada vez que una trabajadora decide abandonar el sector, no estamos ante una anécdota laboral, sino ante una señal de alarma colectiva. No hay sostenibilidad posible si el relevo se construye sobre la renuncia y el agotamiento.

El debate sobre los cuidados no puede seguir reducido a cifras, ratios o expedientes. Es un debate profundamente político, porque interpela a la idea misma de comunidad. ¿Quién cuida? ¿En qué condiciones? ¿Con qué reconocimiento social? Mientras no respondamos a estas preguntas, seguiremos parcheando un modelo que confunde asistencia con acompañamiento y gestión con cuidado.

En esta línea, los resultados preliminares del proyecto nacional 'CUIDARES, Trabajo de cuidados de larga duración en residencias de personas mayores: retos e iniciativas para una atención centrada en la persona' apuntan con claridad a una idea clave: no es posible avanzar hacia modelos de atención centrados en la persona sin transformar, de manera estructural, las condiciones laborales de quienes cuidan. La personalización del cuidado, la continuidad relacional y el respeto a los ritmos de las personas mayores requieren estabilidad en las plantillas, tiempo suficiente y reconocimiento profesional. Sin estos elementos, la atención centrada en la persona queda reducida a un enunciado normativo sin capacidad real de implementación.

Cuidar no es solo realizar tareas; es sostener vínculos, detectar fragilidades, generar seguridad. Cuando ese trabajo se precariza, lo que se resiente no es únicamente la trabajadora, sino la calidad democrática del conjunto. Una sociedad que acepta que el cuidado se haga deprisa y mal es una sociedad que ha renunciado a pensar el envejecimiento como una etapa con derechos plenos.

En Castilla-La Mancha, donde la despoblación y el envejecimiento avanzan al mismo ritmo, el cuidado debería ser una política de primer orden. No como un gasto a contener, sino como una inversión social estratégica. Proteger a quienes cuidan es proteger el presente y el futuro del territorio. Lo contrario es condenarnos a un modelo asistencial frágil, incapaz de sostenerse sin explotación invisible.

La pregunta no es si habrá alguien que nos atienda, sino en qué condiciones lo hará. Y esa respuesta se está escribiendo hoy, en los convenios colectivos, en las licitaciones públicas y en el silencio —o la valentía— de quienes gobiernan.

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día —CCOO, CSIF, UGT y USO— se concentrarán este 5 de septiembre en la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja a las 12 horas para exigir un convenio justo tras cinco años de bloqueo por parte de la Patronal. CCOO, CSIF, UGT y USO han ofrecido este jueves una rueda informativa para explicar los motivos que nos han llevado a convocar esta concentración, “tras años sin avances ni acuerdos en la negociación”, según han denunciado.

La secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, ha denunciado que los sindicatos convocantes, tras varias reuniones infructuosas con la Patronal, “no muestra voluntad de mejorar de manera significativa y urgente las condiciones laborales del sector”. “En unidad de acción, las organizaciones sindicales han decidido dar un paso adelante y movilizarse”, ha señalado Martínez, quien ha añadido que el próximo 10 de septiembre la Patronal se ha comprometido a trasladar a la parte social una propuesta con avances reales, compromiso que esperan se materialice. De no ser así, advierten que se intensificarán las movilizaciones y se adoptarán nuevas medidas de presión.

Martínez ha subrayado que las organizaciones sindicales “no se detendrán hasta lograr mejoras efectivas que dignifiquen el sector y lo hagan más atractivo”. En este sentido, consideran imprescindible que se respeten las medidas de conciliación impulsadas por el Gobierno estatal, incluyendo permisos retribuidos para acompañar a hijos e hijas menores a consultas médicas, así como a familiares dependientes; el cumplimiento con las negociaciones relativas a la adaptación de la jornada laboral; que no se denieguen, sin negociación, las reducciones ni las adaptaciones de jornada; y que se respeten los días de libre disposición y los descansos, evitando que el personal se vea obligado a doblar turnos para cubrir ausencias.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, ha destacado que el sector sociosanitario resulta poco atractivo para las trabajadoras, ya que se caracteriza por una baja remuneración, una elevada exigencia física y emocional y jornadas laborales extensas que dificultan la conciliación. “Esta realidad ha generado una falta de personas profesionales cada vez más preocupante, lo que provoca una sobrecarga de trabajo en las plantillas y, en consecuencia, serias dificultades para garantizar una atención adecuada y de calidad a las personas usuarias”, ha denunciado.

Laspeñas ha incidido en que es imprescindible cubrir de manera efectiva las bajas laborales, reforzar las plantillas y poner en marcha programas de formación incentivada que permitan atraer a nuevas profesionales y mejorar la preparación del personal existente. “Solo así será posible ofrecer a nuestras personas mayores la atención digna y de calidad que merecen”, ha agregado.

Además, el responsable de la federación de Servicios de USO, Jesús Fernández, ha reclamado una reducción de la jornada anual que equipare al sector a las 37 horas semanales, con el compromiso de seguir avanzando progresivamente hasta alcanzar las 35 horas. “No es de recibo mantener jornadas tan extensas en un calendario laboral de lunes a domingo, donde apenas se descansa un único domingo al mes, y al mismo tiempo pretender hacer del sector un ámbito atractivo y protegido”, ha criticado.

