Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.

El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

La empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), cobró de forma íntegra el peaje a 1,8 millones de conductores, pese a que no presta el servicio adecuado desde que, en noviembre de 2024, se produjo un desprendimiento que mantiene la vía en obras.

Esta es la estimación que baraja la Dirección General de Consumo de Asturias, que calcula que en los 16 meses transcurridos desde que cayó el argayo, la empresa ha llegado a ingresar en sus arcas hasta 29,6 millones de euros.

Sin rapidez, seguridad, ni fluidez

El Gobierno regional asegura que la empresa está percibiendo unos ingresos de forma indebida por circular por una autopista que es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, sin que ofrezca las condiciones de “rapidez, seguridad y fluidez”.

El argayo cortó parte de la autopista y obligó a crear un bypass provisional en tanto se ejecutan las obras de estabilización del talud, por lo que las obras que se están acometiendo para la modernización de sus túneles obligan a circular a una velocidad mucho menor de lo que permite una autopista.

El requerimiento

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no se limita a constatar una situación que ha provocado las quejas de miles de conductores y organismos, sino que ha ido más allá.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este miércoles que la Dirección General de Consumo ha remitido un requerimiento formal a Aucalsa, tras constatar las deficiencias en la prestación del servicio en esta infraestructura.

Las futuras actuaciones

En este requerimiento, solicita información detallada a la concesionaria sobre la situación de la autopista, la planificación, la duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje.

La empresa dispone de plazo hasta el próximo martes, día 31 de marzo, para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Principado antes de determinar posibles actuaciones.

Las reclamaciones

El consejero ha explicado que la actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de usuarios, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), y de la realización de inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas.

Entre otras, destacan las limitaciones de velocidad, las retenciones, las obras simultáneas y las deficiencias en la señalización.

Una vía sin condiciones adecuadas

Ovidio Zapico considera que existen indicios de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas y ha resaltado el hecho de que esta situación irregular se está prolongando en el tiempo, lo que genera un malestar generalizado entre la ciudadanía.

“El Gobierno de Asturias está con las personas usuarias y consumidoras. ¿Quién no se ha indignado al pasar por ahí? Yo creo que es de sentido común y es vergonzoso. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad?”, ha interpelado.

El precedente en Galicia

Zapico ha recordado además que existe un precedente reciente del Tribunal Supremo (TS) en relación con la autopista AP-9, en Galicia, donde se determinó la improcedencia de cobrar íntegramente el peaje durante la ejecución de obras que afectaban a la normal circulación.

“Hay coincidencias evidentes entre ambos casos”, ha admitido el consejero aunque se muestra cauto, a la espera de la respuesta que ofrezca la empresa concesionaria en sus alegaciones.

Las inspecciones técnicas

Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha coincidido con el consejero en que desde la concesionaria se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente.

Asimismo, ha detallado que las inspecciones técnicas realizadas han corroborado las reclamaciones recibidas y evidencian que “las condiciones de circulación actuales no se corresponden con las que justifican el pago del peaje”.

Descuentos o devoluciones

Si se confirma que el cobro es indebido, la postura más razonable sería, en su opinión, que se aplicaran descuentos e incluso devoluciones a los usuarios.

A este análisis se ha sumado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien ha puesto de manifiesto la falta de información por parte de la concesionaria sobre la planificación de las obras y su duración, así como en la ausencia de medidas para adaptar el coste del peaje a las condiciones reales del servicio.

La motivación

Beatriz González Prieto ha señalado que el requerimiento también busca esclarecer “cuál es la motivación para no minorar la cantidad que se está cobrando”.

La viceconsejera ha recordado que el Gobierno de Asturias actúa dentro de sus competencias para “defender a los consumidores y exigir el cumplimiento de los contratos”, mientras mantiene vigente su reivindicación política para lograr la supresión del peaje del Huerna.

El Gobierno de Asturias no se desanima por la falta de respuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a sus reiteradas peticiones para que le haga caso y acuerde la suspensión temporal del peaje de la autopista del Huerna (AP-66). Si hace falta, reitera cuantas veces sea preciso su petición, mientras apela a la jurisprudencia para sustentar su solicitud con argumentación jurídica.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha remitido una nueva comunicación al ministerio que está bajo la responsabilidad del también socialista Óscar Puente en la que reitera formalmente la solicitud de suspensión temporal del peaje de la AP-66, ante las afectaciones acreditadas a la movilidad derivadas de las obras en ejecución y de las limitaciones recurrentes en la red viaria alternativa.

 “Esta nueva reclamación da continuidad a la comunicación remitida al ministerio el pasado 5 de febrero y a otras previas, trasladadas en los últimos meses, cuyos argumentos se reiteran íntegramente en el nuevo escrito”, explica el Gobierno asturiano en un comunicado oficial que ha hecho público este lunes.

Obras e incidencias

En este escrito argumenta que la autopista se encuentra afectada de manera simultánea y prolongada por las obras de modernización de los túneles del Huerna y por las actuaciones de emergencia y estabilización del talud tras el desprendimiento registrado en noviembre de 2024, circunstancias que han supuesto “reducciones de carril, circulación por calzada contraria, estrechamientos y limitaciones de velocidad”.

 Pese a su insistencia, aún no ha obtenido respuesta alguna en las tres peticiones que le ha realizado en los últimos meses.

Las limitaciones

Según los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico, “estas intervenciones han generado episodios reiterados de circulación irregular, retenciones prolongadas, velocidades muy reducidas y aumentos significativos en los tiempos de recorrido, con impacto directo en el nivel de servicio de la infraestructura”.

A esta situación se suman las limitaciones severas en la red alternativa gratuita, especialmente en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, donde “los temporales de nieve han provocado restricciones al tráfico pesado, exigencia de cadenas o neumáticos de invierno y cierres puntuales”, expone el Gobierno asturiano.

Las retenciones

Además, el Principado alude en esta nueva comunicación al desprendimiento registrado la pasada semana en la N-630 en el entorno del puerto de Pajares, que obligó a establecer un paso alternativo regulado y a restringir la circulación mientras se retiraba el material. Esta incidencia generó retenciones significativas y volvió a limitar la capacidad operativa de la principal vía alternativa gratuita.

El Gobierno de Asturias no se limita a exponer la situación y a pedir que se adopten medidas, sino que alude a las resoluciones judiciales que respaldan su posicionamiento y le dan la razón en su reclamación.

Jurisprudencia

En este sentido, recuerda la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con la AP-9 que aplica la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (TS) y por la que refuerza el principio de proporcionalidad entre el peaje abonado y el nivel de servicio prestado cuando existen afectaciones relevantes acreditadas.

“En este contexto, el Principado considera necesario que el ministerio analice de forma específica la situación actual de la AP-66 y valore la adopción de medidas temporales de suspensión del peaje o, en su caso, mecanismos de compensación proporcional en los días en que se constate una significativa reducción de la fluidez del tráfico”, añade.

El Ejecutivo autonómico incide en que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio. Ambas vías son diferentes y compatibles.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa) a devolver de forma parcial peajes que usuarios de la AP-9 pagaron durante la ejecución de las obras de ampliación del puente de Rande y de los accesos a O Morrazo y a Teis, en Vigo, entre 2015 y 2018.

La sala concluye que la empresa tendrá que devolver el precio de los peajes cobrados en aquellos casos en los que inclumplió sus obligaciones. “Esto es, cuando la ejecución de las obras afectó a la fluidez del tráfico y, a pesar de ello, no informó debidamente a los usuarios”, recoge la sentencia, según informa Europa Press.

Así, ordena que abone a los demandantes -empresas y particulares- la mitad del peaje correspondiente a los días en los que, según un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), el nivel de servicio fue catalogado como negro, rojo o amarillo, “siempre que se justifique a través de las facturas aportadas a los autos el trayecto realizado, determinación que, a falta de acuerdo, deberá realizarse en fase de ejecución de sentencia”.

De esta forma, el tribunal resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña, confirmando su decisión en cuanto a la condena a Audasa a indemnizar a los demandantes. Sin embargo, estima parcialmente el recurso de la compañía, pues establece que la devolución solo procederá en aquellos días en que se demuestre que las obras afectaron la fluidez del tráfico.

“No compartimos el criterio de los demandantes, acogido en la sentencia de instancia, de que el mero hecho de la existencia de las obras justifique el incumplimiento contractual y, en consecuencia, se pueda considerar que el incumplimiento abarcó todo el periodo de realización de las obras, con independencia de que se hubiese realizado el trayecto sin incidencia alguna o con retenciones que afectaban a la fluidez”, explica la sala en la sentencia.

En la misma añade que entiende que el incumplimiento se produjo “cuando las obras afectaron a la fluidez y prestaciones propias de la autopista y, a pesar de ello, no se informó de esta circunstancia a los usuarios con la antelación suficiente para evitar el atasco o poder escoger una ruta o vía alternativa”. En atención a la prueba practicada, los jueces indican en la resolución que está demostrada que estas circunstancias se dieron cuando el nivel de servicio de la vía era negro, rojo o amarillo.

