Juan (nombre supuesto) perdió una oreja en un accidente de trabajo. Lo habitual en España es elegir entre un catálogo de unos diez modelos de prótesis. En su caso, la mutua le costeó un implante prácticamente igual al de la oreja que le quedaba, diseñado con tecnología e impresora 3D, al que le añadieron marcas y manchas basadas en antiguas fotografías para lograr más verosimilitud. Este es uno de los ejemplos del trabajo de Exovite, una empresa zaragozana de 14 trabajadores, la mayoría ingenieros, que se dedica, sobre todo, a la innovación tecnológica en herramientas y procedimientos médicos.

Aseguran que con su software para planificar operaciones con tecnología 3D reducen el tiempo en quirófano entre un 60 y un 70%, lo que redunda en beneficio del paciente y de los costes. También fabrican férulas ergonómicas para rehabilitar roturas de huesos o tratar enfermedades degenerativas como la artrosis. “Sin la ayuda europea habríamos sido mucho más lentos, o incluso lo habríamos dejado. Los inversores nos pedían demasiado retorno de ganancias y el hardware de salud es un área muy complicada”, explica Juan Monzón, el consejero delegado.

Su empresa, que obtuvo en 2016 un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y avales para ampliarlo hasta los 300.000 euros en Ibercaja, representa el caso español en la feria que ha organizado la Comisión Europea en Bruselas con ejemplos de compañías y cooperativas beneficiadas por el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI en sus siglas en inglés), más conocido como Plan Juncker. Junto a Exovite, una cadena de panaderías estonas que nacieron en la pequeña isla de Muhu, un proyecto de viviendas asequibles en la ciudad polaca de Poznan o una empresa austriaca de energía renovable. 

Este plan ha regado de millones la Unión Europea y España desde 2015, según asegura la Comisión. En concreto, ha movilizado 315.000 millones hasta mediados de este año en toda la UE. En España se han aprobado préstamos hasta el momento por valor de 7.700 millones de euros, de los que se espera que generen inversiones por valor de 39.300 millones. En términos de PIB, España se sitúa como el octavo país más beneficiado por el plan, de entre los 28 estados miembros de la Unión Europea. Los tres primeros son Grecia, Estonia y Lituania. 

El plan ofrece avales con cargo al presupuesto europeo para proyectos en los Estados miembros con el fin de ayudarles a atraer también inversión privada. Funciona en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para canalizar la financiación a través de intermediarios nacionales.

El pasado julio la Comisión decidió ampliar su funcionamiento hasta 2020, con el objetivo de lograr inversiones por medio billón de euros. Calculan que ya han conseguido elevar un 0,6% el PIB europeo y que al final del programa habrá crecido un 1,3%. Hasta ahora se han creado 750.000 puestos de trabajo en toda Europa y creen que llegarán a los 1,4 millones. 

Muchos de de los destinatarios en España han sido pymes como la zaragozana Exovite (según cálculos de la CE más de 100.000 pequeñas y medianas empresas españolas han podido acabar beneficiándose del plan en alguna de sus facetas). Pero, como recuerdan los que critican aspectos del proyecto, también se han beneficiado compañías mucho menos necesitadas de ayudas para obtener liquidez como BBVA, Santander, Bankia, Grífols, Acciona o El Corte Inglés. Los grandes almacenes, por ejemplo, recibieron financiación por 232 millones para su transformación digital en 2016.

Por su parte, el fallido almacén de gas Castor fue uno de los primeros proyectos que se financiaron en España. “Los proyectos elegibles como inversiones estratégicas son muy cuestionables”, señala el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. Miguel Urbán, de Podemos, afirma que este plan “puso en evidencia el lado más oscuro de los proyectos público-privado” y “asignó a los contribuyentes españoles una deuda ilegítima que pretenden que se pague con las facturas de gas”.

Un plan para la economía europea en horas bajas

El plan fue lanzado en plena crisis para dar brío a una economía europea en horas bajas usando dinero público, pero sobre todo promoviendo la inversión privada. La Comisión organiza viajes a Bruselas con prensa de los países beneficiados para dar publicidad a esta política y explicar sus logros. En esta ocasión, griegos, españoles, búlgaros o italianos, aunque también de otros países como Dinamarca. 

El programa de trabajo: un encuentro con responsables del diseño de estos programas, entre ellos el comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, y una visita a una pequeña feria en la que se exhiben algunas empresas y cooperativas seleccionadas para explicar cómo les ayudó el macroplan de inversiones impulsado por el todavía presidente de la Comisión Europea. El año que viene se celebran elecciones europeas, y de la composición de la Eurocámara dependerá, en principio, quien sucede al frente de la Comisión a Juncker, del PPE, que ya ha dicho que no se presentará.

Según el comisario Katainen, el Plan de Inversión para Europa “ha funcionado relativamente bien en España gracias a un banco de promoción nacional (el ICO) muy capaz y que funciona bien”. Asimismo, el ex primer ministro finlandés señala que los bancos privados españoles “han sido muy activos” en el uso del Fondo. “Animaría a España a difundir la palabra sobre cómo utilizar el EFSI en las regiones”, afirmó Katainen. 

Fallos de diseño y en los proyectos elegidos 

El eurodiputado Ernest Urtasun admite que el EFSI supuso “un cambio de orientación en las políticas económicas de la UE, que pasaron de centrarse estrictamente en la austeridad y en las reformas estructurales, a introducir un tercer elemento, las inversiones”. 

Sin embargo, hace varias críticas: “El plan fue ideado para movilizar capital privado hacía una lista de proyectos que se suponen de valor añadido. Diferentes informes, como los de Ernst&Young o el Tribunal de Cuentas Europeos, han cuestionado que se haya movilizado dinero hacía nuevos proyectos, sino que lo que habría sucedido en muchos casos es que proyectos que ya tenían financiación y se hubieran llevado a cabo igualmente hayan contado con un apoyo público excepcional”.

En cuanto a las inversiones estratégicas, advierte de que pueden ser “muy cuestionables”, ya que, destaca, “aquellos que hacen la economía europea más dependiente de las energías fósiles siguen siendo elegibles”. “Hemos visto como se han financiado gaseoductos o grandes autopistas, cosa que nos aleja tanto de la modernización de nuestra economía como de los objetivos climáticos. Incluso en la nueva herramienta InvestEU, que será la heredera del EFSI, no queda claro si los combustibles fósiles serán excluidos”.

Miguel Urbán va más allá: “este plan ha alimentado la economía especulativa al atraer capital privado con dinero público del presupuesto de la UE para garantizar préstamos de alto riesgo por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Luego, si algo sale mal el BEI socializa las pérdidas, mientras que los beneficios siempre van al sector privado”. A su juicio, “no solo se debe terminar con el plan y realizarse una auditoría integral y pública, sino incluso estudiar acciones legales contra la Comisión Europea de Juncker y las empresas y que devuelvan el dinero público en caso que se pueda demostrar fraude, sobrecostes o malversación”.

El president de la Generalitat se ha reunido en Bruselas con el comisario europeo de Finanzas, Pierre Moscovici

El jefe del Consell confía en que el Corredor Mediterráneo sea una de las "grandes prioridades" de los presupuestos del Estado para 2017

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles tras su reunión con el comisario europeo de Finanzas, Pierre Moscovici, que “dar un impulso más” al plan de inversiones de la Unión Europea (UE), el llamado “Plan Juncker”, es fundamental para los valencianos.

“Hay una necesidad de salir de la atonía en la que vive UE y para eso se necesita un impulso, y en este sentido estamos de acuerdo con el comisario”, destacó Puig en declaraciones a Efe.

El presidente valenciano le transmitió al comisario que “no es suficiente” lo que hasta ahora se ha planteado en cuestión de inversiones y que es necesario “ir mucho más allá” porque, según afirmó, la austeridad “ha sido un fracaso”. “La austeridad ha tenido consecuencias como las desigualdades profundas y la fractura social que existe en estos momentos”, ha asegurado.