En cuanto a la jubilación, Fernández defiende que la edad ordinaria de jubilación no debe superar los 65 años y subraya la necesidad de medidas complementarias. Los sindicatos recuerdan que el personal sociosanitario padece altos índices de morbilidad: problemas osteomusculares derivados de la carga física y postural, exposición a infecciones por el contacto con fluidos y gérmenes, y trastornos psicosociales como estrés, ansiedad o burnout vinculados a la elevada exigencia, los turnos y la carga emocional. Por ello, reclamamos la aplicación de coeficientes reductores, la aceptación de jubilaciones parciales y la posibilidad de que, a partir de los 55 años, las y los trabajadores puedan quedar exentos del turno nocturno.

Por último, la secretaria del sector de Servicios de Atención Social de UGT, Dary Saiz, ha explicado que el salario base de una persona gerocultora, que suponen más del 60% de las plantillas, es de apenas 17 míseros euros/mes por encima del Salario Mínimo Interprofesional. Además, algunas ategorías profesionales, como el personal de lavandería, recepción, limpieza o pinches de cocina ni siquiera alcanzan el SMI, siendo absorbidos sus pluses por esta razón y por tanto trabajando gratis los domingos y festivos, y no viendo recompensada su antigüedad.

Ha destacado que el salario base mensual de una persona gerocultora en la vecina Vizcaya según su convenio colectivo es de 1800€, frente a los 1202,42€ que percibirá en La Rioja, lo que suponen 600€ de diferencia por igual trabajo. “Esto evidencia que el salario de todo el personal de residencias y centros de día en La Rioja está muy por debajo del mercado”, ha añadido. Por ello, ha subrayado que es necesaria una subida inminente de al menos un 25% en los próximos tres años, para equiparar los salarios al mercado laboral.

Saiz ha destacado que es imprescindible mejorar las ratios de personal por persona usuaria, y cómo mínimo equipararlas al decreto estatal; así cómo vincularlas a las presencias, no a los contratos. Además, los sindicatos negociadores del convenio rechazamos rotundamente la ‘amnistía’ del Gobierno de La Rioja a las empresas de residencias de personas mayores que no cumplan con las ratios.

A lo largo de este verano, las críticas y quejas de los profesionales que trabajan en los centros sociosaniarios de La Rioja han sido habituales. Este jueves ha sido la diputada y portavoz de IU en La Rioja, Henar Moreno quien ha pedido al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, “que deje de dar titulares que se quedan en nada” y apueste “por mejorar realmente las condiciones de los trabajadores y de los usuarios de los centros sociosanitarios de la CAR”. Unos centros que -a su juicio- “están abandonados, no contratan personal, aumentan las listas de espera y solo impulsan las privatizaciones”.

Para IU es importante dar a conocer “cómo han pasado el verano las personas más vulnerables de la comunidad autónoma y cómo, de nuevo, nos encontramos ante una dejación total y absoluta por parte del Gobierno de La Rioja en la atención de las necesidades más básicas y primarias”.

Como ha recordado Moreno, en esta legislatura “ya llevamos tiempo planteando preguntas, interpelaciones, mociones en el Parlamento riojano exigiendo al Gobierno de La Rioja que tratara con dignidad a las trabajadoras, por un lado, pero especialmente a los usuarios de los servicios de los centros sociosanitarios de nuestra comunidad autónoma”. “Venimos denunciando desde hace mucho tiempo cómo las trabajadoras sanitarias de ese sector vienen siendo discriminadas con respecto al resto de trabajadoras”, ha explicado la diputada de IU, y uno de los “principales ejemplos” es que “los contratos temporales en el ámbito de los centros sociosanitarios generan la mitad de puntos, por ejemplo, para el acceso al SERIS, que las de los que trabajan en el propio SERIS”.

Refiriéndose a los tres centros públicos del sector en la comunidad autónoma, en Fuenmayor, Calahorra y Lardero vemos también “que en todos ellos ha habido problemas de altísimas temperaturas” pero también hay “un empeoramiento del número de profesionales”. “No hay profesional médico ni en la residencia de personas con discapacidad de Fuenmayor, ni tampoco en la residencia de personas mayores vulnerables de Lardero. Y ese problema genera un problema importantísimo de falta de condiciones de dignidad y de habitabilidad”, ha añadido. Mientras tanto “vergonzosamente” el Gobierno de La Rioja “justifica este tipo de actuaciones en una práctica que efectivamente como bien dice el Gobierno de la Rioja está generalmente admitida que es la de la 'contención cero' y es que también conjuntamente con ello el Ejecutivo de Capellán abandona e incumple sistemáticamente la Ley de Salud Mental de nuestra comunidad autónoma”.

“Enorme el número de profesionales sin cubrir”

Para IU es fundamental “aumentar las ratios de profesionales. Tampoco vale la respuesta del Gobierno de La Rioja que dice que los protocolos funcionan, nos deben decirnos cuáles son esos protocolos, qué ratios están garantizando y qué profesionales han dejado sin cubrir a lo largo de todo este periodo vacacional. Y es que ha sido enorme el número de profesionales que se ha dejado sin cubrir”.