Además, la Audiencia destaca que Audasa, “pese al conocimiento de un hecho cierto y seguro como era la realización de las obras y de su larga duración, y de otro cierto y seguro como que el servicio, en ocasiones, lo iba a prestar de modo deficitario, no adoptó ninguna medida”.

“Durante las obras, y a pesar de los atascos, retrasos, incidencias graves y menos graves, quejas de los usuarios, repercusión en la sociedad, en los medios de comunicación y en las instituciones, mantuvo exactamente la misma conducta ajena a la debida diligencia y no trató ni siquiera entonces de corregir la situación existente, ni rebajó el precio del peaje ante esa merma en el servicio, compensando a los usuarios por la defectuosa prestación que éstos iban a tener que soportar”, subrayan. Los magistrados afirman que “no es admisible que la contraprestación del usuario sea la misma que cuando el servicio se presta en condiciones de normalidad y que no se informe, con la debida antelación, sobre la repercusión efectiva de las obras en la circulación”.

Asimismo, recalcan que, cobrar todo el importe del peaje, “cuando el servicio era deficiente, incluso en ocasiones caótico, con largas retenciones de vehículos”, afecta “al equilibrio en el contrato, haciendo que resulte más gravoso para el usuario que debe cumplir en su totalidad su prestación, mientras que no recibe en iguales términos la prestación contraria”.

En el fallo, la Audiencia concluye que Audasa, durante la realización de las obras, “cumplió defectuosamente sus obligaciones, al no prestar los servicios propios e inherentes al concepto de autopista con la normalidad que era de esperar y le era exigible”. Tal actuación, según la sentencia, “causó un desequilibrio en las prestaciones entre los contratantes, y con ello un evidente perjuicio a los demandantes, menoscabando sus derechos”. Pese a todo, el fallo no es firme, pues puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Precisamente el Supremo condenó a Audasa el pasado mes de octubre a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación de Rande, estimando el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera Asetra-CETM Asturias, Astra, Cesintra, Asvipymet y CAR han activado la maquinaria jurídica contra la prórroga del peaje del Huerna con la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho contra el real decreto, aprobado en el año 2000, por el que se amplió en 29 años el plazo concesional de la autopista AP-66, entre Asturias y León.

Fade y las cinco asociaciones aseguran que la ampliación supuso una “modificación sustancial” de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea de contratación pública, “debería tramitarse mediante una nueva adjudicación y no como una mera modificación contractual”.

Seis meses para resolver

A partir de ahora, el Consejo de Ministros dispone de un plazo de seis meses para resolver y en caso de desestimación o silencio administrativo se abriría la vía contencioso-administrativa.

Con esta acción de nulidad quieren que el Gobierno central revise este real decreto ya que, según exponen, esta ampliación ha supuesto un “sobrecoste injusto” y “sostenido en el tiempo” para las empresas asturianas.

“El peaje del Huerna no es solo una infraestructura, sino un factor que condiciona la competitividad de la industria, del transporte y de la logística asturiana”, afirman.

El impacto

Además, comparan esta situación con otras comunidades autónomas donde operan “sin este coste adicional en sus principales vías de salida” en contraste con lo que ocurre en la región donde las empresas asturianas “soportan una carga diferencial que impacta directamente en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión”.

Esta iniciativa es, a su juicio, compatible con el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea frente a España por posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en relación con esta ampliación concesional.

“Una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) reforzaría la posición jurídica defendida por las organizaciones empresariales”, advierten.

Esta acción se une a la emprendida por el Gobierno de Asturias que ha puesto en marcha el proceso para impugnar la prórroga de la concesión del peaje a través de una solicitud formal de revisión de oficio. 

El beneficio “ilícito” de Aucalsa

El pasado 6 de febrero, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, cifró en 60 millones de euros el beneficio que está obteniendo la empresa Aucalsa “de forma ilícita” por el peaje del Huerna y reclamó a la concesionaria la devolución de esa cuantía que ha logrado, según corroboró, a través de una práctica que “es un engaño y una auténtica estafa a los usuarios”.

La Unión de Consumidores ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento “sistemático, continuado y de extrema gravedad” en la gestión de la autopista AP-66.

La Unión de Consumidores de Asturias ha cifrado en 60 millones de euros el beneficio que está obteniendo la empresa Aucalsa “de forma ilícita” por el peaje del Huerna. Su presidente, Dacio Alonso, ha reclamado a la concesionaria la devolución de esa cuantía que ha logrado, según expone, a través de una práctica que “es un engaño y una auténtica estafa a los usuarios”.

Alonso no se ha limitado a quejarse, sino que una vez recopilada toda la información y con los cálculos económicos contrastados ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento “sistemático, continuado y de extrema gravedad” en la gestión de la autopista AP-66.

El beneficio de Aucalsa

La denuncia se ampara en los artículos 24 y 37 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ante los abusos de la concesionaria, que habría obtenido hasta 60 millones de euros mediante un peaje que califica como “abusivo” ya que solo permite disfrutar de alrededor del 60 por ciento de la autopista.

Casi 4.000 personas se han inscrito en el registro de afectados habilitado por la Unión de Consumidores y que muestra el cabreo de los usuarios de la autopista, fundamentalmente trabajadores, familias, transportistas y empresas que “no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta”, señalan desde la Unión de Consumidores.

Una cadena de incidencias

Dacio Alonso anunció la presentación de esta denuncia en una rueda de prensa celebrada este viernes en Oviedo donde hizo un relato de las numerosas incidencias que se están registrando y que no son novedosas, ya que los primeros problemas comenzaron en noviembre de 2024, cuando un desprendimiento de tierras y rocas -un argayu- a la altura del kilómetro 76 provocó el corte total de la autopista durante más de 15 días, paralizando la principal arteria de comunicación del Principado.

La vía no se reabrió hasta finales de mes mediante un bypass provisional, en condiciones claramente inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.

Cortes de calzada

A partir del 7 de julio de 2025, las obras de modernización de varios túneles -como Entrerregueras, Pando o Vegaviesga- generaron cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales incompatibles con un servicio de alta capacidad.

“Las incidencias afectan de forma directa a unos 30 kilómetros de los 74 del tramo concesionado Campomanes-León, es decir, más del 40 por ciento del recorrido, alterando de manera grave y continuada la naturaleza misma del servicio contratado”, añaden desde la entidad.

Hay retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses

Dacio Alonso — Presidente de la Unión de Consumidores de Asturias

Circular como carretera secundaria

Pese a todas estas circunstancias, los usuarios se han visto obligados a pagar el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación alguna. El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes más caros del país.

Dacio Alonso lo describe gráficamente: “Hay retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses”.

Cláusula abusiva

Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica puesto que se exige al usuario el cumplimiento íntegro de su obligación de pago mientras la concesionaria incumple de forma notoria la suya, vulnerando el principio básico de reciprocidad contractual.

Aucalsa conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables

La denuncia subraya, además, la falta absoluta de información previa y transparencia: “Aucalsa conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables”.

Esta omisión impidió a miles de personas decidir libremente si utilizar o no la autopista, viciando su consentimiento y obligándolas a pagar por un servicio que sabían o debían saber que no podían prestar en condiciones normales.

El respaldo jurídico

La controversia en torno al cobro del peaje vuelve a situar en el centro del debate la obligación de las administraciones y concesionarias de reparar de oficio cuando se detecta una actuación generalizada y perjudicial para los usuarios.

“Desde la óptica de la Unión de Consumidores, el caso encaja plenamente en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 y recuerda de forma directa al precedente del radar del túnel de La Bolgachina, en Oviedo, donde la DGT anuló y devolvió automáticamente más de 15.800 multas al reconocer que no podía exigir pruebas individuales a los conductores cuando ella misma disponía de todos los registros”, rememora.

Guardar los tickets

La Unión de Consumidores considera que en un servicio de peaje utilizado a diario por miles de personas, “resulta irrazonable pedir a los consumidores que conserven tickets de pagos en efectivo o justificantes de trayectos realizados meses atrás, mientras que la concesionaria Aucalsa sí cuenta con sistemas de control, datos de tránsito y facturación que permiten identificar con precisión a los afectados”.

Esta desigualdad probatoria, recogida en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refuerza a su juicio la necesidad de una devolución o compensación de oficio, evitando que la falta de un recibo se convierta en un obstáculo y garantizando una reparación efectiva, transparente y acorde con el interés general.

El precedente del Tribunal Supremo

Además, advierte que hay precedentes claros que dan un respaldo a su denuncia. Es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) relativa a la AP-9 y las obras del Puente de Rande. En aquel caso, el alto tribunal declaró abusivo cobrar el peaje íntegro cuando las obras impedían una circulación fluida y segura, aun cuando la afectación se limitaba a apenas unos kilómetros dentro de una autopista de más de 200.

