La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, María José Salvador, ha denunciado que los “recortes” del Consell en las ayudas a la vivienda han dejado a más de la mitad de los solicitantes aptos, sin ninguna clase de subvención, lo que ha demostrado que Carlos Mazón “abandona a las familias en plena emergencia habitacional y vuelve a los recortes e impagos en las ayudas de vivienda”.

Salvador, consellera de Vivienda durante el Ejecutivo del Pacte del Botànic, ha explicado también que el Consell de Mazón “aporta 4,4 millones de euros en ayudas en 2024, pero cero en 2023”, es decir, recorta la partida presupuestaria de la Generalitat a mínimos en plena crisis de acceso a la vivienda. “Esta cuantía es prácticamente la mitad de lo que aportó en 2016 con el primer presupuesto de ayudas al alquiler el gobierno de Ximo Puig”, ha asegurado. 

Por otra parte, la diputada socialista ha recordado que esta situación “ya se vivió durante la última etapa del Partido Popular, que acumuló más de 300 millones de euros de deuda en ayudas al alquiler y fue el gobierno de Ximo Puig quien empezó a resolverlo en 2015”. “Han tardado más de cuatro meses en convocar las ayudas de 2023 desde que llegaron al Gobierno y han tardado la friolera de 10 meses en resolver”, ha criticado. “Es una situación que podemos calificar de absoluta involución y de giro dramático a una etapa que ya se vivió en materia de ayudas al alquiler”, agrega.

También ha señalado que es precisamente el Gobierno de España el que ha destinado “más de seis millones de euros en esta convocatoria y, por tanto, una cuantía muy superior a la que está aportando la Generalitat Valenciana”. “Esto hace que las ayudas lleguen a un mayor número de valencianos y valencianas a pesar de la gestión del señor Mazón y del PP”, ha recalcado.

Por último, este recorte en las ayudas se suma a los impagos que han sufrido miles de jóvenes valencianos en el bono alquiler joven o a la incertidumbre que sufre el Plan Vive, que de momento carece de concreciones y solo se ha traducido en unas cuantas adhesiones.

Rafael Briet ya ha tomado posesión como nuevo director geral de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana en sustitución de Rebeca Torró, quien a su vez tomará el relevo de Jorge Rodríguez como diputada provincial de València además de la delegación de la alcaldía provisional de Ontinyent que tiene desde la pasada semana.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, la consellera ha valorado la profesionalidad del nuevo responsable de Vivienda y ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para que la vivienda sea un derecho subjetivo y que esté incluida en el marco de los servicios públicos.

Por su parte, Rafael Briet ha destacado la importancia de la política de vivienda que se está llevando a cabo en la Conselleria, así como el impulso a la rehabilitación y regeneración urbana como motores de la nueva economía, y ha apostado por hacer extensiva las ayudas a la vivienda a todas las personas y colectivos que lo necesiten.

“Me dejaré la piel cada día para que uno de los derechos básicos de toda la ciudadanía, como es el derecho a la vivienda, esté garantizado”, ha asegurado Briet tras ponerse a disposición de toda la ciudadanía y colectivos sociales implicados “para conseguir entre todos solventar el problema de la vivienda”.

Resecto a Rebeca Torró le ha agradecido el trabajo realizado, así como también le ha dedicado un post en twitter respondido por la propia Torró.

La Generalitat usará el nombre de mujeres ilustres para borrar las dedicatorias a personalidades de la dictadura franquista en 26 grupos de vivienda pública de toda la Comunitat Valenciana. Así lo ha anunciado la consellera de Vivienda, María José Salvador, durante el acto de entrega de la segunda edición de los premios de Vivienda, Movilidad y Urbanismo con Perspectiva de Género.

Hay que recordar que la denominación de estos grupos, que fueron transferidos por el Estado en 1984, se había mantenido sin modificaciones hasta la fecha y, según ha explicado Salvador, “es el momento de poner en valor el trabajo y compromiso histórico de muchas mujeres”.

La iniciativa de la Generalitat hace converger así la celebración del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 así como a las leyes tanto autonómica como estatal para la igualdad entre mujeres y hombres.

La consellera ha asegurado que “el objetivo es hacer visible no solo a mujeres ilustres como Matilde Salvador, Ascención Chirivella, Manuela Solis, Asunción Cruañes, Jane Jacobs, entre otras, sino también el importante papel que la mujer ha desempeñado como colectivo al reconocer la labor de las trabajadoras del mar, del campo, de la seda o de las palmas así como las maestras republicanas, las mujeres sindicalistas o las sufragistas”.

Además, ha añadido que se trata de la primera fase del cambio de nomenclator y “pretendemos que todo el parque público tenga nombre femenino después de años en los que ha estado muy masculinizado, creemos que es una cuestión de justicia, sobre todo, porque las mujeres también han escrito la historia y la deben protagonizar”.

La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha informado este miércoles de que la Generalitat confía en retomar en 2019 las obras de la Línea 2 de Metrovalencia, una vez finalizado el proceso de licitación y adjudicación.

Salvador ha realizado estas declaraciones durante su visita a las obras de sustitución del carril del bucle de Pont de Fusta de la Línea 4 y ha asegurado que “si la Línea 2 no se ha puesto en funcionamiento antes ha sido porque la obra era inviable, estaba a medio hacer y su coste de ejecución era desorbitado”.

La consellera ha explicado que el proceso de licitación se ha empezado ya, durante este año, y que el próximo año se pretende avanzar con las licitaciones “a medida que se consigan fondos europeos para su financiación”, con la vista puesta en iniciar las obras a final de legislatura.

“El PP no solo nos dejó un agujero sin utilidad, sino que no dejó ningún proyecto redactado que permitiese poner en marcha las obra cuanto antes”, ha asegurado Salvador sobre la lentitud en el desarrollo de este proyecto.

Además, ha recordado que el grado de endeudamiento que tiene la consellería en materia de obras públicas es del 80 % del presupuesto y que “se encuentra hipotecada hasta el 2023”.

“Creo que es importante que después de que estas obras se paralizaran, el Consell haya mostrado intención de continuarlas”, ha agregado.

“Han rebutjat el tercer fil i tornen a la casella d’eixida amb l’amplària internacional. Hem perdut quatre anys!”. Així s’ha referit la consellera d’Obres Públiques, María José Salvador, a l’anunci del Ministeri de Foment de rectificar allò que hi havia previst en el tram del corredor ferroviari mediterrani entre Castelló i Vandellós i d’apostar ara per dues vies d’amplària internacional.

Salvador s’ha felicitat en una trobada amb periodistes del fet que aquesta decisió permetrà reduir en 30 minuts el trajecte per a passatgers entre València i Barcelona, però ha recordat que això implicarà rescindir i tornar a convocar contractes i s’ha mostrat escèptica sobre els terminis, atés els incompliments reiterats. “El Govern ha tornat a la proposta inicial”, ha emfatitzat la consellera, que s’ha queixat: “Necessitem planificació”.

Com ha destacat també el secretari autonòmic, Josep Vicent Boira, a la Generalitat Valenciana li sembla “una bona notícia” que s’acoste cap al sud l’amplària de via internacional que connecta amb la frontera francesa i, en definitiva, amb Europa, però la rectificació del Govern en aquest tram presenta dubtes ben seriosos sobre la viabilitat efectiva del denominat tercer fil, que és el sistema que es va implantant més avall, entre València i Castelló, amb efectes com el retard de 8 minuts en els trens de rodalia i amenacen ben serioses de col·lapse.