Además de la reunión con Moscovici, que Puig definió “de alto valor político”, la agenda del president de la Generalitat incluye su participación en el pleno del Comité de las Regiones y una reunión con el presidente del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Gianni Pitella.

Corredor Mediterráneo, una prioridad

El jefe del Consell confía en que el Corredor Mediterráneo figure como una de las “grandes prioridades” de los próximos presupuestos generales del Estado y ha criticado la discriminación de la que ha sido objeto la Comunitat Valenciana en los últimos años. “Exigimos que el Corredor mediterráneo figure como una de las grandes prioridades de los nuevos presupuestos”, ha dicho Puig.

Así, confía que los próximos presupuestos “marquen un cambio de tendencia” respecto a los últimos años de la anterior legislatura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los que opinó que se produjo “una profunda discriminación de los intereses objetivos de la Comunitat Valenciana”.

En el marco de esos presupuestos destacó “una gran infraestructura europea que es fundamental, que es el Corredor Mediterráneo”.

Puig y el presidente de la Govern catalán, Carles Puigdemont, ya exigieron el pasado septiembre en un encuentro en Valencia que el Corredor Mediterráneo figure en la agenda principal de las infraestructuras europeas.

Según dijeron entonces, el trazado del Corredor Mediterráneo concentra el 44 % el PIB de España, el 50 % de las exportaciones e importaciones, y el 47 % de las empresas, así como grandes infraestructuras portuarias, que generan el 78 % de todo el tránsito de mercancías de Estado y el 82 % del movimiento de contenedores.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha afirmado que el Plan de Inversiones para Europa (conocido también como Plan Juncker) es una “palanca” de generación de empleo y desarrollo sostenible de la que Canarias “no puede quedar al margen”.

Así lo ha manifestado este martes en el acto inaugural de una Jornada sobre el Plan de Inversiones para Europa, que se propone movilizar al menos 315.000 millones de euros en inversiones privadas y públicas a lo largo de tres años.

En su alocución, Fernando Clavijo resaltó la buena predisposición del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) puedan presentar proyectos a este plan fijando un diálogo directo con estos territorios.

El presidente señaló que las RUP tienen singularidades propias que exigen proyectos que puedan contribuir al desarrollo del continente y en los que se apueste por políticas que permitan, en el caso de Canarias, dinamizar las inversiones y la economía.

Para llevar adelante ese fondo, Clavijo considera que hace falta un proyecto propio y un diálogo continuo entre instituciones que, dijo, permitirá dar a conocer las realidades de Canarias y del resto de las RUP e implementar acciones específicas y adaptadas a esa realidad.

El Plan Juncker es un proyecto conjunto de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones que surge a raíz de los problemas de crecimiento, las altas tasas de desempleo y la disminución de las inversiones que sigue habiendo en la UE pese a la recuperación económica.

Jürgen Föching, director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, indicó que la tasa normal de inversiones en Europa es un 20-21% del PIB; sin embargo, en 2013 la inversión en la UE fue un 15% más baja que durante el periodo precrisis, una caída que en algunos Estados Miembros alcanza el 60%.

Las razones de esta caída de la inversión se debe a la falta de capacidad para asumir riesgos, la baja confianza del inversor, la fragmentación de los mercados financieros, la falta de capital que canalice la inversión, la falta de confianza del Euro y el alto endeudamiento.

Para recuperar el nivel de inversiones precrisis se ha ideado el Plan Juncker, un proyecto cuyo fin es mejorar el entorno empresarial, aumentar la transparencia para promotores y empresarios y crear un fondo de 21.000 millones para asumir las pérdidas de esa cartera de proyectos para que los inversores se atrevan a invertir en los tramos más seguros de proyectos.

A través de este plan se pretende movilizar más de 300.000 millones en inversiones privadas para la puesta en marcha de proyectos que tengan valor añadido, que tengan retorno y sentido económicamente. Estos proyectos se pueden presentar directamente a Bruselas sin tener que pasar antes por los filtros de los gobiernos nacionales.

El Plan de Inversiones para Europa cuenta con tres pilares: movilizar financiación para la inversión, hacer que la financiación llegue a la economía real y mejorar el marco de inversión. Además, cuenta con una agenda económica para eliminar las barreras a la inversión.

Para ello, se pretende eliminar las regulaciones sectoriales específicas que dificultan las inversiones, impulsar medidas en el financiero como la creación de una unión de mercados de capitales para ofrecer una mayor aportación a las pymes, una normativa mejor y más previsible.

Al mismo tiempo, se busca aprovechar al máximo el mercado único (unión de la energía, mercado único digital, unión de los mercados de capitales, mercado de servicios) y llevar a cabo reformas estructurales en los Estados Miembros.

El Plan contempla un centro de asesoramiento al que se pueden dirigir todos aquellos promotores que estén implicados en la gestión de proyectos. También existe un portal europeo de proyectos de inversión con el objetivo de ser un puente entre las oportunidades de inversión de la UE y los posibles inversores.

Con EE UU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamando a la recuperación de la economía europea, y con Grecia incapaz de levantar cabeza sin que ello ocurra, el plan de inversiones presentado por Jean Claude Juncker en 2015 ha pasado de ser un programa financiado con bonos a una iniciativa financiada por el sector privado con unos criterios aún por definir. 

Esta propuesta del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) anula la posibilidad de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y su institución hermana, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), puedan emitir bonos que no computan como deuda nacional y canalizar las plusvalías de fondos de pensiones y fondos soberanos hacia programas de inversión con criterios amplios aprobados por los gobiernos.

La propuesta de FEIE parte de un análisis correcto del ministro de Finanzas polaco, Mateusz Szczurek, sobre la necesidad de financiar con bonos la recuperación europea. Pero también se apoya en la percepción errónea de que el FEI, creado por Jacques Delors en 1994, no puede cumplir esa misión, cuando en realidad nació precisamente para guiar dicha recuperación y compensar la deuda deflacionaria y las condiciones de déficit de Maastricht. 

A diferencia de la propuesta inicial de Szczurek, el FEIE no se financia con bonos, sino que tiene forma de Iniciativa Financiera Privada (PFI, en sus siglas en inglés). Las PFI son fórmulas conocidas por buscar garantías públicas y porque acaban costando más que la financiación pública, como ocurrió en su día con la privatización de British Rail (la compañía británica de ferrocarriles).

Además, un FEIE ya ha sido rechazado por la Corte Europea de Auditores por carecer de fundamento legal para ofrecer garantías en la cofinanciación privada. También fue impugnado por el Parlamento Europeo con el argumento de que no sólo no aportaba dinero fresco, sino que proponía reciclar fondos europeos de investigación, aunque posteriormente, de forma equivocada, fue aprobado. 

DESAFÍOS LEGALES

Hay una propuesta para que las aportaciones de los Estados miembros de la Unión al FEIE no cuenten como deuda pública y, por tanto, no contravengan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero se da la circunstancia de que tanto los bonos del FEI como los del BEI no se contabilizan como deuda pública, estos últimos desde 1958. 

Los bonos del FEI también pueden cofinanciar inversiones del BEI reutilizando plusvalías de los bancos centrales y los fondos soberanos. Estos bonos fueron parte de los objetivos fundacionales del FEI y se equipararon a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que no cuentan como deuda de los estados, aunque sin la necesidad de tener un federalismo fiscal, ya que los proyectos del BEI se financian con los beneficios que ellos mismos generan y con los impuestos recaudados por los Estados miembros.

En efecto, el Proyecto FEIE depende de la financiación privada, que no está garantizada cuando la confianza es baja, y es vulnerable a desafíos legales. Los bonos del BEI son financiados principalmente por los bancos centrales, aproximadamente una tercera parte por fondos de pensiones Triple A y con inversiones de fondos soberanos. 

Por tanto, no necesitamos una nueva institución dentro del Grupo BEI para financiar la recuperación europea que Jean Claude Juncker subrayó como gran prioridad cuando buscaba el apoyo a su presidencia de la Comisión en el Parlamento Europeo en julio del año pasado. 

