La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado este martes la pena de 17 años de inhabilitación impuesta al exalcalde de Arona José Alberto González Reverón, entonces de Coalición Canaria (CC), y a seis exconcejales por un delito continuado de prevaricación urbanística y otro delito de prevaricación en el denominado caso Arona, informó en un comunicado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

Además, el Alto Tribunal ha reducido las penas de prisión impuestas en la misma causa por delito de cohecho a otros cinco acusados, al estimar las alegaciones de sus defensas de que se había aplicado una reforma del Código Penal que no estaba en vigor en el momento de los hechos. Pese a ello, mantiene para los cinco las cuantías de las multas que tendrán que abonar, de entre 40.000 y 700.000 euros.

La sentencia del Supremo también absuelve a un sexto acusado de cohecho, el arquitecto externo Zenón Rodríguez Neris, por prescripción del delito, se indica en la misma nota.

Hay que decir que el Supremo ha estudiado los recursos planteados por 10 de los 12 condenados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Dos de los condenados, el exalcalde José Alberto González Reverón y el exconcejal Alfonso Barroso Armas, ambos con 17 años de inhabilitación por dos modalidades de prevaricación, no recurrieron al Supremo.

El Alto Tribunal además desestima los recursos planteados por otros cuatro exconcejales, Manuel Barrios Rodríguez, Daniel Martín Navarro, José Luis González Rodríguez y Juan José Alayón Beltrán, condenados todos ellos a la misma pena de inhabilitación que los dos anteriores y por los mismos delitos.

Rechazado un recurso del exconcejal de Urbanismo

Del mismo modo, se rechaza el recurso del exconcejal de Urbanismo Félix Sierra Melo (este entonces del PP), en lo que se refiere a los delitos de prevaricación por los que fue condenado.

Por el contrario, el Supremo estima parcialmente los recursos de cinco acusados en lo referido al delito continuado de cohecho, en lo que respecta solo a la fijación de la pena, ya que el Alto Tribunal ratifica que cometieron los hechos.

Sin embargo, entiende que ha habido una incorrecta cuantificación de la pena, que fue más elevada de la que correspondía a dicho tipo penal cuando ocurrieron los hechos, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas que apreció la Audiencia tinerfeña. No obstante, mantiene las penas de inhabilitación aparejadas al cohecho, así como las correspondientes multas.

La condena por cohecho al exaparejador municipal Roberto Luis de Jiménez pasa de cinco años de prisión a tres años y seis meses, y se mantienen los 10 años de inhabilitación y los 700.000 euros de multa.

El exconcejal de Urbanismo Félix Sierra y el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa González ven reducida su condena por cohecho de cuatro años a dos años y ocho meses de cárcel, con ocho años de inhabilitación y multa de 500.000 euros para cada uno.

Para el empresario Arsenio Zamora Toledo, la pena pasa de dos años a un año y seis meses de cárcel, con cuatro años y medio de inhabilitación y 250.000 euros de multa, y para el arquitecto Antonio Luis González Tolosa, de dos años de cárcel a un año más y 40.000 euros de multa.

También se anula por prescripción del delito la condena de dos años de prisión por cohecho impuesta al arquitecto Zenón Rodríguez Neris.

El exalcalde de Arona José Alberto González Reverón ha celebrado este jueves, después de conocer el fallo del denominado caso Arona, que la única pena que le queda es la inhabilitación.

La Fiscalía pedía dos años de prisión por prevaricación para José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, quien finalmente ha sido condenado a 8 años y seis meses de inhabilitación especial por delitos continuados de prevaricación urbanística y a otros 8 años y seis meses por delitos continuados de prevaricación.

El exalcalde de Arona, a la salida del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, ha celebrado en declaraciones a los medios allí presentes que la “única” pena que le quedó es la inhabilitación y que “del resto de los cargos” está absuelto.

Asimismo, ha dicho que está tranquilo porque no está inmerso “en ningún un proceso de corrupción” derivado del caso Arona.

“Ha quedado aclarado que es un proceso administrativo por el que me recayó, al igual que la junta de gobierno, la inhabilitación”, ha manifestado González Reverón, quien ha reconocido que ha sido “duro” pasar por un proceso judicial.

El exalcalde Arona José Alberto González Reverón, de CC, ha sido condenado por tercera vez por prevaricación, es decir, por dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas o no ajustadas a la ley. La sentencia del conocido como caso Arona 1 se ha saldado con 17 años de inhabilitación para cualquier ejercicio de cargo público para el que fue regidor del municipio del sur de Tenerife durante casi 10 años, aunque, también por tercera vez, Reverón se ha salvado de una condena de prisión.

El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le juzgó, junto a otras 12 personas (entre políticos, extécnicos municipales y arquitectos), ha tardado nueve meses en dictar sentencia, dado el “complejo entramado” de actuaciones fraudulentas, en las que se mezclaban cohechos y posibles tráficos de influencias.

En la sentencia, que ha sido conocida este jueves, pesa la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la denuncia de la Fiscalía se remonta a 2007, pero no como una eximente de cualquier condena, tal y como pretendían los abogados de la defensa.

González Reverón, que militaba en las filas de CC y fue uno de los hombres fuertes del partido nacionalista en los años en que Paulino Rivero fue presidente del Gobierno canario, estaba acusado también de ese último delito, el de tráfico de influencias, por el que la Fiscalía pedía una condena de prisión de dos años de cárcel. Sin embargo, los magistrados creen que no quedó suficientemente probado.

Quienes formaron parte del Gobierno local entre 2003 y 2007 han sido condenados a la misma pena: ocho años y medio de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación urbanística, y otros ocho años y medio por el delito continuado de prevaricación, ya que se considera probado que en los plenos municipales votaron a favor de la concesión de licencias urbanísticas al margen de la legalidad e hicieron contratos a dedo.

Son Manuel Barrios, Daniel Martín Navarro, Alfonso Barroso Armas, José Luis González Rodríguez, Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo.

Cohecho y cárcel

De todos esos políticos, Félix Sierra, que esos años era concejal de Urbanismo y consejero del Cabildo delegado en el sur por el PP, es quien sale peor parado, ya que además ha sido condenado por cohecho (sobornos) a cuatro años de prisión, otros nueve de inhabilitación y una multa de 500.000 euros, aunque no ha sido condenado por otro delito del que se le acusaba, el de negociaciones prohibidas a autoridad en el ejercicio de su función. La Fiscalía pedía para él ocho años de cárcel.

El cohecho también llevará a la cárcel a Roberto de Luis, exaparejador municipal y una de las personas que más mandaba en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arona, al haber sido condenado a cinco años de privación de libertad y una multa de 700.000 euros. Igualmente se le ha impuesto otro año de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación.

Eliseo de la Rosa, que ejercía como arquitecto municipal, era el segundo “pilar” de la Oficina Técnica de Arona. Ha sido condenado por delito continuado de cohecho a cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y multa de 500.000 euros, a los que hay que añadir otro año de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricar.

En esa supuesta trama de sobornos y cobro de comisiones para obtener licencias figuran asimismo dos arquitectos: Zenón Rodríguez Neris y Antonio Luis González Tolosa, ambos condenados por cohecho continuado a dos años de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación y multas de 40.000 y 30.000 euros, respectivamente.

El último condenado es un empresario, Arsenio Zamora Toledo, que actuaba como intermediario en el cobro de comisiones, y sobre el que ha recaído la misma condena de dos años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación, aunque en su caso la multa impuesta es más elevada: 250.000 euros.

De los trece acusados, solo uno ha sido absuelto en su totalidad. Es el arquitecto Jorge Menéndez Díaz.

Los empresarios denunciantes se quedan sin indemnización

Una de las bases de la acusación que sirvió al magistrado Nelson Díaz Frías para investigar el caso Arona fue una grabación que el constructor vasco José Ramón Ansorena hijo aportó a la instrucción judicial. En ella, se escucha al condenado Arsenio Zamora pedirle 45 millones de pesetas, en dos pagos, para tramitar las licencias que les permitieran construir 206 viviendas en una parcela de Costa del Silencio.

Esos 45 millones ya estaban precedidos de otro pago de dos millones de pesetas para agilizar la tramitación y luego 9.000 euros más para llevar a cabo unos informes cuyo valor real eran 75 euros.

Los Ansorena, padre e hijo, se negaron al pago de los 45 millones y, en efecto, la construcción de las 206 viviendas nunca se llevó a cabo. El abogado de la acusación particular que les representaba solicitó para ellos una indemnización por los daños morales causados, pero la Audiencia Provincial ha estimado que no cabe indemnización alguna.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife insistió este viernes en los seis casos en los que considera demostrado que el exalcalde de Arona, el exnacionalista José Alberto González Reverón (Berto, para sus vecinos), intentó influir en personas bajo su mando o sobre quienes tenía algún poder, para conseguir tratos de favor para amigos o conocidos, o familiares de amigos, más allá de la legalidad y de su deber municipal.

Dos años de cárcel y 15 de inhabilitación. Esa es la petición de condena que ha mantenido la fiscal Isabel Silva para González Reverón, tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, después de tres días de vista oral de esa pieza separada que nació a consecuencia de las escuchas telefónicas durante la investigación de la principal, el caso Arona 1, ya juzgado y cuya sentencia se conocerá a mediados de diciembre. Además del reiterado tráfico de influencias, mantiene que hubo un delito de prevaricación y otro de coacciones.

Al exalcalde se le acusa de que seis personas fueran colocadas a dedo en una empresa con concesión municipal; de que un policía local consiguiera plaza fija en unas oposiciones; de que una niña obtuviera una plaza de guardería; de que un abogado lograra colarse en la Cámara de Comercio; de intermediar para evitar que un vecino pagara multas por mal aparcamiento, y de que el chalet de un concejal de su equipo de Gobierno, levantado en zona rústica protegida, no fuera demolido.

Poder mandatario

Para Silva, no cabe duda de que el exalcalde de CC durante casi nueve años en el mayor municipio turístico del sur de Tenerife, usó su poder mandatario para lograr que un policía local que era interino lograse una plaza fija en las oposiciones al cuerpo que se llevaron a cabo en 2007.

“Hay que tirar de Nico para arriba”, fue una de las frases interceptadas por la Policía Judicial en su conversación con Hortensia García, que era subinspectora y máxima responsable ese año de la Policía Local y, además, la presidente del tribunal juzgador.

Hortensia García, que se ha sentado en el banquillo de los acusados al lado de González Reverón, sin mirarse ni dirigirse la palabra en tres días, se enfrenta a ocho años de inhabilitación para su cargo como funcionaria.

La fiscal sostiene que fue pieza esencial para que el agente lograra su plaza gracias a una nota favorable en el examen de inglés y que, aunque fue objeto del tráfico de influencias del exalcalde, cometió con este un delito de prevaricación, lo que subrayó con la frase escuchada de “hemos tenido que tirar de él”.  Y para tirar de él, la fiscal recordó que la profesora de inglés que evaluó al candidato era a su vez profesora de las hijas de la acusada, luego “había una relación estrecha entre ambas”.

De la misma manera, sostuvo que hubo afán, y que lo logró, en su intento de influir en la exconsejera insular de Planificación Territorial Pino de León para que se modificase el proyecto del Plan Parcial de Ordenación Territorial que afectaba al barrio de Buzanada, porque el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Reverón (el acusado negó que fuera familiar suyo, aunque en la pieza principal sí dijo que lo era), había construido su vivienda en suelo rústico protegido. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente obligó al pago de una multa de 150.000 euros y al derribo de la casa. Se pagó la sanción, pero la casa sigue en pie.

Un policía local que intervino como testigo corroboró que se sintió presionado por el exalcalde para retractarse de las multas (hasta 32) que le había puesto a un vecino, que llamó al siempre accesible González Reverón para que le echara una mano. Igualmente, la Fiscalía afirma que las llamadas del exalcalde a la directora de una guardería municipal para que la hija de un amigo lograra una plaza fueron tráfico de influencias.

El mismo discurso mantuvo respecto a las llamadas a Vicente Dorta, director general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, para que se apoyara el currículo del abogado Carlos Tacoronte, candidato a la plaza de la delegación de esa institución en el sur de la Isla.

También estimó que las constantes llamadas a los responsables de la empresa Clusa, concesionaria de jardines y basuras, para colocar a gente, iban más allá de su afán de dar una solución a personas desfavorecidas y lograrles un puesto de trabajo. “Eran llamadas con nombres y apellidos”, dijo la fiscal.

