Hasta hace poco, las gasolineras de Repsol –empresa petrolera con mayor número de estaciones de servicio en España– ofrecían tres tipos de combustibles: gasolina, diésel y GLP. En 2023, sumó una cuarta variedad: los carburantes ‘100% renovable’, disponible en 2026 en 1.500 puntos de venta en todo el país. En su página web, la compañía explica que se trata de un combustible que se fabrica sin usar una sola gota de petróleo. Está hecho a base de “aceites vegetales usados y otras materias primas como son los restos agrícolas o forestales”, lo que permite “cero emisiones netas en uso”.

Para sorpresa de muchos conductores, este combustible que Repsol desliga de su producción fósil se ha encarecido también con la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado en Oriente Medio. Los precios han subido igual o más que la gasolina y el diésel tradicional, dependientes de un petróleo que, por la parálisis del estrecho de Ormuz –por donde circula el 20% del crudo consumido en todo el mundo– ha superado los 100 dólares el barril, un precio crítico para la economía global, según economistas e internacionalistas.

Es decir, lejos de desacoplarse del mercado fósil, la evolución de este combustible “renovable” ha sido prácticamente paralela en los carteles de precios de todas las gasolineras. Según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 15 días de marzo, antes de la rebaja del IVA por parte del Gobierno, la gasolina 95 subió de 1,498 a 1,769 euros por litro (+27 céntimos), mientras que la gasolina ‘renovable’ pasó de 1,702 a 1,938 euros (+23,6 céntimos). En el caso del diésel, la opción en teoría renovable trepó más de 40 céntimos: de 1,642 a 2,049 euros.

Como era de esperar, esta incongruencia generó malestar en muchos conductores, entre ellos Adolfo Díaz Bautista, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. En sus redes sociales, preguntó por qué “si el diésel renovable es de origen vegetal y no procede del petróleo ha subido a casi 2 euros por litro a partir de la guerra de Irán”. Cuando la consulta se viralizó –tuvo más de 400.000 visualizaciones en la red social X–, Repsol contestó a través de su cuenta oficial: “A pesar de que el Diesel Nexa origen 100% renovable se produce a partir de materias primas orgánicas, su precio, como el del resto de combustibles, está ligado a los mercados energéticos internacionales”.

Greenwashing industrial

Otra gasolinera que en España ofrece estos combustibles es Moeve (exCepsa). La empresa explica que lo obtiene mediante procesos de hidrotratamiento de aceites y grasas, que se trata “de la solución energética inmediata para la descarbonización” y que está ayudando a reducir las emisiones en “sectores difíciles de electrificar”, como el transporte terrestre, marítimo y la maquinaria agrícola.

Para Ismael Morales, responsable de Política Climática en Fundación Renovables, “el diésel 100% renovable no existe, es realismo mágico que solo ellos creen para marcar un relato en la población que no es real”. Su análisis es que la problemática va mucho más allá de esta paradoja, de precios acoplados sin ninguna justificación.

La lupa, dice, hay que ponerla en el “retardismo climático” y en el “greenwashing industrial”, un posicionamiento que le está sirviendo al sistema automovilístico “para no reconvertir su cartera a vehículos eléctricos, principalmente porque se han quedado fuera de la carrera respecto a las nuevas marcas procedentes de China”.

Por un lado, tener un diésel ‘100% renovable’ implica mantener los vehículos con motor de combustión, por lo que la contaminación y la emisión de partículas no se elimina. “Es decir, la calidad del aire sería igual de mala que actualmente, algo que mejora ampliamente con los motores eléctricos”, explica este experto. El segundo punto sí es el precio, “que siempre va a ser más elevado que la electricidad, porque la cadena de valor del subproducto para generar ese biodiésel va a ser muy dependiente de los combustibles fósiles para su transporte, procesado y distribución”.

“De fondo, no tenemos veracidad de que se trata de un combustible 100% renovable al no haber auditorías constantes y externas. Estamos ante una tapadera para continuar extrayendo y quemando gas o petróleo. A día de hoy, apostar por esos combustibles en el transporte por carretera y no por la electricidad, es un error gravísimo a nivel climático que no podemos permitirnos”.

Emisiones, dependencia externa y fraudes

Francisco del Pozo Campos, ingeniero industrial especializado en mecánica y responsable de gas fósil en Greenpeace, aclara que los biocombustibles emiten una cantidad similar de CO₂ al de los carburantes fósiles en el momento de la combustión. Se suelen considerar “erróneamente neutros en carbono” ya que estas sustancias liberan el CO₂ que ya habían absorbido en el ciclo de vida de la planta de la que proceden.

“Realmente no son neutros en carbono, dado que tiene emisiones ligadas al cultivo o residuos del que proceden, incluido emisiones ligadas a los fertilizantes y tractores necesarios para el cultivo, los medios de selección y cribado de los residuos, el transporte hasta la planta de refinado, el proceso de refinado y distribución posterior hasta las gasolineras. Para algunos cultivos, estudios científicos han señalado que en realidad los agrocombustibles emiten más CO₂ si se tiene en cuenta la cadena completa de producción y la deforestación”, explica.

Coincide Marcos Raufast, responsable de Aviación en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Señala que en “condiciones óptimas”, con materia prima local, estos biocombustibles pueden llegar a reducir hasta el 70% de su huella de carbono en su ciclo de vida.

Bosco Serrano Valverde, responsable de combustibles sostenibles para aviación y sector marítimo de la organización Transport & Environment (T&E), detalla que el 80% del biocombustible que consume España, a base de palma y soja, se importa. Brasil e Indonesia son los principales mercados. “Es muy importante diferenciar el origen de la materia prima que se utiliza para producirlos. Actualmente, la producción de combustible de origen biológico está en auge. Pero estos biocombustibles, producidos a partir de residuos o cultivos, cuentan con un preocupante potencial de fraude, escasez de materia prima y dependencia del exterior”, aclara Ecodes en su informe El futuro verde de la aviación en España.

Lo que ocurre, explica Raufast, es que ante “la alta demanda de estas materias primas”, se han empezado a detectar falsificaciones en los envíos –aceite de palma virgen como usado– y cambios en los usos de las tierras de los países productores, deforestando bosques antiguos y liberando grandes sumideros de carbono, “incrementando el cambio climático y reduciendo la biodiversidad”.

Competencia por el territorio, el agua y los alimentos

Los biocombustibles de primera generación proceden de cultivos alimentarios como el maíz y la caña de azúcar, mientras que los de segunda generación –los que se venden en las gasolineras españolas– se obtienen de vegetación no comestible y residuos agrícolas.

Greenpeace considera que ambos carburantes son una “solución dañina para el clima” por materias primas que casi siempre proceden de la agricultura intensiva, con un impacto perjudicial en los territorios. “Restan espacio y agua para el cultivo de comida, lo que encarece los alimentos”, subraya Del Pozo. Esta competencia representa un riesgo extra para una seguridad alimentaria que, producto de la guerra, empieza a estar en jaque por la escasez de fertilizantes y el aumento de todos los costes asociados a las cosechas.

Según un estudio de 2023 encargado por T&E, Europa destina a cultivos para biocombustibles una superficie de tierra equivalente al tamaño de Irlanda. Esa tierra podría servir para alimentar a 120 millones de personas o podría absorber el doble de CO₂ si se devolviera a la naturaleza. Los autores de esta investigación concluyen que se necesitaría solo el 2,5% de estas tierras para generar la misma cantidad de energía con paneles solares.

El Congo es un ejemplo del impacto de los biocombustibles en el territorio. En los últimos años, varias petroleras europeas se instalaron para cultivar ricino, una planta no alimentaria (crece en tierras degradadas) que sirve como materia prima para estos carburantes. Sin embargo, ante la necesidad de escalar la producción, estas empresas están invirtiendo en cultivos comestibles, como girasol y soja, perjudicando la seguridad alimentaria local.

“Actualmente, destinamos vastas extensiones de tierra a cultivos que luego quemamos con nuestros coches. Es un despilfarro escandaloso. Estas tierras podrían alimentar a millones de personas o, si se devolvieran a la naturaleza, constituirían sumideros de carbono ricos en biodiversidad. Los biocombustibles derivados de cultivos son probablemente la mayor tontería que se haya promovido jamás en nombre del clima”, resume, Maik Marahrens, director de biocombustibles de T&E.

Durante la segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es expertos y expertas del sector energético se han reunido en la mesa redonda ‘El despliegue renovable y el impulso de los gases verdes’, moderada por Raúl Rejón, jefe de la sección de Sociedad de elDiario.es.

El encuentro arrancó poniendo sobre la mesa la oportunidad histórica que suponen las energías renovables y los gases verdes para la humanidad y el clima y se abrió la puerta a debatir sobre los desafíos que es necesario enfrentar para que esta oportunidad.

En ese sentido, Miguel Rodrigo, Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), destacó la evolución vivida por las renovables en los últimos 20 años y cómo han pasado a suponer el 57% del mix energético del país y hacerse evidente que iban a ser las fuentes más competitivas en materia de generación eléctrica. “La oportunidad está clarísima y eso implica desafíos para adaptar el escenario energético, que es muy complejo. La mejor prueba de ello es que la CNMC está regulando los accesos flexibles, el Ministerio está regulando los accesos de centros de datos e hidrógeno, entre otras cosas para que se adapten a la realidad del sistema energético y liberen capacidad; y Red Eléctrica está regulando el agregador inteligente”. 

En la misma línea se pronunciaba Raquel Paule, Directora General de la Fundación Renovables, quien apuntaba que el principal desafío son las redes. “Ahora mismo, el cuello de botella se presenta sobre todo en los nudos. Según el último informe de la CNMC, el 84% de los nudos tenían un colapso, pero en permisos de acceso. Es decir, el colapso es administrativo, no es un colapso energético. Creo que es ahí donde hay que empezar a trabajar: lo primero en las conexiones flexibles, que eso es vital; y lo segundo es discernir cuántos de estos permisos de acceso llevan proyectos detrás y qué tipo de proyectos llevan para ver qué aportan al país y cuáles son puramente especulaciones”.

Óscar Barrero, Socio responsable de Energía en PwC España, puso el acento en la posición privilegiada que nuestro país tiene en la apuesta de Europa por una transición energética pensada no solo para cumplir con sus objetivos ambientales, sino también para asegurar su soberanía estratégica y su competitividad a largo plazo y señaló que el principal riesgo que se corre es el de no entender que esto es una transición en la que vamos a seguir conviviendo con la dependencia de recursos de terceros. “Tenemos que seguir asegurando una diversificación de fuentes, unas infraestructuras que nos permitan garantizar el suministro de lo que hoy es nuestras fuentes principales de suministro, a la vez que aceleramos en esa sustitución progresiva con fuentes renovables autónomas”.

En el caso de los gases verdes (principalmente hidrógeno y biometano), Adrien Souchet, Director de Biometano de Moeve, destacó el cambio de paradigma en las cadenas de suministro. Estas han pasado de priorizar la eficiencia en costes de la molécula a enfocarse en tener un sistema resiliente y autónomo en el aprovisionamiento. Tras destacar la posición ventajosa de España en la producción de estos gases verdes, sí que subrayó que “la resiliencia no puede ir en contra de la competitividad final. La energía es la base de la economía y necesitamos una energía barata para poder permitir a España seguir creciendo”. Además, subrayó que los nuevos vectores energéticos conllevan el desarrollo de nuevas cadenas de valor en la que cada eslabón (producción, transporte, almacenamiento y uso final de estos combustibles) tiene que funcionar de manera coordinada. 