“En el Huerna, la situación es objetivamente más grave. No se trata de un tramo puntual, sino de una afectación estructural y prolongada que alcanza a más del 40 por ciento del recorrido, lo que refuerza -si cabe- la aplicación del criterio jurisprudencial”, comenta.

la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros

Un expediente sancionador

Según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Asturias, Aucalsa habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras, pese a no prestar el servicio en condiciones normales. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros.

Por ello, la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros.

Una infraestructura esencial

La AP-66 arrastra décadas de polémica. Es una concesión prorrogada hasta 2050, cuestionada por la Comisión Europea, un modelo tarifario “injusto” y un impacto económico “desproporcionado” sobre un territorio que depende de esta vía para su actividad diaria, asevera la entidad.

La Unión de Consumidores de Asturias, que lleva años denunciando estos abusos, reafirma con esta acción su compromiso histórico con la defensa de los derechos sociales y lanza un llamamiento a la unidad de acción entre instituciones y ciudadanía porque, según incide, “no es aceptable que quienes dependen del Huerna para trabajar, viajar o vivir su día a día sigan pagando como si nada ocurriera por un servicio degradado, colapsado y cada vez más caro”.

Una infracción grave

“Cobrar el peaje íntegro mientras el servicio se presta en condiciones degradadas y sin información previa vulnera la normativa de consumo, rompe la reciprocidad contractual y constituye un desequilibrio grave en perjuicio del usuario”, sostiene la Unión de Consumidores.

Los hechos encajan en una infracción grave en materia de consumo, por su carácter masivo, continuado y lucrativo, lo que permite imponer sanciones proporcionales al beneficio ilícito obtenido, además de ordenar el cese inmediato de la práctica y la restitución automática de las cantidades indebidamente cobradas.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remirez, ha anunciado que la autopista AP-15, vía rápida que vertebra la comunidad foral de norte a sur, será gratuita para los turismos a partir de 2029, cuando la empresa pública Nafarbide asuma la titularidad. En este plan también se incluye la AP-68, aunque no ha concretado la fecha de entrada en vigor de la medida.

Según ha explicado Remírez, cuando finalicen las concesiones, en el caso de la AP-15 en 2029, “pasarán a titularidad del Gobierno de Navarra a través de la empresa pública de Nafarbide”, cuya integración supone que se cobren los viajes “únicamente a tráfico pesado, no a los turismos”.

Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial declaró en julio de 2025 que Nafarbide, sociedad pública encargada de gestionar el “dominio público viario”, implantaría “un sistema de cobro a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad”, correspondiendo a las autovías A-1, A-10, A-15 y A-68 y la carretera N-121-A. Aunque no aparece de forma expresa la gratuidad para los turismos.

“Más allá de los plazos, la decisión política está tomada por parte del gobierno de Navarra”, ha insistido Remírez, y ha apuntado que es un debate que “ya se produjo en el seno” del Ejecutivo foral la anterior legislatura y que “se ha confirmado en la presente”. Aludiendo a la AP-15, el portavoz ha definido la decisión del Gobierno como la “voz de una demanda histórica” y ha achacado a una “decisión política de UPN y PP” que en 1997 extendieran “de manera artificial” la concesión de la vía a una empresa privada.

“Desde luego que, a partir de 2029, no van a tener que pagar peajes los desplazamientos de turismos entre la Ribera, la zona media y el resto de Navarra”, afirmaba Remírez con rotundidad, y que “las decisiones están basadas en análisis rigurosos por parte del Gobierno de Navarra”. “Todas las decisiones están tomadas”.

No obstante, Remírez no ha citado ningún acuerdo del Gobierno, decreto, norma o documento jurídico concreto en el que conste por escrito dicha gratuidad.

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) interpondrá una denuncia contra la concesionaria Aucalsa ante la Dirección General de Consumo del Principado por aplicar “de forma continuada cláusulas y prácticas abusivas” en el peaje del Huerna, al considerar que está cobrando la tarifa íntegra de un servicio “que no está prestando” debido a las obras que se están acometiendo en la vía y que causan afecciones al tráfico.

El presidente de esta organización, Dacio Alonso, así lo ha avanzado este viernes en una rueda de prensa en la que ha detallado que la denuncia se registrará en los próximos días con el propósito de que la administración autonómica abra un expediente sancionador a la empresa y le aplique una multa que puede superar los 100.000 euros.

El abuso del cobro íntegro

“Los usuarios están pagando un peaje que no están disfrutando íntegramente”, ha señalado Alonso, quien se ha apoyado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ha anulado por abusivo el cobro íntegro de peajes en la AP-9 durante las obras realizadas entre 2015 y 2018, que provocaron importantes atascos.

Alonso ha confiado en que la administración asturiana “ponga todo su hacer” para que Aucalsa haga frente a una sanción al tiempo que ha defendido que cuando una vía con este tipo de peaje está en obras “se pondere su coste en función de los daños” que provocan esos trabajos.

Un registro

Según ha explicado, desde la apertura de un registro para que los usuarios hagan llegan a la UCE la documentación de sus casos, se han inscrito más de 3.000 personas, lo que refleja el “cabreo” que existe con este asunto.

Con todo, el presidente de la UCE ha asegurado que el objetivo final debe ser la eliminación del peaje tras el dictamen de la Comisión Europea que concluye que la prórroga de esta vía hasta 2050 fue contraria al derecho de la Unión Europea.

“Cómo es posible que con ese dictamen tan importante se siga pagando el peaje. Es un abuso e inaceptable”, ha dicho tras apuntar que la solución pasaría por que el Gobierno central revise de oficio esa concesión.

Demandas para 2026

En su comparecencia, Alonso ha presentado un decálogo de reivindicaciones de la entidad para este año entre las que ha destacado la necesidad de aprobar una nueva ley de protección de consumidores y dar luz verde “con carácter de urgencia” a la ley autonómica de vivienda.

También ha asegurado que la UCE trabajará para “recuperar para más de 50.000 asturianos hasta 10.000 euros por los abusos del cartel de los coches, los gastos hipotecarios y las tarjetas de plago aplazado”.

Las campañas

Además, ha avanzado que se iniciará una nueva campaña de reclamación por “los abusos y estafas en la financiación de vehículos por parte de los concesionarios en los últimos años y que pueden afectar a 100.000 personas en Asturias”.

Alonso ha defendido, por otro lado, que se prohíban las ventas a domicilio a personas mayores de 65 años en el Principado y las tarjetas revolving y que se otorgue de oficio el bono social eléctrico y térmico a quien cumpla los requisitos. 

Las doce uvas y la subida en los peajes de la AP-9. Esos son, tradicionalmente, los principales ritos del cambio de año en Galicia. Y este 2026 que está a punto de empezar no va a ser diferente: el canon se eleva un 4,68% –el máximo de la horquilla estatal–, pese a que el ultimatum de Bruselas sobre la ilegalidad de la prórroga concedida por Aznar a la concesión hizo pensar durante el verano que la gratuidad de la principal arteria de comunicación gallega podía estar a la vuelta de la esquina. No será así porque el gobierno ha optado por dejar que decida la –lenta– justicia europea, mientras sigue apostando por las bonificaciones para los usuarios pactadas con el BNG en el acuerdo de investidura.

Con el dato que acaba de autorizar el Ministerio de Transportes, y a la espera de la tarifa oficial que fije Audasa, es posible estimar cómo quedarán los principales trayectos. Por ejemplo, el tramo A Coruña-Santiago, que costaba 8,40€ se incrementaría algo más de 39 céntimos, con lo que es probable imaginar un redondeo final de 8,80. Ir de A Coruña a Vigo sube casi un euro y rondará los 21,40 (hoy son 20,45€). Cruzar toda la AP-9, de Ferrol a Tui supondría unos 28,10 o 28,15€ (hasta el 31 de diciembre todavía cuesta 26,85€) en función de lo que decida la concesionaria con sus redondeos.

Estas tarifas que mantienen a la autopista gallega entre las más caras del Estado se atenúan con las rebajas de las que hace gala el ejecutivo. La principal, la gratuidad del trayecto de regreso cuando se hace en las 24 horas siguientes a la ida. Se estableció en 2021 con lo que, según el Gobierno, fueron “las mayores bonificaciones en una autopista de peaje en España”, a las que se destinaron unos 55 millones de euros al año. Esa cifra se incrementó en 28 millones en diciembre de 2024 al aprobarse un aumento de los descuentos a partir del 1 de enero del año que está a punto de finalizar: los usuarios recurrentes (de más de 20 viajes al mes) pasaban a tener un descuento del 20 al 50% en todos sus trayectos. Desde 2018, el Ministerio ha dedicado 420 millones de euros a los usuarios de la vía.

La Xunta reclama, “cuando menos”, la congelación

Este lunes, en el último Consello de la Xunta del año, el presidente gallego anunciaba la congelación de los peajes de las dos autopistas de titularidad autonómica, la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AG-57 (Vigo-Baiona), y solicitaba que “cuando menos” se hiciese lo mismo en la AP-9. “Parece que no va a ser así, sino todo lo contrario, manteniéndola como la autopista más cara de España pese a las reivindicaciones desde el punto de vista político, aquí prácticamente unánimes, y el reciente dictamen de la Comisión Europea”.