Y además recordó una conversación telefónica en la que se escucha a González Reverón: “Lo tienes que meter”, y otra con un vecino afortunado en la que recalca que “el acuerdo al que hemos llegado lo ordeno yo. A ti te van a meter, te van a contratar tres meses, porque yo lo ordeno”. “Uno de los contratados por tres años era el hijo de un concejal. ¿Hablamos de personas necesitadas?”

“La sobrina no entró”

El nuevo abogado de González Reverón, César Calleja, esgrimió una estrategia parecida a la de su predecesora, la abogada Olga López, que renunció a la defensa del exalcalde, y sostuvo que las escuchas telefónicas de las que habían derivado las demás pruebas no habían sido rigurosas en el control judicial, por falta de justificación, y por ello debían ser nulas.

Pero, en todo caso, recalcó que “ni uno solo” de los testigos afirmó haberse sentido presionado ni influido. “Mi representado no está orgulloso de las frases que se han escuchado”, dijo. “Pero no son prevaricadoras”.

“El supuesto de las [multas de tráfico impuestas a un vecino] pregunta al servicio de recaudación si hay alguna solución legal”. “En su conversación con [la acusada] Hortensia, dice justicia pura y dura”. “En otra conversación le escuchamos pedir el máximo rigor y seriedad. No son frases bonitas, pero no son delictivas y se producen en medio de un ambiente jocoso y divertido”.

Para el letrado, no es extraño que el exalcalde estuviera interesado en que un vecino, que llevaba tres años como interino en la Policía Local, lograse la plaza como fijo, y negó cualquier posibilidad de tráfico de influencia, y con ello, de prevaricación, ya que el tribunal juzgador ponía las notas por unanimidad y porque, igual que por el interino, González Reverón se interesó por la sobrina del entonces presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y por dos recomendados del que era vicepresidente del Cabildo de Tenerife y actual alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez. “La sobrina no entró, ni los otros recomendados”.

Respecto al chalet de Manuel Reverón, lo único que le pidió fue que se informara, y por eso el exalcalde llamó a Pino de León. “Todas las conversaciones son informativas”, amén de que insistió que la exconsejera insular “no tenía capacidad para modificar el Plan Parcial de Ordenación Territorial”.

Es el mismo alegato que empleó para defender que se interesara por un candidato a la delegación del sur de la Cámara de Comercio, ya que en este parecían tener interés tanto González Reverón como el mismo Vicente Dorta.  “Lo único que pidió es que se incluyera el currículo (de Carlos Tacoronte) en la lista de candidatos. Pero es que además el proceso de selección lo llevaba a cabo una empresa externa y el que nombra al final es la Cámara de Comercio de Madrid”.

Con respecto a la plaza de la guardería, negó que la directora de esta, con quien habló González Reverón, también a título informativo, pudiera decidir algo, además de que ella negó toda influencia, y señaló que el mismo tribunal que ahora ha enjuiciado esta pieza separada ya se pronunció en una sentencia de mayo pasado, en la que dejó claro que no basta con intenta influir, sino que hay que tener la ascendencia y la determinación para asegurarse el resultado“.

Por su parte, Fernández del Torco, abogado de la exresponsable de la Policía Local Hortensia García, mantuvo que “es harto dudoso” que la acusada haya prevaricado, ya que se limitó a responder una llamada de su superior jerárquico, que era el alcalde, amén de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había fallado que no hubo resoluciones arbitrarias en la oposición.

José Alberto González Reverón, el exalcalde de Arona (entonces de CC), vuelve a estar sentado en el banquillo de los acusados. Esta vez se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, delitos por los que la Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de inhabilitación para cargo público y a dos años de cárcel.

Desde 2011, González Reverón, apodado Berto el Conseguidor, ha pasado por los juzgados en cinco ocasiones, cuatro de ellas como acusado. En noviembre de 2012 tuvo que dejar la Alcaldía del municipio del sur de Tenerife, que ocupaba desde 2003, tras convertirse en firme la sentencia que lo inhabilitaba durante cuatro años y medio por contratar a dedo a dos personas, sin que las plazas salieran a concurso público.

En diciembre pasado, el exalcalde, que llegó a ser uno de los hombres fuerte de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, regidor de uno de los municipios que más turismo recibe en la Isla, fue de nuevo condenado por prevaricación a otros siete años de inhabilitación, aunque se libró del delito de malversación de caudales públicos, por el que se pedía prisión.

Y desde enero de este año hasta abril ha sido enjuiciado junto a otras 12 personas, entre políticos, extécnicos del Ayuntamiento aronero y arquitectos, por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Es el conocido como caso Arona 1, la pieza principal de la que han emanado las restantes piezas separadas y cuya sentencia se conocerá cuando haya concluido la vista oral de este nuevo juicio, que se ha iniciado este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y que se prevé que dure hasta el viernes.

José Alberto González Reverón es juzgado por, presuntamente, intentar amañar una oposición al cuerpo de la Policía Local de Arona en 2007 para “colar” a un policía interino. Fue durante la investigación judicial de la pieza principal del caso Arona cuando se conoció la forma de actuar de Berto el Conseguidor, que siempre se ponía al teléfono y siempre estaba dispuesto a echar una mano a amigos y vecinos para solucionarles sus problemas, incluso al margen de las normas legales.

“Hay que tirar de Nico para arriba”

Así fue como se grabó la llamada que le hizo el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en la que le pedía el favor de lograr una plaza para una sobrina. También le pidieron favores el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que entonces era vicepresidente en el Cabildo de Tenerife.

Las oposiciones para cubrir 10 plazas en el Cuerpo Local de la Policía contaron con cerca de 200 aspirantes, pero finalmente el interino Nicanor Valentín logró el puesto fijo, según la Fiscalía, porque González Reverón habría colocado en el tribunal juzgador a Hortensia García García, que en 2007 era subinspectora y máxima responsable del cuerpo.

Hortensia se sienta en el banquillo junto al exalcalde. Es el único caso que comparten de los seis por los que ahora se juzga a Reverón y para ella se piden 8 años de inhabilitación. Nicanor, Nico, logró la plaza en último lugar y solo por unas décimas de diferencia con el inmediato siguiente en la lista. La clave estuvo en la puntuación del examen de inglés

Sin embargo, tanto Hortensia García como González Reverón negaron conversaciones más allá de la informalidad. Las llamadas intervenidas por la Policía Judicial, en una de las cuales el exalcalde le dice a Hortensia que “hay que tirar de Nico para arriba”, consideran que han sido sacadas de contexto.

Mientras la exjefa de la Policía Local dijo que nunca fue influida por González Reverón y que estuvo en el tribunal juzgador por méritos propios, el exregidor admite que esa llamada existió pero “como una actuación típica de alcalde. Era el único interino, era del municipio y era un caso excepcional (…). Como policía era muy bueno. Hortensia no tenía capacidad para influir en todo el tribunal”.

Hortensia García negó que hubiese intermediado con la examinadora de inglés para elevar la puntuación del aspirante. La profesora de inglés tampoco admitió haber recibido presiones ni influencias, sino que aseguró que entregó las calificaciones al tribunal y por eso Hortensia supo la nota que había puesto “al chico”, un uno.

Un chalet en medio de un plan territorial del Cabildo

El siguiente supuesto por el que se juzga al exalcalde es la supuesta intermediación para lograr legalizar la vivienda de Manuel Reverón, entonces concejal del equipo de Gobierno de González Reverón.

Ese chalet fue construido en una zona rústica no urbanizable en el barrio de Buzanada. El Plan General, entonces pendiente de aprobar, transformaba el terreno en urbanizable, pero no así el Plan Parcial de Ordenación Territorial, que dependía del Cabildo tinerfeño y que acabó suspendido. Sin embargo, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente ordenó la demolición del chalet y el pago de 150.000 euros.

La Fiscalía sostiene que González Reverón intervino ante la consejera del área del Cabildo, María del Pino de León, para que el Plan Parcial diera un salto en el mapa y dejara fuera de la protección la casa del exconcejal, que se libró del expediente sancionador.

Y una vez más el exalcalde defendió que llamó solo para informarse, porque, si algún vecino o, en este caso, compañero de partido, tenía un problema él intentaba solucionarlo. “Pero sin ningún ánimo de influir en nadie. Había una distorsión entre lo que decía el Plan General y lo que proyectaba el Plan Parcial”. “Solo llamé a María del Pino para saber cómo iba el Plan Parcial. Era un tema de justicia”, apostilló.

La exconsejera sostuvo que, aún queriendo, hubiera sido imposible legalizar la vivienda de Manuel Reverón de esa forma. También negó que el exregidor le entregara en mano las alegaciones a la no recalificación del terreno en el que se levanto la vivienda. González Reverón aprovechó para negar que Manuel sea su primo. “No es familiar mío. Era solo compañero en el Ayuntamiento”.

Otro de los supuestos del que se le acusa es de mediar ante la Cámara de Comercio para que se eligiera como representante en la delegación del sur de Tenerife a Carlos Tacoronte. Incluso hay grabadas llamadas al entonces director general de la Cámara, Vicente Dorta. “Tacoronte pasó el proceso selectivo, pasó el examen, y solo llamé a Dorta porque el candidato presentaba muy buen perfil. Es abogado y es joven, pero sin más interés que el de buena vecindad y de interesarme por el proceso”.

Tampoco quiso influir, aseguró, a la directora de una guardería municipal para que se le diera plaza a la hija de un amigo, pese a que hay llamadas en las que se registran frases como, “cuando esté solucionado, me avisas”, y pese a que la niña tuvo plaza aunque la madre no aportó la documentación necesaria.

Los últimos dos supuestos de los que se le acusa son su intermediación para librar de multas de tráfico a un vecino y por influir para la lograr la contratación de seis personas en la empresa de basuras, una de las cuales es hijo de otro excompañero de expartido, Alfonso Barroso.

González Reverón lo negó todo, tanto a preguntas de la fiscal como de su abogado, César Calleja Sánchez (que sustituye a la letrada Olga López, quien se ha negado a representar más al exalcalde, tras una fortísima discusión al final de la vista oral del caso Arona 1). De nuevo, el acusado se ciñó a su buena intención de “ayudar” a vecinos que “lo estaban pasando muy mal. Solo me interesaba por mis vecinos”.

Y si, en efecto, llamaba a unos y a otros, y era solo con afán de informarse de cómo iban los procesos de selección, ya que la empresa concesionaria de basuras, Camilo Álvarez y Clusa, “en ocasiones era la que llamaba al Ayuntamiento para pedir personal”. Añadió que nunca había coaccionado a los responsables de esta con quitarles la concesión.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto del delito de tráfico de influencias al guardia civil José Manuel Rodríguez, al que la Fiscalía sentó en el banquillo por entender que había intentado presionar en 2008 a los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Arona, así como al alcalde y otros concejales de la Junta de Gobierno para favorecer al empresario Pedro Suárez.

Era una pieza separada del Caso Arona. Se parece mucho a un culebrón, y quizás lo sea, pero sin sustento para una condena. El que en 2008 era cabo de la Guardia Civil y responsable del Servicio de Información en Playa de las Américas (rango que perdió tras su imputación y ser trasladado a Madrid), organizó varios encuentros, primero con los concejales socialistas que eran la oposición , entre ellos, Francisco García Santamaría. Luego, con miembros de la Junta del Gobierno local, como el propio ex alcalde José Alberto González Reverón y el que era concejal de Urbanismo, Antonio Sosa; y por último, entre todos los anteriores y el constructor Pedro Suárez, que la vez era el presidente del Círculo de Empresarios del Sur (de Tenerife) y uno de los hombres de negocios del ladrillo más poderoso de la isla, no en vano es vicepresidente del CD.Tenerife.

El Gobierno local de Arona quedó paralizado tras la denuncia en 2007 de Francisco García Santamaría a la Fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas y posibles contratos a dedo. Meses después, se abrió un expediente urbanístico contra un camping, el Camping Nauta, regentado y gestionado por un familiar de Santamaría.

No se concedía ni una licencia de obras mayores, o se concedían a cuenta gotas, y el acusado, que mantenía relaciones de vecindad con concejales de uno y otro bando enfrentados, y también conocía a Suárez y otros empresarios afines, medió para que se sentaran a hablar unos con otros y acabar con esa situación de parada. Al final se celebró una comida en casa de Pedro Suárez, cita que ha sido una de las piedras angulares de la acusación pública.

