La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la declaración de incapacidad para su profesión que el Juez de lo Social concedió a un operario de fabricación de papel y cartón por su limitación para realizar tareas que implique estar mucho tiempo de pie. Además, ratifica su derecho a cobrar una pensión mensual del 75% de su base reguladora de 1.601,39 euros más mejoras y revalorizaciones.

El informe médico del demandante contemplaba, entre otras dolencias, varices recibidas complejas bilaterales, hepatopatía, esteatosis hepática y glucemia, provocando pesadez y cansancio que repercutían en su jornada laboral. La entidad gestora recurrió esta decisión por no considerar invalidantes las patologías del operario. El trabajador fue intervenido quirúrgicamente en seis ocasiones y no podía estar más de dos horas de pie.

El tribunal explica que a pesar de que los requerimientos profesionales son moderados no es obstáculo para que puedan valorarse como graves ni se exige que al mismo tiempo sean requerimientos constantes para que se declare la incapacidad permanente. 

El Tribunal estima que la sentencia de instancia declara “con claro valor fáctico y con valoración sustantiva que compartimos, que las principales tareas que desarrolla el actor en su actividad laboral como operario de fabricación de papel y cartón implican estar en constante bipedestación estática y deambulación, con la consiguiente sobrecarga de las extremidades inferiores, que es, precisamente, lo que le está contraindicada a causa de la enfermedad circulatoria que padece, de la cual ha sido intervenida en seis ocasiones”.

“En definitiva -concluye la Sala de lo Social- este tribunal no aprecia infracción de ningún precepto legal en la sentencia recurrida, por lo que procede su confirmación y la desestimación del recurso interpuesto por el INSS”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Desde la Seguridad Social se administran el grueso de las pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas del sistema. Tal y como definen desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son un conjunto de medidas diseñadas para “prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos”. En concreto, suelen tratarse de prestaciones que abordan contingencias que suponen un exceso de gastos o una pérdida de ingresos de las personas que las sufren.

Aunque las prestaciones más comúnmente conocidas son las pensiones por jubilación, las de incapacidad permanente o el Ingreso Mínimo Vital, desde la Seguridad Social también se ofrecen ayudas para un gran número de escenarios.

Para acceder a cualquier tipo de ayuda es necesario cumplir con los requisitos de afiliación, alta y cotización exigidos para cada caso concreto. En prestaciones de carácter indefinido, el ciudadano debe mantener dichas condiciones durante todo el tiempo de su percepción. Si su situación cambia, deberá notificarlo a la Seguridad Social.

Listado completo de prestaciones de la Seguridad Social

El listado de acciones protectoras de la Seguridad Social cubre un gran abanico de situaciones de necesidad previstas por la legislación vigente. Recuerda que es posible consultarlo de forma completa a través de su página web, donde figuran los requisitos para pedir cada prestación, sus características, plazos y cómo se gestionan. Estas son las ayudas vigentes este 2026:

Ingreso mínimo vital (IMV)

Se trata de una prestación ideada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de individuos que viven solos o que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía a percibir es la diferencia entre la renta garantizada (que este año se ha establecido en 733,60 para un adulto que vive solo) y los ingresos del solicitante. Para solicitarla deberás visitar esta página o rellenar esta solicitud y presentarla tras pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Pensión de jubilación

Se trata de una prestación vitalicia a percibir cuando se cesa el trabajo al alcanzar la edad establecida, a fin de cubrir la pérdida de ingresos originada por el cese de la actividad laboral. Existe un régimen general (para jubilaciones ordinarias, anticipadas, flexibles, parciales, etc) y uno especial (para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón). La cuantía de esta ayuda depende de un gran número de variables, como la base reguladora y los años trabajados, por lo que puedes calcular cuál sería tu cuantía aquí. Para solicitarla, puedes pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano o en esta página web.

Incapacidad permanente

Esta prestación pretende cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales de una persona que ve reducida o anulada su capacidad laboral a causa de un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. De forma similar a las pensiones por jubilación, existe un régimen general y uno especial para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón. Existen distintos grados de incapacidad (permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y gran incapacidad), que determinan los requisitos para acceder a esta prestación y la cuantía a percibir. El grado de incapacidad lo determinan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada Comunidad Autónoma, compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para solicitarla, deberás rellenar este formulario y presentarlo tras pedir cita en Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Pensión de viudedad

Se trata de una prestación vitalicia para aquellos que han compartido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. Entre los requisitos se encuentra, por supuesto, el vínculo matrimonial o de pareja de hecho entre la persona fallecida y el solicitante (con requisitos especiales para separados); periodos mínimos de cotización o la causa del fallecimiento (por ejemplo, si la muerte tiene como causa un accidente, sea o no de trabajo; o una enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización). La cuantía a percibir será entre el 52 y el 70% de la base reguladora, en función de si se cumplen o no una serie de requisitos. Es posible solicitar la pensión de viudedad a través de este enlace, que te permitirá además gestionar la pensión de orfandad de forma conjunta.

Pensión de orfandad

Esta prestación está dirigida a los hijos menores de 21 años o que estén incapacitados de un progenitor fallecido (o reconocidos en el matrimonio si la unión se ha celebrado dos años previos a la muerte). Se trata de una pensión compatible con la viudedad y que además, como hemos comentado, se pueden tramitar de forma simultánea, pero debes tener en cuenta que interaccionan entre sí y que varíe la cuantía final a percibir de ambas. En el caso de orfandad a causa de la violencia contra la mujer, deberás rellenar este documento y presentarlo en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Otras prestaciones disponibles en 2026

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha confirmado la sentencia que declaró la incapacidad absoluta derivada de enfermedad común a una dependienta de panadería. El fallo declara su derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora de 1.138,28 euros al mes.

La trabajadora, de 39 años, había solicitado la incapacidad que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó “al no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”. La mujer obtuvo posteriormente el fallo favorable del Juzgado de lo Social de Toledo, pero esta sentencia fue recurrida ante el TSJ castellanomanchego, que ha vuelto a fallar a favor de la trabajadora, según ha dado a conocer CCOO.

Entre los síntomas que padece está la migraña crónica refractaria con fotofobia y condritis costal derecha postraumática sin que hayan tenido efecto los diferentes tratamientos suministrados.

Cefaleas durante más de la mitad del mes

En su recurso, la trabajadora reflejó las múltiples crisis por migraña crónica refractaria, la asistencia en numerosas ocasiones a los servicios de Urgencias, tratamiento farmacológico, sucesivos periodos de baja laboral y seguimiento de su situación por el Servicio de Neurología del Sescam.

La demandante acreditó el seguimiento médico realizado por el Servicio de Neurología del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y las sucesivas visitas a las urgencias del Centro de Salud de Consuegra y Madridejos, y a las del Hospital Universitario de Toledo, donde se le diagnosticó de bradicardia sinusal tras un episodio de migraña.

En su informe médico se indica que más de la mitad de los días del mes sufre episodios de cefalea severa y moderada sin respuesta a los tratamientos.

De hecho, los informes recogen que hay meses en los que sufrió 27 días de estos dolores. Todo ello le provoca “un importante deterioro en su calidad de vida y una discapacidad severa en los diversos ámbitos de su vida personal”, según reconoce el fallo judicial.

“Difícilmente imaginable” que pueda trabajar

Tanto el Instituto como la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron la sentencia favorable a la trabajadora dictada por el Juzgado de lo Social alegando “que la situación patológica de la actora no justifica la incapacidad permanente”.

Sin embargo, el TSJ explica, en su escrito, que “la evolución de la patología de la actora hace que su panorama laboral esté agotado en toda su extensión” y que “para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representan (…) resultando evidente que se encuentra impedida para la realización de sus tareas habituales como dependienta y de cualquier actividad profesional con un mínimo de concentración, dedicación y eficacia”.

El alto tribunal castellanomanchego recuerda que la sentencia considera acreditado que la recurrente padece una migraña crónica refractaria sin respuesta a los tratamientos preventivos, con episodios de cefalea crónica diaria y con impacto muy severo. “En tales circunstancias de salud -dicen los magistrados- resulta evidenciado como indica la juzgadora, que se encuentra impedida para la realización, no solo de sus tareas habituales como dependienta de panadería, sino que es difícilmente imaginable que la demandante, a consecuencia del dolor que padece, pueda realizar actividad profesional alguna, aun cuando no sea de carácter físico, con los mínimos de concentración, dedicación y eficacia que son propias de cualquier quehacer profesional, lo que hace que el motivo deba estimarse”.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación, aunque desde CCOO aseguran que eso “no se producirá”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Ley 2/2025, de 29 de abril, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social para eliminar la incapacidad permanente como causa automática de extinción del contrato laboral. 

La norma entrará en vigor mañana, 1 de mayo de 2025, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo. Esta reforma responde a un compromiso del Ministerio de Trabajo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y busca “promover la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad”. 

Hasta ahora, el reconocimiento de una incapacidad permanente podía llevar al despido automático del trabajador, sin considerar su voluntad o la posibilidad de adaptar su puesto. Con la nueva normativa, se establece que el trabajador dispone de diez días naturales desde la notificación de su incapacidad para solicitar mantener su empleo. La empresa, por su parte, tiene un plazo de tres meses para adaptar el puesto, ofrecer uno alternativo o, si se cumplen ciertos requisitos, proceder a la extinción del contrato. 