“A la fórmula del tercer fil en una sola via el Ministeri ha afegit ara l’anunci d’un altre tercer fil en l’altra via”, ha assenyalat la titular d’Obres Públiques en el Govern que presideix Ximo Puig. “Aquest tram entre València i Castelló està saturat i ho estarà més encara quan entren en funcionament l’AVE a Castelló i el Corredor Mediterrani de mercaderies”. Salvador ha advertit que el trajecte València-Castelló, amb aquest tercer fil que no s’havia utilitzat abans en cap altre tram de característiques semblants, “encara no està homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària”.

“Tot això demostra que per al Govern central la Comunitat Valenciana és una mena de conillet d’índies”, s’ha queixat la consellera, que, malgrat tot, ha atorgat un cert marge al nou coordinador del Corredor Mediterrani nomenat per Foment, Juan Barios.

Boira ha apuntat que la circulació de trens de mercaderies es veu dificultada i encareix els costos a causa dels canvis d’amplària, ha apuntat que caldrà una renovació de material en el tram Castelló-Vandellós, pel qual circulen ara diàriament 14 trens de llarga distància, entre 4 i 5 de mitjana distància i 7 o 8 de mercaderies; ha recordat que Adif va comprar al seu moment una llicència de vagons d’amplària variable que no s’ha usat encara i ha afegit que s’han d’atendre les necessitats dels trens de rodalia.

Esperant una reunió amb el coordinador del Corredor Mediterrani, Salvador ha resumit els dubtes de la Generalitat Valenciana sobre “l’eficiència de la fórmula del tercer fil en un tram de saturació preocupant en què, sense acabar les obres de l’AVE, ja hi ha hagut un retard de 8 minuts i mig en els trens de rodalia”.

“Han rechazado el tercer hilo y vuelven a la casilla de salida con el ancho internacional. ¡Hemos perdido cuatro años!”. Así se ha referido la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, al anuncio del Ministerio de Fomento de rectificar lo previsto en el tramo del corredor ferroviario mediterráneo entre Castellón y Vandellós y apostar ahora por dos vías de ancho internacional.

Salvador se ha felicitado en un encuentro con periodistas de que esa decisión permitirá reducir en 30 minutos el trayecto para pasajeros entre Valencia y Barcelona, pero ha recordado que eso implicará rescindir y volver a convocar contratos y se ha mostrado escéptica sobre los plazos, dados los reiterados incumplimientos. “El Gobierno ha vuelto a la propuesta inicial”, ha enfatizado la consellera, que se ha quejado: “Necesitamos planificación”.

Como ha destacado también el secretario autonómico, Josep Vicent Boira, a la Generalitat Valenciana le parece “una buena noticia” que se acerque hacia el sur el ancho de vía internacional que conecta con la frontera francesa y, en definitiva, con Europa, pero la rectificación del Gobierno en ese tramo arroja serias dudas sobre la viabilidad efectiva del denominado tercer hilo, que es el sistema que se está implantando más abajo, entre Valencia y Castellón, con efectos como el retraso de 8 minutos en los trenes de cercanías y serias amenazas de colapso.

“A la fórmula del tercer hilo en una sola vía ha añadido el ministerio ahora el anuncio de otro tercer hilo en la otra vía”, ha señalado la titular de Obras Públicas en el Gobierno que preside Ximo Puig. “Ese tramo entre Valencia y Castellón está saturado y lo estará más cuando entren en funcionamiento el AVE a Castellón y el corredor mediterráneo de mercancías”. Salvador ha advertido que el trayecto Valencia-Castellón, con ese tercer hilo que no se había utilizado antes en ninguno otro tramo de características parecidas, “todavía no está homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”.

“Todo esto demuestra que para el Gobierno central la Comunidad Valenciana es una especie de conejillo de indias”, se ha quejado la consellera, que, a pesar de eso, ha otorgado un cierto margen al nuevo Coordinador del Corredor Mediterráneo nombrado por Fomento, Juan Barios.

Boira ha apuntado que la circulación de trenes de mercancías se ve dificultada y encarece sus costes a causa de los cambios de ancho, ha apuntado que se hará necesaria una renovación de material en el tramo Castellón-Vandellós, por el que ahora circulan diariamente 14 trenes de larga distancia, entre 4 y 5 de media distancia y 7 u 8 de mercancías; ha recordado que Adif compró en su momento una licencia de vagones de ancho variable que no se ha usado todavía y ha añadido que deben atenderse las necesidades de los trenes de cercanías.

A la espera de una reunión con el Coordinador del Corredor Mediterráneo, Salvador ha resumido las dudas de la Generalitat Valenciana sobre “la eficiencia de la fórmula del tercer hilo en un tramo de saturación preocupante en el que, sin acabar las obras del AVE, ya se ha producido un retraso de 8 miuntos y medio en los trenes de cercanías”.

La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha invitado a la diputada popular María José Catalá y a los parlamentarios que así lo deseen a visitar los centros de menores tutelados por la Generalitat, “previo aviso y siempre que los niños no estén presentes para causar el menor impacto posible”. Además, ha criticado duramente a Catalá por hacer pública la localización de alguna de estas dependencias: “Es imprudente, porque lo que se pretende es protegerles de gente que no debe saber dónde se encuentran, exactamente igual que sucede con las casas de acogida para mujeres maltratadas. Cuando la señora Català dice donde está un centro, pone en peligro a los menores”.

Responde Oltra así a la portavoz adjunta del PP en las Corts, quien ha censurado que la vicepresidenta “lleva dos años gestionando los centros de menores de forma muy deficiente”. De igual modo, ha calificado de “sucedáneo” la propuesta de PSPV y Compromís en las Corts de crear una mesa de trabajo en lugar de una comisión de investigación sobre los centros de menores. Así mismo, ha denunciado la presencia de menores de 3 años de forma “ilegal” en Alicante “cuando tendría que haber habido un acogimiento familiar”, tal y como marca la ley de protección de la infancia 1/1996.

Por lo que respecta a la propuesta de socialistas y valencianistas, la vicepresidenta valenciana aboga por “dejar trabajar a las Corts, combinando siempre la transparencia y el derecho a la información de los diputados con la necesidad de protección de los niños, que es lo que debe primar en este asunto”. Sin embargo, ha puntualizado que la conselleria ya llevó a cabó una investigación, cuyas conclusiones trasladó a la fiscalía “y parte de esta investigación ya está incluso en el juzgado”.

Menores de 3 años

“En casos excepcionales puede haber menores de 3 años en los centros durante algunos días, porque el menor tiene unas necesidades específicas que requieren de una atención especializada o mientras se encuentra una familia de acogida, aunque lo normal es que vayan a familias de urgente diagnóstico”, ha reconocido Mónica Oltra, quien ha puntualizado que en Castellón no hay niños de cero a seis años en centros de acogida: “Si no lo están todos es por falta de recursos”. Catalá “habla y no tiene ni idea de qué va la historia con el objetivo de arrearle a la vicepresidenta, cuando puede tener toda la información que quiera”, sostiene.

La consellera de Igualdad ha lamentado las enormes deficiencias existentes en esta materia en la Comunitat Valenciana, “llevamos 25 años de retraso en la protección de los niños”. “Si la señora Catalá quiere frivolizar sobre el sistema de menores, yo tengo cosas mejores que hacer, como intentar recuperar lo que el Partido Popular dejó destrozado”.

