Cuando en 2015 se convirtió en regidora de Puno, al sur de Perú, a Verónica Gálvez se le abrieron dos frentes. El primero, acabar con la desigualdad de género en la provincia, tratando de mejorar las condiciones de las mujeres. El segundo, luchar contra el machismo que persiste en las instituciones y, dice, dificulta que las mujeres consigan no solo acceder a puestos de poder, sino poder participar en la vida política en las mismas condiciones que los hombres.

En la primera batalla, ha logrado presentar varias ordenanzas municipales y regionales, pero no todas las que le hubiera gustado, reconoce en una entrevista con eldiario.es. En la segunda, ha denunciado 55 casos de acoso político a mujeres que ocupan cargos de poder en su país.

Las dos luchas, insiste Gálvez, están relacionadas. “Cuando las mujeres estamos en estos cargos se bloquean nuestras propuestas de manera sistemática, se invisibiliza nuestra participación cuando hacemos aportes importantes en la construcción de la ciudad o del país, tratan de desacreditarte y cuestionan nuestras capacidades. Este acoso político limita nuestra participación, hace que a las mujeres nos cueste más estar”. Detrás, asegura, está “ese machismo histórico según el cual los espacios donde se deciden los presupuestos y las políticas más importantes son solo para los hombres”, explica la regidora.

En su experiencia y la de sus compañeras, encuentra varios ejemplos de obstáculos a los que se han enfrentado por el hecho de ser mujeres en política, un espacio reservado tradicionalmente a los hombres. “Como regidoras tenemos que legislar y fiscalizar, pero yo he presentado ordenanzas que han sido bloqueadas. Siempre están mirando en qué te equivocas para poder cuestionarte. Hay aportes que hacemos que no han querido ser tenidos en cuenta. Si terminas el mandato sin presentar iniciativas, la gente piensa que no has hecho nada. Entonces dicen que no servimos para el cargo. También me han dicho que miento, tratan de difamarte ante los ciudadanos, relata. Asegura que tiene compañeras que ”han sufrido violencia física“ por su labor de fiscalización del poder.

Gálvez es una de las más de 30 mujeres políticas y lideresas que se encuentran en España para participar en los encuentros 'Mujeres y poder: liderazgo político, conectando luchas y territorios', organizados por Alianza por la Solidaridad (ApS) en varias ciudades del país. En ellos, tratarán de tejer alianzas y compartir experiencias y estrategias para superar los obstáculos que limitan su participación. “Lo que nos pasa en Puno, pasa aquí en Europa. Seamos europeas o latinoamericanas tenemos que construir una agenda común, pelear para que el mundo de la política sea un espacio libre de todo tipo de violencia”, recalca la regidora puneña.

La premisa de la que parten es clara: a pesar de que las mujeres son la mitad de la población y su participación en los espacios políticos, además de ser un derecho, contribuye a “garantizar democracias sostenibles y pacíficas” siguen estando poco representadas en los cargos de poder “a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios”, recuerda ApS.

En la actualidad, 15 países latinoamericanos tienen legislación sobre cuotas o paridad. Estas leyes y decretos han permitido una mayor presencia de las mujeres en las instituciones políticas, aunque esta disminuye a medida que se trata de cargos locales como alcaldesas o concejalas. En 2018, según cifras aportadas por la ONG, casi un 30% de los escaños de los parlamentos nacionales están ocupados por mujeres, frente al 13,30% registrado en el 2000. La cifra supera a la participación actual de las mujeres en los parlamentos en Europa (25,3%).

Pero las barreras no acaban una vez logran llegar a los espacios de poder, como cuenta Gálvez. “Los hombres no aceptan que las mujeres ponga los puntos sobre las íes. Por ellos está bien que estemos en la lista, porque hay que cumplir la cuota, pero cuando comenzamos a ser incómodas y empezamos a cuestionar, viene el problema. No nos podemos dejar utilizar”. Desde ApS consideran que “la violencia de género en la política se ha constituido en una táctica para impedir o limitar la participación de las mujeres limitando su acceso a espacios de poder”.

Solo Bolivia ha legislado contra el acoso político

Bolivia marcó el camino y en la actualidad es el único país que ha aprobado una ley específica contra la violencia y acoso político hacia las mujeres, conocida como la Ley 243. Su aprobación, en 2012, se aceleró tras el asesinato de la concejala Juana Quispe, quien había recibido agresiones, amenazas y se le había impedido durante meses ejercer su cargo. Sin embargo, según explican desde la organización, ninguno de los casos denunciados tras la ley ha sido judicializado por el momento. Otros cuatro países latinoamericanos se encuentran en proceso de debatir leyes contra el acoso político machista: Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

En Bolivia trabaja Irene Achacollo, mujer del pueblo aymara y secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas 'Bartolina Sisa'. Aunque defiende que en los últimos años ha habido “grandes avances” para las mujeres indígenas en su país, reconoce que también se encuentra con el menosprecio de su labor. “Muchas veces que creen que no podemos hacer el trabajo que asumimos. Algunos varones creen que no somos capaces de ejercer el cargo, pero nosotras estamos trabajando y demostrando que tenemos las mismas capacidades”, indica Achacollo, que también participará en el encuentro, en una conversación con este medio.

Otro nombre propio suena cuando se trata de hablar de la violencia que sufren las mujeres que deciden participar en política en América Latina: Marielle Franco, concejala brasileña asesinada el pasado mes de marzo. Lo menciona Isolda Dantas, Diputada nacional por el Partido de los Trabajadores en Brasil, durante un desayuno informativo en Madrid.

“El nuevo presidente Bolsonaro, cuando era diputado, llegó a decirle a otra diputada que no la violaba porque no se lo merecía. En nuestro país ha habido mucho retroceso en los derechos de las mujeres, también hay una mayor resistencia”, opina Dantas. “Una vez, un diputado se quejó de que hablo muy estridente. 'Usted tiene que aprender a vivir con las feministas', le contesté. La política está pensada desde los valores masculinos y no están acostumbrados a renunciar a privilegios”, esgrime la diputada brasileña.

Ana Rutilia Ical, abogada y defensora del medio ambiente de Guatemala, recuerda la persecución y los ataques que sufren otras compañeras por su activismo y la escasa presencia de mujeres en el poder. “En el Congreso de la República solo tenemos el 13% de participación. En Guatemala, la participación política de las mujeres es criminalizada, perseguida y desacreditada”, afirma. “En los territorios, ser mujer y luchar por tus derechos es muy difícil. Es estar entre la vida y la muerte, pero lo hemos hecho”, incide.

El acoso político, defienden, acaba, a menudo, en mujeres que desisten de seguir adelante con su labor. Esto se traduce en una presencia todavía menor en las instituciones y en los partidos y, en última instancia, en el riesgo de que las políticas y las leyes no incorporen la perspectiva de género, aseguran. “Muchas mujeres no quieren volver a participar tras el acoso, pero nosotras necesitamos alentarlas para que haya más políticas que tomen decisiones que afecten tanto a hombres como a mujeres. Muchas veces te dicen: 'Así es la política', como si la política tuviera que ser violenta”, sentencia Gálvez.

La exposición itinerante 'Aliadas. Mujeres que cambian el mundo' de Alianza por la Solidaridad ha llegado a la Universidad de Castilla-La Mancha, en el marco del festival Fem.18 organizado por el Ayuntamiento con la colaboración del Instituto de la Mujer. Rosa Tristán, responsable de comunicación de la ONG, ha celebrado que se incluya la actividad dentro del festival y con el apoyo de “tantas instituciones” con el motivo de la “semana de la mujer”. Explicó que la exposición lleva dos años moviéndose por España para visibilizar los derechos de las mujeres, a su salud sexual y reproductiva, así como sus derechos laborales y sociales.

Casi 60 renombrados artistas españoles, entre los que se cuentan premios nacionales de Diseño, participaron creando obras específicas de esta temática para reflejar la visión de los derechos de las mujeres, explicó Tristán. También, la exposición quiere funcionar como un “homenaje” a todas las líderes mujeres con las que trabaja Alianza por la Solidaridad en 15 países que siguen siendo invisibilizadas, a pesar de ser líderes locales y llegar, incluso, a “jugarse la vida”. La muestra en Toledo consta de 20 obras, que sirven como una manera de recordar que la situación de las mujeres es “bastante complicada”.

La Vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM, Fátima Guadamillas, señaló que la exposición se encuadra dentro de la colaboración “continua” con el Ayuntamiento y el Instituto de la Mujer. “Creemos en la conscienciación de los estudiantes y la participación de centros educativos para ganar la batalla por la igualdad”, aseguró, ya que la educación es una “de las formas de cambiar las cosas”.

Por su parte, la concejal de Igualdad del Ayuntamiento toledano, Inés Sandoval, recordó que el festival Fem.18 quería dar protagonismo a las mujeres en las distintas disciplinas para dejar de ser las “grandes olvidadas” de la historia. “Es importante visibilizarlas y disfrutar de su trabajo. El festival está comprometido y una de sus actividades es esta exposición con un nombre muy potente”, recalcó la edil.