Además, Henar Moreno ha criticado también la situación por la que han atravesado ciertas residencias en este verano: “¿Alguien se explica que en plena ola de calor sin precedentes en nuestra comunidad autónoma no haya aire acondicionado en dos de las residencias donde se encuentran las personas más vulnerables que no pueden quejarse?. Es intolerable”. Así las cosas “exigimos del Gobierno de La Rioja, por un lado, que cumpla con sus obligaciones que es atender a todos los riojanos y riojanas, especialmente a los más vulnerables” y cumpla con la transparencia.

La medida estrella de Capellán

Moreno ha recordado que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Capellán “anunció como una medida estrella la creación de un nuevo centro residencial para personas con discapacidad” pero “esperamos que no haga lo mismo que con los que ya están construidos, donde el aire acondicionado no funciona, donde no hay profesionales que puedan atender sus necesidades...”.

“Hacen titulares que se quedan en la nada y se convierten en abandono”. Todo para “seguir impulsando las privatizaciones. Abandonan los centros públicos, no contratan personal, incrementan las listas de espera en el ámbito de sanidad... todo para seguir justificando las privatizaciones”.

Por todo ello desde IU La Rioja piden que “garanticen las condiciones de dignidad para el personal que trabaja en esos centros y especialmente para garantizar esas condiciones a los usuarios. Y que de una vez por todas dé cumplimiento al desarrollo reglamentario de la Ley de Salud Mental pionera que se aprobó en la anterior legislatura”.

“La política del Partido Popular pasa por aprobar reglamentaciones que permitan bajar las ratios y cuando las bajas en las residencias lo que nos encontramos es con agresiones, con faltas de condiciones laborales de dignidad y con falta de personal que pueda atender las necesidades más básicas de los usuarios de esos centros”, ha finalizado.

Hace menos de una semana, CSIF La Rioja denunció las altas temperaturas que pacientes y trabajadores soportan en el Centro de Salud Mental de Albelda. Este lunes la situación continúa igual a pesar de que el pasado viernes, tal y como asegura la formación sindical, la Consejera de Salud aseguraba que “ya estaba solucionado”. “Nos derretimos SOS” y “La salud y el bienestar no pueden esperar, necesitamos aire ya”, son algunos de los mensajes que se pueden ver en las ventanas del centro sociosanitario.

La situación insisten que es “realmente lamentable y angustiosa”, especialmente en la planta de Gerontopsiquiatría. “Es intolerable y la Consejería de Salud es conocedora de ello y no dice toda la verdad, ya que el pasado viernes informaba de que la situación estaba arreglada pero los datos y fotografías no dejan lugar a dudas”.

Ayer domingo a las 19.30 horas la temperatura en el comedor del centro era de 35 grados. “Estas condiciones son inhumanas y hasta que no pase una desgracia entre los trabajadores o en los usuarios parece la Consejería no tomará cartas en el asunto. Como siempre tarde y mal. Los propios trabajadores, con sus medios, han tenido que colocar sábanas y parasoles en las ventanas para poder mitigar la situación”.

Una situación que recuerdan no es nueva porque ya lo han denunciado, además de públicamente en los medios de comunicación, “también en Salud Laboral en mayo de 2024”. De hecho calculan que “se repite desde hace 15 años”, por lo que critican la “pasividad y falta de previsión por parte de la Administración”.

“¿Cómo es posible que el Servicio Riojano de Salud no sea capaz en más de un año de arreglar un sistema de climatización del que depende el bienestar y la salud laboral del personal y de la salud de los que allí viven permanentemente?”, se preguntan a la vez que invitan a los responsables del SERIS “a pasar un día de trabajo en estas instalaciones para que sepan el calvario que sufren las personas que están allí e igual sufriéndolo ellos mismos se dan celeridad en resolver el problema, ya que desde un despacho bien climatizado (sin frío ni calor) puede parecer un problema banal para los dirigentes sanitarios”.

Y además exigen que “se cumpla con la legislación y protocolos vigentes. De nada sirve que este mismo año se haya publicado en La Rioja un protocolo de actuación de los servicios sanitarios frente al exceso de temperaturas si en los propios centros sanitarios los trabajadores y usuarios se están quemando”. Y no comprenden que “año tras año se someta a trabajadores y usuarios del centro Mental de Albelda a este maltrato y se pregunta si es tan difícil instalar aparatos portátiles de aire acondicionando hasta que esta administración sea capaz de mejorar las instalaciones”.

Organizado por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Bullas, en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación, se ha iniciado un curso en el municipio totalmente gratuito de 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales', dirigido prioritariamente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

El mismo tendrá una duración de 450 horas lectivas, incluidas 113 horas de formación en empresas del sector, a desarrollar en los locales de la Casa de la Cultura, en horario de 09.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y en el Centro de Día de Bullas, de martes a jueves, en horario de 17.00 a 20.00 h., entre el 19 de mayo y el 12 de septiembre. Limitado a doce plazas, a su término se entregará el Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 a los/as alumnos/as que lo concluyan.

La presión sindical y el anuncio de movilizaciones ha conseguido que siete residencias y cetros de día de los que se denunció incumplimientos de los salarios firmen un acuerdo paran abonar los atrasos que adeudan este año con su plantilla, cantidad que asciende a 500 euros de media. Se han comprometido por escrito a incrementar los salarios de las trabajadoras un 3,1%, porcentaje correspondiente al IPC de 2023 y que obligaba a las empresas a actualizar las nóminas desde enero de 2024.

