El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha informado este jueves de que el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de la autopista AP-68 (en Calahorra) ha actualizado los horarios de los cortes previstos en esta vía para la noche de hoy, debido a las obras de asfaltado que se están llevando a cabo.

En concreto serán: De 22,00 a 06,00 horas. Enlace de Calahorra (Salida 15, pk 175): Corte total del peaje (entradas y salidas, ambos sentidos). No se podrá entrar ni salir por el peaje.

Se informará a través de los PMV (Paneles de Mensaje Variable) y, a su vez, también se publicará la afección a través de los diferentes canales de atención al cliente de Autopistas.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha exigido a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que retire del Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT) la posibilidad de implantar peajes y tarifas por congestión en determinados tramos de la TF-1, TF-5 y TF-2.

Raya reclama que el rechazo público expresado por Dávila a los peajes se traduzca en una modificación del documento aprobado y no quede únicamente en una declaración política. La dirigente socialista advierte de que cobrar por circular podría afectar especialmente a trabajadores, estudiantes y familias que dependen del vehículo privado ante la falta de alternativas suficientes de transporte público.

El PIMSIT contempla peajes en la TF-1, TF-5 y TF-2

El PIMSIT contempla la posibilidad de establecer peajes y tarifas por congestión con un horizonte de implantación entre 2032 y 2033 y una inversión prevista de diez millones de euros. La medida, incluida en la planificación insular, no implica que el cobro vaya a comenzar de forma inmediata, ya que su aplicación requeriría cambios en la legislación canaria.

“¿Te imaginas pagando un peaje por circular en las autopistas en la isla de Tenerife?”, plantea Tamara Raya, quien reclama a la presidenta del Cabildo que “retire esa posibilidad del plan, no solo que rectifique, sino que lo retire del papel”.

La secretaria general del PSOE de Tenerife recuerda que Dávila defendió el PIMSIT durante el pleno del pasado viernes, cuando se dio cuenta de su aprobación definitiva, y lo presentó como una hoja de ruta compartida.

Raya cuestiona así el cambio de posición de la presidenta del Cabildo y reclama explicaciones sobre el contenido del documento aprobado por Coalición Canaria y Partido Popular.

“¿No conocía el contenido del documento que estaba defendiendo o ha cambiado de posición cuando los peajes han llegado a los titulares?”, señala Raya, que sostiene que gobernar Tenerife implica conocer las decisiones que se aprueban y asumir la responsabilidad sobre ellas.

El PSOE alerta del impacto de los peajes en los trabajadores

Para Tamara Raya, uno de los principales problemas de los peajes previstos en el PIMSIT sería su impacto sobre las personas que necesitan utilizar el coche para acudir a su puesto de trabajo y no cuentan con conexiones adecuadas de transporte público.

“Hay trabajadores que utilizan el coche porque no tienen una guagua que les permita llegar a tiempo, porque necesitan varios transbordos o porque terminan su jornada cuando ya no disponen de un servicio adecuado”, sostiene la dirigente socialista.

Raya incluye entre los colectivos potencialmente afectados a trabajadores, estudiantes, familias que llevan a sus hijos al colegio y personas que necesitan desplazarse para recibir atención sanitaria.

La dirigente del PSOE considera que la solución a los problemas de movilidad de Tenerife debe pasar por mejorar las guaguas, las conexiones y las frecuencias del transporte público antes de trasladar nuevos costes a quienes utilizan diariamente las carreteras.

Raya critica también el 'céntimo forestal'

Raya también relaciona los peajes previstos en el PIMSIT con el recargo sobre el combustible conocido como 'céntimo forestal', impulsado por el Gobierno de Tenerife.

“Los tinerfeños ya pagan el céntimo de Rosa Dávila cuando repostan. No podemos aceptar que la respuesta a los problemas de movilidad sea seguir cargando el coste sobre quienes necesitan desplazarse cada día”, afirma.

El PSOE de Tenerife reclama al Cabildo que explique públicamente cómo y cuándo pretende modificar el PIMSIT para eliminar la posibilidad de implantar peajes.

“Si la presidenta asegura que no va a cobrar a los tinerfeños por desplazarse, debe respaldar sus palabras con una decisión, retirar esa medida del documento aprobado”, concluye Raya.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha declarado este jueves que los ciudadanos de Asturias están hartos de pagar el peaje del Huerna porque no reciben el servicio por el que pagan y se ha mostrado convencido de que “más pronto que tarde” acabarán con él.

“Yo soy el presidente de Asturias por encima de cualquier consideración y lo que defiendo es una cuestión de justicia; vamos a utilizar todas las vías políticas y jurídicas, y más pronto que tarde vamos a acabar con el peaje del Huerna”, ha declarado el presidente regional a preguntas de los periodistas en el acto de clausura de los Cursos de La Granda.

Unanimidad

Según Barbón, los problemas actuales con el peaje de la autopista del Huerna que conecta Asturias y León por el cobro íntegro de la tarifa, a pesar del deterioro del servicio, los habituales retrasos por obras, “es uno de los asuntos que mayor unanimidad despierta” entre la ciudadanía.

Barbón ha defendido el papel que juega la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, porque cumple su misión, como él mismo la cumple como presidente regional defendiendo los intereses del Principado “frente a quien sea”, incluido de su propio signo político, ha indicado con respecto a su postura sobre el peaje de la autopista.

La flota ferroviaria

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico también se ha referido a la renovación de la flota ferroviaria para el Principado. En este tema, ha indicado que confía en que se vayan sirviendo los nuevos trenes a la par que con Cantabria, que también está en ese proceso.

“La fabricación es lenta y compleja, y lo lógico es que haya un equilibrio y haya un reparto proporcional”, ha indicado Barbón.

Acabar con la “injusticia” e “ilegalidad” del cobro íntegro de la tarifa del peaje en la autopista del Huerna (AP-66) -pese a tener buena parte del trazado en obras- está en el trasfondo del debate público sobre esta polémica actuación. Mientras aumentan a diario las discrepancias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el Principado de Asturias que hace frente común con la Unión de Consumidores, partidos políticos, patronal del transporte y conductores “cabreados” a favor de su retirada, la Fiscalía de Asturias ha empezado a mover ficha. Desde las instancias judiciales ha comenzado una investigación oficial para dirimir sobre la legalidad o ilegalidad de este pago.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia interpuesta por el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna, el exdiputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Daniel Ripa.