Sandoval recordó que lo recaudado por esta exposición irá destinado a los proyectos de la ONG a distintas partes del mundo, promoviendo derechos de la mujer. “No deja indiferente a nadie y despierta la consciencia social sobre la igualdad de género”, aseguró. Por otro lado, recalcó que en la UCLM se llevarán a cabo otros actos dentro del festival, como el espectáculo de flamenco de Lola García.

Finalmente, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, señaló que estas iniciativas son “muy gratificantes” para la institución, al funcionar como una manera de seguir empoderando a la mujer. “El lema de Aliadas y mujeres que cambian el mundo, este año parece pensado aposta”, recalcó Martínezz, quien resaltó las alianzas internacionales que provocan “transformaciones” para “decir que estamos hartas de tanta desigualdad, de tanta violencia machista, para este 8 de marzo parar o mover el mundo, según se mire”.

Habían pasado pocas horas desde la movilización que rechazaba el asesinato de los dirigentes sociales y la corrupción política en Tumaco (Colombia). Hace 11 días, dos hombres entraron en la vivienda de Yeni Montaño y la asesinaron. La líder afrocolombiana trabajaba con comunidades desplazadas en la zona, uno de los epicentros de la población negra al sur del país, en la frontera con Ecuador, que cuenta además con miles de hectáreas de cultivos de coca.

“Ayer asesinaron a otra compañera”, dice con el rostro serio Charo Mina Rojas a su llegada a la oficina de la ONG Alianza por la Solidaridad (ApS). La paz que hace un año se firmó no llega a los territorios donde vive su comunidad, dice. “Se está volviendo a ver una violencia brutal como hace años en estas zonas de un gran interés económico”, alerta la activista afrocolombiana.

Mina fue una de las responsables del capítulo sobre etnias del acuerdo de paz que hace un año firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a más de 50 años de conflicto armado que causaron la muerte de casi un millón de personas, 160.000 desaparecidos y el desplazamiento de casi siete millones de personas.

En estas negociaciones también estuvo Camila Cienfuegos, exguerrillera. Un año después de la firma, su conclusión es la misma: el proceso de paz “no puede avanzar” mientras bandas armadas estén ocupando los territorios y cobrándose la vida de los defensores. 

“Mientras sigan asesinando a lideresas y líderes campesinos, afros, indígenas, a la insurgencia, a todo aquel que quiera un cambio estructural en nuestro país; mientras no se cumpla la implementación y los exiliados no puedan volver a sus territorios, no podemos hablar de paz”, comenta Cienfuegos, que se enroló en la guerrilla con 14 años. Según Global Witness, al menos 37 activistas del medioambiente fueron asesinados en 2016, un 40% más que el año anterior.

“El mayor reto es mantenernos vivos sin que las jóvenes sean asesinadas y violadas, mantener niños sin armas en sus manos en Buenaventura. La aspiración de paz la tenemos todos, pero los retos son enormes”, apostilló Minas en un seminario organizado por la ONG el pasado jueves. 

Las dudas siempre estuvieron en la implementación. Y esta sigue siendo la asignatura pendiente. Denuncian que la jurisdicción especial establecida en el acuerdo para juzgar los crímenes cometidos en la guerra aún no está en marcha, los servicios básicos no llegan a algunas zonas y el ritmo del programa de sustitución de cultivos ilícitos es “lento”.

“Se está erradicando la coca porque lo hacen los militares, pero la parte de la sustitución para que puedan sobrevivir no se está cumpliendo tanto. Además la producción de coca se disparó en 2016 hasta las 146.000 hectáreas”, comenta Eliana Romero, responsable de Alianza por la Solidaridad en el país.

Ese negocio pretenden controlarlo ahora grupos paramilitares que ocupan los territorios tras los “vacíos” que dejaron los exguerrilleros, provocando el desplazamiento de centenares de personas, sobre todo de la comunidad afro e indígena, que dice sentirse desprotegida. “El Estado no está presente”.

“El Gobierno quiere una paz neoliberal”

Aída Quilcué, activista indígena también presente en las negociaciones de La Habana (Cuba), denuncia que algunas zonas habitadas por las comunidades locales, una de las más expuestas a la violencia, están siendo testigo de un aumento de la presencia militar. “Se están remilitarizando los territorios, no para cuidar a los campesinos, indígenas y afros sino para coparlos  y empezar su práctica de la economía neoliberal. Lo vemos en el Chocó y en todo el suroccidente colombiano”, denuncia. 

Quilcué considera que la firma de los acuerdos fue “un paso importante”, pero la visión de las comunidades indígenas es diferente a la del Gobierno de Santos.“Nosotros queremos la paz concebida como armonía en el territorio, pero el Gobierno quiere una paz neoliberal. Dice que los vacíos que dejó la guerrilla nos sirven para aplicar el desarrollo económico. Y aunque las concesiones de mineras e hidrocarburos ya se estaban produciendo, ahora se materializan”, señala.  

“Los exguerrilleros vivimos bajo la amenaza latente”

Otro de los temas más controvertidos del proceso fue el de la reinserción de los excombatientes de las FARC en la vida civil. Cienfuegos considera que padecen “inmensas dificultades” y no cuentan con “suficientes garantías” de seguridad tras retirarse de los territorios. “Estamos expuestas a bandas emergentes a nuestro alrededor, hace unos días asesinaron a dos personas con fusil, cuando se supone que ya no hay sectores armados. Es una amenaza latente”, resume.

Asimismo, la exguerrillera denuncia que “no se están garantizando los derechos” contemplados para facilitar la reincorporación de los excombatientes, como los derechos a “la salud, a la educación y a ejercer la política”. “No hay escuelas adecuadas, no hay jardines de infancia en nuestros territorios. La reincorporación no ha sido lo que uno esperaba”, explica.

Pero Cienfuegos se muestra optimista. “Es posible una paz estable y duradera”, sostiene la ahora dirigente del partido político de las FARC. “Poder llegar a una casa y que la gente no se asuste, eso también es construir la paz. Ahora nos encontramos con las comunidades y ven que también somos parte de ellas, que retornamos sin armas, con la palabra. Tenemos que dejar atrás los odios para poder hablar de reconciliación y dejar la diferencia a un lado para que la implementación sea posible”, concluye.

El revés a la justicia para la violencia sexual

“La paz sin mujeres no va”, exigieron las organizaciones de feministas al presidente  Santos al inicio del proceso. En 2014, cuando se abrió el capítulo de las víctimas, lograron que se estableciera en la mesa de negociación de La Habana una subcomisión de mujeres que pudo revisar con una mirada de género el acuerdo. En ella estuvo presente también Pilar Rueda, antropóloga y asesora de la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras las negociaciones.

“Las mujeres pusieron rostros e historias a cifras que ya venían circulando en la mesa. Ellas habían vivido de forma particular la guerra, y había un tipo de ataques que les afectaban de forma desproporcionada, como el desplazamiento forzado”, recuerda.

Durante el proceso recibieron los ataques de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana. “Cuando se votó el plebiscito, uno de los elementos más atacados por la Iglesia y la derecha fue el enfoque de género. Argumentaron dos cosas profundamente mentirosas que no supimos enfrentar: que promovía el homosexualismo y también, que destruye la familia tradicional”, explica.

Se estima que al menos 12.092 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad sexual durante la guerra. Uno de los logros de la subcomisión de género fue que el sistema de justicia transicional creado ad hoc fuera a juzgar los delitos de violencia sexual cometidos por todos los actores armados. El pasado miércoles, señala Rueda, esta victoria sufrió un revés. Durante el debate sobre la ley que da forma a esta jurisdicción, el Senado aprobó una propuesta del partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, que en la práctica, dice Rueda, excluye a los que han cometido delitos sexuales contra menores, que pasarán a la justicia ordinaria. 

“Es terrible para las víctimas que pelearon para que quedara como un delito explícito con sus propios mecanismos de investigación, porque la impunidad en la justicia tradicional en temas de violencia sexual es fortísima”, opina la antropóloga. “Excluirla es una cachetada muy fuerte, porque impide claramente a las víctimas que conozcan la verdad, que sus victimarios sean sancionados y que se les pueda reparar. Este iba a ser su espacio. La justicia ordinaria, en estos delitos, no funciona, ha sido profundamente machista, racista y clasista”, lamenta. “Es tan serio, tan grave...Se ha abierto un hueco enorme de impunidad”, corrobora Minas.

Rueda apunta que los delitos sexuales son “uno de los pocos que no se han reducido desde que se firmó el acuerdo”. En 2016, “aumentaron un 8,3% en la casa y en la escuela”. Así, la asesora recuerda que la violencia contra las mujeres “no se la inventó la guerra”. “La hace más cruel, se vuelve un instrumento, se normaliza mucho más. Pero no hay mujer en Colombia que no esté en riesgo”, esgrime.

Para ilustrarlo, asegura que, cada año, 22.000 mujeres y menores buscan asistencia sanitaria por abusos sexuales. “Más o menos 15 al día. Los principales agresores son sus padres, padrastros, sus hermanos, etc. Solo el 0,08% de la violencia corresponde a la que se produce en el conflicto armado”, prosigue.