¿Qué cambia exactamente?

La reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores elimina la incapacidad permanente como causa automática de despido. Esto significa que, a partir de ahora, el trabajador podrá optar libremente entre solicitar la extinción de su contrato o pedir que la empresa adapte su puesto actual o le ofrezca otro compatible con su nueva situación. 

Tiene un mes desde la notificación de su incapacidad para solicitar mantener su empleo. La empresa, entonces, dispone de tres meses para adaptar el puesto, ofrecer uno alternativo o proceder a la extinción del contrato si se cumplen los requisitos necesarios. 

¿Cuándo podrá la empresa extinguir el contrato?

La extinción solo será posible en tres supuestos muy concretos:

Para valorar si los ajustes suponen una carga excesiva, se tendrán en cuenta el tamaño de la empresa, sus recursos económicos, su volumen de negocio y si existen ayudas públicas que permitan asumir dichos costes.

Además, en empresas de menos de 25 personas trabajadoras se considerará carga excesiva cuando el coste de adaptación supere la indemnización correspondiente o seis meses de salario del trabajador.

¿Y si el trabajador quiere mantener el empleo?

En caso de que el trabajador manifieste su voluntad de mantener el empleo, y la empresa tenga capacidad para adaptar el puesto o asignarle otro compatible, la relación laboral no se extingue. Durante este proceso de adaptación -o mientras se concreta el cambio de puesto-, la relación laboral quedará suspendida, pero se mantiene la reserva del puesto de trabajo hasta un máximo de dos años.

Cuando se mantenga la relación laboral gracias a la adaptación del puesto o a un nuevo destino compatible, la pensión de incapacidad permanente quedará suspendida mientras el trabajador siga activo en ese nuevo puesto. Si la relación laboral termina posteriormente, se reactivará la pensión.

Además, el Gobierno se compromete a presentar en un plazo de seis meses una propuesta normativa para regular la compatibilidad entre trabajo y pensión de incapacidad permanente, como ya recomendaba el Pacto de Toledo.

Por otra parte, los procedimientos judiciales derivados de despidos por incapacidad permanente serán tramitados con carácter urgente y preferente, conforme a una modificación de la ley reguladora de la jurisdicción social.

En definitiva, la ley trata de “garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad”, eliminando una “discriminación” estructural que, hasta ahora, permitía a las empresas romper el vínculo laboral unilateralmente.

El Senado ha aprobado definitivamente el Proyecto de ley que elimina el despido automático por incapadidad permanente, por una amplia mayoría de 251 votos a favor y tres votos en contra. “Saldamos una deuda histórica con las personas con discapacidad y avanzamos en derechos. Hoy España es un país más justo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Congreso de los Diputados ya había dado luz verde a la norma a finales de marzo, en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con competencia legislativa plena. La ley había sido aprobada por el Gobierno el pasado julio, tras una sentencia europea en contra de la legislación española, y fruto de la tramitación parlamentaria ha incorporado enmiendas y cambios que han fraguado la gran mayoría de votos a favor de este martes.

“El Senado aprueba el Proyecto de Ley del Gobierno de eliminación del despido automático por incapacidad permanente total, absoluta o la hasta ahora denominada Gran Invalidez”, ha celebrado esta tarde el Ministerio de Trabajo.

El departamento de Yolanda Díaz destaca que “el objetivo de esta medida es proteger el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad”.

Fin al despido automático

El Ministerio de Trabajo explica que la norma elimina el acceso a la situación de incapacidad permanente como causa automática de la extinción del contrato laboral.

“Las empresas deben realizar los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al trabajo, incluso para las personas que accedan a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional”, subraya el departamento de Yolanda Díaz.

“A partir de ahora, la persona trabajadora tiene la posibilidad de extinguir el contrato o solicitar su adaptación. Hasta ahora la empresa decidía unilateralmente”, añade el Ministerio.

Trabajo explica que, si la persona trabajadora opta por la continuidad de la relación de trabajo, puede solicitar “una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada” o, cuando esto no sea posible, “el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación”.

El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar el despido automático por incapacidad permanente. El texto, que pasa ahora al Senado, ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que lo ha rechazado, informa Europa Press.

La luz verde a la norma, que aprobó el Gobierno en julio tras una sentencia europea en contra de la legislación española, la ha dado este jueves la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, con competencia legislativa plena.

El objetivo de la ley es eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación, explica Europa Press.

De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Asimismo, se plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.

Ley en un año para guardias civiles, policías y militares

Entre las modificaciones incorporadas a su paso por el Congreso, este mismo miércoles se alcanzó un acuerdo para incorporar una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido esta aprobación por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, “discriminación histórica que aún subsistía” en el ordenamiento jurídico-laboral.

“El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada”, añade.

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha confirmat concedir la incapacitat permanent total a un ajudant de cuina que pateix diverses limitacions funcionals a una cama provocades per un accident de moto.

La Sala ratifica així la decisió d'un jutjat Social de Palma que va declarar el seu dret a percebre una pensió mensual equivalent al 55 per cent de la base reguladora de 1.362,99 euros.

El demandant va patir un accident de moto el febrer del 2021 que li va causar diverses lesions en una cama que van motivar la baixa temporal. El succés li va provocar un quadre d'artrosi posttraumàtica severa amb el consegüent menyscabament funcional.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va recórrer la sentència en sostenir que la patologia que pateix l'home com a conseqüència de l'accident li permet fer les tasques fonamentals de la seva professió. Per a l'INSS, no s'han esgotat les possibilitats terapèutiques per recuperar la mobilitat i conserva capacitat funcional per desenvolupar la seva professió d'ajudant de cuiner.

El tribunal avala el raonament de la magistrada d'instància en el qual assenyala que les malalties del demandant no són compatibles amb el treball d'ajudant de cuiner, que “és de tall físic, requereix bipedestació prolongada i moviments forçats durant tota la jornada laboral”. Aquestes funcions, apunten, “inhabiliten per al seu adequat i normal acompliment amb el mínim rendiment i professionalitat exigibles”.

La sentència no és ferma i contra ella hi ha recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha confirmado conceder la incapacidad permanente total a un ayudante de cocina que padece varias limitaciones funcionales en una pierna provocadas por un accidente de moto.

La Sala ratifica de este modo el fallo de un juzgado Social de Palma que declaró su derecho a percibir una pensión mensual equivalente al 55 por ciento de su base reguladora de 1.362,99 euros.

El demandante sufrió un accidente de moto en febrero de 2021 que le causó diversas lesiones en una pierna que motivaron su baja temporal. El suceso le provocó un cuadro de artrosis postraumática severa con su consiguiente menoscabo funcional.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió el fallo al sostener que la patología que sufre el hombre como consecuencia del accidente le permite realizar las tareas fundamentales de su profesión. Para el INSS, no se han agotado las posibilidades terapéuticas para recuperar la movilidad y conserva capacidad funcional para desarrollar su profesión de ayudante de cocinero.

El tribunal avala el razonamiento de la magistrada de instancia en el que señala que las dolencias del demandante no son compatibles con el trabajo de ayudante de cocinero, que “es de corte físico, requiere bipedestación prolongada y movimientos forzados durante toda la jornada laboral”. Estas funciones, apuntan, “inhabilitan para su adecuado y normal desempeño con el mínimo rendimiento y profesionalidad exigibles”.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Una trabajadora se desplazaba cada día a su centro de trabajo en autobús, saliendo siempre de su domicilio una hora antes para llegar con el tiempo suficiente y no sufrir ningún retraso en su entrada al centro, pero el dia 26 de septiembre del 2022 la trabajadora salió de su domicilio y sufrió una caída cuando se dirigía a la parada de autobús urbano una hora antes de que diera comienzo su turno de trabajo de tarde.

Esta diferencia horaria fue la excusa que alegaron para no reconocer el accidente como laboral acreditando el INSS y la Mutua Fraternidad “que no nos encontramos ante un accidente in-itinere, ya que la trabajadora no acredita que el accidente se produjera en su trayecto habitual a su centro de trabajo desde su domicilio”.

CCOO procedió a la reclamación de contingencia para que fuera reconocido como accidente de trabajo in-itinere, ya que se cumplían los requisitos para su consideración, que “la finalidad del viaje era el trabajo, que el trayecto era el normal y habitual para desplazarse del domicilio al trabajo y que el desplazamiento no rompiese el hecho causal del mismo”, explican desde el sindicato.

Además, simultáneamente se interpusieron dos reclamaciones a la gestión y al trato recibido por la mutua Fraternidad Muprespa, tanto a la trabajadora recién accidentada como a la representante legal de las personas trabajadoras que además era la delegada de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de la empresa en la que trabajaba la accidentada. 

El 9 de marzo de 2023 la resolución del director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social aceptando el Dictamen propuesto emitido por el EVI declaró el carácter del accidente como no laboral, se presentó reclamación previa por la trabajadora, fue desestimada y se procedió a interponer una demanda judicial. 

