Un joven de 27 años ha fallecido en El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) por aplastamiento tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kilogramos cada una mientras trabajaba en una explotación agrícola.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar este martes, sobre las 20.41 horas, cuando se ha producido el incidente en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, perteneciente al municipio alcarreño.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil; equipos de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), aunque la víctima había sido liberada por vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por la víctima, fallecida en el acto.

Una aplicación digital ofrecerá a profesionales del sector agrario un acompañamiento continuo basado en datos satelitales, climáticos e inteligencia artificial para ayudarles a monitorizar parcelas, optimizar recursos y mejorar la productividad de sus explotaciones. Se trata de AgroConnectApp, un proyecto piloto y emblemático liderado por la organización profesional agraria ARAG-ASAJA y la empresa desarrolladora Spectral Geo.

La herramienta se basa en la monitorización de datos de cultivos de cereal y viñedo en la zona de Tricio, aproximadamente 1.000 hectáreas, con el objetivo de ofrecer un sistema que traduzca la información compleja en indiciadores claros y aplicables a la gestión diaria de los agricultores.

Esa información se extrae a partir de mapas comparativos entre campañas orientadas a facilitar decisiones más precisas sobre fertilización, riego o control sanitario. La aplicación incorpora un visor GIS construido para representar de forma sencilla la variabilidad de viñedos y parcelas de cereal, facilitando el análisis espacial de los datos en distintos niveles: parcela, municipio y región. Con ello, se garantiza que agricultores y técnicos dispongan de un soporte práctico y visual para la toma de decisiones, incluso en municipios rurales con limitaciones tecnológicas.

“Lo queremos es que el agricultor tenga una herramienta práctica, fácil de usar y que le aporte valor real, obteniendo una mejor gestión, optimizando la aplicación de insumos, anticipándose a problemas y ganar en rentabilidad y sostenibilidad”, ha señalado el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez que, a su vez, ha destacado que “ARAG-ASAJA en su compromiso con los intereses de los profesionales del sector agrario, formará a los agricultores en el uso de la herramienta mediante sesiones de acompañamiento individualizado para que éstos puedan aprender a manejarla y a sacar el mayor partido. Hemos empezado en Tricio y con estos dos cultivos, pero nuestro objetivo es ampliar a toda la región y a otros cultivos”.

Carlos Tarragona, director general de Spectral Geo, empresa desarrolladora de la aplicación, ha asegurado que “se podrá utilizar desde el teléfono móvil, tablet y ordenador y nos permitirá priorizar cuáles son aquellas fincas o parcelas que son más preocupantes. La gran novedad es que vamos a poder hacer un análisis histórico de la zona de los últimos ocho años para saber qué ha pasado tanto climáticamente como a nivel de imágenes satelitales”.

Así, los agricultores podrán saber cómo está su parcela con respecto a las que están alrededor con las mismas características y cómo está con respecto a años anteriores y tomar decisiones al respecto.

AgroConnectApp es un proyecto piloto y emblemático perteneciente a la convocatoria de la Consejería de Política Local y Lucha Contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja. En él participan como colaboradores la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Tricio, CEIP Rural, Caja Rural de Navarra y FMC Agricultura Solutions.

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca han procedido a la detención de cinco varones y a la investigación de una mujer pertenecientes a la misma familia como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas, dos delitos de hurto y uno de pertenencia a grupo criminal, desarticulando a un grupo criminal dedicado a los robos en explotacione agrícolas.

La investigación se inició tras tener conocimiento personal del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón (Cuenca), de la ocurrencia de diversos robos con fuerza y hurtos, cometidos en explotaciones agrícolas en los términos municipales de Las Pedroñeras y El Pedernoso.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, los presuntos autores fracturaron las entradas de diferentes naves agrícolas y casetas de campo para, una vez en su interior, apropiarse de material de riego, herramientas y efectos relacionados para realizar labores agrícolas, así como ventanas de las construcciones violentadas.

Fruto de las investigaciones y de las gestiones practicadas se conseguía identificar el vehículo utilizado por los autores, procediendo a localizar diferentes objetos sustraídos en un establecimiento comercial de la localidad de Albacete.

Como consecuencia del operativo desplegado para la detención de los autores, contando con el apoyo de personal de la Policía Local de Las Pedroñeras, se ha intervenido el vehículo partícipe de los hechos junto con parte de los efectos sustraídos, el cual, al percatarse de la presencia de la Fuerza, emprendió la huida, siendo interceptado en los extrarradios de la población de la Mancha conquense.

Las diligencias, así como el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca).

Siete jóvenes agricultores llegarán en estos primeros meses del año a distintas explotaciones de Castilla-La Mancha para aprender dentro del programa Cultiva, una experiencia de estancias formativas en explotaciones modelo. En esta edición, los jóvenes procedentes de La Rioja, Valencia, Granada, Albacete, Jaén y Zaragoza han elegido Castilla-La Mancha para completar su formación con este #IntercambioAgro.

El programa ha dado comienzo esta misma semana en la explotación multisectorial de frutos de cáscara, olivar y viñedo, del joven cooperativista Cristian González, en El Herrumblar (Cuenca). Pablo Sánchez, procedente de Aras de los Omos (Valencia) y Rosana López de Bormate (Albacete), serán los primeros jóvenes en convivir durante esta semana con su anfitrión, que les mostrará la gestión y tareas que conlleva una explotación diversificada con variedades autóctonas de la zona.

La semana del 2 al 7 de febrero, la explotación ‘TrufaZero', ubicada en Cifuentes (Guadalajara) y especializada en la producción, transformación y venta de trufa negra, recibirá al joven zaragozano, Víctor Cuartero.

Del 9 al 13 de febrero, Antonio Martínez, de Granada, conocerá la gestión de Kimie Hirai del cultivo tradicional de olivar y su ampliación con nuevas plantaciones más intensivas en Valdepeñas. En la semana del 16 al 20 de febrero, Joaquín López, acogerá en Caudete (Albacete) a Javier Tejada de La Rioja, para mostrarle la gestión de su explotación multisectorial ecológica y en concreto la gestión del viñedo en vaso y secano de la variedad local ‘Forcallat’.

Ya en el mes de marzo, en la semana del 16 a 20, Erika Abad recibirá en Humanes (Guadalajara) a Alejandro Lorente, procedente de Zaragoza. Durante esta estancia, el joven conocerá la gestión de una explotación de cereal de secano y el espárrago verde y sus “novedosos” proyectos para reducir las emisiones y producir de manera más sostenible.

La última estancia de esta edición se desarrollará del 11 al 15 de mayo en la explotación Finca Marta, Tomelloso (Ciudad Real) de la mano de Sergio Parra. Allí, Miguel Blanco, de La Carolina (Jaén), conocerá una finca de viñedo en espaldera con tecnología muy avanzada que permite su control y gestión desde un teléfono móvil.

Según ha señalado Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha en un comunicado, han preparado unos extensos y completos programas formativos que incluyen además de la formación práctica en campo, visitas técnicas complementarias a las cooperativas vinculadas con sus anfitriones, como son Bodegas Antares, (El Herrumblar), Colival (Valdepeñas), Virgen de las Viñas (Tomelloso), SAT Coagral (Guadalajara) y San Isidro (Caudete).

La coordinadora del programa Cultiva en Castilla-La Mancha, Ana Belén Olmedo, ha querido agradecer la colaboración de los anfitriones, “ya que su implicación hace posible este intercambio de experiencias favoreciendo el relevo generacional en el sector agrario”.

“El sector agrario español necesita un cambio estructural y la juventud requiere apoyo para avanzar en esta dirección”. En este sentido, las estancias del Programa Cultiva se convierten en una herramienta clave para mejorar la viabilidad de las nuevas explotaciones, ha señalado la entidad organizadora por quinto año consecutivo.

EEl programa Cultiva es una Iniciativa financiada y desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, que ofrece a las mujeres y hombres agricultores y ganaderos jóvenes formación práctica en explotaciones modelo de acogida a través de estancias formativas gratuitas, donde tienen la oportunidad de adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que puedan, posteriormente, aplicar en el desarrollo de su propia actividad agraria.

La organización Asaja ha denunciado los robos que se están produciendo en infraestructuras agropecuarias de la provincia de Ciudad Real que están “afectando gravemente al normal desarrollo de su actividad” y la creciente preocupación de agricultores y ganaderos de la zona de la capital y alrededores.

Según ha señalado en un comunicado, “en las últimas semanas se han registrado robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, que incluyen materiales indispensables para el trabajo diario en el campo. Estos actos delictivos no solo generan importantes pérdidas económicas, sino que también provocan daños en las instalaciones y paralizaciones de la actividad productiva”.

Desde Asaja se denuncia que estos robos suponen un grave perjuicio para un sector que ya soporta una elevada presión económica derivada del aumento de los costes de producción, la incertidumbre de los mercados y las dificultades climáticas. “No se trata solo del valor de lo robado, sino del impacto directo que tiene en el trabajo, la planificación de las explotaciones y la seguridad de quienes viven y trabajan en el medio rural”, señalan desde la organización agraria.

Ante esta situación, Asaja ha exigido un refuerzo de la vigilancia y así se lo trasladará a las administración competentes. Asimismo, solicita una mayor presencia y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir estos delitos y garantizar la protección de las explotaciones agropecuarias.

También solicita de manera expresa que se extreme la vigilancia en aquellas zonas de la provincia donde la campaña de recogida de la aceituna es más tardía, con el fin de garantizar la seguridad de los olivareros que aún no han finalizado la recolección. La organización agraria advierte de que estas explotaciones resultan especialmente vulnerables en este periodo, por lo que considera fundamental reforzar la presencia policial para evitar robos y asegurar el normal desarrollo de la actividad.

Asimismo, la organización insta a los agricultores y ganaderos a denunciar todos los robos o hurtos que se produzcan en sus explotaciones, independientemente de su cuantía, ya que estas denuncias resultan fundamentales para el control, la investigación y el seguimiento de las zonas afectadas. Desde la organización agraria subrayan que contar con datos reales y actualizados permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad planificar mejor los dispositivos de vigilancia y adoptar medidas más eficaces para prevenir nuevos delitos en el medio rural.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en la comarca del Guadalentín la operación ‘Totafon’, en la que tras una serie de inspecciones en explotaciones agrícolas se ha detectado a una decena de personas en situación irregular y empleadas sin contrato de trabajo. Esta actuación se ha llevado en el marco de las operaciones realizadas contra la trata de seres humanos y en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

La operación ha culminado la detención del responsable de una empresa y el encargado de la misma investigado, ambos como presuntos autores de delito contra los derechos de los trabajadores.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre en una inspección agrícola en el municipio murciano de Totana, cuando se halló trabajando en el campo un total de diez personas extranjeras, la mayoría mujeres, en situación irregular y sin contrato de trabajo: “De la investigación desarrollada se desprende que los presuntos autores de los hechos habían ofrecido trabajo a las víctimas extranjeras aprovechándose de la situación de necesidad de estas”, ha concluido la Guardia Civil.

En el momento de la inspección realizada, los especialistas en Policía Judicial de la Benemérita comprobaron que las víctimas se encontraban solas en una finca mientras recogían productos del campo, en este caso durante la recolección de pimiento. “Los investigadores verificaron que estas personas desconocían exactamente dónde se encontraban ni para qué personas o empresas se encontraban trabajando”, ha relatado la Guardia Civil.

Desde el momento de la inspección desarrollada en el ámbito agrícola junto a Inspección Provincial de Trabajo de Murcia, la Guardia Civil inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los supuestos autores. Las diligencias practicadas por la Guardia Civil han permitido identificar a los propietarios de la finca: “Estos la tenían arrendada a una tercera persona que, a su vez, la tenía subarrendada a la empresa compradora de la cosecha y encargada de su recolección”, ha explicado la Guardia Civil.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido al empresario y administrador único de la empresa investigada, con sede social en Lorca, y ha investigado a otra persona, que hacía funciones de encargado de la mercantil, ambos como presuntos autores de delito contra los derechos de los trabajadores.

El Govern balear ha reconegut aquest dijous que no pot tramitar els permisos ambientals de l’anomenada ‘macrogranja dels horrors’, situada a Llucmajor (Mallorca), que es va situar en el punt de mira informatiu després que elDiario.es publiqués en primícia les condicions d’insalubritat, brutícia extrema i presumpte maltractament animal que presentava l’interior de les instal·lacions. El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha admès que, amb la legislació vigent, les condicions actuals de la granja no permeten efectuar aquesta tramitació.

Així ho ha assenyalat després de ser interpel·lat per Ferran Rosa, diputat del grup ecosobiranista Més per Mallorca, en la compareixença parlamentària que ha oferit el conseller per informar sobre la situació actual de l’explotació avícola. Cal recordar que la granja va acaparar l’atenció mediàtica després que, el passat 26 de maig, aquest periòdic publiqués imatges inèdites de l'interior, gravades per les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal entre els dies 21 i 29 d’abril. En aquell primer reportatge, aquest mitjà va informar que els propietaris de la granja de gallines ponedores havien rebut una sanció de 150.000 euros per part de l’Executiu autonòmic  per no disposar de l’autorització ambiental integrada.

Aquest fet suposa un compliment del que estableix el Reial decret legislatiu 1/2016, que delimita els requisits per regular la contaminació. Enguany, a més, va entrar en vigor el Decret Llei 1/2025, de 17 de gener, que endureix els requisits per a les explotacions avícoles intensives de les Balears. La disposició addicional quarta del text estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, només es podran autoritzar si respecten unes distàncies mínimes de qualsevol nucli residencial, determinades segons la seva capacitat ramadera. En concret, les granges amb més de 80.000 gallines s’han de situar a més de sis quilòmetres de les zones poblacionals.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta es troba a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l’explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, hauria de mantenir una distància “no inferior a 6.000 metres lineals respecte del sòl urbà residencial més proper”. Per tant, si es volgués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta s’hauria d’ajustar a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l’explotació no compleix, tal com va informar en el seu moment aquest diari.

L’oposició qüestiona el Govern

El diputat ecologista Ferran Rosa (Més per Mallorca) ha recordat que la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental —dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat— va desestimar la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de l’explotació de Llucmajor en una resolució signada el 25 de setembre, fet que, segons ell, posa en evidència les contradiccions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per no haver arxivat abans l’expedient.

En aquesta resolució, Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, afirma que per autoritzar la tramitació ambiental s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor de la nova llei que modifica la llei agrària i que, en la seva disposició addicional quarta, estableix que les explotacions ramaderes que superin les 80.000 gallines ponedores —com era el cas, aleshores, de la granja de Llucmajor— han de mantenir una distància mínima al sòl urbà més proper no inferior a 6.000 metres lineals. Tanmateix, el projecte no compleix aquestes condicions, ja que les urbanitzacions de Tolleric i Badia Gran es troben, aproximadament, a un quilòmetre. “La instal·lació no és autoritzable”, conclou Andrade, d’acord amb la redacció inicial del Decret llei 1/2025, la redacció definitiva del qual ha quedat recollida en la Llei 2/2025.

A la descripció del projecte, recollida a la resolució, s’indica que la granja de Llucmajor té una autorització màxima de 40.000 gallines ponedores. No obstant això, va funcionar amb sis naus amb capacitat per a 135.696 gallines. La sol·licitud de legalització de les instal·lacions va ser desestimada. Això significa que la granja ha estat funcionant durant anys il·legalment.