Hacia la soberanía energética 

“Si nos vamos al mes de febrero, ya como punto mensual, el precio del pool en España fue de 16€ megavatio hora que es seis veces más barato que en Francia y que en Alemania y 10 veces más barato que en Europa”. Los datos los proporcionaba Miguel Rodrigo para ejemplificar cómo las renovables están funcionando ya como un escudo y poner en valor, frente a la vulnerabilidad de un modelo energético basado en el consumo de combustibles “el poder que podemos llegar a tener de desvincularnos en un grado bastante alto de estas fluctuaciones con un recurso nacional. Y yo creo que no nos lo acabamos de creer”. 

Óscar Barrero indicaba, por su parte, que “si nos fijamos en los acuerdos de compra de renovables, los PPAs, aproximadamente la mitad de los PPAs que se firman en Europa son en España, que tiene los mejores precios de PPAs en energía solar y uno de los mejores precios de PPAs de energía eólica en Europa”.  

En ese mismo abaratamiento quiso incidir Raquel Paule, pero para resaltar la importancia de avanzar en el despliegue de un almacenamiento que permita aplanar la curva de demanda y estabilizar el precio diario que tiene cada una de las horas de la energía. Además, destacó la necesidad de electrificar la demanda. “Hemos vivido un proceso de descarbonización en el lado de la oferta, pero el incremento de la demanda apenas se ha movido un 3-4%. Urge empezar a electrificar, sobre todo la movilidad, que tiene una dependencia energética cercana al 100%”.

En el camino hacia esa soberanía, los gases también jugarán un rol fundamental. “Se producen localmente, por lo cual al fin y al cabo lo que hacen es reducir nuestras importaciones de estas moléculas que normalmente importamos de otros países”, explicaba Adrian Souchet. ¿Datos? En el caso de, por ejemplo, el biometano, habló de “un potencial de 163 TWh y para poner esto en el contexto del consumo de gas natural de España, eso es más o menos el 40-50% del gas natural que a día de hoy se importa de otros países”.

Aerogeneradores que permiten cocinar o cargar el coche (eléctrico) con energía 100% autóctona; plantas de biometano que dan serviio a un área a 40 kilómetros a la redonda o el impulso a las comunidades energéticas locales. Son algunas de las ideas para la transición energética planteadas por los expertos participantes en la jornada Galicia sostenible. Oportunidad hacia el futuro, organizada por elDiario.es en A Coruña.

Lo hicieron en la mesa 'Claves para una transición energética eficiente', segunda de las que integraron el evento. En ella participaron Máximo Álvaro Mayordomo, director corporativo de Operaciones de IAM Carbonzero; Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia y Rosa Ana García, diputada de Industria de la deputación coruñesa, con la moderación del delegado de elDiario.es en Galicia, Gonzalo Cortizo.

“Si cocinas con electricidad en Galicia, cocinas con electricidad 100% renovable y local; si conduces con electricidad, conduces con electricidad 100% renovable y local. Si cocinas o conduces con gases fósiles, eso no pasa”, aseguró Silva, quien defendió que el lugar preferente de Iberdrola en el panorama energético español se debe a su apuesta “ganadora” por las renovables.

Mayordomo, representante de IAM Carbonzero, empresa dedicada a transformar residuos agroganaderos en biometano, recordó que sus plantas se nutren —y, al mismo tiempo, benefician— al territorio en el que se ubican, “en 30 o 40 kilómetros a la redonda”. “El boom del biometano viene ahora”, afirmó tras recordar que se ha avanzado mucho en sectores como la eólica o la solar pero “casi no se ha descarbonizado nada en combustibles fósiles”.

El potencial de esta valorización en España, según Mayordomo, debería llegar a permitir producir unos 38 teravatios por hora al año pero, en este momento, “no llegamos a 20 ni a 15”. En Galicia, esa cifra podría alcanzar los 270 gigavatios hora al año, “el equivalente al consumo de gas de una ciudad como A Coruña”, de 250.000 habitantes. Al tiempo, se impediría la llegada a la atmósfera de 270.000 toneladas de CO2 y de biometano, “28 veces más contaminante”.

La representante de la Deputación de A Coruña aportó la propuesta de la administración en el uso de las fuentes de proximidade. Como ejemplo, puso la Oficina de Transformación Comunitaria, un “laboratorio pionero” instalado en el ayuntamiento de Ames, limítrofe con Santiago de Compostela, para dar impulso a las comunidades energéticas locales a través del proyecto Ames Local.

“No son meras oficinas técnicas”, sino que también dan apoyo jurídico y económico. “Permiten que la ciudadanía participe como coproductores de su propia energía”. Gracía destacó “la importancia de empezar desde lo local” para conseguir un modelo “que se pueda replicar en otros ayuntamientos”.

La actualidad no pasó desapercibida en la mesa. Silva recordó que el apagón eléctrico “puso en evidencia” la necesidad de apostar por las redes de transporte de la energía, donde existe “un cuello de botella muy grande” que limita la capacidad del suministro eléctrico. Mientras, Mayordomo señaló que la guerra de Ucrania destapó la dependencia energética del extranjero, un escenario en el que, según aseguró, “no se puede desaprovechar el potencial del sector primario para la generación de gas verde”.

Un plan ambicioso con polémica en su gestación que nace con sombra de dudas sobre el procedimiento y el interés público ¿por qué? Pues porque el Plan Regional de Biometano 2024-2030 de Castilla-La Mancha llega rodeado de controversia. Su objetivo de transformar residuos agroganaderos en energía renovable, alineando la región con políticas de descarbonización y economía circular, podría convertir a esta comunidad autónoma en referente nacional. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan y su tramitación han levantado serias críticas y generado dudas legítimas sobre la transparencia y la ética administrativa con que se ha gestado.

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la adjudicación directa, sin concurso público, de la redacción del plan y del estudio ambiental a una empresa con intereses directos en el sector del biometano. El coste del contrato, 30.000 euros repartidos en dos partes iguales, recae sobre una firma cuyo presidente es también líder de la Asociación Española de Biogás, representante clara de los intereses económicos del sector. Este solapamiento de roles y la ausencia de competencia pública naturalizan el conflicto de intereses y siembran dudas fundadas sobre la imparcialidad y objetividad del plan, alimentando el malestar de colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas.

Falta de transparencia y competencia en la adjudicación, más un redactor del plan y estudio ambiental con intereses en el propio negocio evaluado, y un marco normativo al dictado de actores privilegiados, son tres motivos suficientes para que el plan nazca ya cuestionado. El rechazo social es palpable. La ‘Plataforma Ciudadana Stop Biometano Stop Planta de Residuos Médicos Peligrosos’ de Socuéllamos, algunos ayuntamientos y colectivos ecologistas han manifestado ya una clara oposición. La inquietud no sólo reside en lo procedimental sino también en la dimensión real del proyecto: se planea implantar cerca de cien plantas en toda la región para tratar 15 millones de toneladas de residuos, con trámites urgentes al haber sido declarados proyectos prioritarios.

Son varios los riesgos y aspectos negativos del Plan  como son la concentración de plantas* y el consiguiente riesgo de sobreexplotación del territorio rural y efectos ambientales acumulativos; el tratamiento de grandes volúmenes de residuos con los problemas asociados a la gestión de purines, subproductos ganaderos y agrícolas. Aunque el plan promete mejoras, un mal manejo podría agravar la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de las zonas donde se ubiquen. Y tampoco parece correcta la escasa interlocución con ayuntamientos afectados y organizaciones ciudadanas independientes.

Los supuestos beneficios ¿son suficientes ante los posibles riesgos? Depende de muchos aspectos que es lógico que se planteen dudas sobre ello. El gobierno regional defiende el plan argumentando su potencial para reducir el uso de gas natural fósil y la emisión de gases de efecto invernadero, estimando un ahorro superior a medio millón de toneladas de CO2. También promete combatir la contaminación hídrica por nitratos y crear empleo rural mediante la valorización de residuos orgánicos, alineándose con la economía circular y las metas de transición energética. La valorización de residuos reduciría, además, la presión sobre vertederos. Señala con aspectos positivos del Plan 

El aprovechamiento de residuos para energía renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y sustitución de combustibles fósiles, así como la mitigación de contaminación hídrica y generación de empleo rural.

Puede ser un paso adelante, pero ¿a qué precio? Mientras no se aclaren muchos otros aspectos colaterales al proyecto, la ambición del Plan Regional de Biometano de Castilla-La Mancha se verá empañada por la opacidad del proceso, la ausencia de garantías de imparcialidad y la falta de una consulta pública real. A pesar de los supuestos beneficios ambientales y económicos, los posibles impactos negativos y el procedimiento poco transparente justifican plenamente la preocupación social y la severa crítica hacia un proyecto que, en su forma actual, se percibe menos como un avance colectivo y más como una oportunidad de negocio para actores ya privilegiados.

No ha tumbado un Gobierno de izquierdas inédito a nivel autonómico en años, ni han acabado aupando a la líder que solidificó el proyecto de derechas en toda una región. Pero la votación del pasado 29 de mayo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene ecos del tamayazo, la votación en la que dos parlamentarios del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez Laguna) impidieron la elección del también socialista Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid. Un episodio de transfuguismo que llevó a repetir las elecciones y a la victoria de Esperanza Aguirre con mayoría absoluta en unos segundos comicios celebrados ese mismo 2003.

En el pleno de Colmenar de hace tres semanas se dirimía el respaldo definitivo del Consistorio para instalar una planta de biogás entre este municipio del norte de Madrid y el de Tres Cantos. “Macroplanta”, corrige Manuel Ruiz, vecino colmenareño y activista. Es uno de los vecinos contrarios al plan, muchos de los cuales se han agrupado en la plataforma Stop Biogás Colmenar Viejo Tres Cantos. Un “esperpento político” como colofón (momentáneo) a una estructura que ha despertado una fuerte oposición en la zona. Y a un tan complejo como “opaco” proceso burocrático y empresarial.

“No nos enteramos hasta la primavera de 2024, pero el proyecto debe empezar a gestarse desde 2021, ya que se presentan los primeros pasos de la evaluación en 2022 y este proceso administrativo termina en marzo de 2022”, explica Manuel en conversación con Somos Madrid. “Se presenta formalmente en enero del 2022. La Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid lo recepciona y distribuye documentación a las partes. En enero de 2023, la Dirección elabora primer un informe de impacto ambiental. El problema es que esto es un nivel light de lo que debería ser una evaluación ambiental ordinaria, que requeriría más información y trabajo de campo”, expone Ruiz.

“El eje de la reivindicación no es el propio biogás, que puede tener un papel en la transición energética, aunque no se debe sobredimensionar. El problema es la celeridad y la falta de previsión o de estudios ambientales apropiados”, avanza. “Modifican una balsa de almacenamiento de agua que no puede reutilizar parte del agua generada. Son 25.000 metros cúbicos en el espacio de unos 3.300 metros cuadrados al aire libre, que si se inunda podría contaminar la cuenca del Jarama”, denuncia Manuel.