En esta denuncia, reclama que se aplique la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (TS) para la autopista del Atlántico (AP-9) en noviembre de 2025.

Daniel Ripa ha confirmado este martes a elDiario.es Asturias la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía asturiana, que ha requerido nueva documentación para realizar nuevas investigaciones.

El procedimiento se inició el 3 de noviembre de 2025, con comunicaciones a las Fiscalías de Asturias y León, así como a la Fiscalía General del Estado, horas después de que la justicia declarara ilegal el cobro íntegro del peaje en la autopista AP-9 durante el período de obras. Ripa recalca que la concesionaria gallega y asturiana de estas autopistas forman parte del mismo grupo empresarial.

Ampliar la documentación

Apenas once días después, la Fiscalía General del Estado derivó el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, a su vez, lo envió a la Fiscalía de León. Tras examinar el expediente, ésta declaró la competencia de la Fiscalía asturiana.

“El pasado mes de enero se aportó nueva documentación a la Fiscalía sobre las retenciones y congestiones que se registraban en la AP-66 y que eran reconocidas por la Dirección General de Tráfico”, resalta el portavoz de la plataforma.

Daniel Ripa se muestra satisfecho por este requerimiento de documentación para ampliar la investigación sobre la legalidad o ilegalidad del cobro íntegro del peaje.

Obras y retenciones

“Es una excelente noticia para quienes queremos acabar con este peaje ilegal. Cuando se conoció la sentencia sobre las obras de la AP-9 en Galicia, desde la Plataforma contra el Peaje del Huerna entendimos que había que actuar inmediatamente. En menos de 48 horas, en noviembre de 2025, trasladamos a las Fiscalías de Asturias, León y del Tribunal Supremo esa sentencia, junto a la documentación acreditativa de las obras realizadas en la AP-66, las retenciones e incremento del tiempo de viaje, así como la vinculación entre la concesionaria en Galicia (Audasa) y en Asturias (Aucalsa), ambas del grupo In Itínere”, señala.

La sentencia sobre la AP-9 gallega exigía a Audasa cesar esta práctica de inmediato e indemnizar a los conductores. Sin embargo, en Asturias, casi un año después, se ha seguido cobrando el peaje íntegro por una autopista en obras.

Reclamar el dinero

“Toda Asturias está ilusionada con la posibilidad de que la Fiscalía de nuestro territorio lidere esa defensa de los derechos de los conductores, ante una autopista que lleva dos años de obras. Primero fue el argayo en noviembre de 2024, luego obras en los túneles a partir del verano de 2025, recientemente desprendimientos en el túnel del Negrón. En todas estas ocasiones -añade- se ha aumentado el tiempo de viaje, pero, en vez de reducir su precio, lo que vemos es que el Huerna sigue aumentando su coste cada 1 de enero”.

Daniel Ripa advierte a los conductores que deben guardar todos los tiquets para poder reclamar su devolución y confía en que la justicia europea obligue a suprimir el peaje y con ello se proceda al reintegro de todas las cuantías económicas que han sido cobradas “indebidamente”.

“El camino de insumisión a la legalidad de Aucalsa y el Ministerio de Transportes es una huida hacia adelante que cada vez tiene menos salidas”, resume el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje.

Los técnicos han evaluado la situación derivada del corte al tráfico de la autopista del Huerna (AP-66) tras el desprendimiento de una loseta en uno de los tubos de El Negrón por el que se circulaba, ya que el otro estaba cortado por obras. La Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que, una vez analizada, van a “abordar un refuerzo para que pueda estar despejado hacia el final de semana de cara a la operación retorno”.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se había anunciado que varios expertos se iban a trasladar este lunes para comprobar in situ la zona afectada y determinar las posibles actuaciones a acometer para su resolución.

La recomendación

El cierre de la autopista obligó a establecer desvíos por la carretera N-630 a través del puerto de Pajares y se aconsejó a los conductores que estuvieran en todo momento pendientes de las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia desplegados.

La autopista AP-66 se reabrió el pasado fin de semana. La incidencia afectó al punto kilométrico 85 de la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León.

El cobro íntegro, pese a las obras

La autopista asturleonesa presenta ya varias dificultades de circulación en su trazado por un argayo ocurrido en 2024 y cuyas obras siguen limitando un tramo a las que se suman las obras que el Ministerio de Transportes ejecuta de mejora en varios de los túneles.

Una situación que ha provocado las quejas de los conductores y de los políticos asturianos, ya que a pesar de las incomodidades que provoca no se ha rebajado ni un euro el cobro de la utilización del peaje.

Euskadi será una 'isla' a partir del próximo otoño, pero de peajes. A partir del mes de octubre, los conductores que usen la autopista vasco-aragonesa, la AP-68, que une Bilbao con Zaragoza, sólo pagarán peaje si discurren por los tramos vascos de Álava y Bizkaia, en total 77,5 kilómetros. La vía será gratis en el resto de las comunidades que atraviesa, es decir, en Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

No sucederá en Euskadi porque así lo han decidido las diputaciones forales de Álava y Bizkaia. Esta vía, actualmente la más cara de España -cuesta más de 39 euros viajar de Bilbao a Zaragoza-, pasará a manos públicas el 11 de octubre al finalizar la concesión a la empresa AVASA (Abertis). En el caso de Euskadi, la gestión la asumirá las sociedades forales Interbiak (Bizkaia) y Arabat (Álava), pero las diputaciones consideran que deben seguir siendo vías de peaje para garantizar la entrada de recursos para su mantenimiento y el de otras carreteras. Eso sí, será más barata que ahora.

Una vez se materialice el paso a manos públicas, Álava ha decidido reducir el coste del peaje en un 70% para los turismos y un 50% para los de más volumen. En Bizkaia, el descuento sobre la tarifa actual será del 20%. Eso supone, por ejemplo, que el trayecto entre Bilbao y Vitoria para los turismos pasará de 6,85 euros a 4,20 euros, de los que 3,30 euros corresponden al tramo vizcaíno y 0,90 euros al alavés. Eso sí, habrá descuentos para los usuarios habituales de las vías como contraprestación al mantenimiento de los peajes.

