Vivimos en una época en la que la ciencia representa el soporte de numerosos avances y sus resultados han cambiado las sociedades de una forma evidente desde hace dos siglos. Además, la sociedad es consciente de ello. La ciencia y el aprovechamiento de sus resultados se basan en la confianza en los científicos y la forma en la que han obtenido dichos resultados. Se puede estar en desacuerdo sobre una tesis expuesta por un científico en un determinado tema. No obstante, hasta hace pocos años no se dudaba de los datos aportados y que se han obtenido después de un trabajo objetivo y contrastado. Desgraciadamente, ahora se duda de ellos (populismo, negacionismo) y basta un tuit en redes sociales para descalificar el trabajo y las propuestas realizadas.

En España, el apoyo a la ciencia por parte de la sociedad se ha visto sorprendentemente escenificado durante la reciente pandemia. En consecuencia, los sucesos de falta de ética en el ámbito de la ciencia provocan entre los científicos que trabajan por y para beneficio de la sociedad una sensación de desencanto y crean una gran preocupación, que llega hasta la repercusión mediática.

Por esa razón, en el momento de la redacción de la Ley de la Ciencia de 2011, como ya se habían detectado problemas de fraude en instituciones tan prestigiosas como los Institutos Nacionales de la Salud, la ley incorporó un artículo 10 que proponía la creación del Comité Español de Ética (lamentablemente este artículo no tuvo desarrollo reglamentario y es como si no existiese). Por idéntica preocupación, en el segundo Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, que publica la Fundación Alternativas —pronto aparecerá la cuarta edición—, ya se denunciaba que la ciencia estaba “en una encrucijada” y se exponían las trampas que amenazaban al sistema científico y tecnológico (A. Muñoz. van den Eynde y E. Muñoz, julio de 2019).

Es evidente que la gran mayoría de los científicos se comportan de una forma responsable desde el punto de vista ético, pero algunos sucumben a la tentación, bien por motivos monetarios, bien por soberbia intelectual, o por ambos. Ahora hemos sabido que algunos científicos han mantenido una doble dependencia de su institución española, y a la vez de otra saudí, que les pagaba duplicándoles su salario. También se integraban en algunas redes de publicación firmando trabajos en los que no habían participado. Todo ello con objeto de mantener un elevadísimo nivel de publicaciones y conseguir las promociones y reconocimientos que ello conlleva. Este fenómeno no es nuevo; se lleva produciendo desde hace tiempo, como hemos visto.

Las causas de tales comportamientos son variadas. En primer lugar, la presión institucional, que basa sus procesos de promoción en las publicaciones, con un claro predominio de la cantidad sobre la calidad en la mayoría de los casos. Se habla mucho de excelencia, pero muchas veces no se profundiza en lo que dicen estas publicaciones o en lo que aportan, bien de novedad científica o de productos que sean útiles socialmente. Los “rankings de universidades” se basan en publicaciones, número de premios Nobel que han pasado por ellas, etc. Casi todo vale para estar en un buen lugar que atraerá más alumnos, más empresas que busquen proyectos para sus productos, mejores científicos en su profesorado, etc., y así se alimenta la rueda. Curiosamente, las mejores instituciones académicas del mundo (las universidades de Oxford, Harvard, MIT) no están interesadas en la cantidad. En la selección de candidatos, estas universidades les piden que elijan, de entre sus publicaciones, un número reducido de las mismas, las que el candidato considere más representativas de su trabajo, y luego hablan con ellos.

Sin embargo, la ética empezó a quebrarse en el terreno de las publicaciones cuando las grandes editoriales científicas vieron la oportunidad de mercado, buceando en la lucha por el prestigio y el orgullo tanto de las instituciones científicas como de sus investigadores, y facilitaron esta situación de publicitis e impactolatría para usar métricas (distintos índices de valoración, cada vez más criticados por sus sesgos), aumentando así la clientela de científicos que estén interesados en publicar en ellas y que pagan cantidades importantes de dinero por hacerlo.

Se ha degradado lo que era el papel esencial de los antiguos editores científicos, personas de indudable prestigio profesional y reconocida contribución al avance de los conocimientos científicos o técnicos, que decidían tras la revisión de las aportaciones científicas si autorizaban o no su publicación. Ahora, son científicos que no han hecho una gran carrera o que descansan en revisores anónimos, de mucha influencia, lo que limita el arbitraje justo y racional o, lo que es peor, apuestan por la mercadotecnia (vender más y conseguir mejorar las lucrativas ganancias de sus editoriales). En resumen, se han convertido en managers del negocio editorial en muchos casos.

¿Quién sufre con esta situación? Obviamente, los científicos, las instituciones científicas y hasta las sociedades que pagan a quienes trabajan en el campo de la ciencia. La vigilancia institucional ha brillado por su ausencia; como se ha dicho, la Ley de Ciencia española del año 2011 preveía el control ético de la gestión de los resultados de la investigación, y tal control no se ha desarrollado.

Las autoridades académicas han mirado hacia otro lado en algunos casos. ¿Es posible que no le haya chocado a ninguna autoridad académica que alguien de su claustro publique un artículo cada tres días durante un año entero? Hay que darles las gracias a los responsables de la Universidad de Córdoba por decir el típico “hasta aquí hemos llegado”. Esto ha servido para denunciar una situación, todavía limitada, pero que se podría convertir en un gran problema para la comunidad científica en términos de credibilidad.

La profesión de científico solo se sostiene por la calidad y la credibilidad. Un gran científico, Sidney Brenner, un biólogo básico, becario de Francis Crick en Inglaterra en la época del descubrimiento de la estructura del ADN y luego premio Nobel él mismo por sus estudios sobre regulación genética en el gusano C.elegans, obtuvo dicho galardón con un número de publicaciones (menos de cincuenta) con las que hoy tendría problemas para obtener una plaza de titular (el nivel de entrada en la carrera científica) en cualquier universidad u organismo público de investigación en España.

¡Señores!, es la calidad, no la cantidad, lo que mide la eficacia y eficiencia de un científico y, para medirla, lo que hace falta es leer los trabajos y valorar su importancia. No basta con el número, el título de la publicación y comprobar si la revista tiene mayor o menor índice de impacto, porque estas cifras de cálculo lo que miden es la difusión de los trabajos, que depende de prácticas que pueden inducir a comportamientos ausentes de ética, no la calidad de un trabajo. Tenemos que cambiar el enfoque o nos irá mal.