Inicialmente se habían convocado paros hasta en 7 centros de trabajo, pero las empresas Bouco, GSR (Gestión de Servicios Residenciales), la residencia El Sol y el grupo Emera accedieron a pagar esos atrasos. Por ello, la única concentración prevista era la que se iba a celebrar en el Centro de Día de Manzanera, gestionada por la empresa Arquisocial. Tan sólo una hora antes de la concentración, a las 11 horas, han comunicado a las organizaciones sindicales su intención de pagar estas cantidades.

Los sindicatos con presencia en la mesa negociadora del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, CSIF, UGT y USO, han explicado que “el principal objetivo de las movilizaciones se ha conseguido”. La secretaria general de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja, Carmen Martínez, ha señalado que “se ha trabajado todo el año por intentar llegar a un acuerdo y no ha habido manera”, pero lo que las organizaciones sindicales apostaron por llevar a cabo estas movilizaciones en los centros de trabajo. Además, ha recordado que este convenio afecta a más de 2.500 personas en la región.

Por su parte, la secretaria del sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos, Dari Saiz, ha subrayado que sigue habiendo centros que no están pagando la subida salarial correspondiente a 2023 y tampoco han pagado los atrasos. “Posiblemente nos tengamos que volver a concentrar en unidad sindical en algunos de estos centros”, ha anunciado Saiz, quien ha criticado a la Patronal por “pretender exprimir hasta el último minuto a las trabajadoras”. Por último, el representante de USO, Jesús Fernández, ha remarcado que es un día “agridulce”. “Estamos contentos y satisfechos de que se pague lo que ya se debe, pero también denunciamos que la mayoría de las trabajadoras están cobrando el salario mínimo interprofesional y no se corresponde con las funciones y las responsabilidades que se tiene”.

Los sindicatos con presencia en la mesa negociadora del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, CSIF, UGT y USO, anuncian una serie de movilizaciones para denunciar el incumplimiento del actual convenio colectivo en algunos centros, que está suponiendo a las plantillas una pérdida media de 500 euros en 2024 como consecuencia de no cumplir lo pactado en el convenio.

Dichas empresas son Bouco (Orpea) en sus 3 centros de trabajo de Las Gaunas, Acacias, y Ribera, Senior Servicios Integrales (en sus centros de Residencia el Sol y San Lázaro), Emera Monte Rincón, Arquisocial (en sus centros de día de Logroño, Haro y Autol), GSR Gestión de Servicios Residenciales (en sus centros de residencia Montes Claros y centro de día San José de Calasanz), residencia de Nalda, residencia de Ezcaray, etc. 

Además, no se ha llegado a un acuerdo sobre el nuevo convenio, por lo que se ha prorrogado el actual de forma provisional. Con el convenio prorrogado, las empresas tienen la obligación de incrementar el salario base cada año en el mismo porcentaje que el IPC del año anterior. De este modo, desde enero de 2024 se debía haber aplicado a las plantillas una subida del 3,1%, “algo que algunas empresas siguen sin realizar”, denuncian los sindicatos.

Estos incumplimientos se suman al malestar del sector por la paralización de la negociación del IV Convenio, ya que, según advierten los sindicatos, “aunque lleva varios años constituida la mesa negociadora, no ha habido avances significativos encaminados a aceptar las reivindicaciones de la parte social, como establecer un salario acorde a la carga física y mental que asume el personal, una jornada laboral que permita la conciliación familiar o la complementación económica de las bajas laborales”.

“Todas las reivindicaciones de las organizaciones sindicales están encaminadas a corregir las exiguas condiciones laborales actuales, con salarios por debajo del SMI y un éxodo constante de trabajadoras desde hace años, algo que, aparentemente, ni a la Patronal ni a la Administración le importa”, dicen CCOO, CSIF, UGT y USO.

Por ello, el día 16 de diciembre se van a realizar varias concentraciones en las puertas de los siguientes centros de trabajo a las horas que se señalan:

Estás concentraciones de denuncia se seguirán llevando a cabo durante todos los miércoles a partir del 8 de enero en todos los centros de trabajo que mantengan su negativa a cumplir lo establecido en el actual convenio colectivo y que sigan aumentando, con ello, la deuda que mantienen hoy con sus trabajadores. Igualmente, las asociaciones sindicales anuncian que van a judicializar todas aquellas cuestiones que vienen generando discrepancias y que, debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto al IV convenio colectivo, no se están pudiendo negociar. 

Asimismo, solicitan a la Administración que “deje de mirar para otro lado y adopte las medidas necesarias que permitan mejorar las condiciones de trabajo en los centros residenciales y centros de día”. Además, las organizaciones sindicales recuerdan a la Administración que es “su responsabilidad, pues más de la mitad de las plazas de las residencias de La Rioja son plazas concertadas, llegando a la práctica totalidad en el caso de los centros de día”. 

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia que el borrador del decreto de atención residencial no recoge la imposición de penalidades a las empresas del sector que no cumplan con las ratios de personal, sanciones que si se recogen en el decreto todavía vigente, publicado en 1998. El sindicato rechaza que el Gobierno de La Rioja quiera exonerar de sanciones a estas empresas de forma permanente, pese a que en la resolución firmada en enero por la Consejería se asegurara que sería una medida transitoria y temporal.