Rueda se refería al ultimatum enviado en julio al Gobierno por la Comisión para que enmendase las irregularidades detectadas en el proceso de prórroga de las concesiones y posterior venta de las autopistas AP-9 y AP-66. En el caso de la infraestructura gallega fue en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar, cuando España prolongó durante 25 años la concesión de la AP-9, que pasó de finalizar en 2023 –tras una prórroga concedida por Felipe González– a hacerlo en 2048. A cambio, la concesionaria Audasa debía encargarse de prolongar la vía en dirección norte hasta llegar a Ferrol. Ese acuerdo servía como compensación tras el accidente de la Discoverer Enterprise. En 1998, un fuerte temporal arrastró la que era la mayor plataforma petrolífera del mundo desde el muelle de Astano (la actual Navantia), en Fene, donde se estaba construyendo y la lanzó contra el puente de As Pías, la principal entrada a la ciudad por carretera, que quedó cortada durante meses.

En 2003, tres años después de la prórroga, el ejecutivo vendió la Empresa Nacional de Autopistas –de la que formaban parte ambas concesionarias– a un conglomerado empresarial liderado por Sacyr y SCH y del que las desaparecidas cajas de ahorros gallegas poseían un 20%. Esa venta, según la Comisión, se realizó “sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso” en el Diario Oficial de la UE, tal y como requiere la legislación comunitaria.

La plataforma de usuarios de la AP-9 En Colectivo denunció la prórroga de Aznar ante Bruselas, que reclamó información en dos ocasiones al gobierno español antes de emitir su ultimatum del verano. Esta comunicación concedía un nuevo plazo de dos meses al ejecutivo de Sánchez para enmendar la situación o el asunto pasaría ya al Tribunal de Justicia de la UE. Pese a que usuarios y fuerzas como el BNG vieron entonces la oportunidad de poner fin a la concesión, eliminar el peaje e –incluso– transferir la titularidad a la Xunta, Madrid optó por presentar un recurso ante la Comisión con el plazo ya casi agotado, horas después de que el delegao del Gobierno en Galicia asegurase que la AP-9 estaba “en la via de la gratuidad”. Un jarro de agua fría sobre el futuro de la principal arteria de Galicia que queda ahora a expensas de lo que se prevé como un largo litigio judicial.

Mientras la Xunta achacaba al Ministerio de Transportes “falta de valentía”, éste ponía el foco sobre el responsable de la concesión, el gobierno popular de Aznar. El ministro Óscar Puente descartaba por inasumible económicamente un rescate que estimaba en más de 6.000 millones de euros. El ejecutivo autonómico rebajaba la cifra a menos de la mitad, 2.400 millones y un estudio encargado por el BNG lo reducía a apenas 900.

Joaquín Pajarón es un actor, cómico, productor y guionista asturiano, conocido por sus monólogos contados en la mayoría de las ocasiones en clave humorística, aunque hay temas que no dan la risa, ni están para tomarlos a broma. Con miles de seguidores en las redes sociales, en una de sus últimas publicaciones bajo el descriptivo titular “Fuera el peaje del Huerna”, cambia el tono y se pone serio.

Mira fijamente a la cámara para dirigirse a los asturianos y las asturianas a los que anima a rebelarse haciendo gala del espíritu luchador de esta tierra contra el cobro de la autopista y como si fuera un grito de guerra espeta: ¡Ya está bien!.

Para que los lectores de elDiario.es Asturias puedan opinar con conocimiento de causa, reproducimos literalmente sus palabras. Este es el mensaje, en lenguaje claro y directo, del humorista asturiano.

La prórroga hasta 2050

“Asturianos y asturianas. Ya está bien. Asturias, no es un parking. Asturias no puede ser una tierra donde se pasa por debajo de una barrera y metiendo una tarjeta. Aquí hubo un contrato que firmaron una empresa y el gobierno. Si ese contrato tenía una fecha final es porque salían las cuentas y porque alguien hizo las cuentas. Ese contrato acaba y de repente la empresa dice que no ganó lo suficiente”.

“Pues a mí, como si te operan. No voy a ir a verte. Resulta que cuando esto acaba en el 2000, el gobierno de Aznar, con Cascos a la cabeza, renuevan ese contrato hasta 2050. Un asturiano decidió que los asturianos y asturianas saliéramos y entráramos en Asturias pagando y todavía lo hicisteis presidente de Asturias. Home, no me jodas”.

La legalidad cuestionada por Europa

“Y a todo esto Europa, que no es que sea muy hippies, cuestiona la legalidad de ese contrato de renovación hasta el 2050. Pues Óscar Puente, socialista, defiende ese contrato que renovaron el Gobierno del PP de Aznar”.

“Esto es como si hubieras consumido sustancias, para poder entender. Yo flipo. Un socialista que defiende una decisión del gobierno del PP de Aznar frente a Europa y frente a un gobierno socialista en Asturias. Pa mear y no echar gota”.

¿Quién paga?

“Y esto es muy fácil. Al gobierno no le cuesta dinero la carretera. ¿Quién paga la carretera?: Los ciudadanos. ¿Quién gana dinero?: Una empresa privada”.“¿Qué hacen los ciudadanos?: Pagar el peaje para la empresa privada y pagar los impuestos para el gobierno, que el gobierno con los impuestos debería de pagarles carreteras. Total, que la empresa privada paga impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos y el gobierno no tiene que pagar la carretera y por encima recauda impuestos del ciudadano y de la empresa. Esto mete miedo”.

“El gobierno de Asturias se opone, está en contra, está a favor de Europa, pero igual estás diciéndolo muy bajo, igual es que no te están escuchando. Al Gobierno de Asturias le digo si no te escuchan hablando, pega voces, y si pegando voces no te escuchan, rompe un vaso”.

Carreteras seguras, libres y sin barreras

“Asturias no es una tierra sumisa. Asturias es huelguista y dinamitera. Aquí se luchó por los derechos, por la dignidad, por la libertad”.

“Aquí no agachamos la cabeza para pasar por debajo de la barrera de un peaje. Aquí la reventamos. Cuanto más crece Asturias, más gana Aucalsa. Cuanto más turismo tenemos en Asturias, más nos cobran”.

“Asturias pide carreteras seguras, libres y sin barreras. Asturias no es un negocio. Asturias no es un parking. Asturias es una tierra orgullosa y ya está bien de pagar por serlo. ¡Puxa Asturies!, ¡Fuera el peaje del Huerna!”, concluye.

Joaquín Pajarón se sumaba así a otras voces que, desde Asturias, se pronunciaron en contra del peaje del Huerna, desde políticos asturianos a integrantes de asociaciones y a las miles de personas que participaron en las movilizaciones sociales que se han desarrollado en Oviedo para exigir su supresión.

Óscar Puente entró en la polémica

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no tuvo reparo alguno en discrepar abiertamente frente a los posicionamientos de los políticos asturianos y alinearse a favor de la ampliación del peaje hasta 2050 en una decisión adoptada durante el gobierno del PP, con José María Aznar como presidente y el asturiano Francisco Álvarez-Cascos como ministro.

“Los políticos asturianos tienen derecho a defender lo que quieran”, manifestó Óscar Puente, el pasado mes de octubre, cuando oficialmente entró de lleno en esta polémica, donde mostró abiertamente sus dudas de que la supresión del peaje del Huerna fuera “un problema central” para Asturias y los asturianos.

“No está justificado que Asturias esté con este tema en el centro del debate. No creo que esto sea un problema central para Asturias ni para los asturianos”, explicó el titular de Transportes en una entrevista en Onda Cero concedida la víspera de una de las masivas movilizaciones celebrada en Oviedo a favor de la supresión del peaje.

“Y Cascos llegó a presidente”

“Soy el ministro de Transportes, no soy el del dinero. Si alguien nos dice de dónde sacamos los 20.000 ó 30.000 millones que costaría rescatar las autopistas españolas, pues nada, fenomenal”, añadió.

“Igual la agenda de los políticos asturianos está un poco desenfocada, igual creen que es un asunto muy importante, pero para Álvarez-Cascos no lo fue porque después de fundar el partido le dieron el Gobierno de Asturias. No parece que le pasara mucha factura. Le hicieron presidente”, aseveró.

El titular de Transportes recordó igualmente que ya existe una bonificación del 60 por ciento a partir del tercer trayecto y aseguró que el Gobierno ha tomado decisiones en materia autopistas “muy claras” para que al vencimiento de cada concesión no haya renovaciones.

Barbón no se dio por aludido

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se dio por aludido ante las respuestas de su compañero de partido, Óscar Puente, cuando dijo que el peaje del Huerna no es “un tema central que preocupe a los asturianos” y por tanto “tiene su agenda desenfocada”.