La Universidad de Castilla-La Mancha ampliará su campus de Talavera de la Reina, con la apertura de una nueva Facultad de Ciencias de la Salud, que estará junto al Hospital General Universitario y un área de 9.600 metros cuadrados. En concreto, habrá unas 20 aulas que pemitirá que asistan unos 1.500 estudiantes de manera simultánea a seminarios, clases prácticas o trabajos en grupo.

El Plan Funcional se ha presentado en la localidad e incluye siete laboratorios, para estudios de microbiología, biología molecular, bioquímica, logopedia, cultivo celular y de aplicaciones tecnológicas. Estos espacios están pensados para que los grupos de investigación puedan desarrollar su labor, tal y como explicó la consejera de Educación, Rosana Rodríguez.

Esta nueva facultad también contará con un centro de Atención Policlínico, donde se ofrecerán servicios de podología, enfermería, logopedia y terapia ocupacional. Este recurso tendrá aspectos asistenciales y también docentes, ya que el profesorado podrá tratar a los pacientes y también supervisar al alumnado en prácticas.

La facultad también contará con biblioteca, cafetería, un salón de actos y otro de grados; así como salas de reuniones, despachos y zona destinadas a la administración. La Universidad trabajará con instalaciones fotovoltaicas, iluminación de bajo consumo y una gestión eficiente de agua, según destacó la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Inmaculada Gallego. Gallego recordó que el modus operandi de las universidad es “importante” y que los campus son elementos “clave” en la dinamización de las ciudades, sobre todo en ciudades de tamaño pequeño y mediano.

Por su parte, la consejera de Educación ha señalado que “Talavera en estos últimos cuatro años ha pasado de ser una Talavera en blanco y negro a ser una Talavera a todo color”. Emiliano García-Page, por su parte, destacó que con la construcción de este campus se “dobla” la universidad y con perspectiva de crecimiento a futuro. Además, aseguró “si la Aneca nos responde de una vez” habrá un nuevo máster oficial “pionero en el Estado español”, en el que va a vincular la dirección de empresas con las TIC, “con lo cual necesitaremos más espacio para ese máster que va a ser un éxito”.

La trayectoria investigadora de Francisco Acosta tuvo su germen en la historia política institucional –su tesis versó sobre el Senado-, y derivó años después en el análisis de la democracia española, sus fracasos y problemas. De ahí, su interés pasó a las culturas políticas de las clases populares y los procesos de democratización, donde el republicanismo se convirtió en uno de sus grandes ejes de investigación y, con ello, su historia, la II República, la Guerra Civil y el Franquismo, con su recuperación ahora a través de la Memoria Histórica.

Acosta, desde sus líneas de investigación centradas en la Historia Política de España y de Andalucía y Procesos de Democratización y de Politización Social, certifica cómo su tarea investigadora no ofrece por lo general grandes obstáculos en cuanto a acceso a fuentes, información y archivos, hasta que se topa con lo relacionado con la Memoria Histórica y ahí sí, asegura, hay “dificultades en el acceso a material que tiene que ver con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército…”.

Con el tiempo, el estudio del republicanismo ha sufrido un cambio de perspectiva en los últimos años. Se ha pasado de analizar cuestiones meramente institucionales –los partidos republicanos, el voto republicano, la II República, la estructura institucional, el sistema político, etc- a incorporar “nuevas miradas” que se centran en “el republicanismo como cultura política, un concepto mucho más amplio que la acción política, más amplio que la acción institucional pura”, explica.

Ahí, precisa, juega un papel fundamental el interés de la sociedad por este tema. Si en los primeros años del posfranquismo hubo un despegue de investigaciones ceñidas al ámbito más institucional del republicanismo, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que ese interés se ha renovado: “El interés sigue vigente, sigue habiendo una gran demanda social, incluso renovada, reactivada en el contexto de toda la cuestión memorialista. Ha habido un reverdecimiento de los estudios, de la demanda social, sobre el republicanismo, la República, la II República, la Guerra Civil que supone la quiebra de la República y el franquismo posterior”.

Esa demanda social, de conocimiento, viene de la mano del movimiento memorialista, asegura Acosta, donde la sociedad civil ha llegado mucho más allá de lo que muchos pensaban que podía llegar. “El gran impulso del proceso de exhumaciones y de recuperación de la memoria histórica ha tenido un protagonismo fundamentalmente civil. Pero esta cuestión no es posible abordarla de manera eficiente si no es el Estado el que se ocupa de esto. La sociedad civil no tiene medios”.

“¿Qué democracia puede soportar esto?”

Pero ahí está uno de los grandes obstáculos que Acosta ve para que se resuelva el asunto memorialista: “El Estado tiene que acometer esa tarea, tiene que comprometerse a eso. Hasta ahora no lo ha hecho. Sorprendentemente, después de 40 años de democracia, el Estado se ha inhibido de esta cuestión”. “Es una situación llamativa, los hechos sucedieron hace 80 años, llevamos 40 años de democracia. La democracia actual está estructurada sobre una tierra llena de muertos sin identidad. ¿Qué democracia puede soportar eso? Las llamadas de los organismos internacionales son recurrentes…. Esto, en América, en países de África, en Camboya….se está abordando. Hay políticas públicas, hay un compromiso de Estado en esta cuestión, en abordar y resolver esa cuestión”, compara.

Esa realidad en España es la que le hace ser “escéptico” en cuanto al resultado que realmente vayan a tener instrumentos como la Ley de Memoria. “Tengo cierto escepticismo aunque me gustaría confiar en que sea una herramienta útil para la finalidad que se propone, que es la de reparar a las víctimas, que todavía existen, no solo a los enterrados sin identidad sino a los familiares, que están vivos y están en nuestro entorno, a nuestro alrededor”.

“Entiendo que la Ley –la nacional y la andaluza- son instrumentos que pueden resultar útiles. Los procesos, aparte de los más simbólicos y que tienen menos alcance, tipo renominación de las calles y desaparición de simbología… Esto hay que hacerlo porque es necesario, pero realmente el gran desafío es la dignificación de los represaliados. Eso es extraordinariamente complejo desde el punto de vista técnico pero para mí ese no es el problema: el problema es la voluntad política y de medios. Eso solo es posible desde el Estado”, señala.

