Unas 24.000 personas en Castilla-La Mancha --23.960-- podrán beneficiarse de la tarjeta monedero dedicada a la compra de productos de alimentación, limpieza e higiene entre los años 2025 y 2028 tras el visto bueno del Gobierno regional a una inversión de 12 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo.

Así lo ha trasladado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno.

Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a productos de alimentación, de higiene y limpieza “sin imponer condiciones ni generar estigmas”. La tarjeta monedero permite a las familias hacer sus compras en los supermercados que se acojan al mismo, eligiendo libremente los productos que están permitidos, “en lugar de recibir bolsas cerradas o un menú cerrado como hasta el año pasado”.

Se podrán beneficiar las familias con hijos a cargo que se encuentran por debajo del 40% del nivel medio de ingresos establecido que hay en España, que está en torno a los 22.300 euros.

El Gobierno autonómico se encargará de gestionar y hacer llegar estos fondos, a diferencia del año pasado, cuando esta gestión la desempeñó el Gobierno central con Cruz Roja.

Castilla-La Mancha será la encargada de gestionar este programa directamente con la entidad colaboradora que resulte adjudicataria de esos 12 millones de euros. De manera que, cuando los servicios sociales determinen que una familia necesita o es merecedora de esta tarjeta monedero, la entidad gestora se encargará de la tramitación para entregársela.

Tal y como ha destacado Padilla, “los datos de años anteriores avalan el éxito de este programa”. En 2024, Castilla-La Mancha además “fue una de las pocas comunidades autónomas que ejecutó el 100% del presupuesto que se había asignado”. Fueron 2.600 tarjetas emitidas y se beneficiaron más de 10.000 personas.

Este programa de tarjetas monedero no solo proporciona recursos básicos que son esenciales para la vida de las familias, sino que también incluye un seguimiento profesional personalizado y un acompañamiento social a las familias que lo necesitan.

“No es cuestión de darles la tarjeta y que ellos se apañen, sino que los servicios sociales establecen también un seguimiento y un acompañamiento con ellos para ayudarles incluso con temas de orientación, para ayudarles a seguir adelante”, ha afirmado la consejera portavoz.

Además, está contemplado también que en los casos de las zonas rurales donde no están los supermercados adheridos al programa y no pueden hacer la compra en esos supermercados, se establece la adjudicación de ayudas de emergencia social, otra línea que tiene la Consejería de Bienestar Social.

“Pretendemos que ninguna familia tenga que elegir entre encender la calefacción, el ventilador o hacer la compra, sino que con los distintos recursos, puedan salir adelante aunque la situación sea muy complicada, pero que tengan garantizado la alimentación, la higiene y la limpieza de la casa”, ha afirmado Esther Padilla.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha celebrado una nueva sesión de la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), un espacio de trabajo conjunto entre delegaciones municipales y entidades sociales que participan en el programa ERACIS+ 2024-2028. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social en el Distrito Norte de la localidad.

La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha señalado que “la participación activa de los agentes sociales es fundamental para garantizar el seguimiento de las actuaciones”, subrayando la necesidad de una coordinación constante para alcanzar los objetivos del programa.

El programa ERACIS+ plantea un enfoque integral basado en itinerarios personalizados de inserción, abordando aspectos como empleo, educación, salud, vivienda y cohesión social. Financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Junta de Andalucía, incluye 32 objetivos distribuidos en cuatro áreas.

Bastida ha destacado que “los resultados de la primera edición han sido satisfactorios, con un índice de inserción laboral superior al 60%”, y ha recordado que la mayoría de las participantes fueron mujeres. En esta nueva etapa, la delegada afirma que se mantendrán criterios de actuación como “la perspectiva de género y el apoyo a colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral”.

En la reunión participaron representantes de asociaciones como CODENAF, Cruz Roja y Autismo Sevilla, además de técnicos municipales de áreas como Salud, Educación y Vivienda. Según lo expuesto en la joranada, “estas entidades han contribuido al diseño y evaluación de las medidas del programa”, que tiene previsto beneficiar a más de 5.500 personas en la localidad. Entre los asistentes se encontraban además integrantes del equipo técnico de ERACIS y el jefe de Servicios Sociales, Jesús María Sánchez.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que Extremadura no puede fallar a la UE porque, por primera vez en sus cuarenta años de autonomía, “una parte importante del futuro de Europa va a depender del futuro de Extremadura”.