La conselleria también ha remitido una circular a los centros “para que velen por el interés superior de los menores”. “No es bueno que cuando hay un traslado se encuentren medios gráficos en la puerta tomando imagen que luego se hacen públicas revelando la ubicación de estas instalaciones, igual que tampoco es bueno para los menores que tenga que estar la policía en la puerta”, ha dicho Oltra para justificar el escrito en el que se insta a los trabajadores a actuar con discreción, evitando la difusión de informaciones relacionadas con la actividad de los centros.

El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julio Gómez Pomar, ha anunciado que el Gobierno prevé terminar la construcción del corredor ferroviario mediterráneo a finales de 2019.

En una jornada organizada por el periódico Expansión, bajo el título “El corredor ferroviario del mediterráneo: una asignatura pendiente”, Gómez Pomar ha destacado que esta infraestructura tiene un “grado de ejecución muy elevado” puesto que, con un presupuesto total previsto de 17.000 millones, 13.500 millones ya se han invertido. Para 2017, la inversión será de 715 millones.

El secretario de Estado ha añadido que, por ende, el corredor va “para adelante” y que el Gobierno está “comprometido” con él.

Por su parte, tanto el conseller catalán de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y la consellera valenciana de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, han destacado positivamente la fecha, pero han mostrado cautela con que se cumpla.

Rull ha remarcado que el Govern tiene la necesidad de “creer” esta fecha, pero que tendrá que “estar encima” para que sea así y que por ello “estarán al lado de todas las Administraciones para hacerlo posible”.

El conseller ha enfatizado la idea del Corredor Mediterráneo como un tema “agotador”, ya que se ha entrado en una “etapa de bucle”. Sin embargo, Rull ha insistido en que desde la Generalitat no están cansados ni conseguirán cansarles.

Rull ha puesto un acento especial en la necesidad de acortar la distancia entre “lo que se dice que se hará y lo que realmente se acaba haciendo”, que ha detallado que hasta el momento ha sido “abismal”.

Para el conseller catalán, el corredor mediterráneo es una batalla para “romper un modelo centralista, completamente ineficiente” y consolidar un “crecimiento económico sostenible, racional y que tenga como destinatario el progreso y el bienestar de la gente”.

Salvador ha apreciado que manifiesten “voluntades políticas” y se “pongan fechas” para poder hacer un seguimiento de ellas, pero ha insistido en que, luego, la “realidad” viene con los Presupuestos Generales del Estado y los recursos que se destinan a esta infraestructura, que se trata de la cifra que le genera “más dudas”.

Por su parte, la consellera ha enfatizado que para la Comunidad Valenciana se han previsto 189 millones de euros, cuando esta región requiere 650 millones para finalizar las obras, y por ello ha considerado que se está a “cierta distancia” de ver el “objetivo finalizado”.

Además, Salvador ha agregado que los 13.500 millones de euros ejecutados en el corredor que Gómez Pomar ha detallado podrían indicar que la “apuesta” del actual Gobierno por el corredor es “clara y decidida”, si no fuera porque de esta cifra más de 9.500 millones se invirtieron antes de 2012, y que lo que se ha hecho después solo ha representado 2.700 millones de euros.

El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, la consellera de Vivienda, María José Salvador, el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, y el director del Instituto Cartográfico Valenciano, Xavier Navarro, han presentado este lunes la edición del mapa físico de la Comunitat Valenciana, el segundo mapa que se edita en un año por la colaboración de estas instituciones públicas y que pone en valor el patrimonio y también la lengua, porque es la primera edición que se hace con la corrección normativa de la Acadèmia.

Morera ha destacado el día de la presentación, porque coincide con el 'Día Internacional de la Biodiversidad' y este mapa “cumple con una función muy importante, como es poner a disposición del pueblo la información sobre su patrimonio natural, sobre su riqueza, que es la mejor manera de querer aquello que es nuestro y que es mediante el conocimiento”.

En este sentido, el presidente del parlamento ha destacado la importancia de la cooperación entre instituciones “para poner en valor lo que tenemos y después del éxito del mapa de las comarcas valencianas presentamos un mapa para aprender más y mejor de nuestro territorio”.

En la misma línea ha se ha expresado la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, quien ha destacado el acierto de la colaboración y la necesidad de aprovechar los recursos propios de las administraciones para lograr proyectos tan interesantes como este mapa que tiene como objetivo la difusión del patrimonio valenciano, una acción que, a entender de la consellera, “es una obligación del gobierno valenciano para poner al alcance de la ciudadanía todas las herramientas para conocer su patrimonio y su territorio”.

Correcta normativización de la toponimia

Entre las novedades del mapa, además de la correcta normativización de la toponimia empleada, también se ha añadido información poco común, como por ejemplo topónimos propios de la geografía marina, un hecho que ha sido posible gracias a la colaboración de la catedrática de la Universitat de València Ana Camarasa, según ha destacado el director del Instituto Cartográfico Valenciano, Xavier Navarro.

El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, ha valorado que en un año se hayan presentado ya dos mapas oficiales, lo que demuestra el interés de las administraciones y las instituciones implicadas para dar difusión a la riqueza patrimonial y poner en valor el uso de la lengua, con la difusión de la toponimia normativa de nuestro territorio.

La Marina Alta no ix d'una i ja està ficada en una altra pel que fa a reivindicacions d'infraestructures de comunicació. És el que té viure en la incomunicació. Quan encara està en marxa la campanya per la recuperació de la connexió ferroviària amb la Safor, la comarca se suma ara a una demanda de més llarg recorregut: un front comú escenificat i apadrinat per la Generalitat que ha sigut presentat aquest dijous a València, en el qual s'han involucrat ajuntaments de tota la geografia valenciana per a exigir una autopista AP-7 lliure i gratuïta.

Una vintena d'alcaldes de l'àrea d'influència de l'autopista han participat en la posada en escena de la reivindicació, que té com a principal objectiu l'exigència que l'autopista passe a ser “lliure i gratuïta” quan concloga la concessió actual, el 2019, segons ha exposat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, després de reunir-se amb els regidors i amb el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo.

A aquesta reunió han assistit els alcaldes i representants municipals de Dénia, Xàbia, Ondara i Gata de Gorgos, per que fa a la Marina Alta es refereix. A més dels d'Algemesí, Almussafes, Altea, Alzira, Benicarló, Castelló, Cullera, El Campello, Gandia, Oliva, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, Torreblanca, laVall d’Uixó, Vila-real i Vinaròs.

Després de la trobada, la consellera ha anunciat el compromís de la Generalitat d'elaborar un document sobre els accessos necessaris para quan es liberalitze aquesta infraestructura. Segons ha indicat, aqueix document s'abordarà conjuntament amb els ajuntaments i es traslladarà al ministeri perquè és “fonamental per a la vertebració del territori en la nostra Comunitat”. A més, ha assegurat que el front comú que han fet la Generalitat i els alcaldes s'ampliarà a una pròxima cimera amb els agents socials, sindicals i acadèmics per a “reclamar aquesta infraestructura necessària per a la Comunitat”.

Estratègia conjunta

Per a la consellera, la reunió ha sigut “una primera trobada necessària i imprescindible per a abordar una infraestructura que té una importància equiparable al Corredor Mediterrani”. De fet, tots els alcaldes i alcaldesses han coincidit a compartir la necessitat que l'AP-7 s'allibere i siga gratuïta a partir del 31 de desembre del 2019, quan acaba la concessió. Per això, s'ha dissenyat un full de ruta que s'anirà ampliant, per a crear una estratègia conjunta i representar el territori valencià davant al Ministeri de Foment per a traslladar les reivindicacions.