UGT ha registrado alegaciones al borrador del Decreto por el que se regula el personal del modelo de Atención Integral Centrada en las Personas en las Residencias y Centros de Día de La Rioja. El secretario general de UGT-SP La Rioja, Fernando Domínguez; y la secretaria del sector Sociosanitario y Dependencia, Daría Saiz; han calificado este borrador como “exiguo”, y reclaman a la Consejería más ambición en lo referente a las ratios de personal.

En este sentido, echan en falta que se haga mención expresa a la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. “La propuesta de la Consejería ha sido la de establecer a partir de septiembre de 2024 una ratio de 0,31 profesionales para la categoría profesional de cuidador/a, gerocultor/a o similar, que son personal de atención directa de primer nivel. Sin embargo, el acuerdo del Consejo Territorial señala que la ratio exigible a 31 de diciembre de 2024 debe ser de 0,33; 0,43 en residencias de personas con discapacidad”, explican.

De este modo, UGT Servicios Públicos La Rioja reclama que en este nuevo borrador se anticipen a la exigencia estatal e impongan desde ahora las ratios de personal de primer nivel previstos para 2029; de 0,43 en residencias de personas mayores, de 0,50 en aquellas que incluyan usuarios con discapacidad. Así, “La Rioja sería una de las CCAA más avanzadas en lo que tiene que ver con las ratios de personal, lo que facilitaría la contratación de personal en categorías como la de gerocultora”, piden.

Por otro lado, el borrador establece que en la organización de los turnos se garantizará el cuidado y vigilancia de los usuarios, pero, según advierte el sindicato, “no se dota de contenido práctico dicha garantía, dado que se omite el establecimiento de unas presencias mínimas de personal, dejando al arbitrio y la subjetividad de cada cual si se está garantizando el cuidado y la vigilancia de los usuarios”.  UGT entiende que se han de regular dichas presencias mínimas diurnas, máxime cuando las ratios no aseguran presencias mínimas, ni con ello el cuidado ni la vigilancia de los residentes y considera que el mínimo de presencias podría establecerse en la mitad de la ratio general recomendada (0,22).

También recoge el borrador que “durante el turno de noche se garantizará como mínimo la presencia de un gerocultor por cada 50 usuarios o fracción”, y que “será posible sustituir uno de estos profesionales por un profesional de enfermería”. UGT Servicios Públicos La Rioja estima que se debería aumentar considerablemente esa presencia mínima en el turno de noche, ya que, si lo que se pretende es poder ofrecer un servicio de calidad, resulta inviable que una persona sola pueda dar atención rápida, eficaz y adecuada hasta a 50 personas a la vez. “En los centros residenciales de hasta 39 usuarios, una persona sola no puede atender a alguien que precise ser movilizado, ni puede utilizar una grúa para ello. Del mismo modo, tampoco puede ser atendido por un compañero en el caso de que le ocurra una agresión o un problema de salud”, advierten para reclamar una profesional por cada 40 residentes o fracción.

En cuanto a las ratios que se establecen para personal de atención directa del segundo nivel, además de la necesidad de incluir al personal de trabajo social, UGT entiende que “se ha de doblar la ratio establecida para dicho personal, que generalmente pertenece a ramas sanitarias o social que cuentan con titulación de grado o equivalente”Respecto al personal de atención indirecta, que es el resto del personal del centro dedicado a todo tipo de procesos y tareas de soporte necesarios para el correcto funcionamiento del centro, el borrador sólo recoge que “su dotación será proporcional a las necesidades que presente el centro teniendo en cuenta su ocupación, así como las dimensiones y estructura del mismo”. 

“Este texto que podría haber sido aplicado al resto de personal si el deseo legislador fuera el de regular lo mínimo posible. Pues si bien es cierto que no es tarea fácil establecer unos mínimos en algunas de las categorías profesionales del personal incluido en servicios generales o personal de atención indirecta, UGT cree que sería conveniente incluir unas ratios mínimas para las siguientes categorías profesionales”, han dicho antes de presentarlos.

Estabilidad laboral y salarios

En el preámbulo de este borrador se indica que estas plantillas, en la medida de lo posible, han de estar dotadas de una estabilidad laboral y unos salarios acordes a la importancia de los trabajos que realizan. Sin embargo, UGT denuncia que“no se establece ni se regula, ni cómo dar esa estabilidad, ni qué mínimo salarial debería ser el acorde a los trabajos que se realizan”.

Por ello, UGT reclama que se incluya la obligatoriedad de contar con un 90% de la plantilla de personal indefinido y que los salarios mínimos a percibir por el personal no pudieran estar por debajo del 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que opere en cada momento.

UGT también pide que el decreto recoja los requerimientos legales para que el personal de este segmento pueda trabajar en virtud de sus títulos o certificados. Entre ellos, el título de Técnico en Atención Sociosanitaria, de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.

Además, con el fin de dar respuesta a la falta de personal en los centros de atención residencial, “debería haberse mencionado en el borrador algunas habilitaciones excepcionales y provisionales de gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio que acrediten una experiencia de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente”, apuntan.