Fue en abril de 2008, y abundó el cochino negro, eso lo recordaron todos los testigos. Asistieron el exalcalde de CC José Alberto González Reverón, principal encausado por corrupción en la pieza matriz del Caso Arona (el juicio ha durado cuatro meses y aún está pendiente de sentencia), Santamaría y concejales de la Junta de Gobierno. “Se habló de esto y de lo otro, y sí, de la concesión de licencias, pero sin concretar ninguna ni llegar a ningún acuerdo”, dijo uno de los testigos.

Varapalo a la Fiscalía

Para la Fiscalía, esas reuniones, y las llamadas para concertarlas, tuvieron una finalidad: la de influir en los votos de los concejales de la oposición para desbloquear la concesión de licencias y sobre todo, favorecer al poderoso Pedro Suárez. A cambio, que se diera carpetazo a una multa de 35.000 euros que pesaba sobre los familiares de Santamaría, dueños de Camping Nauta.

Pero el caso es que no ocurrió ni lo uno ni lo otro y que, tras ocho años de investigación judicial, no se ha dado con el beneficio que el guardia civil obtendría de todo ello, un elemento esencial en el tráfico de influencias.

Hubo un conato de comisión de Urbanismo tras esa comida, pero como relataron varios testigos, apenas quedó en una reunión en el vestíbulo del Ayuntamiento en la que no se llegó a acuerdo alguno.

Tampoco constaban entonces expedientes pendientes para concesión de licencias a nombre de Pedro Suárez o su empresa Gomasper. Ni ha quedado acreditado, más bien al contrario, que el acusado José Manuel Rodríguez tuviera autoridad suficiente como para imponerse en las decisiones de los concejales de la Junta de Gobierno y de la oposición.

Según las conversaciones telefónicas interceptadas, el acusado tampoco ejercía autoridad ni influencia moral sobre el ex alcalde José Alberto González Reverón, ni Santamaría podría influir en los votos ya que no formaba parte de la Junta de Gobierno.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Tenerifeahora.es, se da un varapalo a la Fiscalía, al argumentar que “lo primero que debe decirse es que no queda del todo claro cuál o cuales son los funcionarios o autoridades influenciados, ni tampoco queda determinado debidamente en el escrito de conclusiones cuál sería la situación de ascendencia o influjo del acusado sobre ellos”.

El tribunal de la sección sexta de la Audiencia Provincial ha absuelto, por tanto, al acusado del delito de tráfico de influencias y ha dado la razón a su abogado defensor, que en el juicio afirmó que su cliente actuó por altruismo, sin obtener beneficio alguno, y que si estaba sentado en el banquillo es porque “es bobo”, ya que “si se hubiera quedado quieto, no habría tenido que escuchar las barbaridades que se han dicho sobre él”.

José Tavío Fumero es un ciudadano de Arona que durante los últimos tiempos ha adquirido notoriedad por haber denunciado casos de corrupción urbanística. Entre ellos la construcción de un chalet propiedad de José Antonio González Costa, familiar del exalcalde, José Alberto Reverón, construido en suelo rústico con una licencia para edificar un establo. De ahí derivó el conocido como caso Relinche. También ha sido llamado a declarar en el caso Arona 1 como testigo porque según dice, en su momento le exigieron pagar 400.000 pesetas -unos 2.400 euros- por una licencia. Pero posiblemente no será la última vez que tenga que cooperar con la justicia.

Dice que no se arrepiente del papel asumido pese a las consecuencias que ha tenido que afrontar. Dentro de este nuevo capítulo de la historia más oscura del Sur de Tenerife, este ciudadano ha logrado que figuren como investigados el exalcalde, González Costa, su padre, José Antonio González González, al que el primero ha responsabilizado de todo lo ocurrido y el exconcejal de Urbanismo, Antonio Sosa. Por último, está Nicolás Correa Martín, a quien Tavío culpa de haberse visto supuestamente favorecido por la concesión de licencias irregulares. Este denunciante fue objeto hace algunos meses de una agresión en su propia casa que está siendo investigada. Y es que cabe la posibilidad de que tal vez no se trata de un simple robo.

Comencemos desde el principio. ¿Cuál es su vinculación con el conocido como ‘caso Relinche’?

Hay tres obras ilegales. Una en Arona de Nicolás Correa Martín, a quien le concedieron en una Unidad de Actuación una licencia de obra menor pero luego le permitieron que hiciera obras mayores. Desde que pongas un bloque ya estamos hablando de obra mayor y más si se trata de un muro de dos metros y medio y de un desmonte. Luego hay dos obras ilegales de José Antonio González Costa, el abogado y familiar del exalcalde. Por un lado, le dieron la prescripción urbanística de algo que no sólo no había prescrito sino que estaba recién hecho en la calle Real de Buzanada. Luego está lo del chalet que construyó con una licencia para hacer una cuadra de caballos. Los políticos sabían desde el primer día que aquello no era una cuadra de caballos. Pero además, es que ni siquiera el chalet está construido en el sitio que le corresponde.

¿Usted denunció las tres obras?

Efectivamente. Denuncié las tres obras por ser ilegales pero en una sola denuncia. Luego hay otro denunciante pero es una persona mayor con problemas de salud que se ha retirado de esta guerra.

O sea que está usted solo ante el peligro.

Me he quedado solo pero mientras pueda y tenga salud seguiré adelante. Si hubiera más gente como yo, igual se acabaría la corrupción.

¿Pero a usted le molestaba el chalet o todo lo hizo en plan altruista?

Yo vi tres obras ilegales. Así lo vi. Si como vecino del municipio pudiera denunciar más obras ilegales lo haría. Lo que pasa es que no voy a estar todo el día pagándole dinero a abogados y a procuradores. En el caso del chalet como hay tanta corrupción y vi que el dueño era un familiar del exalcalde, decidí denunciarlo pero nada más. La obra de Nicolás Correa Martín sí me afecta más directamente porque está al lado de una parcela que es de mi madre. Cualquier cosa que esté mal construida y sea ilegal es denunciable porque nos perjudica a todos.

Visto lo visto, ¿se arrepiente de haberse metido en esta guerra?

No. ¿Que de un lado y de otro han tomado represalias? Pues me parece muy bien pero yo no me arrepiento ¿Por qué voy a arrepentirme?

¿Cómo definiría la situación del municipio en el momento en el que decidió presentar estas denuncias?

Un caos. Se daba el caso de gente que se sentaba a comer con el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo y a los postres conseguían que sus parcelas milagrosamente se convirtieran en urbanas. Por ejemplo.

Usted fue llamado a declarar como testigo en el caso Arona - 1 ¿Cuál es su vinculación con esta trama?

Efectivamente. Me llamaron a declarar porque en su momento me pidieron 400.000 pesetas. Un arquitecto que tiene su buen sueldo no tiene por qué pedirme dinero. Bastante hacemos con pagar licencias de obras y todo lo que nos corresponde. Se ha demostrado que no sólo me lo pidieron a mí, sino también a mucha gente. Ahora que el juez decida.

¿Eso era lo habitual?

Lo habitual era eso. Cada uno hacía lo que le daba la gana.

¿Cree usted que la situación ha cambiado ahora?

Sigue igual. No olvidemos que el dueño del PSOE es un empresario que compró al partido socialista ¿Y sabes cuál es su último fichaje? La acusación del caso Arona - 2.

¿Fichaje? ¿En qué sentido?

¿Quién es la acusación del caso Arona - 2? El concejal José Antonio Reverón ¿Entonces que hicieron? Pues ficharon a José Antonio Reverón con el pacto y ya no habla. Ya está.

¿Y qué vinculación tiene el PSOE con el caso Arona - 2?

El denunciante, que yo sepa, es José Antonio Reverón. No nos olvidemos de que en este caso se trata de urbanismo y hay muchos empresarios metidos. Si fichas a la acusación particular pueden pasar muchas cosas. En Arona todo sigue igual.

¿Tiene usted alguna otra vinculación con los sucesivos casos Arona?

No lo sé. Igual me citan a declarar. Yo no he declarado en contra de nadie. No tengo nada en contra de nadie. Lo único que he hecho es colaborar con la justicia y punto. Si por eso tiene que haber represalias no lo entiendo. No debería. El nivel de corrupción es tal que si fuera por denunciar no pararía.

Una vez que parece que ha culminado la fase de declaraciones por el conocido como caso Relinche, ¿cuál sería su valoración de cómo va transcurriendo este asunto en los juzgados?

Todo está bajo investigación. Aún queda por declarar Nicolás Correa Martín. Ya lo ha hecho José Antonio González y al día siguiente fueron José Antonio González González, José Alberto Reverón y Antonio Sosa, que se negaron a contestar a la acusación particular. Si no contestas es que algo estás ocultando. Lo único que sé es que cuando declararon mintieron. Eso está claro. Por ejemplo, no se puede entender que José Antonio González González diga que me conoce desde hace 45 años. Eso es imposible. Si dijera que me conoce desde hace once años, todavía. El problema es que en España los imputados pueden mentir. En el caso del exalcalde no sé exactamente qué es lo que dijo o no dijo.

Supongo que habrá visto las declaraciones. ¿Cuál es su conclusión?

Las tiene mi abogado. Yo lo que sé es que José Antonio González Costa le echó la culpa al padre. Jamás le echaría la culpa de nada a mi padre. Lo que pasa es que ahora en España está de moda echarle la culpa de todo al viejo.

¿Cree usted que se trata de una estrategia?

No sé si se tratará de una estrategia. Eso tiene que decirlo un fiscal o un juez. Puede ser. Pero responsabilizar a una persona a la que quieres me parece muy duro. Eso son palabras mayores. Es fuerte. Pero bueno, cada uno tiene su propia estrategia. Confío en mi abogado. Tiene carta blanca para hacer lo que crea.

¿Qué piensa de cómo se ha llevado la instrucción?

Yo no soy quién para decir si va lenta o no. Si lo han hecho bien o no. No tengo conocimientos de Derecho. No sé la magnitud o pruebas que han tenido que manejar. Mejor que vaya lento y no se salgan de rositas, a que vaya muy rápido y se quede en nada. Que la Justicia se tome el tiempo que se tenga que tomar. Sin prisas pero sin pausas.

Lo que parece claro es que el exalcalde se enfrenta a un panorama judicial bastante oscuro.

El exalcalde se enfrenta, como mínimo, a una decena de casos. Yo no soy el culpable sino de uno o dos. No tengo nada en contra del exalcalde ¡Ojalá que salga lo mejor posible de todo esto!

Creo que también ha denunciado la actividad de una discoteca que está cerca de su casa.

Efectivamente. Hay una discoteca denunciada. No tengo nada en contra de la discoteca sino de las molestias y ruidos que produce. Por ese motivo un día se me va un inquilino, mañana se van tres… No voy a perder dinero para que alguien haga caja. El dueño de esa discoteca me dijo que si se la cerraban iba a tener problemas graves. Esa amenaza al final se quedó en un juicio de faltas. Le pusieron un precinto al local y el mismo día se lo quitó. Eso supongo que será un delito. Las terrazas también siguen abiertas, incluso después de las doce de la noche. Yo he sido el que me he mojado pero hay cerca de cien vecinos de los alrededores que también han llamado al Ayuntamiento pero no les hacen ni caso.

Luego ocurre lo de los sujetos que entran en su casa y le agreden. Lo del supuesto robo.

No quiero dar datos. Vinieron a lo que vinieron.

Lo cierto es que con la trayectoria que usted tiene más de uno habrá pensado que no fue un simple robo. Las sospechas están claras.

No quiero hablar. Hay una investigación abierta y en su momento se sabrá.

El exsecretario del Ayuntamiento de Arona, Cristián Marcelino Represas, ha sido llamado a declarar en calidad de investigado el próximo 11 de mayo, dentro de la causa penal conocida como Arona-2 que aborda todo lo relacionado con la aprobación en 2010 del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

Los hechos que se le atribuyen son supuestamente no haber advertido al pleno de que en el documento que se aprobaba no sólo se había incluido la respuesta a los reparos que impuso la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), sino también presuntamente otras modificaciones.

El Juzgado de Primera instancia número 4 de Arona dividió esta trama en dos partes, de los cuales el Arona-2 estudia la comisión de una posible prevaricación por parte de 15 investigados. Las comparecencias se están llevando a cabo entre los días 20 de abril y 11 de mayo. En la primera fecha fueron llamados a declarar en calidad de imputados o investigados, según la reforma de la Ley Penal, el exconcejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Antonio Sosa, la exconcejal de Recursos Humanos y Hacienda, María Candelaria Padrón, y el exconcejal de Cultura, Miguel Ángel Méndez, todos ellos de Coalición Canaria (CC), y el abogado Jesús Ramón García.