“Los ciudadanos y ciudadanas de Asturias saben que siempre he estado dispuesto a escucharles, a liderar las reivindicaciones de nuestra tierra y yo no me doy por aludido, ni mucho menos, porque en el año 2023 hubo elecciones autonómicas donde en Asturias subimos en votos y somos una de las pocas comunidades que en aquel momento mantuvo un gobierno liderado por los socialistas”, dijo.

Asumió el liderazgo

Barbón se comprometió el pasado mes de octubre a asumir el liderazgo para lograr “de una vez por todas” la supresión del peaje del Huerna. Anunció que antes de fin de año, el Gobierno de Asturias solicitará directamente a la Comisión Europea (CE) su revocación, “con toda la coherencia política y con el aval jurídico de un informe encargado expresamente para ese fin”.

Además, buscará forjar “el máximo consenso político y social” para poner fin a una prórroga “injusta e ilegal”. Una defensa a ultranza en contra del peaje que supuso uno de los puntos fuertes de su intervención en la primera sesión del debate de orientación política del año legislativo 2025-2026.

Dispuesto a que “le partieran la cara”

“Hablamos de una causa justa, de una prioridad irrenunciable para garantizar que Asturias tenga las mismas oportunidades que el resto de España”, señaló Barbón, quien se mostró dispuesto a dar la batalla “en todos los frentes: el político, el administrativo y el jurídico”.

Barbón incluso llegó a invitar al presidente regional del PP, Álvaro Queipo, a reconocer que la prórroga del peaje del Huerna es contraria al derecho comunitario, como concluye un dictamen de la Comisión Europea.Y llegó a afirmar que estaba dispuesto a dar la cara por Asturias “hasta que me la partan”.

Aunque Joaquín Pajarón anime a “reventar” el peaje y Barbón esté dispuesto a que le “partan la cara”, los asturianos confían en que la sangre no llegue al río. No están los tiempos para bromas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el ejercicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare la nulidad de pleno derecho del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta 2050, es decir, 29 años más de los previstos inicialmente.

El acuerdo designa a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.

La hoja de ruta

La decisión forma parte de la hoja de ruta trazada por el Gobierno de Asturias y acordada con la Alianza por las Infraestructuras para lograr la eliminación del peaje. 

Cuenta también con una notable solidez, apoyada en un extenso análisis elaborado por la secretaría general técnica de la consejería y los servicios jurídicos del Principado, que ha sido ratificado íntegramente por el Consejo Consultivo.

Las causas

Estos informes concluyen que la prórroga aprobada en 2000 por un gobierno del Partido Popular -en concreto, por el Real Decreto 382/2000, de 17 de marzo- incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, al haber alterado de manera sustancial el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975 y generado una nueva concesión encubierta, que debió someterse a licitación pública.

También advierte que se ha vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública, incluida la Directiva 93/37/CEE, ha sido aprobada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido, otorgado beneficios económicos indebidos al concesionario y producido un perjuicio sostenido para el interés general de Asturias.

Vicios sustanciales

El Consejo Consultivo ha avalado punto por punto las tesis del Principado: confirma la existencia de vicios sustanciales y señala que la vía adecuada para restaurar la legalidad es la revisión de oficio o, en su caso, la acción directa de nulidad ahora emprendida. Esta tiene carácter de acto administrativo y supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales.

El acuerdo del Consejo de Gobierno se basa también en la reciente resolución de la Comisión Europea (CE), de 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas de la autopista del Huerna y de la AP-9 en Galicia fueron contrarias al derecho de la Unión Europea.

La CE determinó que las prórrogas se concedieron sin licitación ni publicidad, se vulneraron los principios de igualdad y transparencia, se utilizó de forma indebida la excepción “in house”, y su finalidad real fue revalorizar la empresa pública Enausa de cara a su privatización.

La actuación del Gobierno de Asturias se alinea plenamente con estas conclusiones.

Documentación remitida a Bruselas

El Gobierno del Principado ha remitido ya a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) toda la documentación jurídica y técnica que sustenta esta acción: fundamentación jurídica completa, análisis económicos, estudios independientes, antecedentes histórico-administrativos y el propio dictamen del Consejo Consultivo.

Asimismo, se ha incorporado el estudio jurídico elaborado a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé, que ha sido de utilidad para reforzar la posición del Principado. El Ejecutivo le agradece expresamente su aportación.

La eliminación del peaje

El Principado subraya que la acción de nulidad constituye un instrumento decisivo para lograr la eliminación del peaje de la AP-66 y para corregir una situación que ha perjudicado al tejido productivo, a la competitividad autonómica y a miles de usuarios durante más de dos décadas.

El Gobierno de Asturias defiende así su posición con unidad, rigor jurídico y determinación política, y se reafirma en que continuará desplegando todas las actuaciones necesarias en colaboración con las instituciones europeas y estatales para restablecer la legalidad y el interés general.

Daniel Ripa, exdiputado de Podemos en Asturias, fue el impulsor de la denuncia que abrió la vía jurídica contra el peaje del Huerna. Cuando llegó con su planteamiento a la cámara todo el mundo se mostró escéptico y le tacharon hasta de ignorante. Por negarle la razón lo hicieron hasta los suyos, fue precisamente la eliminación del peaje del Huerna en la autopista que conecta Asturias con la Meseta, firmada durante el Gobierno de José María Aznar y extendida hasta 2050 sin una nueva licitación pública, lo que le condenó dentro de su propio partido: Podemos no quería fricciones con el PSOE.

Pero Ripa se mantuvo firme, presentó la denuncia ante Bruselas y ahora la Comisión Europea le ha dado la razón. Desde la Universidad Complutense de Madrid donde ahora trabaja como psicólogo, conversa con ElDiario.es Asturias tras el dictamen que declara ilegal la prórroga de la concesión y que el Gobierno central se niega a tener en cuenta.

Ripa sostiene que PP y PSOE eran conocedores de la irregularidad y que “durante 25 años y no actuaron”, y advierte a la ciudadanía de que no se puede bajar la guardia: “No nos podemos fiar de quienes miraron hacia otro lado todo este tiempo”. Ahora, este ciudadano de a pie que considera que la lucha se puede hacer desde el ámbito político y como ciudadano del mundo, es portavoz de la plataforma Peaje del Huerna ¡No! y ha visto como tanto el PSOE como el PP quieren abanderar una lucha que estuvieron ignorando durante años. Él también guarda los tickets cada vez que pasa el peaje porque concluye que “ya no hay vuelta a atrás, más pronto que tarde el peaje del Huerna desaparecerá” y sabe que, teniendo en cuenta otras sentencias similares a esta, los pagos se van a tener que abonar a la gente.

Durante 25 años no hicieron nada, ni cuando gobernaban ni cuando estaban en la oposición. Esa es la verdadera foto del poder político en Asturias: el miedo a molestar a Madrid.

Durante años fue tachado de ingenuo e incluso de ignorante por plantear que el peaje del Huerna podía eliminarse por la vía judicial. Ahora Europa confirma que tenía razón. ¿Qué sensación le deja?

Cuando empezamos esta batalla, nos decían que era imposible, que no se podía hacer nada y que había que resignarse hasta 2050. Pero no era un problema jurídico, sino político. Faltaba voluntad. Presentamos una revisión de oficio, un recurso ante el Tribunal Supremo y, finalmente, acudimos a la Comisión Europea. La razón nos la acaba de dar Europa, pero lo que ha quedado demostrado es que PP y PSOE sabían que la prórroga era irregular y prefirieron mirar para otro lado. Durante 25 años no hicieron nada, ni cuando gobernaban ni cuando estaban en la oposición. Esa es la verdadera foto del poder político en Asturias: el miedo a molestar a Madrid.

Ningún ministro se atrevería a decir que “es un problema de los catalanes” sin que se le viniera el Gobierno abajo. Pero con Asturias, sí. Esa diferencia explica mucho sobre cómo se nos percibe desde fuera.

¿Silencio político a cambio de intereses?

Así es. El peaje fue un negocio fabuloso para unos pocos. La ampliación de la concesión a Aucalsa se hizo a dedo, sin licitación ni justificación económica, y generó beneficios millonarios para la empresa concesionaria. Cuestionar eso suponía enfrentarse a los grandes intereses económicos y también al Gobierno central. Nadie quiso hacerlo. El PP lo impulsó en su día, y el PSOE, que prometió suprimirlo con Rodríguez Zapatero, guardó las demandas en un cajón. Lo que no había era coraje. El Huerna demuestra que Asturias tiene poco peso en Madrid. Si este peaje estuviera en Catalunya, ya habría caído hace años. Ningún ministro se atrevería a decir que “es un problema de los catalanes” sin que se le viniera el Gobierno abajo. Pero con Asturias, sí. Esa diferencia explica mucho sobre cómo se nos percibe desde fuera. A ver, si no hubiese manifestado nada Europa, el PSOE no hubiera abierto la boca en Asturias, vamos....

Ni su propio partido le apoyó en esta denuncia. ¿Decepcionado con los suyos?