Tras celebrarse el juicio el día 1 de octubre del 2024, se concluyó que el accidente se produjo cuando se dirigía a su centro de trabajo desde su domicilio y entendiendo acreditado que la trabajadora acudía con “bastante antelación a su puesto de trabajo”. Por lo “que el proceso de incapacidad temporal iniciado por la trabajadora el 26 de septiembre de 2022 tiene su origen en el lugar y tiempo de trabajo, por lo que ha de darse al mismo el carácter profesional o derivado de accidente de trabajo, procediéndose a la estimación de la demanda planteada”.

CCOO considera que esta sentencia es de suma importancia para las personas trabajadoras, pues demuestra, según defienden, que “acudir al centro de trabajo bastante antes, como así dicta la sentencia, del comienzo de tu jornada, no esgrime la consideración de un accidente laboral in-itinere”.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha confirmat la concessió de la incapacitat permanent total a una animadora turística que pateix una malaltia degenerativa de columna cervical, lumbar i maluc.

La Sala ha ratificat així la decisió del Jutjat Social número 1 d'Eivissa que va declarar el seu dret a percebre una pensió mensual equivalent al 55% de la base reguladora de 1.009,51 euros més les revaloracions legals.

La resolució, contra la qual es pot interposar recurs de cassació davant el Trubunal Suprem, assenyala que la dona pateix una patologia cronodegenerativa a nivell de columna cervical, lumbar i de maluc dret. A més, pateix coxartrosis i coxàlgia dretes, així com limitacions raquis cérvico-lumbar per força membres superiors, càrregues moderades/altes i requeriments sostinguts.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va recórrer la decisió de primera instància en sostenir que la malaltia de la treballadora no es manifestava en episodis de dolor constants, per la qual cosa no es podia parlar d'incapacitat permanent atès que les seves limitacions no li impedien exercir el seu lloc d'animadora, unes funcions que majoritàriament són de planificació, avaluació, organització i desenvolupament de plans. Per a l'INSS, aquestes tasques tenen un caràcter intel·lectual i, per tant, sedentari.

Davant d'això, la Sala Social del TSJ, presidida pel magistrat Antoni Oliver, detalla que entre les funcions dels animadors socioculturals en el camp de l'oci i de l'entreteniment, com en el cas de l'afectada, es troben les de dinamitzar i desenvolupar projectes i activitats, planificar projectes culturals i de lleure, organitzar la infraestructura per desplegar i executar la programació cultural, realitzar activitats de lleure aplicant tècniques d'animació i mitjançant el joc i la pràctica de jocs físicoesportius, efectuar activitats de temps lliure relacionades amb la natura i progressar amb eficàcia i seguretat i conduir bicicletes, piragües en aigües braves, embarcacions propulsades per aletes, tipus hidrotrineu i les embarcacions pneumàtiques en aigües braves.

La sentència exposa, així mateix, que, a l'hora de valorar la capacitat laboral d'una persona, el jutjador d'instància pot apreciar amb més garanties d'encert l'autèntic estat de salut i la repercussió invalidant de les malalties de l'actora degut al “contacte directe i personal amb el material probatori”.

Els magistrats asseveren, en aquest sentit, que aquest tipus de procediments “han de resoldre's a favor del manteniment de la sentència recorreguda, excepte quan aquesta aparegui amb claredat com a desencertada, notòriament equivocada o sense tot fonament”. “I aquest no és el supòsit que ara se sotmet la nostra consideració”, abunden.

La Sala incideix que la jutgessa d'instància va dur a terme una valoració conjunta d'un quadre pluripatològic “greu i crònic”, recalcant que la Sala “no disposa d'elements de judici per qualificar de desencertada la decisió adoptada per la jutgessa instància en qualificar la demandant en situació d'incapacitat permanent total per a la seva professió habitual i, en conseqüència, fracassa el motiu i amb això el recurs, que es desestima amb expressa confirmació de la sentència recorreguda”.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado la concesión de la incapacidad permanente total a una animadora turística que padece una enfermedad degenerativa de columna cervical, lumbar y de cadera.

La Sala ha ratificado así el fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Eivissa que declaró su derecho a percibir una pensión mensual equivalente al 55% de su base reguladora de 1.009,51 euros más las revalorizaciones legales.

La resolución, contra la que cabe recurso de casación ante el Trubunal Supremo, señala que la mujer sufre una patología crono-degenerativa a nivel de columna cervical, lumbar y de cadera derecha. Además, padece coxartrosis y coxalgia derechas, así como limitaciones raquis cérvico-lumbar por fuerza miembros superiores, cargas moderadas/altas y requerimientos sostenidos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió el fallo de primera instancia al sostener que la enfermedad de la trabajadora no se manifestaba en episodios de dolor constantes, por lo que no podía hablarse de incapacidad permanente dado que sus limitaciones no le impedían desempeñar su puesto de animadora, unas funciones que en su mayoría son de planificación, evaluación, organización y desarrollo de planes. Para el INSS, estas labores tienen un carácter intelectual, y, por tanto, sedentario.

Frente a ello, la Sala de lo Social del TSJ, presidida por el magistrado Antoni Oliver, detalla que entre las funciones de los animadores socioculturales en el campo del ocio y del entretenimiento, como en el caso de la afectada, se encuentran las de dinamizar y desarrollar proyectos y actividades, planificar proyectos culturales y de tiempo libre, organizar la infraestructura para desplegar y ejecutar la programación cultural, realizar actividades de tiempo libre aplicando técnicas de animación y mediante el juego y la práctica de juegos físicodeportivos, efectuar actividades de tiempo libre relacionadas con la naturaleza y progresar con eficacia y seguridad y conducir bicicletas, piraguas en aguas bravas, embarcaciones propulsadas por aletas, tipo hidrotrineo y las embarcaciones neumáticas en aguas bravas.

La sentencia expone, asimismo, que, a la hora de valorar la capacidad laboral de una persona, el juzgador de instancia puede apreciar con mayores garantías de acierto el auténtico estado de salud y la repercusión invalidante de las dolencias de la actora debido al “contacto directo y personal con el material probatorio”.

Los magistrados aseveran, en este sentido, que este tipo de procedimientos “deben resolverse a favor del mantenimiento de la sentencia recurrida, salvo cuando la misma aparezca con claridad como desacertada, notoriamente equivocada o carente de todo fundamento”. “Y este no es el supuesto que se somete ahora nuestra consideración”, abundan.

La Sala incide en que la juez de instancia llevó a cabo una valoración conjunta de un cuadro pluripatológico “grave y crónico”, recalcando que la Sala “no dispone de elementos de juicio para calificar de desacertada la decisión adoptada por la juez de instancia al calificar a la demandante en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual y, en consecuencia, fracasa el motivo y con ello el recurso, que se desestima con expresa confirmación de la sentencia recurrida”.

María Elena padece desde hace años fibromialgia y fatiga crónica, que le obligan a desplazarse en silla de ruedas. Además, tiene reconocido un 49% de discapacidad por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Con todo, y tras varios años de baja, la empresa para la que trabaja, Zaintzen, le obligó a reincorporarse a su puesto de trabajo como limpiadora en el colegio público Mendigoiti de Pamplona después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le haya negado la incapacidad permanente pese a su diagnóstico. Los dolores y su escasa movilidad le han impedido trabajar y, a falta de otras soluciones, se ha visto obligada a cogerse una excedencia hasta el 7 de enero, fecha en la que solicitará de nuevo la baja. Hasta entonces, estará sin cobrar.

“Es vergonzoso, he tenido que renunciar a mi sueldo por mi salud”, protesta María Elena. Un día antes de reincorporarse a su empleo y tras la presión sindical, su empresa le envió un mensaje de texto eximiéndola de ir a trabajar hasta que no recibiesen un informe de aptitud laboral del servicio de vigilancia de la salud empresarial. La alegría duró 24 horas. Al día siguiente, en otro SMS, Zaintzen le informó que habían recibido el informe, que señalaba que podía trabajar “con limitaciones”, y que debía regresar al trabajo. “Me dicen que trabaje dos horas de pie y que descanse cinco minutos sentada. ¿Cómo voy a hacer eso si no me puedo levantar de la silla de ruedas?”,  denunció el jueves en la puerta del colegio.

Un informe médico de Osasunbidea de agosto de 2022 señala que la mayoría de sus diagnósticos son “de carácter crónico” y que le suponen “una limitación muy importante para la mayoría de actividades cotidianas”, así como “una convivencia con dolor de manera constante y una repercusión fundamental también a nivel emocional”.

Otro informe médico del 7 de noviembre de 2022 deja constancia de que “desde hace aproximadamente dos meses la paciente precisa, en relación a sus síntomas de base, de apoyo en silla de ruedas para desplazamientos superiores a 10-15 minutos caminando”. Además, estos dolores, sumados a la fatiga crónica que padece, le obligan a pasar gran parte del día tumbada en la cama.

Pese a ello, el INSS y el servicio de vigilancia de la salud empresarial consideran que es apta para trabajar, lo que ha llevado a María Elena a la situación límite de tener que renunciar a su sueldo y pedir una excedencia para priorizar su salud. El sindicato LAB ha puesto el caso de María Elena en conocimiento del Ayuntamiento de Pamplona, responsable del colegio en el que trabaja y que tiene subcontratado en servicio de limpieza a la empresa Zaintzen.