Además, financiar inversiones siempre implica condicionalidad. Para el BEI, la principal condición ha sido siempre la viabilidad de los proyectos que cofinancia. Pero la propuesta de FEIE también incluye condiciones para que las inversiones puedan garantizarse, incluyendo reformas estructurales; es decir: el debilitamiento de los derechos sociales y laborales con el argumento de que éstos frenan la creación de empleo, la productividad y la innovación.

Esas reformas que preconiza Alemania desde el estallido de la crisis de la zona euro han tenido efectos muy negativos en la inversión, el empleo y los intercambios comerciales, por no hablar de Grecia. El FMI ha reconocido recientemente, en sus Perspectivas de la Economía Mundial del mes de abril, que no hay pruebas de que la protección de esos derechos frene la creación de puestos de trabajo, la productividad o la innovación.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El plan del FEIE también incluye la creación de un grupo de hasta ocho expertos a tiempo parcial con la misión de fijar los criterios  para los proyectos de inversión. Es innecesario. El Grupo BEI tiene en plantilla cientos de expertos con décadas de experiencia en evaluación de proyectos. Así lo reafirmamos el ex presidente del BEI Philippe Maystadt y yo en marzo pasado ante las comisiones de Presupuestos y de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Tampoco se necesitan nuevos criterios de inversión. En 1994, el Consejo Europeo de Essen los fijó para las comunicaciones y el transporte transeuropeo, y pueden ser válidos para financiar la deseada red europea de banda ancha. El Programa de Acción Especial de Amsterdam de 1997 recibió el apoyo del BEI para invertir en sanidad, educación, regeneración urbana, tecnologías verdes y financiación de pequeñas y medianas empresas. 

Estos criterios cubren un amplio abanico de potenciales proyectos de inversión. La regeneración urbana puede incluir la rehabilitación de edificios, la construcción de nuevos edificios, nuevos medios de transporte como tranvías y metro, así como redes de suministro de electricidad, gas y agua, con el consiguiente beneficio de las empresas privadas de construcción e ingeniería. La inversión en sanidad puede significar la renovación o ampliación de hospitales y centros de salud. En la educación sucede lo mismo con las escuelas, los centros de formación profesional o las universidades.

Todo ello tiene una ventaja adicional que debería ser reconocida por el Gobierno británico: desviar inversiones en estas áreas desde los presupuestos nacionales hacia el BEI o hacia la financiación conjunta BEI-FEI que no cuente como deuda nacional puede liberar recursos fiscales necesarios para reducir la deuda o financiar un mayor gasto social, o para las dos cosas.

El plan FEIE tampoco tiene dimensiones globales, a pesar de que la recuperación europea es vital para la economía mundial. En concreto, es incapaz de poner de manifiesto que una recuperación financiada con bonos puede reciclar plusvalías globales, lo cual es perfectamente factible. 

Los BRICS, reunidos en Washington el 25 de septiembre del año pasado, dejaron claro que invertirán en eurobonos si estos se utilizan para financiar la recuperación europea. Europa debe aceptar la oferta y demostrar que puede agregar valor a lo que los gobiernos nacionales no podrían conseguir de otro modo, lo cual también modificaría los términos de referencia de un referéndum sobre el Brexit en Reino Unido.

*Stuart Holland fue miembro del Parlamento británico por el Partido Laborista y consejero del ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors.  

[Este artículo ha sido publicado en el número de mayo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Tras la Jornada sobre el Plan Juncker que se celebró el pasado día 21 de abril en Toledo, a la que asistió la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y representantes de toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha, merece la pena detenerse un momento y reflexionar sobre lo que puede suponer este Plan para nuestra región.

Desde el comienzo de la crisis económica y financiera mundial, la UE ha venido adoleciendo de bajos niveles de inversión. Entre 2007 y 2014, las inversiones han disminuido de media un 12% en la UE-28 (según datos EUROSTAT). Esta reducción ralentiza la recuperación económica y perjudica el crecimiento, la competitividad y el empleo.

Conscientes de esta problemática, la Comisión Europea y su Presidente, Jean-Claude Juncker, buscan avanzar plenamente hacia una estrategia colectiva y coordinada a escala europea para invertir esta tendencia y devolver a Europa a la senda de la recuperación. Un aspecto que el presidente de la Comisión ya destacó como prioritario en su discurso del 15 de julio de 2014 ante el Parlamento Europeo sobre las orientaciones políticas de su mandato.

Fruto de ello, se creó el Plan de Inversiones para Europa en noviembre de 2014. Este Plan, más conocido como Plan Juncker, tiene tres objetivos: a) revertir la caída de la inversión acumulada por el efecto de la crisis para impulsar la creación de empleo y la recuperación económica, sin incrementar la deuda pública ni aumentar la carga sobre los presupuestos nacionales; b) apoyar inversiones que respondan a las necesidades a largo plazo de la economía europea y aumenten la competitividad empresarial y c) respaldar las inversiones que contribuyan a reforzar las infraestructuras y la capacidad productiva de Europa, buscando un mercado único más interconectado en el ámbito digital, al Unión de la Energía y de los Mercados de Capitales.

Para alcanzar estos objetivos, el Plan actúa en tres ámbitos: movilizar 315.000 millones de euros de inversión privada en tres años (equivalente al 0,8 % del PIB europeo anual); respaldar la inversión en la economía real y por último y no menos importante, crear un entorno propicio para la inversión. El Plan incluye un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) con un capital de 21.000 millones de euros en forma de garantías europeas y capital del BEI para estimular la inversión privada.

Conexiones energéticas, infraestructuras y productos financieros

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar a este Plan? Se pretende apoyar proyectos a largo plazo en infraestructuras estratégicas, como son conexiones energéticas transfronterizas, banda ancha, etc., infraestructuras necesarias para el transporte, educación o I+D, además de ofrecer productos financieros como préstamos, garantías, venture capital o quasi-equity a pymes y mid-caps. España se ha comprometido a aportar 1.500 millones de euros a este Plan a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

¿Por qué este Plan y esta jornada son importantes para Castilla-La Mancha? La realización de esta Jornada en la que han participado más de un centenar de empresarios, entidades financieras, directivos de todos los sectores económicos de Castilla-La Mancha, en especial el industrial y tecnológico, representantes de la Universidad, así como instituciones, asociaciones y personalidades del mundo de la innovación y el desarrollo, ha permitido por primera vez generar un intercambio de opinión con dos instituciones como son Comisión Europea y BEI.

Ha puesto de manifiesto la necesidad de obtener financiación para proyectos de inversión tanto privada, como pública, así como los de colaboración público-privada que en estos momentos no cuentan con los recursos financieros necesarios, pero que son importantes para movilizar inversión en nuestra región, lo cual nos permita generar crecimiento económico, empleo y desarrollo territorial, elevando el nivel de renta de nuestros conciudadanos. Se estima que se trata de una excelente oportunidad que es necesario aprovechar, creando una red de trabajo entre todos los agentes regionales e incentivando su participación en este Plan a través de la presentación de proyectos susceptibles de ser financiados.

Potenciar nuestras fortalezas y paliar nuestras debilidades regionales con la utilización de los fondos estructurales e instrumentos financieros, movilizando a toda la sociedad de Castilla-La Mancha, están más cerca de ser una realidad con el Plan Juncker y la Junta, con su presidente a la cabeza, quiere liderar dicho proceso.

La comarca de Talavera de la Reina ha sido elegida como una de las cinco a las que la Junta de Comunidades prestará especial atención, debido a su difícil situación. Entre los años 2012 y 2013, el desempleo llegó a estar por encima del 40% en la zona y actualmente, en la ciudad, el paro llega al 37%. La ciudad ha sido destacada como una de las que tiene más desempleo en España por el Instituto Nacional de Estadística, como parte de un estudio de perspectiva europea.