Porque entiende que la historia reciente ha demostrado que no hay esa voluntad política. “Hay un sector de los partidos de Gobierno en España que no están interesados en resolver esta cuestión. Es decir, no hay un consenso básico en torno a la necesidad de resolver esto”. “La cuestión de la memoria histórica en España a día de hoy tiene dos requisitos para poder resolverse: voluntad política, que equivale a decir voluntad económica y , después, que no parece que este tema pueda resolverse si la gestión del Gobierno recae sobre opciones de derechas. Porque hasta hora, no entiendo bien por qué, la derecha no ha demostrado voluntad, ni vocación ni interés por abordar esta cuestión. A día de hoy, ojalá cambiara, parece ser que una de las opciones reales de Gobierno, el centroderecha, no está interesada en ello”.

Esta parte de la historia, reciente aún y por ello precisamente en la memoria de quienes hoy reclaman su resolución, topa con lo que el historiador denomina las “interpretaciones presentistas”, es decir, revisar la historia según el presente. Y eso “está muy focalizado en todo lo que tiene que ver con la memoria histórica y todo lo que tiene que ver con la reinterpretación o la revisión no académica (revisión académica no se ha vuelto a producir)”.

“Lo que sí se ha vuelto a producir es una reevaluación en el plano de la opinión pública de la historia del siglo XX en España. Y de la cuestión central de la Guerra, del trauma de la Guerra, de la República y del franquismo. Eso sigue en el contexto de la memoria histórica, de qué hacer con el franquismo, las políticas públicas de la memoria, la necesidad de reparación, de dignificación, la necesidad en definitiva de cerrar desde el punto de vista social y público… Pero la controversia es evidente, está sin cerrar. A diferencia de otros países, este tipo de traumas colectivos se han resuelto de una manera bastante diferente. Es una cuestión abierta en términos de opinión pública, incluso en términos jurídicos”.

La democracia “siempre tiene las entrañas abiertas”

Y esa cuestión, dentro de la actividad investigadora e historiadora de Francisco Acosta, enlaza con otro gran tema de actualidad: “Hay otra cuestión muy candente hoy en día que también tiene un vínculo con nuestros estudios: el problema de la democracia, la crisis de la democracia y las amenazas del sistema democrático que están ya sobre la mesa”.

Acosta cree que, actualmente, “la preocupación principal es la amenaza al sistema democrático representativo. Empieza a ser muy evidente y empieza a haber síntomas bastante claros de que estamos en un nivel donde la amenaza potencial empieza a tomar cuerpo. Hay indicios muy preocupantes de que nos encaminamos a una situación incierta, con muchos interrogantes y potencialmente inquietante. Podíamos citar ejemplos: Hungría, Polonia, Italia que es el corazón de la Unión Europea y una potencia dentro de la UE donde está gobernando una opción muy cercana a la extrema derecha. Lo de Trump, lo del Brexit ya ha quedado en una anécdota, lo de Brasil...”, analiza.

Aquí el papel de la Historia y la investigación histórica vuelve a servir para tenerlo en cuenta de cara al futuro. “Desde un punto de vista análisis histórico del siglo pasado, cuando la democracia se tambalea, los augurios no han deparado nada bueno. La democracia es un régimen muy frágil porque siempre es perfectible y porque siempre está abierto de par en par, siempre tiene las entrañas abiertas, los enemigos están aceptados y forman parte del propio sistema, de la pluralidad”, reflexiona el historiador. “En ese sentido, siempre es una víctima propiciatoria rápida”.

Entonces, cabría suponer que, visto el pasado, la sociedad debería ver lo que puede venir. Pero Francisco Acosta advierte: “Lo vemos venir, pero el problema es que las herramientas para afrontarlo no dependen solo del conocimiento, de la experiencia pasada…Eso ayuda, la educación ayuda….pero el miedo muchas veces es más poderoso que todo eso. El miedo, la incertidumbre, la demagogia son también enemigos poderosos”.

El debate abierto de un tiempo a esta parte en la sociedad española sobre la gestación subrogada o los vientres de alquiler –según quien se refiera a ello- se ha puesto sobre la mesa este lunes en Córdoba para ahondar en el conocimiento de los factores que intervienen en esta realidad. Para “aumentar el saber y la comprensión sobre el tema”, en palabras del director del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba que organizaba un encuentro para confrontar posiciones a favor y en contra de este tipo de práctica.

Ante el atril, dos expertos juristas para dar precisamente argumentos legales en uno y otro sentido sobre la gestación subrogada, una práctica que no está legalmente reconocida en España pese a que su fruto, los niños y niñas gestados por una tercera persona, sí se inscriben con la filiación de los padres cuyas células reproductoras se han unido. De hecho, los contratos de gestación por sustitución son nulos en España.

“La gestación subrogada es un derecho y una explotación, según cómo y dónde”, afirma Miguel González, confundador de Universal Surrogacy Agency, un bufete de abogados radicado en Málaga y especializado en la maternidad subrogada. Él defiende este tipo de maternidad como “un derecho siempre y cuando se regule aportando todas las garantías” para los intervinientes en el proceso. Y como ejemplo pone el de estados de EEUU como California donde “este debate ya está superado” y esa práctica es legal desde hace 30 años frente a países como India donde, admite, “se producen barbaridades” en una gestación sin ningún tipo de protección llegando a ser “una obligación y un servicio a la familia”.

Sin plantear el debate moral que la maternidad subrogada abre en nuestro país, este experto sitúa en el desarrollo de una ley garantista la conformidad para que la gestación subrogada se abra paso. Ya sea con una contraprestación económica como en EEUU o Ucrania –“se presta un servicio y tiene un precio”- o bien se realice de manera “altruista” como en Canadá, Reino Unido o Portugal, cita.

Y plantea la gestación subrogada como “lo único que les queda” a las personas que quieren tener hijos, que no pueden por medios naturales y la vía de la adopción –“larga y muy complicada”- no les da resultado.

“El cuerpo humano está fuera del comercio”

Enfrente, la legalidad vigente en España que no permite la maternidad subrogada y los argumentos que ligan esta práctica a la comercialización del cuerpo de la mujer como mero objeto. “Son contratos de mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres”, apunta Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional y firme defensor del feminismo que, para empezar, pone de relieve precisamente que sean dos hombres quienes estén debatiendo sobre la maternidad subrogada.

Más allá de la ley que declara nulo los contratos por gestación subrogada, pese a que desde 2004 sí se puedan inscribir en España como hijos los niños gestados con esta práctica en otros países, los argumentos jurídicos recogen también conceptos ligados al debate moral. “La dignidad en su sentido constitucional, que le da contenido jurídico a tratar a la persona no como un medio sino como un fin”, no como objeto que sirve para la reproducción sino como persona. Y se alude también a “la moral” concepto jurídico: cuando el Código Civil señala que los contratos con causa ilícita no suponen efecto alguno cuando sean “contrarios a la ley o a la moral”, entendida como los valores que regulan el modelo de convivencia.