El borrador habla también de facilitar formación a través del Servicio Riojano de Salud a los profesionales sanitarios contratados por las residencias, “lo que choca frontalmente con lo que establece el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, pues la formación del personal de nueva incorporación debe incluir un proceso de conocimiento de las personas a las que van a prestar apoyo y cuidados”, alertan desde CCOO. “La entidad prestadora de los servicios, con la participación de la Representación Legal de los Trabajadores y en particular de las organizaciones sindicales de ámbito estatal, deberá elaborar y desarrollar planes de formación para el conjunto de sus trabajadoras y trabajadores”.

Igualmente, el borrador indica que “la responsabilidad de la atención sanitaria es del SERIS, y, por tanto, es quien desarrolla y especifica la cartera de servicios que se han de prestar en los centros residenciales, pero delega dicha responsabilidad en las residencias, al determinar que serán ellas quienes definan los servicios y marquen las funciones que serán responsabilidad directa del centro”. 

Por último, UGT hace hincapié en la necesidad de que se recoja un artículo que incluya normativa relacionada con la inspección y el control público. “Los centros y servicios acreditados deben ser sometidos a inspección, control y seguimiento adecuados que aseguren un cumplimiento continuado de los requisitos que dieron lugar a la acreditación”, consideran. Por ello, piden que “la Administración competente tiene que organizar planes anuales de inspección de centros y servicios, y comunicar de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, la fecha, el motivo de la inspección, el resultado de esta y, en su caso, las medidas adoptadas”.

Con el objetivo de proporcionar continuidad en la asistencia sanitaria, y de que todas las anotaciones, indicaciones y prescripciones de usuarios y pacientes que residan en centros de personas mayores o sociosanitarios puedan ser consultadas por los profesionales sanitarios que los atienden, el SERIS va a dar los permisos necesarios a estos profesionales para acceder a las historias clínicas, así como a los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que lo han solicitado.

En el primer supuesto, los profesionales sanitarios de centros sociosanitarios podrán visualizar la historia integra de los residentes de los mismos y, en el caso de los forenses, visualizar la historia de los ciudadanos a los que se vaya a realizar autopsias u otras actuaciones derivadas de investigaciones periciales propias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Rioja.

Con la publicación del decreto 7/2024, por el que se regulan los usos y accesos a la Historia Clínica en el Sistema Público de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, queda normalizado el permiso de acceso a la historia clínica para los profesionales sanitarios de centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de la Rioja (artículo 18) y para el Ministerio Fiscal, Jueces o Tribunales, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y personal médico forense (artículo 22).

Hasta ahora, los profesionales sanitarios de 14 centros sociosanitarios ya tenían acceso a la historia clínica de sus residentes al estar incluidos en el programa de dispensación de medicación desde los servicios de Farmacia hospitalaria (11 centros incluidos en ese programa con el Hospital Universitario San pedro y 3 con el Hospital de Calahorra).

Tras la publicación del Decreto, se han recibido solicitudes de 20 de los 22 centros susceptibles de ello para un total de 67 profesionales sanitarios (médicos y enfermeros). Para informar a estos médicos y enfermeras sobre la forma de visualizar la información contenida en Historia clínica se programaron varias sesiones formativas en el CIBIR durante el pasado mes de junio.

La consejera de Salud y Política Social, María Martín, ha informado al Consejo de Gobierno celebrado hoy, 25 de junio, de la tramitación del nuevo decreto por el que se va a regular la atención coordinada a las residencias de mayores de La Rioja tanto desde las competencias de Servicios Sociales como desde Salud. Sustituirá al anterior decreto que data de 1998.

Esta normativa está basada en la Resolución de 28 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que recoge el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Tal y como recuerda el artículo decimotercero de este texto: “La atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud que garantizará, en todo caso, el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia que para el resto de la población, independientemente de que estas residan en domicilios particulares o colectivos”. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha explicado que “va a ser la primera vez que se da respaldo normativo al modelo ‘Sociales cuida, Salud cura’ que hemos comenzado a implantar en nuestra comunidad con el objetivo de incrementar la calidad de los cuidados de larga duración que ofrecemos a los mayores”. En una sociedad cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas, que viene experimentando importantes cambios sociales, culturales y legislativos, “no podemos seguir ofreciendo las mismas soluciones”. Y es que “cuando las personas necesitan cuidados de larga duración, ni el sistema de Salud ni el de Servicios Sociales pueden por sí solos dar una respuesta adecuada”.

De ahí la apuesta por “el nuevo paradigma sociosanitario que va a estar ahora respaldado normativamente y que implicará la modificación de las carteras de servicios que tanto el SERIS y Servicios Sociales como las propias residencias prestan a las personas que tienen en ellas su domicilio habitual”. 

Nuevos ratios y categorías de profesionales

Entre otros aspectos, María Martín ha señalado que el Decreto establecerá las ratios y la categoría de los profesionales que atienden a los residentes en centros de tercera edad, adaptando los requisitos al actual sistema coordinado entre Sociales y Salud, y flexibilizando el marco de atención, sobre la base de que no deben primar las tareas sino la atención a la persona. “El actual Decreto supone un incremento muy significativo del personal de atención directa del primer nivel en la categoría de gerocultores respecto al Decreto de 1998”, han avanzado desde el ejecutivo.