Sí, decepcionado, pero la militancia de base en Asturias fue ejemplar, fue la dirección estatal la que no quiso saber nada. Desde Madrid se veía como un tema secundario, incluso incómodo, porque podía generar tensiones con el Gobierno de coalición. Esa falta de apoyo fue dura. Pero lo asumí con naturalidad, porque entendía que mi obligación era defender a Asturias, no a un partido. Hubo un coste político y personal, sí, pero también la satisfacción de haber tenido razón. Hoy se demuestra que no era una locura: era justicia.

Hemos escuchado al presidente Adrián Barbón reconocerle ahora públicamente su gestión en este tema.

Sí y lo agradezco. A mí es una de las cosas que me gusta de Barbón es que suele de vez en cuando reconocer a adversarios políticos cosas que considera que se han hecho bien, es una virtud y que no es habitual, pero hubiera preferido que hubiesen apoyado las iniciativas cuando comenzó esta lucha allá por el 2018 y en el 2021 en Europa.

El Gobierno tiene ahora dos meses para responder a la Comisión Europea, pero Óscar Puente ya ha asegurado que no van a eliminar el peaje, alega razones económicas, que es inasumible.

Lo que deberían hacer es actuar ya. Retrasar la decisión solo encarece la factura económica y política. Si la Comisión ha dicho que la prórroga fue ilegal, no hay más debate: hay que anularla. Lo que no puede hacer el Gobierno es ganar tiempo o esperar a que Europa lo obligue, como ha hecho tantas veces. Si realmente creen en la cohesión territorial, tienen que demostrarlo con hechos. Y eso pasa por liberar el peaje y reparar el agravio que hemos sufrido durante décadas. Decir que es inasumible es mentir, se han eliminado otros peajes como en Zaragoza o Sevilla y todo ha seguido funcionando.Actualmente, Aucalsa forma parte del fondo de pensiones holandés APG, un grupo con gran poder de influencia y altos beneficios. Gracias a las bonificaciones vigentes, la compañía obtiene incluso mayores ganancias que cuando cobraba el peaje directamente. Si la concesión se prolongara hasta 2050, los ingresos serían muy superiores a los que percibiría con una posible cancelación e indemnización. En definitiva, es una operación sumamente rentable. El coste real de la eliminación del peaje estaría entre 100 y 150 millones, es insignificante a nivel nacional.

No podemos fiarnos de los partidos que durante 25 años no hicieron nada

¿Qué deberían hacer los ciudadanos mientras tanto? ¿Hay posibilidad de reclamar lo pagado?

Sí. Quien tenga tickets o extractos bancarios debería guardarlos, porque podrían servir para reclamar devoluciones. En 2019 la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE condenaron a Italia por un caso idéntico, la autopista de Livorno que también fue prorrogada a dedo. Hace unas semanas una sentencia en Galicia reconoció el derecho a recuperar parte del dinero pagado en el peaje durante las obras de la autopista. Y en Asturias, con las obras del Huerna (iniciadas hace un año tras un enorme desprendimiento) se han reducido la velocidad y el servicio, y podría suceder lo mismo. Pero, sobre todo, la ciudadanía no debe bajar la guardia. No podemos fiarnos de los partidos que durante 25 años no hicieron nada. Si hoy el tema está en la agenda es gracias a la gente, a la presión social, a quienes creyeron que era posible cambiar las cosas. Si se relajan, los mismos de siempre volverán a esconder el asunto bajo la alfombra. En este país las cosas cambian solo cuando se lucha, Asturias necesita más autoestima política. Hemos vivido demasiado tiempo aceptando un trato desigual, como si tuviéramos que dar las gracias por cada inversión. El peaje del Huerna es una metáfora de eso: una barrera física y mental que nos separa. Y también una muestra de lo que ocurre cuando se gobierna desde la comodidad. Si esta batalla sirve para algo, que sea para demostrar que la persistencia y la dignidad acaban abriendo camino.

El peaje del Huerna es una metáfora de eso: una barrera física y mental que nos separa. Y también una muestra de lo que ocurre cuando se gobierna desde la comodidad.

Aunque hubo momentos en los que se sintió solo en esta lucha, también encontró apoyos clave. Usted mismo ha dicho que a esas personas les debe gran parte del éxito. ¿Quiénes estuvieron ahí cuando más falta le hacían?

Esta victoria no habría sido posible sin un esfuerzo colectivo. Yo solo no habría llegado hasta aquí. Quiero agradecer el apoyo jurídico de Javier Álvarez Villa, el trabajo de Segundo González, que consiguió acceder al expediente del Huerna, y la implicación de Covadonga Tomé, Dacio Alonso, Fran Suárez, Laura Tuero y Andrés Fernández, que presentaron conmigo la denuncia ante el Supremo.Pero, sobre todo, quiero reconocer a mucha gente de base de Podemos, de Somos y de la sociedad civil, que pusieron el cuerpo en las acciones, que creyeron que esto se podía cambiar cuando parecía imposible.La fuerza que hizo posible todo esto no vino de los despachos, sino de la gente.

Creo que no hay buenas vibraciones entre Barbón y Sánchez por temas internos de proyecto del propio partido.

Dice usted que las fricciones entre el Principado y el Gobierno central van más allá del peaje del Huerna.

Se nota la tensión entre el gobierno asturiano y el central, Barbón ha decidido posicionarse en contra del peaje y es que a ningún político asturiano se le ocurriría ceder ante su partido para ir en contra de los intereses de la sociedad asturiana, sabe que es un error absoluto, pero repito que eran conocedores del asunto desde hace 25 años y no podemos fiarnos. Creo que no hay buenas vibraciones entre Barbón y Sánchez por temas internos de proyecto del propio partido.

Lo que pasa es que a Óscar Puente el peaje del Huerna le da igual, quiere ganar tiempo y que el marrón le caiga a otro, porque a sabér donde está cada uno dentro de dos años

¿Qué le parecieron las declaraciones del ministro Óscar Puente cuando dijo que el peaje no es un problema para los asturianos?

Desafortunadas, muy desafortunadas. Está claro que Asturias tiene más problemas que el peaje del Huerna, pero negar la evidencia es ridícilo. Lo que pasa es que a Óscar Puente el peaje del Huerna le da igual, quiere ganar tiempo y que el marrón le caiga a otro, porque a saber donde está cada uno dentro de dos años. En cualquier caso, si el PSOE toma una decisión antes de que se manifieste el Tribunal de Justicia Europeo lo hará antes de elecciones. Yo creo que el tema del peaje es una lucha claramente popular, de la gente sencilla de Asturias: de los conductores, los pequeños transportistas, de muchísima gente que dice “ya está bien”. Es un error enfrentarse a algo que tiene una base tan comprensible, sobre todo porque es una cuestión de injusticia. El señor Puente no diría lo mismo si ese peaje se hubiese declarado ilegal en Catalunya, porque caería el Gobierno al día siguiente. Si el Huerna estuviese en Catalunya ya estaría eliminado.

Esta semana se hizo público un informe económico que desmonta la teoría de que el coste de liberar el peaje cuesta 30.000 millones.

Así es, se demuestra que anularlo y mantenerlo cuesta la mitad de lo que ya va a pagar el Gobierno a Aucalsa en bonificaciones. Si nos preguntamos por qué el mininterio querría regalar a Aucalsa más de 300 millones de euros hasta el 2050 la respuesta es sencilla: quién está comprado por el fondo de inversión es el Ministerio de Transportes, que en vez del interés general defiende que los ciudadanos perdamos dinero y que se mantenga una ilegalidad.

¿Se atreve a decir cuándo dejaremos los asturianos y asturianas de pajar el peaje en el Huerna?

Creo que lo veremos en 2027, aunque con la presión social que estamos ejerciendo puede que lo consigamos antes. Creo que, si hay suficiente presión, el gobierno se adelantará y lo veremos en otoño de 2026. Y si es a la fuerza, tardará un poco más.

No existe justificación económica para mantener el peaje del Huerna. Así la ha defendido hoy la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que presentó en la Xunta Xeneral el informe Análisis Jurídico y Valoración Económica de la Situación Actual de la Autopista del Huerna (AP-66). El documento, encargado por su grupo y elaborado por los catedráticos Carlos Aymerich y José Antonio Blanco de la Universidade da Coruña, concluye que no existe justificación jurídica ni económica para mantener el peaje.

Tomé señaló que “no se trata de rescatar la autopista, sino de anular un peaje cuya prórroga se ha demostrado ilegal”. Según la diputada, la eliminación del peaje es viable económicamente y sería mucho menos costosa de lo que defiende la concesionaria.

Coste real frente a las bonificaciones

El informe detalla que la empresa matriz Itínere, de la que depende Aucalsa, tiene un valor de mercado de 1.900 millones de euros. Dado que Aucalsa representa un 15% del grupo, su valor de mercado se sitúa en 285 millones, cifra que representa el coste real de la concesión si se anula el peaje.

Este cálculo contrasta con las bonificaciones que defiende la concesionaria, que alcanzarían 674 millones de euros hasta 2050, es decir, más del doble del valor de mercado de la concesión. Los gastos anuales de conservación de la autopista se cifran en 4,8 millones, lo que refuerza que la supresión del peaje sería financieramente viable.