24 horas después de comunicarle por un mensaje de texto que quedaba eximida de acudir a su puesto de trabajo tras una baja, María Elena ha recibido este jueves otro SMS de la empresa de limpiezas para la que trabaja, Zaintzen, en el que le han informado que tenía que reincorporarse a su trabajo de limpiadora en el colegio público Mendigoiti de Pamplona. Acompañada por su marido y una representación del sindicato LAB, María Elena se ha desplazado en silla de ruedas hasta el centro escolar, aunque no ha podido trabajar, ya que su estado de salud (padece fibromialgia y fatiga crónica y tiene una discapacidad del 49% reconocida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea) así se lo impide.

“He venido a fichar porque si no la empresa me despide y me quedo sin recursos”, ha lamentado María Elena en la puerta del colegio, donde se han concentrado una decena de personas convocadas por el sindicato LAB para denunciar su situación. “No puedo hacer nada, en casa paso de la cama al sofá y del sofá a la silla de ruedas para dar un paseo con mi marido, el dolor me impide hacer cualquier otra cosa”.

La empresa alega que tras haber recibido un informe de aptitud del servicio de vigilancia de la salud empresarial y dado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  no le ha concedido la incapacidad permanente, María Elena tiene la obligación de volver a trabajar tras haber recibido el alta médica. Ella cree que la empresa ha intentado evitar la protesta que estaba convocada para el miércoles retrasando un día su incorporación.

Ya dentro del colegio, María Elena se ha reunido con una representación de la empresa y del sindicato LAB para tratar de solucionar su situación, ya que asegura que no puede trabajar. “Me dicen que trabaje dos horas de pie y que descanse cinco minutos sentada. ¿Cómo voy a hacer eso si no me puedo levantar de la silla de ruedas?”, ha denunciado.

Con 56 años, María Elena padece fibromialgia y fatiga crónica y tiene reconocido un 49% de discapacidad por el Servicio Navarro de Salud que le impide realizar movimientos como empujar el carro de la limpieza o limpiar las aulas y pasillos del centro escolar. Un informe médico de agosto de 2022 señala que la mayoría de sus diagnósticos son “de carácter crónico” y que le suponen “una limitación muy importante para la mayoría de actividades cotidianas”, así como “una convivencia con dolor de manera constante y una repercusión fundamental también a nivel emocional”.

Otro informe médico de Osasunbidea del 7 de noviembre de 2022 deja constancia de que “desde hace aproximadamente dos meses la paciente precisa, en relación a sus síntomas de base, de apoyo en silla de ruedas para desplazamientos superiores a 10-15 minutos caminando”. Además, estos dolores, sumados a la fatiga crónica que padece, le obligan a pasar gran parte del día tumbada en la cama.

Con todo, este jueves ha tenido que volver a su puesto de trabajo en el colegio Mendigoiti de Pamplona por no tener reconocida la incapacidad permanente por parte del INSS y por contar con un informe de aptitud favorable del servicio de vigilancia de la salud empresarial.

María Elena había sido citada este miércoles por la tarde en el colegio Mendigoiti, situado en el barrio pamplonés de Mendillorri, para reincorporarse a su puesto de trabajo en el servicio de limpieza tras llevar un año de baja. Con una discapacidad reconocida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del 49% que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. María Elena había reclamado sin éxito al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le concediese la incapacidad permanente, lo que la obligaba a volver a su puesto de trabajo. Pero a primera hora de la tarde, cuando ya se estaba preparando para acudir al colegio, ha recibido un mensaje de la empresa Zaintzen en el que le han comunicado que “queda eximida” de acudir a su puesto de trabajo hasta que la empresa no reciba el informe de aptitud laboral.

Al otro lado del teléfono, María Elena celebra que a última hora la empresa haya cambiado de postura y atribuye la decisión a la presión que ha ejercido el sindicato LAB haciendo público su caso y poniéndolo en conocimiento del Ayuntamiento de Pamplona, quien tiene subcontratado en servicio de limpieza de este colegio público. “Aún así, han esperado hasta el último momento para decírmelo, ya me estaba vistiendo para ir al trabajo”, critica.

Con 56 años, María Elena padece fibromialgia y fatiga crónica y tiene reconocido un 49% de discapacidad por el Servicio Navarro de Salud que le impide realizar movimientos como empujar el carro de la limpieza o limpiar las aulas y pasillos del centro escolar. Un informe médico de agosto de 2022 señala que la mayoría de sus diagnósticos son “de carácter crónico” y que le suponen “una limitación muy importante para la mayoría de actividades cotidianas”, así como “una convivencia con dolor de manera constante y una repercusión fundamental también a nivel emocional”.

Otro informe médico de Osasunbidea del 7 de noviembre de 2022 deja constancia de que “desde hace aproximadamente dos meses la paciente precisa, en relación a sus síntomas de base, de apoyo en silla de ruedas para desplazamientos superiores a 10-15 minutos caminando”. Además, estos dolores, sumados a la fatiga crónica que padece, le obligan a pasar gran parte del día tumbada en la cama.

Con todo, y pese a los informes del Servicio Navarro de Salud, el INSS no le ha reconocido la incapacidad permanente, por lo que la empresa para la que trabaja, a la espera de recibir un informe de aptitud del servicio de vigilancia de la salud empresarial, la había citado para reincorporarse a su trabajo tras un año de baja. Finalmente, la presión sindical ha servido para que de momento no tenga que volver al trabajo. La empresa le ha comunicado por mensaje que hasta que se les facilite el informe de aptitud “queda eximida” de acudir a su empleo “percibiendo la totalidad de su sueldo”.

Hace dos años una administrativa acudió a la Seguridad Social para que se le reconociera la incapacidad laboral permanente. Los problemas de columna que arrastraba desde muy pequeña se habían convertido en un impedimento para hacer vida normal, hasta tal punto que necesitaba un bastón para caminar con un 44% de discapacidad reconocida. La administración pública rechazó su petición, primero con una negativa y luego a fuerza de no contestar a las reclamaciones y ahora un juzgado le ha dado la razón: allí donde la Seguridad Social entendió que sus lesiones no eran lo suficientemente graves para impedir que trabajase, los tribunales entienden que hacer trabajar a esta mujer supondría “un grado inhumano de sacrificio” para ella.

Presentó su primera reclamación en 2022. Para entonces, la Comunidad de Madrid ya le había reconocido una discapacidad del 44%, sobre todo por las derivadas de unos problemas de columna que le habían llevado a quirófano por primera vez con tan solo 11 años de edad.

A partir de ahí, los médicos que han participado en el pleito describen un rosario de dolencias que irradian de esa “importante patología de columna” con un efecto directo sobre su movilidad: no puede estar sentada mucho tiempo sin sentir dolor, tiene una “severa limitación” en la movilidad del tronco y necesita un bastón para caminar.

Todas estas limitaciones y dolores, según la documentación del caso, se han traducido también en un trastorno ansioso-depresivo con “profunda tristeza, llanto, sentimiento de culpa e ideas autolíticas”. El término técnico para referirse a los pensamientos suicidas.

La Seguridad Social, que destina mensualmente más de 900 millones de euros para este tipo de pensiones, contestó con una negativa. La Dirección Provincial de Madrid de la Seguridad Social rechazó reconocerle esa incapacidad permanente absoluta porque, según su criterio, sus lesiones “no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”. Su siguiente reclamación se encontró ya con el silencio administrativo. Su petición: que se le reconociera la incapacidad total para trabajar en su profesión o en cualquier otra, con una pensión acorde.

Un proceso que, tal y como explicó elDiario.es, los colectivos de personas con discapacidad describen como una carrera de obstáculos administrativa. La negativa o el silencio de la administración mientras el dolor y la incapacidad para trabajar siguen ahí mientras el proceso, hasta que hay sentencia firme, se prolonga durante años.

En este caso el juzgado de lo social 28 de Madrid no ha tenido ninguna duda sobre que esta mujer no puede trabajar como administrativa pero tampoco en ninguna otra profesión. “Las lesiones crónicas que padece la inhabilitan para cualquier actividad profesional remunerada, por cuenta propia o ajena, con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia durante una jornada laboral, sujetándose a un horario y conforme a las exigencias mínimas de continuidad”, lamenta el juzgado.

La depresión que padece, añade el juez, le impide “integrarse en una empresa” junto con sus dolores crónicos, que cierran la puerta a una adaptación del puesto de trabajo. La única manera de conseguir que esta mujer trabaje, zanja la sentencia todavía recurrible, es “exigir un grado inhumano de sacrificio por parte de la trabajadora”. El resultado es el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado absoluto y una pensión que el Estado debe abonar, además, de forma retroactiva desde la fecha de la primera negativa de la Dirección Provincial de Madrid.

“Es un desgaste emocional importante”

Cristina Alonso es la abogada de Parrado Asesores que ha llevado las riendas de este caso. En declaraciones a elDiario.es, la letrada explica la complejidad de un caso que, en multitud de ocasiones, arranca con el silencio de la administración: “Es un desgaste emocional muy importante. Son personas que están enfermas y, además, se ven en la tesitura de tener que acudir a profesionales y hacer un desembolso que no todo el mundo puede”, asegura.