Fueron citados para comparecer también como imputados, justo una semana más tarde, Antonio Miguel García Marichal, actual consejero insular y portavoz de CC en el Cabildo, el exconcejal de Deportes, Francisco Enrique Toledo, y la exedil Martina Melo Melo, ambos de CC. También está llamado a declarar Manuel Reverón González, familiar del anterior alcalde, José Antonio Reverón.

La actual concejal de CC en Arona, Clara María Pérez, el exconcejal de Turismo, Ángel David Herrera, y la exconcejal Dácil María García, ambos también de CC, y Pedro Antonio González, quien fue miembro de la Corporación local por el Centro de Arona (CAN), prestaron declaración como investigados ayer, 4 de mayo. Finalmente, en esta misma situación procesal comparecerán el día 11 de mayo los exconcejales José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón, ambos del Partido Popular (PP), y el secretario que en pricipio había sido llamado a declarar como testigo.

En esta causa también permanecen como imputados la diputada nacional en funciones y concejal del PP en Arona, Águeda Fumero, el exalcalde y los exconcejales José Luis González, del Centro Canario Nacionalista (CCN), Manuel Barrios Rodríguez, del CAN, el exresponsable de Hacienda de CC, Sebastián Martín Martín, el exconcejal del PP, Félix Sierra, Daniel Martín Navarro (CAN), y Juan José Alayón Beltrán y Alfonso Barroso Armas también de CC. Todos ellos, menos Fumero y Sebastián Martín, se sentaron en el banquillo de los acusados durante varios meses por la vista oral del caso Arona 1.

Dado que según la nueva ley podría correrse el riesgo de que la causa quedara archivada por sobrepasar los plazos estipulados, la juez decreta que se cumplen los requisitos para considerarla compleja. O lo que es lo mismo, que se analizan diversos hechos punibles, se involucra a gran cantidad de investigados o víctimas y se requiere el análisis de abundante documentación. Por ello, se otorga un plazo de un año y medio, prorrogable, para concluir la instrucción, período que se podrá interrumpir en caso de decretarse el secreto de sumario o el sobreseimiento.

El PGO de Arona ha quedado ya anulado en la vía contencioso administrativa por cuatro sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS), debido a que en su momento no se incluyó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Pero además, en esta causa penal se ha imputado a todos los miembros del pleno de la Corporación que en 2008 votaron a favor (CC-PP-CAN) a pesar de la existencia de informes jurídicos que advertían de que el documento se había modificado y de que no se llevaron a cabo las subsanaciones exigidas.

Uno de los dictámenes correspondía a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y en el mismo se contemplaba que los cambios hechos “se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación del plan”. Y todo ello después de que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ordenase una serie de correcciones al planeamiento en 2006. Finalmente, en 2010 se llevó a cabo una aprobación parcial que luego ha sido repetidamente anulada por los tribunales.

A esta presunta irregularidad se suman las 131 licencias urbanísticas concedidas entre 2006 y 2011, “sin respetar los trámites establecidos adoptando decisiones contrarias a las que en derecho procedían”. Finalmente se acordó separar dentro del caso Arona 2 por un lado la aprobación del PGO y por otro la concesión de permisos, con el fin de agilizar la causa.

La nueva fiscal para Delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Francisca Sánchez, ha mantenido las peticiones de prisión por delitos relacionados con la corrupción para los trece encausados por lo que se conoce como el caso Arona 1, una presunta trama de cobro de comisiones, concesión de licencias y contratos ilegales, mantenidos en el tiempo en ese municipio turístico del sur tinerfeño.

Entre los acusados está el exalcalde de Coalición Canaria (CC) en Arona durante casi diez años, José Alberto González Reverón, para quien se solicitan 2 años de privación de libertad y 21 de inhabilitación para cualquier cargo público. Reverón, que ya fue inhabilitado en 2012 durante cuatro años y medio, volvió a ser condenado hace poco más de un mes, por el mismo tribunal que lo juzga ahora, a ocho años y medio de inhabilitación, por permitir unas obras sin licencia en un hotel.

La fiscal no ha modificado las conclusiones provisionales que elaboró su antecesora, Inmaculada Violán, y que en la sesión de este lunes ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha elevado a definitivas.

Únicamente ha dejado fuera de la petición de inhabilitación especial a los acusados que no eran funcionarios públicos, es decir, los arquitectos sobre los que pende el delito de cohecho, que son Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa, para quienes se solicitan cuatro años de prisión y multas de 12 millones para los dos primeros y de 10 millones para el tercero.

Tampoco puede recaer la inhabilitación especial para el empresario Arsenio Zamora, para quien la Fiscalía solicita tres años de cárcel y 300.000 euros de multa, y al que se considera el “hombre de paja” de los técnicos municipales de Urbanismo acusados, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, ya que habría ejercido durante años como intermediario en el cobro de comisiones ilegales para agilizar o conceder licencias urbanísticas.

Roberto de Luis, exaparejador municipal, es para quien se pide la mayor condena: ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación especial, junto con una multa de 3,4 millones de euros por los delitos de cohecho y prevaricación continuada.

De Luis, que acumuló una fortuna desde 1999, durante las etapas en que Miguel Delgado y González Reverón ejercieron como alcaldes de este municipio del sur de Tenerife, es uno de los personajes que hizo saltar la presunta trama de corrupción urbanística, al ser denunciado por un periódico local, contra el que entabló un juicio por injurias.

Fue en 2004 y su sobrino Antonio Luis Molina reveló entonces como testigo los cobros millonarios que el técnico llevaba a cabo, de quien dijo que tenía total libertad de acciones en la oficina Técnica Municipal de Arona, ya que no era el único que extorsionaba para la concesión de las licencias, bien para obras menores, o para primeras ocupaciones, o para construir en un solar, o para imponer qué arquitectos debían llevar a cabo las edificaciones.

Tres años después, en 2007, una denuncia del entonces concejal por el PSOE, Francisco García Santamaría puso en marcha la investigación judicial.

Al lado de Roberto de Luis, según las conclusiones de la Fiscalía, actuaba el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, y quien según varios testigos han señalado durante la vista oral del caso, como muy dado a pedir “un regalito para mi mujer”, que podía rondar los 500.000 euros. Para él se solicitan seis años de prisión por cohecho, 20 de inhabilitación especial y 500.000 euros de multa.

Igualmente se solicitan seis años de cárcel, 31 de inhabilitación especial y 500.000 euros de multa para el exconcejal y exconsejero en el Cabildo de Tenerife por el PP, Félix Sierra, sobre quien penden los delitos de cohecho, prevaricación urbanística, prevaricación administrativo, actividad prohibida a la autoridad y abuso de poder, todos ellos continuados en el tiempo.

Los restantes acusados por los delitos de prevaricación urbanística y prevaricación continuada son quienes constituyeron el Gobierno Local con Reverón como alcalde y para quienes se piden 2 años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ejercicio de cualquier caro público. Son Manuel Barrios (exalcalde y exconcejal por el PSOE e ICAN); Juan José Alayón (CC); Alfonso Barroso (CC); José Luis González (CC), y Daniel Martín (CC).

Las defensas se agarran a las dilaciones indebidas

Los abogados de la defensa solicitaron la libre absolución de los acusados y han pedido al tribunal que se aprecie como atenuante las dilaciones indebidas, ya que se han tardado casi diez años en señalar la vista oral de la causa, aunque en parte debido a los recursos de reforma y luego de apelación interpuestos tras levantarse el secreto del sumario, una vez que el juez instructor, Nelson Díaz Frías, dictó el auto por el que interesaba la apertura del juicio.

El abogado de la acusación particular y que representa a los empresarios vascos José Ramón Ansorena, padre e hijo, ha limitado sus peticiones de prisión (las mismas que solicita la Fiscalía) para Roberto de Luis, Eliseo de la Rosa y Antonio Zamora, quienes habrían extorsionado y arruinado a sus clientes, a los que no se les permitió construir en un solar en Costa del Silencio, tras negarse a pagar 45 millones de pesetas (fue en el año 2000). Al tiempo que eso ocurría, una constructora de Pedro Suárez levantaba sin problemas en una finca colindante, destinada a uso comercial, más de 400 viviendas.

Ansorena hijo grabó esa presunta extorsión, en la que el intermediario Arsenio Zamora le pidió dos pagos de 22, 5 millones de pesetas para tramitar la licencia urbanística. Esa cinta fue aportada a la instrucción y Díaz Frías ordenó las detenciones de Zamora, Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa.

La de este lunes ha sido la penúltima sesión de la vista oral por el caso Arona 1. El próximo 25 de abril, tras la lectura de los informes por parte de Fiscalía, acusación particular y defensas, quedará visto para sentencia, aunque no se prevé que el fallo judicial esté firmado antes de junio.

La primera de las cuatro piezas separadas del caso Arona ya tiene sentencia. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al exalcalde José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al permitir obras ilegales en el Hotel Sir Anthony. El Tribunal también castiga con ocho años y seis meses al exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa por prevaricación continuada en la contratación irregular de varias personas en el Área de Medio Ambiente.

La sentencia de la Audiencia Provincial, notificada a las partes en la mañana de este jueves, a la que ha tenido acceso mirametv.com, absuelve a los dos acusados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales que denunció la Fiscalía por una construcción ilegal en Buzanada de un primo del exalcalde y un viaje que realizó a Antonio Sosa a una feria de Munich, por el que cobró las dietas pese a que fue pagado por una concesionaria del Ayuntamiento. Esta es la segunda condena para González Reverón, que ya fue castigado en 2012 a cuatro años y medio de inhabilitación por el conocido como caso Enchufe.

Los magistrados de la Sección Sexta consideran probado que González Reverón tuvo “cabal conocimiento” de que se realizaron obras en el hotel Sir Anthony “sin la debida licencia municipal”, pese a lo que “no llevó a cabo actuación alguna conducente a su inmediata paralización”.

“El acusado, durante un período cercano a un año,permitió que las reformas del hotel siguieran adelante a la vista y paciencia de toda la localidad, puesto que el establecimiento se encuentra situado en primera línea de playa, en una de las zonas de más afluencia turística del municipio”, concluye el fallo judicial dictado este jueves.

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Poco a poco, los testigos llamados a declarar en el juicio por el caso Arona 1, que se celebra desde enero pasado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, están desgranando una supuesta red de favores pagados y recibidos, en forma de comisiones ilegales para obtener licencias municipales, que en la sesión de este miércoles ha dejado en el aire incluso la posible financiación ilegal del PP en Tenerife, mediante el exconcejal de Urbanismo y exconsejero en el Cabildo por ese partido, Félix Sierra, acusado por cohecho y prevaricación urbanística.

Los primeros testigos citados intentaron tirar balones fuera y negaron alguna de las declaraciones que efectuaron en su momento ante el instructor de esta causa, el magistrado Nelson Díaz Frías.

Así, el empresario Jerónimo Martínez negó que le hubieran pedido un dinero “extra” para poder obtener una licencia de obras, en contra de lo que declaró en los juzgados de Arona en 2008, mientras que José Luis Reverón, que fue dueño de una inmobiliaria y conocía a Félix Sierra de los años en que ambos trabajaban en CajaCanarias, afirmó que hizo gestiones en el Ayuntamiento para conocer por que había tantas dificultades en la concesión de la licencia de obra a los constructores Ansorena, quienes denunciaron una extorsión de 45 millones de pesetas para obtener los permisos.

“Félix Sierra me dijo que eso de los 45 millones era cosa de Zamora (Arsenio Zamora, supuesto intermediario en el cobro de comisiones ilegales y también sentado en el banquillo). Era vox populi en el sector inmobiliario en Arona que Zamora intermediaba para la concesión de licencias”, añadió, para poco después aclarar que Sierra y Zamora eran muy amigos, pertenecían al mismo partido político. Se les veía comiendo juntos, igual que con (el ex arquitecto municipal) Eliseo de la Rosa“.

De la misma forma, este testigo indicó que “se rumoreaba” que una parcela rústica en la zona de Guaza había sido calificada como urbana cuando Sierra entró en el Ayuntamiento de Arona, porque era propiedad de familiares suyos y que “Sierra cobró por ello”, aunque a preguntas de los abogados de la defensa negó haber tenido conocimiento directo de que eso fuera así. “No tuve constancia del cobro de comisiones, pero todo el mundo en Arona lo sabía”, aseveró.