En les seves conclusions, Paz Andrade sosté que, a més d’arxivar l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental integrada, el promotor (Avícola Son Perot S.A., empresa que explota la marca Avícola Ballester) haurà de reduir la capacitat de la granja a un màxim de 40.000 gallines ponedores i presentar un pla verificable per complir aquest objectiu abans del 31 de desembre de 2025. Aquest document s’haurà de presentar a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, dirigida per Fernando Fernández (PP). A més, el promotor haurà de tramitar també “les autoritzacions corresponents de què actualment no disposa”, tant pel que fa a la capacitat màxima de l’explotació com al femer de Sa Llapassa. També ha de comptar amb l’autorització APCA (activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera) i complir amb la Llei 3/2019, de 31 de gener, d’activitats agràries, així com amb el Reial decret 637/2024, de 27 de juliol, que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les granges avícoles.

Rosa s’ha mostrat sorprès que Simonet, conseller del ram, hagi comparegut el 13 de novembre, quan l’“escàndol” es va fer públic el 26 de maig. “No només afecta els veïns de Llucmajor, sinó que va escandalitzar bona part de la població de les Illes Balears”, ha dit. El diputat ha recordat que la resolució que desestimava l’autorització ambiental integrada es va signar el 25 de setembre i es va publicar al BOIB el 9 d’octubre.

“La proposta de desestimació es va fer el 23 de juliol”, ha dit Rosa. Com que no es van presentar al·legacions, des de l’11 d’agost ja s’hauria pogut concloure el procés, ha indicat el diputat ecologista. I va més enllà: “El curiós és que, durant tot aquest període d’elaboració del procediment d’avaluació ambiental integrada, no hagin informat des del minut u que la llei agrària havia canviat i, per tant, era legalment impossible” atorgar aquesta autorització a la instal·lació de Ses Cisternetes, ha puntualitzat Rosa.

En aquest punt, el diputat ecologista ha començat a enumerar tots els canvis normatius que s’han succeït des del gener de 2025. En conseqüència, segons Rosa, aquest expedient s’hauria pogut arxivar ja al gener, i no a l’octubre, com finalment ha ocorregut. A més, ha lamentat que de la resolució adoptada per Paz Andrade, directora general d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, es desprèn que els informes que remetia la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural (concretament a través del Servei de Producció Ramadera) eren “condicionats” en lloc de “desestimatoris”. “No eren informes desestimatoris, com vostè ha dit avui [aquest dijous], sinó condicionats”, ha retret.

Basant-se en aquests arguments, sosté Rosa, els tècnics de la Conselleria d’Agricultura, com a òrgan substantiu en matèria agrària, haurien d’haver-hi “remès un informe d’ofici a la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, explicant que, com a òrgan substantiu, instaven a arxivar aquest expedient perquè no era legalment viable d’acord amb la normativa vigent”.

Rosa ha recordat que aquests informes condicionats del Servei de Producció Ramadera es van emetre els dies 15 d’abril i 27 de maig, respectivament. El diputat ecologista afirma que és especialment significatiu que aquest segon informe s’emetés un dia després que aquest diari revelés, en primícia, la situació de l’interior de la granja, i que s'hi establissin les condicions mitjançant les quals la granja podria tramitar aquesta autorització ambiental integrada, que és obligatòria per al seu funcionament.

Unes condicions que són impossibles, atès que no es compleixen les distàncies mínimes entre l’explotació avícola i els nuclis urbans dels voltants, motiu pel qual la granja hauria de canviar d’ubicació i tramitar nous permisos per poder continuar la seva activitat legalment. Aquesta és una opció. L’altra, per la qual finalment s’ha optat, és reduir la capacitat màxima de les instal·lacions a 40.000 gallines per operar legalment. “Em sap greu, senyor conseller, però crec que ens prenen el pèl”, ha afirmat Rosa. “No van fer res en el moment en què es va aprovar la llei i no ho van fer fins que es va publicar a la premsa”, ha lamentat.

Simonet (PP): “Els nostres informes són desfavorables”

Joan Simonet, que en la seva primera intervenció s’ha limitat a llegir els expedients relacionats amb l’explotació investigada per les seves irregularitats, així com a defensar la gestió de la seva Conselleria, ha respost a Rosa que “crec que la Direcció General d’Harmonització [Urbanística i Avaluació Ambiental] sap perfectament quines lleis s’aproven”. “De totes maneres, quan ens demanen informes (...), tots han estat desfavorables”, ha indicat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

“No condicionats, desfavorables”, ha insistit Simonet. En els informes d’autorització d’impacte ambiental, ha argumentat el conseller, ens demanen que indiquem “quins són els condicionants que hi hauria per poder superar-la si fos el cas”. Així ha justificat la seva actuació Simonet, que ha afegit que José Luis Mateo (PP), conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, ja havia argumentat anteriorment que el procediment es va dur a terme així per una qüestió de “doble seguretat jurídica”.

D’altra banda, Marc Pons, portaveu adjunt del PSOE al Parlament balear, ha lamentat que existeixin “llacunes evidents”, segons la seva opinió, pel que fa al procediment que ha dut a terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i que quedaria reflectit en els expedients. Així, Pons ha començat a enumerar el procés iniciat per la Conselleria en diferents informes i expedients en relació amb l’explotació avícola. L’informe i l’expedient sancionador que fan referència a la gestió del femer, així com al seu pla de gestió —signats els dies 12 de desembre de 2023 i 26 de setembre de 2024, respectivament—, indiquen que s’hi podrien haver comès tres infraccions greus i dues de lleus, tal com va informar elDiario.es.

Tanmateix, segons ha recordat Pons, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural —dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural— va suspendre el 5 de novembre de 2024 un procediment sancionador, així com les mesures cautelars aparellades al mateix, iniciat contra Avícola Son Perot S.A. Tot això malgrat les greus deficiències detectades pels tècnics del mateix Executiu balear. “Qui signa aquesta suspensió de les mesures és el director general d’Agricultura, Ramaderia i Medi Rural, Fernando Fernández”, ha detallat Pons, i ha afegit que ho va fer tot i que la suspensió no anava acompanyada “de cap informe tècnic que avali la suspensió del procediment sancionador”. Així mateix, s’ha qüestionat si no s’hauria produït la comissió d’un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

Simonet es defensa: “No és prevaricació”

“No és prevaricació ni de bon tros”, ha resolt Simonet. El conseller del ram ha argumentat que, quan hi ha un procediment obert tant a la Fiscalia com a un jutjat, és la cap dels serveis jurídics de la Conselleria qui prepara una resolució. “No la redacta el director general”, ha aclarit, i ha afegit que es fa d’acord amb la normativa vigent de procediment administratiu, així com amb la llei agrària. “Tranquil·litat total en relació amb aquest tema”. “Se suspenen els procediments sancionadors que després es tornen a activar”, ha conclòs Simonet.

Pel que fa a aquest procediment de l’expedient de suspensió del procediment sancionador, al qual va accedir aquest diari, la Conselleria d’Agricultura va citar el Decret 1/2004, pel qual s’aprova el reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Balears. Mitjançant l’article 12, sobre la transcendència penal dels fets i la suspensió del procediment, l’administració pública considera que els fets “poden ser constitutius d’il·lícit penal”. Després de les investigacions, creuen que existeixen “elements de judici suficients” per arribar a aquestes conclusions, motiu pel qual la Conselleria d’Agricultura va decidir remetre la documentació a la Fiscalia.

Així mateix, va puntualitzar que el procés penal “no impedeix el manteniment de les mesures cautelars acordades en el procediment administratiu sancionador”. Finalment, el text legal citat per la Conselleria d’Agricultura recordava que, una vegada hi hagi una resolució judicial —de condemna o de sobreseïment—, l’administració competent haurà de “dictar la resolució que correspongui” i notificar-la a les parts interessades.

El Govern balear ha reconocido este jueves que no puede tramitar los permisos ambientales de la conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), que se situó en el foco informativo después de que elDiario.es publicara en primicia las condiciones de insalubridad, suciedad extrema y presunto maltrato animal que presentaba el interior de las instalaciones. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha admitido que, con la legislación vigente, las actuales condiciones de la granja no permiten efectuar esa tramitación.

Así lo ha señalado tras ser interpelado por Ferran Rosa, diputado del grupo ecosoberanista Més per Mallorca, en la comparecencia parlamentaria que ha ofrecido el conseller para informar sobre la situación actual de la explotación avícola. Cabe recordar que la granja acaparó la atención mediática después de que, el pasado 26 de mayo, este periódico publicara imágenes inéditas de su interior, grabadas por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. En ese primer reportaje, este medio informó de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción de de 150.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico por no disponer de la autorización ambiental integrada.

La obligatoriedad de esta autorización se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta para regular la contaminación de este tipo de explotaciones. Este año, además, entró en vigor el Decreto Ley 1/2025, de 17 de enero, que endurece los requisitos para las explotaciones avícolas intensivas de Balears. La disposición adicional cuarta del texto establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si respetan unas distancias mínimas de cualquier núcleo residencial, determinadas según su capacidad ganadera. En concreto, las granjas con más de 80.000 gallinas deben situarse a más de seis kilómetros de las zonas poblacionales.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, debería mantener una distancia “no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, ésta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple, tal como informó en su día este diario.

La oposición cuestiona al Govern

Durante su intervención, el ecosoberanista Ferran Rosa ha recordado que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental —dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— desestimó la solicitud de autorización ambiental integrada en la explotación de Llucmajor mediante una resolución firmada el 25 de septiembre, lo que, en su opinión, pone en evidencia las contradicciones de la Conselleria de Agricultura al no haber archivado con anterioridad el expediente.

En dicha resolución, la directora general, Paz Andrade, señala que, para autorizar la tramitación ambiental, se debe tener en cuenta la entrada en vigor de la ley 2/2025 -derivada del decreto ley 1/2025-, principalmente en lo referido al número máximo de gallinas ponedoras —como era el caso, en ese momento, de la granja de Llucmajor— y a la distancia respecto a los núcleos urbanos, condiciones que el proyecto no cumple. “La instalación no es autorizable”, concluye Andrade.

No en vano, la descripción del proyecto, recogida en la resolución, indica que la granja de Llucmajor tiene una autorización máxima de 40.000 gallinas ponedoras, pese a lo cual estuvo funcionando con seis naves con capacidad de hasta 135.696 aves. La solicitud de legalización de las instalaciones, sin embargo, fue desestimada. La resolución de la Dirección General confirma así que la granja ha estado durante varios funcionando de forma ilegal.

Además de archivar la solicitud de autorización ambiental, el documento emplaza al promotor (Avícola Son Perot S.A., la sociedad que explota la marca Avícola Ballester) a reducir la capacidad de la granja a un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, además de a presentar, antes del 31 de diciembre de 2025, un plan verificable de cumplimiento de estos objetivos, que la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige Fernando Fernández (PP).

También deberá tramitar “las correspondientes autorizaciones necesarias de las cuales no dispone actualmente”, relativas tanto a la capacidad máxima de la explotación como a su vertedero, el de Sa Llapassa; contar con la autorización APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), y cumplir con la Ley 3/2019, de 31 de enero, de actividades agrarias, así como con el Real Decreto 637/2024, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

Ferran Rosa (Més per Mallorca): “Nos toman el pelo”

Rosa, en su intervención, se ha mostrado sorprendido de que Simonet haya comparecido el 13 de noviembre, cuando el “escándalo” se hizo público el pasado 26 de mayo. “No solo afecta a los vecinos de Llucmajor, sino que escandalizó a buena parte de la población de las Illes Balears”, ha argumentado. El diputado ecologista ha dado inicio a su intervención haciendo referencia, precisamente, a la resolución que desestimó la autorización ambiental integrada, firmada el 25 de septiembre y publicada el 9 de octubre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

“La propuesta de desestimación se hizo el 23 de julio”, ha aseverado. Dado que no se presentaron alegaciones, desde el 11 de agosto se podría haber concluido ya el proceso, ha subrayado el ecosoberanista, quien ha ido más allá: “Lo curioso es que, en todo este periodo de la elaboración del procedimiento de evaluación ambiental integrada, no hayan informado desde el minuto uno de que la ley agraria había cambiado y de, por tanto, era legalmente imposible” otorgar dicha autorización.

En este punto, Rosa ha comenzado a enumerar todos los cambios normativos que se han sucedido desde enero de 2025, reprochando al Govern su tardanza en archivar un expediente que “podía haberse cerrado en enero”, en cuanto entró en vigor la nueva ley, y no en octubre, como finalmente ha ocurrido. Además, ha aseverado que de la resolución de la directora general de Armonización Urbanística se desprende que los informes que remitía la Conselleria de Agricultura -concretamente a través del Servicio de Producción Ganadera- eran “condicionados” en lugar de “desestimatorios”. “No eran informes desestimatorios, como usted ha dicho hoy [este jueves], sino condicionados”, ha recriminado.

En base a estos argumentos, sostiene Rosa, los técnicos de la Conselleria deberían haber remitido un informe de oficio a la Dirección General “explicando que, como órgano sustantivo, instaban a archivar este expediente porque no era legalmente viable de acuerdo a la normativa vigente”.

El ecosoberanista ha recordado que esos informes condicionados del Servicio de Producción Ganadera se emitieron los días 15 de abril y 27 de mayo, respectivamente, remarcando el hecho de que ese segundo informe se emitiera un día después de que este diario desvelara, en primicia, la situación del interior de la granja, y que en él se estableciesen las condiciones mediante las cuales la granja podría tramitar esa autorización ambiental integrada, que es obligatoria para su funcionamiento.

Unas condiciones que, dado que no se cumplen las distancias mínimas entre la explotación avícola y los núcleos urbanos de los alrededores, son imposibles. Una de las opciones de las que dispone la granja para poder continuar de forma legal con su actividad pasaría por cambiar de ubicación y tramitar nuevos permisos. Otra de las alternativas, por la que finalmente se ha optado, es reducir la capacidad máxima de las instalaciones a 40.000 gallinas para operar legalmente. “Me sabe mal, señor conseller, pero creo que nos toman el pelo”, ha afirmado Rosa. “No hicieron nada en el momento en que se aprobó la ley y no lo hicieron hasta que se publicó en prensa”, ha lamentado.

Simonet (PP): “Nuestros informes son desfavorables”

Simonet, que en su primera intervención se ha limitado a leer los expedientes relacionados con la explotación investigada por sus irregularidades, así como a defender la gestión de su Conselleria, ha respondido a Rosa: “Creo que la Dirección General de Armonización [Urbanística y Evaluación Ambiental] sabe perfectamente qué leyes se aprueban”. “De todas maneras, cuando nos piden informes (...), todos han sido desfavorables”, ha indicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

“No condicionados, desfavorables”, ha insistido Simonet. En los informes de autorización de impacto ambiental, ha argumentado el conseller, “nos piden que digamos cuáles son los condicionantes que debería haber para superarla si fuera el caso”. Así ha justificado su actuación Simonet, quien ha añadido que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (PP), ya había argumentado anteriormente que el procedimiento se llevó a cabo de esta forma por una cuestión de “doble seguridad jurídica”.

Por su parte, Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament balear, ha lamentado que existen “lagunas evidentes”, en su opinión, en cuanto al procedimiento que ha llevado a cabo la Conselleria de Agricultura, y que tendrían su reflejo en los expedientes. El parlamentario socialista ha descrito el proceso iniciado por la Conselleria a través de diferentes informes y expedientes relacionados con la explotación avícola: el informe y expediente sancionador relativos a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión —firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, según los cuales podrían haberse cometido tres infracciones graves y dos leves, como informó elDiario.es.