A pesar de las dificultades y la lentitud en la implementación denunciadas, Minas, Cienfuegos, Quilcué y Rueda coinciden en la importancia de apoyar el proceso iniciado hace cinco años. “Poder pensar que hay menos personas en armas, no saben lo que significa. Pensar que el hospital no está lleno de heridos, que cada vez hay menos minas antipersona, que hay desplazamiento, pero no en las dimensiones en las que lo había. La crisis humanitaria era desproporcionada”, comenta la antropóloga.

Y concluye: “¿Se ha resuelto todo? No. ¿Se han reducido los homicidios? Sí. ¿Los ataques ahora son focalizados? También. ¿Hay que pelear contra la impunidad? Claro. No es posible que se nos siga señalando a los defensores, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo...pero eso va a ser mejor sin balas y con mayor democracia”.

Al igual que en muchas partes del mundo, en las áridas comunidades rurales al norte de Nicaragua las mujeres recorren varios kilómetros para conseguir agua para sus casas. De ellas, y solo de ellas, depende que la familia tenga agua potable a diario para beber, cocinar, bañarse o limpiar. Una tarea vista socialmente como “propia de mujeres” siempre y cuando implique obtener este bien tan básico de forma precaria, acarreando en su cabeza pesados bidones desde el río o el pozo de la zona.

La cosa cambia cuando se trata de construir la red de agua corriente para la comunidad, mantenerla o controlar su gestión. Entonces pasan a ser “asuntos de hombres” y el protagonismo central de las mujeres a la hora de abastecer de agua a los hogares, considerada “una tarea doméstica más”, se diluye.

Ellos son los que se encargan de abrir las zanjas, remover la tierra, organizar, planificar y supervisar el trabajo así como participar en los comités técnicos. Labores valoradas económicamente y más reconocidas por los vecinos, tal y como concluye el informe Las mujeres y la gestión del agua: avanzando en la igualdad de la iniciativa 'Paragua', puesta en marcha en el país por varias ONG españolas y nicaragüenses.

Pero desde hace algún tiempo hay mujeres que están rompiendo estas barreras. Walkiria Castillo es una de ellas. Hace casi dos años que participa en el Comité de Agua y Saneamiento de su pequeña comunidad en el municipio Villanueva, cerca de la frontera con Honduras.

Estos órganos se encargan de la gestión comunitaria del agua potable, es decir, trabajan para que la instalación llegue a todas las viviendas y no haya problemas de acceso: en la comunidad de Walkiria, amenazada por problemas de sequía y de pobreza, solo 50 de los 76 hogares están conectados a la red y ya están haciendo las gestiones con el Gobierno municipal para ampliarla.

Entre sus funciones, Walkiria ejerce de secretaria y también cobra el agua mensualmente a sus vecinos. “Si hay tubos rotos tengo que estar pendiente. Convoco las reuniones y las asambleas, llevo el informe mensual del pago y también leo los medidores para cobrar el agua, es mucha carga de trabajo”, explica en una conversación con eldiario.es.

También ha llegado a examinar, con laboratorios portátiles, la calidad del agua. Cerca de su municipio hay una explotación minera de oro, y aunque están pendientes de que se realice un examen químico, sospechan que su agua puede estar contaminada. “Necesitamos un estudio para saber si nuestra agua se puede tomar, porque desde hace cuatro años que hicimos la conexión no se ha analizado. Hacen exploraciones con cianuro y una debe estar pendiente de qué estamos tomando”, sostiene.

“Quiero que mis compañeras se fijen en mi espejo”

Walkiria tiene 34 años y se incorporó al comité dos meses antes de dar a luz a su último hijo. Nunca había trabajado fuera de casa, donde estaba al cuidado de sus siete hijos y su madre. “Nadie quería asumir el cargo porque hay que dedicarle tiempo. La mujer, cuando también tiene que trabajar en casa, no tiene tiempo para esto. Y yo pensé: '¿Por qué en una comunidad tan pequeña no hay mujeres capaces de desempeñar este rol que todos piensan que no podemos hacer?' Así que entré en el comité, quería experimentar, me gustan los retos”, recuerda.

Aunque apenas recibe remuneración a cambio –500 córdobas mensuales (unos 14 euros)– ya que se considera una labor para la comunidad, participar en el órgano ha venido acompañado, dice, de todo un cambio personal. “Decía que yo no podía, pero sí pude. Ahora me pregunto cómo lo hice, porque no había un hombre que me apoyara, siempre fui madre soltera y siempre desarrollé el papel de que todo era carga mía”, afirma.

“En mi comunidad, las mujeres formales son las que están en su casa, las que se dedican a lo comunitario no tienen oficio ni fundamento. Antes, yo pensaba así, pero ahora creo que las mujeres también podemos hacer lo que hacen los varones. Claro que podemos”, recalca. “Y somos más responsables y reclamamos inmediatamente lo que no nos gusta. También administramos mejor. Debe haber más mujeres para que nos enseñemos y nos digamos que tenemos derechos. Quiero que las demás compañeras se fijen en mi espejo: he podido hacerlo”, concluye.

Junto a Walkiria trabajan dos compañeras más: una en el cargo de tesorera y otra como fiscal. Aunque avanzan, la división machista del trabajo sigue presente en los comités, donde aún hay cargos “reservados” para los hombres, como el de presidente. En los 10 comités en el municipio cercano de Somotillo a los que la ONG Alianza por la Solidaridad brinda apoyo, 30 de los 58 miembros son mujeres. En una de las comunidades, incluso, el comité está formado por mujeres porque la mayoría de los hombres han emigrado a Honduras. Sin embargo, solo hay cuatro presidentas.

“Por el hecho de ser mujer piensan que no podemos asumir un cargo importante. Por la actitud machista, la propia comunidad, que decide quién es su presidente, prefiere que sea un hombre. Es difícil encontrar presidentas”, resume Walkiria. Otro de estos cargos “adecuados para hombres”, según los estereotipos machistas, es el de la fontanería, que requiere formación técnica y casi siempre es remunerado. Un esquema que, por ejemplo, ha roto Maricela, fontanera del comité de Vado Ancho, al norte del municipio de Chinandega.

“Que estas mujeres se empoderen va proyectando la idea de que la gestión del agua no es una cosa solo de hombres y se va avanzando en la brecha. Al inicio, los comités estaban copados principalmente por varones”, indica Lenoshka Ingram, coordinadora técnica de Alianza por la Solidaridad para el proyecto. “Es normal que algunas que son propuestas por las asambleas sientan temores al principio, porque supone enfrentarse a los espacios públicos de decisión dominados por los hombres. Pero muchas asumen el reto y van aprendiendo en el camino”, prosigue.

La coordinadora explica que también existen brechas en la participación en las asambleas de los comités, uno de los principales espacios de decisión sobre cómo se gestiona el agua: aunque van muchas mujeres, participan menos. “Las mujeres sí asisten, el asunto es que muchas veces van solo a escuchar, cuando tienen buenas propuestas. Por los miedos de hablar en público no opinan. Pero al ver que también hay mujeres en la junta directiva, se va de a poquito incidiendo en los cambios de roles y de la idea de que el espacio público es una cuestión de hombres”, comenta.

“He aprendido a valorarme y a ser libre”

Por esta razón, “son importantes”, asegura la cooperante, los espacios donde las mujeres intercambian a solas opiniones y experiencias. Tres o cuatro veces al mes, Walkiria acude a Chinandega a una escuela de lideresas de comités de agua. Esta iniciativa también forma parte del proyecto Paragua, promovido por ONG locales junto a otras como Alianza, Amigos de la Tierra y Ecología y Desarrollo (ECODES).

“Muchas pensamos que, tal vez, los demás nos están vigilando y criticando por nuestra labor. Pero ir la escuela nos reafirma en lo que pensamos, que nuestros sentimientos sobre lo que debemos ser es lo que tendría que ser”, dice Walkiria. “En la escuela he aprendido a valorarme a mí misma como mujer. Y que el cuidado no depende solo de mí como madre, sino de todos. He aprendido a ser libre, a tener tiempo para meditar para mí misma, porque por la fatiga del día nunca me dedicaba un tiempo para concentrarme en mí”, continúa.

Ahora, sus hijos adolescentes, cuenta, han aprendido a cocinar, a limpiar y a cuidar de los más pequeños. “Les enseño que el hombre no tiene que ser machista, que también tiene que lavar los peroles”. Menciona a su hija mayor Yuri, de 14 años. ¿Qué le dice ahora que se ha rebelado contra lo que esperaban de usted? Walkiria sonríe y se toma un par de segundos. “Le digo que tiene que aprender a romper el esquema de que la mujer es para la casa. Que puede ser emprendedora y desempeñar un trabajo de esos que dicen que solo los hombres pueden hacer, como las ingenierías”, sentencia. E insiste, quiere que quede claro: “Las mujeres también podemos”.

Un día después del terremoto de 7.8 grados en las escala Richter que ha afectado a la costa de Ecuador, diversos equipos de Alianza por la Solidaridad en Colombia y Ecuador se han puesto en marcha para evaluar los daños y apoyar a la población afectada.