Desde la Diputación de Bizkaia mantienen la necesidad del cobro para contribuir al mantenimiento de la infraestructura y también para garantizar que no haya una derivación excesiva de tráfico de la carretera ordinaria a la autopista. En lo que se refiere al mantenimiento, se ha sacado a licitación ya el servicio de conservación, mantenimiento y explotación del tramo vizcaíno de la AP-68. Es un contrato que tendrá una duración de cinco años y un presupuesto de 81 millones de euros.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, del PNV, recordaba que hay necesidades que deben atenderse de manera inmediata desde el momento en el que se materialice el fin de la concesión y el paso a manos vascas y será necesaria “una inversión importante para adaptarla a los estándares de la red foral de Bizkaia y a la normativa vigente en cuanto a diferentes aspectos de seguridad”. De hecho, el pliego de licitación contempla una inversión de 15 millones de euros durante los próximos cinco años, de los que 12,5 millones se destinarán a la mejora y conservación de taludes, firmes y pavimentos, estructuras, sistemas de contención, señalización, sistemas inteligentes de transporte (ITS), instalaciones eléctricas y otros elementos de la infraestructura.

Los 2,5 millones restantes se invertirán en proyectos de innovación orientados a reforzar la sostenibilidad, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de la experiencia y atención a las personas usuarias. En total, el coste anual del mantenimiento de la nueva infraestructura está cuantificado en 12 millones de euros anuales, que hay que unir al resto de las carreteras. Según la Diputación de Bizkaia, se invierte en mantener la red viaria alrededor de 130 millones al año, mientras que con los peajes las arcas forales vizcaínas ingresan 90 millones al año.

El mismo argumento es el que esgrime la Diputación de Álava para mantener el peaje vigente: “mantener y modernizar la vía” de este tramao y del resto de las carreteras del territorio. La Diputación alavesa recuerda que destina al mantenimiento de los 1.455 kilómetros de la red foral de carreteras una media anual de 12 millones de euros y, según los estudios realizados, sólo el mantenimiento de los 168 kilómetros de vías de alta capacidad va a exigir cada año una inversión mínima de 16 millones de euros. Además, el Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027 prevé una inversión anual en mejoras de 32 millones de euros. “El objetivo final del sistema de pago por uso es garantizar a la ciudadanía alavesa una Red Foral de Carreteras de calidad, moderna y segura de acuerdo a los estándares europeos”, señalan en el equipo del diputado Jon Nogales, del PSE-EE.

Además, recuerdan que Álava es un nodo de comunicaciones entre el norte de la península y Europa, y “la inmensa mayoría del tráfico de las vías de alta capacidad del territorio es tráfico de paso”. “Así, en el caso concreto de la autopista AP-68, el 90% del tráfico de vehículos ligeros es tráfico ‘no alavés’ (este porcentaje es mayor en el caso de vehículos pesados) y los usuarios alaveses representan, por lo tanto, sólo el 10%. El sistema de pago por uso hace que el tráfico de paso contribuya también al sostenimiento de la red en línea con el criterio europeo de ‘quien deteriora y contamina paga’”, indican.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha liberado más de 1.000 kilómetros de autopistas de peaje desde 2018 al finalizar sus contratos de concesión. Aunque lo cierto es que el debate en Europa es si hay que ir hacia un modelo de pago por uso para la red de alta capacidad, en línea con lo decidido ya en Euskadi, lo cierto es que los peajes se van quedando sólo actualmente en suelo vasco. En las carreteras vascas se paga peaje, además de en los tramos vascos de la AP 68, en la AP-8, entre Bilbao e Irún, la AP-1, de Vitoria a Eibar y, además, en la Supersur y los túneles de Artxanda en Bizkaia. También en el puente colgante entre Portugalete y Getxo.

El Gobierno de Asturias ha cifrado en 1,1 millones de euros la cuantía económica con la que va a proponer sancionar a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, por su negativa a rebajar el coste del peaje pese a las obras, el deterioro de la infraestructura y la falta de información a los usuarios.

No es una novedad que los usuarios de esta autopista siguen sufriendo con impotencia las consecuencias de la falta de mantenimiento de la autopista, mientras sus responsables miran hacia otro lado empecinados en mantener íntegro el cobro del peaje.

Abocados a la sanción

Ni las reclamaciones de las asociaciones de consumidores, ni las peticiones del Gobierno asturiano han hecho mella para que se planteen siquiera la revisión de las tarifas, pero la paciencia de unos y otros tiene límite y se agota.

Ante esta situación, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha puesto sobre la mesa la vía de la sanción para penalizar la actuación de la concesionaria.

Las inspecciones

Ovidio Zapico ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación acompañado del director general de Consumo, Faustino Zapico, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto para anunciar que el próximo lunes, día 27, elevará al Consejo de Gobierno la propuesta para iniciar un procedimiento sancionador contra Aucalsa.

La propuesta se realiza por la presunta comisión de infracciones en materia de consumo al mantener el cobro íntegro del peaje del Huerna pese al grave deterioro de las condiciones del servicio y no facilitar a las personas usuarias información suficiente sobre el alcance de las obras y las restricciones antes de acceder a la autopista (AP-66).

Zapico ha explicado que esta decisión culmina “meses de trabajo” de la Dirección General de Consumo y de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, que se concretan en las inspecciones realizadas sobre el terreno y los sucesivos requerimientos a la concesionaria.

“Es una auténtica vergüenza”

“Llevamos muchos meses inspeccionando una situación que convierte demasiadas veces la autopista del Huerna en una auténtica ratonera para los asturianos y asturianas. Es la principal vía de comunicación con la Meseta y sigue funcionando en unas condiciones que son una auténtica vergüenza”, ha calificado el consejero.

La propuesta plantea una sanción de 1.100.000 euros, de los que el grueso de la partida -un millón de euros- responde a su responsabilidad en una infracción muy grave por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio.

Los abusos

Los cien mil euros restantes se corresponderían con una infracción grave al considerar que la información facilitada a las personas usuarias sobre las obras y las restricciones no permite decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa.

El titular de Derechos Ciudadanos reconoce que se están produciendo abusos ya que “se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril. Entendemos que se están vulnerando los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, ha añadido.

La mayor sanción

Ovidio Zapico ha defendido que la propuesta responde a una cuestión de justicia con las personas usuarias y ha subrayado que se trata de la mayor sanción impulsada por la Dirección General de Consumo: “Lo hacemos con el convencimiento de que es de justicia social poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos y asturianas”.

El consejero ha reiterado, además, que la solución definitiva pasa por la desaparición del peaje del Huerna, que ha vuelto a calificar de “injusto e ilegal”.