Sin embargo, ha recordado Pons, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural suspendió el 5 de noviembre de 2024 un procedimiento sancionador, así como las medidas cautelares aparejadas al mismo, iniciado contra Avícola Son Perot S.A. Todo ello a pesar de las graves deficiencias detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear. “Quien firma esta suspensión de las medidas es el director general de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Fernando Fernández”, ha detallado el socialista, quien ha añadido que lo hizo pese a que la suspensión no iba acompañada “de ningún informe técnico que avalase la suspensión del procedimiento sancionador”. Asimismo, se ha cuestionado si no se habría incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

“No es prevaricación ni mucho menos”, ha zanjado Simonet. El conseller del ramo ha argumentado que, cuando hay un procedimiento abierto tanto en la Fiscalía como en un Juzgado, la jefa de servicios jurídicos de la Conselleria prepara una resolución. “No la redacta el director general”, ha aclarado, añadiendo que se desarrolla en base a la normativa en vigor de procedimiento administrativo así como a la ley agraria. “Tranquilidad total en relación a este tema”, ha espetado: “Se suspenden los procedimientos sancionadores que luego se vuelven a activar”.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha reclamado al Gobierno foral “la anulación inmediata de la Orden foral que prohíbe las labores de cosecha y empacado” por el alto riesgo de incendios, al considerar que la medida es “injusta, desproporcionada y carente de justificación”. La consejera de Interior, Amparo López, descartó el pasado lunes que el incendio de Carcastillo estuviese provocado por labores agrícolas y apuntó a un origen “por la acción humana”.

En una nota de prensa, desde la patronal agraria se insta al Gobierno de Navarra a “retomar el sistema de meteoalertas, que permite tomar decisiones basadas en previsiones meteorológicas reales y no en prohibiciones generalizadas”.

“Desde UAGN queremos denunciar la actuación del Gobierno de Navarra, porque hoy miércoles ya se sabía que las temperaturas no iban a ser altas y, aun así, no se ha levantado la prohibición de cosechar y empacar. Están jugando con la viabilidad de las empresas agrarias. Es absolutamente inconcebible y no tiene justificación alguna. Vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para anular esta medida absurda e injusta”, ha reivindicado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Según Bariáin, la situación “afecta especialmente a la zona norte de Navarra, donde las temperaturas previstas, especialmente por la mañana, apenas superarán los 30 grados”. “El trabajo en la agricultura y la ganadería es un derecho. No puede ser que no se nos permita trabajar porque ayer por la tarde el Gobierno no se reunió para evaluar la situación. No vamos a tolerar que un día como hoy se impida trabajar en el campo”, ha añadido.

Desde UAGN se insiste en “volver a la gestión mediante meteoalertas, un sistema que los profesionales agrarios de Navarra tienen perfectamente interiorizado y que les permite saber exactamente qué tareas realizar y con qué medios en función del color del mapa, por zonas y tipo de trabajo agrícola”.

UAGN ha reivindicado que el sector agrario “necesita flexibilidad y criterios técnicos ajustados a la realidad de cada zona”, y que “cualquier restricción debe basarse en datos meteorológicos actualizados para evitar daños económicos irreversibles”.

El cielo amenaza con venirse abajo removiendo el aire, salado, más fresco de lo habitual sobre el laberinto de caminos de tierra marrón, inconsistente y rebosante de nutrientes del Campo de Cartagena. Esto, en pleno julio, es un respiro que por desgracia, ellos lo saben, no durará mucho, pero es un alivio recoger melón bajo este manto de nubes aunque sea solo por un día. Un grupo de trabajadores faena al rebufo del rastrillo de un tractor que remolca un gran contenedor en el que van volcando los melones que sacan de la tierra. “Estos son bereberes. Del norte de África. No son árabes. Eran agricultores en Marruecos. Alguno que otro ya es jefe de cuadrilla. Aquí trabajan desde las seis de la mañana hasta la una y media o las dos, a pleno sol, con 35 grados. Este es un trabajo duro, duro de verdad”, cuenta Daniel, un agricultor veterano de la zona que maneja el tractor.

El Campo de Cartagena debía ser una tierra baldía y de secano que, milagros de la hidráulica, ha terminado siendo una de las tierras de cultivo más productivas de todo el mundo. Para que puedan hacerse una idea, en el año 2019, la Región exportó más de 2,5 millones de toneladas de productos agrícolas: melón, lechuga, brócoli, acelga, berenjena o alcachofa. Las tierras orientales de Carrascoy llenan las despensas de medio mundo. “Yo lo he vivido todo, cuando esto era secano puro. Había cuatro pozos nada más. La zona regable era una décima parte de lo que hay ahora. Esto empezó a cambiar con el trasvase, y con él vino la mecanización… y sobre todo, la inmigración. Sin inmigrantes esto no es viable. No es que no sea rentable, es que no es posible”, continúa.

La presencia masiva de trabajadores inmigrantes está justificada con la necesidad casi ilimitada de mano de obra de un campo que nunca jamás deja de cultivarse: “Aquí el 80% de la mano de obra son inmigrantes. Y si me apuras, en algunos tajos, el 100%. Si mañana los marroquíes, los latinos y los rumanos se van, aquí no se recoge ni un melón”. El sociólogo Andrés Pedreño explica a elDiario.es Región de Murcia que la mayor parte de los marroquíes que hoy pueblan Torre Pacheco provienen de la provincia de Uchda, en el oriente del país, una región históricamente minera que ya trasvasó en los años sesenta a muchos trabajadores a la Sierra Minera de Cartagena y que, al ver la metamorfosis del campo, cambiaron de sector. “Cuando se produce la gran transformación al regadío en los ochenta, se presenta un problema de escasez de mano de obra. El país se estaba modernizando y las bolsas de jornaleros del sur se iban a otros sectores de la economía que estaban en alza, como la construcción, la hostelería o el turismo. En el 86 entramos en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en el 91 el mercado único europeo, y ahí es cuando Murcia especializa su territorio en lo que luego se llamó la 'huerta de Europa'”.

Daniel no quiere aparecer en cámara ni que se muestre su nombre, porque “luego vienen los sindicatos, las cámaras, la tele. Y ya te montan el circo de la esclavitud y no sé qué. Hace 30 años, vale. Pero ahora, sin papeles no trabaja nadie. Y por menos de ocho euros la hora no te viene ni Dios”. Brahim, trabajador marroquí de veinte años, lo confirma: “El trabajo es duro, a veces para morirse, pero está bien pagado. Yo llevo dos años trabajando en el melón y en la lechuga y merece la pena”. Pese a que los sigue habiendo, los casos de explotación laboral en el campo se han ido reduciendo paulatinamente con los años, en parte gracias a la presencia constante de inspectores de trabajo.

A pesar de su veteranía trabajando la huerta, Daniel lamenta que no se vaya a dar un relevo generacional: “Mi hijo, por ejemplo, es bioquímico. Tiene un máster en Enología en la Politécnica de Madrid. No quiere saber nada del campo. Los españoles no quieren trabajar aquí. ¿Por qué? Porque es más cómodo tener un sueldo, aunque sea pequeño, que ser empresario. No te imaginas la cantidad de papeles que se requieren para llevar esto medio en condiciones. Esto no es solo sudar: es papeleo, es responsabilidad, es desgaste. Y de mano de obra, mucho menos. Hay poca, y a veces problemática”.

De casa al trabajo, y del trabajo a casa

Entre la población marroquí, muchos de ellos naturalizados o nacionalizados españoles, sí que se está adquiriendo esa transmisión del oficio de padres a hijos. Según Daniel, “hay alguno que ya se mete a emprendedor. Les gusta la mecánica, montan talleres, venta ambulante, incluso alquilan fincas. Tienen iniciativa. Más que muchos de los nuestros, que se van a otros oficios y se olvidan del campo”.

A las dos de la tarde, cuando el calor rompe los relojes y el horizonte vibra por la temperatura, Omar pedalea de vuelta a casa. Son veinte minutos en bicicleta bajo la solanera. Veinte minutos de polvo, sudor y silencio, desde la finca hasta el piso donde vive con su familia. Lleva veinte años trabajando en el campo. Lo ha hecho todo: ha recogido melones, limones, ha trabajado en almacenes, sabe lo que es cargar cajas en agosto y arrancar lechuga con escarcha en diciembre. Omar habla con una sinceridad que corta: “Esto, si no fuera por nosotros, no tira. Nosotros hacemos el trabajo; ellos ganan, y nosotros cobramos. Y seguimos”. Se refiere a los patrones, a los almacenes, al engranaje entero. “En los melones, en los limones, solo trabajamos marroquíes. Españoles, ninguno. Solo como jefes o tractoristas”.

La semana pasada, cuando se desataron las cacerías racistas en Torre Pacheco, se encerró en casa con su mujer y sus hijos. “No salí para nada. Solo del trabajo a casa y de casa al trabajo. En bici, claro”. No pisó la plaza ni la tienda ni la calle, no asomó su rostro, reconocible para la turba solo por el color de su piel, por el umbral de la puerta. Solo al tajo y al hogar. “Los que montaron el lío no eran de aquí. Vinieron de fuera a buscar pelea. Pero nosotros seguimos con lo nuestro”.

Pese al relato que trata de imponerse, la población migrante de Torre Pacheco hace lo posible por convivir, trabajar y, sobre todo, prosperar. Ya hay familias con tres o cuatro generaciones que comienzan a medrar en la sociedad aupados por las espaldas dobladas de sus padres y abuelos. Mohammed es supervisor de finca. Llegó en 1990, cuando tenía veinte años, en una época en la que apenas había marroquíes y los pocos que había se repartían entre la industria y el campo. Empezó abajo del todo, haciendo lo que nadie quería, y ahora dirige cuadrillas, coordina cultivos y organiza la recogida.

Una cadena de mando bien jerarquizada

“No hay españoles haciendo nuestro trabajo”, dice. “Camioneros, tractoristas, jefes, sí. Pero en la tierra, muy pocos”. Habla con claridad, sin queja, sin heroísmo, asumiendo que forma parte de algo más grande que él, pero que también es suyo. “Esto sigue funcionando gracias a los que vinimos y a los que siguen viniendo”. Mientras en el centro del pueblo se multiplicaban los bulos y las agresiones, en los bancales de melón y lechuga apenas se notó el temblor. Como si el campo viviera al margen del ruido, ajeno al odio y entregado a otra lógica: la de madrugar, rendir y regresar a casa con lo justo para volver a empezar el día siguiente.

La llaman “la jefa” y lo es. Lleva 25 años en el campo y ha tenido a su cargo hasta 200 personas. Es ecuatoriana y aún recuerda cuando aterrizó en Barajas en un avión de la KLM lleno de compatriotas que venían, como ella, con la intención de trabajar hasta caer rendidos. Hoy, tras décadas de viajes en autobús y de horarios imposibles, gestiona peones, reparte tareas y decide quién vale y quién se queda fuera.

Para Andrés Pedreño, una de las claves de la altísima productividad, es el saber hacer de los capataces para llevar a sus trabajadores: “La explotación del trabajo marroquí se ha basado en mantenerlos en posiciones subalternas y subordinadas, no es contradictorio que los agricultores reconozcan que son indispensables y, al mismo tiempo, mantengan una posición racista, porque es una estrategia para tener trabajadores sumisos y ordenados. Lo sorprendente es que esto haya sido aceptado tan silenciosamente por la población migrante, y esto se debe a que se han encontrado un entorno político, institucional y social muy reacio a reconocerles la ciudadanía. Hay que preguntarse cuántas escuelas concertadas y privadas existen en un pueblo como este”.

“Yo me fijo mucho en el comportamiento. Si alguien se aprovecha, mañana no trabaja más conmigo”, cuenta, sin levantar la voz. Su liderazgo se basa en la firmeza y en haberlo pasado todo: “Jornales impagados, amenazas, botellas rotas, turnos de sol a sol...” explica la encargada.

A su lado, un agricultor español de poco más de treinta años asiente. Lleva meses sin encontrar gente para recoger y reconoce que ya no sabe qué más hacer. “Falta mano de obra, y faltan empresarios que quieran tirar pa’lante”. Sabe que el problema no es solo el rechazo de los jóvenes a trabajar en el campo, sino también el miedo de muchos pequeños propietarios a asumir el “problema” de contratar en regla: seguridad social, ETT, inspecciones laborales y costes; pese a los millonarios beneficios que este sector arroja todos los años. “Esto lo estamos sosteniendo entre cuatro”, suelta. Y se marcha a seguir recogiendo plásticos del bancal donde hace unos días aún se recogían melones que acabarán en las próximas horas en un supermercado de Berlín.

Pozo Estrecho, París, Londres

La productividad de estas tierras roza lo irreal, y casi brotan nada más cosecharlas, y llenan y llenan almacenes que trabajan sin descanso, llenan camiones que salen día y noche en dirección a cada capital europea; Pozo Estrecho-París-Londres, el barbecho no es una opción. Las cintas no paran: cajas y más cajas, lechugas calibradas al milímetro, melones enfriados en tiempo récord y hasta brócolis que se etiquetan por talla como si fueran trajes de chaqueta, que van todos a parar a hileras infinitas de camiones que vienen a explicar que cada ciclo de riego es un envío internacional y cada jornada de tajo acaba en una lonja poco después.

El futuro de la casa en Graus de Joaquín Costa, una de las principales figuras del regeneracionismo español (1846-1911), sigue sin definirse después de que la Diputación de Huesca (DPH), gobernada por el PP, haya descartado su compra y rehabilitación. A iniciativa ciudadana, se va a presentar en las Cortes de Aragón una proposición no de ley a la que se han adscrito hasta el momento 14 asociaciones. El afán de quienes la impulsan es llegar a todos los estratos de la sociedad aragonesa y cobrar fuerza para que cale su doble reivindicación: que la adquiera el Gobierno de Aragón para convertirla en un museo que divulgue su vida y pensamiento.

Una idea que también comparten PSOE y CHA. La compra de la casa de Costa en la capital de la comarca de Ribagorza no se ha materializado pese a que en la pasada legislatura, con el PSOE al frente, la DPH acordó su adquisición con el voto favorable de todos los grupos políticos. El precio estimado era de 207.000 euros, un coste que la institución consideraba ahora “muy elevado” si se le añade el del mantenimiento de cuatro plantas y 700 metros cuadrados que dificultan el diseño de un espacio expositivo. Por ello, la Diputación va a dedicar una partida de 100.000 euros a acondicionar la tercera planta del museo de Historia y Tradición de Graus para recrear allí los últimos años de su vida.

La asociación Acción Cívica Aragonesa encabeza una iniciativa para que la casa se convierta en “patrimonio público de todos los aragoneses”. Hasta el momento se han sumado Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Médicos de Zaragoza, el Colegio Notarial, la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO), Federalistas de Aragón, las fundaciones Casa de Ganaderos y José Antonio Labordeta, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, el Rolde de Estudios Aragoneses, la Sociedad Aragonesa de Filosofía y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA). La última de ellas, este mismo lunes, ha sido la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña.

Acción Cívica Aragonesa señala que Joaquín Costa encarna, en su trayectoria vital y en su labor intelectual y política, valores “sobresalientes”, por su “capacidad de sacrificio, su tesón, su afán de saber y su constante compromiso con la renovación y la regeneración de la vida social y política española. A través de la educación, de las políticas públicas, de la integridad ética, el derecho y de la acción cívica quiso impulsar la modernización y europeización de nuestra sociedad y nuestras instituciones”.

De ahí que Aragón tenga una “deuda perdurable” con Joaquín Costa, que no cabe limitar a guardar su memoria y dignificar los espacios vinculados a su vida, sino que “debe dirigirse primordialmente a valorar y difundir su legado, todo lo que hay de ejemplar en su vida y cuanto hay de iluminador en su pensamiento. Destacar, entre sus acciones, su activo compromiso con el progreso educativo, económico, social y democrático de España, y en su oposición a cualquier forma de oligarquía y caciquismo que pervierta los valores y principios democráticos de nuestra forma de convivencia y buen gobierno”.

El “coraje cívico” de la sociedad aragonesa

Abandera Acción Cívica Aragonesa la adquisición de la casa de Graus con el fin de “preservarla físicamente y hacer de ella un centro de referencia e irradiación de cuantas iniciativas deberían ponerse en marcha para que la voz y el mensaje de Costa viniesen a nutrir y fortalecer el coraje cívico de la sociedad aragonesa”, señala en el borrador de la proposición no de ley.