Añade que se ubicará “a solo 1,2 kilómetros de un instituto, en la puerta de entrada a Colmenar y a menos de 2 kilómetros de la zona norte de expansión urbana en Tres Cantos, lo que altera la expectativa de vida de estos vecinos”. La petición es que se aleje al menos 2 kilómetros de núcleos poblados, la distancia que recogía la antigua y sobreseída normativa en la materia. Ahora es solo una recomendación del Ministerio para la Transición Ecológica, que aconseja esa distancia al situar vertederos y plantas anexas. “Lo ideal serían 3 kilómetros y que el tipo o la cantidad de residuos sean los que generamos”, apostilla Manuel.

Vaivenes empresariales y administrativos entre la falta de información

El plan estaba comandado en un inicio por tres grandes empresas: Cespa, filial de gestión de residuos de la constructora Ferrovial; Suez España, filial de una multinacional francesa y por último el gigante del sector del gas en España, Enagás Renovable. Entre el 2022 y el 2023, se produce un cambio: Cespa es comprada por PreZero, filial encargada de temas de residuos y energía del conglomerado alemán Schwarz (propietaria de los supermercados Lidl o de distintos negocios de ciberseguridad). En total, la macrocompañía emplea 575.000 personas y genera un volumen de negocio de más de 167.000 millones de euros.

Cambia también el promotor francés, que pasa de Suez a Veolia (con su filial en España, Agbar - Aguas de Barcelona). “La modificación de titularidad no habría afectado a los procesos de tramitación, pero la Comunidad de Madrid los considera sustanciales, así que pide un nuevo procedimiento ambiental. Se vuelve a informar por ello a las distintas instancias autonómicas, como el Canal de Isabel II”, cuenta Manuel.

El eje de la reivindicación no es el propio biogás, que puede tener un papel en la transición energética, aunque no se debe sobredimensionar. El problema es la celeridad y la falta de previsión o de estudios ambientales apropiados

Este activista, bregado en mil batallas medioambientales, critica la forma en la que los promotores de la planta juegan con la normativa y el margen que permite para limitar la comunicación a la ciudadanía: “Hay una legalidad estricta en el trámite de información pública, pero una legalidad opaca. En diciembre 2023 llegó un nuevo informe de autorización ambiental integrada que se nos pasa, fruto de esa misma opacidad. Nos enteramos por alguien que participa en el Consejo de Medio Ambiente y Campo del Ayuntamiento, un órgano consultivo de participación ciudadana al que no se comunica el plan en su momento”, lamenta.

“Una persona pregunta por la planta en el Consejo de abril de 2024, cuando el Ayuntamiento ya llevaba dos años manejando el proyecto. No responden al no estar en el orden del día, dicen que se incorporará al siguiente. En total, pasan cinco Consejos de Medio Ambiente sin hablar del tema más importante al respecto que afecta al municipio”, denuncia Manuel.

En aquel momento los grupos políticos a la izquierda del PSOE, así como multitud de ciudadanos, comenzaron a organizarse. Contaron con la raṕida asistencia de la Plataforma Aire Limpio Madrid Norte, de la que Manuel Ruiz fue miembro fundador, configurada para luchar contra un vertedero ya activo en Colmenar que vierte residuos procedentes de 76 municipios de la región. “Es otra de las causas por las que se hace insostenible añadir más volumen de residuos. Es un abuso”, alerta.

Y eso que, de entrada y ante de las primeras muestras de oposición, la planta era todavía más ambiciosa. La previsión era tratar 90.000 toneladas de residuos al año, cifra que se quedará en 75.000 con la supresión de 15.000 de origen agroganadero. “Sigue siendo muy difícil de asumir, hay que tener en cuenta que esa cantidad se suma a las 320.000 toneladas que ya trata el vertedero”, apunta Manuel. Sugiere además que esa materia agroganadera ha sido descartada porque es “la parte menos rentable del negocio”.

“La empresa se da cuenta de la contestación y de que la concepción se va de las manos, así que va haciendo llegar propuestas a la oposición. Lanzan solicitudes de reunión con PSOE, Más Madrid y Ganemos Colmenar. Yo mismo voy con estos últimos. La reunión se desenvuelve con tres representantes del proyecto, de PreZero, Enagás Renovable y una consultora de relaciones públicas. Son dos horas y media de relajada conversación, donde nos enteramos de la evolución del proyecto que mencionaba antes”, dice Manuel.

“Lo cierto es que venden todos los cambios como mejoras al alza, para que no requiera reiniciar el proceso de autorización ambiental pese a trastocar el proyecto. No sabemos cuál es el plan definitivo, solo que no arrancarían con toda la potencia de administración que desean por no disponer de suficiente materia prima”, añade. Redondea el círculo perfecto de la opacidad subrayando que la autorización de la mancomunidad de municipios del noroeste (entidad que agrupa a 76 localidades) no tuvo demasiada dificultad: su presidente es también el alcalde de Colmenar, el popular Carlos Blázquez.

Pese a los cambios y al imparable avance de la instalación, la movilización se intensifica: “Tenemos una primera reunion pequeña y con pocos datos en Tres Cantos, luego otra más grande y documentada en Colmenar. Aquí, hace dos meses, tiene lugar la mayor manifestación de la historia de Colmenar, y es contra la planta de biogás”, cuenta Manuel. Desde entonces se han sucedido las marchas y todo tipo de actividades, incluidas campañas digitales y hasta verbenas de recaudación para afrontar las futuras costas judiciales.

La deriva política de una batalla medioambiental

En abril de este mismo año, poco después del Consejo de Medio Ambiente donde la primera petición de información se rechaza al no estar en el orden del día, el Ayuntamiento convoca un pleno extraordinario para aprobar la utilidad pública del megaproyecto. Según el plan general de ordenación urbana, se asienta en suelos de uso no urbanizable y ganadero, por lo que habría que cambiarlo. Votaron a favor los 12 concejales del Partido Popular y los 3 de Vox, con la abstención del PSOE (5 ediles) y el voto en contra de Ganemos (3) y Más Madrid (2). “La recalificación de la parcela es el eje central de la batalla jurídica”, sentencia Manuel.

Una asociación cultural de Colmenar, 14 de abril, consigue presentar una alegación dentro de plazo y en ella solicita un recurso de reposición para que la cuestión vuelva al pleno. Este es un punto importante, ya que el Ayuntamiento está obligado a responder el documento del Consejo. Su valoración puede ser favorable o negativa, pero no puede quedar en silencio.“Justo poco antes, en el Consejo de Medio Ambiente, todos los grupos municipales votaron en contra de aprobarlo tal y como está. Vox cambia de opinión en el proceso”, indica Manuel.

Así, el pleno del pasado 29 de mayo valoraba ese recurso de reposición, que en caso de prosperar devolvía el proyecto a la casilla de salida. “Se anulaba la decisión de utilidad pública para recalificar la parcela y se volvería a votar, paralizando mientras todo”, resume Manuel. Define la sesión de aquel día como “desagradable y bronca”. Pero todo parecía bien encaminado cuando los partidos fueron mostrando su apoyo al recurso de reposición: primero los dos ediles de Más Madrid, luego los tres de Ganemos y a continuación los tres de Vox (“con ellos no dábamos nada por seguro”, admite).

Pero llegó entonces la intervención del PSOE. “Ya de entrada despliegan un discurso cargado de contradicciones, hablan de bulos sobre el tema y miedos sembrados en la ciudadanía. Hasta mencionan la Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias”, cuenta Manuel. Finalmente, cuatro ediles votan como el resto de la oposición, pero una quinta llamada Begoña Sanz se abstiene. La votación empata a 12, caso en el cual la inclinación del alcalde decide. El regidor popular, como el resto de su partido, descarta el recurso y da vía libre a la tramitación de la planta.

“Ha sido un auténtico tamayazo. Creemos que, aunque solo se abstuvo una concejala, lo ha coordinado todo el grupo municipal socialista. No a nivel regional, que nos consta estaban con nosotros, como han demostrado en Tres Cantos. Pero a nivel de Colmenar funcionan a su aire”, indica Manuel. No en vano, el PSOE del municipio ha llegado a aprobar con PP y Vox las cuentas de la localidad en los dos últimos ejercicios.

Tienen prisa por el dinero ya invertido, pero también por que si el proyecto no arranca a principios del 2027, la subvención europea hay que devolverla

Este periódico ha consultado tanto al Ayuntamiento de Tres Cantos como al de Colmenar Viejo, además de al grupo socialista en este último municipio madrileño, para conocer su postura sobre el proyecto y los pormenores de lo ocurrido en el pleno. Hasta el momento, ninguna de estas instituciones ha trasladado respuesta.

“Tienen prisa por el dinero ya invertido, pero también por que si la macroplanta no arranca a principios del 2027, la subvención europea hay que devolverl, ya que da cinco años máximos de plazo para poner en marcha los proeyctos. Si se ralentiza o se modifica la autorización ambiental habría que reiniciar todo y pierden la ayuda”, teoriza Manuel sobre los motivos detrás de la estratagema.

“El proyecto va a seguir, pero presentaremos un contencioso-administrativo. Porque no nos oponemos frontalmente, pero la planta está sobredimensionada. Colmenar y Tres Cantos no llegamos a generar 20.000 toneladas año, la planta y sus digestores alcanzan los 75.000. Van a operar y manipular residuos de un radio de 45 kilómetros, es un descontrol. Y súmale un volumen de gasoil que supera los 200.000 litros al año en los camiones, las 40.000 toneladas de materiales y restos que mueven estos vehículos o el tratamiento de aguas residuales. No es un modelo tan circular como pregonan. Son miles y miles de oneladas de elementos no renovables que van a vertederos”, argumenta.

Unas 200 personas, integrantes de 38 colectivos vecinales contra proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano, se han concentrado este sábado frente a las puertas del Palacio de Congresos de Albacete coincidiendo con la celebración del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha que se conmemora el 31 de mayo.

'Ni en tu pueblo ni en el mío', 'No al biometano, no a los residuos' o 'Ni olor, ni ruido, ni riesgo' han sido algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas y en el estand que han instalado para criticar el modelo “de desarrollo insostenible” que reprochan que se perpetúa con la ganadería industrial y la instalación de plantas de biogás-biometano.

Como parte de la protesta, los manifestantes han realizado una “ofrenda” de excrementos falsos junto a una carta dedicada al presidente regional, Emiliano García-Page, mientras lanzaban proclamas como “Queremos oler a vino, no a mierda de gorrino”.

“Protestamos este 31 de mayo para demostrar el orgullo que tenemos hacia nuestros pueblos y hacia nuestra tierra. Tenemos un gran problema con la ganadería industrial, son muchos los proyectos que están sobre la mesa”, ha reprochado la portavoz de la Coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, Inmaculada Lozano.

En sentido recuerda que, tras la moratoria que terminó el pasado mes de enero para poder abrir instalaciones de este tipo, hay 61 proyectos que “se pueden reactivar, más todos aquellos que han presentado solicitud, aparte del plan de biometanización que tiene la Junta y todos los proyectos catalogados como prioritiarios para facilitar el trámite administrativo a las plantas de biogás”.