Crítiques a la “falta de planificació” del ministeri

En aquest sentit, la consellera ha recordat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, li va presentar al ministre de Foment l'Agenda Valenciana d'Infraestructures, on apareix com a prioritat l'alliberament i gratuïtat de l'AP-7. A més, ha apuntat que la conselleria també es va traslladar a Madrid per a abordar la necessitat d'articular una sèrie de comissions tècniques específiques on tractar les infraestructures pendents a la Comunitat Valenciana i on es va acordar crear una comissió bilateral per a abordar el futur de l'AP-7, així com la necessitat de començar a treballar en les connexions de l'autopista en territori valencià.

No obstant això, donada la “falta de la planificació del Ministeri de Foment a dos anys perquè vença la concessió”, ha sigut la Generalitat la que ha pres la iniciativa per a redactar un document amb els ramals de connexió necessaris, ja que ara mateix existeixen una sèrie de projectes, en molts casos oblidats, per a la construcció de variants i circumval·lacions que podrien no ser necessàries amb l'alliberament i gratuïtat de l'AP-7.

Cimera amb tots els agents socials i econòmics

Al mateix temps, la consellera ha explicat: “igual que s'ha fet amb el Corredor Mediterrani, hem acordat ampliar la convocatòria per a un futur i organitzar una cimera amb els alcaldes i amb tots els agents socials, sindicals i acadèmics de la Comunitat que defensen la necessitat d'aquesta infraestructura”. Segons ha apuntat, l'AP-7 lliure i gratuïta “qualificarà el territori, millorarà la connectivitat de les persones i la seua qualitat de vida, però especialment, és necessari aconseguir el consens amb aquesta infraestructura viària fonamental per a vertebrar el territori de nord a sud”.

Suport dels ajuntaments

Per la seua banda, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha ressaltat la importància que la consellera haja convocat aquesta reunió i ha mostrat el total suport de tots els municipis presents en la reunió perquè la conselleria “faça tota la programació i totes les accions de coordinació entre els alcaldes per a manifestar davant del ministeri, la nostra opinió i les nostres reivindicacions en benefici dels veïns de la Comunitat”.

En termes similars s'ha expressat l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, que s'ha referit a la importància de l'AP-7 per a la competitivitat de les empreses de la Safor, així com l'alcalde de Xàbia, José Chulvi, que ha plantejat que el consens ja s'ha començat a produir perquè són molts els ajuntaments que han aprovat mocions en aquest sentit.

La Marina Alta no sale de una y ya está metida en otra en lo que a reivindicaciones de infraestructuras de comunicación se refiere. Es lo que tiene vivir en la incomunicación. Cuando todavía está en marcha la campaña por la recuperación de la conexión ferroviaria con la Safor, la comarca se suma ahora a una demanda de más largo recorrido: a un frente común escenificado y apadrinado por la Generalitat que ha sido presentado este jueves en Valencia, en el que se han involucrado ayuntamientos de toda la geografía valenciana para exigir una autopista AP-7 libre y gratuita.

Una veintena de alcaldes del área de influencia de la autopista han participado en la puesta en escena de la reivindicación, que tiene como principal objetivo la exigencia de que la autopista pase a ser “libre y gratuita” cuando concluya la concesión actual, en 2019, según ha expuesto la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras reunirse con los regidores y con el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo.

A esta reunión han asistido los alcaldes y representantes municipales de Dénia, Xàbia, Ondara y Gata de Gorgos, por lo que a la Marina Alta se refiere. Además de los de Algemesí, Almussafes, Altea, Alzira, Benicarló, Castelló, Cullera, El Campello, Gandia, Oliva, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, Torreblanca, laVall d’Uixó, Vila-real y Vinaròs.

Tras el encuentro, la consellera ha anunciado el compromiso de la Generalitat de elaborar un documento sobre los accesos necesarios para cuando se liberalice esta infraestructura. Según ha indicado, ese documento se abordará conjuntamente con los ayuntamientos y se trasladará al ministerio porque es “fundamental para la vertebración del territorio en nuestra Comunitat”. Además, ha asegurado que el frente común que han hecho la Generalitat y los alcaldes se ampliará a una próxima cumbre con los agentes sociales, sindicales y académicos para “reclamar esta infraestructura necesaria para la Comunitat”.

Estrategia conjunta

Para la consellera, la reunión ha sido “un primer encuentro necesario e imprescindible para abordar una infraestructura que tiene una importancia equiparable al Corredor Mediterráneo”. De hecho, todos los alcaldes y alcaldesas han coincidido todos en compartir la necesidad de que la AP-7 se libere y sea gratuita a partir del 31 de diciembre de 2019, cuando acaba la concesión. Por ello, se ha diseñado una hoja de ruta que se irá ampliando, para crear una estrategia conjunta y representar al territorio valenciano ante al Ministerio de Fomento para trasladar las reivindicaciones.

Críticas a la “falta de planificación” del ministerio

En este sentido, la consellera ha recordado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, le presentó al ministro de Fomento la Agenda Valenciana de Infraestructuras, donde aparece como prioridad la liberación y gratuidad de la AP-7. Además, ha apuntado que la conselleria también se trasladó a Madrid para abordar la necesidad de articular una serie de comisiones técnicas específicas donde tratar las infraestructuras pendientes en la Comunitat Valenciana y donde se acordó crear una comisión bilateral para abordar el futuro de la AP-7, así como la necesidad de empezar a trabajar en las conexiones de la autopista en territorio valenciano.

Sin embargo, dada la “falta de la planificación del Ministerio de Fomento a dos años para que venza la concesión”, ha sido la Generalitat quien ha tomado la iniciativa para redactar un documento con los ramales de conexión necesarios, ya que ahora mismo existen una serie de proyectos, en muchos casos olvidados, para la construcción de variantes y circunvalaciones que podrían no ser necesarias con la liberación y gratuidad de la AP-7.

Cumbre con todos los agentes sociales y económicos

Al mismo tiempo, la consellera ha explicado que al “igual que se ha hecho con el Corredor Mediterráneo, hemos acordado ampliar la convocatoria para un futuro y organizar una cumbre con los alcaldes y con todos los agentes sociales, sindicales y académicos de la Comunitat que defienden la necesidad de esta infraestructura”. Según ha apuntado, la AP-7 libre y gratuita “cualificará el territorio, mejorará la conectividad de las personas y su calidad de vida, pero especialmente, es necesario conseguir el consenso con esta infraestructura viaria fundamental para vertebrar el territorio de norte a sur”.

Respaldo de los ayuntamientos

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha resaltado la importancia de que la consellera haya convocado esta reunión y ha mostrado el total apoyo de todos los municipios presentes en la reunión para que la conselleria “haga toda la programación y todas las acciones de coordinación entre los alcaldes para manifestar delante del ministerio, nuestra opinión y nuestras reivindicaciones en beneficio de los vecinos de la Comunitat”.

En términos similares se ha expresado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, quien se ha referido a la importancia de la AP-7 para la competitividad de las empresas de la Safor, así como el alcalde de Xàbia, José Chulvi, que ha planteado que el consenso ya se ha empezado a producir porque son muchos los ayuntamientos que han aprobado mociones en este sentido.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se han reunido este sábado para tratar la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que se aprobará el próximo viernes 5 de mayo en el pleno del Consell y apuesta por “favorecer la inversión desde la seguridad jurídica, por la rehabilitación y por poner fin a la herencia caótica del Partido Popular”, con el objetivo de construir “un entorno más notable para el crecimiento económico”.