De entre todas sus residencias, la de Graus sería la más representativa, pues “le sirvió de retiro de la vida activa y fue punto de referencia fundamental de su presencia y vinculación con Ribagorza, sus gentes, sus paisajes y sus proyectos de cambio”. Una casa “que fue cuidadosamente conservada por sus familiares durante décadas, conscientes de su enorme significación”. Debería contener el conocimiento de un “momento decisivo de la historia de España con sus escritos, propuestas e iniciativas políticas, dirigidos siempre a convocar a sus conciudadanos a un proyecto regenerador que permitiera modernizar y europeizar la sociedad española”.

Félix Gracia, secretario de la asociación Acción Cívica Aragonesa, que nació en noviembre de 2024, refleja que “se ha dado marcha atrás en el pasado sin que se dieran muchas explicaciones, tanto desde las Cortes como desde la Diputación”. Es “una falta de respeto a la memoria de Costa” que estos acuerdos no se hayan producido hasta la fecha, de ahí que se opte por una vía abierta a la ciudadanía. Se requiere “una PNL que se trabaje colectivamente y tenga el mayor apoyo posible de la sociedad aragonesa”. Esta se presentaría en julio para entrar en el debate cuando se abra el nuevo periodo de sesiones y se dedicará el resto de verano a la búsqueda de más adhesiones.

Gracia reivindica que “hay que sacar a Costa de la discordia política”, pues “es de todos y no se merece que se le instrumentalice”. Más allá, se va a tratar de crear una asociación de amigos de Joaquín Costa que vele por que se cumpla la PNL o por “seguir presionando a las instituciones” en caso de que estas no se den por aludidas, sin descartar que se acuda a una entidad financiera que pueda ayudarles. El objetivo es llegar a la veintena de entidades adscritas y se ofrece el correo electrónico de la asociación a los interesados: accioncivicaaragonesa@gmail.com.

El PSOE recuerda al PP que en 2021, tanto la Diputación Provincial de Huesca como el Ayuntamiento de Graus y el Gobierno de Aragón gobernados entonces por los socialistas y ahora por los populares, “mantuvieron conversaciones con los herederos de Joaquín Costa, que custodiaban tanto su archivo personal como la casa familiar en la que vivió y murió en Graus” y “fruto de esas negociaciones, la DPH llegó a un acuerdo inicial con la familia para la compra del inmueble”.

El PP apoyó en el pleno provincial la dotación presupuestaria, que se tradujo en una partida de 212.000 euros en los presupuestos de 2024. “Pero cuando tomaron las riendas de la institución, cambiaron de idea y no formalizaron la compra. Es todo un despropósito”, lamentan desde el PSOE, que en febrero ya llevó la cuestión a las Cortes con el apoyo de CHA. La proposición no de ley de ambas formaciones no salió adelante. En 2016, el PP aragonés presentó una moción para convertir el inmueble en un museo a la que se sumó el resto de formaciones y también se quedó en nada.

Llucmajor és una localitat del sud de Mallorca el nucli urbà de la qual es troba a l'interior, i que combina zones rurals amb àrees costaneres. En els darrers dies, s'ha situat al centre del focus informatiu, després que aquest diari avancés que la macrogranja que hi ha en aquest municipi ha estat denunciada davant de la Fiscalia de Medi Ambient de Balears per presumptes delictes d'estafa, contra la salut pública i abandonament animal per l'absència de supervisió veterinària. Situada a la perifèria de Mallorca i amb una activitat turística important, el municipi té prop de 40.000 habitants, dels quals 15.000 resideixen al nucli històric. Ara mateix està governat per un tripartit del PP, Vox i l'Agrupació Social Independent (ASI).

En el ple ordinari del mes de setembre de 2024, a iniciativa del PSOE, es va aprovar per unanimitat una resolució conjunta dels socialistes juntament amb els partits municipalistes Llibertat Llucmajor, Més per Llucmajor i s'Ull per instar l'Ajuntament de Llucmajor, així com el Govern, a auditar i revisar tota l'activitat de la macrogranja avícola Son Perot“, verificant que s'adequa a la llicència d'activitat, que no s'excedeixi la quantitat d'animals autoritzats i gestiona correctament els residus. La resolució instava que, en cas d'incompliments, s'apliquessin les sancions corresponents.

En la proposta de resolució, Jaime J. Oliver, portaveu del PSOE de Llucmajor, mostrava la seva preocupació per les informacions sobre el projecte de macrogranja —finalment denegat pel Govern del PP de Marga Prohens— que la mateixa empresa projectava a Sineu, amb una explotació avícola d'unes 750.000 gallines. A l'inici del text, Oliver lamenta els “possibles efectes negatius” de les explotacions de ramaderia intensiva, entre les quals destaca la contaminació dels recursos hídrics; la degradació del paisatge; l'augment de les emissions de gasos contaminants; els possibles problemes de salut pública i els efectes nocius per a la població que viu als voltants, a causa de les males olors i les plagues d'insectes.

Així, Oliver remarca que aquests projectes generen“conflictes socials ”en llocs com Llucmajor, on les comunitats locals“ han expressat preocupació per les molèsties”, així com pel benestar animal, a més de la “falta de transparència en la gestió d'aquestes instal·lacions”. En aquest sentit, lamenta que les macrogranges solen estar controlades per “grans corporacions” que prioritzen“ el benefici econòmic” per sobre de la qualitat dels aliments i la salut pública. “És essencial donar suport als petits productors, redistribuir la riquesa i enfortir l'economia local”, argumenta el portaveu socialista.

Finalment, per a defensar la seva iniciativa, va recordar que “un Govern d'esquerres va dotar a Espanya d'una Llei de Benestar Animal (2023)” i que com a socialistes “reclamem respecte i cura pels animals també en l'àmbit productiu”. “Les explotacions intensives no són compatibles amb els principis de benestar animal”, assegura Oliver. Per aquest motiu, el portaveu socialista exigeix “revisar i enfortir la normativa que regula aquestes activitats a Mallorca, assegurant un equilibri entre el desenvolupament del sector primari i la protecció del medi ambient”, així com la qualitat de vida de les comunitats rurals.

En converses amb elDiario.es, Oliver afirma que l'Ajuntament de Llucmajor, governat per un tripartit entre el PP, Vox i ASI, “no ha pres cap mesura” per complir amb la resolució, i que només va ser aprovada per l'Executiu local com una “cortina de fum” per a acontentar la ciutadania. Aquest diari s'ha posat en contacte amb el Consistori, que s'ha limitat a assenyalar que “les competències d'autorització, inspecció i seguiment de la granja corresponen a la conselleria d'Agricultura del Govern, per la qual cosa haurien de sol·licitar informació a aquest organisme”.

La major part de les competències estan repartides entre dues conselleries del Govern de Prohens: Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet (PP) i Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo (PP). Cal recordar que entre el 2015 i el 2023 hi va haver dues legislatures progressistes al Govern amb Francina Armengol (PSOE) com a presidenta. Els problemes a la macrogranja comencen el 2017 i s'aguditzen el 2019, segons han relatat veïns de les urbanitzacions confrontants a aquest diari.

La llicència d'obra és del 1968

L'Ajuntament de Llucmajor concedeix, amb data de 1968 -durant el període franquista- la llicència d'obra per a un projecte de granja al municipi, segons el projecte bàsic presentat davant el Govern el gener del 2024. Concretament, el 7 de novembre d'aquell any l'empresa PIEMA SA presenta un projecte per a la construcció d'una “nau per a bestiar” de 1.197 metres quadrats.

Amb el pas de les dècades, a la calor del desenvolupament urbanístic i turístic que van experimentar les Balears, la granja es va anar ampliant. El 10 de setembre de 1979, PIEMA SA presenta davant del Consistori un projecte per a la construcció de quatre naus“ destinades a granja porcina” —actualment només hi ha gallines ponedores— de les quals dues disposarien de 639,60 metres quadrats i les altres dues de 623,20 metres quadrats. En total, una superfície de 2.525,60 metres quadrats.

Segons la mateixa documentació, el 2006 —fa gairebé 20 anys— a la parcel·la “ja existien totes les construccions que es poden trobar actualment”. Tot i això, Avícola Son Perot sol·licita el 2023 “la legalització de totes aquelles construccions sense llicència que constitueixen l'explotació agropecuària”, com es desprèn del projecte presentat davant del Govern. “Com se sol·licita l'autorització ambiental integrada per l'ampliació del cens d'animals superant les 40.000 places de gallines ponedores”, destaca el text.

Precisament, els propietaris de la granja de gallines ponedores van rebre recentment una sanció del Govern, de 150.000 euros, per no tenir l'autorització ambiental integrada. Això va en contra del que dictamina el Reial Decret Legislatiu 1/2016, que delimita els requisits a tenir en compte en aquests casos per regular la contaminació, com va informar elDiario.es. La multa la van rebre de part de la Comissió Balear de Medi Ambient, un òrgan dependent de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

La multa va ser imposada per la Comissió Balear de Medi Ambient, un òrgan dependent de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat. Tot i això, les conseqüències de l’incompliment encara estan per determinar-se completament. “Es tracta d’una activitat il·legal que va ser sancionada i que actualment està sent investigada”, assenyalen fonts d’ARDE a aquest diari, que lamenten que, malgrat tot, l’empresa no hagi deixat d’operar en cap moment.

A més, recentment, el 23 de maig, va entrar en vigor el Decret llei 1/2025, de mesures urgents per a la protecció de les persones i del medi natural en relació amb determinades explotacions ramaderes intensives d'aviram a Balears. La disposició addicional quarta d'aquest decret llei, que modifica la llei agrària balear, estableix que les noves explotacions avícoles, així com les ampliacions de les ja existents, es poden autoritzar únicament si es respecten unes distàncies mínimes al sòl urbà residencial, determinades segons la capacitat ramadera.

En el cas de la granja de Llucmajor, aquesta és a aproximadament un quilòmetre dels nuclis urbans de Tolleric i Badia Gran. Si l'explotació supera les 80.000 gallines ponedores, segons la nova normativa, “ha de mantenir una distància no inferior a 6.000 metres lineals respecte del sòl urbà residencial més proper”. Tot i que la granja ja està en funcionament, ho fa sense l'autorització ambiental integrada. Per tant, si es pretengués tramitar qualsevol nova autorització, aquesta hauria d'ajustar-se a les exigències del nou decret llei, requisits que actualment l'explotació no compleix.

El Govern ha iniciat una investigació

Els inspectors de Medi Ambient de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, així com agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil es van desplaçar aquest dilluns al matí a les instal·lacions de la granja de Llucmajor, després que aquest diari publiqués en primícia la presumpta situació de brutícia extrema i maltractament animal.

Joan Simonet, conseller d'Agricultura, va explicar als mitjans de comunicació que, de moment, “no es planteja el tancament” cautelar de la granja. Tot i així, va reconèixer que la instal·lació no compta amb la declaració ambiental integrada -que l'empresa estaria tramitant a través de la Conselleria de Territori-, malgrat que aquest requisit és obligatori per a granges com la de Llucmajor.

El conseller del ram també va admetre que a l'octubre es va denunciar davant de la Fiscalia la possible comissió per part dels responsables de la granja d'un delicte ambiental. El Seprona va visitar les instal·lacions i va realitzar les corresponents diligències, però el procediment va ser arxivat el febrer passat. La darrera inspecció, per part del Govern, es va fer el 27 de febrer passat. Els funcionaris de la Conselleria, va assegurar Simonet, no van veure la situació que ara han denunciat les entitats animalistes.

S'investigarà si hi ha“nous incompliments”

Simonet va voler precisar que els expedients administratius que l'empresa tenia oberts fins ara estaven relacionats amb la gestió de residus o la qualificació dels ous, que comercialitzaven com a campers quan realment eren de gàbia. “En el moment en què s'arxiva la denúncia penal nosaltres hem tornat a començar amb els expedients i les multes administratives que havíem detectat ”, va indicar.

Ara, va afirmar, caldrà determinar si els fets denunciats pels animalistes suposen una reincidència en aquests supòsits o són nous incompliments de la normativa, cosa que determinarà “si s'ha de prosseguir amb el procediment administratiu o si s'obre un penal”. En qualsevol cas, Simonet va expressar la seva cautela després de ser preguntat per la possibilitat de decretar el tancament preventiu de l'explotació avícola. “En aquest moment jo no puc parlar de tancar. A més, en un tancament cal veure què fas amb els animals que hi ha dins”, va exposar.

De moment, va apuntar, s'hauran de valorar les circumstàncies que els inspectors i els agents de l'Institut Armat puguin corroborar durant la seva inspecció de les instal·lacions, de les quals derivarà si es tracta d'un assumpte de salut pública o de maltractament animal. “Són diferents motius, no és el mateix que els ous siguin un perill per a la salut pública, que això ara no ho podem dir, ho han de veure els inspectors de Salut Pública, o si és un tema de benestar animal”, va manifestar. Amb tot, ha puntualitzat que l'empresa comercialitzava únicament els ous de les gallines i no la seva carn.

El conseller va assegurar desconèixer el nombre de gallines que acull la granja avícola de Llucmajor, però va puntualitzar que, en datar l'autorització de fa més d'una dècada, no s'atenia al límit de 40.000 que marca el decret que actualment s'està tramitant al Parlament. “Mentrestant, aquestes gallines el que nosaltres hem dit és que si tenen 130.000 gallines i han de ser 40.000 no matarem a 90.000 en un dia. Llavors, se li proposa a l'empresa que vagi fent un pla de desescalada”, va subratllar. Aquest pla és el que la companyia ja ha presentat i que en un principi hauria d'haver complert abans que finalitzi enguany, va subratllar.

La granja continua operant“amb normalitat”

La granja avícola de Llucmajor continua operant amb normalitat després de les més de vuit hores de registre d'agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i dels inspectors de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Tot i que els portaveus de la granja van afirmar a elDiario.es, abans de la publicació de la primera notícia, que les imatges que tenia aquest diari no es corresponien a les seves instal·lacions, i que la informació era falsa, després de la publicació de la investigació l'empresa ha reconegut implícitament que sí que són les seves instal·lacions.

Tot i això, consideren que les imatges gravades són “producte d'una manipulació” de les entitats de protecció mediambiental i animal. Tot i això, aquestes associacions han presentat proves de verificació —localització GPS i dates de diaris locals— que han estat consultades i verificades per aquest diari.

En declaracions a Europa Press, el director general de l'empresa Avícola Son Perot, Gorka Moreno, no ha confirmat -tot i que tampoc ho ha descartat- que les imatges difoses per les entitats ARDE i Satya Animal, en què es veien gallines vives convivint amb cadàvers, rates i brutícia extrema, corresponguin a la seva explotació.

Moreno ha titllat de “sensacionalistes i extremistes” i ha afirmat que el que s'hi pot veure no és el “dia a dia” de l'empresa. Des de l'empresa han acusat els col·lectius animalistes de “manipulació” i de generar una sensació d'“alarmisme”. “Totes les granges per dins són iguals”, han esgrimit. El director general de l'explotació, però, ha reconegut que en els vídeos difosos s'observen, en part, les instal·lacions i algunes de les seves etiquetes.

Llucmajor es una localidad del sur de Mallorca cuyo núcleo urbano se encuentra en el interior, y que combina zonas rurales con áreas costeras. En los últimos días, se ha situado en el centro del foco informativo, después de que este diario avanzara que la macrogranja que hay en este municipio ha sido denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria. Situada en la periferia de Mallorca y con una actividad turística importante, el municipio tiene cerca de 40.000 habitantes, de los cuales 15.000 residen en el núcleo histórico. Ahora mismo, está gobernado por un tripartito del PP, Vox y la Agrupación Social Independiente (ASI).