A estas alturas ya son 413 las personas fallecidas y 2.658 heridas, aunque el número de víctimas pueden ir incrementando a medida que pasan las horas.

“La situación en Portoviejo es realmente preocupante, ya que se han derrumbado la mayor parte de edificios altos. El número de personas fallecidas y heridas se va a incrementar. También estamos muy preocupados por la situación actual, porque la zona ya había sufrido inundaciones antes del sismo y esto hace la zona más vulnerable aún”, comenta Juan José Vidal, ingeniero de Alianza por la Solidaridad.

Es posible ayudar dicha emergencia humanitaria en estas cuentas para apoyar a la población afectada:

SANTANDER ES87- 0049- 0001 -56 -2010086860

LA CAIXA ES19 -2100- 3945- 69 -0200075407

BBVA ES09- 0182- 2370- 44 -0208516859

TRIODOS ES97-1491-0001-26-1008852822

También es posible enviar un SMS con la palabra ALIANZA al 38014, de ese modo se donan 6 euros que se destinarán directamente a la emergencia de Ecuador.

Alianza por la Solidaridad lleva más de 25 años trabajando con asociaciones de mujeres, campesinos e instituciones públicas ecuatorianas en favor del desarrollo y la igualdad. Los equipos especializados en agua, saneamiento, infraestructuras y derechos de las mujeres están preparándose para valorar los daños.

“Cuando era niño, en los años setenta, era imposible que cruzara desde aquí hasta el otro pueblo de tanta vegetación y animales salvajes que había”. Mamadou Sane, de 50 años, señala lo que queda de todo aquello, unos pocos árboles diseminados, hierba seca y una enorme barranquera que se agranda en cada estación de lluvias y que se ha llevado por delante el viejo puente. Al desaparecer la cubierta vegetal, el agua se va llevando la tierra. “Es un secreto de Polichinella. El bosque de Pata y sus alrededores están amenazados y todos saben que la culpa es de la extracción ilegal de madera. Algunos son senegaleses, pero la mayoría gambianos. Vienen de noche, cortan y se la llevan a Gambia para venderla allí”, asegura Aliou Mballo, animador de la organización FODDE.

La presión que sufre el bosque es enorme. Durante años, esta zona, situada entre Gambia y Senegal, ha sido un lugar atractivo para la apertura de nuevos campos de cacahuete, sobre todo por parte de agricultores venidos de la zona de Saloum, más al norte. Los ganaderos hacen pastar a sus animales en el bosque. Y los árboles se usan de manera intensiva, transformándose en leña para cocinar o en madera para la construcción de viviendas. La protección legal de la que goza el bosque de Pata no impide su lenta destrucción. “Sólo hay un agente gubernamental para una franja de 100 kilómetros. Es imposible que controle todo”, recalca Mballo. El hecho de que esté cerca de la frontera facilita la actividad ilegal.

El proyecto SAGE puesto en marcha por la ONG española Alianza por la Solidaridad en el año 2011 centra parte de sus esfuerzos en tratar de frenar la desaparición de la masa forestal y en la restauración de los espacios degradados. Con el apoyo de FODDE y los comités creados ex profeso entre las distintas comunidades se han seleccionado voluntarios para que se encarguen de la vigilancia del bosque.

Alianza ha repartido 260 bicicletas para que puedan desplazarse y 260 carretillas para el transporte de distinto material, así como botas y bombas de agua. Uno de los problemas más extendidos es el de los incendios forestales, tanto intencionados como accidentales, que se extienden sin control como una plaga fatal. Estos vigilantes son clave tanto en su prevención como en su extinción, para lo que reciben formación.

Cerca de Diabougou hay un vivero. En total se han construido seis, de los que saldrán los plantones que se usen en las campañas de reforestación. Y es que, según Sara Carvajal, técnico de ordenación del territorio de APS, “en esta zona nos hemos centrado en una estrategia de restauración, la masa forestal ha sufrido una degradación enorme, así como el suelo. La presión antrópica es elevada sobre el bosque, uno de los problemas es que hay mucha gente que viene a usar los recursos forestales, tanto de Senegal como de la cercana Gambia, pero también a ocupar tierra cultivable”.

Muebles de bambú, bosques en crisis

A decenas de kilómetros hacia el sur, otra frontera, en este caso la que divide a Senegal con Guinea Bissau. Aquí el bosque no está tan deteriorado como en el norte, pero también es urgente la protección de lo que queda. El recurso más deseado en esta zona es el bambú, que crece de forma natural y que se usa para la construcción de muebles y para el vallado de las propiedades. Esta presión ha provocado que haya prácticamente desaparecido de la parte senegalesa, no así de la guineana, lo que provoca que muchos senegaleses crucen a territorio guineano para cortarlo de manera ilegal, lo que ya ha generado problemas con el servicio de protección de bosques de este país.

Se hace necesario buscar una estrategia de gestión compartida de los espacios forestales en las zonas transfronterizas. Y Alianza lleva tres años trabajando intensamente y en estrecha colaboración con la población y los técnicos locales en un documento, llamado el Plan de Ordenación y Gestión de los Espacios Transfronterizos (PAGET), que pretende ofrecer soluciones consensuadas a todos estos problemas.

Ibrahima Balde es el presidente del comité PAGET de Pirada (Guinea Bissau). “Los senegaleses y nosotros somos hermanos, nos hemos relacionado siempre, incluso hay muchos matrimonios entre personas de un lado y otro de la frontera. Nunca tuvimos un problema grave entre nosotros, siempre lo resolvimos todo con las autoridades locales. Es cierto que hay algunas discusiones relacionadas con la tierra o con el bosque, con el tema de la caña que vienen a cortar, pero con el PAGET tenemos un espacio en el que sentarnos y discutir”, asegura.

El bosque de Cupuda, que se extiende entre ambos países, es un pequeño paraíso natural bien conservado en el que habitan distintas especies de pájaros, hienas, monos, facóqueros, conejos o serpientes, entre otros animales. Sin embargo incluso allí la combinación fatal de las sequías y los incendios forestales provocados para la explotación ilegal de madera están acabando con este oasis. En esta zona, el proyecto SAGE está fomentando la repoblación de distintas especies buenas para la madera, como el pau de sange o la acacia, lo que permite mantener la cobertura forestal pero también un posible aprovechamiento económico.

Además, desde los años ochenta se ha visto un fuerte incremento de las plantaciones de árboles de anacardo, ocupando incluso antiguas zonas de cultivos de subsistencia, debido a la promoción llevada a cabo por el Gobierno de Guinea Bissau de esta especie. La situación empieza a ser preocupante porque empieza a parecerse demasiado a un monocultivo. De hecho, la comercialización de anacardo ya es una de las principales actividades económicas a ambos lados de la frontera. Sin embargo, hay una pega. Según Carvajal, “esta especie deteriora el suelo y se convierte en un problema cuando se planta de manera intensiva. Además en muchos casos han ocupado campos que estaban en su periodo de barbecho, que podían seguir siendo productivos para la agricultura”.

Tanto en la zona de Pata, con el problema de la explotación ilegal de madera para su uso como combustible o su venta en Gambia, como en la zona de Wasadou-Pirada, donde el corte de bambú para ser llevado a Senegal se practica de manera intensa, esta utilización descontrolada del bosque genera problemas intercomunitarios, por lo que se hace necesaria una gestión consensuada. Vigilar es importante, pero no puede ser la única opción. En este marco, el PAGET cobra todo su sentido. “No es que no exploten los recursos, es que lo hagan de una manera ordenada y sobre todo sostenible. Por ejemplo en la zona de Cupuda hay un enorme potencial de explotación forestal, está infravalorizado”, remata Carvajal.

Heriberta Estrada tiene de 78 años y, de ellos, ha tardado 70 en tener agua potable en su pequeña casa de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua. Desde que recuerda, hasta hace apenas unos meses, ha cargado un bidón sobre su cabeza para transportarla desde el río hasta su hogar, lo mismo que siguen haciendo, cada día, sus vecinas de comunidades cercanas. Heriberta y su hija Benemérita ya no gastan así sus fuerzas, pues forman parte de las 3.500 familias nicaragüenses beneficiadas por un proyecto realizado por Alianza por la Solidaridad, en colaboración con su socia Amunorchi, que ha logrado colocar “un grifo” en los hogares más humildes del departamento de Chinandega.

“Nunca pensé que esto podría pasarme, es un sueño: abrir el grifo y mirar cómo cae líquido. No me canso de verlo y de pasar la mano por debajo para darme cuenta de que es real”, reconoce agitando los brazos, mientras una sonrisa ilumina sus ojos. No tener agua en su casa ha supuesto una dura y triste pérdida de tiempo en su vida. Caminatas de kilómetros que le hicieron perder la oportunidad de aprovechar la escuela, dedicarse a su familia o recuperar fuerzas. Son días, meses y años que ha pasado midiendo lo que podía beber para saciar la sed. Siempre escatimando para asearse y no sentirse sucia. Días, meses y años viendo a sus seres queridos enfermar por beber agua contaminada.