“Se ha hecho una apuesta de Europa por nosotros y no le podemos fallar”, ha manifestado este miércoles en Mérida durante el acto de presentación pública de los programas operativos FEDER y FSE+ de Extremadura 2021-2027.

Un total de 1.344 millones de euros de ambos serán gestionados directamente por la Administración autonómica en este nuevo marco financiero, una suma a la que hay que añadir los 1.381 millones que administrará el Estado a través de planes específicos para la comunidad autónoma.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el caso extremeño se ha seguido de cerca por autoridades europeas como el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, por tratarse de una región que, siendo Objetivo 1, ha logrado situarse en un “escenario de oportunidades” utilizando, entre otros instrumentos, los fondos europeos.

Fernández Vara ha tildado de “excelente” el programa operativo anterior, de 2014 a 2021, y de “muy importante para el futuro” su sucesor porque va a traer a Extremadura recursos para poder desarrollar las políticas que en estos momentos son prioritarias. En concreto, se ha referido a las vinculadas a la calidad en el empleo y el estado del bienestar, que “todavía necesita muchos impulsos de futuro desde la innovación, la sostenibilidad y desde los procesos digitales”.

El presidente de la Junta ha considerado además que este nuevo programa operativo es fruto de un “buen acuerdo” entre la UE y España, tras los “temores” provocados por la salida del Reino Unido de la Unión, la pandemia y la guerra en Ucrania con sus consecuencias energéticas, industriales y agrarias. Según sus palabras, permitirá seguir trabajando en las líneas trazadas por el anterior, un programa “muy rupturista” que apostó por las estrategias inteligentes, la I+D+i, la transición verde y la digital, “que son hoy los puntales de lo que representan las políticas europeas”.

Europa anima a tener más ambición

Por su parte, la directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Andriana Sukova, ha afirmado, a través de un mensaje grabado, que las políticas de cohesión de la UE son “un instrumento clave para el impulso económico y social”, muy especialmente en un contexto de pospandemia.

“Los fondos europeos llegan en un momento clave” tanto para el desarrollo de muchos sectores productivos y sociales como para los objetivos de “una economía verde y digital”. No obstante, según ha animado, “hay que ser más ambiciosos” en el desarrollo de los diversos planes que canalizan las ayudas.

Presente en el acto también ha estado el coordinador para España en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Marian Raduta, quien ha expuesto que en estos tiempos de incertidumbre, “las inversiones dirigidas al futuro son más importantes que nunca”. A su juicio, la identificación de las oportunidades debe ser acompañada de proyectos transformadores que incidan en la innovación, el medioambiente y el desarrollo social.

En términos similares se ha pronunciado la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, para quien el fin debe ser “dejar de ser Objetivo 1”, no solo con estos fondos, sino también con los del Mecanismo de Recuperación y las políticas diseñadas “para situarnos en la cabeza de la reindustrialización de Europa, España y Extremadura”. “Tenemos una oportunidad y estos fondos vienen a ayudarnos”, ha manifestado en declaraciones a los medios.

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo por un periodo mínimo de seis meses. La peculiaridad es que los contratantes deben ser personas físicas o entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul o que, no estando vinculadas, “generen empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental”.

Según la resolución, podrán optar a estas ayudas tanto entidades privadas con o sin ánimo de lucro como personas físicas que actúen como empleadoras. Ambas figuras deben tener su sede en España.

Además, en esta ocasión el importe máximo de subvención por empleo generado podrá alcanzar los 4.300 euros en casos en los que la persona contratada pertenezca a alguno de los colectivos prioritarios (mujer, joven hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, con discapacidad o residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales) aplicando el porcentaje de cofinanciación del Fondo Social Europeo correspondiente a la región donde se ubique el centro de trabajo de la contratación (Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia, Asturias, Ceuta y Galicia, el 80%, el resto de comunidades, el 50%).