“Venimos a solicitar que se frene este modelo que económicamente no aporta nada al pueblo pero sí que tienen muchas afecciones tanto en el entorno como en la salud de las personas. Es paradójico que cuando uno pinesa en la contaminación se imagina la de una gran ciudad, pero te vienes a vivir al campo, al pueblo, pensando que estás en un entorno saludable y no puedes abrir la ventana ni el grifo”, relata Lozano.

“Nos va a hipotecar el futuro”

De su lado, el coordinador de la Plataforma contra las Macrogranjas por Ciudad Real, David Gento, ha afirmado que este tipo de explotaciones “es algo que nos va a hipotecar el futuro” y que va en contra “de las políticas de revitalizar los pueblos pequeños” del Gobierno de Emiliano García-Page, al que achacan “de hundir los pequeños municipios”.

En este aspecto, Gento ha reseñado que la movilización social “que cada vez es mayor por el impacto de estos centros que causan en la población” está haciendo que los nuevos proyectos se muevan a pueblos más pequeños “donde no hay tanto poder de convocatoria para oponerse”.

Los manifestantes, algunos disfrazados de moscas y cerdos, han criticado también el cordón policial que se ha establecido para que no pudieran acercarse más a las puertas del Palacio del Congreso en el que se han dado cita los máximos representantes institucionales de la región, entre ellos el presidente castellanomanchego, al que solicitan que se siente a hablar con ellos.

“Nos han acordado porque no es del agrado de sus señorías el que le digamos lo que no quieren oír”, han trasladado por su parte desde la Plataforma Stop Plantas de Biogás de Fuentealbilla (Albacete), que también se ha concentrado este sábado junto a otros colectivos vecinales de la región que rechazan este tipo de instalaciones.

“El modelo que quiere implantarnos no tiene en cuenta ni a los vecinos ni a la participación pública ni al derecho y la justicia ambiental. Nosotros no queremos ser pueblos de sacrificio donde se pongan macrogranjas y macroplantas de biometano donde no tenemso residuos”, ha trasladado Rafael Ruiz de Lira, portavoz de la plataforma Stop Biometanos en Torralba.

Mejoras laborales en el transporte sanitario

No ha sido la única protesta que se ha desarrollado hoy frente al Palacio de Congresos de Albacete. Los sindicatos CCOO y UGT han realizado también una concentración de trabajadores del transporte sanitario para exigir una mejora de sus condiciones de trabajo y la firma de un nuevo convenio.

El responsable regional de Transporte Sanitario de UGT de Castilla-La Mancha, Serafín García, ha afirmado que su sector “hoy no tiene nada que celebrar”. “Estamos aquí reivindicando un preacuerdo que tenemos con las empresas en el que hay una reducción de jornada implícita ya por ley prácticamente”, ha añadido.

“Pedimos también una subida de salarios del 10% --el 3,3% cada año-- que viene también implícita en el quinto acuerdo por el empleo a nivel estatal, pero no nos están haciendo caso. La Administración y sus representantes están mintiendo”, ha indicado.

Según ha señalado, desde 2022 le han dicho “explícitamente” lo que querían y el montante económico que suponía. “Que no vengan ahora diciendo que hemos perdido un año y medio sin llegar a un acuerdo”, ha criticado García, quien además ha lamentado que “hace cuatro años en esta fiesta nos dieron medallas por la pandemia”.

“Ahora parece que se han olvidado de nosotros. Los trabajadores no pueden tener el salario congelado desde 2010”, ha sostenido.

Uno de los miembros del comité de empresa de Ambulancias y responsable de CCOO de Transportes en Castilla-La Mancha, José Miguel Escribano, ha explicado a los medios que se han concentrado este sábado para “reivindicar la importancia de nuestro trabajo”.

“Las empresas no quieren firmar y vamos a seguir manifestándonos y haciendo huelgas y paros parciales”, ha advertido, para recordar los sacrificios que hicieron los sanitarios durante la pandemia. “Es muy importante que la gente recordara que estuvimos al pie del cañón entonces, ahora sólo pedimos un poco de caso”, ha explicado el sindicalista.

“Estamos haciendo guardias y noches sin contar el horario que tiene el servicio de urgencias, sólo queremos que se rebaje el horario y se equilibre el salario porque no podemos seguir en esta situación”, ha asegurado Escribano.

Desde los sindicatos han propuesto como otra solución la creación de un servicio público de transporte sanitario “al igual que se ha hecho en Navarra con un buen resultado”.

La concentración ha continuado bajo el grito de “Por un convenio digno” y anuncios de futuros paros parciales de hasta 18 horas por parte de los sanitarios del transporte para el día 11 de junio y los días previos al Corpus en los cinco hospitales de la región. “Veremos cómo se quedan los hospitales. Que vayan aprendiendo los de las medallas”, ha advertido García.

Un total 38 colectivos vecinales contra proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano han convocado una protesta el próximo 31 de mayo, a las 12 horas, a las puertas del Palacio de Congresos de Albacete, coincidiendo con la celebración del acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha.

La protesta busca escenificar el rechazo a la apuesta del Ejecutivo regional por un modelo de ganadería industrial del que, sostienen, tiene “graves efectos contaminantes sobre el agua, la tierra y el aire, no fija población y ha barrido la ganadería tradicional”.

Inmaculada Lozano, portavoz Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha ha explicado que esta convocatoria busca “presumir de orgullo manchego” y en concreto del “orgullo” por los pueblos de la comunidad autónoma. “Vamos a defender que Castilla- La Mancha no es un territorio de acogida de todos los residuos y las industrias que nadie quiere”.

También se rechazan los numerosos proyectos de macroplantas de biogás que están proliferando en varios municipios de la región y que, en su opinión, provocarán un “efecto llamada” para instalar nuevas macrogranjas. En este sentido, recuerdan, que “ya están afectados por proyectos de macroplantas de biogás” municipios como Almansa, Campo de Criptana, Chinchilla, Madridejos, Socuéllamos, Carrión de Calatrava oTorralba de Calatrava.

Precisamente, este lunes por la tarde la Plataforma STOP Biometano y Residuos Médicos de Socuéllamos celebró una charla-coloquio para compartir información “clara, cercana y veraz sobre el impacto que supondría la instalación de estas industrias en el término municipal”. En este pueblo de Ciudad Real se proyectan dos plantas de biometano y otra de tratamiento de residuos médicos y de forma reciente la alcaldesa, Conchi Arenas, pedía “tranquilidad” a sus vecinos.

Durante la reunión, los vecinos y vecinas “reflejaron la indignación por el hecho de que no se les haya informado debidamente ni consultado sobre un asunto que afectará directamente a su salud, su economía y la calidad de vida en Socuéllamos”, según la plataforma.

Este colectivo recordó que el próximo miércoles 28 de mayo, coincidiendo con el Pleno Municipal, se celebrará una concentración ciudadana a las 20 horas en la plaza de la Constitución.

Tachan de “desproporcionado” el Plan de Biometanización del Gobierno de Page

Inmaculada Lozano ha tachado de “desproporcionado” el Plan de Biometanización del Gobierno de Castilla-La Mancha. También critica la “acogida” que se dispensa a las explotaciones industriales que considera “altamente contaminantes e insostenibles”.

“Nos preguntamos si tiene sentido que España comprometa sus recursos y la salud de sus vecinos para producir un volumen de carne que supera con creces nuestras necesidades”, asegura para cargar después contra las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez, quien aseguró que Castilla-La Mancha todavía tiene “margen” para crecer en instalaciones ganaderas industriales. “No, no tenemos margen. Nuestros pueblos no son tierra de sacrificio”, ha insistido.

Acciones de protesta simultáneas en toda España

La acción de protesta de Albacete se enmarca dentro de las decenas de concentraciones simultáneas el próximo sábado 31 de mayo que tienen como denominador común el rechazo a a este tipo de proyectos bajo el lema 'Ni en tu pueblo ni en el mío'.

Desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Navarra o Catalunya, colectivos vecinales de municipios afectados saldrán a la calle para denunciar un modelo que “degrada el territorio y pone en riesgo la salud de las personas”.

Argumentan “que se está implantando con prisas, sin transparencia y sin escuchar a la ciudadanía, atendiendo únicamente a los intereses de grandes energéticas y de patronales, tanto del sector del biogás, como de grandes cárnicas de porcino y aviar”.

Fin de la moratoria porcina y boom de las macroplantas de biogás-biometano

Se da la circunstancia que la Junta de Castilla-La Mancha ha notificado a los promotores de los 61 proyectos cuya tramitación quedó en pausa durante la moratoria la posibilidad de reactivar la tramitación, después de que el pasado 1 de enero terminase la moratoria de dos años que se estableció para este tipo de proyectos. Estos proyectos 'pendientes' se encuentran en 43 municipios de las cinco provincias.

En el caso de que se reactivaran los 61 proyectos pausados (entre nuevas macrogranjas y ampliaciones), advierte Stop Macrogranjas que el censo porcino de Castilla-La Mancha se incrementaría en 362.863 cabezas, un 19% más de cerdos respecto a la cifra actual, según el Registro Ganadero de enero 2025 que publica el Ministerio de Agricultura.

El Ayuntamiento de Campo de Criptana ya ha iniciado el procedimiento de redacción de la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) para limitar la implantación de las plantas de biometano en la localidad, un procedimiento que cuenta con el consenso de los tres grupos políticos con representación municipal, PSOE, PP y Vox.

Tras mantener reuniones previas con la Plataforma 'Stop Biometano Criptana', el conjunto de los grupos políticos han valorado positivamente la modificación del POM para limitar este tipo de plantas en la localidad. Una modificación que, según aseguran desde el ayuntamiento, tiene como objetivo velar por la “tranquilidad” de los vecinos y proteger a la institución municipal ante un tipo de industria que aún está en estado “muy prematuro” de implantación en la región.

Campo de Criptana cuenta con una industria agroalimentaria “muy potente”, que genera residuos como vinazas y alperujos que cada vez, de acuerdo a la nueva legislación medioambiental, deben tratarse con “más exigencias”, motivo por el cual de cara al futuro la administración debe buscar fórmulas que permitan recuperar y revalorizar dichos residuos.

La proliferación de un número excesivo de plantas de generación de biometano en el entorno más cercano a Campo de Criptana y las posibles molestias a la población y al medio ambiente, suponen que el consistorio haya visto la necesidad de modificar la ordenación urbanística municipal, garantizando la limitación para este tipo de plantas en el término municipal.

Dicha propuesta de modificación será aprobada en una moción conjunta en el próximo pleno ordinario del 27 de marzo y se someterá a un proceso de consulta previa a la ciudadanía que se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Campo de Criptana.

Esta modificación incluirá también la regulación en la instalación de explotaciones de ganadería intensiva que impedirá la implantación de macrogranjas porcinas en el conjunto del término municipal.

Una charla y movilizaciones contra otras plantas en pueblos vecinos

La Plataforma Stop Biometano Criptana califica de “importante avance” la decisión tomada por los grupos municipales que integran el ayuntamiento. El alcalde Santiago Lázaro ha hecho saber a la plataforma que esta modificación del POM, que también incluye la limitación a las macrogranjas porcinas, se someterá a un proceso de consulta previa a la ciudadanía que se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Campo de Criptana.