Se trata, además de un “proceso largo” en el que, explica la abogada, “hay muchas incertidumbres”. A medida que se acerca la vista oral y el momento de comparecer ante el juez, revela, los clientes “se ponen muy nerviosos, no quieren ir al juicio”.

No quieren ir porque allí, por norma general, hay que escuchar al letrado que representa a la Seguridad Social afirmar que sus dolencias sí les permiten trabajar. “Escuchar que una persona está bien para trabajar cuando la propia persona afectada está allí... pues en muchísimos casos no acuden”, lamenta Alonso.

El silencio de la administración a la hora de contestar o no contestar a estas peticiones de incapacidad pueden responder a muchos factores, pero el silencio es una respuesta “habitual” en el día a día de esta abogada. Y ese silencio de la administración pública, en este caso de la Seguridad Social, termina teniendo un efecto disuasorio.

“Ellos van dando pasos, citas para el tribunal médico, recibir una resolución... gracias a internet se pueden consultar los plazos, pero si no lo hacen y se pasa el plazo, se produce el silencio administrativo y si esa persona no ha acudido a profesionales ya no puede reclamar y tendría que empezar de nuevo, con el tiempo que ello conlleva”, explica Alonso en declaraciones a este periódico.

En el caso recién resuelto por un juzgado a finales de marzo en Madrid, la letrada de Parrado Asesores valora que la resolución es “un caso muy importante” aunque advierte que la Seguridad Social todavía puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. “No suele ser habitual esa contundencia, son más sucintos, pero hay numerosas sentencias que hablan de ese esfuerzo heroico para el trabajo. No se puede exigir eso a una persona”.

En este caso, entiende, está “acreditadísimo” que su clienta “estaba incapacitada de forma absoluta”. Los jueces, afirma, “intenta ver que todavía hay algún tipo de capacidad residual para algún tipo de profesión más liviana”, pero en este caso pasar unas horas sentada en la misma postura suponía, según el juzgado de lo social, un “grado inhumano de sacrificio” para esta administrativa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este jueves que la normativa española, que permite el despido de un empleado con discapacidad permanente de su empresa, es contraria a la directiva europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación suscrita en el año 2000.

Esta declaración del TJUE llega tras una consulta realizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Islas Baleares para conocer la compatibilidad del Derecho español con la obligación que tiene el empresario de realizar “ajustes razonables” (colocar el empleado en otro puesto de trabajo antes de despedirle) prevista en la directiva europea.

Asimismo, llega después de que el trabajador en cuestión recurriera la desestimación de una demanda que interpuso contra su empleador por despedirle tras ser declarado con incapacidad total después de sufrir un accidente laboral en la misma empresa.

En este sentido, la sentencia dictada por el TJUE avisa de que la directiva europea se opone a la normativa española que establece que “el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral”.

También señala que la normativa española no prevé que el empresario esté obligado a prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que estos ajustes constituirían una carga excesiva.

El TJUE explica que el concepto de “ajustes razonables” implica que un trabajador que, debido a su discapacidad, ha sido declarado no apto para las funciones esenciales del puesto que ocupa, sea reubicado en otro puesto para el que disponga de las competencias, las capacidades y la disponibilidad exigidas, siempre que esa medida no suponga una carga excesiva para su empresario.

Ese cambio de puesto, por tanto, permite al trabajador conservar su empleo, “garantizando su participación plena y efectiva en la vida profesional con arreglo al principio de igualdad con los demás trabajadores”.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares deberá entonces comprobar si la normativa española tiene el efecto de dispensar al empresario de su obligación de hacer o, en su caso, mantener ajustes razonables, como un cambio a otro puesto, aun cuando el trabajador disponga de las competencias, capacidades y disponibilidad requeridas para desempeñar las funciones esenciales de ese otro puesto.

Además, indica que dicha normativa tampoco parece obligar al empresario a demostrar que ese cambio de puesto podría imponerle una carga excesiva antes de proceder al despido del trabajador.

Despedido tras un accidente de trabajo

La sentencia gira en torno al caso de un trabajador de la empresa Ca Na Negreta que en el año 2016 fue víctima de un accidente laboral en el que se fracturó el pie derecho mientras desempeñaba sus funciones como conductor de camión de recogida de residuos.

En un primer momento, la Seguridad Social declaró que había sufrido una lesión permanente no invalidante y se negó a reconocer al trabajador una incapacidad laboral permanente, por lo que el empleado recurrió judicialmente esta resolución. Aun así, dos años después del incidente, el empleado acordó con la compañía un cambio de puesto de trabajo adaptado a las secuelas del accidente. Así, en lugar de conducir camiones pesados, pasó a trabajar con un vehículo de más sencillo manejo.

En 2020 se dictó sentencia en relación con la demanda del trabajador a la Seguridad Social y se reconoció que el trabajador estaba en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de conductor de camión de recogida de residuos y reconoció la situación de “incapacidad total”.

Unos días después, Ca Na Negreta despidió al trabajador por encontrarse en situación de incapacidad total y fundamentó su decisión en el Estatuto de los Trabajadores. El afectado consideró que esto constituía un despido discriminatorio, por lo que acudió a los tribunales. Su demanda fue desestimada en primera instancia, por lo que recurrió ante el TSJ de Baleares.

Cambio de puesto laboral

Ahora, el TSJ de Baleares, además de su consulta al TJUE, había señalado ya, en primer lugar, que el Derecho español permite el despido automático de un trabajador que se halle en situación de incapacidad permanente total, sin exigir a los empresarios que lleven a cabo ajustes razonables para adaptarse a las condiciones del trabajador.

En segundo lugar, también había precisado que el trabajador tiene la condición de persona con discapacidad en el sentido de la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que es aplicable a este caso.

Asimismo, había indicado que el Derecho a los ajustes razonables, previsto en la Directiva, no se refiere únicamente al acceso al empleo de las personas con discapacidad, sino que protege también el mantenimiento de su empleo cuando dicha discapacidad esté ligada a acontecimientos que tuvieron lugar durante el desempeño de su trabajo.

Y en cuarto lugar, destaca que en este caso era posible realizar ajustes razonables, dado que la empresa ya había atribuido al trabajador otro puesto de trabajo compatible con su condición física antes de que se declarara su incapacidad permanente total.

Carece de relevancia que el trabajador reciba una pensión

Finalmente, el TJUE ha señalado que carece de relevancia a este respecto el hecho de que se reconozca la incapacidad permanente total a petición del trabajador y de que esta le dé derecho a una prestación de la Seguridad Social (una pensión mensual) permitiendo que conserve al mismo tiempo la posibilidad de dedicarse al desempeño de otras funciones laborales.

El TJUE indica que conforme a esta normativa, el trabajador con discapacidad está obligado a soportar el riesgo de perder su empleo para poder disfrutar de una prestación de la Seguridad Social. Esto, por tanto, “menoscaba el efecto útil” de la directiva europea, dirigido a salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo --incluso de las personas que adquiera una discapacidad durante el empleo-- y el mantenimiento su puesto de trabajo.

Asimismo, añade que, al asimilar una “incapacidad permanente total”, que solo afecta a las funciones habituales, al fallecimiento de un trabajador o a una “incapacidad permanente absoluta” (que designa la incapacidad para todo trabajo), la normativa española es contraria al objetivo de integración profesional de las personas con discapacidad.

El TJUE destaca, por último, que una normativa nacional en materia de Seguridad Social “no puede convertir la discapacidad del trabajador en una causa de despido”, sin que el empresario esté obligado, con carácter previo, a prever o mantener ajustes razonables para permitir a dicho trabajador conservar su empleo, ni a demostrar, en su caso, que esos ajustes constituirían una carga excesiva para él.

El asturiano J. M. Á., de 52 años, se quedaba dormido de repente durante su jornada laboral como administrativo. No lo podía evitar. No es que hubiera pasado una mala noche la víspera o que hubiera trasnochado más de la cuenta. Su extremada somnolencia diurna es culpa de la cataplejía derivada de la enfermedad de narcolepsia que le fue diagnosticada y que se manifiesta con episodios repentinos de debilidad muscular causados por emociones fuertes como la risa o la rabia.

El trabajador ha logrado una victoria ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Más de tres años después de que iniciara un procedimiento contra este organismo, ha conseguido que los tribunales de justicia le concedan la incapacidad permanente absoluta.

J. M. Á. ha relatado a elDiario.es Asturias cómo es convivir 24 horas con esta enfermedad que al principio, en su adolescencia, atribuía a los síntomas habituales de cansancio y a la que puso nombre con 49 años gracias a una amiga neurofisióloga que se dio cuenta de que tenía una de las denominadas enfermedades raras.

Su caso presenta síntomas muy similares a los que tiene el periodista catalán Jordi Évole, quien ha sufrido episodios en directo de cataplejía en televisión con el Gran Wyoming, con Pablo Motos en El Hormiguero o con los hermanos Muñoz de Estopa ante ataques de risa: “A mí me ha pasado igual que a él con la risa, de momento con otro de los síntomas como el del susto no me ha ocurrido, no sé si es debido a que no tuve sustos fuertes”, dice.