Por encima de la ley estatal, este experto recuerda que las propias normas del Derecho Internacional establecen que “el cuerpo humano está fuera del comercio de los hombres”,  como se ve en ejemplos como la donación de órganos o la propia adopción de niños, para no convertir al ser humano en un “objeto de lucro”, como es el caso de los pagos que se realizan en la gestación subrogada en varios países.

“Y si regulamos la gestación subrogada, ¿obtendremos mayor garantía de la mujer para disponer de su cuerpo o estaremos regulando su mercantilización?”, deja en el aire de este debate que parece tener un recorrido aún muy largo.

“Es el rostro de la precariedad, del empobrecimiento”. Esta definición la realiza el profesor de EtnoCórdoba -el departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad de Córdoba-, José María Manjavacas, que ha liderado un estudio sobre las familias que ocupan viviendas vacías de entidades bancarias en la capital cordobesa. El informe, desarrollado con técnicas propias del estudio antropológico, ofrece una radiografía de la realidad de la ocupación de viviendas, sobre la que hasta ahora no se tenían datos exactos. “Las familias nos abrieron los inmuebles vacíos de bancos que han convertido en viviendas”, apunta.

Y los datos hablan de esa precariedad con la que el profesor define esta realidad. La muestra del estudio se ha realizado con 60 familias que han ocupado una vivienda vacía de un banco, una muestra que se calcula puede ser el 10% del total de familias que se encuentran en una situación de “riesgo habitacional grave” en la ciudad y son “potenciales” ocupas de viviendas vacías.

Empobrecidos

El estudio señala los perfiles sociodemográficos de las unidades familiares afectadas: 165 personas -101 adultos y 64 menores-, de los cuales 87 son hombres y 78 mujeres. A partir de ahí, los datos económicos muestran el empobrecimiento como principal característica: el 94,2% no tienen empleo, el 23% no cuenta con ningún ingreso y otro 43% cuenta con menos de 500 euros al mes para la familia. Sólo el 10% dice tener ingresos de entre 800 y 1.000 euros mensuales.

El profesor encargado del estudio advierte sobre los rasgos de la pobreza de estas personas: “Hay quienes ya venían de la exclusión y su situación se agravó con la crisis pero también nos encontramos con quienes antes tenían una integración social normal, con un empleo o un negocio y su pérdida les ha llevado de manera acelerada a esta situación”.

“Son familias para las que es absolutamente inviable acceder a una vivienda en el mercado de venta o alquiler”, dice para definir a estas personas que sufren “crisis habitacional severa” y que “han optado por una acción que puede ser tipificada como delito. Imagínense qué les ha empujado a hacerlo”, explica Manjavacas para señalar que el estudio –encargado por Ganemos Córdoba- busca conocer la realidad para “no criminalizar” a quienes, sin otra solución, optan por buscar techo en una vivienda de una entidad bancaria.

Proceso judicial abierto

De hecho, los datos del estudio muestran cómo el 55% de estos casos tienen un proceso judicial abierto por la ocupación de la vivienda y 6,6% tiene incluso ya fecha de lanzamiento. El resto se encuentra en negociaciones con los bancos para lograr una dación en pago –una quinta parte son familias que han ocupado su propia vivienda después de un desahucio- o un alquiler social para seguir en el piso de la entidad.

Y, entre esas entidades bancarias, cuatro sobresalen del resto por tener la mayoría de los pisos vacíos que han sido ocupados: Banco Santander, Banco Popular, Cajasur y La Caixa copan el 82% de las viviendas.

El estudio de la Universidad de Córdoba recoge también el plano humano de estas familias, que entran en la mayoría de los casos en “viviendas muy deterioradas” por el abandono de los bancos y donde encuentran la “solidaridad, comprensión y ayuda de los vecinos”, para adecentarlas y amueblarlas, logrando el objetivo de “una buena integración en el entorno”, dice el profesor Manjavacas. Testimonios de las familias recogidos en el informe hablan de esa ayuda, frente al sufrimiento que conlleva esa situación y al señalamiento como “ocupas” que reciben en ocasiones, como los menores en sus colegios.

Casos tratados por la Oficina Municipal de la Vivienda

La realidad que ahora ha sido estudiada científicamente asomaba ya en las cifras que maneja la Oficina Municipal de la Vivienda de Córdoba, un organismo que atiende a las personas con diversa problemática en el ámbito de la vivienda. Según la memoria de este centro, en un solo año acudieron a él 101 familias por casos de ocupación de viviendas vacías de bancos, una quinta parte del total de 510 expedientes que abrieron en ese tiempo.

De los casos de ocupación, 19 concluyeron positivamente tras una concesión económica, concesión de piso en alquiler social, mejora económica de la familia o traslado de ciudad; 13 se cerraron ante la falta de colaboración de la entidad y otros 8 al producirse el desahucio, traslado de domicilio o estar fuera de las competencias de la Oficina Municipal de la Vivienda.

Cabe recordar que este organismo municipal inició conversaciones con las principales entidades bancarias en la ciudad para firmar un convenio que pusiera a disposición de las familias en exclusión los pisos vacíos por un alquiler social, además de mediar en casos de ejecución hipotecaria y desahucios. Con Cajasur, se firmó un acuerdo sobre 49 viviendas y con La Caixa se lograron 14 viviendas a disposición de la oficina municipal.

Como en muchas citas de pareja, hubo quien se retrasó. Como en alguna que otra primera cita, hubo quien dio un plantón y dejó con cara de circunstancias a quien esperaba. Y como en las speed dating –citas rápidas- hubo quien conectó desde el primer momento. Diez parejas citadas en una cafetería para conocerse y conversar, cada cinco minutos, unos con otros. Pero las citas no eran sentimentales sino científicas: citas de diez ciudadanos con diez investigadores de la Universidad de Córdoba con el objetivo de enamorarse de la ciencia.

Esta ha sido la original manera que ha tenido la Unidad de Cultura Científica de la universidad de poner en contacto a la gente de la calle con sus investigadores, una Cita con la Ciencia para difundir su tarea profesional en un cara a cara donde la curiosidad de unos y los conocimientos de otros dan lugar a auténticos flechazos por la ciencia.