Cofinanciación y plazos

Esta convocatoria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se enmarca dentro del Programa Empleaverde, que es gestionado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y busca impulsar la sostenibilidad y la ecoinnovación de las actividades económicas en todos los sectores. “Una oportunidad para contribuir a superar los retos de la crisis generada por la COVID-19, promoviendo la transición ecológica y justa hacia una economía baja en carbono y circular”, explica la Fundación.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 20 de febrero hasta el 15 de marzo de 2021 para contratos iniciados entre 5 de mayo de 2019 y el 15 de septiembre de 2020.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes la convocatoria de ayudas destinada a la contratación de personal investigador en centros públicos y privados para el año 2018, una línea dotada con más de 470.000 euros, que está dirigida a investigadores menores de 30 años. 

La convocatoria, realizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, queda enmarcada  dentro de las medidas para la retención y el retorno del talento, para personas jóvenes incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos ris3).

Según detalla la convocatoria, se concederán hasta un máximo de ocho ayudas, de las que dos se reservarán para personas con discapacidad, siendo el importe a conceder de cada beneficiario de más de 29.700 euros anuales, distribuidos en doce mensualidades, con una duración de 24 meses, que cubrirá el salario y las cuotas correspondientes a la cobertura de la Seguridad Social. 

Esta actuación permitirá continuar en la labor de promoción del empleo juvenil y en la potenciación de la investigación en el ámbito del Sistema Regional de I+D+I, complementándose con otras iniciativas ya puestas en marcha en la presente legislatura

Entre ellas, se encuentran las ayudas destinadas a la formación de personal investigador, las relativas a la contratación de doctores y las novedosas líneas de ayudas de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio, que han supuesto en total 90 nuevos contratos laborales e incentivado tanto la creación de empleo de calidad como el desarrollo de actividades de I+D+I.

Para el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, con esta nueva medida “se pretende seguir con la línea que está llevando a cabo el Gobierno regional para el desarrollo y consolidación de la carrera científica de jóvenes investigadores en la región”, al mismo tiempo que se mejora “el desarrollo de capacidades en distintos ámbitos de especialización, promoviendo y mejorando la empleabilidad de este colectivo investigador”.

Los interesados en acudir a esta convocatoria deberán presentar las solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla. 

Más de 40.000 personas de la región se han beneficiado ya del Programa Operativo Local del Fondo Social Europeo (FSE) aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en diciembre de 2015 con un presupuesto de 236 millones de euros, de los que el 80% está financiado por la Unión Europea y el 20% restante por el Ejecutivo regional. Según la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, el programa, que finaliza en el 2020, está compuesto de 51 medidas contra el desempleo y el fomento de puestos de trabajo caracterizados por la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el desarrollo de recursos humanos mediante formación de calidad, el crecimiento económico y la competitividad en el conjunto de la Unión Europea.

Desde su aprobación en 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha desde ayudas e incentivos a la contratación y proyectos de inserción laboral, hasta inmersión lingüística o alfabetización digital. Junto al Fondo Social Europeo, el presupuesto de la Junta se ha centrado en fomentar medidas como la contratación indefinida de desempleados de larga duración; el Contrato Joven; y el asesoramiento laboral en los Centros de la Mujer, entre otras.

Entre los requisitos para disfrutar de muchas de estas acciones formativas, asesoramiento o ayudas económicas, las personas interesadas deben ser jóvenes y estar inscritas en el fichero de Garantía Juvenil.

Acceso a cursos de calidad

“El sistema de Garantía Juvenil es una manera de acercar a las personas tanto al ámbito laboral como a la formación, ya que durante los cursos se combinan ambos factores fomentando la puesta en práctica de todos los conocimientos teóricos. Además, la inscripción en Garantía Juvenil te permite acceder fácilmente y, de forma gratuita, a cursos de calidad”, cuenta Inma Ramos, alumna de uno de los últimos cursos desarrollados entre la Junta y el Fondo Social Europeo. Financiado en su totalidad, la acción sobre Emprendimiento, Comunicación y Marketing desarrollada en Socuéllamos (Ciudad Real), permitió al alumnado adquirir conocimientos sobre innovación, ideas de negocio, elaboración de páginas web, redes sociales, marketing o contabilidad.