“El peaje no debería cobrarse”

Además, ha insistido en que la propuesta sancionadora no altera la posición del Gobierno de Asturias sobre el futuro de la AP-66 y ha manifestado que, mientras continúen las obras y las graves afecciones a la circulación, el peaje no debería cobrarse.

“En la situación en la que está hoy la autopista del Huerna, las barreras de los peajes de Villablino y La Magdalena tienen que estar levantadas. No entiendo otro escenario que no sea ese: libre circulación mientras persistan las obras, los atascos, las caravanas y la congestión de la calzada”, ha dicho.

“Lo deseable hubiera sido un acuerdo”

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado que el Gobierno de Asturias ha actuado con Aucalsa como lo hace con cualquier empresa que incumple la normativa de consumo y ha recordado que antes de llegar a esta propuesta se realizaron varios requerimientos para intentar corregir la situación.

La viceconsejera ha señalado que el expediente se ha tramitado respetando todos los plazos legales y la existencia de actuaciones en la Fiscalía no impedía continuar el procedimiento administrativo.

En su opinión, “lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo que evitara llegar a este punto, pero la empresa no aceptó los requerimientos formulados por la Dirección General de Consumo”.

La propuesta se elevará al Consejo de Gobierno

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que el expediente se apoya en las inspecciones realizadas durante los últimos meses, así como en el análisis de las reclamaciones presentadas por usuarios y asociaciones de consumidores.

Una vez que la propuesta de sanción sea analizada y aprobada por el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será notificar el acuerdo a Aucalsa para el caso de que opte por presentar alegaciones.

Si la concesionaria decide alegar, la Administración regional examinaría sus argumentaciones antes de adoptar una resolución firme que, en su caso, pondría fin al procedimiento en vía administrativa. Si la empresa no estuviera conforme con la decisión, podrá recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue ahora su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares han tratado de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente han sido rechazadas.

Durante el debate de la ley en el pleno del Congreso, el PSOE, Sumar y el BNG han celebrado la aprobación de esta “reivindicación histórica”, mientras que Vox ha reprochado al PP que, bajo su punto de vista, haya “comprado” el marco de los nacionalistas.

Además, Sumar y BNG han coincidido en reclamar además que la AP-9 puede ser “libre de peajes” para conseguir todas las aspiraciones relativas a esta vía gallega.

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG?

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

El Gobierno de Asturias ya se ha cansado de que todos los requerimientos que ha enviado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a sus reiteradas peticiones para que acuerde la suspensión temporal del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) cayeran en saco roto y ha decidido dar el paso y emprender acciones legales.

El Consejo de Gobierno de este lunes ha autorizado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) para poner fin al cobro por utilizar esta vía de comunicación y acabar así con un “agravio histórico” que, según ha asegurado, “lastra las comunicaciones entre la comunidad y la meseta tanto para la ciudadanía como para las empresas”.

Pese a que el Ejecutivo autonómico y el central comparten las siglas socialistas, en este tema no han llegado a un entendimiento y serán los tribunales quienes tengan la última palabra.

La defensa de la legalidad

En ausencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, que sigue en Madrid asistiendo a los actos organizados con motivo de la visita del Papa León XIV, se ha celebrado esta mañana en Oviedo/Uviéu el Consejo de Gobierno donde el Ejecutivo autonómico ha dado vía libre al inicio de las acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna (A-66) hasta 2050.

Un aval jurídico “sin precedentes”

El consejero de Movilidad Alejandro Calvo ha comparecido junto al portavoz del Ejecutivo autonómico Guillermo Peláez, al término del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa donde han anunciado los asuntos abordados en la reunión.

Alejandro Calvo ha asegurado que este paso que da el Gobierno asturiano significa reafirmar su compromiso anterior: “defender los intereses de Asturias ante todo y con un aval jurídico sin precedentes”.

El Gobierno de Asturias justifica esta iniciativa en “la defensa rigurosa de la legalidad” ante una decisión como es la de la prolongación del canon hasta 2050 que, según expone, presenta “indicios fundados de nulidad radical”.

La cuestionada ampliación

La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita acordó esta medida por unanimidad en su última reunión, celebrada el 23 de abril, tras el dictamen de la Comisión Europea que acredita irregularidades en el proceso de tramitación de la prórroga aprobada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular (PP). 

Esa prórroga constituye, a juicio del Ejecutivo autonómico, una modificación sustancial del contrato original con la concesionaria de la autopista del Huerna, dado que amplía en 29 años su duración y altera de forma significativa sus condiciones económicas en favor de la empresa.

Situación “injustificada y perjudicial”

El Gobierno asturiano recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea (UE), este tipo de modificaciones exige una nueva adjudicación, por lo que debería haberse sometido a un proceso de licitación pública con plenas garantías de “transparencia, igualdad y libre concurrencia”, unos requisitos que sostiene que no se cumplieron en este caso.

El Principado asegura que trabaja en varias líneas para restablecer la legalidad y acabar con una situación que tilda de “injustificada y perjudicial”. Así, desarrolla una labor coordinada con las instituciones europeas para afrontar una revisión de fondo del proceso en el que modificaron las condiciones de la concesión para ampliar su vigencia durante 29 años más.

Acciones conjuntas

Además, mantiene una estrecha colaboración con las administraciones de Galicia y Castilla y León para abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos, tanto en la AP-66, como en la AP-9 (autopista del Atlántico, en Galicia).

En paralelo, el Principado ha impulsado actuaciones específicas para reclamar la suspensión del cobro del peaje o la aplicación de mecanismos de compensación ante la sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en diferentes puntos de autopista del Huerna, lo que no ha impedido que la concesionaria mantenga íntegro el coste del canon.

Otros recursos

El recurso del Ejecutivo autonómico, que tiene como plazo para su presentación hasta el día 15, se suma a los promovidos ante el Tribunal Supremo por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte del Principado (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR) ante la negativa del Gobierno a revisar la prórroga del peaje del Huerna que habían solicitado.

La autopista AP-7 de la Costa del Sol ha alertado de un intento de estafa por SMS, un método conocido por los especialistas como smishing, en el que los ciberdelincuentes simulan ser una entidad legítima con el objetivo de robar información privada o realizar un cargo económico. En este caso, se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Así lo ha reportado la empresa concesionaria en un comunicado, donde detalla que algunos usuarios han recibido un mensaje en sus teléfonos móviles, enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo.

En esta comunicación por mensaje SMS aparece el siguiente texto: “Peaje AP-7 no abonado”. También se reporta la marca, el modelo y la matrícula del vehículo. Por último, se detalla la cuantía que el conductor, supuestamente, adeuda. 