Ante esto, la Junta de Comunidades reconoce que una de las principales herramientas deben ser los fondos planteados desde Europa, como el Programa de Desarrollo Rural. Así lo señala David Gómez, delegado de la Junta en la zona. Los problemas, asegura, no se limitan al desempleo sino que también existen otros, como la despoblación que existe en las tres subcomarcas que forman parte de la zona. “A lo que se ha comprometido el Gobierno es a hacer llegar el doble de ayudas que en el resto del territorio de la región”, señala Gómez.

No sólo es el Programa de Desarrollo Rural, sino también los fondos Feader y también aprovechar los recursos del Plan Juncker 2015-2017. Dicho plan, se articula por la Unión Europea con fondos del Banco Europeo de Inversiones, que se destinará a proyectos con un fin social pero que aporten eficiencia y rentabilidad económica con préstamos de un tipo de interés “cero, muy ventajoso”. En España existen actualmente tres proyectos aprobados relacionados con la biotecnología y la instalación de redes de gas natural.

Ante este planteamiento, lo que está planteando el Gobierno regional, según señala Gómez, es aprovechar el plan Juncker a través de la administración pública pero siempre teniendo en cuenta también las empresas privadas. “Queremos aprovecharlo para el desarrollo de la comarca”, afirma el delegado de la Junta. Entre los proyectos que se barajan se encuentran aquellos relacionados con las energías renovables, como la implantación de plantas de biomasa que puedan aprovechar los productos de la zona de la Sierra de San Vicente o la poda del olivo en la subcomarca de la Jara.

Por otro lado, la Junta plantea también la instalación de banda ancha en muchos municipios a los que todavía no llega, como en la Sierra de San Vicente donde la cobertura no es la apropiada. En este sentido, advierte de que la instalación de internet serviría también para atraer más empresas, que no se instalarán en la zona mientras no se pueda garantizar un acceso razonable. Además, se tratará el tema de los accesos, por lo que se propondrá también la mejora de las carreteras.

Ante esto, la Junta ha marcado y un calendario de reuniones con los alcaldes de las tres comarcas, la Sierra de San Vicente, de la Jara y Oropesa para que la perspectiva no sea local sino comarcal. “Se deben pedir proyectos que beneficien a todos los núcleos”, señala Gómez.

Sergio Gutiérrez, europarlamentario socialista, coincide en que se necesita atraer inversión privada para que el dinero público impulse el empleo y el crecimiento. “La situación estructural es muy preocupante en estas comarcas, necesitamos intervenir en ellas”, señala el diputado. La alianza, señala Gutiérrez, debe funcionar en base a proyectos de desarrollo sostenible, en economía circular, para que se aprovechen los recursos que produce la misma comarca. “Queremos adaptar la realidad de estas ciudades a los nuevos fondos europeos, para provocar un efecto de arrastre de fondos públicos a privados y cambiar la tendencia”, finiquita el diputado.

Yanis Varoufakis prepara el lanzamiento de un nuevo movimiento para democratizar la Unión Europea, al tiempo que Madrid organiza la acogida de la conferencia sobre el plan B para Europa

Entre la espada y la pared. Así es como se sienten muchos hoy, asfixiados entre una Europa fallida y antidemocrática y unos Estados miembros igualmente fallidos y antidemocráticos. Mientras Yanis Varoufakis prepara el lanzamiento de un nuevo movimiento para democratizar la Unión Europea, al tiempo que Madrid organiza la acogida de la conferencia sobre el plan B para Europa, la pregunta que surge es: ¿cómo se sale de este callejón sin salida?

No hay porqué creer, como George Soros, que la UE esté al borde del colapso para darse cuenta que, en realidad, está es al borde de la irrelevancia.

No hay plan A para Europa. Los leves ajustes del status quo – como el Plan Juncker, el fondo de garantía juvenil o una unión bancaria ya superada - son incapaces de abordar seriamente los desafíos históricos que golpean nuestra puerta.

Todos los días se pregonan planes para intensificar la integración de la zona euro, y hay razones para desconfiar de tales planes. De hecho, cualquier profundización de la integración, corre el riesgo de reforzar la naturaleza antidemocrática de una Unión carente de mecanismos de rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, tampoco existe un Plan B viable a nivel nacional. No hay espacio para la emancipación política a través de una salida más o menos armoniosa de la Unión Europea. Los alarmismos del nacionalismo –ya sean de derecha o de izquierda- despiden un tono de miseria y desempoderamiento.

La soberanía pertenece a la ciudadanía, no a los Estados ni a las instituciones. Esto se olvida a menudo. La soberanía popular no se recuperará a través de la construcción de micronaciones, ladrando contra los flujos de personas y capitales, mientras las decisiones se siguen tomando en otros lugares. No hay vuelta atrás a los años de oro de los acuerdos de Bretton Woods, cuando el capital financiero podía encerrarse dentro de las fronteras nacionales conforme a una visión emancipatoria del “capitalismo en un solo país”. Hoy en día, las fronteras nacionales sólo encierran refugiados que escapan de la guerra. Su invocación juega directamente en manos de la extrema derecha.

Los últimos años han sido un punto de inflexión. Esto se evidencia en el regreso de una retórica política que se atreve a poner en tela de juicio los fundamentos de nuestro sistema económico y representativo. Desde Sanders en Estados Unidos hasta Corbyn en Gran Bretaña, pasando por el 15M y las nuevas fuerzas políticas que marcan esa segunda Transición en España.

En cualquier caso, hay algo seguro: ya no es momento del status quo. Y eso significa que toca renunciar al desaliento y a la melancolía. Toca apostar por la reconstrucción de la ambición y promover un cambio de raíz a todos los niveles.

Tenemos que dejar de retratar a la UE como un gigante todo-poderoso que impide cualquier cambio real a nivel nacional. Esta retórica es falsa y sólo beneficia a los partidarios del sistema actual. Lo que nos falta es la capacidad de articular un objetivo claro y promover políticas a nivel nacional que den sentido a la soberanía popular. Planes ambiciosos para la redistribución de ingresos, la lucha contra las privatizaciones y la protección de los bienes comunes, una integración equitativa de los refugiados, justicia tributaria, acceso libre a una educación para todos. Y mucho más. En este sentido, la campaña de Bernie Sanders es inspiradora.

El fracaso a la hora de activar políticas nacionales progresistas no se debe a la UE; se debe a la incapacidad de la izquierda para ganar el apoyo popular. Por ahora, solo España ha demostrado ser una excepción en este reto. Inspiran simpatía ciertos viejos líderes izquierdistas como Jean-Luc Mélenchon u Oskar Lafontaine, que se reunieron recientemente en París para exponer un plan B para Europa. Pero da la impresión de que sus ataques a la UE tienen más que ver con justificar su fracaso político a nivel nacional que con la posibilidad de abrir un nuevo espacio de acción para sus países. España y sus movimientos sociales tendrán un papel importante en asegurar que la próxima Conferencia de Madrid sobre el Plan B no continúe con ese desgastado espíritu de melancolía, sino que dibuje un horizonte con nuevas perspectivas para transformar Europa.

A nivel europeo, ‘ambición’ significa convertir Europa en el lugar donde recuperar el poder para definir todo lo que ya no es posible a nivel nacional. No porque la UE lo impida, sino porque en ciertos temas, los estados-nación de tamaño medio ya no tienen ni voz ni voto.

Europa es el único espacio lo suficientemente grande capaz de frenar el dominio del capital financiero, especialmente después de que hayamos conocido el escándalo de las 62 personas que poseen la mitad de toda la riqueza mundial. Es el único espacio donde se podría liberar a Julian Assange y Edward Snowden y proporcionar una nueva infraestructura tecnológica sin vigilancia. El único espacio donde es posible fomentar una nueva comprensión ecológica del desarrollo e imponerla al resto del mundo a través de tratados comerciales alejados del TTIP.

La soberanía popular debería enfocarse en afrontar conflictos políticos y sistémicos como los mencionados. Más allá de debates estériles sobre los supuestos beneficios de un estado nación independiente o de una Europa unida, lo que realmente deberíamos estar debatiendo es cómo organizarnos para transformar ambos. Iniciativas como la de Yanis Varoufakis son una importante llamada de atención para contraponer una renovada ambición a la impotencia melancólica.