Sin embargo, José Luis Reverón sí fue contundente al asegurar que en las parcelas que rodeaban la que habían adquirido los denunciantes Ansorena Ormazábal y Ansorena Carrera, con idénticas condiciones urbanísticas, “se construía sin problemas”, pero en la de los Ansorena no. “Puede ser que los Ansorena fueran discriminados porque en todas las parcelas se construía menos en la de ellos”.

Zenón Rodríguez, el arquitecto que “imponían” en Urbanismo

En la vista oral de este miércoles salió a relucir una carta que se achaca a Arsenio Zamora y en la que se pide a los Ansorena los 45 millones de pesetas para agilizar los trámites ante el Cabildo de Tenerife, de forma que su parcela cambiara su uso de hotelero a residencial. “O Sierra conocía la letra de esa carta o sabía que Zamora le había pedido el dinero a Ansorena”, concluyó.

El arquitecto Manuel Alexis Hernández, que fue socio de otro testigo, el empresario Marcos Brito, afirmó al tribunal que no se puede construir sin que en los informes técnicos se especifique las que las unidades de actuación están gestionadas (desarrolladas urbanísticamente). “Íbamos a llevar a cabo dos obras, pero en un momento me dijo que había que poner dinero y se paró todo”.

Uno de esos proyectos de construcción era un colegio en una rural, del que debía ser arquitecto “el que designara el concejal de Urbanismo. Ese arquitecto era Zenón Rodríguez, acusado también por cohecho.

Otro testigo, Manuel Bernardo Castro, negó cuanto había declarado anteriormente. Con malas maneras, tanto que la presidenta del Tribunal, la magistrada Lucía Machado, le tuvo que llamar la atención en dos ocasiones. Admitió que había hecho una construcción ilegal en Arona, en la carretera que va de Guaza a Buzanada, para dos locales.

“Hice lo que el 90 por ciento de la población ha hecho. Construir de forma ilegal”, indicó. Tras ser denunciado por una vecina, fue a hablar con el acusado Félix Sierra, y también con otra figura del PP en la isla, Águeda Fumero. Según indicó, hablaba con personas de ese partido porque un sobrino suyo “es un alto cargo del PP, pero no me da la gana de decir su nombre”.

Y negó rotundamente que le hubiera pagado un millón de pesetas a Félix Sierra para su partido, o que el ex arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa le hubiera pedido “un detallito para su mujer” de 500.000 pesetas, en contra de lo que pocos minutos después afirmó otro testigo.

Enróllate con un regalito

Más contundente fue José Tavío Fumero, empresario y promotor inmobiliario en La Camella, quien tenía un proyecto de construcción en esa zona, a pocos kilómetros de Arona capital.

“Me entrevisté con Roberto de Luis (ex aparejador municipal y acusado igualmente de cohecho) y me dijo que no tendría problema, pero me señaló como arquitecto para mi proyecto a Zenón”, sostuvo. “Cuando ya pague por otro arquitecto que no era el que él (De Luis) quería, dejó de hablarme.

Añadió que “como Roberto de Luis no me hacía caso, intenté una amistad con Eliseo de la Rosa, y un día me dijo que me enrollara y que le hiciera un regalito a su mujer, un detallito de 400.000 o 500.000 pesetas: Le dije que en ese momento estaba mal de dinero, que cuando comenzara a alquilar los apartamentos… y así fue quedando la cosa”.

Tavío señaló que el Ayuntamiento de Arona había “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, por lo que, “amargado”, se plantó en las puertas de la Oficina Técnica para conocer qué pasaba con la segunda licencia que necesitaba, la de primera ocupación. Allí fue donde conoció a Manuel Bernardo Castro. “Me dijo que Félix Sierra le había pedido un millón de pesetas para el PP. Me lo dijo él personalmente. Una vez que pagó, le quitaron los precintos de su obra y pudo seguir construyendo. Desde que pagó, ya no tuvo problemas”.

José Luis Tavío, que a su vez conocía a los Ansorena, organizó una reunión entre Ansorena Carrera y Manuel Bernardo Castro, ya que el primero estaba interesado en conocer a otros empresarios que hubieran sido extorsionados. En esa reunión, Bernardo Castro volvió a reconocer el pago. No sabía que Ansorena le estaba grabando.

“Había que pasar por el aro, había que untar el beso”, recalcó Tavío al tribunal. Insistió en que había empresarios de constructoras importantes, “como Sacyr o Alicur”, que nunca tenían problemas, hasta que él, harto, comenzó a denunciar irregularidades en las concesiones urbanísticas en Arona. “Primero se lo dije a los políticos, pero no hicieron caso, así que luego ya lo denuncié en el juzgado”, matizó.

“Desde que empecé a denunciar ilegalidades urbanísticas tomaron represalias contra mí Berto Reverón (el ex alcalde de CC y acusado José Alberto González Reverón) y Antonio Sosa (ex político de CC, acusado en otra pieza del caso Arona). Puedo demostrar que tomaron represalias”, insistió.

En respuesta a los abogados de la defensa, Tavío confirmó el “detallito” que le había pedido Eliseo de la Rosa, aunque aseguró que no tuvo que abonarlo porque ya tenía los informes favorables para proseguir con su promoción de apartamentos.

El constructor y aparejador José Ramón Ansorena Ormazábal y su hijo, José Ramón Ansorena Carrera, coparon este lunes la décima sesión del juicio por el caso Arona 1, que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Son dos de los testigos más esperados, los que sustentan la acusación particular por la presunta extorsión que sufrieron durante cinco años para obtener una licencia de construcción a cambio de pagar millones de pesetas a los técnicos municipales de ese municipio del sur de Tenerife.

Si hasta ahora el juicio se había centrado en la concesión sistemática de licencias, con informes jurídicos y/o técnicos en contra, por parte del Gobierno local de Arona entre los años 2003 y 2007, en los que el nacionalista José Alberto Gonzalez Reverón ejerció como alcalde, este lunes lo que se expuso fue una supuesta red de cobro de comisiones para la tramitación de licencias de construcción en la que el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa; el aparejador municipal Roberto de Luis; el ex concejal de Urbanismo por el PP, Félix Sierra, y el empresario Arsenio Zamora, que habría ejercido como intermediario para obtener el dinero, serían sus protagonistas. Los cuatro están acusados por cohecho.

Ansorena Carrera relató al tribunal, durante cerca de tres horas, y con lujo de detalles, lo que calificó como una etapa “horrorosa” para él y su familia, que habían apostado junto con otros socios por la compra de una parcela en la zona conocida como Costa del Silencio para la construcción de 206 viviendas que, tras una reforma legislativa del Parlamento canario, tuvieron que reducir a 100 viviendas.

A preguntas de la fiscal, José Ramón Ansorena hijo explicó que “todo empezó en el año 2000, cuando nos ofrecen comprar la parcela. Antes fuimos al Ayuntamiento (de Arona) a preguntar sobre las posibilidades de construcción y nos dijeron que había que hacer un cambio de uso de hotelero a mixto (turístico y residencial), y se concedería la licencia sin problema”.

Según el testigo, estos trámites los gestionaron con Eliseo de la Rosa, con Roberto de Luis y con Félix Sierra, aunque era frecuente la presencia de Arsenio Zamora en las reuniones.

“Seis millones para comenzar”

“Sierra, De la Rosa y Zamora nos aseguraron que podíamos empezar con las obras de excavación porque los informes de la Alcaldía para obtener la licencia de obras iban a salir ya”, dijo Ansorena hijo. “A la semana siguiente, Eliseo de la Rosa quedó para comer con mi padre y le pidió seis millones de pesetas para comenzar”.

No se hizo ese pago de seis millones de pesetas, pero los Ansorena sí hicieron un primer pago de un millón de pesetas y posteriormente otro de 9.000 euros para la tramitación “cuanto antes” de las licencias, tanto las de modificación del uso de la parcela como la de obras, como los informes favorables del Cabildo, de Costas y de la Cotmac. Esos pagos “se hicieron en metálico”.

“Arsenio Zamora nos decía que no debíamos preocuparnos porque él conocía a todo el mundo en la Oficina Técnica de Urbanismo”, prosiguió Ansorena hijo. “Estábamos metidos en un proyecto enorme. La licencia de obras era fundamental. Apostamos todo nuestro patrimonio”.

“Pagamos porque Roberto de Luis nos dijo que no le metiéramos prisa, que tenía mucho trabajo, y creímos que los pagos eran para que los informes los elaborara una empresa externa”. Pero mientras las licencias y los informes previos para obtener las mismas se demoraban, los Ansorena veían cómo se construía en las parcelas adyacentes, incluida la urbanización Costa del Sol, con 415 viviendas, cuya parcela tenía inicialmente un uso social-comercial.

Hasta que Arsenio Zamora le pidió a Ansorena Ormazábal 45 millones de pesetas para obtener el informe jurídico favorable del Cabildo. 22 millones y medio debían pagarse en el momento y la otra mitad, al obtener el informe. Con ello, según relató Ansorena Carrera, se montaría una Junta de Gobierno local en el mes de agosto de 2002 para dar el visto bueno a la licencia de obras, lo que nunca ocurrió.

Al contrario, Ansorena Carrera citó al supuesto intermediario Zamora en un restaurante y grabó la presunta extorsión de la que aseguró que estaban siendo víctimas.

Al negarse a pagar, “Eliseo de la Rosa se presentó en la obra y nos dijo delante de un montón de gente que os juro por mi madre que no vais a sacar la licencia nunca”. Dos días más tarde, en efecto, las obras fueron paralizadas.

De la grabación tuvo conocimiento “todo el Ayuntamiento”, explicó Ansorena hijo, también el predecesor de González Reverón como alcalde, Miguel Delgado. “Yo le contaba a todo el mundo lo que nos estaba pasando. A los técnicos, a los concejales...” Hasta que una reforma legislativa limitó las viviendas de 206 a 100, porque debían tener más de 100 metros cuadrados.

“Cuando en 2007 fui llamado a declarar como testigo por el magistrado instructor del caso, decidí contarlo todo y aporté la cinta grabada”, aclaró.

Finalmente el informe favorable del Ayuntamiento lo elaboró el secretario municipal (ya fallecido), después de que los Ansorena hubieran obtenido por sus medios los informes favorables del Cabildo y de Costas. “El informe debía ser ratificado por el secretario, y lo hizo el mismo día en que se jubilaba porque, según nos dijo, ya nos habían jodido bastante”.

Asimismo, Ansorena Carrera aclaró que nunca pagaron en efectivo a Eliseo de la Rosa, ni a Roberto de Luis o Félix Sierra, pero “sabíamos que el dinero era para ellos”. El 5 de mayo de 2005 retiraron el proyecto del Ayuntamiento, tras haberse gastado 1.800.000 euros.

El segundo en declarar este lunes fue Ansorena Ormázabal, que ratificó las palabras de su hijo, con algunas aclaraciones, por ejemplo, que comenzaron las obras de excavación “porque no teníamos problema hasta alcanzar la cota cero. Allí metimos más de 300 millones de pesetas”, o que conoció a Arsenio Zamora por medio de un amigo común.

“No desconfiaba de Arsenio. Se movía por Urbanismo como Pedro por su casa” y añadió que no denunció en su momento la extorsión “por si se podía solucionar” el parón en la tramitación de las licencias y que la urbanización que habían proyectado tuviera por fin luz verde.

Tanto Ansorena padre como Ansorena hijo negaron haber usado esa grabación para, a su vez, presionar a los técnicos de Urbanismo en la concesión de la licencia, algo que quisieron apuntar los abogados defensores de Sierra, De la Rosa y Roberto de Luis. Ansorena Ormazábal incluso admitió que estaba arrepentido de no haber pagado los 45 millones que le pidieron porque ahora, aseveró, “estoy arruinado”.

El empresario Arsenio Zamora ha asegurado este miércoles que no es él quien en una grabación del llamado caso Arona pide 45 millones de pesetas al también empresario José Ramón Ansorena para tramitar la licencia de 206 viviendas en Costa del Silencio.

Arsenio Zamora hizo esa afirmación durante la sexta jornada del llamado caso Arona, en el que 13 personas están acusadas de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, y en relación a la concesión de más de doscientas licencias de forma ilegal y casi cien contrataciones a dedo.

Este empresario dijo que al padre del citado José Ramón Ansorena lo conoció en una comida y éste le comentó que tenía paralizada la licencia para construir unos doscientos apartamentos en Costa del Silencio, por lo que fue al Ayuntamiento de Arona y preguntó por la situación del expediente.