“Gracias a este curso hemos conseguido las herramientas y la formación necesarias para que seamos nosotros los que busquemos la oportunidad laboral. A pesar de que yo estudié magisterio, y no existe a simple vista una relación clara entre la docencia y el emprendimiento, actualmente cualquier profesional debería tener nociones sobre el emprendimiento ya que es una opción más que hay que tener en cuenta ante las dificultades para encontrar un empleo tanto en el sector público como en el privado”, añade Inma Ramos. Destaca cómo durante el curso profesionales emprendedores se encargaban de realizar tutorías personalizadas en las que destacaban su propia experiencia.

“Es una buena oportunidad para acercarnos al mundo laboral desde una perspectiva emprendedora ya que no se suele tener una formación previa de esta opción de trabajo. Además, el curso lo desarrollaba la Cámara de Comercio, garantizando así su fiabilidad”, destaca.

Una experiencia de negocio propio

El emprendimiento terminó siendo la elección de Beatriz Mejías quien, en Alcázar de San Juan inauguró hace dos años la academia ‘Excellent Idiomas’. “Tras asistir a varias formaciones de la Junta decidí abrir mi propio negocio aprovechando los conocimientos en materia de empresa y mi formación como profesora”, explica Mejías. Asegura que los cursos ofrecen las herramientas necesarias para compaginar las prioridades empresariales con su profesión. “En mi negocio la relación con los clientes es clave, por lo que siempre intento mantener una actitud cercana y estar pendiente de sus necesidades individuales. Desde mi punto de vista como empresaria, es lo que hay que primar”, añade.

Los cursos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Fondo Social Europeo, subraya, aciertan por la importancia que le dan al marketing y la gestión de redes sociales. “Para que un negocio se conozca en tu localidad hay que gestionar eficazmente las redes sociales y la formación en este campo es primordial”.

Según la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 61% del alumnado del Programa Operativo Local del Fondo Social Europeo son mujeres y un 66% personas desempleadas, de las cuales, el 40% lo eran de larga duración.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha aprobado un Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor cercano a los 800.000 euros a Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y Fundación Acción contra el Hambre para el desarrollo del Programa Operativo de -Inclusión Social y Economía Social- y a YMCA para el desarrollo del Programa Operativo -Empleo Juvenil-, que proceden del Fondo Social Europeo.

Tanto Cruz Roja Española como Fundación Secretariado Gitano y Cáritas recibirán 220.000 euros cada una entre 2017 y 2020. Mientas, la Fundación Acción contra el Hambre recibirá la cantidad de 108.000 euros e YMCA la cantidad de 18.000 euros, en su caso hasta 2019, repartidos en varias anualidades.

Los proyectos de Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y Fundación Acción contra el Hambre deberán ejecutarse desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 31 de octubre de 2019. En el caso de YMCA, el proyecto deberá ejecutarse desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 31 de octubre de 2018.

El Programa Operativo de 'Inclusión Social y Economía Social' tiene como propósito contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y tiene programadas actuaciones para el fomento del empleo sostenible y de calidad en el empleo y relacionadas con la movilidad laboral además de promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Por otro lado, el Programa Operativo de 'Empleo Juvenil' tiene, entre otros objetivos, mejorar el nivel educativo, la empleabilidad y la situación laboral de las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación y formación con actuaciones dirigidas a aquellas que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la garantía juvenil.

¿Qué proyectos serán subvencionados?

El Decreto describe cada uno de los proyectos que recibirán subvención. En el caso de la Fundación Secretariado Gitano recibirán ayudas su Proyecto 'Itinerarios, que busca aumentar la integración socio-laboral, la contratación en el mercado de trabajo y el empleo por cuenta propia de personas gitanas y también el Proyecto 'Igualdad Mujeres Gitanas', para la promoción de la igualdad de oportunidades e integración socio-laboral de mujeres gitanas.