Blanco explicó que “solo corresponde indemnizar el valor de la concesión, no el lucro cesante que argumenta la empresa. Las cifras de las bonificaciones son desproporcionadas frente al coste real”.

Argumento jurídico

Aymerich, catedrático de Derecho Administrativo, subrayó que la prórroga del peaje aprobada en 2000 vulnera la jurisprudencia europea. La sentencia de 2019 sobre la autopista italiana A22 establece que cualquier prórroga de concesión requiere nueva licitación, de lo contrario constituye una adjudicación ilegal.

“La Comisión Europea ya requirió explicaciones al Gobierno español en el caso de la AP-9 y ahora en el de la AP-66. El Gobierno podría iniciar una revisión de oficio y anular la prórroga sin necesidad de indemnizar de forma desproporcionada”, afirmó Aymerich. No obstante, según el catedrático, el ministro Óscar Puente ha optado por esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría prolongar años el cobro de peajes por parte de los ciudadanos asturianos.

Próximos pasos

Covadonga Tomé anunció que el informe será enviado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y al ministro Óscar Puente. “Tenemos argumentos jurídicos y económicos para avanzar en la supresión del peaje y evitar que los asturianos sigan pagando durante años”, afirmó.

Los presidentes de las organizaciones empresariales de Asturias, Galicia y León han reclamado este lunes la supresión de los peajes que afectan a las tres comunidades, como los de la AP-66 y la AP-9, al considerar que “lastran la competitividad” del noroeste peninsular.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; y el de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Juan María Vallejo, han comparecido en rueda de prensa tras mantener una reunión para abordar los desafíos compartidos por los territorios del eje atlántico.

Rescate o bonificación

Calvo ha insistido en la histórica demanda de suprimir el peaje del Huerna, bien mediante el rescate o a través de una bonificación total, por tratarse de un coste “injusto” que penaliza a las empresas asturianas. “Y ahora un informe de la Comisión Europea dice que es ilegal”, ha recordado, asegurando que el Ministerio de Transportes no puede obviarlo y que “tiene herramientas suficientes” para eliminarlo. La patronal asturiana, ha añadido, estudia incluso acciones judiciales junto a asociaciones de transportistas.

Por su parte, Vieites ha reclamado la gratuidad del peaje en la AP-9, cuya situación actual “condiciona la competitividad empresarial”. El presidente de la CEG ha pedido su supresión y una compensación para los usuarios, subrayando que Galicia es la comunidad “con más kilómetros de autopistas de peaje por habitante”.

Los peajes más caros

El presidente de la patronal leonesa, Juan María Vallejo, ha coincidido en la necesidad de eliminar los peajes del noroeste, entre ellos los de la AP-71 (León-Astorga) y el del Huerna, por ser “los más caros del país”. “Claro que existe posibilidad de bonificarlos al cien por cien o de eliminarlos, porque eso es cohesión de territorios”, ha defendido.

Las tres patronales también han reclamado un plan director definitivo del Corredor Atlántico que establezca plazos, financiación y prioridades. “Lo que hay hasta ahora son actuaciones aisladas, sin una visión completa”, ha lamentado Calvo, que ha insistido en la necesidad de mejorar los accesos al puerto de Gijón para que esta infraestructura “sea realmente competitiva”.

Plazos y seguimiento

Vieites ha calificado el Corredor Atlántico de “clave” para la conexión entre los puertos del noroeste y el resto de Europa, y ha reclamado que se aceleren los plazos y se constituya de una vez la comisión de seguimiento comprometida por el Gobierno.

Vallejo, por su parte, ha señalado que el noroeste “necesita inversiones y una estrategia coherente” para atraer empresas. “Todo el Corredor no va a la misma velocidad”, ha advertido, subrayando la importancia de que las tres patronales “alcen la voz juntas” para reclamar un apoyo firme de las administraciones.

Posición común

Por último, las organizaciones empresariales han anunciado que defenderán una posición común ante la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, reclamando que las regiones del noroeste mantengan un papel activo en la gestión de los fondos europeos.

Al circular por autopistas de peaje en España, los conductores pueden observar una letra “T” en amarillo o blanco sobre un fondo azul en determinadas cabinas. Esta señal suele generar dudas, ya que muchos asumen que está relacionada exclusivamente con Telepass, un sistema de pago electrónico conocido internacionalmente. Sin embargo, la “T” cumple una función más amplia y no está vinculada a ninguna marca específica: indica que el carril está habilitado para vehículos con dispositivos de pago electrónico homologado.

Conocer el significado correcto de esta señal es útil para evitar interrupciones en el viaje. Los carriles de telepeaje permiten a los vehículos con el equipo adecuado abonar la tarifa automáticamente, sin necesidad de detenerse, lo que agiliza la circulación y reduce posibles congestiones en las cabinas. Esta forma de pago electrónico se ha estandarizado en España, garantizando compatibilidad con diferentes dispositivos y operadores.

A pesar de su importancia, muchos conductores desconocen que la “T” amarilla no corresponde a un sistema comercial concreto. La confusión suele surgir debido a la notoriedad de ciertas marcas, pero la señal está pensada para identificar cualquier carril que acepte el telepeaje, ya sea mediante el sistema nacional VIA-T o mediante otros equipos autorizados.

Qué significa la “T” amarilla en los peajes

La presencia de la “T” amarilla señala que el carril está reservado para el pago automático del peaje. Para utilizarlo, los vehículos deben contar con un dispositivo homologado que se coloca en el parabrisas. Estos equipos permiten que el importe del peaje se cargue automáticamente a la cuenta o tarjeta vinculada, evitando tener que detenerse para pagar en efectivo o tarjeta.

El sistema más extendido en España se llama VIA-T. Su principal ventaja es que funciona en todas las autopistas de peaje del país, independientemente de la concesionaria que gestione la vía. Gracias a antenas instaladas en las cabinas, los datos del dispositivo son leídos mediante microondas de corto alcance, y el importe se abona automáticamente. Esto garantiza un paso ágil y sin interrupciones.

Es importante destacar que la “T” amarilla no indica que solo se pueda usar Telepass u otro operador concreto. Cualquier dispositivo homologado que cumpla con las normas de telepeaje españolas puede utilizar estos carriles. Si un vehículo intenta pasar sin equipo compatible, la barrera no se abrirá, lo que puede generar retrasos o sanciones administrativas.

Entre los problemas más comunes que pueden enfrentar los conductores están: que la barrera no se abra porque el dispositivo no está activo o no está colocado correctamente; que el cobro no se realice de forma adecuada si el equipo no es compatible con esa autopista; o que el vehículo entre por un carril sin telepeaje, obligando a retroceder o a pagar manualmente. Para evitar estas situaciones, es recomendable comprobar antes de circular que el dispositivo está correctamente instalado, activo y autorizado para la vía que se va a utilizar.

En definitiva, la señalización con la “T” amarilla tiene como objetivo facilitar la circulación de los vehículos con telepeaje, mejorar la gestión del tráfico en las autopistas y permitir un pago más cómodo y rápido. Reconocer su función correctamente ayuda a los conductores a elegir el carril adecuado y evita confusiones al circular por las cabinas de peaje.

Los conductores que han pagado el peaje del Huerna durante las obras en la autopista podrían recuperar su dinero. La Unión de Consumidores de Asturias ha exigido este jueves a la concesionaria Aucalsa la devolución de los peajes cobrados en la autopista AP-66 (Huerna), que une Asturias y León, durante periodos de obras, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a ello en la AP-9 (Galicia).

En la sentencia publicada el martes, el Supremo ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y obliga a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados a los usuarios de la autopista AP-9 afectados por 81 incidencias durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018.

Doscientas retenciones

Según recoge la sentencia, las obras en Rande provocaron más de doscientas retenciones, de las cuales 81 fueron de “especial relevancia”, a pesar de lo cual la concesionaria mientras se extendieron estos trabajos “no redujo el importe del peaje”.

Los magistrados de la Sala de lo Civil han decidido revocar la sentencia de la Audiencia de Pontevedra y confirmar la de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que además de considerar “abusiva” la actuación de Audasa, le ordenaba la devolución a todos los consumidores de las cantidades “indebidamente pagadas”.

Registro de usuarios

En rueda de prensa, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha reclamado también la devolución de la autopista AP-66 al considerar que su situación es “idéntica” a la recogida en esta sentencia.

Alonso, que ha apostado por una suspensión o, al menos, una rebaja sustancial del peaje, mientras duren las obras de la autopista del Huerna, ha puesto en marcha un registro para dar de alta a los usuarios que quieran sumarse y exigir las devoluciones pagadas por el peaje desde que se iniciaron las obras en la autopista.

Demanda colectiva

La UCE plantea articular una demanda colectiva a través de un procedimiento judicial para reclamar la devolución del pago por un servicio que “no se presta”, ha apuntado. Alonso considera que “este es el principio del fin” de la nulidad del peaje del Huerna: “Con esta sentencia hemos ganado una batalla, pero continúa la guerra final de la supresión”.