La plataforma Stop Biometano Criptana celebra la decisión tomada por el ayuntamiento y agradece su apoyo a todos los ciudadanos, criptanenses y de otras localidades, que se han movilizado para proteger el medio rural y el modo de vida de nuestros pueblos. “Una vez más, la voz de la gente ha sido escuchada”, aseguran en un comunicado.

Sin embargo, la actividad de esta plataforma continuará para frenar la instalación de plantas de biogás en otros pueblos, como el vecino Socuéllamos, “ya que ponen en peligro el acuífero 23, el agua que nutre los pueblos y campos del centro de la Mancha”, aseguran.

Otro objetivo de la plataforma es asegurar que toda la información llega a los habitantes de la zona, y que los cambios prometidos para esta localidad “se materializan”. E

El próximo viernes 21 de marzo organizan una charla, a las 19:30, en el salón de actos de la Casa de Cultura, sobre las plantas de biometano y su impacto en las zonas rurales.

El profesor de Tecnologías del Medio Ambiente y responsable de sección del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la UCLM, Máximo Florín Beltrán, será el encargado de llevar a cabo la ponencia. En ella abordará temas como el funcionamiento básico de estas plantas, las consecuencias de su actividad para las personas, la agricultura y las aguas subterráneas, las características del digestato obtenido y sus posibilidades como fertilizante. Así mismo, resolverá las dudas que se planteen durante la sesión por parte de los vecinos y vecinas.

Ciudad Real es la provincia donde el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto sus ojos en los últimos meses para intentar promover la implantación de plantas de biometano, destinados a la gestión de residuos agro ganaderos.

Entre esos proyectos se encuentra el que la empresa Nortiben Green Energy quiere llevar a cabo en Carrión de Calatrava (Ciudad Real) y que el pasado mes de diciembre el Gobierno regional declaró como prioritario. Es decir, permite la agilización de sus trámites administrativos debido a su interés socioeconómico.

Se trata de la misma protección que el Ejecutivo regional ya ha dado a otros proyectos de biogás en pueblos de Ciudad Real, como los planeados en Campo de Criptana, en Puertollano o en Caracuel de Calatrava. En Campo de Criptana, los vecinos y vecinos del municipio, junto a los de otros pueblos la Mancha, ya se han manifestado para mostrar “su rechazo total” a la instalación de macroplantas de biometano y macrogranjas. 

Ahora, en Carrión de Calatrava, donde se ha declarado el último proyecto “prioritario”, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ha anunciado que modificará su normativa urbanística para evitar la implantación de plantas de biogás o de biometano en su término municipal. Así lo ha adoptado este viernes la Corporación municipal por unanimidad y a propuesta del equipo de Gobierno, ante “la oposición de los vecinos de la localidad por las posibles afecciones que pudiera tener” la planta en el entorno de esta localidad.

Se trata de la misma medida que ya adoptó el Ayuntamiento de Albacete, por unanimidad, para impedir que se instalara en el polígono industrial de Romica una planta de similares características. Ese proyecto fracasó debido a esa medida.

Establecer una limitación “de forma clara y efectiva”

En el caso de Carrión de Calatrava, el alcalde, el socialista Dionisio Moreno, ha asegurado que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento estudiarán cómo llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para garantizar que la normativa urbanística refleje esta limitación de forma clara y efectiva.

Asimismo, Moreno ha explicado que, tras analizar la normativa urbanística, actualmente no existe ningún impedimento legal que pueda frenar la implantación de este tipo de empresas en el municipio, ya que la normativa vigente no establece restricciones al respecto. “No hay ningún motivo legal para que este tipo de empresas pudieran implantarse en Carrión, teniendo en cuenta que no hay cortapisas. Si dijera que no a esa licencia, estaría incurriendo en prevaricación, lo que me llevaría a penas de cárcel”, ha señalado Moreno.

Por este motivo, el regidor ha propuesto que los servicios técnicos y jurídicos municipales inicien los trabajos pertinentes con el fin de que no sea compatible el uso de los terrenos del término municipal con esta actividad ni con otras análogas.

Paralelamente, el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava también ha aprobado iniciar los trámites para llevar a cabo una consulta popular, con el objetivo de que los vecinos puedan expresar su opinión sobre la posible implantación de plantas de biometano en el municipio. No obstante, esta decisión puede ser desistida por el Pleno municipal en lo sucesivo.

Este proyecto representa una inversión superior a los 12 millones de euros, según los promotores, y permitirá la creación de cinco empleos directos en la localidad. Se trata de una planta de biometanización de residuos orgánicos, proveniente, principalmente, de los sectores ganadero y agrícola, mataderos, almazaras y estaciones depuradoras de aguas residuales, en la que se producirá biogás y digestato. El biogás se someterá, posteriormente, a un tratamiento de upgrading (mejora o transformación) para la producción de biometano, el cual se inyectará a la red de distribución de gas natural.

Verdes Equo ha mostrado hoy su oposición al fin de la moratoria para las macrogranjas en Castilla-La Mancha y a la instalación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, avaladas por un decreto que acaba de poner el marcha el Gobierno regional.

La formación aboga, por contra, por una transición agroecológica que “reduzca la dependencia de insumos externos y mercados globales” y promueva prácticas que regeneren los suelos, el agua y la biodiversidad, “garantizando una producción de alimentos sana y suficiente para las comunidades locales”.

Apuesta por “una verdadera soberanía alimentaria” contra la propuesta del Ejecutivo autonómico y frente a la decisión del Gobierno regional propone que se aborde con urgencia una transición agroecológica, que es “lo que la Junta debería estar impulsando con fondos públicos y no secundar proyectos que acaban con cualquier posibilidad de vida digna en el medio rural”.

El partido ha querido solidarizarse con todas las movilizaciones vecinales que “están demostrando el poder popular frente a un modelo de acumulación a costa del bienestar de las comunidades locales en el medio rural y de las posibilidades futuras”.

Las macrogranjas y grandes plantas de biometano forman parte de un modelo de crecimiento ilimitado que trata de pasar por encima de las personas y territorios

Este es el caso de la reciente movilización convocada por Stop Ganadería Industrial frente a la sede del Gobierno regional el pasado 2 de enero en Toledo. Los convocantes rechazaron también el final para la moratoria y en los últimos meses han surgido nuevas plataformas contra la instalación de plantas de biometano en Campo de Criptana, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, además de la oposición expresada por la Asociación Bullaque Vivo.

“Las macrogranjas y grandes plantas de biometano forman parte de un modelo de crecimiento ilimitado que trata de pasar por encima de las personas y territorios, y ante esto Verdes Equo propone un cambio de modelo que ponga en el centro las necesidades reales en lugar del lucro para unos pocos”, ha afirmado Hugo Abad, responsable de programa a nivel estatal de Verdes Equo.

“Más allá del imperativo de poner freno a las macrogranjas, cosa que no está ocurriendo, este modelo agroalimentario es insostenible y genera consecuencias muy negativas para las personas y animales”.

La cuenca del Guadiana, “la más afectada” por nitratos

Las coportavoces del partido en la región, Elisa Díaz y Yolanda Frías, han puesto el énfasis en la conexión entre el actual modelo agroindustrial y los, a su juicio, “preocupantes datos” del estado de las aguas según el Informe de Calidad de Aguas del Gobierno, siendo la cuenca del río Guadiana “la más afectada en la península por la contaminación por nitratos y plaguicidas, con más del 50% de las estaciones de medición superando los límites legales de contaminación”.

Han apuntado que se trata de un modelo que “no solo contamina los recursos hídricos, sino que también depende en gran medida de la importación de soja proveniente de la deforestación en América Latina, mientras que España es el principal exportador de la Unión Europea de productos porcinos al mundo, reforzando la dependencia de mercados globales y comprometiendo la seguridad alimentaria local”.

Ante esta situación, han expresado el firme compromiso del partido en “apoyar una transición justa en el campo que haga protagonistas a las personas que viven su día a día en los pueblos, en lugar de a las grandes corporaciones y fondos de inversión”. “Se trata de una situación alarmante de la cual no existe información desde las administraciones para tomar decisiones de forma democrática”.

Finalmente, Pedro Noblejas, miembro de Verdes Equo Alcázar de San Juan, ha mostrado su preocupación por los proyectos de instalación que implica el Plan Regional de Biometanización 2024-2030 en localidades cercanas como Campo de Criptana o Socuéllamos. Ha expresado que “se nos presenta ahora el mismo modelo caduco envuelto en el papel celofán de la sostenibilidad y la economía circular, destinado a engrosar el beneficio de unos pocos mientras las consecuencias negativas las padecemos el conjunto de la población”.

Añade que “se trata de plantas de biometano que se van a financiar con fondos europeos y van a suponer el soporte para más y más grandes macrogranjas. La gran industria cárnica busca territorios que todavía no estén movilizados. Es un modelo que ha generado un amplio rechazo en Cataluña y Aragón por sus consecuencias negativas, posteriormente se ha intentado trasladar a otras regiones, como la nuestra. Se empezó por Cuenca y numerosos municipios de Toledo y de Albacete, donde ha surgido una gran oposición y ahora prueban en la provincia de Ciudad Real”.

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves por unanimidad la modificación del Plan de ordenación Urbana para impedir la instalación de plantas de biogás a partir de residuos orgánicos. Dichos puntos han sido este jueves aprobados por unanimidad de la Corporación.

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Albacete, Julián Garijo, ha sido el encargado de defender los distintos puntos del orden del Día para dicha modificación. Garijo ha afirmado que “debemos estar de enhorabuena, porque con el cambio de la normativa urbanística vamos a conseguir que no se puedan instalar este tipo de industrias”.

Han sido varios puntos, ya que afectan a zonas industriales con sus propias normas urbanísticas: el Polígono Campollano y zonas industriales que no constituyen polígonos, como Campollano Norte, Polígono Industrial Romica, y el sector 18 conocido como Polígono Ajusa, explicó el concejal.

Garijo explicó que “desde el primer momento fuimos conscientes de la polémica y alarma social por la noticia de que una empresa pretendía construir una planta de biogás en Romica”.

Por eso, continuó, “actuamos con rapidez” y se elevó al Pleno la suspensión de las licencias, así como los trámites para modificar el PGOU. “En un breve período de tiempo se han hecho los trámites necesarios, y hoy damos ese paso que impedirá definitivamente la instalación de industrias que nadie quiere tener cerca de su casa o de su puesto de trabajo”, resaltó el edil.

Además de esto, el Pleno del pasado 5 de noviembre desestimó un recurso presentado por la empresa promotora de lla planta de biogás en Romica contra la suspensión de licencias municipales.

De esta manera, todas las industrias o actividades que generen molestias similares a las industrias de producción de biogás serán consideradas 'usos prohibidos' en las zonas industriales. Estas actividades serían las instalaciones destinadas a almacenamiento fuera del lugar de producción, plantas o áreas para el compostaje de residuos, balsas destinadas a la evaporación y/o almacenamiento de residuos orgánicos, y cualquier otro proyecto o actividad susceptibles de emitir olores que produzcan molestias e incomodidad a personas que habitualmente se encuentren en construcciones próximas.