Ahora, su cara salpicada de arrugas refleja felicidad y el increíble cambio que ha supuesto la llegada del agua potable a su vivienda, en el municipio de Cinco Pinos, en un distrito donde, sin ser desértico, el 40% de la población no dispone del 'vital líquido', como lo llaman los vecinos.

Es una zona de malas carreteras y con las comunidades aisladas unas de otras. El lugar donde nos encontramos tiene clima tropical seco, con escasas lluvias y un verano muy caluroso. No hay muchos recursos hídricos y estos (ríos, cascadas, quebradas) se secan con facilidad. Además, hay problemas de deforestación porque la gente necesita cortar leña para el consumo y para la ganadería.

El programa de Alianza por la Solidaridad, financiado por el Fondo para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), comenzó en 2012 y finalizará a lo largo de 2015. Gracias a él las familias disponen de agua en casa con solo abrir un grifo y también de letrinas, que se revisten para que no filtren al acuífero. Pasado el tiempo, los residuos de la letrinas quedan transformados en abono orgánico que se utiliza en los cultivos. Los municipios beneficiados son Villanueva, Somotillo, Santo Tomás, San Francisco del Norte, San Juan de Cinco Pinos y San Pedro del Norte.

Derecho Humano al Agua: de calidad y sin mal sabor

En los trabajos, Alianza por la Solidaridad ha empleado mano de obra comunitaria, lo que ha mejorado su formación de cara al futuro. El programa incluye también la reforestación de la zona: los árboles son fundamentales para intentar aplacar los efectos de la sequía y proteger las zonas de recarga hídrica.

Con el trabajo que realiza la ONG española se pone fin a un panorama de mujeres que soportan sobre sus cabezas el peso de bidones de 20 litros de agua; niños y niñas que no iban a la escuela porque debían caminar durante horas para llegar a los ríos y pozos; y familias, que enfermaban porque bebían agua contaminada.

Omar Aguilar, integrante del equipo técnico de Alianza en Nicaragua, explica cómo es el proceso: “Si encontramos un pozo hacemos una prueba de bombeo para ver si tiene capacidad suficiente. Lo reactivamos, lo mejoramos y lo utilizamos. Instalamos una bomba eléctrica y ponemos un tanque de almacenamiento en las viviendas. Las tuberías se colocan donde la familia dice que quiere tener el grifo”.

Eso, en el caso de que el pozo disponga de agua de calidad. Si no, hay que perforar y encontrar una nueva fuente de suministro. “Con el Derecho Humano al Agua nos referimos no solo a llevar el suministro, sino a que éste sea de buena calidad y que no tenga mal sabor”, aclara Aguilar. El equipo técnico de Alianza se encarga además de analizar el líquido en el laboratorio para determinar si es apto para el consumo.

La comunidad de El Cerro es una de las beneficiadas por este proyecto. Ermisenda del Socorro lava ropa en su casa con el grifo al lado. “Antes tenía que caminar horas para llegar a unos lavaderos que hay en el río. Me quitaba mucho tiempo y tenía que volver además con un bidón de agua para otras tareas del hogar. Me dolía el cuello del peso”, cuenta. Iris Ramona Mejía, su vecina, tiene un hijo de siete años, Josué, que sufre una discapacidad. “He notado muchísimo las ventajas de tener el agua en casa para cuidarle. Es de buena calidad y le sienta bien. Antes siempre se ponía enfermo con diarreas y vómitos”, señala. Su marido, José Soriano, es agricultor. No tener que desplazarse a diario a ríos y pozos le deja más tiempo para dedicarse al campo y al trabajo con los animales.

Familias que se turnan para cargar bidones

Estos testimonios contrastan con el de comunidades vecinas que aún no tienen agua potable. El proyecto está pendiente de una segunda fase que permitiría ampliar los beneficios a más vecinos. En El Naranjo, Yariksa, de 12 años, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para ir a recoger agua a un pozo y poder estar de vuelta a las siete para entrar a clase. Su madre explica que toda la familia tiene que turnarse para acarrear bidones. “El rendimiento de un niño que bebe poco agua o de mala calidad es bajo; si además tiene que acarrearla, se nota en su concentración en clase”, advierte Omar Aguilar.

También el pequeño Osmar Aguilera tiene que levantarse bien temprano para ir a lavarse al pozo antes de ir a la escuela. Como él, los vecinos de El Naranjo aún tienen que poner el agua a calentar al sol para tratar de eliminar las bacterias; aún tienen que recoger la que les llega en forma de lluvia y almacenarla para los meses más secos. Por eso esperan con ilusión el día en que por fin puedan tener un grifo en casa y vivir la misma felicidad que hoy refleja la cara de la anciana Heriberta.

Juan Manuel Eguiagaray (Bilbao, 1945) lo ha sido casi todo en la vida pública española. Atacado por el virus de la política desde muy joven, el que fuera ministro en dos Gobiernos de Felipe González y negociador en las conversaciones con ETA en Argel en 1989 ve al presidente Mariano Rajoy “un poco pasivo” para finiquitar definitivamente la página negra del terrorismo.

Eguiagaray, que dirigió el socialismo vasco entre 1985 y 1988, cree que Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias, es un “conjunto de inconsecuencias unidas a un grito de cabreo muy importante”, pero en ningún caso defendería una gran coalición PP-PSOE para evitar la alternancia en España. Ahora preside la ONG Alianza por la Solidaridad.

¿Cómo se ve el mundo desde la atalaya de una ONG?

La crisis nos ha golpeado de una manera tan inmediata, amigos, vecinos, familiares, que da la sensación de que no habíamos pasado por una situación como esta hace mucho tiempo. Pues cuando uno piensa en el mundo del subdesarrollo, de la pobreza y de la falta de esperanza, la verdad es que lo que ocurre en Europa es un horror desde muchos puntos de vista, pero el principal sentimiento y reflexión que me viene a la cabeza es que no podemos olvidarnos de millones de personas que ciertamente hacía ya muchas décadas que no tenían esperanza. Nosotros la hemos perdido ahora y creemos que es temporal, esas personas nunca han tenido nada que se parezca a la esperanza. Lo que me sobrecoge son las desigualdades en el Mundo: nuestra reflexión sobre el mundo en desarrollo gira en torno a la reducción de la pobreza en términos globales, lo cual es verdad, pero las desigualdades no paran de crecer ahí.

Imagino que proyectos como el que os acaba de premiar la ONU para que 600 mujeres en Guinea-Bisaua puedan ser propietarias de la tierra que cultivan ayudan a luchar contra esas desigualdades.

Es un granito de arena, ciertamente, en una inmensa playa. Es muy poco, pero es susceptible de crecer en esperanza y de generar movimiento autosostenido y sostenible. El gran tabú que tocaba vencer allí es que las mujeres pudieran ser propietarias de sus tierras, cosa que no estaba impedido jurídicamente en Guinea-Bisau, pero sí lo impedían la tradición y las costumbres.

Una vez más la maldición de la tradición.

Es que muchas veces las costumbres son mucho más poderosas que las leyes. Es que a veces incluso los hombres les privaban de las tierras que habían cultivado, a veces por el tema de la autonomía que ellas iban a alcanzar. Ellas han ganado autoconsideración y al mismo tiempo es un factor económico y de desarrollo. Es un paso muy esperanzador, pequeño claro, pero que le produce a uno una inmensa sonrisa cuando ve que las mujeres tienen el título, el papel en sus manos que les da el derecho a explotar esas tierras durante más de 90 años. Y tiene que ver con sostenibilidad, medio ambiente y con derechos de las mujeres. Es un pequeño cambio social.

¿Sacar a millones de mujeres de la pobreza, pasa por la cooperación al desarrollo sostenible o por un cambio en las reglas de juego internacional?

No es incompatible. Es obvio que hay que cambiar las reglas de juego a nivel internacional: casi todos los grandes problemas no resueltos tienen que ver con la falta de adecuación de nuestras estructuras de gobierno, de toma de decisiones para problemas globales con este mundo de tribus que es la humanidad: pueblos, familias, razas, países, estados, regiones o de clubes de futbol. Y los problemas medioambientales, de pobreza, la evasión fiscal, etc exigen gobiernos globales, que tengan jurisdicción sobre todos los territorios dónde viven esas pléyades de tribus que componen la raza humana. Esta es la gran reflexión pendiente y el problema en la era de la globalización.: hay que avanzar de manera más decidida hacia niveles de gobernanza global de estos problemas. Y eso hay que complementarlo con los trabajos de la sociedad civil, que se movilizan por causas ciudadanas, de las mujeres de Guinea-Bisau o de Colombia u otro lugar donde haya una lucha por la dignidad humana.

No sé si ha tenido oportunidad de leer un libro muy sencillo pero brutal en sus conclusiones. Me refiero a “10.000 millones”, de Stephen Emmott, quien defiende que hagamos lo que hagamos el resultado es la desaparición de la especie, que el monstruo es la “humanidad desarrollada depredadora”.