Así lo ha avanzado Puig durante la rueda de prensa celebrada tras el encuentro con Salvador, en la que ha agradecido a la consellera y a los técnicos su implicación “altruista” y “generosa” en el elaboración de la reforma, que supone “un nuevo paradigma del urbanismo valenciano” y que ha dejado atrás “el urbanismo especulativo” del Partido Popular.

En este sentido, ha explicado que la ley nace desde “la máxima voluntad de diálogo y de consenso”, y que “pone las luces largas” ya que intentará “poner fin a la herencia caótica del PP que ha obligado a personas a pagar impuestos que no son realistas”. Además, ha añadido que, con el anterior Gobierno autonómico, “por un lado iban las declaraciones políticas de inversiones públicas y por otro la realidad”. “Y la realidad es que se ha hecho metástasis”, ha matizado.

En la misma línea, la responsable de Vivienda ha explicado que la Comunitat “ha sufrido mucho” por una gestión “inadecuada de las legislaciones, que abrían muchas veces la puerta al caos”. El objetivo de la nueva ley es, por tanto, “rescatar personas, ciudades, recuperar la calidad de vida de los ciudadanos y el espacio vital de las personas”.

Los cinco pilares de la reforma

La nueva Lotup ha supuesto la modificación de 100 artículos englobados en cinco puntos fundamentales que marcan el camino de una norma que apuesta por “recuperar su función pública en la seguridad jurídica, el rigor y la transparencia”.

En este sentido, la ley refuerza la gestión directa pública para las administraciones y limita las facultades de la gestión indirecta privada, debido a los “105 millones de metros cuadrados que se han quedado fuera del Plan General de Recalificación”, ha apuntado Salvador.

En segundo lugar, incorpora, dentro del marco del diseño de la ciudad, una perspectiva más “humana” y de género, al tiempo que apuesta por la rehabilitación y la regeneración de los edificios declarados. La consellera ha expresado su intención de “actuar sobre la ciudad consolidada y facilitar la actuación en los espacios degradados”.

Así, ha explicado que han “fijado la mirada” en los pequeños municipios y en el mundo rural, al tiempo que “potencian” la figura del “rehabilitador” para “posibilitar la edificación de solares que se mantienen sin construir y la rehabilitación de zonas degradadas, siempre bajo contrato público y siempre bajo objetivos de actuaciones e interés general”.

Paralelamente, la Lotup reactivará la figura de los Proyectos de Inversiones Estratégicos Sostenibles, con el objetivo de “agilizar los trámites y fomentar la transparencia”.

Soluciones a zonas “fantasma”

También dará soluciones a las denominadas zonas “fantasma” y a los “diseminados”, para que cada ayuntamiento pueda decidir porque cómo resolver dichas cuestiones: para espacios que ya están comenzados y viables, se optará por su división en sectores más pequeños para poder realizar ejecuciones “poco a poco”; mientras que para espacios más “antieconómicos” se podrá realizar una recalificacion inversa para que los terrenos vuelvan a legislación jurídica anterior“, con el objetivo de que los propietarios paguen menos impuestos.

El Gobierno central ha mostrado sus discrepancias sobre algunos apartados de la ley de la función social de la vivienda, que fue aprobada por las Corts el pasado 25 de enero con el apoyo de todos los grupos menos el PP, y ha propuesto la creación de una comisión bilateral para intentar resolverlas.

Así lo ha dado a conocer en los pasillos de las Corts la consellera de Vivienda, María José Salvador, quien ha recordado que la comisión bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo.

Salvador ha lamentado que el Gobierno de España interprete que la ley valenciana es inconstitucional en cuestiones “básicas y esenciales” de esa norma, con la que el Ejecutivo valenciano ha dado “el gran paso” de reconocer el derecho a la vivienda como “un derecho humano”.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno cuestione que la vivienda sea “un derecho subjetivo”, es decir, que las Administraciones tengan la responsabilidad de garantizar ese derecho a las personas que lo necesitan, como reconoce el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cuestiona la mediación en hipotecas

La consellera ha explicado que el Ejecutivo cuestiona además la mediación contemplada en la ley, según la cual la Administración se podrá sentar con entidades bancarias y particulares para intentar un acuerdo en casos de ejecución hipotecaria y evitar que pierdan su vivienda, por ejemplo modificando el contrato de compraventa por uno de alquiler con derecho a compra.

Ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de actuar “como el perro del hortelano”, porque ni tiene “una auténtica ley de segunda oportunidad” para garantizar el acceso a la vivienda y evitar los desahucios, ni deja que las autonomías que dan ese paso “valiente y sincero” lo regulen.

Salvador, quien ha recordado que solo el PP votó en contra de esta ley que tiene la “clara convicción” de situar a la Comunitat Valenciana “en la vanguardia y en la modernidad” del derecho a la vivienda digna, ha considerado que si el Gobierno central no regula estas cuestiones, tienen que hacerlo las autonomías.

Ha destacado que, desde que hace un mes entró en vigor esta ley, se han puesto en marcha tres oficinas Infovivienda en la Comunitat que han asistido y asesorado a 247 personas, de las que seis estaban afectadas por un proceso de desahucio o ejecución presupuestaria, que se han resuelto por la mediación.

“La ley funciona y es útil”, ha reivindicado la consellera, quien ha pedido a Rajoy “sensibilidad social” y ha agregado que se sentarán en la comisión bilateral, pero defenderán las líneas básicas de la norma.

Según la consellera, las Administraciones tienen la obligación de proteger a las personas que no tienen un techo, o que están en situación de perderlo.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha defendido este martes la incorporación del vicesecretario y portavoz del PSPV, Francesc Romeu, a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como alto cargo porque ha indicado que se produjo con “total transparencia y publicidad, con un procedimiento regulado a través de un decreto”.

Así lo ha indicado la titular de este departamento, de la que depende la empresa pública FGV, al ser preguntada por las críticas que ha suscitado el nombramiento de Romeu como nuevo director del área de Clientes y Accesibilidad de la entidad.

Al respecto, Salvador ha insistido en que la Conselleria de Hacienda publicó un decreto, que fue aprobado por el Consell, en el que “por primera vez” se regula que “las personas que formarán parte de los equipos de alta dirección se irán de los cargos cuando se vaya el gobierno”. “Llegan con el gobierno y se van con el gobierno”, ha subrayado Salvador.

Ha indicado que en las consellerias conforman sus equipos con secretarios autonómicos, directores generales y empresas públicas y en su departamento se “manifestó y se evidenció una necesidad de reforzar esos equipos”.

“Quiero poner blanco sobre negro lo que pasaba con el PP y en FGV tenemos un exceso de ejemplos de personas que entraron como cargos de confianza y se han quedado como personal laboral a dedo y con una imposibilidad absoluta de evitar su presencia”, ha lamentado Salvador, para remarcar que el nombramiento de Romeu fue “con total transparencia y publicidad en un procedimiento regulado en un decreto”.

En este sentido, ha reiterado que en los consejos de administración de FGV o del EIGE, empresas públicas que dependen de su conselleria, las personas que han sido nombradas para los cargos “cumplen el perfil profesional” y “la cuestión fundamental para llevar hacia adelante el proyecto del Botànic como es que los cargos de confianza llegan con nosotros y se van con nosotros”, ha insistido.