De no haber incurrido en un “burdo y grotesco” caso de greenwashing, como lo define el ambientólogo y divulgador Andreu Escrivà, la petrolera Exxon Mobil estaría a pocos meses de producir 10.000 barriles diarios de biocombustible de algas.

Esa fue la cifra que la petrolera estadounidense se comprometió a sacar al mercado para 2025, tras haber cerrado la puerta a invertir en energía eólica y fotovoltaica, lo que por entonces empezaban a hacer sus competidores. La empresa anunció una millonaria inversión para avanzar en una “solución energética” innovadora y revolucionaria: combustible “limpio” para el transporte a base de algas fotosintéticas.

Pero el proyecto, que por aquel entonces tuvo una amplia cobertura mediática en Estados Unidos, “publicidad verde gratuita”, como recuerda el periodista Andrew Schwartz, uno de los reporteros que más ha indagado en las oscuras entrañas de esta multinacional, naufragó durante cuatro años sin avances ni resultados. Todo, concluye Schwartz, fue un farol, una estrategia de lavado verde para, en paralelo, continuar con la especialidad de la casa: hallar, extraer y procesar combustibles fósiles a gran escala.

La mayor petrolera norteamericana, fruto de la fusión en 1999 de Exxon y Mobil, compañía heredera de la Standard Oil del legendario John Rockefeller, no producirá en 2025 ni un solo barril de biocombustible de alga. Sí, en cambio, rellenará más de tres millones de barriles diarios de petróleo, una producción que en 2022 le permitió obtener el mayor beneficio de su historia: 55.740 millones de dólares.  

El evidente ecopostureo de esta multinacional quedó al desnudo el año pasado cuando la división Low Carbon Solutions decidió retirar toda la financiación al proyecto de algas y redirigir esos recursos a “otras tecnologías limpias”. El hidrógeno verde, principalmente.

“En este momento tenemos otros programas que están listos para su implementación. Necesitamos subirnos a la curva de despliegue de la captura de carbono, del hidrógeno y de los biocombustibles. Las algas todavía necesitan más trabajo”, reconoció a Bloomberg Vijay Swarup, director senior del área tecnológica, uno de los directores de la investigación de algas.

Pero la historia, ya cerrada, tiene muchísima actualidad. Confirma, por ejemplo, los hallazgos del informe Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa, elaborado por las organizaciones NewClimate Institute y Carbon Market Watch, que ha puesto la lupa sobre los planes climáticos de las grandes multinacionales del planeta.

La mayoría de estas grandes empresas, según concluye el trabajo, tiene proyectos de descarbonización “ambiguos, engañosos e insuficientes”. “Las prácticas de compensación, bajo diversas terminologías, están socavando los objetivos y engañando a los consumidores”, señala el informe.

El caso también revela la importancia de los avances legislativos para evitar este tipo de prácticas. En enero, la Eurocámara dio el visto bueno a una directiva destinada a proteger a los consumidores de estrategias de marketing engañosas y mejorar el etiquetado de los productos.

En esta misma línea, en España, el Gobierno prepara una Ley de Consumo Sostenible para luchar contra el greenwashing. Según el borrador presentado, la futura norma identificará como “práctica comercial desleal” la inclusión de alegaciones ambientales genéricas –como ‘sostenible’, ‘verde’, ‘respetuoso con el planeta’– o que no tengan respaldo científico.

Para Escrivà, experto en análisis del lavado verde y autor del libro Contra la sostenibilidad, los frutos de todas estas normativas se verán dentro de dos o tres años. Todavía hoy, en abril de 2024, aclara, las empresas pueden seguir haciendo greenwashing “con la misma impunidad que hace diez años”.

La “base social”, agrega este doctor en biodiversidad, es mucho mejor hoy que hace cinco años. Los consumidores son “más conscientes” del engaño verde. “Pero urge un respaldo legislativo y de inspecciones para que, igual que hoy se miden las emisiones, se pueda medir el greenwashing”, exige. Como esto no está aún sobre la mesa, una multinacional como Exxon puede mostrarse verde en su “escaparate publicitario” con un proyecto “tan inverosímil” como el biocombustible de algas a gran escala, “sin mover ninguna ficha real” en el cambio de modelo de negocio.

Crónica de un engaño

Exxon Mobil empezó ya en la primera década del siglo XXI a publicitar el supuesto “potencial energético” de las algas, tal como cuentan las investigadoras Emily Plec y María Pettenger en el artículo Greenwashing Consumption: The Didactic Framing of ExxonMobil's Energy Solutions (Environmental Communication, 2012).

Mientras la mayoría de las empresas del sector empezaba a invertir en proyectos de renovables, Exxon “inundaba de publicidad el mercado televisivo de Estados Unidos pregonando sus esfuerzos por investigar y promover fuentes alternativas de energía”, detalla esta investigación.

En 2009, la empresa anunció una alianza con la firma biotecnológica Synthetic Genomics y una inversión de 600 millones de euros para “transformar las algas y los desechos vegetales en biocombustibles”.

“Aunque todavía quedan años de esfuerzo en investigación y desarrollo, los combustibles procedentes de algas podrían contribuir a dar respuesta a las necesidades de combustible a la vez que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero”, celebraba entonces el vicepresidente senior de Exxon Mobil, Michael Dolan.

En aquellos años, Shell, BP y Chevron también invirtieron en la reserva de algas. Las dos primeras compañías abandonaron sus esfuerzos en 2012. La tercera desestimó en 2018 con un comunicado en su sitio web: “La producción de biocombustibles de segunda generación que sean económicos a escala sin subsidios no ha tenido éxito”.

Pero Exxon Mobil siguió adelante. Ese año, inició las pruebas de campo con cepas de algas en el Centro Avanzado del Alga de California, un establecimiento que la empresa retrató a través de una campaña de redes sociales.

La empresa estiró la financiación hasta 2023, cuando interrumpió su relación comercial con Viridos Inc, otro socio dedicado al campo de la biología sintética, y cerró su Centro Avanzado del Alga de California.

La decisión coincidió con la publicación en la revista Science de investigadores de la Universidad de Harvard sobre la precisión de los modelos internos de Exxon Mobile respecto al impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global, una relación que públicamente la empresa siempre relativizó. 

Cepsa y Bio-Oils, compañía de biocombustibles de Apical, han arrancado la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación (2G) del sur de Europa. Esta instalación, que producirá anualmente de manera flexible 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO), permitirá a la 'joint venture' formada por ambas compañías duplicar su capacidad de producción actual.

Según han indicado ambas compañías en una nota de prensa, la nueva planta de biocombustibles 2G, junto con las instalaciones que ya operan Cepsa y Bio-Oils en Huelva, formará “el segundo mayor complejo de combustibles renovables de Europa, con una capacidad de producción total de un millón de toneladas al año”.

La nueva instalación, cuya puesta en marcha está prevista para 2026, se va a construir en Palos de la Frontera (Huelva), junto al Parque Energético La Rábida. Su desarrollo supone una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, durante las fases de construcción y operación.

El inicio de la construcción de este proyecto se ha celebrado este viernes en un acto que ha contado con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente de la Junta de Anadalucía, Juanma Moreno; Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa; Anderson Tanoto, director general de RGE, que gestiona un grupo de empresas manufactureras basadas en recursos naturales, entre ellas Apical y Bio-Oils, y Pratheepan Karunagaran, director ejecutivo de Apical.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, ha subrayado que Andalucía “está lista para convertirse en la gran productora y distribuidora de energías limpias de Europa, desempeñando un papel clave en el objetivo irrenunciable de la descarbonización del Planeta”, por lo que esta futura planta de biocombustibles de Cepsa es “un claro y valioso ejemplo”.

“Un proyecto incluido en nuestra Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que ha permitido tramitarlo en seis meses, un tiempo mínimo, menos de la mitad de lo que normalmente hubiese tardado”, ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha señalado que “no solamente basta con cambiar el color de las moléculas o los electrones”, sino que “las industrias que hay detrás, los servicios que hay detrás, son, precisamente, la gran oportunidad para reindustrializar y modernizar nuestro tejido productivo”.

“Por eso queremos que la atención a la cadena de valor industrial esté presente en el proceso de cambio, por eso queremos dedicar más de 750 millones de euros a este programa, de tal manera que la fabricación de los bienes de equipo que nos permita llegar a buen puerto sean producidos en España”, ha agregado.

Asimismo, el CEO de Cepsa ha destacado que se empieza a materializar “el primer gran hito de la estrategia Positive Motion con la construcción de nuestra nueva planta de biocombustibles de segunda generación”.

“Este proyecto estratégico para España y Andalucía nos permitirá ser un referente europeo en el campo de las moléculas verdes y facilitará la descarbonización inmediata de sectores no electrificables, como el transporte aéreo. Damos comienzo así a un proceso que generará empleo de calidad para esta región y que permitirá abrir una nueva etapa de reindustrialización”, ha explicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Apical, ha señalado que se espera que la producción mundial de SAF “se triplique en 2024, en comparación con los niveles de 2023, alcanzando 1,5 millones de toneladas”. Sin embargo, la disponibilidad de materias primas sostenibles “sigue siendo un reto para muchos países”.

“Nuestra planta de biocombustibles 2G con Cepsa, que será la mayor instalación de producción de combustible de aviación del sur de Europa, es un excelente ejemplo de cómo los agentes del sector pueden unirse para fomentar el potencial del SAF y aumentar su adopción de forma asequible”, ha incidido.

La nueva planta

Esta nueva planta, que se construirá con la última tecnología para la producción de combustibles renovables, tendrá un mínimo impacto ambiental. Gracias al consumo de hidrógeno renovable, esta instalación emitirá un 75% menos de CO2 que una planta de biocombustibles tradicional y está diseñada para lograr las cero emisiones netas en el medio plazo. Asimismo, no consumirá agua dulce, sino que solo utilizará aguas recuperadas, y sus emisiones hídricas tendrán un mínimo impacto en el ecosistema, gracias a la potente planta de tratamiento de aguas que tendrá.

Por último, esta instalación será nativa digital e incorporará los últimos avances para la industria en inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT) y análisis de datos. Esta instalación habilitará el desarrollo de otros proyectos clave para el reposicionamiento de España y Andalucía en el panorama energético internacional.

Además de SAF y diésel renovable (HVO), la planta también producirá biogás, materia prima fundamental para la producción de hidrógeno verde, indispensable para la descarbonización de la industria, como esta misma planta o el parque energético junto al que se construye, o para la producción de fertilizantes. Adicionalmente, a partir del tratamiento del biogás, se captura otro producto, CO2 biogénico, indispensable para la producción de metanol verde, clave para descarbonizar el transporte marítimo. Por tanto, este proyecto es “una pieza clave” en todo el ecosistema del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que Cepsa está liderando.

Los primeros trabajos para el desarrollo de estas instalaciones se centrarán en el movimiento de tierras y mejoras del terreno, la urbanización y la cimentación de la infraestructura, además de iniciarse la obra marina en el muelle sur del Puerto de Huelva, ya que el proyecto también contempla del desarrollo de instalaciones auxiliares en el puerto necesarias para su operación.