Como en este tipo de estafas, los ciberdelincuentes intentan que el afectado tenga poco tiempo para pensar y que pique. Por eso, a continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de doscientos euros. Para abonar el dinero, se incluye un enlace abreviado que conduce a la plataforma de pago fraudulenta.

Todo es un engaño, recuerda la compañía Ausol, quien gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro. No hay que prestar atención al mensaje y tampoco hay que acceder al enlace adjunto que aparece en el SMS. 

Nuevo engaño a costa de la DGT

No es la primera vez que los ciberdelincuentes intentan suplantar la identidad de la DGT, un organismo acostumbrado a emitir multas y otro tipo de sanciones cuando se refiere a cuestiones relacionadas con el tráfico. Y utilizan cualquier método a su alcance, tanto el envío de un SMS como de un correo electrónico. En ambos, se reclama el pago de un dinero pendiente. 

Sin embargo, desde Ausol, recuerdan que se trata de fraudes. En el caso de la DGT, la dirección, dependiente del Ministerio del Interior, advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto ni correos electrónicos, sino que solo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).

Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.

El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

La empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), cobró de forma íntegra el peaje a 1,8 millones de conductores, pese a que no presta el servicio adecuado desde que, en noviembre de 2024, se produjo un desprendimiento que mantiene la vía en obras.

Esta es la estimación que baraja la Dirección General de Consumo de Asturias, que calcula que en los 16 meses transcurridos desde que cayó el argayo, la empresa ha llegado a ingresar en sus arcas hasta 29,6 millones de euros.

Sin rapidez, seguridad, ni fluidez

El Gobierno regional asegura que la empresa está percibiendo unos ingresos de forma indebida por circular por una autopista que es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, sin que ofrezca las condiciones de “rapidez, seguridad y fluidez”.

El argayo cortó parte de la autopista y obligó a crear un bypass provisional en tanto se ejecutan las obras de estabilización del talud, por lo que las obras que se están acometiendo para la modernización de sus túneles obligan a circular a una velocidad mucho menor de lo que permite una autopista.

El requerimiento

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no se limita a constatar una situación que ha provocado las quejas de miles de conductores y organismos, sino que ha ido más allá.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este miércoles que la Dirección General de Consumo ha remitido un requerimiento formal a Aucalsa, tras constatar las deficiencias en la prestación del servicio en esta infraestructura.

Las futuras actuaciones

En este requerimiento, solicita información detallada a la concesionaria sobre la situación de la autopista, la planificación, la duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje.

La empresa dispone de plazo hasta el próximo martes, día 31 de marzo, para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Principado antes de determinar posibles actuaciones.

Las reclamaciones

El consejero ha explicado que la actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de usuarios, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), y de la realización de inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas.

Entre otras, destacan las limitaciones de velocidad, las retenciones, las obras simultáneas y las deficiencias en la señalización.

Una vía sin condiciones adecuadas

Ovidio Zapico considera que existen indicios de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas y ha resaltado el hecho de que esta situación irregular se está prolongando en el tiempo, lo que genera un malestar generalizado entre la ciudadanía.

“El Gobierno de Asturias está con las personas usuarias y consumidoras. ¿Quién no se ha indignado al pasar por ahí? Yo creo que es de sentido común y es vergonzoso. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad?”, ha interpelado.

El precedente en Galicia

Zapico ha recordado además que existe un precedente reciente del Tribunal Supremo (TS) en relación con la autopista AP-9, en Galicia, donde se determinó la improcedencia de cobrar íntegramente el peaje durante la ejecución de obras que afectaban a la normal circulación.

“Hay coincidencias evidentes entre ambos casos”, ha admitido el consejero aunque se muestra cauto, a la espera de la respuesta que ofrezca la empresa concesionaria en sus alegaciones.

Las inspecciones técnicas

Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha coincidido con el consejero en que desde la concesionaria se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente.

Asimismo, ha detallado que las inspecciones técnicas realizadas han corroborado las reclamaciones recibidas y evidencian que “las condiciones de circulación actuales no se corresponden con las que justifican el pago del peaje”.

Descuentos o devoluciones

Si se confirma que el cobro es indebido, la postura más razonable sería, en su opinión, que se aplicaran descuentos e incluso devoluciones a los usuarios.

A este análisis se ha sumado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien ha puesto de manifiesto la falta de información por parte de la concesionaria sobre la planificación de las obras y su duración, así como en la ausencia de medidas para adaptar el coste del peaje a las condiciones reales del servicio.

La motivación

Beatriz González Prieto ha señalado que el requerimiento también busca esclarecer “cuál es la motivación para no minorar la cantidad que se está cobrando”.

La viceconsejera ha recordado que el Gobierno de Asturias actúa dentro de sus competencias para “defender a los consumidores y exigir el cumplimiento de los contratos”, mientras mantiene vigente su reivindicación política para lograr la supresión del peaje del Huerna.

El Gobierno de Asturias no se desanima por la falta de respuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a sus reiteradas peticiones para que le haga caso y acuerde la suspensión temporal del peaje de la autopista del Huerna (AP-66). Si hace falta, reitera cuantas veces sea preciso su petición, mientras apela a la jurisprudencia para sustentar su solicitud con argumentación jurídica.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha remitido una nueva comunicación al ministerio que está bajo la responsabilidad del también socialista Óscar Puente en la que reitera formalmente la solicitud de suspensión temporal del peaje de la AP-66, ante las afectaciones acreditadas a la movilidad derivadas de las obras en ejecución y de las limitaciones recurrentes en la red viaria alternativa.

 “Esta nueva reclamación da continuidad a la comunicación remitida al ministerio el pasado 5 de febrero y a otras previas, trasladadas en los últimos meses, cuyos argumentos se reiteran íntegramente en el nuevo escrito”, explica el Gobierno asturiano en un comunicado oficial que ha hecho público este lunes.

Obras e incidencias

En este escrito argumenta que la autopista se encuentra afectada de manera simultánea y prolongada por las obras de modernización de los túneles del Huerna y por las actuaciones de emergencia y estabilización del talud tras el desprendimiento registrado en noviembre de 2024, circunstancias que han supuesto “reducciones de carril, circulación por calzada contraria, estrechamientos y limitaciones de velocidad”.

 Pese a su insistencia, aún no ha obtenido respuesta alguna en las tres peticiones que le ha realizado en los últimos meses.