En cuanto a Cruz Roja Española se subvenciona su Proyecto 'Alianzas' que lleva a cabo la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión. El proyecto se concreta en la generación de alianzas con empresas (Reto Empresarial) y otros actores del mercado de trabajo y ciudadanía (Reto Social). También recibirá apoyo el Proyecto 'Entredades', cuyo objetivo se centra en reducir las barreras que condicionan la empleabilidad en función de la edad de las personas, que se ha convertido en un factor que dificulta, cuando no discrimina en el acceso al empleo y el Proyecto 'Puentes' para la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral de mujeres muy alejadas del mismo y que sufren discriminación múltiple por pertenecer a colectivos en riesgo, especialmente responsables de familias monoparentales, víctimas de violencia de género, inmigrantes y/o mayores de 45 años, con baja o nula cualificación, sin experiencia laboral o escasa o con empleos precarios, o con experiencia o formación, pero descualificadas con los requerimiento actuales.

También recibe financiación el Proyecto 'Itinerarios de inclusión activa para personas en dificultad social', cuyo objetivo consiste en desarrollar itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral, y medidas específicas para personas en situación de dificultad social (mujeres, jóvenes, personas paradas de larga duración, personas drogodependientes, personas con dificultades de inserción, entre otros colectivos…), por cuenta propia o ajena, mediante dispositivos territoriales.

El proyecto a realizar por la Fundación Acción contra el Hambre será 'Vives Proyecto: Itinerarios de Equipos de Inclusión', cuyo objetivo es facilitar el acceso al mundo profesional de personas en riesgo de exclusión a través de la mejora de la empleabilidad y la adquisición de competencias emprendedoras. Consta de dos itinerarios complementarios integrados de inserción que abordan el empleo por cuenta ajena y el emprendimiento inclusivo: por un lado, 'Vives Emplea' con seis itinerarios con una duración de un año y uno de seis meses de duración que llegarán a 325 personas desempleadas y 'Vives Emprende' que incluye la realización de tres itinerarios de un año de duración cada uno y otro más de seis meses, que llegarán a 245 personas.

Los proyectos subvencionados a Cáritas son 'Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral', cuyo objetivo consiste en llevar a cabo la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión basado en una mejora de su empleabilidad a través de un acompañamiento individualizado a cada una de las personas que se encuentran en situación de búsqueda de empleo y el Proyecto 'Formación para la Inserción Sociolaboral', cuyo objetivo se centra en la mejora de la empleabilidad de las personas y su acceso al empleo a través de diferentes procesos de formación mejorando la formación inicial y específica de las personas en situación o riesgo de exclusión social, de tal manera que se pueda facilitar el acceso y mantenimiento a un empleo.

Entre las distintas acciones destacan los talleres prelaborales, cursos de formación ocupacional, desarrollo de procesos de acompañamiento en empresas a través de la formación en puestos de trabajo, prácticas formativas no laborales y formación en empresas de economía social.

Además, recibirá ayudas el Proyecto 'Consolidación de Empleo en Economía Social, para aumentar la contratación y mantener en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos en situación o riesgo de exclusión social por parte de entidades de la economía social

El proyecto a realizar por YMCA es el proyecto 'Itinerarios individualizados de orientación profesional', cuyo objetivo es incorporar al mercado laboral, la educación o la formación ocupacional a un total de 450 jóvenes castellano-manchegos incluidos en el Sistema de Garantía Juvenil, a través de itinerarios personalizados, llevando a cabo acciones de tutorización individualizada, talleres grupales, formación ocupacional, prácticas en empresas e intermediación laboral.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) va a poner en marcha un proyecto pionero denominado ‘Incluye e Inserta UCLM’, tras haber sido seleccionada por la Fundación ONCE como una de las 15 universidades españolas para desarrollar programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual. Esta formación cuenta también con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo 2014-2020, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

“El año pasado conocí a un grupo de alumnos con discapacidad intelectual que estaban cursando la FP adaptada en un instituto de Albacete. Como mi tesis doctoral va encaminada a los derechos de las personas con discapacidad, pensé que esa progresión académica que estaban obteniendo no tenía por qué terminar con el instituto y por eso decidí presentar este proyecto para la universidad”, explica Carmen María Fajardo Martínez, secretaria académica del proyecto.