Para la determinación del personal que las residencias deberán acreditar se establecerá una ratio mínima de médicos, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales; y una ratio global en el segundo nivel de atención que dotará a los centros de mayor flexibilidad para la contratación de otros perfiles que se ajusten a las necesidades de atención y cuidados de los residentes o reforzar aquellos para los que se han señalado esos mínimos.

El Decreto no será ajeno al problema de escasez de personal del que adolece todo el sistema sociosanitario. No obstante, la falta de estos profesionales conllevará la obligación del centro de sustituir su déficit por un número de horas equivalente de otro u otros profesionales de las otras categorías del grupo de atención sanitaria o bien por el doble de horas del grupo de atención directa del primer nivel. 

Que los profesionales que atiendan a las personas mayores estén bien formados es también una preocupación del Gobierno de La Rioja que se recogerá en el Decreto, en el que expresamente se indicará que se les facilitará formación a través del Servicio Riojano de Salud. En este objetivo se implicarán además otras áreas del Gobierno como Educación, Empleo o la Escuela Riojana de Administración Pública, que ya están trabajando en líneas de formación y fomento de la contratación de estos perfiles profesionales. 

La atención integral a los mayores supone desarrollarla desde una concepción holística que incluya aspectos fisiológicos/biológicos, psíquicos, sociales y espirituales. De ahí la necesidad de contar con profesionales diversificados y bien formados que aborden desde la atención básica directa, a la atención sanitaria, la atención social y sus relaciones con la familia y entorno. 

Primeros pasos: Unidades especiales desde AP y mayor coordinación 

Uno de los puntos importantes sobre los que pivota el nuevo modelo de cuidados es la creación de Unidades Especiales de atención sanitaria dependientes de Atención Primaria que se desplazarán a las residencias para reforzar la monitorización de la salud de los usuarios.  

La consejera ha confirmado el inicio del servicio como proyecto piloto en centros de la zona de La Guindalera, estableciendo un control personalizado de cada caso y estrechando la coordinación entre AP y las áreas de Atención Hospitalaria (Geriatría de Enlace, Hospitalización a Domicilio y Paliativos) que cubren la atención a los mayores allí ingresados. 

El Decreto recogerá otro aspecto imprescindible para la actuación sociosanitaria, sobre el que la Consejería también ha ido ya dando pasos, que es la interoperabilidad entre el sistema público de salud y el de servicios sociales. Aquí se incluyen varias medidas, algunas ya implantadas como el acceso a la historia clínica electrónica a todas las residencias, o el intercambio de la información social, la gestión de pruebas complementarias, el envío y recepción de análisis clínicos o el acceso al registro de voluntades anticipadas del Gobierno de La Rioja. 

El nuevo decreto entrará en vigor después del verano

El texto del Decreto ha sido ya sometido a consulta previa a través del Portal ‘Participa’ del Gobierno de La Rioja y comienza ahora su tramitación administrativa con consulta pública y remisión tanto al Consejo Sectorial de Personas Mayores como al Consejo Riojano de Servicios Sociales, máximos órganos de participación en lo concerniente a los mayores. Serán asimismo preceptivos los informes de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales; del Servicio de Organización, Calidad y Evaluación; de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y del Consejo Consultivo de La Rioja. Por último, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno. 

Se estima que podrá entrar en vigor después del verano. A partir de ese momento se aprobará el nuevo acuerdo marco que regirá los próximos contratos de plazas públicas de las residencias y será entonces cuando quede sin efecto la resolución de exoneración de penalidades establecidas en los contratos que la administración mantiene con los centros para la gestión de plazas públicas. En enero de este año estas penalidades quedaron suspendidas a la espera de adaptar la normativa a los nuevos requisitos del modelo de atención sociosanitaria. 

Para finalizar, María Martín ha recordado que la adopción de este nuevo modelo supone alinear a nuestra comunidad autónoma con las prioridades establecidas en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. En concreto, con el principio 18 ‘Cuidados de larga duración’, que establece que toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad. Además, tiene en cuenta la Agenda 20-30, en concreto el Objetivo de Desarrollo Sostenible (OSD) 3, que tiene como propósito garantizar una vida saludable y promover el bienestar a todas las edades.

La responsable del nuevo sindicato profesional de Auxiliares de Enfermería UGT-SP, Montserrat Salinas, ha exigido a la Junta medidas para paliar la falta de personal y adaptaciones en los puestos de trabajo, teniendo en cuento el perfil de los usuarios de cada centro residencial del SEPAD. La organización tambiém ha reclamado que se elimine el agravio comparativo entre los auxiliares del SEPAD y los del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Junto a la secretaria del sector de Administración Autonómica de UGT-SP, Erica Gutiérrez, Salinas ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer sus demandas con el objetivo de atender los derechos de los trabajadores de este colectivo.

“Hay residencias de 24 horas que están catalogadas como centros de válidos, pero el perfil de personas que están ingresando van ya con un deterioro cognitivo y a veces físico, por lo que creemos que la administración debe hacer un estudio muy objetivo en este tipo de centros”, ha apuntado la responsable del sindicato, que ha pedido la puesta en marcha de las mesas técnicas que aborden los problemas de éstos de una manera ágil, algo que se reclamó a la administración a finales del pasado año, con un grupo de trabajo de personas responsables que conozcan las necesidades en cada uno de los centros.