He leído algunas reseñas. No participo un poco de esas visiones catastróficas de la humanidad, lo cual está muy lejos de pensar que me parezcan que no tengan fundamento. De hecho, doy la máxima importancia a este tipo de mensajes porque sirven para concienciar a la gente. La especie humana es un conjunto de irracionalidades a la enésima potencia, pero de vez en cuando se producen también movimientos que conducen por acción y reacción a reorientarse en mejores direcciones. Algunas de las profecías sobre el fin del mundo en el pasado, por ejemplo aquella del Club de Roma sobre la sostenibilidad y los límites del crecimiento, pues luego no se han cumplido del todo.

Bueno, Emmot más que profeta es un investigador que, junto a un equipo interdisciplinar, ensaya nuevos métodos para solucionar problemas científicos clave.

Es verdad que ahora toda la preocupación por el cambio climático, que tiene unos fundamentos científicos indiscutibles, es un tema de la máxima importancia y, ciertamente, muchos venimos alertando acerca de que no se están tomando medidas. Lo que está por ver es que nuestro final sea del de los dinosaurios, creo que aun tenemos alguna esperanza y palancas por hacer. La humanidad reacciona tarde y mal, pero reacciona, y algunas cosas estamos en condiciones de hacer para evitar los cataclismos que se anuncian, aunque seguro que teníamos que haberlas hecho hace mucho tiempo.

Lo que no es una predicción es el avance del Yihadismo en el mundo y el problema con el Estado Islámico (ISIS)

Es desconcertante. Las soluciones que, en términos extremos con las que a veces se produce el debate, como es la utilización exclusivamente de las armas y de la guerra como forma de combatir el horror y las matanzas del Estado islámico. U otro enfoque más ingenuo como el que defiende la bondad de las personas, que es lo que nos conducirá a que nos entendamos gentes de culturas y civilizaciones tan distintas. Tenemos un problema muy mal resulto. Creo que no hay una solución única y hay que trabajar a muy largo plazo. Hay que eliminar la frustración de la pobreza y la desesperanza, que siempre es la raíz de casi todos los males. Y en segundo lugar, no podemos aceptar que unos tengan distintos derechos que otros. Hay valores que no son compatibles con la sociedad humana y la civilización, sobre todo los que niegan el derecho al diferente a existir. Y luego combinarlo todo con el derecho a defenderse.

Todo eso es muy lógico, pero mientras tanto las recetas que aplican los Estados en caliente tienden casi siempre a recortar derechos civiles.

Hombre, los gobiernos no pueden dejar de atender esas cosas. Los temas de seguridad son a veces el comienzo de problemas muy, muy serios. Y a veces pretenden vendernos como soluciones lo que no son más que medidas puramente cosméticas. El aumento de la penalización de determinados aspectos delictivos tiene muy poco que ver con la resolución de los problemas o que tenga efectos disuasorios. A la gente desesperada le da igual estar 20 años en la cárcel que 15 o 13. Otra cosa es la mejora de la información o de los mecanismos de prevención. Pero en estos temas, la propaganda y el afán de aparecer como el que hace algo en momentos de desesperación explican algunas medidas que toman los Gobiernos. Ya lo vimos el 11-S en EE UU, y lo hemos visto allá donde se ha producido un atentado serio. A veces los Gobiernos toman medidas aparentes en la lucha contra el yihadismo que con el paso el tiempo se ve que muy pocas han tenido realmente sentido.

Usted que lo ha sido casi todo en la política, líder del PSE, diputado, delegado del Gobierno, ministro… ¿añora la política activa?

¿Que si añoro? (risas). No, añorar no es la palabra. No me puedo ni desinteresar, ni desenganchar de la política. Es importantísima en la vida de la gente, todos somos políticos, ahora que está tan de moda decir que los políticos son todos unos impresentables. Pues yo creo que hay que reivindicar la política, desde las actitudes honestas y con prestigio, claro. Estamos asistiendo a un debate en el que el mal hacer de los partidos tradicionales ha generado un vacío enorme en términos de respuesta a una situación de angustia y de malestar colectivo. Y se ha hecho omnipresente una posición o posiciones en el que, sin el menor afán de coherencia ni de análisis entre las causas y los efectos o los remedios y los objetivos, y amparándose en esta insatisfacción y cabreo generalizado parece abrirse una especie de esperanza innominada en que las cosas serán mejores si nos enfocamos por un mundo que ni siquiera sabemos cuál es. Este debate está ahí y es solo el primer asalto y creo que acabará por racionalizarse.

Aquí ha habido un espasmo colectivo de negación de lo que existía, esto no nos gusta o no nos gusta en los términos en los que existe, creo que el PP y el PSOE han sido muy malos en su capacidad de explicar de dónde veníamos, y donde estábamos. Han preferido mucho más tirarse mutuamente de las orejas en esto y en lo otro que en hacer una explicación valiente y pedagógica de los límites y las posibilidades reales de la acción política. Y hay otros que, por el contrario, con una enorme libertad y también una inmensa dosis de oportunismo simplemente prometen un horizonte incierto lleno de felicidades y de superació de los males pasados si decir ni cómo ni por qué. Este es el panorama, bastante desalentador desde el punto de vista racional. Deberíamos ser capaces de discutir cuáles son los problemas que tenemos, que es lo que queremos alcanzar y cuáles los medios más eficaces para lograrlo.

Deben de haberlo explicado muy mal los dos grandes partidos, PP y PSOE, visto el hartazgo de la ciudadanía. Se habla ya del final del bipartidismo en España

Estoy persuadido de ello, sí. Pero no es de ahora, creo que se vienen explicando muy mal las cosas. La tarea de los gobernantes no es solo prometer mejoras, sino también explicar por qué cuando se hacen las cosas que a la gente no le gustan pues por qué hay que hacerlas. Eso es mejor que la opción alternativa de dejar de hacerlas. Si uno no tiene valor de ponerse delante de las cámaras para explicar lo que la gente no quiere oír al final acaba por ocurrir estas cosas. Falta pedagogía política.

Pues esa pedagogía le tocará hacerla al nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, usted cómo le ve porque la marca PSOE está por los suelos. ¿Le recuerda esto en algo al PASOK en Grecia?

No, cada uno puede hacer las alegorías y comparaciones que quiera. Creo que hay una crisis muy gorda, pero me da la sensación de que estamos en el primer acto de un proceso que está muy lejos de haberse consolidado. Es como cuando uno hace un flan y el flan está tembloroso y no se sostiene. Esto no ha cuajado, no se sabe por dónde van a ir las cosas, falta algún tiempo. Hay tendencias y registros y alguna de ellas se consolidará. Si yo prometo la felicidad a la gente y no le digo cómo y al final tengo que explicar que no he alcanzado la felicidad, igual van a tener un problema antes o después. Hay que pedir un poco de coherencia. Las siglas son importantes, pero también lo es la recomposición de las fuerzas políticas que de verdad puedan servir para resolver los problemas que tiene este país: recuperar la confianza en si mismo y volver otra vez a un mundo de existencia de derechos y garantías, en una situación económica más aseada y no crecer como hasta ahora gracias al ladrillo. No hay una autocrítica colectiva: todos hemos sido responsables.

Hombre, los que gobiernan más, ¿no?

Unos más y otros menos, evidentemente. Los que gobiernan, claro, por definición, tienen más. Lo que está claro es que la economía debe tener unos fundamentos distintos.

Ha hablado de un primer acto; ¿el segundo podría ser una gran coalición entre PP y PSOE?

Espero que no.

Usted no está a favor, entonces.

Para nada, para nada. Cuando un país está a punto de hundirse, entonces cabe que los extremos que han servido para garantizar una cierta alternancia hagan un esfuerzo en común o en temas puntuales. Pero de ahí a eliminar la posibilidad de la alternancia es un disparate. Yo no estoy a favor de un proceso de unión o convergencia entre el PSOE y el PP. Estoy muy en contra, de hecho. Pero, en fin, estas cosas hay que hablarlas con los resultados en la mano.

Por entendernos, que aunque gane Podemos usted no cree que se hunda España.

No sé si Podemos es un desastre, ni sé lo que va a durar. Ahora me parece un conjunto de inconsecuencias unidas a un grito de cabreo muy importante. Cabreo que por cierto yo también comparto en muchas cosas. Pero de ahí me parece que no surge una acción de Gobierno, hoy por hoy.

¿Qué deberían hacer los Gobiernos vasco y central para acelerar la disolución definitiva de ETA, tras más de tres años del fin de la violencia terrorista?

Tengo una cierta reticencia en meterme en un terreno que es afectivamente muy próximo, pero en el que no quiero desde fuera y con una relativa ausencia del País Vasco entrar para evitar que nadie utilice mis palabras.

No me negará que la opinión de una persona que se sentó frente a ETA en las conversaciones que el Gobierno de Felipe González mantuvo en Argel en 1989 siempre es interesante.

De verdad que no creo que pueda aportar mucho. En aquel tiempo las cosas eran bastante distintas. Yo tuve la oportunidad de iniciar una parte de esos procesos que luego han tenido varias etapas y acciones. Pero lo que más satisfacción me produce ya no es esta discusión entre ministerios de Interior o de Prisiones, sino el proceso de la sociedad civil. Lo veo mucho más como un proceso de construir la paz a través de la sociedad civil, que el problema de qué hacer con una gente que tiene que cumplir aun muchos años de cárcel. Hombre si sus decisiones son lo suficientemente firmes, se podrán adoptar después algunas decisiones.