Diez mesas ocupadas en una cafetería a media tarde, un café o refresco para tomar entre conversaciones y un reloj que cada cinco minutos marca el cambio de pareja. Al final de cada cita, los científicos puntúan en secreto la curiosidad y las ganas de saber de sus acompañantes, y éstos hacen lo propio con los conocimientos y las formas de explicar su labor de los investigadores. El resultado: la pareja con más conexión de la velada, entre quienes más capacidad de comunicación, interés y sentido crítico hayan mostrado.

Y si en una primera cita normal encontrar tema de conversación puede que conlleve sus dificultades, ese obstáculo ya estaba salvado de entrada en estos particulares encuentros. Porque aquí, mesa a mesa, se pudieron escuchar charlas sobre Genética, Ingeniería Hidráulica, Estudios Árabes e Islámicos, Producción Vegetal, Psicología, Química Orgánica, Biotecnología de las Plantas, Biología Celular o Ingeniería Química,  cada una de las especialidades de los investigadores de la Universidad.

Conversaciones que, a preguntas de cada curioso ciudadano, bajaban del laboratorio a la calle para conocer la aplicación práctica de esas materias. Conocimientos convertidos en utilidades a ojos de los ciudadanos que acuden a estas citas para aprender y movidos por la curiosidad de tratar cara a cara con los científicos, en lo que se convierten en unas pequeñas masterclass particulares y donde más de uno se sorprende de la labor de su cita.

Porque al final, en cada una de esos encuentros se habla de avances en la detección del cáncer, del poder del agua y cómo corre bajo la ciudad, de amor en un poema árabe del siglo XIII o de cómo analizar con sentido crítico los discursos de los políticos. Y sí, también y como no podía ser de otra manera en una primera cita, de las relaciones de pareja. Lecciones de ciencia para enamorar.

Poner nuestro granito de arena para evitar que los restos arqueológicos se conviertan en eso, en arena. Y, a cambio, participar en rutas, talleres, conferencias y acciones encaminadas a la protección de los restos arqueológicos. Con ese objetivo, para fomentar y desarrollar la investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, la Universidad de Córdoba (UCO) ha puesto en marcha un programa de mecenazgo con el fin de implicar directamente a los ciudadanos en la conservación de ese patrimonio.

Se trata de explotar “la implicación directa y activa de la ciudadanía, que se convierte así en agente determinante y principal beneficiaria” del programa ‘Arqueología Somos Todos’ de la UCO, nacido con el fin de “reintegrar a la sociedad lo que en última instancia le pertenece: su patrimonio arqueológico”, a través de actividades para la difusión y protección de los restos históricos.

Cualquier persona, colectivo o empresa puede contribuir con su aportación económica desde los 10 hasta los 500 euros a esta iniciativa y pasar a ser, según la nomenclatura establecida por el programa- ‘colaborador’, ‘amigo’, ‘mecenas’ o ‘padrino’ del patrimonio arqueológico cordobés. En función de su aportación, los ‘colaboradores’ serán aquellas personas físicas interesadas en realizar alguna actividad aislada o esporádica dentro del proyecto de mecenazgo y que llevarlas a cabo contribuya con 10 euros.

A partir de ahí, los ‘amigos’ de oro, plata y bronce según su aportación sea de 200, 50 o 30 euros al año verán reintegrada su donación con el acceso a múltiples actividades y beneficios del programa ‘Arqueología Somos Todos’, que van desde la gratuidad en sus visitas, reservas en conferencias y actos, descuentos en establecimientos asociados y bonificaciones en viajes arqueológicos, cursos y publicaciones.

La escala sube el poder inversor entre los 150 y los 500 euros para los que serán considerados ‘mecenas’ del proyecto, como asociaciones, colectivos, pequeño y mediano comercio, fundaciones, empresas y otras instituciones. Y se reservará el título de ‘padrino’ del patrimonio arqueológico cordobés a los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, que podrán disfrutar de actividades didácticas, principalmente, talleres y rutas por una aportación desde 150 euros.

Potencial de desarrollo para el futuro

Con este mapa amplio de representación de la población que puede convertirse en ‘conservador’ del patrimonio arqueológico de Córdoba y su provincia, los promotores de la iniciativa pretenden conseguir que la arqueología “camine más allá de los círculos estrictamente académicos y, sin perder jamás esa referencia, ni abandonar la investigación, conectar con el ciudadano de a pie, con los jóvenes y también con las redes turísticas”, explican.

“Córdoba y su provincia atesoran un enorme potencial, un registro arqueológico milenario de primera magnitud que ha de ser valorado en su justa medida: no como un obstáculo, sino como un legado irremplazable que es a la vez privilegio, seña de identidad y recurso de futuro. Y para eso es determinante la educación, nuestro principal reto” para salvaguardar los valores de protección del patrimonio arqueológico que persiguen con la implicación directa de la ciudadanía.

Una implicación que deje ver al ciudadano de a pie y a quienes conforman el tejido asociativo, educativo y empresarial de la ciudad y su provincia que los restos arqueológicos son una oportunidad de desarrollo: “La convivencia entre pasado y presente, lejos de ser una utopía, es, como defendemos desde ”Arqueología somos todos“, algo viable e imprescindible para convertir a Córdoba y su provincia en un referente patrimonial, un laboratorio de innovación y un yacimiento de empleo de primer orden”, defienden.

Un grupo de estudiantes de instituto, amigos entre sí, tienen entre ceja y ceja a una compañera del mismo centro. Solamente por su forma de vestir, su manera de ser o su físico queda relegada del grupo, excluida de su dinámica también a través de las nuevas tecnologías que ahora interrelacionan a los jóvenes: no la incluyen o la eliminan del grupo de Whatsapp del que el resto forma parte, no le dan a Me Gusta en su Facebook ni en las fotos que sube en Instagram y en sus redes sociales realizan todo tipo de comentarios sobre ella. Lo que para muchos empieza siendo una broma con la chica como diana y que otros aprovechan para excluirla y agredirla, hace que ésta acabe acosada por el grupo.

Hasta ahora, en las últimas décadas, el trabajo contra el acoso y el ciberacoso se ha centrado en concienciar a la víctima de que estaba siendo objeto de esas prácticas para que lo denunciara. Pero nunca se había puesto el foco en los agresores, en los chavales que consciente o inconscientemente la agredían con sus burlas y su exclusión. Ahora, el programa ConRed desarrollado por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla ha puesto a los agresores frente al espejo y han conseguido que empaticen con las víctimas. El resultado: las agresiones se han reducido en un 15%.