Otras personas afectadas por esta enfermedad han llegado a caer al suelo tras recibir un estímulo fuerte, aunque él corrobora que no ha llegado a ese extremo. “Noto que me va a dar un episodio cuando por ejemplo pierdo tono muscular y no puedo coger una taza con una mano y tengo que cogerla con las dos manos. Otras veces lo empiezo a notar en el cuello y en que los brazos se quedan sin fuerza, como caídos. Notas el cansancio, ves que te ralentizas y te vas apagando poco a poco”, describe.

Explica que las personas con narcolepsia tienen un nivel bajo de hipocretina, también conocida como orexina, una sustancia química producida en el cerebro que es la que ayuda a las personas a mantenerse despiertas. Las personas afectadas por narcolepsia tienen una menor cantidad de las células que producen esta sustancia química. “Lo que ocurre es que, en nuestro caso, tenemos esa producción por los suelos”, ratifica.

“Creo que esto me pasa desde que el mundo es mundo”, contesta a la pregunta sobre cuándo empezó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Cuenta que se desencadenó en la adolescencia pero al no tener a una persona sana cercana con quien establecer una comparación lo atribuía a los efectos del cansancio después de dormir mal el día anterior o por haber salido por la noche.

Fui diagnosticado tarde. La enfermedad se manifestó en la adolescencia, con 16 ó 17 años, pero no supe que era narcolepsia hasta los 49 años, cuando una amiga neurofisióloga se dio cuenta de que era una reacción nerviosa que no tenía que ver con el sueño

J. M. Á. — Demandante. Ha ganado el pleito a la Seguridad Social

“El problema es que fui diagnosticado tarde. Creo que se me manifestó sobre los 16 ó 17 años pero no supe que era narcolepsia hasta los 49 años, cuando mi amiga se dio cuenta de que era una reacción nerviosa que no tenía nada que ver con el sueño”, afirma.

J.M. Á. acudió entonces a la Unidad del Sueño, donde rodeado de cables por todas partes –cabeza, tórax, abdomen, dedos y piernas– le pusieron a dormir. Relata que en esa prueba durmió las ocho horas recomendables y cinco siestas de 20 minutos. El resultado fue claro. El diagnóstico de su amiga no era erróneo: él tenía la enfermedad.

La narcolepsia es un trastorno crónico que se caracteriza por episodios “breves y súbitos” de sueño profundo y la cataplexia se manifiesta generalmente con espasmos faciales, parpadeos o expresiones que no se pueden controlar, temblor de mandíbula, inclinación de la cabeza hacia adelante, párpado caído, relajación de las rodillas, dificultades para hablar y alucinaciones visuales tanto al quedarse dormido como al despertarse.

Él mismo ofrece la explicación de lo que le pasa en términos lo más coloquiales posibles: “El hipotálamo, que es una zona del cerebro que produce hormonas, interpreta que estás durmiendo en fase REM y desconecta”. La fase REM es una fase de sueño profundo en la que el cerebro está muy activo y el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices, por lo que la persona no se puede mover y es cuando se sueña.

La recomendación de dos siestas diarias

Su situación laboral era complicada ante los episodios de somnolencia que presentaba en su trabajo. El 22 de septiembre de 2020, inició los trámites ante el INSS para solicitar su incapacidad permanente. La resolución llegó dos años después y fue desestimatoria.

El INSS alegó que las lesiones que padece “no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, para ser constitutivas de una incapacidad permanente”.

El médico inspector emitió un informe, el 13 de abril de 2022, donde admitía que J. M. padece una “narcolepsia-cataplejía” con control de crisis casi completa y, en sus conclusiones, refería un informe del Servicio de Neurología realizado dos meses antes donde ya se indicaba que sufría “hipersomnia diurna”.

Además, hacía constar este consejo: “Tiene que hacer una siesta de una hora por la mañana o a mediodía y otra por la tarde”. Sostenía que, en la exploración, había constatado que “persiste cataplejía con los estímulos habituales (risa y enfados), corregidos al 90%”.

El médico aconsejaba realizar un trabajo ligero, evitando turnos o turno de noche, en tareas que exijan u obliguen a encorvarse, ni que requieran uso de rampas o escaleras. Tampoco puede atender a aquellos trabajos que exijan concentración mental

En el informe, el médico también aportaba una serie de recomendaciones para poder seguir desempeñando una actividad laboral: “Debe realizar un trabajo ligero, evitando turnos o turno de noche, en tareas que exijan u obliguen a encorvarse, elevar o transportar objetos, que requieran uso de rampas, escaleras o escalerillas, peligro de caídas”.

Añadía que, en su opinión, “no puede trabajar a tiempo completo como administrativo, sí a tiempo parcial, un tercio de la jornada máximo”. Y concluía que no solamente no podía acometer trabajos que “exijan esfuerzos físicos, carga de peso o posturas forzadas”, sino que “tampoco puede atender a aquellos que exijan concentración mental”.

El trabajador pidió el asesoramiento de Efeso Abogados y el letrado Carlos Suárez Peinado pleiteó contra el INSS. El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, que estimó la demanda y reconoció el derecho de J. M. a obtener la incapacidad permanente en el grado de absoluta, derivada de enfermedad común.

Frente a esta sentencia, el INSS recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al sostener que su enfermedad no le inhabilita “para todo trabajo, ni siquiera para el habitual del trabajador”.

El alto tribunal asturiano distingue entre la incapacidad permanente absoluta, con carácter principal, y de forma subsidiaria. La primera es la inhabilitación completa para todo trabajo, entendida como “la existencia de impedimentos físicos o psíquicos presumiblemente definitivos e incompatibles, por sus repercusiones funcionales, con el desempeño regular, eficaz, con rendimiento y sin riesgos añadidos de cualquier actividad laboral o productiva a la que el trabajador pueda tener acceso en el mercado de trabajo”.

A diferencia del grado anterior, la segunda exige poner en relación la actividad profesional del trabajador con las repercusiones funcionales presumiblemente definitivas que presenta y determinar si éstas le impiden el ejercicio de las tareas fundamentales.

Su posibilidad de trabajar como máximo un tercio de la jornada es una reducción de tiempo tan significativa que disminuye la posibilidad de conseguir mediante la actividad profesional los recursos económicos necesarios para acercarse al salario medio anual

Magistrados — Sala de lo Social del TSJA

Los magistrados reconocen que el hecho de que el trabajador tenga como máximo la posibilidad de trabajar a tiempo parcial tan sólo un tercio de la jornada es una reducción de tiempo tan significativa (66,66% de la jornada) que disminuye en grado tan elevado la posibilidad de conseguir mediante la actividad profesional o laboral los recursos económicos necesarios para acercarse al salario medio anual (en 2022 el salario medio fue 2.128 euros brutos al mes y el salario mediano se situó en 1.814 euros, según la Encuesta de Población Activa), que la convierte en meramente teórica.

“Esta pérdida de capacidad de ganancia es consecuencia exclusiva de los menoscabos funcionales derivados de las afecciones; además, aquélla y éstos incrementan la tensión emocional que supone la consecución de recursos económicos suficientes para vivir en dichas condiciones físico-psíquicas”, afirma el TSJA.

La valoración de todas estas circunstancias lleva a la Sala de lo Social a ratificar la resolución del juzgado y conceder a J. M. la incapacidad permanente absoluta.

J.M.Á. reconoce que la cataplejía le limita en su actividad diaria. Ahora, tras la sentencia, una vez que ya no tiene que incorporarse a su trabajo como administrativo, al menos puede dormir tranquilo sabiendo que no despertará en plena jornada laboral. “Siempre tengo que dormir una siesta de una hora al mediodía y otra después de comer”. Unas recomendaciones de los facultativos que, en su caso, son imprescindibles y que sigue al pie de la letra por su propia salud.

Un detective siguió a Eloísa (nombre ficticio) el 1 de julio de 2022. La vio conduciendo un vehículo, probándose ropa en un establecimiento, haciendo la compra y portando una bolsa con los productos que había adquirido en el supermercado. Eloísa era camarera de piso (kelly) en un alojamiento turístico de Tenerife y en aquel momento llevaba casi un año de baja laboral por un dolor continuado en el hombro izquierdo y la rotura parcial del supraespinoso, un músculo que forma parte del manguito rotador. 

El detective había sido contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cinco días después notificó a la trabajadora una resolución en la que declaraba suspendido a partir del 2 de julio (el día siguiente al seguimiento del detective) su derecho a percibir una prestación económica de incapacidad temporal. Meses después, esa prestación le fue denegada por “haber quedado acreditado, en virtud de seguimiento especial de detective, la realización de actividades no compatibles con la patología que motiva su baja médica”. 

Durante esa baja temporal, Eloísa estaba tramitando la incapacidad permanente total para su profesión habitual, un reconocimiento que se le concedió en julio de este año sobre la base de un dictamen elaborado por el equipo de valoración de incapacidades de la Seguridad Social en septiembre de 2019. Ese dictamen advertía de la limitación de la trabajadora para “actividades de sobrecarga mantenida de miembros superiores”. 