Según Arsenio Zamora, acompañó a José Ramón Ansorena en una reunión con el secretario de la corporación municipal y en ese encuentro, añadió, se dijo que la licencia podía activarse si se presentaba determinada documentación.

Afirmó que nunca más volvió a hablar con Ansorena acerca de esa licencia e insistió en negar que es él quien en una cinta grabada por esa persona hablen ambos del pago de 45 millones de pesetas para acelerar la tramitación.

Arsenio Zamora declaró que nunca estuvo solo y en un restaurante con Ansorena, y, al igual que los otros doce acusados, se negó a responder a las preguntas de la acusación particular, cuyo abogado preguntó cómo es posible que en la grabación la persona que tiene una voz similar a la suya hable de un plan parcial que sólo él conoce de forma tan concreta.

Tampoco respondió a las preguntas de los abogados de los otros acusados en una sesión en la que también declararon los arquitectos Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez.

Los tres arquitectos reconocieron que habían colaborado con el aparejador municipal Roberto de Luis, quien tenía compatibilidad para ejercer la profesión fuera de la corporación municipal.

La acusación particular mostró interés por la relación de Zenón Rodríguez y Roberto de Luis, pues recordó que en los tres años en los que colaboraron el aparejador cobró en torno a los 30.000 euros.

Antonio Luis González comentó que los trabajos no se los encargaba a Roberto de Luis sino a su empresa y reconoció que ignora si las faenas las realizaba el aparejador o éste las subcontrataba.

Jorge Menéndez reconoció que había preguntado a Roberto de Luis si podía hacer trabajos fuera de la corporación y en Arona, y explicó que la colaboración se llevó a cabo en cuatro trabajos en los que el aparejador hizo mediciones y presupuestos, para añadir que le encargaba esas labores porque es un buen profesional.

La colaboración entre Jorge Menéndez y Roberto de Luis finalizó en 2001, según dijo el arquitecto, cuando el aparejador creó una sociedad.

Además de los citados, en el caso Arona también están acusados todos los miembros de la junta de gobierno del periodo 2003-2007, en el que el alcalde era José Alberto González Reverón (CC) y del que también formaban parte los concejales Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC y luego Los Verdes), Manuel Barrios (CAN), Daniel Martín (CAN), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC).

Otro acusado es el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa y el juicio continuará el lunes próximo con la declaración de los testigos.

José Alberto González Reverón, exalcalde nacionalista de Arona, ha sido el protagonista de la segunda sesión del juicio por el Caso Arona 1 que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, interrogado por la Fiscalía y los abogados de la defensa durante cerca de cuatro horas, aunque al final de la sesión también fue interrogado el ex concejal de Urbanismo por el PP, Félix Sierra Melo. Para el primero se piden tres años de cárcel y 35 de inhabilitación por prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Para Sierra se solicitan ocho años de cárcel por cohecho, prevaricación urbanística y prevaricación.

González Reverón dijo en numerosas ocasiones al tribunal que no recordaba detalles concretos de tal o cual concesión de licencias municipales, bien para primera ocupación, bien para demoliciones y edificación en unidades de actuación no gestionadas, con los informes en contra tanto de los servicios jurídicos como de los técnicos de Urbanismo, pero sí admitió que las actas de los secretarios accidentales (en sustitución del secretario general, que estuvo largo tiempo de baja) no eran leídas en las Juntas de Gobierno, porque en ellas “no se informaba, tan solo se hacían advertencias de posibles ilegalidades”.

“No somos (quienes conformaban la Junta de Gobierno, hoy sentados en el banquillo), expertos en urbanismo, pero unas veces había unos informes favorables de los técnicos y desfavorables de los secretarios accidentales, y decidíamos en virtud del interés general”.

En virtud de ese interés general, el ex regidor aronero indicó que se concedían licencias que no cumplían los requisitos para ser concedidas (por ejemplo, edificaciones en unidades de actuación no gestionadas o sobre terrenos que ni siquiera tenían condición de solar), porque “esas deficiencias se subsanaban a posteriori”.

Para matizar este punto, González Reverón añadió que “no sé si las unidades de actuación (espacios físicos que permiten un desarrollo urbano) estaban gestionadas o no, pero las licencias se daban porque la realidad es que estaban las unidades de facto y ya estaban desarrolladas”.

En cuanto a la concesión de licencias urbanísticas que iban en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente, sostuvo que se concedían porque luego se adaptaba el texto del nuevo Plan, que en esos años estaba siendo redactado (y que finalmente fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que ratificó el Tribunal Supremo). “La realidad fáctica debía primar sobre el Plan General y por eso se concedían las licencias”.

“Los pequeños detalles de urbanización se subsanaban y se daban las licencias. No se hacían las cosas alegremente…No sabíamos si en los expedientes estaba el proyecto de urbanización…Sí recuerdo que eran zonas que estaban casi urbanizadas”, añadió.

Así, y tras repasar varias concesiones de licencias de edificación o nueva ocupación con los informes técnicos en contra, el exalcalde de Arona recalcó que “si hay licencias concedidas es porque las objeciones planteadas se subsanaron a posteriori”.

Contratos fraccionados

Contratos fraccionadosAsimismo negó que se fraccionaran contratos con empresas para eludir su salida a concurso público, como ocurrió con el asfaltado de cuatro calles en una misma parcela de Cabo Blanco, de las que fue adjudicataria una misma empresa con un mismo objeto de contrato. “Son cuatro calles diferentes, por lo que son cuatro unidades diferentes, por eso son cuatro contratos diferentes”, aclaró el acusado. Ocurrió algo similar con tres calles en la zona de La Buzanada, en el interior del municipio de Arona.

También llamó la atención cuando explicó que las obras en colegios se concedían “porque no estaban definidas hasta acabado el curso”, o que sacar a concurso público las obras para construir 40 nichos y 33 osarios en el cementerio, y que supusieron tres contratos idénticos, “era imposible por urgencia”.

Negó conocer la grabación aportada a la causa por el empresario José Ramón Ansorena Carrera, en la que un supuesto intermediario (Arsenio Zamora, sentado en el banquillo por cohecho), le pedía 45 millones de pesetas para desatascar la concesión de una licencia de edificación de una urbanización, e incluso negó conocer a este acusado.

El entramado de concesiones de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra, de contratos fraccionados para obras para eludir que salieran a concurso público, o de supuestas contrataciones a dedo, y que se amontonan en los cuatro primeros años de mandato del ex regidor de CC y de toda su Junta de Gobierno, de 2003 a 2007 (aunque luego habrían continuado en el tiempo, lo que ha dado lugar a los casos Arona 2, 3 y 4), ha dejado en evidencia a la nueva fiscal para Medio Ambiente y Delitos contra la Ordenación del Territorio, Francisca Sánchez, quien dio la impresión de no haber ahondado en el sumario de una causa tan compleja, con la que se ha estrenado en sus nuevas funciones.

Tanto es así, que la fiscal concluyó su interrogatorio tras preguntar en dos ocasiones por asuntos que ya se han enjuiciado en la pieza separada que vio el mismo tribunal de la Audiencia Provincial en diciembre pasado, lo que provocó que la magistrada-presidente, Lucía Machado Machado, le diera dos toques de atención.

Tras negarse González Reverón a responder a las preguntas de la acusación particular, que representa al empresario Ansorena Carrera, su abogada defensora insistió en su estrategia de la supuesta animadversión que el juez instructor de la causa, Nelson Díaz Frías, sentiría por el ex alcalde además de que la denuncia del ex edil Francisco García Santamaría, que dio lugar a este causa, se presentó“ por venganza”.

“El secretario salvaba los informes desfavorables”

“El secretario salvaba los informes desfavorables”La tediosa sesión de este miércoles se animó con el inicio de interrogatorio al que fue concejal de Urbanismo y consejero para el Sur por el Cabildo de Tenerife por el PP, Félix Sierra, quien no solo “aclaró” que el secretario general del Ayuntamiento “salvaba” los informes desfavorables de los técnicos municipales o con reparos del interventor, sino que tampoco se leía las actas para la concesión o no de licencias por la Junta del Gobierno.

Dijo desconocer que se habían concedido licencias con advertencias de ilegalidad a personas allegadas a él y negó haber tenido un enriquecimiento patrimonial que sería sustancioso y que coincidiría en el tiempo con los años en los que estuvo al frente de Urbanismo en Arona. Este jueves prosigue su interrogatorio, tras lo que será llamado a declarar Manuel Barrios, del CCN, y que fue mano derecha de González Reverón en su primer mandato.

Las partes, tanto los abogados de la defensa como las acusaciones pública y particular, plantearon en la primera sesión del juicio, el pasado martes, varias cuestiones previas que solicitaron que fuesen solventadas antes de continuar con la vista oral. Entre ellas, la nulidad de las escuchas telefónicas por no existir físicamente el auto judicial que las ordenó y por la falta de parcialidad del magistrado instructor en la investigación de la causa.

El tribunal decidió que estas cuestiones se resolverán al final del juicio, en sentencia. Sí resolvió que cabía la personación en el juicio del empresario Ansorena como acusación particular y no como mera acción popular, además de aclarar que la póliza que el Ayuntamiento de Arona tiene con una aseguradora no cubre la posible responsabilidad civil del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa.

La lectura del copioso sumario del caso Arona produce el mismo efecto que contemplar a un mono: risa y vergüenza, casi a la vez. La Audiencia Provincial juzgará desde este martes y por espacio de varios meses una forma de gestionar lo público que ha recibido el calificativo de Bertismo. Durante años los investigadores recopilaron una larga serie de indicios que dejan en muy mal lugar la labor del exalcalde, José Alberto González Reverón, y alrededores. Pero aún así habrá que esperar hasta que haya una sentencia firme para no tener que recurrir a aquello tan sobado pero ineludible de presunto o supuesto.

A lo largo de los próximos días se examinarán bajo lupa asuntos que van desde el cobro de comisiones ilegales, al favor que se le hace a un vecino que está pasando por un mal rato. Durante años Berto se convirtió en un pequeño y caprichoso dios que siempre estaba atento de sus súbditos a quienes cuidaba con un indisimulado paternalismo.

Berto podía conseguir un empleo, evitar que te cobraran una multa, dar una subvención sin tener que cumplir con engorrosos trámites, permitir a un familiar que construyera en un espacio protegido un chalet de dos plantas con la licencia para hacer un establo... El exalcalde gobernaba con generosidad hacia quienes le adoraban y sin clemencia a aquello que se mostraban críticos. Todo eso y algo más es lo que se sienta en el banquillo bajo el nombre de Bertismo. De presunto Bertismo

El olimpo sureño estaba formado por una serie de dioses menores, algunos de los cuales permanecen como acusados en esta pieza del caso Arona, y otros lo estarán en las sucesivas. A ellos se les atribuye haber hecho del enchufismo una forma de acceder a los empleos públicos, de conceder licencias de forma arbitraria y repartir concesiones según les venía en gana.

Las investigaciones del caso Arona sacaron a la luz episodios como el de un vecino que le pide a Berto que interceda para que su hermano deje de ser conductor de Titsa y lo pongan como revisor porque padece una enfermedad. El excalde miraba para otro lado cuando llegaba el momento de sancionar a una determinada empresa o requerir licencia de obras, como ocurrió con el Hotel Sir Anthony, una de cuyas habitaciones utilizaba con fines a los que sólo es posible referirse bajo eufemismos. Y todo ello pese a que el Ayuntamiento dejase de ingresar cantidades millonarias.

En el terreno del sainete está una conversación del exalcalde y el carnicero de El Fraile proponiendo que consiga “un par de golfillos” para retirar las placas de dos coches abandonados en la calle. Lo irregular surgiría de que nunca se inició el procedimiento estipulado para estos casos. Pero es que en realidad, al parecer, pocas veces se iniciaba el procedimiento estipulado para cualquier caso.

En otra ocasión Berto retira multas de tráfico con el fin de librar al sancionado del pago de cantidades ridículas. En algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas el exalcalde intenta colar en la Cámara de Comercio a dos amigos suyos con los que asegura que tiene “compromisos”. Pero Berto no sólo se movía en las más elevadas esferas, el exalcalde resulta entrañable cuando intenta conseguir puestos de trabajo como jardineras o limpiadoras para Yaya, Yiya, Toña, Paca... especialmente en concesionarias y alrededores.