“Hemos demostrado que es posible cambiar el rol” de estos jóvenes, explica a eldiario.es/andalucia el investigador y profesor José Antonio Casas, que ha llevado hasta las aulas de tres institutos cordobeses y 875 alumnos de entre 11 y 19 años este programa experimental. “Algunas de las agresiones comienzan con una broma, ridiculizan al otro, realizan comentarios sobre su físico o su vestimenta…Y eso es aprovechado por otras personas para excluir y acosar a ese joven”, explica. Cuando los estudiantes se han visto delante de su propio comportamiento, “había chicos que reclamaban la atención del resto y les decían: no está bien lo que estamos haciendo”, relata sobre los testimonios de los estudiantes inmersos en el programa.

La contribución del silencio

Así, se trata de llegar “hasta las personas más sensibles del grupo y conseguíamos que empatizaran con quienes sufrían las burlas y el acoso hasta que se producía el cambio de comportamiento”. Ese perfil de los jóvenes más sensibles, de quienes se unen a las bromas y comentarios sin ser conscientes del todo del daño que provocan, es el objetivo de este programa que ha puesto el foco en ellos para que abandonen esas prácticas. Porque, de otro lado, “difícilmente va a cambiar una persona si lo que tiene es intención de hacer daño”, reconoce el investigador.

Este programa pionero –desarrollado por el Departamento de Psicología de ambas universidades- ha puesto el foco también en la contribución del silencio para que se produzca el acoso. “Existe una ley del silencio muy marcada. Nadie dice, nadie comenta, nadie denuncia lo que ve. Hemos trabajado para darle la vuelta a eso” también entre los jóvenes. Porque sí existe y sí lo ven.

Ven –según relatan los testimonios del estudio- cómo se da como la práctica más habitual los casos de exclusión del grupo, cómo se realizan montajes y retoque en fotografías de las víctimas y se hacen circular por las redes sociales, cómo se hace correr un rumor sobre ellas y, en concreto sobre chicas jóvenes, cómo sus exnovios difunden por internet fotografías tomadas en la intimidad de la pareja. Junto a ello, también son testigos de los casos más serios: insultos y amenazas diarias enviadas al Whatsapp o a sus redes sociales.

A los 11, crece el ciberacoso

Porque el programa ha demostrado que, a partir de los 11 o 12 años, mengua el acoso físico, como los golpes o las peleas, mientras que se incrementa el ciberacoso, al ser precisamente la edad en el que se produce la incorporación de los estudiantes a los medios sociales.

Según los datos ofrecidos por el Departamento de Psicología de la UCO, un 12,7 por ciento de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato tiene actualmente algún papel en el ciberacoso. El 4,7 por ciento corresponde a agresores, mientras que el 5,1 por ciento es víctima de estas actitudes. El 2,9 por ciento tiene un doble papel: asume en algún momento el de ciberacosador o el de perjudicado.

Y dentro de la comunidad educativa, el programa también ha apuntado hacia el profesorado, que ha sido objeto de charlas dentro de este estudio experimental. “Los profesores demandan formación y herramientas porque se ven poco capacitados para actuar ante estos problemas”, refleja el estudio, que expone un alto interés por parte de los docentes y, a la vez, escaso conocimiento de las redes sociales.

Uso correcto de las redes sociales

Además de tratar el ciberacoso, el programa ConRed forma a los estudiantes en el uso de sus redes sociales y les hacen ver lo vulnerables que pueden ser si no ponen cuidado en su manejo. “La cara les cambia. Sienten pánico y verdadero llanto”, dice el profesor Casas sobre las reacciones de los jóvenes “cuando ven cómo sus datos personales, sus fotografías, pueden llegar donde ni se imaginan”.

A priori, “ellos te dicen que nunca les va a pasar nada y tienen una percepción de absoluto control sobre lo que hacen en redes sociales. Cuando les enseñas la realidad a la que se exponen, les cambia la cara”, reitera. Tratan de enseñarles un uso responsable de las redes sociales como una nueva forma de interrelacionarse y los mismos jóvenes lo agradecen después e incluso piden que esa formación “se les dé a los más pequeños que ellos, a alumnos de 6ºde Primaria que empiezan a utilizar las redes”.

Un tarea formativa que debe llegar hasta las familias, a las que se les ha ofrecido también alguna charla “porque es necesario que en casa se siga el uso correcto de las redes sociales” por parte de los padres y madres sobre los jóvenes.

Una mañana cualquiera, usted puede sentarse a tomar un café en una terraza de Córdoba y descubrir que, tras su silla, en lo que era el muro enladrillado de un local vacío, aparece ahora la imagen de Hipatia de Alejandría, filósofa y maestra griega que destacó en las matemáticas y la astronomía, cabeza de la Escuela neoplatónica de Alejandría en el siglo V. ¿La conocía? 

Pues como ella, en seis muros deslucidos en otros tantos puntos de la ciudad, la Universidad de Córdoba (UCO) ha llevado a cabo el proyecto ‘Ciencia Clandestina’ que, a través de grafitis, han pintado a  varios científicos e investigadores de peso a lo largo de la historia que no lograron, sin embargo, el mismo reconocimiento que otros personajes.

Se trata así de acercar a los ciudadanos la historia de la ciencia y los científicos que protagonizaron importantes hitos, utilizando el arte del grafiti en dibujos llamativos que representan la actividad de cada científico o investigador, junto a una pequeña leyenda explicativa de sus logros. 

Además de Hipatia de Alejandría, cualquier persona que pasee por Córdoba podrá acercarse en los muros de un instituto de enseñanza secundaria a conocer a Ibn Firnás, el precursor de la aeronáutica, científico y químico andalusí que vivió en Al-Andalus durante el Emirato Omeya; o saber quién fue Rosalind Franklin, química y cristalógrafa inglesa autora de importantes contribuciones a la comprensión del ADN, los virus, el carbón y el grafito.

En otra pared en desuso espera Alfred Russel Wallace, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico que contrapuso su propia teoría de la evolución a la de Charles Darwin. O se puede conocer  a través de su grafiti a Jocelyn Bell, astrofísica norirlandesa que descubrió la primera radioseñal de un púlsar –fuente de radiación electromagnética-; al igual que a Jorge Francisco Tello, científico español discípulo de Ramón y Cajal que colaboró en sus investigaciones desde 1902.

Esta suerte de exposición pictórica alternativa está ejecutada por la noche por un grafitero local cuyos colores y trazos llaman la atención por sí solos, objetivo de este proyecto que pretende que quien lo vea se detenga a conocer de cerca a los personajes que jalonaron parte de la historia de la ciencia y la investigación mundial.