Las limitaciones

Según los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico, “estas intervenciones han generado episodios reiterados de circulación irregular, retenciones prolongadas, velocidades muy reducidas y aumentos significativos en los tiempos de recorrido, con impacto directo en el nivel de servicio de la infraestructura”.

A esta situación se suman las limitaciones severas en la red alternativa gratuita, especialmente en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, donde “los temporales de nieve han provocado restricciones al tráfico pesado, exigencia de cadenas o neumáticos de invierno y cierres puntuales”, expone el Gobierno asturiano.

Las retenciones

Además, el Principado alude en esta nueva comunicación al desprendimiento registrado la pasada semana en la N-630 en el entorno del puerto de Pajares, que obligó a establecer un paso alternativo regulado y a restringir la circulación mientras se retiraba el material. Esta incidencia generó retenciones significativas y volvió a limitar la capacidad operativa de la principal vía alternativa gratuita.

El Gobierno de Asturias no se limita a exponer la situación y a pedir que se adopten medidas, sino que alude a las resoluciones judiciales que respaldan su posicionamiento y le dan la razón en su reclamación.

Jurisprudencia

En este sentido, recuerda la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con la AP-9 que aplica la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (TS) y por la que refuerza el principio de proporcionalidad entre el peaje abonado y el nivel de servicio prestado cuando existen afectaciones relevantes acreditadas.

“En este contexto, el Principado considera necesario que el ministerio analice de forma específica la situación actual de la AP-66 y valore la adopción de medidas temporales de suspensión del peaje o, en su caso, mecanismos de compensación proporcional en los días en que se constate una significativa reducción de la fluidez del tráfico”, añade.

El Ejecutivo autonómico incide en que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio. Ambas vías son diferentes y compatibles.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa) a devolver de forma parcial peajes que usuarios de la AP-9 pagaron durante la ejecución de las obras de ampliación del puente de Rande y de los accesos a O Morrazo y a Teis, en Vigo, entre 2015 y 2018.

La sala concluye que la empresa tendrá que devolver el precio de los peajes cobrados en aquellos casos en los que inclumplió sus obligaciones. “Esto es, cuando la ejecución de las obras afectó a la fluidez del tráfico y, a pesar de ello, no informó debidamente a los usuarios”, recoge la sentencia, según informa Europa Press.

Así, ordena que abone a los demandantes -empresas y particulares- la mitad del peaje correspondiente a los días en los que, según un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), el nivel de servicio fue catalogado como negro, rojo o amarillo, “siempre que se justifique a través de las facturas aportadas a los autos el trayecto realizado, determinación que, a falta de acuerdo, deberá realizarse en fase de ejecución de sentencia”.

De esta forma, el tribunal resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña, confirmando su decisión en cuanto a la condena a Audasa a indemnizar a los demandantes. Sin embargo, estima parcialmente el recurso de la compañía, pues establece que la devolución solo procederá en aquellos días en que se demuestre que las obras afectaron la fluidez del tráfico.

“No compartimos el criterio de los demandantes, acogido en la sentencia de instancia, de que el mero hecho de la existencia de las obras justifique el incumplimiento contractual y, en consecuencia, se pueda considerar que el incumplimiento abarcó todo el periodo de realización de las obras, con independencia de que se hubiese realizado el trayecto sin incidencia alguna o con retenciones que afectaban a la fluidez”, explica la sala en la sentencia.

En la misma añade que entiende que el incumplimiento se produjo “cuando las obras afectaron a la fluidez y prestaciones propias de la autopista y, a pesar de ello, no se informó de esta circunstancia a los usuarios con la antelación suficiente para evitar el atasco o poder escoger una ruta o vía alternativa”. En atención a la prueba practicada, los jueces indican en la resolución que está demostrada que estas circunstancias se dieron cuando el nivel de servicio de la vía era negro, rojo o amarillo.

Además, la Audiencia destaca que Audasa, “pese al conocimiento de un hecho cierto y seguro como era la realización de las obras y de su larga duración, y de otro cierto y seguro como que el servicio, en ocasiones, lo iba a prestar de modo deficitario, no adoptó ninguna medida”.

“Durante las obras, y a pesar de los atascos, retrasos, incidencias graves y menos graves, quejas de los usuarios, repercusión en la sociedad, en los medios de comunicación y en las instituciones, mantuvo exactamente la misma conducta ajena a la debida diligencia y no trató ni siquiera entonces de corregir la situación existente, ni rebajó el precio del peaje ante esa merma en el servicio, compensando a los usuarios por la defectuosa prestación que éstos iban a tener que soportar”, subrayan. Los magistrados afirman que “no es admisible que la contraprestación del usuario sea la misma que cuando el servicio se presta en condiciones de normalidad y que no se informe, con la debida antelación, sobre la repercusión efectiva de las obras en la circulación”.

Asimismo, recalcan que, cobrar todo el importe del peaje, “cuando el servicio era deficiente, incluso en ocasiones caótico, con largas retenciones de vehículos”, afecta “al equilibrio en el contrato, haciendo que resulte más gravoso para el usuario que debe cumplir en su totalidad su prestación, mientras que no recibe en iguales términos la prestación contraria”.

En el fallo, la Audiencia concluye que Audasa, durante la realización de las obras, “cumplió defectuosamente sus obligaciones, al no prestar los servicios propios e inherentes al concepto de autopista con la normalidad que era de esperar y le era exigible”. Tal actuación, según la sentencia, “causó un desequilibrio en las prestaciones entre los contratantes, y con ello un evidente perjuicio a los demandantes, menoscabando sus derechos”. Pese a todo, el fallo no es firme, pues puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Precisamente el Supremo condenó a Audasa el pasado mes de octubre a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación de Rande, estimando el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera Asetra-CETM Asturias, Astra, Cesintra, Asvipymet y CAR han activado la maquinaria jurídica contra la prórroga del peaje del Huerna con la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho contra el real decreto, aprobado en el año 2000, por el que se amplió en 29 años el plazo concesional de la autopista AP-66, entre Asturias y León.

Fade y las cinco asociaciones aseguran que la ampliación supuso una “modificación sustancial” de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea de contratación pública, “debería tramitarse mediante una nueva adjudicación y no como una mera modificación contractual”.

Seis meses para resolver

A partir de ahora, el Consejo de Ministros dispone de un plazo de seis meses para resolver y en caso de desestimación o silencio administrativo se abriría la vía contencioso-administrativa.