A este respecto, ha apuntado que la empresa concesionaria dispone de “toda la documentación de los usuarios”, y “debe de devolver de oficio y por los mismos medios que realizó el cobro de ”manera indebida

El Gobierno del Principado estudiará “en detalle” la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9, en Galicia, durante un periodo de obras que produjeron importantes incidencias en la circulación. Ahora que todos los partidos políticos quieren abanderar la lucha por la eliminación del cobro del peaje del Huerna, cualquier resquicio legal podría servir para reforzar la reivindicación asturiana, que exige que se retire el cobro en dicho peaje después de que la Comisión Europea emitiese un informe en el que calificaba esta tasa como ilegal.

Sin embargo, las esperanzas de los asturianos se han visto truncadas tras las declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que asegura que el Gobierno central no tomará ninguna decisión al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifieste.

Aplicación en Asturias

Según ha apuntado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, en respuesta a las preguntas de los periodistas, la cuestión “requiere de un análisis detallado” para “ver cuál es el fundamento y si sería de aplicación” en Asturias.

En una sentencia publicada ayer, el Supremo ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados a los usuarios de la autopista afectados por 81 incidencias durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018.

Más de doscientas retenciones

Según recoge la sentencia, las obras en Rande provocaron más de doscientas retenciones, de las cuales 81 fueron de “especial relevancia”, a pesar de lo cual la concesionaria mientras se extendieron estos trabajos “no redujo el importe del peaje”.

Los magistrados de la Sala de lo Civil han decidido revocar la sentencia de la Audiencia de Pontevedra y confirmar la de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que además de considerar “abusiva” la actuación de Audasa, le ordenaba la devolución a todos los consumidores de las cantidades “indebidamente pagadas”.

Llamedo también ha vuelto a referirse al peaje de la AP-66 (Huerna), que une Asturias con León, para insistir en que el Gobierno del Principado “va a seguir liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje ilegal y discriminatorio”, matizó.

El Principado se 'moja' y da un paso más para lograr el objetivo de que se suprima el cobro del peaje del Huerna, que comunica Asturias con la meseta.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha anunciado este lunes que el Principado solicitará formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 ampliada hasta 2050.

Actuaciones administrativas y judiciales

El titular de Movilidad ha hecho pública esta iniciativa tras comunicarla a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras, a quienes ha detallado el trabajo técnico y jurídico que se está desarrollando en Asturias para abordar las posibles actuaciones a corto y medio plazo en el frente administrativo y también en el judicial.

Este mismo lunes, nada más trasladar esta información a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras, la Consejería de Movilidad ha difundido la noticia a través de las redes sociales, como se reproduce a continuación en este post publicado en X.

El consejero les ha comunicado igualmente la interlocución abierta con Galicia y Castilla y León; comunidades autónomas junto a las que ha solicitado formalmente al ministerio toda la información relativa al procedimiento de infracción tramitado por la Comunidad Europea (CE).

Primera medida

“El Gobierno de Asturias mantiene contacto directo con los responsables técnicos de la Comisión Europea que han elaborado el dictamen, en virtud del cual el organismo comunitario ha abierto un cauce específico a través del cual el Principado puede aportar al procedimiento aquella documentación que considere relevante para su resolución”, explica el Ejecutivo regional.

Esta iniciativa constituye la primera medida administrativa dentro de la batería de actuaciones previstas en el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita y se enmarca en coherencia con el dictamen final de la CE que declaró contrarias al derecho comunitario las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66.

Dar marcha atrás ante una ilegalidad

La revisión de oficio es un mecanismo que permite a la Administración revisar y anular, si procede, sus propias decisiones cuando resultan ilegales o irregulares.

Puede aplicarse aunque la decisión ya sea firme y ya no sea posible recurrirla por las vías ordinarias.

La protección del interés público

Su objetivo es garantizar que la Administración cumpla siempre la ley y proteja el interés público, incluso después de que la decisión se haya adoptado.

El Gobierno regional ha recordado que esta petición de revisión de oficio es el paso previo imprescindible para poder emprender un procedimiento judicial ante los tribunales españoles.

El análisis jurídico

El Principado ya ha culminado el análisis jurídico que fundamenta esta solicitud y que ha sido elaborado por sus servicios técnicos. Está previsto que lo traslade al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su tramitación formal.

“Asturias da el paso que le corresponde. Con la revisión de la prórroga del Huerna iniciamos el cumplimiento del Manifiesto de la Alianza y aplicamos el dictamen europeo con rigor jurídico y determinación política. Es una cuestión de legalidad, igualdad y justicia territorial”, ha comentado el consejero Alejandro Calvo.

La fundamentación

El análisis del Gobierno del Principado concluye que el Real Decreto 302/2000, por el que se modificaron las condiciones económicas de la concesión de la AP-66 y se amplió su duración hasta 2050, incurrió en causa de nulidad de pleno derecho, al haberse dictado sin seguir el procedimiento de adjudicación legalmente establecido.

El análisis determina que el real decreto introdujo modificaciones sustanciales que “alteraron el equilibrio económico-financiero y la duración del contrato, dando lugar en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública”.

La vulneración de principios

De acuerdo con el derecho comunitario, este tipo de actuaciones vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, por lo que el acto administrativo es nulo conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común.

El Ejecutivo fundamenta asimismo su solicitud en la afectación directa de la prórroga sobre el interés general de la comunidad, dado que el mantenimiento del peaje hasta 2050 supone una barrera económica y social que impacta en la movilidad, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental.

Impugnar actos estatales

Ha asegurado igualmente que la jurisprudencia avala su legitimación para impugnar actos estatales que afecten a los intereses generales del territorio.

“La prórroga del Huerna fue jurídicamente irregular y económicamente lesiva para Asturias. Nuestra obligación es restablecer la legalidad y garantizar que esta comunidad tenga las mismas condiciones de movilidad que el resto del país”, ha ratificado el titular de Movilidad.

La hoja de ruta

Esta actuación da cumplimiento al Manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita por la supresión del peaje del Huerna, suscrito en septiembre por representantes institucionales, económicos y sociales.

El documento establece una hoja de ruta común para exigir la supresión del peaje y promover todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias tras el dictamen final de la Comisión Europea.

El compromiso

El Gobierno de Asturias ha reiterado su compromiso con los ejes centrales del manifiesto que plantean la coordinación institucional y jurídica de las acciones, la movilización social, la elaboración de una estrategia integral para la nulidad de la prórroga, la defensa de la legitimidad europea y de la justicia histórica y la exigencia al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para aplicar el dictamen y eliminar el peaje, o bonificar el 100 por ciento del importe hasta su supresión definitiva.

Dos manifestaciones en Oviedo

La protesta de los asturianos por el peaje del Huerna se escenificó los pasados días 17 y 18 cuando las calles de la capital asturiana se convirtieron en el centro de sendas manifestaciones que reunieron a cientos de personas.

La primera manifestación fue secundada masivamente -se calcula que había 5.000 manifestantes- siguiendo la convocatoria de cerca de una treintena de organizaciones políticas, sociales y económicas, para exigir la supresión del peaje de la autopista AP-66, conocido como el Huerna y que une Asturias con León.

La manifestación partió de la estación de tren de Oviedo y continuó por la céntrica calle Uría hasta finalizar en la Plaza de la Escandalera, donde se leyó un manifiesto en defensa de la supresión del peaje tras el reciente dictamen de la Comisión Europea, que ha concluido que la prórroga acordada en el año 2000 incumplió la normativa comunitaria.

La protesta fue impulsada por las organizaciones que integran la Alianza por las Infraestructuras del Principado bajo el lema “Asturias unida. Fin al peaje del Huerna” y en ella participaron, entre otros, el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y miembros de su Gobierno, representantes de los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal, así como responsables de organizaciones empresariales y sociales.

La protesta 'alternativa' de Ripa

Al día siguiente, se celebró en Oviedo la segunda manifestación. En esta ocasión, el objetivo era el mismo: la supresión del peaje; pero los convocantes eran miembros de la plataforma ciudadana Peaje del Huerna No y asociaciones de transportistas.

El recorrido también incluía las calles del centro de la ciudad, pero la escenografía era bien diferente.

Marchando tras una máquina excavadora y coreando consignas como “Asturias no paga, el Huerna se acaba” y “Peaje ilegal, excavadoras ya”, la manifestación partió de la Plaza de España -donde se ubica la sede de la Delegación del Gobierno- y concluyó frente a la Junta General del Principado.

La protesta estaba liderada por el exdiputado autonómico y ex secretario general de Podemos Daniel Ripa, impulsor de la primera denuncia contra el peaje ante la Comisión Europea (CE).

Ripa, megáfono en mano, calificó de “hito” esta movilización ciudadana y abogó por una continuidad de la presión social hasta lograr el objetivo último de la supresión del peaje del Huerna.