Además, entre sus reivindicaciones está la bajada de las ratios de residentes por TCAE, pues existen turnos “sobrecargados” y las ratios están “obsoletas”, no se han vuelto a actualizar desde 1996, según han apuntado. Su demanda es que baje a 4 los residentes por cada profesional TCAE frente a los siete actuales.

Según el sindicato, hay una “grave escasez de personal” en los centros de 24 horas, con turnos nocturnos de hasta 40 residentes por auxiliar de enfermería y un enfermero DUE para cien residentes. Por ello, reclaman la creación de nuevas plazas y se movilicen las bolsas de empleo para que se cubran las bajas de forma más rápida.

Una formación adecuada para todos los profesionales de atención directa ante el cambio de modelo de atención residencial libre de sujeciones físicas y químicas y centrada en la atención individualizada es otra de las reivindicaciones.

Asimismo, exigen la adaptación de los perfiles profesionales y de las condiciones laborales para asegurar una “cobertura efectiva del servicio y una conciliación familiar adecuada” ya que los residentes demandan una “atención integral y continuada” al ingresar con una edad más avanzada.

Que se reconozca su labor sanitaria y se denomine como técnicos de enfermería y no auxiliares a estos profesionales de residencias y eliminar el “agravio comparativo” entre estos trabajadores sociosanitarios y los del Servicio Extremeño de Salud (SES) también se reclama desde UGT.

“Instamos a la administración a que se comprometa a escuchar y trabajar en nuestras reivindicaciones y se dé visibilidad a los trabajadores de los centros por la dignidad de todos los usuarios residentes y la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras”, ha señalado Salinas.

El sindicato está realizando un estudio de las ratios centro por centro, unos 26 de gestión directa pública de cerca de 300 residencias en la región, según UGT, que pide a la Junta que tenga en cuenta el perfil de usuario y las adaptaciones de los puestos de trabajo a la hora de los turnos. 

Extremadura tenía 15.401 plazas residenciales para mayores al cierre de 2022, el 57,1% de financiación pública, 10,5 puntos menos que la media nacional, según un informe del Imserso. 

Las plazas se reparten en la región extremeña en 329 centros, 248 públicos y 81 privados, y el tamaño medio es de 50,8 plazas, el porcentaje más bajo de España. 

De ellos, 303 son residencias, 222 públicas y 81 privadas, y 26 viviendas para mayores, todas ellas públicas. 

El precio de un plaza pública en estos centros alcanza los 10.677,38 euros al año en Extremadura, de los que el usuario aporta el 59,4 %, y 18.074,80 euros las concertadas, de los que el mayor aporta el 42,2 %. 

La teleasistencia llega a 3.627 mayores extremeños, la ayuda a domicilio a 1.095 y los 271 centros de día a 6.505 usuarios. 

El informe “La situación de los Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores en España a 31 de diciembre de 2022” detalla los datos de la atención a los mayores en los servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio, centros de mayores, centros de día, centros residenciales y viviendas para mayores.  

En España había una oferta de 5.991 centros con un total de 407.947 plazas que ofrecen alojamiento y manutención a las personas mayores de manera permanente o temporal. 

De ellas, 275.921 eran de financiación pública (67,6 %) y 132.026 (32,4 %) de financiación privada. 

Por comunidades, el mayor porcentaje de plazas de financiación pública estaban en Castilla y León (79,5 %), Castilla-La Mancha (74,9 %) y Galicia (74,4); de plazas de financiación privada, encabeza la lista Comunidad valenciana (51,6 %) seguida de La Rioja (48,5 %). 

De los mayores que recibían atención residencial, 271.539 lo eran en centros y 4.077 vivían en pisos (aunque había 9.372 plazas en viviendas, 5.219 públicas y 4.153 privadas). 

De los 5.991 centros, 5.430 eran residencias y 561 viviendas. 

Por tamaño de las residencias, el número medio de plazas por centro era de 73: la media más alta está en Melilla (128) y Madrid (111,9 plazas). 

Respecto a la edad de los residentes, el 77,8 % tenía más de 80 años; la mayoría eran mujeres, el 74,7 %. 

Los precios de una plaza pública por usuario al año se situaba en 19.352 euros y el de la concertación 21.551. La aportación promedio del usuario era del 41 % y 35 %, respectivamente. 

De los pisos para mayores, el precio anual por persona es de 11.825, el 53 % aportado por el usuario (6.320). 

El servicio de teleasistencia es el que cuenta con un número más elevado de personas usuarias; a 31 de diciembre de 2022 atendía a 988.623 personas, un 10,2 % de los mayores.  

Este servicio, que tienen como principal objetivo la permanencia de las personas mayores en su domicilio el mayor tiempo posible para evitar el desarraigo de su entorno, atiende sobre todo a mujeres, que son el 75 de los usuarios, y a los más mayores (el 70 % tiene más de 80 años). 

El servicio de ayuda a domicilio atiende a 534.321 personas, llega a un 5,52 % de los mayores de 65 años y más.  

Los centros de día, que atienden a 66.421 personas mayores en situación de dependencia, ofertan 105.447 plazas en 3.545 centros.