Esta propuesta formativa de la Universidad de Castilla-La Mancha es uno de los resultados del grupo de investigación jurídico 'Discapacidad y Políticas Públicas' (DISCAPUBLIC), y su objetivo principal es incluir a alumnos con discapacidad intelectual en el espacio universitario. “Creemos que el aprendizaje tal y como se imparte en la Universidad debe dar una vuelta y conseguir que todos los alumnos puedan recibir este tipo de aprendizaje”, señala Carmen María.

El objetivo de este programa es asegurar a estos jóvenes los aprendizajes necesarios, “como ciudadanos de pleno derecho y como futuros trabajadores” para una normalizada inserción en el mercado de trabajo, y buenas prácticas en las relaciones en entornos laborales garantizando a todos las mismas oportunidades, desde la inclusión en un escenario educativo socialmente responsable.

El título propio estará coordinado a través del Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas (IDINE), el grupo de investigación DISCAPUBLIC y la Facultad de Educación de Albacete, y estará dirigido por los profesores de la Universidad regional: José Manuel Juiz, director del IDINE; Juana Morcillo, investigadora principal del grupo DISCAPUBLIC y la profesora de Secundaria y doctoranda de la UCLM, Carmen María Fajardo, colaboradora en este grupo de investigación, y de cuya tesis en elaboración, como ha explicado, surge esta iniciativa.

Este programa va dirigido a jóvenes mayores de 18 años y que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. “Este proyecto ha participado en una convocatoria de la ONCE que salió en el mes de junio en la que hemos competido varias universidades por lo que los futuros alumnos tienen que cumplir estos dos requisitos porque lo financia el Fondo Social Europeo”, explica la secretaria del proyecto. El programa, para el que se oferta un total de 15 plazas comenzará el próximo mes de noviembre y los interesados pueden preinscribirse y realizar la matrícula desde el 2 de octubre al 17 de noviembre.

“Me mueve la ilusión porque creo que es un proyecto que se tiene que poner en marcha y es una obligación de la universidad y más aun con el rol que ha asumido hace poco de nueva universidad que tiene caracter social”, asegura Carmen María Fajardo Martínez.

El programa de modalidad presencial y carácter modular, con un total de 30 créditos, se encuentra estructurado en dos partes. La primera de carácter general y la segunda más específica de inserción laboral, en la que se incluye el periodo de prácticas. El curso, que se va a impartir en la Facultad de Educación de Albacete comenzará el 20 de noviembre y finalizará el 31 de julio.

Más de 350 mujeres asesoradas y cerca de 70 empresas creadas. Este es el balance que realiza la Cámara de Comercio e Industria de Toledo de los resultados del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) financiado por el Fondo Social Europeo (FSE) y el Instituto de la Mujer durante el año 2016.

El perfil de las usuarias que han acudido al Programa de Apoyo Empresarial de la institución cameral toledana se corresponde con el de una mujer de entre 25 y 45 años en paro, con experiencia y buena formación académica (52% universitarias y 14% ciclo formativo de grado superior).

En cuanto a las consultas más demandadas, destaca que más del 85% de las usuarias solicita información sobre trámites para iniciar una actividad empresarial ayudas, subvenciones y líneas de financiación, un 42% sobre el desarrollo de planes de viabilidad o el estudio de las condiciones de mercado que afectan a su negocio para determinar las posibilidades de éxito con las que cuentan.

Se percibe un cierto predominio de las actividades empresariales sobre las profesionales, siendo las más usuales el comercio minorista. También destacan las actividades a través de internet y la prestación de diferentes servicios dirigidos a empresas.

Desde la Cámara de Comercio se ofrece a las emprendedoras y empresarias información y orientación sobre los distintos instrumentos existentes para el apoyo empresarial, las ayudas técnicas y financieras y los procedimientos a seguir para la creación de empresas, además de cursos de formación. También se desarrolla una estrategia de sensibilización y animación para emprender a través de jornada y talleres en la provincia.

La Universidad Popular Francisco Afonso de Puerto de la Cruz ha puesto en marcha el programa SARA, una iniciativa cuyo objetivo es formar a 20 mujeres del municipio y con más de 45 años facilitándoles el acceso a una formación orientada a la inserción laboral. El programa tendrá lugar durante los meses de febrero y mayo en la sede del centro educativo.

El Programa SARA es financiado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a través de la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social con una dotación de 15.884€.