Con esta acción de nulidad quieren que el Gobierno central revise este real decreto ya que, según exponen, esta ampliación ha supuesto un “sobrecoste injusto” y “sostenido en el tiempo” para las empresas asturianas.

“El peaje del Huerna no es solo una infraestructura, sino un factor que condiciona la competitividad de la industria, del transporte y de la logística asturiana”, afirman.

El impacto

Además, comparan esta situación con otras comunidades autónomas donde operan “sin este coste adicional en sus principales vías de salida” en contraste con lo que ocurre en la región donde las empresas asturianas “soportan una carga diferencial que impacta directamente en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión”.

Esta iniciativa es, a su juicio, compatible con el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea frente a España por posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en relación con esta ampliación concesional.

“Una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) reforzaría la posición jurídica defendida por las organizaciones empresariales”, advierten.

Esta acción se une a la emprendida por el Gobierno de Asturias que ha puesto en marcha el proceso para impugnar la prórroga de la concesión del peaje a través de una solicitud formal de revisión de oficio. 

El beneficio “ilícito” de Aucalsa

El pasado 6 de febrero, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, cifró en 60 millones de euros el beneficio que está obteniendo la empresa Aucalsa “de forma ilícita” por el peaje del Huerna y reclamó a la concesionaria la devolución de esa cuantía que ha logrado, según corroboró, a través de una práctica que “es un engaño y una auténtica estafa a los usuarios”.

La Unión de Consumidores ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento “sistemático, continuado y de extrema gravedad” en la gestión de la autopista AP-66.

La Unión de Consumidores de Asturias ha cifrado en 60 millones de euros el beneficio que está obteniendo la empresa Aucalsa “de forma ilícita” por el peaje del Huerna. Su presidente, Dacio Alonso, ha reclamado a la concesionaria la devolución de esa cuantía que ha logrado, según expone, a través de una práctica que “es un engaño y una auténtica estafa a los usuarios”.

Alonso no se ha limitado a quejarse, sino que una vez recopilada toda la información y con los cálculos económicos contrastados ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento “sistemático, continuado y de extrema gravedad” en la gestión de la autopista AP-66.

El beneficio de Aucalsa

La denuncia se ampara en los artículos 24 y 37 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ante los abusos de la concesionaria, que habría obtenido hasta 60 millones de euros mediante un peaje que califica como “abusivo” ya que solo permite disfrutar de alrededor del 60 por ciento de la autopista.

Casi 4.000 personas se han inscrito en el registro de afectados habilitado por la Unión de Consumidores y que muestra el cabreo de los usuarios de la autopista, fundamentalmente trabajadores, familias, transportistas y empresas que “no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta”, señalan desde la Unión de Consumidores.

Una cadena de incidencias

Dacio Alonso anunció la presentación de esta denuncia en una rueda de prensa celebrada este viernes en Oviedo donde hizo un relato de las numerosas incidencias que se están registrando y que no son novedosas, ya que los primeros problemas comenzaron en noviembre de 2024, cuando un desprendimiento de tierras y rocas -un argayu- a la altura del kilómetro 76 provocó el corte total de la autopista durante más de 15 días, paralizando la principal arteria de comunicación del Principado.

La vía no se reabrió hasta finales de mes mediante un bypass provisional, en condiciones claramente inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.

Cortes de calzada

A partir del 7 de julio de 2025, las obras de modernización de varios túneles -como Entrerregueras, Pando o Vegaviesga- generaron cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales incompatibles con un servicio de alta capacidad.

“Las incidencias afectan de forma directa a unos 30 kilómetros de los 74 del tramo concesionado Campomanes-León, es decir, más del 40 por ciento del recorrido, alterando de manera grave y continuada la naturaleza misma del servicio contratado”, añaden desde la entidad.

Hay retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses

Dacio Alonso — Presidente de la Unión de Consumidores de Asturias

Circular como carretera secundaria

Pese a todas estas circunstancias, los usuarios se han visto obligados a pagar el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación alguna. El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes más caros del país.

Dacio Alonso lo describe gráficamente: “Hay retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses”.

Cláusula abusiva

Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica puesto que se exige al usuario el cumplimiento íntegro de su obligación de pago mientras la concesionaria incumple de forma notoria la suya, vulnerando el principio básico de reciprocidad contractual.

Aucalsa conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables

La denuncia subraya, además, la falta absoluta de información previa y transparencia: “Aucalsa conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables”.

Esta omisión impidió a miles de personas decidir libremente si utilizar o no la autopista, viciando su consentimiento y obligándolas a pagar por un servicio que sabían o debían saber que no podían prestar en condiciones normales.

El respaldo jurídico

La controversia en torno al cobro del peaje vuelve a situar en el centro del debate la obligación de las administraciones y concesionarias de reparar de oficio cuando se detecta una actuación generalizada y perjudicial para los usuarios.

“Desde la óptica de la Unión de Consumidores, el caso encaja plenamente en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 y recuerda de forma directa al precedente del radar del túnel de La Bolgachina, en Oviedo, donde la DGT anuló y devolvió automáticamente más de 15.800 multas al reconocer que no podía exigir pruebas individuales a los conductores cuando ella misma disponía de todos los registros”, rememora.

Guardar los tickets

La Unión de Consumidores considera que en un servicio de peaje utilizado a diario por miles de personas, “resulta irrazonable pedir a los consumidores que conserven tickets de pagos en efectivo o justificantes de trayectos realizados meses atrás, mientras que la concesionaria Aucalsa sí cuenta con sistemas de control, datos de tránsito y facturación que permiten identificar con precisión a los afectados”.

Esta desigualdad probatoria, recogida en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refuerza a su juicio la necesidad de una devolución o compensación de oficio, evitando que la falta de un recibo se convierta en un obstáculo y garantizando una reparación efectiva, transparente y acorde con el interés general.

El precedente del Tribunal Supremo

Además, advierte que hay precedentes claros que dan un respaldo a su denuncia. Es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) relativa a la AP-9 y las obras del Puente de Rande. En aquel caso, el alto tribunal declaró abusivo cobrar el peaje íntegro cuando las obras impedían una circulación fluida y segura, aun cuando la afectación se limitaba a apenas unos kilómetros dentro de una autopista de más de 200.