En el pleno ordinario del mes de septiembre de 2024, a iniciativa del PSOE, se aprobó por unanimidad una resolución conjunta de los socialistas junto a los partidos municipalistas Llibertat Llucmajor, Més per Llucmajor y s’Ull para instar al Ajuntament de Llucmajor, así como al Govern, a “auditar y revisar toda la actividad de la macrogranja avícola Son Perot”, verificando que se adecúa a la licencia de actividad, que no se exceda la cantidad de animales autorizados y que gestiona correctamente los residuos. La resolución instaba a que, en caso de incumplimientos, se aplicaran las sanciones correspondientes.

En la propuesta de resolución, Jaime J. Oliver, portavoz del PSOE de Llucmajor, mostraba su preocupación por las informaciones sobre el proyecto de macrogranja —finalmente denegado por el Govern del PP de Marga Prohens— que la misma empresa proyectaba en Sineu, con una explotación avícola de unas 750.000 gallinas. En el inicio del texto, Oliver lamenta los “posibles efectos negativos” de las explotaciones de ganadería intensiva, entre las que destaca la contaminación de los recursos hídricos; la degradación del paisaje; el aumento de las emisiones de gases contaminantes; los posibles problemas de salud pública y los efectos nocivos para la población que vive en los alrededores, debido a los malos olores y las plagas de insectos.

Así, Oliver remarca que estos proyectos generan “conflictos sociales” en lugares como Llucmajor, donde las comunidades locales “han expresado preocupación por las molestias”, así como por el bienestar animal, además de la “falta de transparencia en la gestión de estas instalaciones”. En este sentido, lamenta que las macrogranjas suelen estar controladas por “grandes corporaciones” que priorizan “el beneficio económico” por encima de la calidad de los alimentos y la salud pública. “Es esencial apoyar a los pequeños productores, redistribuir la riqueza y fortalecer la economía local”, argumenta el portavoz socialista.

Finalmente, para defender su iniciativa, recordó que “un Gobierno de izquierdas dotó a España de una Ley de Bienestar Animal (2023)” y que como socialistas “reclamamos respeto y cura por los animales también en el ámbito productivo”. “Las explotaciones intensivas no son compatibles con los principios de bienestar animal”, asegura Oliver. Por este motivo, el portavoz socialista exige “revisar y fortalecer la normativa que regula estas actividades en Mallorca, asegurando un equilibrio entre el desarrollo del sector primario y la protección del medio ambiente”, así como la calidad de vida de las comunidades rurales.

En conversaciones con elDiario.es, Oliver afirma que el Ajuntament de Llucmajor, gobernado por un tripartito entre el PP, Vox y ASI, “no ha tomado ninguna medida” para cumplir con la resolución, y que solo fue aprobada por el Ejecutivo local como una “cortina de humo” para contentar a la ciudadanía. Este diario se ha puesto en contacto con el Consistorio, que se ha limitado a señalar que “las competencias de autorización, inspección y seguimiento de dicha granja corresponden a la conselleria de Agricultura del Govern, por lo que deberían solicitar información a dicho organismo”.

La mayor parte de las competencias están repartidas entre dos conselleries del Govern de Prohens: la de Agricultura, Pesca i Medi Natural, de Joan Simonet (PP) y la de Habitatge, Territori i Mobilitat, de José Luis Mateo (PP). Cabe recordar que entre 2015 y 2023 hubo dos legislaturas progresistas en el Govern con Francina Armengol (PSOE) como presidenta. Los problemas en la macrogranja empiezan en 2017 y se agudizan en 2019, según han relatado vecinos de las urbanizaciones colindantes a este diario. 

La licencia de obra es de 1968

El Ajuntament de Llucmajor concede, con fecha de 1968 —durante el periodo franquista— la licencia de obra para un proyecto de granja en el municipio, según el proyecto básico presentado ante el Govern en enero de 2024. Concretamente, el 7 de noviembre de ese año la empresa PIEMA S.A. presenta un proyecto para la construcción de una “nave para ganado” de 1.197 metros cuadrados. El Ajuntament concede dicha licencia de obra el 14 de diciembre de 1968.

Con el paso de las décadas, al calor del desarrollismo urbanístico y turístico que experimentaron las Balears, la granja se fue ampliando. El 10 de septiembre de 1979, PIEMA S.A. presenta ante el Consistorio un proyecto para la construcción de cuatro naves “destinadas a granja porcina” —en la actualidad solo hay gallinas ponedoras— de las cuales dos dispondrían de 639,60 metros cuadrados y las otras dos de 623,20 metros cuadrados. En total, una superficie de 2.525,60 metros cuadrados.

Según la misma documentación, en 2006 —hace casi 20 años— en la parcela “ya existían todas las construcciones que se pueden encontrar en la actualidad”. Pese a ello, Avícola Son Perot solicita en 2023 “la legalización de todas aquellas construcciones sin licencia que constituyen la explotación agropecuaria”, como se desprende del proyecto presentado ante el Govern. “Al igual que se solicita la autorización ambiental integrada por la ampliación del censo de animales superando las 40.000 plazas de gallinas ponedoras”, destaca el texto.

Precisamente, los propietarios de la granja de gallinas ponedoras recibieron recientemente una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación, como informó elDiario.es. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Pero las consecuencias del incumplimiento aún tienen que determinarse por completo. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, señalaron fuentes de ARDE —una de las entidades de protección medioambiental y animal que denunciaron a la granja ante la Fiscalía— a este diario, que lamentaron que pese a todo “la empresa nunca ha dejado de operar”.

Además, recientemente, el 23 de mayo, entró en vigor el Decreto-ley 1/2025, de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en relación con determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral en Balears. La disposición adicional cuarta de este decreto-ley, que modifica la ley agraria balear, establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si se respetan unas distancias mínimas al suelo urbano residencial, determinadas según su capacidad ganadera.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, “debe mantener una distancia no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Aunque la granja ya está en funcionamiento, lo hace sin la autorización ambiental integrada. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, esta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple.

El Govern ha iniciado una investigación

Los inspectores de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, así como agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se desplazaron este lunes por la mañana a las instalaciones de la granja de Llucmajor, después de que este diario publicara en primicia la presunta situación de suciedad extrema y maltrato animal en la explotación avícola.

Joan Simonet, conseller de Agricultura, explicó a los medios de comunicación que de momento “no se plantea el cierre” cautelar de la granja. Aún así, reconoció que la instalación no cuenta con la declaración ambiental integrada —que la empresa estaría tramitando a través de la Conselleria de Territori—, pese a que este requisito es obligatorio para granjas como la de Llucmajor.

El conseller del ramo admitió también que en octubre se denunció ante la Fiscalía la posible comisión por parte de los responsables de la granja de un delito ambiental. El Seprona visitó las instalaciones y realizó las correspondientes diligencias, pero el procedimiento fue archivado el pasado febrero. La última inspección, por parte del Govern, se hizo el pasado 27 de febrero. Los funcionarios de la Conselleria, aseguró Simonet, no vieron la situación que ahora han denunciado las entidades animalistas.

Se investigará si hay “nuevos incumplimientos”

Simonet quiso precisar que los expedientes administrativos que la empresa tenía abiertos hasta ahora estaban relacionados con la gestión de residuos o la calificación de los huevos, que comercializaban como camperos cuando realmente eran de jaula. “En el momento en el que se archiva la denuncia penal nosotros hemos vuelto a empezar con los expedientes y las multas administrativas que habíamos detectado”, indicó.

Ahora, afirmó, se deberá determinar si los hechos denunciados por los animalistas suponen una reincidencia en estos supuestos o son nuevos incumplimientos de la normativa, lo que determinará “si se debe proseguir con el procedimiento administrativo o si se abre uno penal”. En cualquier caso, Simonet expresó su cautela al ser preguntado por la posibilidad de decretar el cierre preventivo de la explotación avícola. “En este momento yo no puedo hablar de cerrar. Además, en un cierre hay que ver qué haces con los animales que hay ahí dentro”, expuso.

Por el momento, apuntó, se deberán valorar las circunstancias que los inspectores y los agentes del Instituto Armado puedan corroborar durante su inspección de las instalaciones, de las que derivará si se trata de un asunto de salud pública o de maltrato animal. “Son diferentes motivos, no es lo mismo que los huevos sean un peligro para la salud pública, que esto ahora no lo podemos decir, lo tienen que ver los inspectores de Salud Pública, o si es un tema de bienestar animal”, manifestó. Con todo, ha puntualizado que la empresa comercializaba únicamente los huevos de las gallinas y no su carne.

El conseller aseguró desconocer el número de gallinas que alberga la granja avícola de Llucmajor, pero puntualizó que, al datar la autorización de hace más de una década, no se atenía al límite de 40.000 que marca el decreto que actualmente se está tramitando en el Parlament. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, subrayó.

La granja sigue operando “con normalidad”

La granja avícola de Llucmajor sigue operando con normalidad tras las más de ocho horas de registro de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil e inspectores de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural. Pese a que los portavoces de la granja afirmaron a elDiario.es, antes de la publicación de la primera noticia, que las imágenes que tenía este diario no se correspondían a sus instalaciones, y que la información era falsa, tras la publicación de la investigación la empresa ha reconocido implícitamente que sí son sus instalaciones.

Pese a todo, consideran que las imágenes grabadas son “producto de una manipulación” de las entidades de protección medioambiental y animal. Sin embargo, estas asociaciones han presentado pruebas de verificación —localización GPS y fechas de periódicos locales— que han sido consultadas y verificadas por este diario.

En declaraciones a Europa Press, el director general de la empresa Avícola Son Perot, Gorka Moreno, no ha confirmado —aunque tampoco lo ha descartado— que las imágenes difundidas por las entidades ARDE y Satya Animal, en las que se veían a gallinas vivas conviviendo con cadáveres, ratas y suciedad extrema, correspondan a su explotación.

Moreno ha tildado de “sensacionalistas y extremistas” y ha afirmado que lo que se puede ver en ellas no es el “día a día” de la empresa. Desde la empresa han acusado a los colectivos animalistas de “manipulación” y de generar una sensación de “alarmismo”. “Todas las granjas por dentro son iguales”, han esgrimido. El director general de la explotación, no obstante, ha reconocido que en los vídeos difundidos se observan, en parte, sus instalaciones y algunas de sus etiquetas.

El Govern balear del PP no clausurarà per ara la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) després de la difusió d'imatges inèdites gravades entre els dies 21 i 29 d'abril i que mostren les condicions d'insalubritat, manca d'higiene i brutícia extremes del seu interior. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha assenyalat que l'Administració “ha d'actuar amb proves” i, de què de moment disposa l'Executiu és de la informació “que ha sortit a la premsa”. “No podem actuar sobre la base d'una notícia”, ha incidit, tot i reconèixer que el mes d'agost passat ja es va inspeccionar l'explotació avícola arran de diverses denúncies interposades i que es van detectar diversos incompliments greus que van derivar en els processos administratius corresponents i la imposició de mesures cautelars.

Així ho ha posat de manifest aquest dimarts després de la primícia publicada per elDiario.es al voltant de la polèmica macrogranja, que torna a estar sota la lupa d'organitzacions de protecció mediambiental i animal arran de la revelació de la greu situació de les gallines. “El que sí que fem és actuar quan veiem la notícia”, ha assenyalat el conseller, que ha informat que inspectors del seu departament i agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil han inspeccionat aquest matí l'explotació avícola.

El conseller ha admès que a l'octubre es va denunciar davant de la Fiscalia la possible comissió per part dels responsables de la granja d'un delicte ambiental. El Seprona va visitar les instal·lacions i va realitzar les corresponents diligències, però el procediment va ser arxivat el febrer passat. La darrera inspecció, per part del Govern, es va fer el 27 de febrer passat. Els funcionaris de la Conselleria, ha assegurat Simonet, no van veure la situació que ara han denunciat les entitats animalistes.

Simonet ha volgut precisar que els expedients administratius que l'empresa tenia oberts fins ara estaven relacionats amb la gestió de residus o la qualificació dels ous, que comercialitzaven com a campers quan realment eren de gàbia. “En el moment en què s'arxiva la denúncia penal, nosaltres hem tornat a començar amb els expedients i les multes administratives que havíem detectat”, ha apuntat.

Ara, ha afegit, caldrà determinar si els fets denunciats pels animalistes suposen una reincidència en aquests supòsits o són nous incompliments de la normativa, cosa que determinarà si s'ha de prosseguir amb el procediment administratiu o si s'obre un procediment penal. En qualsevol cas, Simonet ha expressat la seva cautela després de ser preguntat per la possibilitat de decretar el tancament preventiu de l'explotació avícola. “En aquest moment jo no puc parlar de tancar. A més, en un tancament cal veure què fas amb els animals que hi ha dins”, ha exposat.

De moment, ha apuntat, caldrà valorar les circumstàncies que els inspectors i els agents de l'Institut Armat puguin corroborar durant la seva inspecció de les instal·lacions, de les quals derivarà si es tracta d'un assumpte de salut pública o de maltractament animal. “Són diferents motius, no és el mateix que els ous siguin un perill per a la salut pública, que això ara no ho podem dir, ho tenen a veure els inspectors de Salut Pública, o si és un tema de benestar animal”, ha manifestat. Tot i això, ha puntualitzat que l'empresa comercialitzava únicament els ous de les gallines i no la seva carn.

Pla de “desescalada” per a les gallines

El conseller ha assegurat desconèixer el nombre de gallines que acull la granja avícola de Llucmajor, però ha puntualitzat que, en datar l'autorització de fa més d'una dècada, no s'atenia al límit de 40.000 que marca el decret que actualment s'està tramitant al Parlament. “Mentrestant, aquestes gallines el que nosaltres hem dit és que si tenen 130.000 gallines i han de ser 40.000 no matarem 90.000 en un dia. Aleshores, se li proposa a l'empresa que vagi fent un pla de desescalada”, ha subratllat. Aquest pla és el que la companyia ja ha presentat i que al principi hauria d'haver complert abans que finalitzi aquest any, ha subratllat.

Les associacions de protecció mediambiental i animal ARDE i Satya Animal han exigit“ el tancament immediat”de la macrogranja després de denunciar l'empresa Avícola Son Perot SA davant la Fiscalia de Medi Ambient de Balears per presumptes delictes d'estafa, contra la salut pública i d'abandó animal per falta de supervisió veterinària, com va avançar aquest periòdic.

Les imatges documentades per ARDE i Satya Animal, avançades en primícia per elDiario.es, mostren com les gallines camperes no van tenir accés a l'exterior de les instal·lacions entre els dies 24 i 29 d'abril. Tot això va passar tot i que l'empresa compta amb el certificat de benestar animal Welfair. El vídeo difós mostra que els animals viuen en condicions penoses, ja que les gallines vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, fins i tot amb esquelets i altres animals, com ara rates (vives o enverinades) i eriçons. Per aquests motius, ARDE també ha iniciat una recollida de signatures per reivindicar el tancament de la macrogranja.

La mateixa empresa que projectava la macrogranja de Sineu

Simonet ha confirmat a més que l'empresa denunciada, Son Perot, és la mateixa que pretenia obrir una macrogranja al municipi de Sineu, que Greenpeace va qualificar com “la més contaminant” d'Espanya i la construcció de la qual va ser finalment paralitzada. El cas va derivar en l'aprovació d'un decret per regular aquestes explotacions intensives.

Malgrat els antecedents, el conseller ha assegurat, tal com recull Europa Press, estar sorprès per les imatges difoses donat que en l'últim mes, ha assenyalat, l'empresa havia presentat “tots els documents administratius que se li havien requerit”, el pla de reducció del nombre d'animals de la granja i els plans de control sanitari. “Fins i tot els informes de la Guàrdia Civil que es van fer al novembre de l'any passat constataven, per exemple, tot el problema que hi havia amb els residus i que l'empresa havia actuat correctament per a minimitzar el seu impacte en la zona”, ha assenyalat.