El PP “Utilizaba empresas públicas como agencias de colocación”

Cuestionada sobre las críticas del PP que señalan que FGV se ha convertido en “una agencia de colocación”, la titular de Obras Públicas ha reprobado la actitud de los 'populares'. “Que el PP haga ese tipo de valoraciones me resulta, como a mínimo, sorprendente porque ellos sí utilizaban los empresas públicas como agencias de colocación”, ha subrayado.

De hecho, ha indicado que en un periodo de tres años el 70% del personal que entró en FGV lo hizo “sin ningún procedimiento de publicidad, concurrencia, mérito o capacidad”. “Fueron a dedo y hoy en día continúan ahí”, ha lamentado.

Por ello, ha considerado estas declaraciones del PP “totalmente improcedentes e inaceptables” porque, según ha expuesto, ellos “han utilizado las instituciones y las empresas públicas para hacer sus propios corralitos”, ha zanjado.

Íñigo de la Serna confirma que les obres del tram València-Castelló acabaran al març, però sobre el funcionament tan sols ha dit que serà “al llarg del 2017”

El ministre ha fet un trajecte de prova des de València fins a Sagunt i ha comprovat

in situ

el coll de botella del túnel de la Serradora

El nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, no ha fet molta llum a les ombres que planegen sobre els terminis d’execució i posada en marxa del tercer carril del Corredor Mediterrani en passar per la Comunitat Valenciana.

De la Serna ha fet aquest dimecres un viatge de proves entre les estacions de Joaquín Sorolla a València i la de Sagunt, acompanyat, entre altres autoritats, per l’alcalde de la capital, Joan Ribó, per la consellera d’Obres Públiques, María José Salvador, i pel delegat del Govern, Juan Carlos Moragues.

En arribar a l’estació de Sagunt, l’alcalde de la localitat, Josep Francesc Fernández (Compromís) ha rebut la comitiva, mentre que a la vesprada el ministre es reunirà amb el president del Consell, Ximo Puig.

Així, sobre les obres del tercer carril del Corredor entre València i Castelló que suposarà l’arribada de l’AVE a la capital de la Plana, De la Serna ha informat que les obres acabaran a finals de març.

No obstant això, ha afegit que una vegada enllestides hi haurà un període de proves de la nova infraestructura necessari per motius de seguretat que es prolongarà durant “uns quants mesos”, per la qual cosa no ha pogut precisar una data aproximada per a la posada en funcionament, encara que ha garantit que serà “al llarg del 2017”.

L’obra acumula ja un any de retard, ja que la primera data de finalització de les obres que va donar l’antecessora de De la Serna en Foment, Ana Pastor, va ser el desembre del 2015.

De la Serna ha volgut deixar clar que “el compromís del Govern d’Espanya amb el Corredor Mediterrani és ferm i prioritari, com ha deixat clar el mateix president Mariano Rajoy”.

El ministre ha anunciat que està acabat el projecte per a unir el Corredor amb el port de Sagunt “en una inversió que supera els 30 milions d’euros”.

Per la seua banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha agraït a De la Serna la visita i el seu interés per conéixer l’estat i la situació de les infraestructures ferroviàries valencianes: “Esperem que siga un punt d’inflexió en el Govern i que mire més a la Mediterrània en les seues inversions”.

Ribó ha comentat que durant el trajecte han passat pel túnel de la Serradora, un dels punts conflictius que podria saturar-se amb la posada en marxa de l’AVE a Castelló, tal com ha traslladat al ministre.

L’alcalde ha assegurat que València reivindicarà “el soterrament de les vies des de l’autovia del Saler fins al llit del riu i la necessitat imprescindible que el túnel passant es pressuposte i es pose en marxa per a evitar que els trens hagen de girar en redó una vegada arriben a l’Estació del Nord per a eixir-ne”.

Finalment, la consellera d’Obres Públiques, María José Salvador, després d’agrair també la visita del ministre, ha criticat que no s’haja optat per la doble plataforma abans que pel tercer carril que s’ha executat, una solució que “és experimental, ja que no s’ha aplicat en cap altre territori”.

Per aquest motiu, Salvador ha mostrat la seua preocupació sobre la gestió de la línia València-Castelló, que haurà de suportar els trens de Rodalia, regionals, mercaderies i AVE.

La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha visitado este jueves en Teulada las obras de renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura que han comenzado en esta estación como parte del proceso de modernización de la Línea 9 del TRAM de Alicante, en el tramo Calp-Dénia. Unos trabajos que deben desembocar, según loas previsiones del Consell y de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), en la reapertura durante el año 2019. No obstante, entre los detalles ofrecidos durante la visita destaca la intención de que esa puesta en marcha se haga por fases, de modo que el primer tramo (Calp-Teulada) pudiera estar operativo “para mediados de 2018”, según ha señalado el gerente de FGV, Ángel García de la Bandera.

Las actuaciones previstas en la primera parte del proyecto, ya en obras, afectan a las estaciones de Teulada, Gata de Gorgos y Dénia y cuentan con un presupuesto de 6.404.331 euros que incluyen los trabajos a realizar y la adquisición de materiales como carril y desvíos. Al mismo tiempo, también se realizarán actuaciones en los andenes de las estaciones de Benidorm y L Alfàs del Pi.

Las obras, con un plazo de ejecución de 10 meses, incluyen la renovación de vías y desvíos, así como de los andenes y el acondicionamiento y rehabilitación de los edificios de estas estaciones, junto con la urbanización del entorno.

María José Salvador, quien también ha estado acompañada por los alcaldes de los municipios afectados por esta intervención y por el director general Carlos Domingo, ha destacado que “con el inicio de estas obras, la Generalitat ha cumplido su compromiso por modernizar la Línea 9 del TRAM de Alicante al acometer, según los plazos previstos, las obras necesarias para recuperar el servicio ferroviario en el tramo Calp-Dénia y ofrecer un transporte público de calidad y seguro, al igual que en el resto de la red del TRAM de Alicante”.

17 millones de inversión

La consellera ha añadido que “la falta de inversiones que ha sufrido la línea durante más de 20 años ha provocado su abandono y un deterioro de las infraestructuras, pero se ha demostrado que el actual Gobierno valenciano está comprometido con esta línea, como demuestra la inversión de 17 millones de euros recogidos en los Presupuestos de 2017” para modernizarla.

Salvador ha anunciado que “en enero de 2017 se licitarán las obras de renovación de vía del tramo Calp-Teulada, y continuarán los trámites para la contratación de las actuaciones previstas en los tramos Teulada-Gata (primera fase) y Gata-Dénia (segunda fase) para completar así el proceso de modernización de la Línea 9, abriendo el servicio ferroviario por tramos, según se vayan concluyendo las distintas obras”.

Como parte de la modernización de esta línea, a la vez que se realice la modernización de las vías se procederá a la instalación de los sistemas de seguridad de Bloqueo Automático y ATP (Automatic Train Protection) entre Calp y Dénia. El proyecto conjunto de instalación de estos sistemas de seguridad de la Línea 9 asciende a 13,5 millones de euros, de los que ya se han invertido 8,5 euros y que se ejecutará al mismo tiempo que se renueve la vía.

Mientras que continúan las obras en el tramo Calp-Dénia y como consecuencia de la interrupción del servicio ferroviario efectiva desde el pasado mes de julio, FGV ofrece servicio alternativo de autobús que enlaza las poblaciones Calp, Benissa, Teulada, Gata de Gorgos, La Xara y Dénia.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha pedido por carta una reunión con el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para plantear nuevamente al Gobierno “una lista que no es de los reyes magos, es de los reyes godos de lo larga que es”, con las reivindicaciones de infraestructuras pendientes en la Comunitat como el túnel pasante, el acceso norte al puerto de Valencia o el tren de la costa, entre otras.