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Traducido del inglés por Marta Cillero

Hace un año fue lanzado el Plan Juncker, un programa que pretendía movilizar 315.000 millones de euros en tres años para relanzar la inversión en Europa apadrinado por el luxemburgués entonces recién elegido presidente de la Comisión Europea (que en aquellos momentos afrontaba los primeros coletazos del escándalo LuxLeaks, aún coleando). Hoy nadie habla de este plan, que sin embargo funciona: 34 proyectos han recibido 5.300 millones de euros aunque en total se han movilizado más de 23.000 millones sumando la inversión privada, muy presente en el Plan Juncker. Y probablemente serán 50.000 millones movilizados al cierre de 2015, según datos de la Comisión.

Pero en el primer año de esta suerte de New Deal comunitario los fondos se han utilizado de manera desigual. Ningún proyecto ha recibido el respaldo del –también conocido como- Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en Grecia, el estado paria de la Unión que se encuentra actualmente negociando con los acreedores un tramo de 1.000 millones antes del 11 de diciembre y que encara una crisis de refugiados sin precedentes que amenaza al país con la expulsión temporal de Schengen.

Son datos de la propia Comisión y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero del Plan Juncker. “El EFSI (siglas en inglés del Fondo) es un instrumento financiero que antes no existía y muchos estados como Grecia aún no han captado fondos. Pero esperamos que la situación se revierta próximamente”, indican en el Ejecutivo comunitario. “Bien debido las trabas burocráticas y administrativas que hemos encontrado, bien porque los proyectos griegos no reunían las condiciones principales”.

No todos los estados miembros han accedido a fondos, pero hay una buena hornada. De abril a noviembre han captado financiación proyectos en España, Italia, Francia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Croacia… Para obtener respaldo económico, hay una serie de sectores que son subvencionables (I+D+i, energía, transportes, pymes…), y estos deben reunir una serie de requisitos: ser viables, estar centrados en la economía real, suponer un incentivo para el sector privado y no tener ninguna condicionalidad geográfica, lo que se traduce en que hay países que podrían quedarse sin proyectos financiables. El colapso del sector público en Grecia y la necesidad de aportar una cuantía mínima de compromisos del Estado en los proyectos tiene paralizados también el desembolso de parte de los fondos estructurales.

En el Gobierno heleno rechazan por ahora dar una versión y aducen “estar completamente ocupados” en el drama de los refugiados y en las negociaciones con la antigua Troika para recibir la última parte del rescate de 2015.

El Plan Juncker cobró su importancia durante las agónicas discusiones con Grecia, que concluyeron la mañana del 13 de julio con un acuerdo. En mayo, varios medios helenos citaron una propuesta de la Comisión para transferir 5.000 millones con carácter urgente a proyectos en este país como medida de acercamiento. La movilización de fondos como moneda de cambio siempre fue un asunto recurrente en las conversaciones dentro de la zona euro.

En la Comisión insisten en que hay separar “otros fondos” (como los estructurales o de cohesión) del Plan Juncker. Portavoces del BEI, radicado en Luxemburgo, inciden en que esperan que los proyectos griegos capten fondos en los próximos meses. “Claramente tenemos interés en que este tipo de proyectos lleguen a Grecia y estamos cerca de conseguirlo”, afirma una fuente oficial. “Necesitamos clarificar las propuestas y atraer la confianza de los bancos y del sector privado, dos patas que tienen que estar detrás”. Al dinero dispuesto en el plan pueden aplicar tanto entidades públicas como privadas.

En la Banca de Inversión aseguran que hay proyectos financiables por el EFSI recogidos en la web del BEI. En el enlace no obstante tan solo aparecen dos en marcha en el ejercicio 2015: el oleoducto transadriático, que incluye a Italia y Albania; e infraestructura municipal en la ciudad de Tesalónica. Según la Comisión y el BEI, un Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión está ya en marcha para asesorar al sector público y privado de los estados miembros sobre posibles proyectos ganadores.

En realidad, el Plan Juncker lleva operativo algo menos de medio año en lo que se refiere a la aprobación de proyectos con la consiguiente financiación. Por eso en las instituciones europeas defienden que se trata de un Fondo Estratégico que está recogiendo los frutos esperados al haber movilizado miles de millones en poco tiempo. La Comisión lleva tiempo reconociendo contactos con inversores chinos que podrían estar interesados en invertir en la UE con las garantías que ofrece el EFSI.

Redexis Gas, la empresa gasista que el banco de inversión Goldman Sachs le compró a Endesa en 2012, será la segunda firma española en beneficiarse del Plan Juncker tras la catalana Grifols, fabricante de plasmas sanguíneos. Redexis ha logrado 160 millones de euros para un proyecto que promueve la extensión de las redes de distribución de gas en España en el horizonte 2015-2018, y cuyo coste total asciende a 325,6 millones.

En 2012, el banco de inversión Goldman Sachs se hizo con Endesa Gas, posteriormente rebautizada como Redexis. Presidida por Fernando Bergasa, un ex de Endesa, su director financiero es David Folgado, hijo del presidente de Red Eléctrica de España y ex secretario de Estado con José María Aznar, José Folgado. En su consejo de administración se sienta el financiero Claudio Aguirre Pemán, primo segundo de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre. El pasado abril el grupo completó una nueva emisión de bonos por valor de 250 millones con la que persigue financiar su crecimiento tras varios ejercicios en números rojos.

El proyecto será financiado al 50% por el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, más conocido como 'Plan Juncker', a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución designada para canalizar la inversión. El EFSI (por sus siglas en inglés), lanzado por el presidente luxemburgués de la Comisión, pretende movilizar 315.000 millones en tres años para financiar proyectos público-privados en la UE y persigue simplificar la financiación de proyectos estratégicos (infraestructuras, energía u otras áreas) y garantizar el retorno de capital en los 28 estados miembros. Desde Bruselas se ha vendido como un plan de estímulo que en muchos casos podría revitalizar la economía con el apoyo de las finanzas públicas.

“Estas inversiones clave incluyen la construcción de nuevos gasoductos para alcanzar a los clientes desatendidos, quienes actualmente dependen de la gasolina y del gas propano para la calefacción y la cocina”, dice una nota del BEI. “Se espera que este proyecto tenga un fuerte impacto regional, especialmente en las áreas rurales”.

La cantidad total del proyecto (320 millones de euros) coincide con el desembolso que Redexis va a hacer en 2015 para extender sus redes, de acuerdo con el plan estratégico que la compañía anunció el pasado abril. Entre sus objetivos prioritarios marcados en el plan están la “gasificación” de 30 nuevos municipios en España o la adquisición de Gas Energía Distribución Murcia y activos de otras distribuidoras de gas.

Según el BEI, el préstamo concedido a Redexis con “condiciones favorables a largo plazo” pretende “ayudar al promotor a mantener un importante nivel de gasto de capital”. Entre los resultados del proyecto, el BEI destaca la creación de 60 puestos de trabajo fijos y alrededor de 3.000 durante la fase de construcción de las infraestructuras que pondrá en marcha la compañía.

Varios países realizarán aportaciones al 'Plan Juncker' a través de bancos públicos de promoción y desarrollo, y entre ellos está España con 1.500 millones euros. Estos países completarán la financiación que las empresas arranquen al BEI. España lo hará a través del Instituto del Crédito Oficial (ICO). 

El plan Juncker centra el gasto y la inversión en estructuras físicas industriales, tradicionalmente dominadas por los hombres. Esto minará aún más si cabe el progreso hacia la igualdad de género, en términos de sueldos y condiciones laborales, así como en oportunidades de empleo para las mujeres.

El Plan de inversión para Europa, que consiste en 315.000 millones de euros, propuesto por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, representa un buen punto de partida para la habitual y exclusiva fijación en las restricciones fiscales y la reducción del gasto público. Sin embargo, no se menciona nada en este Plan acerca de las inversiones en infraestructuras sociales, algo fundamental para alcanzar la igualdad de género, así como una economía más sostenible.