Con más facilidad aún lo intentaba cuando se trata de entidades que dependen directamente del Ayuntamiento. Ahí están los informes policiales sobre supuestos enchufes en la guardería infantil o los ya conocidos en la policía, donde fue conocido el intento frustrado del expresidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, por colar a un familiar suyo. O en el área municipal de Medio Ambiente.

La labor del interventor se convierte en un esfuerzo inútil que debió conducirle a la melancolía. En la mayoría de las ocasiones no se tienen en cuenta los reparos que impone a la concesión de determinadas licencias o decisiones. Es como si sus informes no existieran o se hubiesen caído de las carpetas.

No lo inventó Berto pero casi perfeccionó y desde luego cogió cariño al sistema de fraccionar una adjudicación con el fin de no tener que sacarla a concurso. El resultado, según plasman los investigadores en sus conclusiones, son una serie de trabajos que recaen sospechosamente en las mismas empresas. O incrementos posteriores del gasto que nunca suman más del 10% para evitar que tengan que ser sometidas a aprobación. O se engordan facturas de una forma reparada por Intervención o el alcalde asume competencias sin que esté justificado. Obras mayores y menores se suceden y confunden, las calificaciones territoriales son relativas como el tiempo o la concesión de licencias se lleva a cabo a través de procedimientos inéditos.

Todo un sistema de gobierno que surge cuando José Alberto González Reverón se transmuta en Berto y da el trascendental paso que media entre el sustantivo y el adjetivo.

La primera sesión de la vista oral por lo que se conoce como caso Arona 1, cuyo juicio comenzó este martes en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estuvo dedicada a las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa y cuyo núcleo central son la nulidad de las escuchas, porque el auto judicial que las ordenó no existe en papel en el sumario, y por la supuesta arbitrariedad y manipulación de la instrucción de la causa del magistrado que la llevó a cabo, Nelson Díaz Frías.

En el banquillo de los acusados se sientan el exalcalde José Alberto González Reverón y quienes formaron parte de la Junta del Gobierno local de Arona durante el mandato de 2003 a 2007, entre ellos Félix Sierra (PP), que además de concejal de Urbanismo era entonces consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife.

También son enjuiciados en esta primera pieza principal del caso Arona el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa; el aparejador municipal Roberto de Luis, el empresario Arsenio Zamora, y los arquitectos Jorge Menéndez, Zenón Rodríguez Neris y Antonio Luis González Tolosa.

En total, 13 acusados por delitos de prevaricación administrativa continuada, prevaricación urbanística continuada, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio de poder, mientras que Antonio Sosa será enjuiciado por lo que se conoce como caso Arona 2, que abarca los mismos delitos aunque durante el mandato de 2007 a 2011.

La abogada de José Alberto González Reverón y de los restantes miembros del Gobierno local aronero (Félix Sierra, Juan José Alayón, Daniel Martín, José Manuel Rodríguez, Manuel Barrios y Alfonso Barroso Armas) insistió en la nulidad del auto judicial por el que magistrado Díaz Frías ordenó las escuchas telefónicas a concejales, funcionarios y empresarios, al no figurar físicamente en el sumario, aunque sí consta en el sistema informático judicial Atlante.

Pero en lo que hizo hincapié y conectó con lo anterior fue “en la falta de imparcialidad del juez instructor”, ya que esta letrada sostiene que, como juez decano, se autoasignó la investigación judicial por animadversión a González Reverón y otros encausados, a los que conoce por vivir en el mismo municipio.

Añadió que tras la primera denuncia (del ex edil socialista Francisco García Santamaría) por las aprobaciones en plenos municipales de concesión de licencias urbanísticas, de demolición o de edificación, con los informes en contra de los técnicos de Urbanismo, “empiezan a aparecer nuevos delitos y se mezclan unos con otros, el cohecho con el tráfico de influencias, propios de juicios con jurado, por lo que el juez se saltó esa norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Igualmente planteó que los registros en viviendas, como el de su representado Félix Sierra el 12 de septiembre de 2008, fueron “desproporcionados” e “innecesarios”.

Respecto a la denuncia del empresario José Ramón Ansorena Carrera, que aportó a la causa una grabación por la que el empresario (y supuesto intermediario en el cobro de comisiones ilegales para la obtención de licencias municipales), Arsenio Zamora, le habría pedido a su padre José Ramón Ansorena Ormazábal diferentes cantidades de dinero, la última de 45 millones de pesetas, para poder construir una urbanización de 206 viviendas, la letrada López Lago quiso tirarla por tierra, por considerar que carece de garantías.

En este mismo punto incidió Fernández del Torco, abogado defensor de Eliseo de La Rosa, acusado de cohecho por el cobro de esas comisiones, pero planteó una cuestión formal, pues Ansorena Carrera está representado en este juicio como acusación particular cuando, según el letrado, sólo podría estarlo como acción popular.

En cuanto a la grabación en la que se escucha cómo se pide el pago a Ansorena Carrera de los 45 millones de pesetas por desbloquear la concesión de la licencia de construcción, ese letrado sostiene que es una cinta que data de 2002 y que aportarla en 2007 supone “saltarse un principio de proporcionalidad”.

Sobre la responsabilidad civil de Eliseo de la Rosa, alegó que está cubierta por un seguro del Ayuntamiento al haber sido personal adscrito al mismo.

Los restantes abogados de la defensa se adhirieron a estas tesis. El representante del aparejador Roberto de Luis, Rafael Vasco Oliveras, agregó que las primeras diligencias por las que el técnico municipal es investigado se debieron a una denuncia del que fue director hasta 2008 de La Opinión de Tenerife, Francisco Pomares, quien elevó a la Fiscalía una denuncia por los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, y que el juzgado de Instrucción 1 de Arona sobreseyó provisionalmente.

Para Vasco Oliveras estaríamos ante cosa ya juzgada en la vía civil.

Así, entre vulneración de derechos constitucionales, alegatos de indefensión y petición de impugnación de la grabación aportada por el empresario Ansorena (“no se sabe si es cinta original o no”, dijo la abogada de Arsenio Zamora, Carmen Rosa Luis Botía), todos los abogados de la defensa solicitaron la nulidad de las actuaciones y pidieron al tribunal que estas cuestiones sean resueltas antes de proseguir con el juicio, cuya duración prevista es de cinco meses.

“Una instrucción con todas las garantías”

Sin embargo, tanto la fiscal Francisca Sánchez como la acusación particular (el abogado Santiago Martínez en representación de Ansorena), dieron un giro de 180 grados a cada uno de los alegatos expuestos. La nueva fiscal delegada para Delitos contra el Medioambiente y la Ordenación del Territorio preguntó en qué momento procesal concreto el magistrado Nelson Díaz Frías dejó de ser imparcial. “Las normas de reparto se aprueban en juntas de jueces y son respaldadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, aclaró.

Añadió que cuando el juez comienza esta investigación en 2007 “le viene de una denuncia de la Fiscalía, precedida de una denuncia de la Fiscalía General del Estado, y se incoa el procedimiento el 8 de marzo de 2007 por un delito continuado de prevaricación urbanística”, además de que “en ningún momento se planteó un incidente de recusación por esa posible parcialidad”.

En cuanto a si debían haber sido juzgados en pieza aparte y por el tribunal del jurado los delitos que se atribuyen por cohecho a Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis como técnicos municipales; a los arquitectos Jorge Menéndez, Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y al empresario Arsenio Zamora, la fiscal zanjó la discusión al afirmar que ese asunto “ya se solventó en un auto judicial de esta misma sección de la Audiencia Provincial, que se decantó por continuar con el procedimiento completo ya que había un denominador común entre esos delitos y el resto de los que se juzgan hoy aquí”.

Con respecto al registro en el domicilio de Félix Sierra, afirmó que se llevó a cabo “con todas las garantías”, e igualmente negó que los interrogatorios en sede judicial a los entonces imputados fuesen “inquisitorios”, como plantearon los abogados López Lago y Fernández del Torco. “Los imputados tienen derecho a no declarar o no responder a determinadas preguntas. Si se consideraron inquisitorios, ningún abogado puso objeciones en su momento a los mismos”.

Asimismo negó que la personación en el juicio de Ansorena debiera ser como acción popular “ya que se personó como perjudicado, y tampoco nadie se opuso a esa personación”. Algo similar esgrimió la fiscal frente al intento de impugnación de la grabación realizada por Ansorena a Arsenio Zamora, que llevó a la detención de este empresario junto con las detenciones de Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, ya que “esa grabación contiene elementos indiciarios de hechos delictivos, y se llevaron a cabo no solo por lo que se escucha en la grabación, sino porque el instructor contaba con otros muchos indicios”.

Agregó que no se había vulnerado derecho alguno a la intimidad por poner esa conversación privada en manos del juez, al primar la investigación judicial sobre el derecho a la intimidad.

La acusación particular sostuvo que la supuesta falta de imparcialidad del magistrado instructor ya había sido resuelto mediante un auto judicial de junio de 2013, además que “ninguna de las partes ha señalado qué actuaciones judiciales concretas deberían anularse por parciales”.

Con respecto a la personación de su cliente en la causa afirmó que “se intenta expulsarnos para solventar las consecuencias pecuniarias para con mi representado”, y en cuanto a los alegatos de Fernández del Torco porque esa personación supondría una vulneración de derechos constitucionales, “es algo que no ha dicho en años. Ni siquiera se opuso al escrito de acusación presentado por esta parte”.

Negó que la grabación de su cliente fuese antigua o estuviese manipulada. “Las fechas son las que son y son de 2007”, dijo. Aclaró que “la cinta ha sido peritada y se informó de que no está manipulada”. En resumen, aseveró que “aquí se han expuesto meras alegaciones, sin base alguna”.

La pretensión de Fernández del Torco de eximir de responsabilidad civil a Eliseo de la Rosa fue echada por tierra por las acusaciones, ya que la póliza del seguro no contempla actuaciones judiciales ni hechos con dolo. “Se ve que el señor Del Torco no se ha leído esa parte del contrato”, le espetó la fiscal.

En lo que sí coincidieron defensas y acusaciones fue en la necesidad de que estas cuestiones previas se resuelvan antes de que prosiga el juicio, lo que se sabrá este miércoles.

El primer juicio del complejo caso Arona, una pieza separada de menor calado que la que se prevé para la segunda semana de enero, quedó visto para sentencia este jueves, un día antes de lo previsto, tras mantener la Fiscalía sus acusaciones de prevaricación por omisión para el exalcalde nacionalista, José Alberto González Reverón, y el exedil de Urbanismo entre los años 2007 y 2011, Antonio Luis Sosa, al que además le achaca un delito de malversación de caudales públicos.

A González Reverón le acusa de haber permitido que el Sir Anthony, uno de los hoteles de lujo de Arona, en el sur de Tenerife, llevara a cabo obras de remodelación por más de 10 millones de euros sin contar con las licencias municipales pertinentes. Asimismo se le acusa de haber permitido obras ilegales en el chalé de un familiar, del que dijo no saber siquiera que era su familiar. Pide nueve años de inhabilitación para cargo público.

En la segunda y última sesión del juicio celebrado en la sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la acusación pública (la única, tras la retirada de la acusación particular, representada por el abogado Felipe Campos) sostuvo cada uno de sus argumentos en contra de ex regidor aronero.

“Era perfectamente conocedor de las obras y no hizo nada para reparar la situación. Se llevaron a cabo obras mayores con una solicitud de licencia de obras menores que ni siquiera tenían”, alegó el fiscal.

“Por si quedase alguna duda, en junio de 2008 el señor Reverón le envía un mensaje al señor Estartús (delegado del complejo hotelero Mare Nostrum y director del Sir Anthony) en el que le indica todos los documentos que deben presentar”. “¿Qué luego hubo una sanción? Es que ya se habían realizado las obras”, añadió.

El fiscal también señaló que el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Sosa, era conocedor de las obras ilegales. “El 28 de noviembre de 2008 se elevó un informe técnico por el que ya se podían paralizar las obras e incoar expediente sancionador, pero nada se hizo”, por lo que considera que se ha dado una prevaricación por omisión, al no dictar la medidas cautelar de suspensión de las obras, y otra prevaricación por omisión al no incoar a tiempo el expediente sancionador.

En ninguna de las dos sesiones del juicio se nombró el posible cohecho que se le imputó en la instrucción a González Reverón por recibir un bien (el disfrute personal de habitaciones de lujo en el hotel) a cambio de hacer la vista gorda. En la sesión de este jueves, el fiscal sí apunto a “un más que posible cohecho”, pero no pudo entrar en el fondo al no figurar ese delito en las conclusiones provisionales, lo que no deja de ser sorprendente.