Y es que esta curiosa iniciativa, puesta en marcha por la  Unidad de Cultura Científica de la UCO e incluida dentro del II Plan Anual de Divulgación, “trata de reconocer a científicos que, a pesar de haber realizado una aportación esencial a la historia de la ciencia, por diferentes motivos, no contaron con el mismo reconocimiento que sus coetáneos”, aseguran sus promotores. Plasmar, en definitiva, mediante un arte ‘clandestino’ como se considera el grafiti urbano a seis investigadores que, de alguna manera, también fueron clandestinos en sus vidas como científicos.

Las matemáticas pueden enseñarse con números de circo. Los juegos malabares pueden servir para desarrollar técnicas pedagógicas. El sentido del ritmo se puede ejercitar a través de la música circense y el equilibrismo ayudar a la concentración del profesor. Son ejemplos de los contenidos que los alumnos de la Universidad de Córdoba pueden aprender a a partir de ahora en Circuni, la Escuela de Circo en la Universidad que acaba de echar a andar en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Los futuros maestros y maestras –aunque también está abierto a cualquier otro estudiante de la Universidad cordobesa- van a tener la oportunidad de aprender técnicas del mundo del circo para utilizarlas luego como herramientas pedagógicas en las aulas. Sus profesores son payasos profesionales, los Hermanos Moreno –Pepe Ciclo y Güili-, que llevan décadas como profesionales del circo y ahora, son los docentes de estos universitarios.

Se abre así una iniciativa pionera en el mundo universitario donde, de momento, ya hay una cuarentena de alumnos que han comenzado los talleres de Circuni a primeros de este mes de marzo y desarrollarán su aprendizaje hasta finales de mayo. “Nuestro planteamiento es darle a los alumnos herramientas pedagógicas que como profesorado puedan aplicar luego en las aulas”, explica Pepe Ciclo, uno de los docentes, a eldiario.es/andalucia.

“Se trata de poder desarrollar una educación diferente, más lúdica para los pequeños, donde las técnicas del circo van a servirles tanto a nivel cognitivo como motriz y como elemento socializador”. Y así, los estudiantes universitarios van a aprender “cómo desarrollar desde el punto de vista pedagógico” los juegos malabares y con el diábolo, el equilibro a través de monociclos y zancos, juegos aéreos y acrobacias.

“Todo eso va a servir para buscar un ámbito cooperativo y socializador entre los estudiantes”, algo que pueden utilizar como herramienta de trabajo estos futuros maestros. “Desde el juego, todas estas enseñanzas se pueden aplicar a diferentes aspectos en un aula, desde las matemáticas al sentido del ritmo o las propias técnicas pedagógicas”, señala este payaso docente.

Unión de artes escénicas y actividad física

El circo se postula así como una herramienta de aprendizaje para futuros docentes, a partir de lo que los profesionales denominan “circo nuevo”, una tendencia en la que más allá de “la imagen del circo tradicional que la mayoría tenemos en mente como un arte que pasa de padres a hijos”, ahora se reúnen diferentes artes escénicas como la música, la danza o el teatro con el mundo de la actividad física -gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, etc-, formando un todo“. 

Y es con esta última tendencia circense con la que “se abren las puertas al mundo educativo”. Pepe Ciclo explica que “a nosotros nos interesa la inserción del circo en la escuela dentro de la educación física”, como una forma de unificar diferentes bloques de contenidos en una sola unidad didáctica que aúne las habilidades motrices, la expresión corporal, juegos, deportes, ocio y recreo. 

Es algo novedoso en la Universidad en nuestro país pero no en nuestro entorno. “Aquí en muchos ámbitos se entiende el circo como algo de segundo lugar dentro de la cultura y no se le da la relevancia que sí tiene en otros países como en Francia o Alemania donde hay carreras y diplomaturas universitarias”, explica Pepe Ciclo.

Su empeño, ahora, es conseguir que en los talleres de esta Escuela de Circo en la Universidad de Córdoba se desarrolle “una enseñanza integrada y global” a través de los números circenses que “suponen un desarrollo personal para el alumno en todos los ámbitos: afectivo, social, motor y cognitivo” pues, en opinión de este profesional, “no se trata solo de aprender diferentes técnicas, sino que además este aprendizaje supone una mejora en diferentes aspectos personales como la expresión corporal, el trabajo de la cooperación, el desarrollo de la creatividad, la mejora de la autosuperación, la constancia en las diferentes tareas, el conocimiento del propio cuerpo y la mejora de la autoestima”.

Y es que a partir de ahora, en la Universidad de Córdoba, pelotas, mazas, diábolos, platos chinos, monociclos, zancos, los payasos o la globoflexia han dejado la carpa del circo para sacarle el máximo partido en las aulas.

Tener un lugar propio para ensayar y una sala donde tocar ante el público. Es el sueño de muchos jóvenes que se inician en el mundo de la música, impulsados por sus ganas de desarrollar su talento y que muchas veces choca con el muro de las dificultades y la realidad. Para echar abajo ese muro, la Universidad de Córdoba ha creado un espacio propio donde dar cabida al talento musical y a la vocación de los jóvenes que desarrollan sus capacidades haciendo sus primeros pinitos en la música urbana.

Con ese objetivo, nació UCO Urban Music,  un programa universitario para el fomento de la música urbana en Córdoba donde intérpretes y grupos no profesionales son sus protagonistas. Once formaciones acaban de ser seleccionadas -por un jurado compuesto por profesionales de la música- para desarrollar su talento en este programa entre febrero y junio.

La suma de estas once formaciones seleccionadas representa la gran variedad de estilos musicales que el programa universitario quiere abarcar, donde tienen cabida desde el rock al indie, la música de autor, la electrónica, el rap, la percusión o la música experimental, con jóvenes protagonistas que inician sus primeros pasos. Ellos ya tienen su nombre de guerra y ahora, bajo el sello universitario, quieren mostrarse ante el público: ‘The Cabots’ y ‘Ciudad Standard’ son las formaciones de rock, ‘Sulto’ del ámbito de la música electrónica, ‘Los Frescos de Altamira’, ‘Vu-Busted’, ‘Galo’ y ‘Art&Soul’ desarrollan el hip-hop, ‘Sintaxis 52-13’ aporta el sonido más indie, la faceta experimental la representa ‘Bear, The Storyteller’, la percusión con ritmos afrobrasileños es cosa de ‘Tambolé’ y, entre todos estos grupos, también hay lugar para la canción de autor con Álvaro Guerrero.