La infraestructura social incluye todas aquellas actividades y servicios que satisfacen las necesidades de la economía para mantener y reproducir su capacidad productiva (pero también la calidad de vida y el bienestar), mediante la sanidad, la educación, los cuidados infantiles y los cuidados a largo plazo.

El impacto de las políticas de austeridad en las mujeres

En primer lugar, los recortes en el gasto gubernamental han llevado a una situación de deterioro de los puestos de trabajo del sector público dominados principalmente por mujeres. Además, la falta de contratación o los recortes de empleo han dado como resultado un aumento de la intensidad de horas de trabajo para los que lo han conservado y las mujeres han sufrido de manera desproporcionada estos cambios.

Por otra parte, los recortes en el gasto destinado a sanidad o el aumento de los criterios que deben cumplirse para tener acceso a las ayudas familiares o de bienestar han afectado muy especialmente a las mujeres trabajadoras. Muchas han tenido que reducir sus compromisos laborales o dejar sus puestos de trabajo como resultado del aumento de estos costes. Para concluir, como ya ha puesto de manifiesto el grupo presupuestario de mujeres del Reino Unido, estos costes han reducido las oportunidades laborales de las mujeres y han hecho más difícil poder conciliar la vida laboral y familiar.

En este entorno, en el que las mujeres se han visto gravemente afectadas por la crisis y las respuestas políticas, sostenemos que el plan Juncker de inversión para Europa debe centrarse en invertir en infraestructuras sociales para garantizar una recuperación equilibrada y sostenible.

Una economía basada en la atención social

Invertir en servicios de atención primaria no solo es fundamental, sino que se trata de una forma efectiva de generar empleo, que va más allá de la simple inversión en estructuras físicas. De hecho, las principales características de los servicios de sanidad y educación son que, efectivamente, son sectores con gran presencia femenina y hacen muy poco uso de bienes importados, por lo que, con muy poca inversión pueden crearse muchos más empleos a nivel local que en el caso de una estructura física.

Asimismo, puesto que muchas mujeres se ven obligadas por leyes de género a proporcionar cuidados gratuitos o a recurrir a una sanidad informal y barata podría crearse bastante empleo si se las aliviara de estas obligaciones, proporcionándoles servicios de asistencia sanitaria de calidad. Y, de la misma forma, muchos hombres se animarían a proporcionar más servicios de este tipo (de forma gratuita o de pago).

Por lo tanto, una recuperación a largo plazo que sea no solo más igualitaria en cuestión de género, sino también más sostenible, debería concentrarse en intentar conseguir una economía basada en la inversión social, donde cuidar de las personas, al igual que del medio ambiente sea el objetivo principal.

Un primer paso importante hacia un enfoque más igualitario entre géneros sería considerar el gasto en sanidad, atención primaria y servicios de educación, así como en cualquier otra estructura social, una inversión (y no simplemente gastos actuales que se añaden al déficit público), ya que construye y mantiene el capital social y humano de nuestras economías a largo plazo. Como tal, este tipo de inversión, procedente de fondos públicos, debería tener un mayor protagonismo en cualquier plan de inversión para Europa, en vez de permanecer al margen, como ocurre actualmente con el Plan Juncker.

La recuperación en Europa se fortalecerá este año gracias a mayores niveles de confianza y menores desequilibrios de sus economías, siempre y cuando se eviten accidentes, sobre todo en Grecia. Un euro y un petróleo baratos remarán a favor. También los estímulos del BCE. Pero no esperemos demasiado del Plan Juncker: su impacto será limitado.

Jean-Claude Juncker escaló a la presidencia de la Comisión Europa (CE) con la promesa de relanzar la inversión mediante un nuevo entramado institucional que ya está perfilado. Tiene tres patas. La primera es el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés). Este se dotará con 21.110 millones de euros “del bolsillo europeo” para movilizar 315.000 millones (es decir, alrededor de un 0,7% del PIB de la UE al año) con los que ejecutar proyectos entre 2015 y 2017. La segunda pata es la creación de dos órganos, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y la Reserva Europea Transparente de Proyectos (RETP), que garanticen que los proyectos responden a necesidades reales. El CEAI será una “ventanilla única europea” que intermediará entre promotores, inversores y autoridades para identificar, preparar, desarrollar y financiar los proyectos, y la RETP informará de proyectos actuales y potenciales. Y la tercera pata es otra vuelta de tuerca del mercado único con nuevos cambios que garanticen la previsibilidad normativa, la armonización regulatoria y la eficiencia del gasto a escala europea.

El EFSI es el que más atención ha recibido. Sus 21.000 millones de dotación proceden de la UE (16.000) y del BEI (5.000), aunque la CE está intentando que los países reorienten otros fondos comunitarios y sumen contribuciones voluntarias a cambio de una interpretación más flexible de las reglas fiscales. De la parte de la UE, una mitad provendrá de reorganizar partidas comunitarias y la otra mitad de créditos de pago. Ambas nutrirán un Fondo de Garantía que servirá para asumir las pérdidas que puedan surgir de los proyectos que se lleven a cabo (first-loss tranche). Esta es una garantía necesaria para que los inversores se animen con los proyectos de mayor riesgo (y, previsiblemente, más valor añadido) que en ausencia de dicho fondo no considerarían.

La CE cree que podrá convertir 21.000 millones en 315.000 si se cumple un multiplicador 1:15 al que fía todo. Por cada euro “público”, quince de inversión. En esta versión comunitaria del milagro de los panes y los peces, la dotación de la UE se convertirá en 240.000 millones para inversiones (infraestructuras físicas y digitales, etc.) y la dotación del BEI en 75.000 para financiar a pymes y empresas de mediana capitalización. Ya se han contabilizado unos 2.000 proyectos por valor de 1,3 billones de euros, de los que 53.000 millones son españoles, la mayoría en el ámbito de la energía.

El Plan ha recibido objeciones. Parte de la premisa de que la inversión ha caído unos 400.000 millones desde 2007 y que su recuperación ha venido rezagada frente a la de otros rubros del PIB, como el consumo. Sin embargo, se ha cuestionado que exista en realidad un gap de inversión. Por un lado se argumenta que es un sinsentido recuperar los niveles previos a la crisis, que estaban “inflados” por una burbuja crediticia que canalizó cuantiosísimos recursos a destinos poco rentables socialmente, como el ladrillo. Era lógico que dicha burbuja se desinchase y es deseable que veamos que la inversión se estabiliza ahora en niveles inferiores. Por otro lado, una demografía adversa (la población en edad de trabajar está empezando a caer) y una productividad estancada significan menores tasas de crecimiento potencial en las próximas décadas. En este contexto la economía requerirá menos inversión para mantener constante la ratio capital-producción. Es decir, se necesitarán menos máquinas por trabajador que antes.

Asimismo, la escasa aportación de “dinero fresco” al Plan de inversiones ha generado muchas dudas. Relanzar la inversión requiere de algo más que reorientar fondos del presupuesto comunitario y proponer que los países pongan de su bolsillo. Además, los 21.000 millones iniciales tampoco están disponibles ya sino que se irán acumulando hasta 2020 pese a que los proyectos deben llevarse a cabo entre 2015 y 2017. Esta escasa “potencia de fuego” –sin apenas recursos nuevos y que llegarán solo paulatinamente- justifica la tímida acogida del Plan.

Por último, los bancos nadan en liquidez. No están queriendo, sabiendo o consiguiendo encontrar proyectos que financiar y prefieren devolver sus préstamos al BCE antes de tiempo (más de 700.000 millones hasta ahora, al menos). Mientras, Draghi se prepara para inyectar un billón más de vuelta a la economía. Ante este panorama, ¿Por qué los 21.000 millones “europeos” habrían de cambiar las cosas? ¿No habrá algo estructural y soterrado que explique por qué la liquidez no se transforma en inversión? Candidatos no faltan: puede que estemos a las puertas de un estancamiento secular, en donde los periodos de muy bajo o nulo crecimiento serán la norma. Puede que la estructura disfuncional de la eurozona –cuyo resultado son periodos recurrentes de incertidumbre, turbulencias y contagio- desanime al inversor, o que existan muchos tipos de barreras que frenen sus proyectos.