La nueva planta se asegurará la mayoría del suministro de materia prima, procedente de residuos orgánicos como desechos agrícolas o aceites usados de cocina, a través de un acuerdo global y de largo plazo con Apical, permitiendo abordar uno de los principales desafíos que afronta la industria: el acceso a la materia prima.

Los biocombustibles 2G fomentan la economía circular, al utilizar para su producción residuos que de otro modo serían desechados o terminarían en vertederos. En comparación con los combustibles tradicionales, los combustibles renovables desarrollados en este complejo desarrollado por Cepsa y Bio-Oils evitarán la emisión de tres millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale al 4% de las emisiones del transporte por carretera en España. Por otra parte, la construcción de esta instalación supondrá la instalación de 590 kilómetros de tuberías y 1.400 kilómetros de cable.

Cuatro activistas de Ecologistas en Acción han desplegado una lona este jueves en la emblemática Gran Vía, en el centro de Madrid, para exigir al Gobierno el abandono inmediato del uso de palma y soja que son destinados a producir biocombustibles, ya que la organización asegura que “genera entre dos y tres veces más emisiones que los combustibles fósiles”.

Además, también afirman que España es uno de los mayores países consumidores y productores de estos biocombustibles dentro de la Unión Europea y señalan a la administración pública por su responsabilidad en la deforestación tropical, la pérdida de especies, el aumento de emisiones y el acaparamiento de tierras.

Marta García Pallarés, coordinadora de la campaña de biocombustibles de Ecologistas en Acción, ha declarado que España cuenta con una de las mayores industrias de refino de aceites vegetales de Europa y que cualquier plan para eliminar la palma y la soja de los biocombustibles deberá ir acompañado con limitaciones rotundas a la exportación de estos productos dañinos.

La organización valora positivamente que el Gobierno haya comenzado a mostrarse favorable, pero advierte de que sus planes para abandonar la palma y la soja de sus combustibles siguen siendo ambiguos y la hoja de ruta a seguir persiste incierta.

La levadura Saccharomyces cerevisiae se lleva utilizando desde hace siglos para elaborar de bebidas fermentadas como la cerveza y el vino, así como para la producción de pan. Por eso se la conoce como “levadura de panadería”.

Pero este superhongo microscópico unicelular puede ayudarnos en muchas más tareas. Incluso, en la transición energética del transporte y en la implantación de una economía circular.

Hacia una economía más sostenible

En la situación actual de crisis energética en la que la preocupación por el cambio climático es global, implementar una bioeconomía sostenible es una prioridad. Para lograr este objetivo, es necesario obtener bioproductos renovables capaces de reemplazar compuestos derivados de residuos fósiles, que contribuyen al calentamiento global además de ser de limitada disponibilidad.

En ese contexto, la Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030.

Todas esas medidas se reflejan en el Pacto Verde Europeo que promueve, por ejemplo, transformar nuestra economía y nuestras sociedades haciendo que el transporte sea sostenible para todos.

Del mismo modo, las Naciones Unidas ha fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que se incluye aumentar la presencia de energías renovables y favorecer actividades industriales innovadoras como las del sector biotecnológico.

En este sentido, los procesos biotecnológicos basados en levaduras son una alternativa muy interesante para el establecimiento de una economía circular.

Levaduras para producir biocombustibles

Las levaduras pueden generar compuestos industrialmente relevantes a partir de residuos orgánicos. Además, lo hacen de una manera rentable y respetuosa con el medio ambiente. Para ello, consumen las fuentes de carbono residuales (azúcares o ácidos grasos de cadena corta) que, una vez dentro de la célula, se transforman en el producto de interés gracias al metabolismo eficiente de las levaduras.

En las últimas décadas, S. cerevisiae se ha empleado como factoría celular para la producción de productos farmacéuticos, biocatalizadores industriales, aditivos alimentarios y biocombustibles renovables como el bioetanol.

El bioetanol se utiliza como sustitutivo de la gasolina en el transporte. Su uso en mezclas de gasolina está ampliamente distribuido y es incluso obligatorio en algunos países como España. Por ello, es el biocombustible con una tecnología de obtención más arraigada y con mayor producción mundial.

De hecho, en los últimos años se han instalado varias biorrefinerías de producción de bioetanol por toda Europa, como St1 Biofuels Oy (Finlandia), Borregaard Industries AB (Noruega), Procethol2G (Francia) y Perseo Biotechnology (España).

A pesar de ser una productora de bioetanol muy eficiente, S. cerevisiae no utiliza fácilmente todas las fuentes de carbono derivadas de los residuos lignocelulósicos y no tiene la capacidad natural de acumular una gran cantidad de lípidos en sus células. Esto la hace inviable para producir combustibles como biodiesel y otros compuestos oleoquímicos.

Otras especies interesantes

Hasta la fecha, se han identificado y caracterizado más de 2 000 especies de otras levaduras conocidas como “no convencionales” que están ganando progresivamente mucha atención para ser empleadas en diferentes aplicaciones biotecnológicas.

Yarrowia lipolytica, Komagataella phaffii, Hansenula polymorpha, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Zygosaccharomyces bailii y Rhodosporidium toruloides se encuentran entre las más utilizados y mejor estudiadas. Muchas de estas especies pueden crecer y fermentar en amplias condiciones de proceso y pueden utilizar una amplia variedad de fuentes de carbono renovables.

Además, algunas levaduras oleaginosas como Rhodotorula glutinis y Lipomyces starkeyi pueden acumular lípidos hasta un 60 %–70 % de su peso, lo que ofrece un gran potencial comercial para la producción de biocombustibles como el biodiesel y la generación de bioproductos lipídicos de alto valor como los carotenoides y los tensioactivos.

Debido a su amplia biodiversidad, todavía hay muchas aplicaciones basadas en levaduras que quedan sin explorar. Estas serán clave para avanzar hacia una bioeconomía circular centrada en la utilización y valorización de residuos orgánicos para la producción de biocombustibles y bioproductos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el original aquí.

El Consejo de Gobierno en Castilla-La Mancha autorizó la implantación y puesta en funcionamiento de la titulación oficial para el curso académico 2022-2023 del Máster Universitario 'Erasmus Mundus' en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible, “convirtiéndose así en el primer máster de esta índole internacional” al ponerse en marcha en colaboración con otras dos universidades de Finlandia y Polonia.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha detallado que este máster que se impartirá en el Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Ciudad Real, en concreto en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, “está relacionado con temas de rabiosa actualidad, como son las energías verdes”.

“Un área en la que, -tal y como ha recordado la consejera y portavoz- nuestra región es puntera, como así lo demuestra el hecho de que el 80 por ciento del mix energético de Castilla-La Mancha ya está compuesto por energía procedente de fuentes renovables. Esto equivale a 8.844 megavatios de los 11.000 producidos, unas cifras récord que nos sitúa 22 puntos por encima de la media nacional”.

Blanca Fernández ha manifestado que, hasta la fecha, la Universidad de Castilla-La Mancha no había abordado la formación de ingenieros e ingenieras especialistas en diferentes campos profesionales como la gestión, la planificación y la certificación de la sostenibilidad energética, así como en los más innovadores desarrollos tecnológicos de la bioenergía y del resto de energías renovables.

Una necesidad “urgente” de profesionales en este campo

Por ello, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha apuntado que “existe una necesidad urgente de profesionales de los bioproductos con formación en Ingeniería Química que puedan contribuir eficazmente a la fabricación de productos que sustituyan a los basados en el petróleo, siendo al mismo tiempo reciclables y biodegradables. Esto acelerará sin duda la bioeconomía y la economía circular en la región y, por extensión, a nivel nacional e internacional”.

Cabe apuntar sobre la temática de este “máster innovador” que, además de los fundamentos de la ciencia básica y la ingeniería, los estudiantes de ingeniería de bioproductos aprenderán a diseñar y desarrollar soluciones de ingeniería para la fabricación y las aplicaciones sostenibles de productos ‘verdes’, como biocombustibles, bioenergía, plásticos biodegradables, materiales de construcción, papel y productos químicos.

Apuesta de la Unión Europea para el crecimiento industrial

En este sentido, el desarrollo de los bioproductos y de la bioindustria se plantea como uno de los motores de crecimiento industrial en Europa, dado que el procesado de materiales de base bio resulta prometedor al ser materiales respetuosos con el medio ambiente y sostenibles. Y es, decía, una apuesta de la Unión Europea

En el aspecto académico, este título persigue la formación de ingenieros e ingenieras especialistas en diferentes campos profesionales como la gestión, la planificación y la certificación de la sostenibilidad energética, así como en los más innovadores desarrollos tecnológicos de la bioenergía y del resto de energías renovables.

La consejera ha dicho que es “un orgullo para el Gobierno de Castilla-La Mancha que la Universidad regional haya decidido arriesgarse en un Master tan especialista, tan moderno y además hacerlo con universidades prestigiosas de otros países, en este caso de Finlandia y Polonia, porque se trata de titulaciones que son en este momento pioneras y muy necesarias para el cambio de modelo económico es necesario introducir”.

Ahondando en más detalles, Blanca Fernández ha informado que se trata de un título de carácter presencial que se impartirá en inglés y que oferta 22 plazas de nuevo ingreso tanto en el primero como en el segundo año de implantación, todo ello articulado en 120 créditos totales distribuidos en 90 créditos obligatorios y 30 créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster.

Para finalizar, la consejera de Igualdad y portavoz ha valorado que “desde que Emiliano García-Page asumió el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el verano de 2015, se han implantado 21 másteres”, diez de ellos en la primera legislatura y los once restantes en esta segunda.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado el Real Decreto que fomenta el uso de los biocarburantes, estableciendo una obligación de penetración de los biocombustibles del 9,5% en 2021 y el 10% en 2022 sobre el total de ventas de combustibles en el transporte.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que estos objetivos en biocarburantes son “una pieza clave en la transición energética, ya que permiten aumentar la presencia de las renovables y reducir las emisiones en un sector como el transporte”.

En este sentido, señaló la apuesta por la movilidad eléctrica en el medio plazo, aunque indicó que para que eso sea “una realidad” los biocombustibles deber “ser una solución puente”.

Por este motivo, este Real Decreto continúa la senda existente de penetración de biocarburantes para que contribuyan, junto con la electrificación, a alcanzar la cuota de energías renovables en el transporte establecida por la normativa comunitaria para el año 2030.

Asimismo, Montero añadió que estos nuevos objetivos proporcionarán certidumbre regulatoria al sector de cara a las potenciales inversiones que tiene previsto realizar en el ámbito de la producción de biocarburantes avanzados o combustibles sintéticos, que contribuyen a estimular la economía circular y las fuentes de energía de origen renovable.

Estos objetivos para los años está en consonancia con los escenarios y objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023, donde se fija una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030, lo que favorecerá la reducción de emisiones de gases efecto invernadero asociadas a este sector, indicó el Ministerio.

Así, elevan el último objetivo del 8,5% que estaba establecida para el año 2020. El fomento de uso de biocarburantes como fuente renovable de energía en el transporte se considera una medida necesaria para la transición energética.

Descarbonización

Así, el PNIEC del Gobierno para 2021-2030 tiene en cuenta su contribución para cumplir los objetivos de descarbonización del país para la próxima década y, en particular, los referidos a movilidad y transporte, acompañando a otras medidas clave como el cambio modal y la electrificación.