Tampoco profundizó en sus conclusiones definitivas sobre las presuntas obras ilegales en el chalé del familiar del alcalde.

En cuanto a Antonio Sosa, que entre 2007 y 2011 formó parte del Gobierno local de Arona por CC, se le acusa de contrataciones a dedo, de pretender quedarse con unas dietas tras un viaje invitado a Múnich, y de no actuar frente a las obras sin licencia en el hotel Sir Anthony, por lo que la acusación particular pide 10 años de inhabilitación y uno de prisión.

El fiscal se mantuvo en sus argumentos, tras escuchar durante la mañana a nueve testigos que ratificaron que el personal para el área de Medio Ambiente, creado por Sosa en 2007, habían sido elegidos y seleccionados por el propio concejal, pese a no tener conocimientos técnicos ni profesionales sobre la materia.

Sin embargo, no quedó tan claro que sus contratos tuvieran que salir a concurso público, por tratarse de contratos menores, ni que se les pagase fraccionadamente, al tratarse de facturas independientes por trabajos también independientes, pese a que un testigo admitió que el pago por esos trabajos “se acordaba por el concejal”.

En cuanto al cobro de las dietas, que fueron devueltas por Sosa y que supondrían el delito de malversación de caudales públicos, el propio fiscal opinó que “no tiene mucho recorrido”, aunque no retiró la acusación.

“No se puede vigilar todo”

En cuanto a las dietas, 398 euros por concepto de alojamiento y 232 por manutención, la defensa del ex edil, Freddy Santos, insistió en que fueron devueltos a las arcas públicas y que si en algún momento se cobraron fue por un defecto administrativo del propio Ayuntamiento.

Olga López Lago, abogada del exalcalde de Arona, retirado de la política tras ser condenado en firme por prevaricación en 2012, negó que se dieran los elementos de la prevaricación “ni por omisión ni por acción” porque “un alcalde no puede vigilarlo todo, no es su cometido, porque la gestión la lleva cada concejalía”, de tal forma que González Reverón, insistió, no podía estar al tanto “de que se cometía una injusticia”.

Y ello, alegó, porque “hay problemas entre el personal del Ayuntamiento y el Ayuntamiento, entre los políticos entre sí, con expedientes que se solapan unos con otros, varios en la sección jurídica, otros en la de licencias. Eso no lo puede controlar el alcalde de ninguna manera”.

“No vemos ninguna acción delictiva del alcalde. En todo caso cabría alguna sanción administrativa, pero no ha habido dolo”.

La letrada, al igual que en la primera sesión del juicio, recalcó que las escuchas telefónicas “son nulas de pleno derecho por no haber una auto judicial motivado y firmado que las justifique”. De cara al juicio de la pieza principal del caso Arona, cuya vista oral está previsto que arranque el 12 de enero, ya ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas, sobre la que deberá pronunciarse la Audiencia Provincial.

Rafael Estartús Garbó, el que fuera delegado del complejo hotelero Mare Nostrum en el sur de Tenerife, y responsable del Hotel Sir Anthony en Arona hasta agosto de 2008, desmontó en apenas 20 minutos la estrategia de defensa del exalcalde de CC en ese municipio, José Alberto González Reverón, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de prevaricación por omisión, por los que solicita nueve años y medio de inhabilitación para cargo público.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este miércoles y hasta el viernes el juicio de la primera pieza separada del complicado caso Arona, y ha sentado en el banquillo al exregidor nacionalista y al que fue su concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011, Antonio Luis Sosa, al que la Fiscalía también achaca un delito de malversación de caudales públicos.

González Reverón, que ya fue inhabilitado en 2012 durante cuatro años y medio por enchufar a dedo a dos personas en el Ayuntamiento, llegó al Palacio de Justicia serio y con ninguna gana de atender a los medios de comunicación. Tan sólo le acusa la Fiscalía, ya que la acusación particular, representada por el abogado Felipe Campos, que fue quien durante cerca de diez años estuvo detrás de la denuncia por la presunta trama de corrupción municipal instalada en el Ayuntamiento aronero, se ha retirado de la causa.

El fiscal le interrogó sobre si era conocedor de que en el hotel-spa Sir Anthony se llevaban a cabo obras mayores de remodelación sin la licencia pertinente desde abril de 2008, pero como era de esperar, porque ya se había expresado así durante la instrucción de la causa, descargó la responsabilidad en los técnicos e inspectores municipales y negó tener cualquier tipo de complicidad con los responsables de Mare Nostrum. En concreto, dijo de Rafael Estartús que le conocía como un empresario de la zona, pero poco más.

Disfrute oculto

Según consta en autos, las obras se iniciaron en abril de 2008. Se gastaron 10 millones de euros, por lo que las arcas municipales debían haber ingresado 300.000 euros, que nunca se vieron. La dirección del Sir Anthony había solicitado licencia para obras menores, pero no para obras mayores, sin aportar el proyecto de las mismas. González Reverón sostuvo ante el tribunal que no recordaba que le hubiera mandado un sms a Rafael Estartús indicándole que presentara el proyecto ya, pese a que entonces y por mandato judicial, sus conversaciones ya estaban intervenidas por la Policía.

“No sabía que faltaba documentación en su expediente de solicitud de licencia. No sabía que las obras comenzaron a hacerse sin licencia”, afirmó el ex alcalde nacionalista. “Ya había rumores de que faltaba el proyecto y eso es lo que sé, y por eso le mandé un mensaje a Estartús para que lo subsanara”.

Pero Rafael Estartús reconoció que el Sir Anthony carecía de cobertura legal para esas obras mayores y que el exalcalde “era consciente” de esa falta de licencia, y que le insistió para que presentara los papeles, aunque no paralizó la obra, “que se veía desde la playa”.

Llamó la atención en la primera vista oral del juicio que el fiscal no preguntara por los motivos del “descuido” del exregidor que constan en la instrucción del caso y en las conclusiones provisionales de la propia Fiscalía, y que serían los disfrutes que hizo de habitaciones de lujo a las que accedería por puertas discretas.

Una inspectora del Ayuntamiento recalcó que levantó un acta en 2008 porque se estaban llevando a cabo obras de remodelación en el hotel que carecían de licencia de obras mayores y menores. “En ese momento ya se podía haber solicitado la suspensión de las obras”.

Así que para la Fiscalía, González Reverón es responsable de un delito de prevaricación por omisión, al no haber dictado la medida cautelar de paralización de las obras, y otro delito de prevaricación por no incoar el procedimiento sancionador al establecimiento hotelero.

Igualmente fue interrogado por las supuestas obras sin licencia que se llevaron a cabo en el chalé de un familiar suyo, del que dijo que no tenía conocimiento siquiera de que fuese su familiar.

Dietas sin pagar y enchufes

Para el segundo acusado, Antonio Luis Sosa, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para cargo público y un año de prisión. Se le acusa de enchufar a dedo a cuatro personas para el área de Medio Ambiente, que el propio Sosa creó en 2008 y de cobrar una dietas indebidas en un viaje a una feria en Münich, que fue pagado por una empresa privada.

También se le acusa de que, pese a ser responsable de Urbanismo, no hizo nada por paralizar las obras del Sir Anthony.

Y al igual que González Reverón descargó responsabilidades en los técnicos municipales. “Yo no firmaba licencias y las resoluciones se adoptaban en Junta de Gobierno”, indicó. “Para los asuntos de Urbanismo, en teoría debían llamarme a mí, pero todo el mundo preguntaba por el alcalde”, asertó.

“No sabía que había una solicitud de licencia de obra menor para el Sir Anthony. Yo me enteré de ese expediente en enero de 2009” y aseguró que esos trámites están en manos de los técnicos, pese a que esos técnicos habían dictado una orden de suspensión de las obras, “que no me llegó hasta enero del 2009”, insistió Sosa. “Yo no superviso si la obra se ha paralizado o no. Eso conlleva un procedimiento administrativo”.

En cuanto a la contratación de cuatro personas para la recién creada Concejalía de Medio Ambiente, indicó que necesitaba de dos áreas, una jurídica y otra administrativa y que él mismo se ocupó de contratar como servicio externo a personal cualificado. Una de esas personas acudió con él a la Feria de Münich.

“Conocía a dos de esas personas por su alta cualificación y conocimientos técnicos. Una de ellas trabajaba para un despacho de abogados”. “En efecto, una de esas personas no es licenciada, pero tenía un gran bagaje y experiencia…No, no manejé otras opciones para el puesto”.

Esas cuatro personas, pese a ser personal externo, tenían un correo corporativo del Ayuntamiento y una extensión telefónica, que Sosa aclaró porque “en una ocasión, uno de los trabajos encargados requería muchos contactos con asociaciones y de otra forma les hubiera sido imposible. La extensión telefónica servía para informar a esas asociaciones”.

En cuanto al viaje a Münich, la Fiscalía sostiene que Sosa cobró en dietas 398 euros por gastos de hotel y 238 por manutención, pese a que en las conclusiones provisionales consta que no se gastó un céntimo. Sosa explicó en respuesta a su abogado, Manuel Freddy Santos, que siempre se creaba una comisión de servicios para los viajes, y que aunque cobró las dietas, “luego las aboné”.

Instrucción viciada

La abogada de González Reverón, Olga López, intentó la suspensión del juicio “por tratarse de una pieza separada y menor del complejo caso Arona, cuyo grueso (en torno a 200 licencias urbanísticas concedidas sin informes favorables y otras irregularidades, y más de 80 contratos sin concurso público) se verá en juicio a partir del próximo 12 de enero. ”La conclusión de este juicio puede quedar vacía de contenido“, por lo que pidió su suspensión.

Además, la letrada planteó otras cuestiones de prejudicialidad, como que el auto por el que se autorizan las escuchas telefónicas “ni estaba motivado ni estaba firmado. Es un error gravísimo en la instrucción”, a lo que el fiscal respondió que estaba registrado en el sistema informático de los juzgados, pese a que no estuviese firmado.

Pero sobre todo, la letrada cargó contra el instructor del caso Arona, el juez Nelson Díaz Frías, no ya solo por la falta de firma en el auto que ordenaba las escuchas telefónicas, sino “por la falta de imparcialidad”.

“El juez se autorepartió la denuncia que hizo en su día Francisco Santamaría (el concejal socialista de la oposición que destapó el caso Arona) y como no tenía indicios suficientes para sustentar las acusaciones, es por lo que ordena las escuchas”, afirmó Olga López.

“Se presentó un ciudadano extranjero con unos informes internos de licencias del Ayuntamiento, y el juez le admite como acusación particular. A partir de ese momento todo el procedimiento, incluso las escuchas telefónicas, fue filtrado a la prensa. No había motivos para intervenir los teléfonos, por lo que el juez se ha arrogado una función acusatoria que no le corresponde”.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará del 9 al 11 de diciembre el juicio contra el exalcalde de Arona José Alberto González Reverón, acusado de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos dentro de una pieza derivada del caso Arona o Edén.

También comparecerá el que fuera edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Antonio Sosa, con la misma acusación, informa hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El fiscal pide para González Reverón nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para Antonio Sosa un año de prisión y nueve de inhabilitación.

Los hechos juzgados se refieren a una supuesta corrupción en la concesión irregular de una licencia en un hotel del sur de Tenerife y dietas, entre otros motivos.

Los presuntos hechos delictivos han sido producto de escuchas telefónicas ordenadas por el juez que realizó la instrucción en un caso iniciado en 2006 y derivadas del caso Arona.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia que inició el PSOE local en 2006 por presunta corrupción en el seno del Ayuntamiento de Arona que ha afectado a la junta del gobierno entre 2003-2007.

También afectó a funcionarios y empresarios por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Las diligencias previas de este caso culminaron en 2011 con algunas detenciones y 30 imputados, reducidos a 17 acusados.

La causa principal que ha derivado en otras es la concesión de licencias ignorando la legislación urbanística y por dictar resoluciones siendo consciente de que eran irregulares.

Además se investigan presuntos tratos de favor y por emplear el cargo público para dichos favores.

En noviembre de 2012 González Reverón dimitió como alcalde después de que la Audiencia Nacional desestimase el recurso que presentó contra una sentencia que lo inhabilitaba por un periodo de cuatro años y medio.

Se le acusó de un delito continuado de prevaricación en un caso relacionado con la contratación de personal en el Ayuntamiento.