“En el Huerna, la situación es objetivamente más grave. No se trata de un tramo puntual, sino de una afectación estructural y prolongada que alcanza a más del 40 por ciento del recorrido, lo que refuerza -si cabe- la aplicación del criterio jurisprudencial”, comenta.

la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros

Un expediente sancionador

Según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Asturias, Aucalsa habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras, pese a no prestar el servicio en condiciones normales. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros.

Por ello, la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros.

Una infraestructura esencial

La AP-66 arrastra décadas de polémica. Es una concesión prorrogada hasta 2050, cuestionada por la Comisión Europea, un modelo tarifario “injusto” y un impacto económico “desproporcionado” sobre un territorio que depende de esta vía para su actividad diaria, asevera la entidad.

La Unión de Consumidores de Asturias, que lleva años denunciando estos abusos, reafirma con esta acción su compromiso histórico con la defensa de los derechos sociales y lanza un llamamiento a la unidad de acción entre instituciones y ciudadanía porque, según incide, “no es aceptable que quienes dependen del Huerna para trabajar, viajar o vivir su día a día sigan pagando como si nada ocurriera por un servicio degradado, colapsado y cada vez más caro”.

Una infracción grave

“Cobrar el peaje íntegro mientras el servicio se presta en condiciones degradadas y sin información previa vulnera la normativa de consumo, rompe la reciprocidad contractual y constituye un desequilibrio grave en perjuicio del usuario”, sostiene la Unión de Consumidores.

Los hechos encajan en una infracción grave en materia de consumo, por su carácter masivo, continuado y lucrativo, lo que permite imponer sanciones proporcionales al beneficio ilícito obtenido, además de ordenar el cese inmediato de la práctica y la restitución automática de las cantidades indebidamente cobradas.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remirez, ha anunciado que la autopista AP-15, vía rápida que vertebra la comunidad foral de norte a sur, será gratuita para los turismos a partir de 2029, cuando la empresa pública Nafarbide asuma la titularidad. En este plan también se incluye la AP-68, aunque no ha concretado la fecha de entrada en vigor de la medida.

Según ha explicado Remírez, cuando finalicen las concesiones, en el caso de la AP-15 en 2029, “pasarán a titularidad del Gobierno de Navarra a través de la empresa pública de Nafarbide”, cuya integración supone que se cobren los viajes “únicamente a tráfico pesado, no a los turismos”.

Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial declaró en julio de 2025 que Nafarbide, sociedad pública encargada de gestionar el “dominio público viario”, implantaría “un sistema de cobro a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad”, correspondiendo a las autovías A-1, A-10, A-15 y A-68 y la carretera N-121-A. Aunque no aparece de forma expresa la gratuidad para los turismos.

“Más allá de los plazos, la decisión política está tomada por parte del gobierno de Navarra”, ha insistido Remírez, y ha apuntado que es un debate que “ya se produjo en el seno” del Ejecutivo foral la anterior legislatura y que “se ha confirmado en la presente”. Aludiendo a la AP-15, el portavoz ha definido la decisión del Gobierno como la “voz de una demanda histórica” y ha achacado a una “decisión política de UPN y PP” que en 1997 extendieran “de manera artificial” la concesión de la vía a una empresa privada.

“Desde luego que, a partir de 2029, no van a tener que pagar peajes los desplazamientos de turismos entre la Ribera, la zona media y el resto de Navarra”, afirmaba Remírez con rotundidad, y que “las decisiones están basadas en análisis rigurosos por parte del Gobierno de Navarra”. “Todas las decisiones están tomadas”.

No obstante, Remírez no ha citado ningún acuerdo del Gobierno, decreto, norma o documento jurídico concreto en el que conste por escrito dicha gratuidad.

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) interpondrá una denuncia contra la concesionaria Aucalsa ante la Dirección General de Consumo del Principado por aplicar “de forma continuada cláusulas y prácticas abusivas” en el peaje del Huerna, al considerar que está cobrando la tarifa íntegra de un servicio “que no está prestando” debido a las obras que se están acometiendo en la vía y que causan afecciones al tráfico.

El presidente de esta organización, Dacio Alonso, así lo ha avanzado este viernes en una rueda de prensa en la que ha detallado que la denuncia se registrará en los próximos días con el propósito de que la administración autonómica abra un expediente sancionador a la empresa y le aplique una multa que puede superar los 100.000 euros.

El abuso del cobro íntegro

“Los usuarios están pagando un peaje que no están disfrutando íntegramente”, ha señalado Alonso, quien se ha apoyado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ha anulado por abusivo el cobro íntegro de peajes en la AP-9 durante las obras realizadas entre 2015 y 2018, que provocaron importantes atascos.

Alonso ha confiado en que la administración asturiana “ponga todo su hacer” para que Aucalsa haga frente a una sanción al tiempo que ha defendido que cuando una vía con este tipo de peaje está en obras “se pondere su coste en función de los daños” que provocan esos trabajos.

Un registro

Según ha explicado, desde la apertura de un registro para que los usuarios hagan llegan a la UCE la documentación de sus casos, se han inscrito más de 3.000 personas, lo que refleja el “cabreo” que existe con este asunto.

Con todo, el presidente de la UCE ha asegurado que el objetivo final debe ser la eliminación del peaje tras el dictamen de la Comisión Europea que concluye que la prórroga de esta vía hasta 2050 fue contraria al derecho de la Unión Europea.

“Cómo es posible que con ese dictamen tan importante se siga pagando el peaje. Es un abuso e inaceptable”, ha dicho tras apuntar que la solución pasaría por que el Gobierno central revise de oficio esa concesión.

Demandas para 2026

En su comparecencia, Alonso ha presentado un decálogo de reivindicaciones de la entidad para este año entre las que ha destacado la necesidad de aprobar una nueva ley de protección de consumidores y dar luz verde “con carácter de urgencia” a la ley autonómica de vivienda.

También ha asegurado que la UCE trabajará para “recuperar para más de 50.000 asturianos hasta 10.000 euros por los abusos del cartel de los coches, los gastos hipotecarios y las tarjetas de plago aplazado”.

Las campañas

Además, ha avanzado que se iniciará una nueva campaña de reclamación por “los abusos y estafas en la financiación de vehículos por parte de los concesionarios en los últimos años y que pueden afectar a 100.000 personas en Asturias”.

Alonso ha defendido, por otro lado, que se prohíban las ventas a domicilio a personas mayores de 65 años en el Principado y las tarjetas revolving y que se otorgue de oficio el bono social eléctrico y térmico a quien cumpla los requisitos.