Con el objeto de implementar el PNIEC es necesario fijar objetivos obligatorios anuales de presencia de biocarburantes renovables en gasolinas y gasóleos.

Este Real Decreto aprobado adelanta la transposición de ciertos aspectos clave de la Directiva Europea de Renovables en lo relacionado con las renovables el sector del transporte.

Por otra parte, la norma también establece una serie de limitaciones a los biocarburantes producidos a partir de materias primas de determinados orígenes. Así, mantiene la contribución máxima para alcanzar el objetivo de renovables en el transporte del 7% de biocarburantes procedentes de cultivos alimentarios y forrajeros en el consumo final de la energía en los años 2021 y 2022, tal y como exige la Directiva de Energías Renovables.

Se trata de cultivos ricos en almidón, azucareros u oleaginosos producidos en suelos agrícolas como cultivo principal (excluyendo residuos, materiales lignocelulósicos y cultivos intermedios) cuya limitación persigue evitar un incremento de la demanda de terrenos para fines energéticos, lo que desviaría su principal fin como producto alimentario. Esta limitación se traduce en un porcentaje máximo del 7,2% que podrá ser contabilizado para cumplir con los objetivos de biocarburantes en el transporte del 9,5% y 10% en 2021 y 2022, respectivamente.

El texto transpone la previsión incluida en la Directiva con respecto a los biocarburantes con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra, procedentes de cultivos alimentarios y forrajeros para los que se observe una expansión de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono (bosques, humedales, turberas, etc.) de modo que, a partir del año 2022, no superen el nivel de consumo de estos mismos biocombustibles alcanzado en 2019. Una utilización excesiva de estos biocarburantes implicaría un riesgo elevado de aumento de emisiones de gases efecto invernadero.

En este sentido, el Ministerio fijará una senda para su reducción progresiva entre 2024 y 2030 mediante orden ministerial para que este tipo de biocarburantes dejen de utilizarse antes del fin de esta década.

Además, mediante resolución se definirán cuáles son estos biocarburantes con arreglo a la normativa comunitaria y se establecerá el porcentaje máximo que podrán tener para el cumplimiento del objetivo de venta o consumo de biocarburantes regulados.

Además, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de los biocarburantes procedentes de aceite de cocina usado y grasas animales, el Real Decreto también fija el límite para el uso de estas materias primas en el 1,7%, tanto para el objetivo sobre el consumo final de la energía en el transporte establecido en la Directiva de Renovables, como para la contribución de estos biocarburantes en el objetivo de venta o consumo para 2021 y 2022.

No obstante, tal y como permite la Directiva, este límite podrá aumentarse si se justifica la disponibilidad de materias primas, previa aprobación de la Comisión Europea.

Finalmente, con el fin de preparar la transición hacia los biocarburantes avanzados -procedentes de materias primas que no compiten con los cultivos alimentarios como los residuos o las algas- y reducir al máximo las consecuencias del cambio indirecto del uso de la tierra, este Real Decreto establece objetivos de penetración de biocarburantes avanzados: de carácter indicativo del 0,1% para 2021 y de carácter obligatorio del 0,2% para 2022.

La sectorial vitivinícola de ASAJA de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar a la Consejería de Agricultura medidas para retirar el vino que se hubiera elaborado con uvas que no cumplan con la trazabilidad y la calidad exigida por la normativa comunitaria, con el objetivo de no desestabilizar los precios y el mercado.

La organización agraria, que ya hizo esta petición el pasado mes de noviembre, considera que la Consejería de Agricultura debería haber actuado antes estableciendo como destino la elaboración de biocombustibles para la producción que no cumpla con la normativa europea de calidad de la Zona vitícola C III b, a la que pertenece Castilla-La Mancha.

La sectorial ha propuesto también subir las prestaciones vínicas del 10 al 15%, como otra medida de regulación del mercado, y ese incremento del 5% dirigirlo también al mercado de los biocarburantes.

Los representantes del sector analizaron también otras opciones para que la campaña comercial del vino no se complique por el incremento de la producción de uva, pero, dado que no se ha actuado a tiempo, la mejor opción es destinar el vino de mayor calidad al consumo directo y, el resto, dirigirlo a biocombustibles.

ASAJA de Castilla-La Mancha ha explicado que el sector necesita organizarse para planificar adecuadamente las campañas y evitar complicaciones. Para ello, ha insistido en que esta región necesita de una Ley de la Viña y el Vino y de una Interprofesional regional en las que se establezcan medidas dirigidas al control y a la vigilancia de la trazabilidad real del producto elaborado con la uva, como la certificación de los productos o la gestión de las producciones.

La organización agraria considera que hay que recuperar los mercados de mosto y alcoholes, porque únicamente recobrando estos dos segmentos de comercialización tradicionales, se conseguiría estabilizar la producción presente y futura de la región.

Por último, ASAJA CLM señala que la apuesta por la calidad tiene que ir más allá del discurso, y establecerse medidas reales para que las uvas de mayor calidad reciban un precio muy superior al de las uvas que no cumplan con la trazabilidad.

La Sectorial Vitivinícola de ASAJA de Castilla-La Mancha ha propuesto retirar del circuito de la comercialización aquel vino que no se ajuste a la reglamentación de calidad comunitaria, así como el que proceda de explotaciones con rendimientos superiores a los marcados por la normativa regional. Así lo acordó ayer la organización agraria durante la reunión que mantuvieron en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) en Tomelloso, Ciudad Real.

La organización agraria analizó las opciones existentes ante la posibilidad de que la campaña comercial del vino se complique por el incremento de las previsiones de producción de uva. No obstante, ha aclarado que, hasta que no se publiquen a finales de año las cifras definitivas de las declaraciones de cosecha, no hay motivos para alarmarse.

 ASAJA de Castilla-La Mancha aboga por retirar el vino que no cumpla con la normativa europea de calidad de la Zona vitícola C III b, a la que pertenece la región, así como aquel que proceda de explotaciones “cuyo rendimiento declarado sea superior a 20.000 kilogramos por hectárea para variedades de uva tinta y a 25.000 kilogramos por hectárea para variedades de uva blanca”, cifras que vienen marcadas por la Orden 123/2018, de 24 julio, publicada por la Consejería de Agricultura.

Según dicha normativa, la Administración regional establece la posibilidad de controles en aquellas explotaciones vitícolas cuyo rendimiento declarado sea superior a las cifras anteriormente señaladas. En este sentido, la organización agraria ha pedido a la Consejería que establezca como destino de esta producción sobrante la elaboración de biocombustibles, así como que abra procesos sancionadores en el caso de encontrar incumplimientos.

Además, la organización agraria propone subir las prestaciones vínicas del 10 al 15%, como otra medida de regulación del mercado, y ese incremento del 5% dirigirlo también al mercado de los biocarburantes. Del mismo modo, la organización agraria considera que hay que recuperar los mercados de mosto y alcoholes y destinar la producción del vino de mayor calidad al consumo directo.

Apostar por los vinos de calidad

También ha reiterado que Castilla-La Mancha debe apostar por dar un valor añadido a los vinos de calidad, apostando por la venta de embotellados en detrimento del vino a granel, razón por la que, de cara la próxima feria World Bulk Wine Exhibition Ámsterdam 2018, lugar de encuentro para compradores y distribuidores de vino a granel, aconseja a los viticultores no realizar operaciones por debajo de unos precios mínimos.

 Por último, ASAJA de Castilla-La Mancha destaca la necesidad de poner en marcha medidas dirigidas a la trazabilidad real del producto elaborado con la uva, como la certificación de los productos o la gestión de las producciones, de tal manera que se puedan planificar adecuadamente las campañas presentes y evitar complicaciones en las futuras.

Dice el refranero popular que los buenos perfumes vienen en frascos pequeños; es decir, que el tamaño de algo no determina su valor. Pasa con las microalgas. Su nombre mismo da idea de su dimensión. Las microalgas son organismos microscópicos que, sin embargo, son fundamentales para el mantenimiento de la vida en la Tierra a través de la fotosíntesis.

Las microalgas están presentes en todos los cuerpos acuáticos, así como en el suelo y en la mayoría de ambientes terrestres por extremos que sean. También tienen gran presencia en los laboratorios. Por ejemplo para convertir los residuos de la cerveza en fertilizantes y nutrientes para animales. Es la investigación que realiza la Universidad de Almería junto a la Estación Experimental Las Palmerillas para dar una segunda vida a los residuos de la industria cervecera.

De igual manera, investigadores de ambas instituciones trabajan con microalgas en la depuración de residuos animales para su transformación en biodiésel. También en biofertilizantes o pienso para animales. También las algas microscópicas son la herramienta utilizada por investigadores de la Universidad de Jaén para convertir aguas residuales y de almazaras en biocombustibles. Un estudio basado, principalmente, en el poder de estos microorganismos para eliminar el C02, que es lo que permite obtener una biomasa que da lugar al biocombustible. O lo que es lo mismo, microalgas como materia prima para apostar por energías sostenibles.

Sin salirnos de la almazara encontramos otra utilidad para las microalgas. Y también gracias a su poder depurador. La producción del aceite de oliva implica el uso de una gran cantidad de agua en las almazaras. Agua que tras su uso queda contaminada y no puede utilizarse para el regadío ni puede verterse a la red de saneamiento. Sin embargo, dos empresas han desarrollado un sistema ecológico para depurar las aguas residuales de la producción del aceite de oliva. Una infraestructura de bajo coste que permite ahorrar hasta un 90 % en el consumo de agua potable en el sector.

Ahorro y sostenibilidad gracias a las microalgas se juntan en el estudio de científicos de la Universidad de Sevilla. Una investigación basada en un fenómeno natural como la bioluminiscencia. Ciertas microalgas y bacterias son capaces de transformar la energía química en luz. A partir de dicho fenómeno han diseñado un sistema de iluminación para generar luz sin necesidad de ninguna otra fuente de energía y sin generar residuos.

Las microalgas también son grandes aliadas en la investigación en el campo medicinal. Por ejemplo para sentar las bases para fabricar nuevos medicamentos contra el cáncer. Investigadores de la universidad de Almería han desarrollado un sistema de cultivo que permite elevar la producción de un tipo de microalga con propiedades terapéuticas contra el cáncer y el dolor. Un primer paso para su uso en la industria farmacéutica y la creación de medicamentos.

Igual que las microalgas pueden ser la materia prima para el desarrollo de nuevos medicamentos, puede serlo también para eliminar restos de fármacos en aguas residuales. El cuerpo humano desecha partículas de los fármacos que no eliminan después las plantas de depuración. Así, los restos de fármacos llegan al mar a través de las aguas residuales. Sus efectos en el ecosistema son por ahora desconocidos y en averiguarlo se hallan inmersas investigadoras del Centro Andaluz de Ciencia y Tecnologías Marinas. Mientras tanto, proponen el uso de microalgas para eliminar los restos de fármacos de dichas aguas.

Subestimar el poder de algo o de alguien por su tamaño es, a la vista está, un error. Las microalgas son organismos fundamentales para la vida. Y no solo eso, además de ser esenciales para que vivamos, lo son también para que vivamos bien.