Pero los terroristas siguen sin entregar sus arsenales.

El post de ETA necesita un poco de claridad. Las cosas se han dilatado excesivamente por las reticencias para justificar el retraso en la entrega de armas de ETA, y sería bueno acelerarlo. A la vez, lo importante en la sociedad vasca es el proceso de consolidación de vivir en paz que permite que las personas que han estado enfrentadas desde diferentes sensibilidades puedan encontrar un futuro que les pueda unir y no separar. Que esas sensibilidades puedan entenderse en la construcción de una paz en la que quepamos todos. La sociedad vasca es una sociedad plural y debe encontrar el encaje. Otras cosas suscitan la atención mediática: Por ejemplo, qué pasará con la entrega de las armas o esa comisión de verificadores para el desarme, que me parece una cosa funambulesca. En fin.

¿Y el Gobierno de Mariano Rajoy no puede hacer nada más?

El Gobierno es un poco pasivo dejando que las cosas sigan por su cauce, un poco como lo que hace en otros terrenos, o por desesperación o por aburrimiento. Pero tampoco los más interesados en encontrar una salida parece que dan muchos pasos. Pretender que quienes han sido derrotados, y no me gusta mucho este lenguaje, sean ahora los que exijan a los otros pasos, pues es un poco ridículo. Parece que hay una autojustificación de la falta de movimiento de cada uno, y es un poco triste. Pero el dato fundamental es que esto es muy difícil que tenga marcha atrás.

¿Cómo arreglar este asunto de las puertas giratorias? ¿Hay que abrir un debate serio y sereno sobre la vuelta de los políticos a las tareas privadas?

Soy muy partidario de eso. La regla aquí es convenir reglas claras y convenidas en la plaza pública con luz y taquígrafos. Porque parece en estos momentos que todo es sospechoso y se equiparan situaciones sin rigor que no tienen nada que ver: desde los que se sientan en consejos de Administración sin tener aparentemente ninguna cualificación para ello, hasta personas que han sido especialistas en la materia. O los que tuvieron un pasado privado antes de entrar en política. Es difícil parar esta marea de crítica arrolladora que se asienta además en el malestar general.

Usted que fue sucesor del entonces delegado del Gobierno Julen Elgorriaga, condenado por la guerra sucia contra ETA, y predecesor de José Antonio Aguiriano, entre 1989 y 1991 cuando abandona la delegación, ¿a dónde va usted?

No hice gran cosa.

Se lo pregunto por esa “ley no escrita” según la cual a los que habían estado en la primera línea contra ETA se les recompensaba con un destino y sueldo. Ya sabe, el 'caso Kutxabank', que ha afectado al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces.

Yo no tuve ninguna paga especial, ni tuve ningún problema especial. Podía haber vuelto a la universidad si hubiera dejado la política. Fui elegido miembro de la Ejecutiva del PSOE siendo aun delegado del Gobierno en el País Vasco. Y estando en la Ejecutiva federal, cobré mi salario del partido tras abandonar la delegación del Gobierno y en las primeras elecciones generales fue candidato por Murcia y saqué mi acta de diputado.

La verja se abre y decenas de mujeres, algunas con sus bebés a las espaldas, entran a un pequeño terreno dispuestas a trabajar con sus manos en los cultivos. Algunas se agachan a arrancar con los dedos las hierbas, otras sacan agua del pozo para regar… La escena tiene lugar en Sissaucunda, un pueblo de Guinea Bissau y podría ser una estampa más de la realidad africana, sin más trascendencia, si no fuese porque estas mujeres han protagonizado recientemente un hecho histórico.

Por primera vez en la historia de este país fronterizo con Senegal, estas agricultoras han logrado ser propietarias de la tierra. En Guinea Bissau, como en otros países africanos, las mujeres labran las tierras, las siembran, participan en la recolección… Pero los terrenos pertenecen a los hombres, a sus maridos o padres. Así ocurre también en Tanzania, por ejemplo, donde solo el 1% de las mujeres tiene títulos de tierra legales.

Ahora, las mujeres de Sissaucunda también tienen la documentación que las acredita como dueñas de unos pequeños campos de cultivo, un papel por el que han sudado y luchado en contra de la burocracia. “Hay unas 320 mujeres beneficiadas con cuatro hectáreas en total. Cultivan para consumo propio productos como cebollas, zanahorias, tomates, berenjenas... y también los venden en el mercado”, explica Aua Keita, responsable de la ONG local Aprodel, que en colaboración con Alianza por la Solidaridad ha impulsado este proyecto. Todos estos cultivos son de secano, una época en las que las agricultoras no estaban acostumbradas a trabajar y en la que, tras la época de lluvias, solían estar paradas. “El proceso no fue fácil. Las mujeres tuvieron que convencer a muchas autoridades, tocar a puertas, conseguir papeles; pero han sido persistentes en sus intenciones”, agrega Keita. La intención de Aprodel es extender esta práctica en otras comunidades.

Estamos en Sissaucunda una mañana y las mujeres entonan cánticos y tocan los tambores. En el grupo está Djenabu Djamanca, una de las luchadoras que ha conseguido su trozo de terreno para cultivar. “Ahora voy a ser propietaria de la tierra por 30 años. Voy a poder trabajar yo, y mis hijas, y mis nietas. Eso es un motivo de orgullo”, explica esta mujer, que no recuerda la edad que tiene, pero ahora se ha convertido en una de las alumnas de las clases de alfabetización para adultos que se imparten en el poblado. Djenabu destaca cómo gracias a los nuevos cultivos, la alimentación es más variada y no se basa solo en el arroz. “Yo y el resto de las mujeres nos sentimos más fuertes, tenemos más vitalidad”, cuenta, para resaltar a continuación que lo que ha ocurrido es histórico y un paso más hacia la igualdad en el poblado.

Las mujeres trabajan la tierra de manera tradicional, pero el proyecto en el que colaboran Aprodel y Alianza por la Solidaridad incluye avances como unos paneles solares para poner en marcha un sistema de riego y evitar así el que tengan que acarrear de un lado a otro con los cubos de agua. “Queremos que este proyecto sea sostenible. Hemos incluido también otras mejoras como la fabricación de abono orgánico”, señala Keita.

Todo el proyecto tiene un hilo conductor que le une con otras acciones de las ONG implicadas, que es evitar el acaparamiento de tierras en Guinea Bissau. Esta práctica afecta sobre todo a las mujeres, que son las que finalmente trabajan las tierras y las que se ven expulsadas cuando llega una empresa extranjera y, sin consulta previa, se apropia de los campos de cultivo. Así ha ocurrido por ejemplo con la empresa española Agrogeba, que ha desplazado de sus terrenos a 600 agricultores, en su mayoría mujeres. Por eso, hechos históricos como el ocurrido en Sissaucunda pretenden reforzar el empoderamiento femenino para que pueden defenderse en el caso de que sus derechos sean vulnerados.

Sólo en 2012 se vendieron 1.750 millones de móviles. El ciclo de vida de los productos tecnológicos cada vez es más corto. Mudamos de móvil y de ordenador como de camisa. Las compañías sacan productos nuevos cada año para que cambiemos nuestro equipo, aunque no lo necesitemos. Estos días, en nuestras pantallas, tenemos un caso real de este despropósito. Vodafone acaba de lanzar la campaña 'Nuevo cada año', en la que una chica muy moderna y ecológica, que va a trabajar en bici, alaba el placer que supone estrenar móvil cada año.

Lo que no cuentan en el anuncio, irresponsablemente, es la consecuencia que ese hábito tiene para el planeta.

Cada mes, cientos de miles de piezas de basura electrónica se acumulan en países pobres cargadas con componentes electrónicos que contienen mercurio, plomo, cadmio y otras sustancias tóxicas. Eliminar dichos residuos en Europa o EEUU es muy caro. Como está prohibido exportar basura a los países pobres, la carga llega bajo la “excusa” de donaciones solidarias de material electrónico. Pero la mayoría de esos componentes no funcionan. Enormes cementerios de residuos electrónicos procedentes de los países ricos son creados junto a pantanos, bordes de las carreteras o terraplenes.

En Nigeria, cada mes entran 500 contenedores con material electrónico para ser procesado, pero el 75% de esos elementos están averiados y son apilados en montañas de residuos que se queman a cielo abierto. En muchos casos, los encargados del reciclaje son niños, que se exponen, así, a niveles de contaminación muy elevados. La consecuencia de estos vertederos para el medio ambiente es lamentable, ya que causa cada año miles de refugiados ambientales.

El coltán (un mineral que contienen estos residuos electrónicos) financia guerras encubiertas en países africanos, como la República Democrática del Congo, que tienen graves consecuencias para su población: niños explotados, mujeres violadas, miles de desplazados.

Hasta ahora, son pocos los organismos oficiales que reconocen la figura del refugiado ambiental. Lo que está claro es que la comunidad internacional necesita dotarse de nuevos instrumentos jurídicos para afrontar estos desplazamientos masivos de población que son causados, en muchos de los casos, por la agresiva explotación de la naturaleza que hemos creado los países ricos.