L'oposició demana la compareixença urgent de tres consellers

Des de l'oposició, el PSIB-PSOE ha sol·licitat la compareixença urgent al Parlament tant del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, com del titular de Territori, José Luis Mateo -el departament del qual és responsable de la tramitació ambiental-, perquè expliquin les accions preses contra la granja avícola, tal com ha assenyalat el portaveu adjunt del partit. Alhora, ha reclamat que el Govern adopti mesures contundents contra l'empresa com el “tancament immediat” de les instal·lacions, tal com havia demanat la formació en anteriors ocasions.

Es tracta, ha sostingut, d'una explotació agrària “sense les corresponents autoritzacions” i amb el “coneixement exprés” del conseller. “Ell mateix ha reconegut que es van fer unes inspeccions, que no té la valoració d'impacte ambiental, que va posar una sanció econòmica però no va clausurar la instal·lació”, ha apuntat. Segons ell, aquests fets són “d'una gravetat enorme” i “no tenen justificació possible”. Per això, ha dit que sol·licitaran la compareixença urgent dels dos consellers al ple del Parlament perquè doni compte de l'actuació dels seus departaments en aquest cas.

La intenció dels socialistes, ha dit, és que puguin explicar de primera mà les seves decisions i els motius pels quals “ha continuat permetent” l'activitat de la granja avícola “malgrat tenir un informe que posava de manifest que hi havia una activitat que no podia estar en funcionament”. “Ha actuat el mínim possible per permetre que l'activitat continués i s'ha limitat a una sanció econòmica quan [Simonet] era coneixedor del que estava succeint”, ha assenyalat Pons, que ha considerat que pesen “molts dubtes” sobre la manera d'actuar de la seva Conselleria.

Podem: “És un autèntic escàndol sanitari i ètic”

En aquesta línia, Unides Podem també ha exigit el tancament immediat de la macrogranja. La diputada Cristina Gómez ha qualificat la situació d'“autèntic escàndol sanitari i ètic” i ha anunciat el registre d'una sol·licitud perquè compareguin de manera urgent Simonet i la consellera de Salut, Manuela García, perquè donin explicacions davant el que considera un “flagrant desistiment de funcions per part del Govern”. “Estem parlant d'una instal·lació on milers d'animals viuen amuntegats, sense accés a la llum natural, entre cadàvers en descomposició i en un estat d'insalubritat extrem que posa en risc la salut pública. Tot això amb l'aval d'un certificat de benestar animal. És inacceptable”, ha denunciat.

La diputada ha recordat que les imatges difoses per la premsa i les organitzacions animalistes “són dignes d'una pel·lícula de terror, no pas d'un espai de producció alimentària regulat per l'administració balear”. Segons Gómez, aquesta situació evidencia una falla estructural als controls sanitaris i al sistema de certificacions, així com una preocupant complicitat institucional amb les macrogranges industrials. “No podem permetre que en ple 2025 seguim tolerant models de producció basats en el maltractament animal sistemàtic, el deteriorament mediambiental i el menyspreu per la salut col·lectiva ”, ha afirmat .“Això no és només un problema de benestar animal, sinó de model agroalimentari i de responsabilitat política”, ha afegit.

Les entitats, que van denunciar els fets davant la Fiscalia de Medi Ambient de Balears per presumptes delictes d'estafa, contra la salut pública i abandonament animal per l'absència de supervisió de les instal·lacions entre els dies 24 i 29 d'abril. A més, van lamentar que, malgrat tot, l'empresa compta amb el certificat de benestar animal Welfair. Fonts de la Fiscalia van confirmar a elDiario.es que la denúncia es va registrar dimecres 21 de maig cap a les 9 del matí.

Les imatges mostren que els animals es troben en condicions penoses. Les gallines vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, fins i tot amb esquelets i altres animals, com ara rates (vives o enverinades) i eriçons. Les organitzacions, a més, van alertar que la presència d'altres espècies a la granja pot comportar “risc de transmissió de malalties a humans”, com la salmonel·la (intoxicació alimentària) o la leptospirosi (infecció de la sang), entre d'altres.

En aquest sentit, l'informant anònim que va documentar la situació de l'interior de la granja va explicar a elDiario.es que “només fer un pas, hi havia rates corrent cap amunt i avall de les estructures”. “Vaig veure un cadàver i vaig distingir que era una rata únicament per la cua”, afegeix. Segons el seu testimoni, hi havia extintors caducats i contenidors amb cadàvers “en estat de putrefacció plens de cucs”.

“Focus de contagi”de malalties

Les associacions ARDE i Satya Animal ha presentat un informe veterinari davant la Fiscalia de Medi Ambient de Balears, al qual ha tingut accés aquest diari, en el qual el professional assenyala que a l’interior de la granja hi ha “riscos de bioseguretat tant per als animals com per al personal i potencialment per als consumidors”.

Entre aquests riscos, detalla la presència d’altres animals a les instal·lacions, com “abundants rosegadors” (alguns fins i tot amb signes de malaltia), situats entre els ocells i el seu aliment; cadàvers en diferents estats de descomposició, tant al sòl de la nau com entre els ocells vius, la qual cosa constitueix “una font important de contaminació”; i una falta d’higiene generalitzada a la granja, ja que “la major part de la superfície està coberta de pols, ocells morts i teranyines”.

Segons el veterinari, hi ha defectes en l’aïllament de la nau “a causa dels possibles desperfectes causats pels rosegadors”, i s’assenyala que l’emmagatzematge dels ous es troba en un espai obert on poden accedir les rates, contaminant els productes. “Tot això afavoreix la disseminació de malalties, posant en risc la vida dels ocells, dels treballadors i dels consumidors d’aquests productes”, afirma el professional, que afegeix en el seu informe que s’evidencia “una neteja inadequada” i, per tant, una “desinfecció deficitària”.

Pel que fa a la presència d’animals malalts, el veterinari destaca en el seu informe que representen un focus de contagi. Així, afirma que en diverses ocasions s’observen imatges d’ocells i rosegadors amb signes evidents de malaltia. Algunes de les malalties infeccioses que podrien afectar els ocells són de tipus bacterià i víric. Es destaquen especialment les malalties zoonòtiques, és a dir, aquelles que es poden transmetre dels animals als humans. Entre aquestes, s’inclouen la pesta aviària (influença aviària); la malaltia de Newcastle (coneguda com a pseudopesta aviària); la salmonel·losi (una intoxicació alimentària) i la campilobacteriosi (que provoca gastroenteritis).

A més, s’esmenta la leptospirosi (que pot afectar diversos òrgans, com el fetge o els ronyons, i causar fins i tot la mort si no es tracta a temps), ja que una de les fonts de contagi més comunes són els rosegadors.

Així, el veterinari conclou en el seu informe que hi ha una manca de control tant per part dels treballadors com del propietari de l’explotació, així com una manca de supervisió veterinària dels animals i de la higiene de la instal·lació. “Hi ha un risc per a la integritat física, no només dels ocells que es troben dins les naus, sinó també per al personal i el seu entorn, així com per al consumidor dels productes”, detalla el professional.

Finalment, el veterinari considera que s’estan incomplint dos principis bàsics del segell Welfair de benestar animal. En primer lloc, no es compleix l’estat de bona salut dels animals, ja que hi hauria d’haver absència de lesions, malalties i dolors. En segon lloc, tampoc es compleix el principi de “comportament social adequat”, que implica l’absència de conductes negatives com baralles o desplaçaments forçats dels animals.

“No es pot determinar el compliment o incompliment de la resta de principis bàsics de benestar animal (relatius a l’alimentació i a la zona de descans), ni tampoc de les etapes de transport i sacrifici dels animals”, conclou l’informe, basant-se en el material audiovisual inspeccionat.

La versió d’Avícola Són Perot

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Avícola Són Perot amb l’objectiu de contrastar la informació que anava a ser publicada i recollir la seva versió, que aquest diari reprodueix íntegrament:

“Avícola Són Perot reafirma el seu compromís amb el benestar animal i la legalitat de les seves instal·lacions. Davant les recents informacions i contactes relacionats amb una possible denúncia per part de determinades organitzacions sobre l’estat de les nostres instal·lacions a Llucmajor, des d’Avícola Són Perot desitgem manifestar el següent: Totes les nostres granges, inclosa la de Llucmajor, estan sotmeses a rigorosos controls interns i externs. En particular, comptem amb la certificació en Benestar Animal Welfair, atorgada per AENOR, un dels organismes d’avaluació més reconeguts a nivell europeu. De fet, dimarts passat, 20 de maig, es va dur a terme l’auditoria anual corresponent a la granja de Llucmajor, que es va superar amb normalitat.

Així mateix, les nostres instal·lacions reben inspeccions periòdiques per part dels serveis veterinaris i tècnics de l’Administració Balear, complint sempre amb els estàndards de qualitat, seguretat i benestar exigits per la normativa vigent. Per tot això, entenem que qualsevol inquietud sobre l’estat de les nostres granges queda degudament aclarida. Finalment, informem que el nostre Departament Jurídic roman atent a qualsevol possible publicació sobre aquest assumpte i actuarà en conseqüència si es considera que es vulneren els drets i interessos legítims de l’empresa“.

Fonts d’Avícola Són Perot S.A. afegeixen que les seves granges estan certificades en benestar animal, amb la certificació vigent fins a novembre de 2025. Precisament, el passat 20 de maig, els responsables d’AENOR, empresa certificadora del segell de benestar animal Welfair, van realitzar una inspecció de renovació a l’interior de la granja de Llucmajor que, inicialment, va ser positiva, encara que falta completar documentació, assenyalen les mateixes fonts.

L'empresa ven a grans supermercats

Aquest diari va contactar aquest dilluns amb els supermercats Mercadona, Eroski i Alcampo per consultar-los sobre si tenien coneixement de la informació que es publicaria, ja que totes tres venien fins ara els ous d'aquesta granja a Mallorca. Totes, excepte Alcampo —que va atendre aquest diari però no va donar una resposta fins aquest dimarts informant de la retirada dels ous de les seves cadenes—, van respondre oficialment durant el mateix dilluns.

Mercadona va afirmar que Avícola Son Perot “és un”dels seus“ 15 proveïdors d'ous, tots certificats en Benestar Animal”. “No tenim constància” del que es publica en aquest reportatge, es limiten a assenyalar les fonts consultades.

Pel que fa a Eroski, la cadena va assegurar que no tolerarà “cap incompliment en matèria de benestar animal o higiene sanitària”. “Per això, exigim a tots els nostres proveïdors el compliment estricte de la normativa vigent i, en el cas de productes certificats, el compliment dels estàndards addicionals que acrediten els segells corresponents”, va argumentar a aquest diari.

Respecte a la granja de Llucmajor, Eroski va afirmar que “ha realitzat auditories periòdiques a una mostra de les seves granges i centres de classificació” on “no s'han detectat les pràctiques d'higiene descrites”. La granja esmentada disposa de la certificació Welfair de Benestar Animal, expedida per AENOR“, va assenyalar la cadena. En aquest sentit, va comentar que”la darrera auditoria de benestar animal es va realitzar el passat 20 de maig de 2025, sense que es detectessin incidències que comprometessin la validesa del certificat“.

No obstant això, després de la informació traslladada per elDiario.es, Eroski va avançar que havia iniciat “una revisió immediata” amb el seu proveïdor“ per comprovar que es mantenen en tot moment les condicions requerides”. “Si es detectés alguna irregularitat, actuarem amb total fermesa, com ja hem fet altres vegades, aplicant els protocols establerts per a la suspensió de subministrament”, va concloure.

El Govern balear del PP no clausurará por ahora la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) tras la difusión de imágenes inéditas grabadas entre los días 21 y 29 de abril y que muestran las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que la Administración “tiene que actuar con pruebas” y, de lo que por el momento dispone el Ejecutivo es de la información “que ha salido en prensa”. “No podemos actuar en base a una noticia”, ha incidido, a pesar de reconocer que el pasado mes de agosto ya se inspeccionó la explotación avícola a raíz de diversas denuncias interpuestas y que se detectaron varios incumplimientos graves que derivaron en los correspondientes procesos administrativos y la imposición de medidas cautelares.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes tras la primicia publicada por elDiario.es en torno a la polémica macrogranja, que vuelve a estar bajo la lupa de organizaciones de protección medioambiental y animal a raíz de la revelación de la grave situación de las gallinas. “Lo que sí hacemos es actuar cuando vemos la noticia”, ha añadido el conseller, quien ha informado de que inspectores de su departamento y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han inspeccionado esta mañana la explotación avícola.

El conseller ha admitido que en octubre se denunció ante la Fiscalía la posible comisión por parte de los responsables de la granja de un delito ambiental. El Seprona visitó las instalaciones y realizó las correspondientes diligencias, pero el procedimiento fue archivado el pasado febrero. La última inspección, por parte del Govern, se hizo el pasado 27 de febrero. Los funcionarios de la Conselleria, ha asegurado Simonet, no vieron la situación que ahora han denunciado las entidades animalistas.

Simonet ha querido precisar que los expedientes administrativos que la empresa tenía abiertos hasta ahora estaban relacionados con la gestión de residuos o la calificación de los huevos, que comercializaban como camperos cuando realmente eran de jaula. “En el momento en el que se archiva la denuncia penal nosotros hemos vuelto a empezar con los expedientes y las multas administrativas que habíamos detectado”, ha apuntado.

Ahora, ha añadido, se deberá determinar si los hechos denunciados por los animalistas suponen una reincidencia en estos supuestos o son nuevos incumplimientos de la normativa, lo que determinará si se debe proseguir con el procedimiento administrativo o si se abre uno penal. En cualquier caso, Simonet ha expresado su cautela al ser preguntado por la posibilidad de decretar el cierre preventivo de la explotación avícola. “En este momento yo no puedo hablar de cerrar. Además, en un cierre hay que ver qué haces con los animales que hay ahí dentro”, ha expuesto.

Por el momento, ha apuntado, se deberán valorar las circunstancias que los inspectores y los agentes del Instituto Armado puedan corroborar durante su inspección de las instalaciones, de las que derivará si se trata de un asunto de salud pública o de maltrato animal. “Son diferentes motivos, no es lo mismo que los huevos sean un peligro para la salud pública, que esto ahora no lo podemos decir, lo tienen que ver los inspectores de Salud Pública, o si es un tema de bienestar animal”, ha manifestado. Con todo, ha puntualizado que la empresa comercializaba únicamente los huevos de las gallinas y no su carne.

Plan de “desescalada” para las gallinas

El conseller ha asegurado desconocer el número de gallinas que alberga la granja avícola de Llucmajor, pero ha puntualizado que, al datar la autorización de hace más de una década, no se atenía al límite de 40.000 que marca el decreto que actualmente se está tramitando en el Parlament. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, ha subrayado.

Las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal han exigido “el cierre inmediato” de la macrogranja tras denunciar a la empresa Avícola Son Perot S.A. ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y de abandono animal por falta de supervisión veterinaria, como avanzó este periódico. 

Las imágenes documentadas por ARDE y Satya Animal, avanzadas en primicia por elDiario.es, muestran cómo las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril. Todo ello ocurrió pese a que la empresa cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair. El vídeo difundido muestra que los animales viven en condiciones penosas, ya que las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Por estos motivos, ARDE también ha iniciado una recogida de firmas para reivindicar el cierre de la macrogranja.