Consta de tres fases que se desarrollarán durante 16 semanas siguiendo el plan formativo presentado por la Universidad. Entre el asesoramiento que se prestará a las alumnas en la primera fase del proyecto se encuentra un coaching con tutorías personalizadas y búsqueda del crecimiento personal. Al mismo tiempo, se darán nociones interrelacionadas de inglés e informática. 

La segunda fase está formada por tres cursos independientes homologados, que se celebrarán en la Universidad Popular y que serán impartidos por Radio ECCA, Club Barman Canarias y por el Centro de Enseñanzas Insulares de Tenerife (CTEIF).

La última fase, que se prolongará durante el mes de mayo, estará centrada en la necesidad de conocer cómo utilizar internet en la búsqueda activa de empleo. Esta fase se realizará en las instalaciones del Centro de Iniciativas Empresariales, en el mercado municipal.

Por último, las alumnas tendrán la oportunidad de realizar prácticas en algunas empresas del municipio.

España empezó 2015 con 11 partidas del Fondo Social Europeo (FSE) del marco 2007-2013 suspendidas, tanto del Gobierno de la Nación como de comunidades autónomas, de las que cuatro fueron liberadas a finales del ejercicio. Otras tantas acaban de ver levantada la suspensión en lo que va de 2016, por lo que en estos momentos quedan tres interrumpidas: una del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; otra de Baleares; y una tercera de Andalucía, con 486 millones de euros, cuyo abono está retenido. Esta situación coloca a los gestores bajo la lupa de la Comisión Europea, que cierra el grifo hasta verificar los datos.

En el caso de Andalucía, este bloqueo ha estado en el centro de la polémica esta semana después de que la información -en gran medida ya publicada- fuera el eje de una de las comparecencias en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía sobre el fraude con los fondos de formación para el empleo. Si la Junta de Andalucía no convence a los auditores de la Comisión Europea que “en las próximas semanas” visitarán la comunidad autónoma, podría perder el derecho a nutrirse de todos o parte de esos FSE.

Como ya ha ocurrido en el caso de media docena de comunidades autónomas: Cataluña, que ha perdido 65,5 millones de euros; Madrid, 43,2; Comunidad Valenciana, 19; Baleares, 17,7; Aragón, 8,1; y La Rioja, 3,5, básicamente por no ejecución en tiempo y forma, de manera que este dinero se redestribuye. En todo caso, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido este jueves en la sesión de control que la comunidad autónoma “no ha perdido ni un solo euro” de la UE porque son retenciones provisionales que se liberan cuando los auditores confirman que la gestión está siendo correcta.

En este contexto, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez Arellano, coincide esta inspección supondrá “levantar la suspensión” y que la comunidad autónoma pueda recibir 468 millones de euros que permacen retenidos. En este sentido, ha enfatizado, también durante el pleno del Parlamento de Andalucía y a preguntas del PP-A, que “en ningún momento se ha producido menoscabo o problema presupuestario ni económico” por esta situación.

En esta línea, recalca que el bloqueo de estas partidas es “provisional” y una medida “habitual” en la Comisión Europea si la Intervención General de la Junta de Andalucía detecta “incidencias de más de un 2% en la ejecución”, como ha sido el caso. Ha insistido en que los informes correspondientes a los años 2012 y 2013 superaban ese límite, por lo que entró en vigor la suspensión y se elaboró un plan para mejorar la gestión y trámites de certificación. Como resultado de su aplicación, el informe sobre 2014, presentado hace un año, reconoce ya unas tasas de incidencia de sólo el 1,94% y se dice que los sistemas de gestión y control establecidos funcionan “de manera eficaz y con garantías”. Por ello, la Junta de Andalucía lleva un año esperando su levantamiento y con estos datos espera que los auditores lo determinen próximamente.

Desde el PP-A, el diputado Pablo Venzal no ha salido convencido de la respuesta y se ha reiterado en su idea de que hay “descontrol, incompetencia y clientelismo político”. Ha advertido de que si la Unión Europea no hace frente al pago de esas facturas, tendrá que soportarse con recursos propios de la Junta de Andalucía, con lo que ha pedido al consejero que explique cuánto podría costar a los andaluces.