Desde Alianza por la Solidaridad, ONG que trabaja por el desarrollo sostenible junto a estas poblaciones que sufren los “malos hábitos del norte”, le pedimos a Vodafone que reconsidere esta campaña y fomente una compra más responsable de los móviles promoviendo un consumo responsable.

En diciembre de 1996, el Paseo de Castellana de Madrid se llenó de lonas que formaron una acampada para revindicar al Gobierno de entonces (del PP) que incluyese en los presupuestos generales la cesión del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) como ayuda al desarrollo de los países pobres. Miles de personas por todo el territorio español se echaron a la calle a exigir un mundo más justo, y las acampadas se repartieron por todas las ciudades. “Yo tenía 20 años y muchas ganas de cambiar el mundo, estaba indignada, como todos los que decidimos acampar. Funcionábamos de manera asamblearia, sin logos, no importaba de dónde vinieras, importaban las propuestas. El día que llegué a Madrid para pasar unos días en la acampada de la Castellana fue muy emocionante: tantas personas no podíamos estarás equivocadas”, recuerda una activista en cooperación al desarrollo que prefiere queda en el anonimato.

Casi 20 años después, el porcentaje destinado a cooperación se sitúa en un exiguo 0,28% y la movilización ciudadana por la ayuda al desarrollo ha quedado prácticamente desactivada. Las Navidades pasadas, la coordinadora de ONG de España protestó con una acampada simbólica en contra de los recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo y quiso homenajear así a las históricas acampadas por el 0, 7 de los años 90. Pero la acción no fue ni mucho menos masiva, sino simbólica, y entre muchos activistas es habitual que surja el debate de por qué la ciudadanía ha desconectado de las ONG, o por lo menos de las grandes y de sus estructuras.

Pablo Martínez está ahora al frente de Plataforma 2015 y fue impulsor y portavoz de aquellas acampadas del 0,7. “En aquellos años las ONG surgían de grupos de base, de profesores de institutos que buscaban una causa para ayudar, pero con el tiempo las estructuras de las organizaciones se han ido profesionalizando y en un sentido negativo”, afirma Martínez. Esa burocratización de las ONG es lo que las ha ido separando de la masa social, coinciden varios expertos. “El error fue que en la época de vacas gordas, cuando las organizaciones tenían dinero, no buscaron el respaldo de la opinión pública”, señala David Álvarez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Para este docente, esta desconexión ONG-sociedad no es la primera vez que pasa: “Ya ocurrió en 1998, con el llamado espíritu de Porto Alegre, las ONG no supieron conectar con los movimientos sociales y se vieron superadas”.

Carlos Gómez Gil también es profesor, pero de la Universidad de Alicante, y vivió con mucha intensidad aquellas acampadas de los años 90. “Todo de lo que carecía aquel movimiento en su construcción ideológica lo tenía de formidable como movilizador social y generador de simpatías. Se construyó en muy poco tiempo un imaginario social sorprendente: pocos sabían de lo que se trataba, pero la mayoría estaba a favor. Muchas de las personas implicadas en las movilizaciones no conocían a fondo la naturaleza de la política española de cooperación, pero la unanimidad era absoluta en cuanto a la necesidad de alcanzar esa mítica cifra del 0,7% de la que todo el mundo hablaba”, recuerda Gómez Gil.

Pero de ese entusiasmo se pasó, en épocas posteriores, a ONG pendientes de captar más recursos y proyectos que de lanzarse a las calles con la sociedad civil. “La consecuencia de todo ello es que buena parte de las ONG han avanzado sobre bases organizativas muy débiles mientras alimentaban una elevada dependencia económica de las instituciones públicas”, advierte Gómez Gil. Los recortes en cooperación han hecho que vivamos un auténtico fin de ciclo en el “oenegeísmo” en España, que muchas organizaciones no son capaces de comprender. “Creer que los problemas se reducen a una simple cuestión económica, de impagos y reducción de subvenciones, es un profundo error, cuando en realidad el problema pasa por haber generado un modelo organizativo basado en la dependencia institucional, en la dependencia pura y dura, en la sumisión económica y programática”, continúa este profesor universitario.

Hay otro aspecto a tener en cuenta en este último ciclo: la crisis en España ha priorizado las protestas de lo que le pasa a la gente aquí en detrimento de los de fuera, una separación que puede ser muy peligrosa a la hora de alimentar los prejuicios. “Hay que combatir la pobreza independientemente de donde se produzca, porque si no, se impondrá el discurso de que son más importantes nuestros pobres que los de fuera”, advierte Álvarez. En esta línea se expresa también María Sande, de la ONG Alianza por la Solidaridad: “El mayor error que han cometido las organizaciones ha sido presentar las cosas que pasan en el mundo como si en realidad pasaran en lugares diferentes: uno en el Norte, desarrollado, donde disfrutábamos de derechos y de condiciones de vida tan deseables, que había que exportarlos al resto del mundo; y otro en el Sur, en desarrollo, que debía aspirar a algún día llegar a donde estábamos nosotros. Los conceptos que hemos utilizado a la hora de explicar nuestro trabajo, no dejan de ser marcos que vienen de la mano de la caridad, de la intervención puntual, el apoyo a un determinado proyecto... Salvadores y salvados”. “Precisamente una de las frases que más se repetían en las acampadas del 0,7 era ¡No es caridad, es justicia'”, agrega otra activista desde el anonimato. “Estamos intentando cambiar, pero no es fácil porque todavía funcionan los mensajes antiguos de solidaridad indolora y nos seguimos empeñando en separar entre pobreza en los países ricos y pobres, cuando las causas que la generan son las mismas”, agrega Arantxa Freire, también desde Alianza por la Solidaridad.

Precisamente esta organización ha trabajado una propuesta para volver a hacer conexión entre ONG y movimientos sociales. Esta propuesta se basa, por ejemplo, en un artículo que ya en 2008 publicó el Observatorio del Tercer Sector y donde se reclamaba el papel de las organizaciones para luchar contra la crisis y como revulsivo de la ciudadanía. Y aún queda gente con ganas de hacer muchas cosas, como Lidia Ucher, una de las impulsoras de este propuesta de volver a tomar el pulso a la ciudadanía: “Estamos articulando todas estas inquietudes, profesionales y personales, para lanzarse a las calles, conociendo el riesgo y la desconexión que hemos tenido con la gente durante demasiado tiempo”, apunta Ucher.

Porque entre las bases de las ONG hay frustración y descontento al ver que pocas organizaciones participan de manera oficial y con pancartas en las distintas protestas sociales que hay a lo largo del año, algo que se visualiza en la nula presencia de las grandes estructuras en el movimiento 15-M. “El mundo de las ONG en general receló del 15M desde el principio, y también amplios sectores del movimiento recelaron de unas organizaciones institucionalizadas, acríticas y dependientes de las instituciones, algo que básicamente se ha mantenido hasta la actualidad”, señala Gómez Gil. Para Sande, a las ONG les ha faltado “saber hacer saltar la chispa necesaria para prender la llama de esa ilusión del 15-M. Saber explicarle a la gente que su actitud, su comportamiento como ciudadanos, votantes, consumidores, es clave, y puede cambiar la forma en la que nos tratan”, reflexiona esta activista. “Desde las ONG nos hemos centrado en mejorar la vida concreta de personas concretas vía proyectos. Y eso es importante, pero no es lo único que hemos de hacer, si nuestra visión es efectivamente de cambio social. Y el hecho de no plantear, ni siquiera soñar con ello, cuál es ese cambio de sistema necesario, ha sido como ir poniendo tiritas en las hemorragias sin pensar en quitarle el cuchillo al agresor”, añade.

Pablo Martínez, de Plataforma 2015, también es muy crítico con esa apolitización de las grandes ONG. “Esa neutralidad no es eficaz, al contrario, hay que defender políticas públicas porque estas sacarán a la gente de la pobreza. Parece que ahora con el desmantelamiento de la cooperación algunas organizaciones están viendo esa necesidad de repolitizarse si quieren sobrevivir”, apunta.

Pero también hay expertos que quieren defender a pesar de todo la labor de las organizaciones. “Generan muchas filosofías, informes y conocimiento para que haya causas por las que movilizarse. Hay ONG con departamentos de estudios que han generado mucha munición para los movimientos más frescos”, señala David Álvarez. “Amnistía o Greenpeace no han perdido esa frescura y sus ideas entroncan con miles de socios que respaldan sus iniciativas. El problema es que hay muchas que no tienen capacidad de movilización, y eso hay que destacarlo”, agrega. Maite Serrano, directora de la Coordinadora de ONG de España (CONGDE) cree que los problemas a los que se enfrentan las ONG “son problemas globales y eso hace que haya cercanía entre las demandas de la ciudadanía y las organizaciones”. “Nos queda mucho camino por recorrer y somos conscientes de que tenemos que hacer a la gente partícipes más allá de que hagan una donación económica, pero en términos generales sí que generamos simpatía entre la población”, concluye Serrano.