La misma empresa que proyectaba la macrogranja de Sineu

Simonet ha confirmado además que la empresa denunciada, Son Perot, es la misma que pretendía abrir una macrogranja en el municipio de Sineu, que Greenpeace calificó como “la más contaminante” de España y cuya construcción fue finalmente paralizada. El caso derivó en la aprobación de un decreto para regular estas explotaciones intensivas.

Pese a los antecedentes, el conseller ha asegurado, tal como recoge Europa Press, estar sorprendido por las imágenes difundidas dado que en el último mes, ha señalado, la empresa había presentado “todos los documentos administrativos que se le habían requerido”, el plan de reducción del número de animales de la granja y los planes de control sanitario. “Incluso los informes de la Guardia Civil que se hicieron en noviembre del año pasado constataban, por ejemplo, todo el problema que había con los residuos y que la empresa había actuado correctamente para minimizar su impacto en la zona”, ha señalado.

La oposición pide la comparecencia urgente de tres consellers

Por su parte, el PSIB-PSOE ha solicitado la comparecencia urgente en el Parlament tanto del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, como del titular de Territorio, José Luis Mateo -cuyo departamento es responsable de la tramitación ambiental-, para que expliquen las acciones tomadas contra la granja avícola, tal como ha señalado el portavoz adjunto del partido en la Cámara, Marc Pons. Asimismo, ha reclamado que el Govern adopte medidas contundentes contra la empresa como el “cierre inmediato” de las instalaciones, tal y como había pedido la formación en anteriores ocasiones.

Se trata, ha sostenido, de una explotación agraria “sin las correspondientes autorizaciones” y con el “conocimiento expreso” del conseller. “Él mismo ha reconocido que se hicieron unas inspecciones, que no tiene la valoración de impacto ambiental, que puso una sanción económica pero no clausuró la instalación”, ha apuntado. A su parecer, estos hechos son “de una gravedad enorme” y “no tienen justificación posible”. Por ello, ha dicho que solicitarán la comparecencia urgente de los dos consellers en el pleno del Parlament para que de cuenta de la actuación de sus departamentos en este caso.

La intención de los socialistas, ha dicho, es que ambos puedan explicar de primera mano sus decisiones y los motivos por los que “ha seguido permitiendo” la actividad de la granja avícola “pese a tener un informe que ponía de manifiesto que había una actividad que no podía estar en funcionamiento”. “Ha actuado lo mínimo posible para permitir que la actividad continuara y se ha limitado a una sanción económica cuando [Simonet] era conocedor de lo que estaba sucediendo”, ha señalado Pons, quien ha considerado que pesan “muchas dudas” sobre la forma de actuar de su Conselleria.

Podemos: “Es un auténtico escándalo sanitario y ético”

En esta línea, Unidas Podemos también ha exigido el cierre inmediato de la macrogranja. La diputada morada, Cristina Gómez, ha calificado la situación de “auténtico escándalo sanitario y ético” y ha anunciado el registro de una solicitud para que comparezcan de forma urgente Simonet y la consellera de Salud, Manuela García, para que den explicaciones ante lo que considera una “flagrante dejación de funciones por parte del Govern”. “Estamos hablando de una instalación donde miles de animales viven hacinados, sin acceso a la luz natural, entre cadáveres en descomposición y en un estado de insalubridad extremo que pone en riesgo la salud pública. Y todo esto con el aval de un certificado de bienestar animal. Es inaceptable”, ha denunciado.

La diputada ha recordado que las imágenes difundidas por la prensa y las organizaciones animalistas “son dignas de una película de terror, no de un espacio de producción alimentaria regulado por la administración balear”. Según Gómez, esta situación evidencia una falla estructural en los controles sanitarios y en el sistema de certificaciones, así como una preocupante complicidad institucional con las macrogranjas industriales. “No podemos permitir que en pleno 2025 sigamos tolerando modelos de producción basados en el maltrato animal sistemático, el deterioro medioambiental y el desprecio por la salud colectiva”, ha afirmado. “Esto no es solo un problema de bienestar animal, sino de modelo agroalimentario y de responsabilidad política”, ha añadido.

Las entidades, que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria, documentaron cómo las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril. Además, lamentaron que, pese a todo, la empresa cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a elDiario.es que la denuncia se registró el miércoles 21 de mayo sobre las 9 de la mañana.

Las imágenes muestran que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones, además, alertaron de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

En este sentido, el informante anónimo que documentó la situación del interior de la granja explicó a elDiario.es que “nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras”. “Vi un cadáver y distinguí que era una rata únicamente por la cola”, añade. Según su testimonio, había extintores caducados y contenedores con cadáveres “en estado de putrefacción repletos de gusanos”.

“Foco de contagio” de enfermedades

Las asociaciones ARDE y Satya Animal presentaron un informe veterinario ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, al cual accedió elDiario.es, en el cual el profesional señaló que en el interior de la granja existen “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.

Entre estos riesgos, detalló la presencia de otros animales en las instalaciones, como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación” y falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.

Según el veterinario, hay defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y se señalaba que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirmaba el profesional, que añadía en su informe que se evidenciaba “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.

Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destacaba en su informe que son un foco de contagio. Así, afirmaba que en varias ocasiones se ven imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacaban las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis).

Además, se señalaba la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.

Así, el veterinario concluía en su informe que hay una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detallaba el profesional.

Finalmente, el veterinario consideraba que se están incumpliendo dos principios básicos del sello Welfair de bienestar animal. En primer lugar, no se cumple el estado de buena salud de los animales, ya que debe de haber ausencia de lesiones, enfermedades y dolores. En segundo lugar, tampoco se cumple el principio de “comportamiento social adecuado”, lo que implica ausencia de conductas negativas —como peleas o desplazamientos de los animales—. “No se puede determinar el cumplimiento o no del resto de principios básicos de bienestar animal (respecto a la alimentación y zona de descanso), ni las etapas de transporte y sacrificio de los animales”, concluye el informe, en base al material audiovisual inspeccionado.

La versión de Avícola Son Perot

elDiario.es se puso en contacto este lunes con Avícola Son Perot, con el objetivo de contrastar la información que iba a ser publicada y recabar su versión, que este diario reprodujo en su totalidad:

“Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones. Ante las recientes informaciones y contactos relacionados con una posible denuncia por parte de determinadas organizaciones sobre el estado de nuestras instalaciones en Llucmajor, desde Avícola Son Perot deseamos manifestar lo siguiente: Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo. De hecho, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad.

Asimismo, nuestras instalaciones reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente. Por todo ello, entendemos que cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada. Finalmente, informamos de que nuestro Departamento Jurídico permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa“.

Fuentes de Avícola Son Perot S.A. añadieron que sus granjas están certificadas en bienestar animal, certificación vigente hasta noviembre del 2025. Precisamente el pasado 20 de mayo los responsables de AENOR, empresa certificadora del sello de bienestar animal Welfair, realizaron una inspección de renovación en el interior de la granja de Llucmajor que inicialmente fue positiva a falta de completar documentación, señalaron las mismas fuentes.

La empresa vende en grandes supermercados

Este diario contactó este lunes con los supermercados Mercadona, Eroski y Alcampo para consultarles sobre si tenían conocimiento de la información que iba a ser publicada, ya que las tres vendían hasta el momento los huevos de esta granja en Mallorca. Todas, excepto Alcampo —que atendió a este diario pero no dio una respuesta hasta este martes informando de la retirada de los huevos de sus cadenas—, respondieron oficialmente durante el mismo lunes.

Mercadona afirmó que Avícola Son Perot “es uno” de sus “15 proveedores de huevo, todos ellos certificados en Bienestar Animal”. “No tenemos constancia” de lo que se publica en este reportaje, se limitan a señalar las fuentes consultadas.

En cuanto a Eroski, la cadena aseguró que no tolerará “ningún incumplimiento en materia de bienestar animal o higiene sanitaria”. “Por eso, exigimos a todos nuestros proveedores el cumplimiento estricto de la normativa vigente y, en el caso de productos certificados, el cumplimiento de los estándares adicionales que acreditan los sellos correspondientes”, argumentó a este diario.

Respecto a la granja de Llucmajor, Eroski afirmó que “ha realizado auditorías periódicas a una muestra de sus granjas y centros de clasificación” en las que “no se han detectado las prácticas de higiene descritas”. “La granja mencionada dispone de la certificación Welfair de Bienestar Animal, expedida por AENOR”, señaló la cadena. En este sentido, comentó que “la última auditoría de bienestar animal se realizó el pasado 20 de mayo de 2025, sin que se detectaran incidencias que comprometieran la validez del certificado”.

No obstante, tras la información trasladada por elDiario.es, Eroski adelantó que había iniciado “una revisión inmediata” con su proveedor “para comprobar que se mantienen en todo momento las condiciones requeridas”. “Si se detectase alguna irregularidad, actuaremos con total firmeza, como ya hemos hecho en otras ocasiones, aplicando los protocolos establecidos para la suspensión de suministro”, concluyó.

Durante muchos años, la ciencia agrícola se centró en buscar componentes tecnológicos que mejorasen la productividad de las explotaciones donde los regímenes de mercado e institucionales establecidos por el Estado eran las principales causas de la adopción de nueva tecnología. El modelo general ha consistido en innovar continuamente, reducir los precios en la explotación agrícola y externalizar los costos.

Este modelo hizo posibles los extraordinarios logros del sistema CCTA (Conocimientos, Ciencia y Tecnología Agrícolas) en los países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de la Revolución Verde a comienzos de los años sesenta. Ahora bien, dados los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos hoy, cada vez se reconoce más en las organizaciones oficiales del ámbito de la ciencia y la tecnología que debe revisarse el modelo actual de CCTA.

Las actividades habituales han dejado de ser válidas. Ello conduce a replantear el papel que pueden desempeñar los CCTA en la consecución de los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, un papel que implica un mayor compromiso desde diversas perspectivas mundiales y enfoques posiblemente contradictorios de modo que orienten y propongan estrategias de acción que permitan las múltiples funciones de la agricultura.

Muchos profesionales del campo denuncian un exceso de burocracia, falta de claridad en los requisitos ecológicos y una distribución desigual de las ayudas

En un contexto global de cambio acelerado, el sector primario —que comprende la agricultura, la ganadería y la pesca— se encuentra en una encrucijada decisiva. A pesar de ser la base de la seguridad alimentaria y del equilibrio territorial, este sector afronta retos crecientes que amenazan su sostenibilidad económica, social y ambiental.

1. Las políticas europeas: entre la regulación y la burocracia

La Política Agraria Común (PAC) ha sido durante décadas un pilar fundamental para los productores europeos. Sin embargo, las últimas reformas han generado tensiones. Por un lado, se busca una transición hacia modelos más sostenibles; por otro, muchos profesionales del campo denuncian un exceso de burocracia, falta de claridad en los requisitos ecológicos y una distribución desigual de las ayudas. La necesidad de adaptar explotaciones a criterios medioambientales estrictos, sin un acompañamiento técnico y financiero suficiente, está suponiendo un freno, especialmente para pequeños y medianos productores.

2. La competencia internacional y las tensiones con Estados Unidos

Los acuerdos comerciales y los vaivenes geopolíticos están reconfigurando los mercados. Estados Unidos, con políticas proteccionistas y subsidios estratégicos, representa tanto un socio como un competidor formidable. Las diferencias en estándares de producción, los aranceles y las disputas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) añaden incertidumbre a los precios y a las exportaciones. A esto se suma la creciente presión de países emergentes que ofrecen productos a bajo coste, dificultando la competitividad de las producciones locales.

Adaptarse exige inversiones en tecnología, infraestructuras de riego eficiente, razas más resilientes y una gestión más inteligente de los recursos hídricos

3. El cambio climático y la escasez de recursos

Pocas actividades dependen tanto del clima como el campo y el mar. La agricultura sufre los efectos de sequías prolongadas, olas de calor, heladas tardías y eventos extremos que comprometen las cosechas. En ganadería, el estrés térmico afecta a la salud animal y a la productividad. En el mar, la sobrepesca y el calentamiento de las aguas están modificando las rutas migratorias de especies y reduciendo las capturas. Adaptarse exige inversiones en tecnología, infraestructuras de riego eficiente, razas más resilientes y una gestión más inteligente de los recursos hídricos.

4. La sequía: una amenaza persistente

España, como otros países del sur de Europa, vive una sequía estructural agravada por el cambio climático. La falta de lluvias compromete tanto los cultivos de secano como los de regadío, y pone en jaque la disponibilidad de pastos y agua para el ganado. La planificación hidrológica, el uso de aguas regeneradas y la digitalización de los sistemas de riego son algunas de las claves para hacer frente a este desafío. Pero sin una inversión decidida y una gobernanza eficiente del agua, los conflictos por este recurso irán en aumento.

Sin campo no hay futuro, y sin futuro en el campo, el conjunto de la sociedad también pierde

5. El relevo generacional y la despoblación rural

Más allá de lo climático y lo económico, hay un reto humano: cada vez menos jóvenes ven atractivo dedicarse al campo o al mar. La falta de servicios en el medio rural, la baja rentabilidad y la incertidumbre regulatoria disuaden a las nuevas generaciones. Sin relevo, el futuro del sector está en peligro. Fomentar la innovación, mejorar las condiciones laborales y dignificar la imagen del sector son pasos necesarios para revertir esta tendencia.

Conclusión: transformación o resignación

El sector primario no está condenado, pero sí obligado a transformarse. Las soluciones pasan por una mayor coherencia entre las políticas agrarias y medioambientales, un apoyo decidido a la innovación y un reconocimiento social al valor estratégico de la producción de alimentos. Sin campo no hay futuro, y sin futuro en el campo, el conjunto de la sociedad también pierde.

Hay que reconocer y atribuir más importancia a la multifuncionalidad de la agricultura, teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas agropecuarios en contextos sociales y ecológicos diversos.

La Guardia Civil ha detenidos, en el marco de la operación 'Romarvi', a dos presuntos autores de delitos de robo con fuerza en explotaciones agrícolas cometidos en las localidades de Manzanares, Villarrubia de los Ojos, Puerto Lápice y Las Labores, en la provincia de Ciudad Real.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, durante el mes de enero de 2025 se registraron varios robos con fuerza en diversas explotaciones agrícolas, momento en el que se hace cargo el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Manzanares en coordinación con el Puesto de la Guardia Civil de Villarrubia de los Ojos.

En una primera fase analítica y de estudio la investigación permitió la identificación de dos varones como sospechosos, quiénes primero estudiaban la zona para finalmente consumar la acción delictiva en horarios nocturnos.

En una segunda fase se establecieron numerosos operativos lo que llevo a la interceptación de los sospechosos cuando regresaban de la comisión de varios robos con fuerza. Los efectos encontrados resultaron ser objetos de delitos, los cuales posteriormente fueron reconocidos y entregados a los legítimos propietarios.

Tras ello, se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras por la comisión de 27 delitos de robo con fuerza en casas de campo y fincas agrícolas.

Se ha recuperado diverso material sustraído como electrodomésticos, productos electrónicos o diversas herramientas de mano.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Daimiel.

Cuando se jubiló, Demetrio pensó en tener una cuantas gallinas en una antigua casa familiar en Tricio para disfrutar de huevos frescos y de cercanía. Así, lleva tres o cuatro años, criando a sus gallinas para autoconsumo, como muchas personas en los pueblos de La Rioja. Hace unas semanas, empezó a escuchar a través del boca a boca que estos animales aunque estén en un pequeño gallinero o corral doméstico sin fines comerciales tenían que inscribirse también en el Registro de Explotaciones Ganaderas. Demetrio se encuentra en estos momentos en mitad de los trámites.

Como él, muchas personas se están acercando a los ayuntamientos de sus localidades y a las oficinas comarcales agrarias más cercanas para formalizar este registro. Los medios de comunicación, las redes sociales y el boca a boca han comenzado a difundir esta obligación y en las oficinas de ganadería no paran de recibir estos registros.