Pese a todo, el Plan contiene indudables avances. En primer lugar, su diseño responde a las restricciones actuales: la única solución aceptable, desde el punto de vista político y financiero, pasaba por no apoyar la financiación del Plan en las maltrechas finanzas públicas de los Estados miembros, cuya sostenibilidad en diversos casos sigue en entredicho.

En segundo lugar, pese a la escasez de recursos del EFSI puede que el éxito del Plan acabe estando precisamente en sus otras dos patas: que se gaste “bien” (en proyectos de demostrado valor, sin “cuotas” nacionales o sectoriales, con control y transparencia) y que las empresas se decidan a invertir animadas por un clima regulatorio adecuado y estable. Lo mismo el Plan acaba ofreciendo garantías suficientes a ojos de los inversores, así que debemos dar a la Comisión el beneficio de la duda. Además, un esquema integrado puede ayudar a que distintos proyectos entre países, históricamente trabados (la interconexión energética España-Francia, por ejemplo), se lleven por fin a cabo. Estos podrían reforzar la integración del mercado único.

Por último, y no menos importante: el diseño elegido podría suponer un precedente de “eurobonos por la puerta de atrás”. Una de las opciones del Plan es que el BEI se endeude apoyándose en el Fondo de Garantía. El devenir de su deuda será solidario. Y el nuevo programa de compras de bonos del BCE a partir de marzo incorpora adquisiciones de deuda Europea (de los mecanismos de asistencia del FEEF y MEDE, así como del BEI) por importe de 114.000 millones de euros. Estas compras las llevarán a cabo el BCE o los Bancos Centrales Nacionales por mandato del propio BCE, y las pérdidas y beneficios que eventualmente surjan a se compartirán entre los países del euro. Por tanto, aunque a paso de tortuga, estamos un escalón más cerca de la unión fiscal.

El 'plan Juncker', la fórmula impulsada por la Comisión Europea (CE) para financiar proyectos por valor de 315.000 millones de euros en los 28 Estados miembros mediante el denominado Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (ESFI en inglés), continúa su andadura en silencio, valorando posibles inversiones a través del grupo de trabajo que integran la CE y el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

Poco se sabe de los proyectos porque el plan solo ha identificado los potenciales sectores estratégicos en la UE y porque acaba de arrancar la fase de presentación –en la que cobra una importancia máxima el sector privado–. Sí se conocen las intenciones de países como España, especialmente en los sectores de los transportes y la energía.

No es un secreto que el Gobierno ambiciona incluir una buena hornada de conexiones de alta velocidad en el 'plan Juncker'. Lo declaró sin ambages en diciembre la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la salida de un Consejo de la UE en Bruselas. Pastor habló de “los dos corredores” (Atlántico y Mediterráneo), de la “Y vasca” (que a su vez forma parte del corredor Atlántico), del “AVE a Almería” y de “la conexión Algeciras-Bobadilla”. Pero fuentes comunitarias aseguran que Fomento no lo tendrá tan fácil.

El futuro consejo del que se dotará el ESFI –ayudado por el BEI y la Comisión– no será un tragadero que vaya a transigir con todo. Según estas fuentes, los grupos de trabajo relativos a cada uno de los 28 países vigilarán con lupa la rentabilidad económica y social de las inversiones. Y no serán precisamente timoratos con la alta velocidad en España, cuya red de AVE es la más larga de Europa y segunda del mundo, con 3.000 kilómetros.

Rajoy prevé en este año 2015 tirar 1.000 kilómetros más de AVE, con cinco elecciones a la vista: andaluzas, municipales y autonómicas, catalanas y legislativas como colofón. Una expansión ferroviaria difícil de disociar de un intenso año electoral. El AVE, siguiendo estos planes, alcanzará este año Granada y Cádiz (Andalucía), las castellano-leonesas Salamanca, León, Zamora, Burgos y Palencia, la región de Murcia, Castellón, el Principado de Asturias a través del túnel de Pajares… Los técnicos comunitarios confirman que, si bien una de las áreas más apreciadas por el plan son los transportes, estos tendrán que demostrar su utilidad además de contar con una importante participación del sector privado.

En una entrevista con eldiario.es, el vicepresidente de la CE y abanderado del 'plan Juncker', Jyrki Katainen, aseguró desconocer qué proyectos se están tramitando en España, adonde acudirá de gira a finales de este mes. Katainen insistió, eso sí, en la “no politización” de las inversiones para desligar las que son verdaderamente útiles de las que parecen más electoralistas.

60.000 millones para España

La Comisión Europea ya apuntó cuáles podrían ser las prioridades en España: las interconexiones en energía y telecomunicaciones o las infraestructuras de transporte (no solo AVE: también puertos y mercancías), además de otros sectores como podrían ser el aislamiento de edificios o la importación de la banda ancha a zonas rurales. Queda excluido el sector armamentístico. La financiación destinada a las inversiones españolas se aproxima a los 60.000 millones, de acuerdo con la presentación del plan que bosquejaron las instituciones comunitarias a finales de 2014.

Las negociaciones se centran ahora en la manera de canalizar el fondo, que podrá ser complementado con aportaciones de bancos públicos y privados o institutos crediticios, caso del ICO español, con el que discute el grupo de trabajo formado por el BEI y la CE. “Este es el primer proyecto que no genera fricciones entre acreedores y deudores, ni entre Norte y Sur”, aseveran a este diario fuentes de las instituciones.

Asimismo, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, negó hace un par de semanas que el Gobierno se estuviera planteando un “fondo específico” para canalizar el ESFI en España, portavoces comunitarios declaran que esta posibilidad sí que se está evaluando.

Como primer ministro finlandés (2011-2014), el conservador Jyrki Katainen saltó a los medios nacionales cuando en 2012 visitó a Mariano Rajoy a bordo de una aerolínea de bajo coste. Ahora vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Katainen es la cara visible del Plan Juncker (ESFI en inglés), el ambicioso fondo que prevé movilizar más de 300.000 millones para relanzar la inversión público-privada en la Unión. A finales de febrero, Katainen hará un roadshow por España que le llevará primero a Bilbao y después a Madrid. Antes recibe a eldiario.es en su despacho de Bruselas.

España no desveló en diciembre ningún proyecto potencialmente incluible en el Plan Juncker. ¿Tiene usted constancia de alguno en concreto?

No. En realidad no se sabrá a ciencia cierta hasta junio qué proyectos se podrán financiar. El propósito de la task force [el estudio previo con el que la Comisión identificó proyectos estratégicos en la UE] era recolectar ideas sobre qué tipo de inversiones necesita Europa. Pero la lista preliminar de proyectos no implica que vayan a ser financiados. Gran parte de la financiación dependerá de los inversores privados, porque el nuevo fondo es para ese sector y para fomentar la colaboración público-privada. La mayoría de las inversiones públicas podrá seguir financiándose a través del BEI. Pero este fondo todavía precisa de inversión privada.

¿Se está consiguiendo atraer inversores privados en España y el resto de países?

Es pronto para decirlo, pero así lo esperamos. Los comentarios que hemos recibido del sector privado son esperanzadores. No nos falta liquidez en Europa, lo que falta es que ese dinero del sector privado vaya a la inversión real. Los empresarios nos dicen que algunas inversiones pueden ser más arriesgadas de lo normal, por eso el Plan Juncker va dirigido a compartir ese riesgo, a dar garantías de financiación que están siendo bien recibidas. Un ejemplo: proyectos piloto relacionados con las nuevas tecnologías o el ahorro energético. La segunda pata de este fondo es la iniciativa para financiar pymes, que presentamos en España en enero y que esperamos extender a los 28 estados. Garantizamos que cada euro prestado movilizará mucho más dinero del sector privado.

¿Qué espera de su periplo por España?

Me veré con cargos públicos, diputados, sindicatos y empresarios interesados, especialmente del sector industrial. Intentaremos que entiendan la filosofía del plan y apuesten por él.