Todos ellos han pasado la criba de la selección y, ahora, acaban de ponerse manos a la obra en los primeros pasos de su tarea. A su alcance, la Universidad pone la Sala Medea –un espacio del ‘Colegio Mayor Séneca’- que se convertirá en su segunda casa, donde podrán realizar sus ensayos y ofrecer conciertos.

Ese es uno de los grandes logros que persiguen estos jóvenes, que anhelan tocar su música ante el público y que acaban de tener sus primeros contactos entre ellos y con el lugar que les verá crecer como músicos, un espacio en el que también recibirán formación para aprender a gestionar una sala de conciertos y elaborar su programación.

Proyección del talento musical

El objetivo de los organizadores de UCO Urban Music pasa por que todos estos jóvenes se integren “en la tarea creativa que afrontan a partir de ahora”, como es “impulsar su creación musical, incrementar su formación y proyectar su actividad” hacia el público.

Esos son los ejes sobre los que organizarán las acciones, “organizados bajo un modelo de participación cultural colectiva que les permite gestionar la Sala Medea, definir su programación y desarrollar actividades relacionadas con la cultura musical contemporánea”, señalan.

Y asimismo, los intérpretes y grupos seleccionados por la Universidad para cultivar la música urbana en Córdoba tienen a su alcance “un banco de recursos musicales”, donde además de la propia sala, cuentan instrumental y equipos de sonido, dos aulas para ensayos y una para talleres formativos, así como con un plan de formación con encuentros y clases magistrales a cargo de profesionales de la música.

La ilusión, tampoco les falta. En su primer día de trabajo conjunto, además de conocer los recursos con los que van a contar en UCO Urban Music, los jóvenes músicos han trabajado en la organización para compartir entre todos el espacio y el tiempo del que disponen. Teoría y práctica se complementarán en su formación y, muy pronto, el gusanillo de la música que llevan dentro empezará a sonar con los primeros ensayos en la Sala Medea.

De este modo, el portal incluye en este momento:

Información institucional y organizativa (misión y visión de la UCO, Plan Estratégico, normativa, estructura organizativa, estructura operativa, rankings, agenda, contacto).

Oferta y demanda académica (oferta de títulos, solicitudes de matrículas demandadas, porcentaje y evolución de la demanda).

Investigación, Innovación y Transferencia (Plan Propio de Investigación, recursos humanos, participación y financiación externa, grupos de investigación, memoria de actividades de la OTRI).

Resultados de satisfacción (clientes, PAS, Sistemas de Garantía de Calidad de Títulos, actividad docente).

Contratos, convenios y subvenciones.

Información Económica y presupuestaria (presupuesto anual y liquidación del presupuesto).

Personal y oferta pública (PDI, PAS, oferta pública, compatibilidades).

Estudiantes (becas y ayudas, Portal de Información al Estudiante, datos de empleabilidad, representación y comunicación, datos estadísticos).

La Universidad de Córdoba (UCO) ha elaborado un informe de más de 250 folios que avala la constitucionalidad de la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía pero suspendida en muchos de sus artículos por el recurso presentado en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación. Un resumen de este estudio, llevado a cabo por el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la UCO, se ha presentado este jueves en el Parlamento de Andalucía, para dar a conocer a los diputados el resultado de varios meses de trabajo de los estudiantes guiados por el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez en su empeño por “demostrar con argumentos jurídicos, y no sólo con económicos como ha hecho el Gobierno de España, que la ley es plenamente constitucional”.

“Entendemos que no deben confundirse los conceptos de propiedad sobre un inmueble con el concepto de vivienda como bien jurídico y derecho humano. Y consideramos que el derecho ligado íntimamente a la vivienda es el de posesión, no necesariamente el de propiedad. En consecuencia, estimamos que la vivienda que no se encuentre poseída se degrada a un mero inmueble contraviniendo su función social”, ha resumido el docente para acompañar luego a los universitarios en las explicaciones que han ofrecido a los representantes de los distintos grupos parlamentarios y a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, sobre sus conclusiones.

La veintena de estudiantes que se han desplazado hasta el Parlamento de Andalucía han ido exponiendo las áreas en las que han trabajado para fundamentar el resultado punto por punto. Jorge Bernetti, como portavoz del grupo de turno de mañana que se ha centrado en la también conocida como ley antidesahucios, ha apuntado que durante meses han estudiado “diferentes legislaciones tanto internacioanles como nacionales y autonómicas”, así como sentencias del propio TC, para llegar a “la conclusión de que, desde el punto de vista jurídico, es totalmente constitucional” la norma que auspició la Consejería de Fomento y Vivienda. Como precedente más claro en este sentido, ponen el caso de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía donde se consiguió que primara la función social de la tierra por encima de la propiedad.

Cabe recordar que el cuestionamiento del recurso propugnado por Mariano Rajoy no es una cosa puntual de la Junta de Andalucía o de la UCO. De hecho, el recurso salió adelante con siete votos a favor y cuatro en contra. Es decir, cuatro magistrados expresaron con voto particular sus dudas sobre la idoneidad de admitir a trámite esta impugnación sin ni siquiera pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Paralelamente, el grupo ha entregado el resultado de otro trabajo, basado en una propuesta de modificación del artículo 704 del Código de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan suspender órdenes de desahucio por razones humanitarias. Como portavoz de este grupo ha hablado la estudiante Inmaculada López, quien ha deseado que la propuesta pueda ser estudiada en el Congreso de los Diputados -dado que la ley compete al Gobierno de la Nación- porque paliaría gran parte del drama. “Si una ley orgánica se puede hacer en un día, ¿por qué no esta modificación fácilmente asumible?”, se ha preguntado.

La consejera, por su parte, ha agradecido estos estudios “nacidos de la inteligencia colectiva” y de la implicación de los universitarios con los problemas de los ciudadanos. Ha dicho que su consejería “estudiará a fondo” sendos trabajos porque el objetivo último “es defender el derecho humano a la vivienda”, frente a una cruda realidad que se ha visto en 2013 con un aumento de los desahucios, “lo que muestra el fracaso de la ley que aprobó el Gobierno de la Nación”.

Este laboratorio (Premio Aula Abierta 2013) es un proyecto de innovación docente y divulgación científica que se dio a conocer cuando presentó 11 medidas de reforma admitidas a trámite en el Congreso de los Diputados. Se había creado apenas unos meses antes a raíz de la trágica noticia de una persona que se quemó a lo bonzo en Málaga cuando iba a ser desahuciada. Desde entonces ha divulgado sus soluciones y la necesidad de compromiso social desde el mundo universitario.