Aunque se está produciendo cierta confusión, nada tiene que ver con el riesgo de gripe aviar, de la que no se ha detectado hasta el momento presencia en explotaciones avícolas ni de La Rioja ni de España. De hecho, a pesar de que ahora se está produciendo esta avalancha de solicitudes de registro, la normativa que regula esta cuestión se incluye en un Decreto Ley del año 2023, que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, La Rioja cuenta con 1.980 establecimientos no comerciales de aves registrados. Un dato que podría ser mucho mayor con las de las últimas semanas pendientes de volcar a la base de datos.

Cómo se registran a las gallinas de autoconsumo en La Rioja

En La Rioja, se trata de un trámite sencillo y gratuito. El primer paso es presentar en el Ayuntamiento una declaración responsable con los datos del titular, número de animales, especies y ubicación (polígono y parcela y UGM) u otro documento si el censo requiere otro tipo de autorización ambiental (más de 25 gallinas). Una vez obtenido el consentimiento municipal, se debe solicitar el Alta como explotación ganadera en el Servicio de Ganadería a través del Registro General Electrónico, o de forma presencial en la Oficina Comarcal Agraria u Oficina de Atención al Ciudadano que le corresponda en función del municipio. A esta solicitud se debe adjuntar la memoria descriptiva de la explotación y una copia de la autorización municipal.

Se establece como máximo para considerarla una explotación de autoconsumo un máximo de 30 gallinas para puesta o hasta 50 pollos de engorde. Demetrio, por ejemplo, tiene en Tricio 24 gallinas. Una vez termine de registrarlas, estará obligado además a declarar el censo anual en los dos primeros meses del año siguiente, también en las oficinas comarcales agrarias. Estas explotaciones, como todos, deberán cumplir las restricciones que se establezcan ante la influencia aviar, además de normas de bioseguridad, higiénico-sanitarias y de bienestar animal establecidas en la normativa de ordenación que se ha indicado anteriormente.

En La Rioja hasta el momento no se ha impuesto ninguna sanción por incumplimiento de la normativa, pero se contemplan multas de hasta 3.000 euros. Muchos vecinos de los pueblos de La Rioja llevan toda la vida con unas pocas gallinas casi domésticas para servirse de huevos y no se habían enterado ni de la obligación del registro ni de las multas que supone, por lo que estos días llenan las oficinas agrarias para cumplir con la ley.

Hace un año, el ruido de las tractoradas y las protestas del campo llevaron a poner el foco en agricultores y ganaderos, tanto en España como en el resto de Europa. Unos meses de reivindicaciones, donde algunas voces de extrema derecha trataron de aprovechar la situación para vestirse de portavoces de un sector que es tan diverso como las diferentes realidades diarias de quienes trabajan en las zonas rurales.

Ahora, un año después, la mayor parte de sus problemas sigue sobre la mesa y surgen nuevos nubarrones, como el efecto que tendrán los acuerdos con Mercosur y los aranceles agrícolas con los que amenaza Donald Trump. Sin embargo, uno de los principales miedos que sobrevuela la realidad del campo es la falta de relevo, cómo convencer a los jóvenes para que se hagan cargo de unas explotaciones que, sin ellos, estarán abocadas al cierre.

Al mismo tiempo, los pequeños productores están perdiendo terreno, en favor de las grandes industrias agrícolas y de los fondos de inversión que se han lanzado a por el sector primario donde ven una rentabilidad garantizada.

Según indican los datos del Censo Agrario que elabora el INE, casi el 60% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas, según datos del año 2020. Un dato que ha ido creciendo en las últimas décadas, porque en 1999 no llegaban a ser el 55%. En cambio, las pequeñas explotaciones se han ido reduciendo en la misma proporción, como contó elDiario.es en este tema. 

Qué pasó hace un año y quién lo apoyó

A golpe de tractoradas o con lemas como “si el campo no produce, la ciudad no come”, miles de agricultores y ganaderos protestaron durante varias semanas por toda España y en diversos puntos de la Unión Europea para reclamar una batería de medidas. Entre ellas, una reducción de la burocracia, un aumento de las inspecciones a los productos que llegan de terceros países donde ven una competencia desleal, una mejora de los precios, una reducción de las exigencias medioambientales e, incluso, acabar con la Agenda 2030. 

Fueron protestas diversas, donde se priorizaron cuestiones muy distintas, pero que tenían un apoyo mayoritario. Cerca del 73% de los agricultores y ganaderos respaldaron esa movilización según la encuesta elaborada por More in Common, realizada a 600 responsables de explotaciones agrícolas y ganaderas. Tuvieron más respaldo de los hombres que de las mujeres agricultoras y ganaderas (un 75% frente a un 60%). También, de quienes tienen más edad, el 75% de los mayores de 65 años, como se desglosa en el siguiente gráfico.

“No hemos notado cambios. No sirvieron para nada”, afirma el ganadero catalán Pep Llach sobre las movilizaciones, un firme defensor de la conexión de las pequeñas explotaciones con el territorio. “Hace 30 años, en el pueblo éramos 53 casas de payeses, hoy quedamos tres; porque las masías las han comprado familias con dinero y las granjas se han convertido en industrias, con mucho ganado y poca implicación”, añade. 

“Estamos igual. No creo que la repercusión que tuvieron las protestas haya conllevado una mejora de los problemas”, apunta Isabelle Gómez, ganadera ecológica gallega. “Es cierto que tenemos que hacer ruido para que se nos tenga en cuenta, pero el tamaño de las protestas no se ha correspondido con los cambios. Por ejemplo, en cuanto a los trámites burocráticos, no ha habido grandes cambios, al menos en la comunidad gallega”. Lo mismo opina Jon Bastante, agricultor ecológico en Amorebieta. “Estamos igual que hace un año. Las tractoradas me parecieron más una fiesta: vamos a sacar pecho y lucirnos antes que buscar soluciones. Nosotros no podemos hacer huelgas, porque eso es tirar piedras contra nuestra propia economía”, apunta. 

Miquel Riera, agricultor ecológico también cree que se han producido pocos cambios. “Diría que estamos igual o incluso peor porque las perspectivas con el acuerdo con Mercosur no son buenas”, explica. “Ha habido gestos”, asume, por parte de las administraciones, “pero se habló de tener una ventanilla única”, para los trámites burocráticos “y eso no está, tampoco las administraciones locales se han puesto las pilas”. 

Es cierto que tras las protestas hubo un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y parte de las organizaciones agrarias, porque el Ejecutivo solo tiene interlocución oficial con aquellas que tienen una representatividad amplia en cuanto a afiliaciones y territorio. Ese acuerdo parcial evidenció la división en cuanto a la propia representatividad del sector primario. Entre las medidas acordadas, ayudas fiscales, una línea de créditos, una reducción de la carga administrativa o un refuerzo de la Ley de la Cadena, para evitar que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de lo que les cuesta producir. Esto último, por ejemplo, aún no está en marcha porque conllevaba un refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que Vox y PP rechazaron en el Congreso de los Diputados. 

Las voces del campo

Esa falta de unidad y de interlocución de todas las sensibilidades del campo también es criticada. Según la citada encuesta, el 90% de los agricultores se siente mal representado. De nuevo, más los hombres que las mujeres. Una opinión que es compartida tanto por quienes están afiliados a alguno de los sindicatos agrarios como quienes no forman parte de organizaciones, como se resume en el siguiente gráfico.

“Tengo 37 años y llevo 15 en el sector, donde creo que faltan liderazgos jóvenes que aglutinen el descontento y lo canalicen de forma que repercuta en las siguientes generaciones. A los viejos elefantes, las patas ya no les aguantan el peso”, explica Jon Bastante. “En Galicia, tuvimos un problema porque la mayoría de productores de ecológico nos quedamos fuera de las ayudas de la PAC [la Política Agraria Común de la UE]. Hemos tomado la iniciativa de crear una asociación de productores ecológicos, de todo, no solo ganaderos; para intentar tener contacto con las administraciones y que se pongan en marcha”, apunta Isabelle Gómez.

Una representatividad que, en el caso de las protestas de hace un año, dejó cierta sensación de que el malestar quedaba canalizado más por la derecha política que por la izquierda. “Los problemas reales quedaron diluidos en unas voces que se apropiaron del discurso”, critica Pep Llach. En el campo, añade, “hay gente que piensa de todo, pero llegó a parecer que si apoyabas las protestas eras de Vox y, en realidad aquí hay muchas sensibilidades distintas”.

“El campo no es solo de derechas”, argumenta Isabelle Gómez. “Pero creo que no se debería posicionar hacia una política concreta, porque una cosa es el sentimiento político y otra, la realidad de nuestros problemas”, matiza la ganadera. “Cada parte del Estado tiene peculiaridades”, incide Jon Bastante. “En Euskadi el campo no es de derechas, sobre todo la agricultura ecológica que tiene una línea más social, de hacer la tierra y los consumidores valoran mucho el producto local”. 

El gran problema, el relevo generacional

En lo que sí hay más consenso es que el gran problema de fondo, el elefante en la habitación, es que los agricultores y ganaderos ven con temor la falta de relevo generacional. “Ese es nuestro mayor problema”, ahonda Jon Bastante. “No hay jóvenes y, cuando no se produzca a nivel local y lo poco que se produzca se mande fuera porque paguen más, tendremos que traer más productos de fuera”.

En la misma dirección señala Miquel Riera “Tenemos un problema porque la edad media son más de 50 años y eso significa que tenemos 10 años más para buscar una solución. Si nos jubilamos pinta mal para la pequeña y la mediana agricultura, que es la que cubre las necesidades de todo el país y podemos ver que llega un momento en el que grandes empresas decidirán qué comemos. Es un problema como sociedad, porque si desaparece la pequeña y mediana empresa, desaparece el tejido local. Ahora los productos que vienen de fuera tienen como referencia de precio los locales, pero el día que no haya, veremos precios especulativos”, alerta. 

La citada encuesta de More in Common refleja, pese a todo, cierto optimismo. Hay un 36% de los agricultores y ganaderos encuestados que cree que su explotación cerrará en la próxima década, pero otro 58% piensa que seguirá operando. Y este último porcentaje, entre los más jóvenes, de entre 18 y 44 años, se eleva hasta el 77%, en un contexto donde el Ministerio de Agricultura ha comenzado a tramitar la Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que dar cobijo a esta transición de las pequeñas explotaciones familiares. 

“Yo, pese a todo, soy optimista”, reconoce Miquel Riera. “De mis cuatro hijos, dos son agricultores, tenemos proyectos, historias en la cabeza, pero sudando mucho y viviendo una vida sencilla”. Lo mismo que Pep Llach. “No buscamos una vida millonaria. Esto es una forma de vivir”. “Somos empresas familiares donde todo está mezclado y este es un oficio que engancha, es un oficio con cafeína”, sentencia Riera.

Las organizaciones agrarias se han movilizado esta semana manifestando su rechazo hacia el decreto Ómnibus recientemente aprobado por el Gobierno Central. Desde que se conociera la fragmentación del decreto, los sindicatos agrarios han denunciado que en el apartado de medidas fiscales que afectan al sector agrario y que se ha quedado sin convalidar está el “Artículo 8. Medidas en relación con los depósitos fiscales de gasolinas, gasóleos y otros carburantes, y límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 2025”. 

UAGA-COAG Aragón se han sumado a la convocatoria de la manifestación organizada por CCOO y UGT este domingo, día 2 de febrero, en Huesca, Zaragoza y Teruel bajo el lema “A la calle, con los derechos de la gente no se juega”. Una movilización que nace como respuesta a la no convalidación y posterior fragmentación del denominado “decreto ómnibus”.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA, ha manifestado su enfado por una situación que aseguran “va a generar nuevos gastos de asesoría a las personas profesionales del sector agrario”, por eso ya ha anunciado que reclamarán “la urgente aprobación de la parte económica” del llamado decreto ómnibus. 

Una parte importante del sector confían en que el Gobierno subsane el agravio lo antes posible

Por su parte, la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón, ARAGA, denuncia que la repercusión negativa del decreto en los regímenes fiscales del sector agrario, podría llegar a provocar una “exacerbada presión sobre el sector agrario”, y advierten que la falta de medidas adecuadas y la incertidumbre generada pueden “comprometer la estabilidad y la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias en un momento ya de por sí complicado para el campo”.

Sin embargo, desde ARAGA también explican que se pusieron “rápidamente en contacto con representantes del gobierno central” para “exigir la corrección y restitución del límite de la cuantía del régimen especial de IVA”.  Fuentes del sindicato aseguran que los representantes de la administración les han trasladado la voluntad y compromiso de enmendar dicha circunstancia en los próximos días, por lo que “queremos trasladar cierta tranquilidad tras la lógica preocupación que nos había suscitado, dado que se nos asegura una rápida respuesta política para enmendar dicha omisión”. No obstante, advierten “seguiremos trabajando y presionando por los intereses de nuestro sector”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón, UPA Aragón, también llevó a cabo movimientos internos para mostrar su desacuerdo con el ejecutivo, y tras la respuesta de este han decidido descolgarse de la manifestación, ya que esperan que el Gobierno cumpla su palabra y enmiende la situación lo antes posible. Una postura que comparten desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Aragón, ASAJA, que en una nota informativa explican: “Compartimos el compromiso de corrección y restitución del límite de la cuantía del régimen especial de IVA en el tiempo más breve posible” que les han traslado las autoridades competentes. Un compromiso que desde ASAJA consideran que “aporta un grado de tranquilidad”, aunque también confiesan que “estaremos atentos y beligerantes para su cumplimiento”.

¿Porqué este texto pone en peligro la viabilidad de explotaciones agrarias en Aragón?

El texto del decreto aprobado, explican desde UAGA-COAG, prorrogaba los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen Especial de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca del IVA (REAGP), que se hace sistemáticamente todos los años desde 2016, de forma que se eleva el límite de ingresos de 150.000 a 250.000 euros. 

Para el sector agrario es importante modificar este límite dado que el régimen de módulos agrarios (IRPF) y el REAGP del IVA van unidos. “Los agricultores tienen que estar en los dos sistemas, no se puede estar en uno sí y en otro no” recuerdan desde UAGA. Por lo tanto, aunque el límite de ingresos en módulos del sector agrario está fijado en 250.000 euros, si no se aumenta en paralelo el límite del REAGP a esa misma cifra, se imposibilitaría la participación en el sistema de módulos para aquellos profesionales de la agricultura y la ganadería que superasen los 150.000 euros de ingresos.

El Régimen de Compensación del IVA permite a los agricultores y ganaderos recuperar el IVA soportado en los gastos de su actividad mediante un porcentaje aplicado al precio de venta de sus productos: actualmente, un 12 % para la agricultura y un 10,5 % para la ganadería. Sin embargo, la falta de aprobación del decreto va a dejar a miles de agricultores fuera de este régimen, en toda España, lo que los va a obligar a integrarse en el régimen general de IVA con carácter retroactivo desde el 1 de enero, un trámite que, desde los sindicatos agrarios advierten que, además de implicar complejas obligaciones fiscales, los profesionales del sector no están preparados para asumirlas. 

Por otra parte, la exclusión del Régimen Especial de IVA, teniendo en cuenta los criterios de la Agencia Tributaria, conlleva la exclusión del régimen de módulos en el IRPF. Esto implica que muchos agricultores y ganaderos profesionales tendrán que acogerse al régimen de estimación directa, un sistema fiscal más complejo que impone obligaciones administrativas hasta ahora desconocidas para los profesionales del sector agrario. También se suma otra dificultad, y que es este nuevo régimen no contempla reducciones por situaciones derivadas de las inclemencias meteorológicas, un factor fundamental para la rentabilidad de las explotaciones agrarias, y por lo tanto para su viabilidad y continuidad.