¿España complementará con fondos propios el dinero del plan habilitado?

Parece que hay varios países actuando en este sentido y recurriendo a sus bancos nacionales para canalizar los préstamos y añadir más fondos. Y España podría ser uno, a través del ICO. En cualquier caso, el fondo está muy bien surtido y en España la capacidad crediticia se acercará a los 60.000 millones. Una cantidad más que suficiente para animar al sector privado.

¿La Comisión vigilará de cerca los proyectos? ¿Alguno ha sido ya rechazado?

No, porque los fondos no están listos aún. La Comisión no interferirá en el proceso de selección de los proyectos. Tampoco los Estados. Los impulsores de los proyectos contactarán con el Fondo y este analizará el perfil de riesgo y la viabilidad de cada uno de ellos. La decisión final la tomará el Consejo del BEI para evitar la politización del uso del dinero.

La “no politización” de los fondos es un tema recurrente últimamente. El Ecofin, con Alemania a la cabeza, ha insistido en vigilar su destino.

Todo el mundo lo pide. No conozco ni un solo Estado que no lo haga. Si queremos movilizar capital privado, las empresas tienen que estar 100% seguras del retorno de la inversión. Y eso se hace de acuerdo a criterios técnicos.

Pero España ya desveló algunas de sus intenciones, entre ellas incluir en el plan más conexiones de AVE en año electoral y en un país que ya cuenta con 3.000 kilómetros. ¿Ese tipo de proyectos qué análisis recibirán?

No lo sé, y no puedo valorar ahora iniciativas individuales. El fondo, y no la Comisión, es el que se encargará de analizar la rentabilidad. Si en las conexiones portuarias o ferroviarias solo aparece capital público, el Estado no podrá dirigirse al nuevo fondo, pero sí pedir prestado al BEI o a otros mecanismos ya existentes.

Una de las patas más importantes del Plan Juncker son las infraestructuras. Además del AVE, España ha sido advertida por el Tribunal de Cuentas de la UE del exceso de aeropuertos sin uso.  

Para mí es imposible valorar ahora lo que los Estados quieran incluir o no. Sí le digo que la iniciativa tendrá que contar con el sector privado de cada país para salir adelante. Queremos movilizar fondos en muchas otras áreas: interconexiones energéticas, telecomunicaciones… Hay áreas que incluso pueden no ser rentables a corto plazo para el sector privado, como mejorar la banda ancha en el medio rural. Queremos compartir ese riesgo inicial con las empresas en proyectos que pueden terminar siendo beneficiosos para todo el mundo.

La llegada de Syriza al poder ha causado cierta convulsión en la UE. Las encuestas en países como España revelan el ascenso de partidos con propuestas similares. ¿El Plan Juncker puede conllevar condiciones si hay Estados miembros que no siguen las recomendaciones de la Comisión Europea?

Absolutamente no. No habrá ninguna condición macroeconómica. Todo dependerá de la calidad de los proyectos presentados y de si cumplen los requisitos. La valoración será igual para todos.

Como vicepresidente de la Comisión, uno de los mandatos que se le han encomendado es el relanzamiento del empleo. España crea puestos de trabajo, pero muy precarios y a cuentagotas.

Hay signos positivos y enormes desafíos. El paro juvenil es un problema muy serio. La Comisión continuará animando a España a seguir haciendo reformas que animen al sector privado a contratar a más gente. También alentamos a que se usen mecanismos estructurales como el nuevo fondo o la iniciativa para pymes para reducir el desempleo. Hemos constatado cierta mejoría en las políticas activas de empleo, así como en otras áreas [Katainen consulta una lista relativa al caso español]. La llamada ventanilla única para buscar empleo, la garantía juvenil, prestar más atención a las desigualdades interestatales, invertir más en educación… Hay que cuidar a las generaciones venideras y procurarles puestos acordes con su calificación.

El PP se ha negado a participar en el acuerdo porque la Junta “ya está haciendo sus deberes”

En una de las raras ocasiones en que la oposición une sus votos y derrota a la minoría relativa de Monago, el pleno de la Asamblea de Extremadura ha tomado este jueves un acuerdo para que todas las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad sumen esfuerzos, a fin de presentar al Gobierno español un plan de actuaciones en la región con vistas al plan europeo ‘Juncker’, que podría invertir 315.000 millones de euros en los próximos tres años en la Unión Europea para resucitar su economía; en Extremadura crearía 35.000 empleos según el diputado autonómico socialista Francisco Macías.

Era una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que han votado a favor Izquierda Unida y los regionalistas de PREX-CREX (33), y a la que se han negado los 32 diputados del Partido Popular.

Se trataba simplemente de instar a la Junta a que reúna a grupos políticos y fuerzas sociales económicas extremeñas, para pactar una propuesta de inversiones en Extremadura, con vistas al documento que presente España a la Comisión Europea. Un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, o ‘Plan Juncker’, cuya parte española el Gobierno de Rajoy debe enviar a Bruselas antes de finales de febrero.

El objetivo del acuerdo según el socialista Macías es que “Monago tenga apoyo el de la Cámara, de los partidos y agentes sociales, para defender nuestras propuestas”. El diputado del PP Sánchez Juliá ha razonado la negativa de su grupo en que la Junta ya ha presentado a Rajoy una relación de 68 posibles inversiones, que sumarían 1.800 millones de euros.

Aunque Víctor Casco (IU) y Damián Beneyto (regionalistas) han expresado sus dudas sobre la financiación del Plan Juncker, sus grupos parlamentarios han votado a favor.

La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, y la secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, han reivindicado que el nuevo programa de estímulo económico anunciado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, atienda especialmente a regiones “con tasas de desempleo intolerables”.

Hernández y Díaz mantuvieron una reunión en Sevilla este martes en la que solicitaron que el plan Juncker “mire al Sur” y en la que Hernández destacó que los gobiernos socialistas de Canarias y Andalucía están “dando todo” por el empleo mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy “da la espalda” a la ciudadanía en estos territorios.

Tras la reunión, y junto al secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, la candidata socialista canaria reclamó que el citado plan incluya fondos europeos suficientes para fomentar el empleo en Canarias, Andalucía y Extremadura, donde “mantendremos próximos contactos” con la federación regional socialista.

Hernández explicó que Susana Díaz le expuso durante su encuentro los planes y medidas desarrollados por el Gobierno andaluz para impulsar el empleo en esta comunidad, iniciativas que la candidata canaria abogó por “exportar” a otras autonomías, ya que “están dando buenos resultados”.

Nueva política contra la fractura social

Del mismo modo, ambas dirigentes socialistas analizaron la necesidad de afrontar la “fractura social” ocasionada por la crisis económica y su gestión “por parte del Gobierno del PP”, tarea en la que la apuesta de Patricia Hernández por una “nueva política” basada en la transparencia y la participación se revela fundamental.

En este sentido, la candidata recordó que “uno de cada tres trabajadores cobra menos del salario mínimo interprofesional y que uno de cada dos empleados está por debajo de los 1.000 euros al mes”, mientras que los propietarios de las empresas del IBEX 35 “han incrementado su patrimonio por tres”.

Susana Díaz y Patricia Hernández compartieron también ideas sobre el modelo de país del PSOE y “de una generación que toma el relevo” en el partido y que, “frente a aquellos que reniegan de la Constitución, quiere seguir avanzando y proponiendo”.

La candidata canaria incidió en la importancia de una reforma constitucional que “blinde el Estado de Bienestar, la educación y la sanidad, y la financiación autonómica”. En este sentido, subrayó que “es imprescindible fijar el coste mínimo de los servicios básicos sanitarios y educativos”, más cuando “en Canarias están infracosteados”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE andaluz compartió con Patricia Hernández la urgencia de abordar el diálogo sobre un nuevo sistema de financiación autonómica y de buscar el consenso sobre la necesidad de reformar la Constitución pensando en las personas, solicitando también atención especial para Andalucía y Canarias en el plan europeo de incentivo económico y lucha contra el paro.