Así lo ha señalado Salvador durante su comparecencia en las Corts para explicar los presupuestos de la Generalitat para 2017 en su área, en la que ha recordado que dijo que seguirían reivindicando “lo que es justo para esta autonomía” fuera cual fuera el signo del nuevo Gobierno. “Ni un paso atrás, ni para tomar aire”, ha dicho. Además, al ser preguntada sobre el hecho de que no haya ningún ministro valenciano en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha señalado que cuando los había tampoco le iba “demasiado bien” a la Comunitat: “No lo echo de menos”, ha dicho.

Además, Conselleria ha reservado en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2017 un total de 5,9 millones para la futura Ley de Función Social de la Vivienda en el que será su primer año de aplicación, y consigna también 57 millones para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial en la red de carreteras valencianas.

Salvador ha explicado que se trata de unos presupuestos “responsables” en los que se intenta poner en primer plano a las personas y especialmente el derecho a la vivienda, con unas cuentas que crecer un 8,45% respecto a 206, hasta 354,8 millones de euros, con subidas en todos los programas menos en Infraestructuras Públicas, debido a la reducción de gastos financieros, una bajada “positiva”, ha recalcado.

En el programa de Dirección y Servicios Generales ha destacado la bajada de los gastos corrientes y la subida de los gastos financieros “para cubrir reclamaciones y sentencias contra la Generalitat, generalmente por certificaciones o ayudas no pagadas en la legislatura anterior”. Ha puesto como ejemplo las ayudas a la vivienda, que “comenzaron a no pagarse antes de finales de 2014 y en diversos casos han provocado sentencias contrarias a la Generalitat, que ahora debe pagar los intereses correspondientes”.

Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos

En materia de Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos, “prácticamente invisible la pasada legislatura”, la consellera ha señalado que en dos años se han destinado 170 millones de euros, mientras la suma en los cuatro años de la anterior legislatura era de 199.

En términos generales, el programa de Vivienda sube un 15%, hasta 90 millones de euros, y se mantiene la línea para actuaciones de emergencia social y pobreza energética, aunque baja de 5,9 a 2 millones porque, ha explicado, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se hace cargo de las ayudas para paliar la pobreza energética y vivienda asume el pago de alquileres correspondiente a la convocatoria de 2016.

Se consignan varias líneas para el desarrollo de la Ley de Función Social de la Vivienda, tanto para los servicios de mediación con entidades como para alquileres de emergencia y otras medidas para prevenir desahucios, por un total de 5,9 millones.

Además, se consignan 7,2 millones para la rehabilitación del parque público de viviendas, un 3,6% más, y sube la cantidad destinada al Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2005-08 y 2009-12 por “compromisos pendientes de pago” de anteriores legislaturas. Como novedad, se crea una línea de 3 millones para la renovación y mejora del interior de las viviendas de particulares, dentro del Plan Renhata.

Respecto al EIGE, su presupuesto cae más del 50%, una “buena noticia” por la reducción de pasivos financieros en 39 millones para el pago de préstamos que había formalizado el anterior Consell.

Por otra parte, la consellera ha detallado el trabajo realizado en Ordenación del Territorio y Urbanismo, con el trabajo para la modificación de la LOTUP o la presentación del Plan de Acción Territorial metropolitano de Valencia, y ha avanzado que los presupuestos disponen 4,1 millones para “prevenir el pago de mayores precios, vía sentencia, por las expropiaciones que se hicieron hace años en la ZAL de Valencia, otro regalo al que hacer frente”, ha ironizado.

Infraestructuras y transporte

Salvador ha explicado que se consignan 57,2 millones para el mantenimiento de la red de carreteras “para garantizar que esté en condiciones óptimas se servicio” y ha lamentado que “el 33% del presupuesto de infraestructuras está hipotecado para pagar obras ya inauguradas o paralizadas por el antiguo gobierno”, como los pagos aplazados de la Autovía de la Plana o la Avenida de Dénia en Alicante, que se acabaron en 2010 y se seguirán pagando “hasta 2020”. Ante esta “cruda realidad” la Conselleria comenzará “un conjunto de pequeñas obras de mejora de la seguridad viaria” y de protección acústica en varias carreteras.

En transportes, entre otras partidas aparecen dos líneas nuevas, para financiar la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia -incluida en la ley de acompañamiento- y la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que se regula en el anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria que tramita la Conselleria actualmente. Aumentan los fondos destinados a FGV, especialmente en inversiones, con 22,6 millones de los que más de 16 irán al TRAM de Alicante, especialmente a la línea 9, y 6 millones para Metrovalencia. Otra línea, ha dicho, contempla la inversión para retomar las obras del túnel de la Serra Grossa.

“Papel mojado”

El diputado del PP Alfredo Castelló ha cuestionado la gestión de la consellera en materia de vivienda ante el “poco éxito” de la lucha contra los desahucios y ha puesto como ejemplo que desde que asumió el cargo han sido desahuciadas “42.000 personas”. Además, ha cuestionado la futura Ley de Función Social de la Vivienda, que “no ha gustado a nadie” y ha puesto en entredicho la ejecución del presupuesto de 2016. “Es lamentabilísimo”, ha dicho, para agregar que el nuevo presupuesto es “papel mojado”.

Salvador ha afeado al PP que “se atreva” a hablar de política de vivienda cuando “hicieron VPO en primera línea de playa, todas vacías” o dejaron “340 millones de deuda de ayudas” y “1.400 expedientes tirados en el cajón” por valor de 60 millones. “No tiene legitimidad moral”, le ha espetado.

“Cuesta más el ajo que el pollo”

Desde Ciudadanos María José García ha admitido que hay “recursos ilimitados e insuficientes”, pero ha criticado la “mala distribución por programas” porque a inversiones reales se destina un tercio y “cuesta más el ajo que el pollo”, ha dicho. César Jiménez (Podemos) ha apuntado que habría que comenzar a “planear infraestructuras nuevas” pese a los recursos limitados existentes.

Por su parte, la diputada de Compromís Belén Bachero ha asegurado que estas cuentas “devuelven la dignidad y la decencia arrebatada por 20 años del PP con corrupción y obras faraónicas” y la socialista Sandra Martín ha destacado el “giro social sin olvidar las inversiones para agregar que ”no se puede solucionar en dos años el despilfarro de dos décadas“.

La Generalitat Valenciana no es dóna per vençuda davant de la negativa del que fins fa uns dies era ministre d’Hisenda en funcions, Cristóbal Montoro, d’incloure en els pressupostos generals de l’Estat una partida de 38 milions d’euros per a finançar el transport públic de l’àrea metropolitana de València, ajuda que sí que aporta a ciutats com Madrid o Barcelona.

El Consell ha respost aquest dimecres amb un acte en què ha reunit els alcaldes dels 60 municipis de l’àrea de València que, al seu torn, integren la nova Autoritat de Transport Metropolitana.

La consellera d’Obres Públiques, María José Salvador, ha explicat que aquesta entitat estarà creada legalment l’1 de gener de 2017 amb l’objectiu de coordinar tots els mitjans de transport públics i d’unificar-ne les tarifes.

Salvador ha informat que remetrà una carta al nou ministre de Foment perquè hi incloga aquesta partida: “Parlem d’una àrea d’1,8 milions d’habitants en què es registren 3,8 milions de viatges en mitjans de transport públics”.