Eloísa llevó el caso a los tribunales a través del despacho iuslaboralistas. Y el Juzgado de lo Social 4 de Santa Cruz de Tenerife le ha dado la razón, reconociendo el derecho de la camarera de piso a cobrar la prestación por incapacidad temporal y dejando sin efecto la resolución de la mutua, la que revocó su baja laboral y la dejó sin subsidio. 

En una sentencia contra la que no cabe recurso, el magistrado concluye que la descripción contenida en el informe del detective para la mutua “no implica ningún tipo de actividad fraudulenta”. Es decir, que conducir, ir de compras y cargar bolsas “no tiene nada que ver con las exigencias de una actividad profesional de camarera de piso”. Las limitaciones de la trabajadora, incide la resolución judicial, son para “actividades de sobrecarga mantenida de miembros superiores, fuerza destreza bimanual”. 

El artículo 175.1 de la Ley General de la Seguridad Social contempla la posibilidad de denegar, anular o suspender el subsidio por incapacidad temporal cuando la persona beneficiaria “haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación”. El magistrado precisa que esa norma no especifica “en absoluto” en qué consisten esas actividades fraudulentas, aunque la doctrina ha ido perfilando los supuestos, entre ellos la simulación de una enfermedad o accidente, la suplantación de personalidad o la alegación de un padecimiento que requiera de asistencia sanitaria, que sea incompatible con el puesto de trabajo y que fuera diagnosticado antes del inicio de la relación laboral. Ninguno de ellos encaja en este caso. 

Presupuesto reservado 

La contratación de detectives para el control del fraude en incapacidades (temporales o permanentes) se ha convertido en una práctica habitual entre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En el caso de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), en los últimos años ha firmado acuerdos marco para la adjudicación de estos servicios. 

Cuando se produjeron los hechos que han desembocado en la sentencia estimatoria de la demanda de la camarera de piso, estaba en vigor un acuerdo por el que la MAC reservaba para el periodo de dos años (de julio a 2020 a julio de 2022) 300.000 euros con este fin, según documentos publicados en perfiles de contratación pública. En la actualidad hay otro acuerdo marco, también bianual y por la misma cantidad de dinero. 

En una memoria del departamento jurídico de la MAC, se justifica la contratación de estos servicios en la necesidad de cumplir “los fines institucionales” que la ley otorga a las mutuas colaboradoras. Estas asociaciones de naturaleza privada cuentan con la autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para gestionar diversas prestaciones y, por tanto, para el manejo de dinero público. 

La mutua señala que debe acudir a medios externos porque carece de personal para poder prestar este servicio, al carecer sus trabajadores de “la cualificación y la acreditación necesaria y suficiente” para realizar las actividades de seguimiento. Los detectives deben disponer, al menos, de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) emitida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, además de otros permisos preceptivos para la prestación de estos servicios. Ninguno de los empleados de la MAC dispone de la TIP que acredita la habilitación. 

“Los seguimientos de detective privado se ajustan en su integridad, como no podía ser de otra manera, a lo dispuesto en la normativa de aplicación”, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, explican fuentes de la MAC, que añaden que estos servicios “se ejecutan con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.

Las solicitudes de seguimiento tienen la finalidad de “verificar un posible comportamiento incompatible con la percepción de una prestación o pensión de la Seguridad Social y en ningún momento responden a intereses al margen de la correcta gestión de fondos públicos”, matizan las mismas fuentes al tiempo que confirman que es práctica habitual “de todas las mutuas”.

Dinero para prevención

Para Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), la contratación de detectives “no debería ser la vía principal de uso de recursos públicos por parte de las mutuas”. La representante sindical considera que ese dinero debe ir dirigido “a la prevención de las patologías y, en caso de que se hayan producido, a su diagnóstico temprano y al tratamiento de recuperación para procurar que esa persona trabajadora se incorpore en las mejores condiciones a su puesto”. 

“Siempre vamos a defender la labor profesional de los servicios médicos (que otorgan las incapacidades), no vamos a poner en entredicho a un colectivo que siempre ha tenido un reconocimiento”, sostiene Marrero, que incide en que los detectives “no tienen conocimientos médicos, ni probablemente de prevención de riesgos laborales, para evaluar la actividad que está desarrollando una trabajadora”. 

La secretaria de Salud Laboral del sindicato explica que una patología invalidante en el ámbito laboral no impide realizar actividades cotidianas. “Una persona trabajadora puede sufrir un dolor musculoesquelético que no le permite coger un peso de 15, 20 o 25 kilos durante cinco, seis u ocho horas, pero no está invalidada para ir a un supermercado o para ir a comprar ropa”, precisa. 

Marrero remarca que estar sano “no es solamente no tener ninguna enfermedad física” y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. “Cuando se dan enfermedades laborales a largo plazo, los facultativos suelen pedir a la persona trabajadora que intente normalizar su vida teniendo en cuenta las limitaciones. Si no, una patología física puede repercutir de forma negativa en la salud psíquica o incluso social. La persona puede terminar aislándose o con cuadros de depresión o ansiedad porque esa incapacidad está impidiendo desarrollar la vida laboral y afectando a la vida personal”, sostiene. 

La representante de CCOO dice que en las comisiones de control y seguimiento de las mutuas no se les ha facilitado a los representantes sindicales datos con los resultados de esas inspecciones y precisa que, aunque se pueda dar algún caso, “la tendencia” de las personas trabajadoras no es la de intentar engañar. 

Camareras de piso 

En la reciente sentencia, la demandante es camarera de piso. Este colectivo profesional volvía a manifestarse el jueves en el sur de Tenerife para denunciar la precarización de los empleos, acentuada tras la pandemia. “La sobrecarga laboral nos tiene destrozadas. Tenemos que sacar el doble de trabajo. A veces estamos contratadas para cinco o seis horas, pero el trabajo que tienes que hacer es de ocho horas”, dice Mónica García, portavoz de la asociación Kellys Unión Tenerife. 

García señala que es esta sobrecarga laboral la que genera patologías invalidantes como la que padece Eloísa. “Las camareras de piso tenemos muchas dolencias y tres de ellas están reconocidas como enfermedades profesionales, pero las mismas mutuas nos dicen que no, que es enfermedad común y que vayamos a la Seguridad Social. Ese es el problema que tenemos y por eso tenemos que denunciar”, asevera. 

Las enfermedades a las que alude la portavoz de Kellys Unión Tenerife son el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis o ‘codo de tenista’ y la bursitis. 

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), el tinerfeño Jorge Marichal, responsabilizó de la falta de camareras de piso al “alto grado de absentismo laboral” y pidió “hacer seguimiento” de las bajas. Unas palabras que indignaron a las trabajadoras. “Para hablar de absentismo, hay que hablar de muchas cosas, pero sobre todo de condiciones de trabajo, de prevención de riesgos laborales y de si realmente se están haciendo verdaderas evaluaciones de riesgo no sólo físicas, sino también psíquicas”, sostiene Carmen Marrero. “Estamos viendo que hay mucha sobrecarga de trabajo y muchas exigencias por encima de las que consideramos que son normales y habituales en un puesto de trabajo”, añade. 

La secretaria de Salud Laboral de CCOO apunta que la relación entre la sobrecarga laboral y la aparición de enfermedades está “totalmente evidenciada”. “Si no son tratadas desde un principio, a la larga van a padecer patologías crónicas y cuando lleguen a ser atendidas en un servicio médico probablemente va a llevar un tiempo más largo de recuperación que si son asistidas a los primeros síntomas”, destaca.

Un conductor asturiano, de 45 años, ha obtenido la Incapacidad Permanente Absoluta por las secuelas que padece desde hace nueve años cuando sufrió una herida por asta de vaca en el muslo izquierdo en un accidente no laboral. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negaba esta prestación al considerar que podría seguir desempeñando otros trabajos más sedentarios o que requirieran menor esfuerzo físico. Ante la imposibilidad de que su petición prosperara con este organismo, el conductor recurrió a los tribunales de justicia de Asturias que le han dado la razón.

El accidente tuvo lugar en el año 2014 cuando el demandante fue alcanzado por asta de vaca en el muslo izquierdo y a las heridas físicas se sumaron una depresión grave y ansiedad persistente. Los informes médicos avalaron que, en el contexto de un estrés postraumático, presentaba los siguientes síntomas: “irritabilidad, angustia, pensamientos obsesivos, rememoraciones, alerta excesiva, insomnio y apatía”.

Además, ofrecía una nula respuesta al tratamiento farmacológico, con repetidas recaídas en estados de empeoramiento, por lo que los médicos certificaron que este accidente no laboral le limita en su vida diaria y en el funcionamiento, incluido el laboral.

Con este diagnóstico, el hombre inició el proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común el 3 de enero de 2020, siendo alta por agotamiento de 545 días.

El periplo judicial para lograr la incapacidad absoluta

A instancias del INSS se inició expediente de invalidez y la Dirección Provincial, el 27 de enero de 2022, previo informe del Equipo de Valoración de Incapacidades declaró que estaba afectado de incapacidad permanente en grado de total para su profesión habitual. El conductor reclamó y la Seguridad Social lo desestimó.

A partir de ahí, el siguiente paso fue reclamar en los tribunales. El conductor solicitó el asesoramiento profesional de Olga Blanco y Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, que presentaron la demanda contra el INSS incidiendo en que las secuelas que le habían quedado a su representado derivado del accidente no laboral le impedían desarrollar cualquier tipo de trabajo.

El INSS alegó que el conductor no sólo no se encontraba imposibilitado para el desempeño de toda profesión u oficio sino que además mantuvo que la contingencia de la que derivaba la incapacidad era la de enfermedad común y no la de accidente no laboral dado el largo tiempo transcurrido entre la herida sufrida por asta de vaca -nueve años- y el momento actual y las diferentes patologías que padecía el demandante.

Los abogados aportaron informes médicos que certificaban que el hombre padece una neuropatía como consecuencia de la herida por asta y patología psíquica que se inició tras el accidente y ambas estaban relacionadas con las secuelas físicas producidas por el accidente no laboral.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo dictó la sentencia donde establece que, con independencia del tiempo transcurrido, si las patologías o lesiones son derivadas del accidente sufrido y pueden relacionarse con éste, la contingencia de la Incapacidad Permanente será derivada de accidente y no de enfermedad y que la agravación de las mismas puede dar lugar al reconocimiento de una incapacidad permanente años después de haber sufrido el evento traumático.

El juzgado declaró el derecho del conductor a percibir una renta vitalicia, en catorce pagas anuales, del 100% de su base reguladora de 2.031 euros sin perjuicio de las mejoras y revalorizaciones legales, y condenó al INSS a abonar la pensión con efectos retroactivos desde enero de 2022.

La estimación de la demanda se sustentaba en el argumento de que las patologías física (en extremidad inferior izquierda) y psíquica (trastorno de estrés postraumático, depresivo grave y de ansiedad generalizada) que presenta el trabajador, que desde el mes enero de 2020 permaneció 545 días en incapacidad temporal, “no le dejan capacidad real de trabajo, a menos que se represente un trabajo marginal, no le permiten desarrollar el núcleo esencial de una profesión, cualquier trabajo que sea, ni obtener un resultado económico apreciable”.

El INSS presentó un recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha sido rechazado. Los magistrados del alto tribunal asturiano han confirmado la sentencia y han declarado el derecho del trabajador a acceder a la situación de Incapacidad Permanente Absoluta.

La resolución del TSJA no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Tener reconocida una incapacidad por sentencia y no poder cobrar una pensión ni trabajar. Es la situación en la que se ven muchos ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Las Palmas. Según datos facilitados por Comisiones Obreras, uno de los sindicatos que denuncia constantemente las carencias de la Seguridad Social de esta provincia, a finales de septiembre había 1.016 sentencias pendientes de ejecutarse; personas que tienen estimada la pensión por incapacidad, pero aún no pueden cobrar pese a que un juzgado ha dictado a su favor. Son casos cuya espera, según han contado personas afectadas y abogados a este redacción, se ralentiza durante meses e incluso hasta un año y que coloca a las personas, en ocasiones, en situación de extrema vulnerabilidad. Se trata de una cuestión que se suma a las largas colas que se siguen formando desde muy temprano cada día en el principal Centro de Atención e Información (CAISS) de la capital grancanaria para tratar de conseguir un número y recibir atención de un profesional ante la imposibilidad de conseguir cita previa telemática o telefónica. 

Solo en el mes de septiembre, Las Palmas recibió 81 quejas de la ciudadanía. CCOO subraya que es la provincia de toda España que se encuentra a la cabeza de esas reclamaciones, solo por detrás de Madrid, que cuenta con mayor número de población y de centros de atención. En la mayoría de esas quejas se hacía referencia a los tiempos de tramitación (51), en especial en la consecución de la incapacidad (22) y de la jubilación (18). Así mismo, solo durante este mes se han resuelto 203 litigios en los que se incluyen incapacidades permanentes, temporales, Ingreso Mínimo Vital, viudedad, maternidad, jubilación…. 

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, insisten en que “se está trabajando para agilizar los procesos” y esperan que con las incorporaciones anunciadas por el ministro en Canarias (se comprometió en un refuerzo de 80 trabajadores más), y “con la formación oportuna, se perciba la mejoría”. Está previsto que el personal interino se incorpore en las próximas semanas y también que se ponga en marcha un proyecto piloto de videollamada que desde la institución consideran que ayudará a posibilitar la tramitación de gestiones sin que la ciudadanía tenga que desplazarse. También mencionan un proyecto de gestión telefónica mediante el uso de un código de un solo uso enviado por SMS, entre otros. 

Sin embargo, hay personas para quienes la situación se ha vuelto alarmante, con una agónica espera por cobrar una prestación que se le ha concedido por derecho. Especialmente llamativo es el caso de V., un ciudadano de origen nigeriano, de 62 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de dos décadas. Trabajaba antes de comenzar con sus problemas de salud como ayudante en una panadería y percibía un salario que le permitía cubrir sus gastos y enviar dinero a su familia. Desde hace más de un año comenzó su lucha judicial para que se le reconozcan las patologías que padece y en febrero logró que se le reconociera la incapacidad absoluta por sentencia firme en la que se condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar el 100% de la base reguladora de 651,32 euros con efectos económicos desde febrero de 2021. Sin embargo, sigue a la espera de que se le ingresen esas cuantías, lo que le está condenando a vivir “prácticamente en la indigencia”, según los escritos presentados por el despacho de abogados que lleva el caso. 

En mayo de este año, el juzgado de lo social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto en el que ordenaba al INSS la ejecución de la sentencia y le recordó que no cabía la posibilidad de interponer recurso. El día 16 del mismo mes, el juzgado emitió un decreto en el que requirió al INSS “a que cumpla la resolución judicial firme en sus propios términos, llevándola a puro y debido efecto” y pagando la cantidad correspondiente. El 28 de junio, emitió una diligencia en la que instaba a la Seguridad Social a que en el plazo de un mes acreditara que había dado cumplimiento a la sentencia. 

Tras numerosos escritos del despacho de abogados López Camacho, el juzgado emitió en septiembre otra diligencia en la que recordaba que “pese a los intentos realizados” el INSS no ha dado cumplimiento a la sentencia. Por ello, convocó a las partes a una comparecencia este mes de noviembre para que puedan “alegar y probar cuanto a su derecho convengan”. Además, se advierte de que “deben concurrir con las pruebas de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, bajo apercibimiento a la parte que no comparezca de pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho”. 

El caso de V. no es aislado, tal y como vienen recordando otras personas afectadas y abogados. Por ejemplo, a Laura (nombre ficticio) le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta en julio del pasado año, pero no empezó a cobrar la prestación hasta un año después. Cuenta a ahora.plus que vivió meses de llamadas infructuosas, noches sin apenas dormir tratando de conseguir una cita presencial e idas y venidas a la oficina de atención de la Seguridad Social en busca de una explicación. Su abogado también explicó que ha tenido otros clientes en esta situación. 

Un plan para acabar con la espera

Los sindicatos CCOO y UGT pidieron por escrito en septiembre un tiempo máximo de dos meses para que las personas a las que se les ha reconocido una incapacidad las cobren. Los sindicatos alertan de hasta dos años de espera desde que se inicia el proceso por la vía judicial hasta que se cobra. En el documento recordaban que en la mayor parte de las ocasiones, “el trabajador con sentencia firme de incapacidad permanente, no puede tener acceso a desempleo, ni a otro tipo de ayudas, por tener concedida por sentencia una pensión aunque ésta aún no se haya ejecutado, ni esté percibiendo importes, ni esté dado de alta como pensionista”. 

Además de ese plazo máximo de dos meses para el pago de esas sentencias firmes, proponen que, mientras el interesado percibe la mensualidad correspondiente y es dado de alta como pensionista, “se calculen las cantidades que del efecto retroactivo estimado en sentencia le correspondan, detrayendo en su caso aquellos conceptos que proceda, como pueden ser: actividad laboral incompatible, la incapacidad temporal percibida coincidentemente, percepciones de desempleo incompatibles, etc… Pues supuestamente son estas gestiones y las diferentes consultas que hay que realizar a terceros, las que provocan la demora en la gestión de la ejecución de las sentencias”. 

Escasa plantilla y población envejecida

Actualmente, según los datos correspondientes a ese mes, la plantilla de la Seguridad Social la componen según la RPT 249 funcionarios y 8 profesionales que entran en la categoría de personal laboral (257 en total) pero la ocupación real es de 188 funcionarios en toda la provincia, más otros ocho profesionales; una cobertura del 76,26%. La tasa de absentismo es muy baja (1,76%) y muchas plazas por jubilación no se han cubierto, a lo que se suman las bajas justificadas por incapacidad temporal, sin que se contabilice ninguna baja por enfermedad sin justificante. 

CCOO y UGT también reclaman que la Relación de Puestos de Trabajo se actualice con criterios de crecimiento poblacional, insularidad, nivel de gestión y nivel de rentas. Han entregado un informe detallado en el que solicitan al Consejo General de Seguridad Social que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios. La capital grancanaria no es la única que presenta carencias, cada una de las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas (Lanzarote y Fuerteventura) cuentan con un único Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Para atender a una población de 155.812 y 119.732 habitantes respectivamente cuentan con solo siete funcionarios, según los datos obtenidos en septiembre.