La titular d’Obres Públiques ha anunciat també la licitació del pla de mobilitat de l’àrea metropolitana de València per valor de 831.000 euros. Segons ha explicat, “la creació de l’autoritat de transport i del pla de mobilitat són els requisits que exigeix el Govern per a atorgar la subvenció, per això no hi ha excuses per no atorgar-la”.

La consellera ha recordat que la deixadesa dels anteriors governs autonòmics del PP ha provocat que el transport públic de València haja perdut des del 2011 un total de 300 milions d’euros de subvenció estatal, “mentre entre Madrid, Barcelona i les Canàries han percebut en aquest període 1.500 milions”.

D’altra banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha denunciat que Espanya és l’únic país europeu que no té una llei de finançament de transport que fixe uns criteris objectius per a atorgar aquesta subvenció: “Actualment es concedeix d’una manera totalment discrecional i València ja no pot esperar més”.

Finalment, el president del Consell, Ximo Puig, ha anunciat que aquest mateix dimecres sol·licitarà una reunió amb el president del Govern, Mariano Rajoy, per tractar d’aquest tema i per exigir el finançament per a altres infraestructures necessàries, com el Corredor Mediterrani o la millora i l’ampliació dels trens de rodalia, el tren de la costa o la línia a Alcoi.

La Generalitat Valenciana no se da por vencida ante la negativa del que hasta hace unos días era ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida de 38 millones de euros para financiar el transporte público del área metropolitana de Valencia, ayuda que sí aporta a ciudades como Madrid o Barcelona.

El Consell ha respondido este miércoles con un acto en el que ha reunido a los alcaldes de los 60 municipios del área de Valencia que a su vez integran la nueva Autoridad de Transporte Metropolitana.

La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha explicado que esta entidad estará creada legalmente el 1 de enero de 2017 con el objetivo de coordinar todos los medios de transporte públicos y de unificar sus tarifas.

Salvador ha informado que remitirá una carta al nuevo ministro de Fomento para que incluya esta partida: “Hablamos de un área de 1,8 millones de habitantes en la que se registran 3,8 millones de viajes en medios de transporte públicos”.

La titular de Obras Públicas ha anunciado también la licitación del plan de movilidad del área metropolitana de Valencia por valor de 831.000 euros. Según ha explicado, “la creación de la Autoridad de transporte y del plan de Movilidad son los requisitos que exige el Gobierno para otorgar la subvención, por lo que no hay excusas para que no lo otorguen”.

La consellera ha recordado que la dejadez de los anteriores gobiernos autonómicos del PP han provocado que el transporte público de Valencia haya perdido desde 2011 un total de 300 millones de euros de subvención estatal, “mientras entre Madrid, Barcelona y Canarias han percibido en ese periodo 1.500 millones”.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha denunciado que España es el único país europeo que carece de una ley de financiación de transporte que fije unos criterios objetivos para otorgar esta subvención: “Actualmente se concede de una forma totalmente discrecional y Valencia ya no puede esperar más”.

Por último, el presidente del Cosell, Ximo Puig, ha anunciado que este mismo miércoles va a solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tratar este tema y para exigir la financiación necesaria para otras infraestructuras necesarias como el Corredor Mediterráneo, la mejora y ampliación de los Cercanías, el tren de la costa o la línea a Alcoy.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado este jueves en las Corts que el Gobierno valenciano va a crear un marco legal, a través de la Ley de Acompañamiento, para que una vez se tramiten y resuelvan los expedientes pendientes de tramitar de las ayudas del plan estatal de vivienda de 2005-2008 y 2009-2012 se puedan reconocer las obligaciones y abonar las ayudas a los beneficiarios que legítimamente tengan derecho.

Salvador ha realizado este anuncio durante su comparecencia en el parlamento valenciano, a petición del grupo popular, para explicar las medidas adoptadas por el Consell para evitar los desahucios. Al respecto, ha indicado que lo que no van a hacer “nunca” es “dejar a la gente tirada” y ha puesto como ejemplo la “estafa” del anterior Ejecutivo del PP al dejar “más de 1.400 expedientes” de ayudas a la vivienda en un cajón por “instrucción” de la antigua consellera del ramo, Isabel Bonig.

Desde Vivienda han explicado que se han encontrado en el cajón más de 1.400 expedientes sin resolver por valor de más de 60 millones de euros que habían quedado paralizados por instrucción de Bonig al encontrarse con la imposibilidad de seguir tramitando más ayudas, que había convocado sin consignación presupuestaria. Entonces, según las mismas fuentes, se elaboró una instrucción interna para que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación, independientemente de la fase en la que se encontraran, se resolvieran de forma negativa por falta de recursos económicos. Sin embargo, ante la falta de cobertura legal, los servicios territoriales no acataron esta instrucción y estos expedientes quedaron paralizados en un cajón.

La consellera ha asegurado que ahora se va a actuar para poder regular y establecer un procedimiento de finalización administrativa para cuando se resuelvan estos expedientes. “Vamos a reconocer el derecho a estas 1.400 familias que el anterior Consell del PP dejó abandonadas en un cajón, ahora damos cobertura legal para que cuando se tramiten y se resuelvan estas ayudas se pueda otorgar este derecho a las personas que cumplan los requisitos de la convocatoria”, ha indicado Salvador.

Iniciativas contra los desahucios

La consellera ha desgranado durante su intervención las iniciativas llevadas a cabo por el Consell para combatir los desahucios y ha hecho especial hincapié en el proyecto de Ley de Función Social de la Vivienda, pendiente de tramitación parlamentaria, que permita “actuar ante las entidades bancarias” con medidas coercitivas -incluso la expropiación del usufructo de la vivienda- si no asumen la responsabilidad social de ponerlas a disposición de quienes “más lo necesitan” los pisos vacíos de que disponen.

Ha señalado que en su día ya se pidió a los bancos la colaboración voluntaria, pero sólo tres se adhirieron a esa declaración de intenciones, y ha advertido de que si no existe esa voluntad, una vez aprobada la ley, se podrán aplicar esas medidas coercitivas porque “no tiene sentido” que haya viviendas vacías y no se destinen a alquileres sociales.

Ha recordado que hay viviendas protegidas construidas en la etapa de “vino y rosas” de Rafael Blasco como conseller “en primera línea de playa” y se ha preguntado si esa era la mejor ubicación posible para una primera vivienda. Así, ha criticado que ahora están “prácticamente todas vacías”, ante lo que el Consell ha hecho un esfuerzo de reducción de precios para promover que estén ocupadas.

“La situación no se revierte en dos días”, ha advertido, al tiempo que ha hecho énfasis en la necesidad de que el Gobierno central promulgue una “verdadera ley de segunda oportunidad”. También ha recordado medidas autonómicas como las ayudas para combatir la pobreza energética, en plan de alquiler asequible (se han modificado los precios en 230 casos) o la modificación del régimen de viviendas de protección oficial de compra alquiler o alquiler con opción a compra, que se ha aplicado hasta ahora a 123 inmuebles.

Salvador también ha subrayado el aumento presupuestario en Vivienda respecto a los años anteriores, con 79 millones consignados este 2016, “más presupuesto que en 2014 y 2015 juntos”, y ha señalado que el nuevo Consell encontró 700 viviendas del parque público que estaban en estado “ruinoso” y por ahora se han reparado 309 y hay otras 94 en ejecución, que finalizarán este año. Han sido entregadas hasta la fecha 301 viviendas, de las cuales 58 a personas que han sufrido un desahucio y 35 a mujeres víctimas de violencia de género.