El equipo de Memoria Democrática del Gobierno tenía claro que no debía colocarse ni un solo andamio en la basílica del Valle de los Caídos hasta que no estuviera formada una comisión de expertos forenses que vigilara y aconsejara sobre cada movimiento de huesos que pudiera realizarse en las ocho criptas objeto de intervención.

Así, el Ministerio de la Presidencia acaba de nombrar los siete expertos de esta comisión. El grupo de trabajo para el asesoramiento forense para las exhumaciones y la identificación de los restos cuenta con la presencia de dos de los mayores expertos en exhumaciones de fosas comunes: el forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria y el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz. Etxeberria y Ferrándiz forman parte de la comisión como vocales (Ferrándiz es, además, secretario) por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para la que trabajan actualmente como asesores. Etxeberria ya había participado en unas inspecciones preliminares a las criptas y ha colaborado con el movimiento memorialista en decenas de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. Por su parte, Ferrándiz es un gran conocedor del Valle de los Caídos y había formado parte de la Comisión de Expertos que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que pensó, por primera vez, cómo había que acometer el futuro del monumento.

A ellos se les unen expertos que vienen desde diferentes institutos forenses. Por parte del de Medicina Legal de Granada, participa Elisa Cabrerizo, médica forense que además es concejala por Podemos en el Ayuntamiento de Granada. 

Tres expertos llegan desde el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Enrique Dorado, que participó en el análisis del cuerpo del general Prim para determinar la causa de su muerte, o de la momia del siglo XVII Úrsula Micaela. José Luis Prieto, médico y especialista en antropología forense que además es colaborador del laboratorio que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene en Ponferrada. Y Elisa Ruiz-Tagle, forense experta en criminología, arqueología, patología y antropología.

A propuesta del Consejo Médico Forense, dependiente del Ministerio de Justicia, llega el presidente del Comité Científico-Técnico de dicho Consejo, el médico y cirujano Rafael Bañón González que ha dirigido los institutos de medicina legal de Alicante y Murcia. Tanto Bañón como Prieto fueron dos de los expertos que evaluaron in situ el estado de las criptas en septiembre de 2018, por lo que son de los pocos que tienen un conocimiento cercano y de primera mano, aunque aproximado, del terreno en el que se van a mover los técnicos.

Por parte del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, se une su director Antonio Alonso, que es doctor en bioquímica y biología molecular, siendo un experto en genética forense; ha trabajado como perito en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

Por último, Vidal Santos Yusta, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal, fue el forense que asesoró al Gobierno y estuvo presente durante la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del propio Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Mingorrubio.

El Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, firmó la designación de los vocales de esta comisión el pasado 12 de julio, pero todavía no se ha realizado ninguna actuación en el Valle.

Parón de verano

El siguiente paso es la entrada de la empresa pública Tragsa para comenzar el trabajo de asentamiento de estructuras que se va a realizar previamente a la apertura de las criptas y el acceso a los diferentes columbarios. Pero esta fase está, todavía, “en estudio”, según fuentes del Ministerio de Presidencia. Se espera que pronto se adopte una decisión con la fecha en la que comenzarán las actuaciones. 

Con una confirmación oficial cercana a las 70 peticiones de exhumación pero que probablemente pueda elevarse hasta el centenar, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática trabaja en los diferentes expedientes, cuyo grueso llega desde Gogora, el instituto de memoria del País Vasco, que está haciendo un importante trabajo de centralización y representación de las peticiones de las familias vascas.

Si no hay un cambio de última hora, el plan previsto para la intervención comenzaría por las capillas situadas a ambos lados del altar mayor: primero la que está a la derecha, denominada del Santo Sepulcro y posteriormente la contraria, la del Santísimo. En una tercera fase se acometerían las laterales: seis capillas situadas a ambos lados de la nave. Las cámaras de los osarios se encuentran ocultas tras el trasdós en el caso de las dos capillas principales y tras un tabique sobre el que hay situado un tapiz para el caso de las de la nave. Los restos de más de 30.000 personas se encuentran apilados en cajas, unas identificadas y otras no, a lo largo de diferentes niveles, unos más accesibles que otros.

Se desconoce el estado de esos restos óseos y serán los forenses los que dictaminen si podrá realizarse o no cada una de las exhumaciones. Y, posteriormente, si se puede dictaminar una identificación. En cualquier caso, el plan del Gobierno para el Valle contempla la dignificación de estas criptas como cementerio.

Los Gobiernos central y vasco ultiman en este final del mes de julio la redacción del acuerdo político que posibilitará la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de 2016 de víctimas policiales a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco que suavice sus aristas más espinosas para evitar que se interprete como un cauce paralelo a la Justicia para investigar estos casos. En medio de este complejo debate jurídico se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (y sus votos particulares) que tumba la normativa de Navarra para reparar a estas mismas víctimas. “Creemos que no hay dudas, nuestra ley es totalmente constitucional”, ha enfatizado este lunes el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que ha subrayado las diferencias entre el texto vasco y el navarro “desde su primer artículo” a pesar de abordar el mismo tema. Con todo, Erkoreka ha querido hacer constar el “interés tan notable” en España por “echar tierra sobre un episodio concreto de la historia”.

El punto de discusión en ambas normativas autonómicas es que se plantea la creación de una comisión administrativa que atenderá las denuncias de las víctimas. El Gobierno de Mariano Rajoy interpretó que un Gobierno autonómico no podía arrogarse competencias exclusivas del poder judicial y además abrir procesos sin garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios, en este caso miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente el Gobierno actual de Pedro Sánchez ha accedido a desistir de su impugnación en el caso vasco si se cambia la redacción original de la ley y se enfatiza que sólo se atiende a la víctima desde un punto de vista de la asistencia social, sin buscar depurar responsabilidades.

Erkoreka ha mostrado la perplejidad de ciertos sectores en el Estado en “reconducir exclusivamente al ámbito judicial unos hechos que pudieran ser delictivos” cuando “todo el mundo sabe” que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha condenado a España ocho veces por denuncias de torturas que no se han investigado”. Además, ha remarcado que hay “algunos” que “se jactan” en público de haber practicado la violencia, en referencia al libro de Manuel Pastrana.

Agarrándose a los votos particulares de la sentencia del Constitucional sobre Navarra, Erkoreka ha remarcado que “en muchos casos hay investigaciones con actuaciones administrativas tendentes a fijar hechos” y que ello “es lícito salvo que la finalidad sea la de provocar una resolución privativa de libertad”. Son habituales, por ejemplo, las comisiones de investigación en los Parlamentos. La negativa a autorizar la reparación de estas víctimas, según el portavoz del Ejecutivo vasco, integrado por PNV y PSE-EE, sólo se explicaría desde un interés en “echar tierra” sobre las víctimas policiales.

La normativa de 2016 cubría las actuaciones ilícitas de las Fuerzas de Seguridad desde 1978 a 1999, en el período democrático. Antes en Euskadi se atendió a las víctimas del período 1960-1978 con un decreto. En total, hubo 187 beneficiarios y se esperaba del orden de 400 con la nueva ley. “Cubre una laguna que venía siendo reclamada por documentos internacionales. Los derechos de verdad, justicia y reparación no habían encontrado satisfacción adecuada. Y esas normas internacionales no distinguen entre poderes públicos, sean judiciales o administrativos deben comprometerse con que prevalezca los derechos de verdad, justicia y reparación”, ha explicado Erkoreka.

La batalla jurídica en torno a la norma, en todo caso, no acabará con la retirada del recurso, previsiblemente este viernes tras el Consejo de Ministros. Por una parte, el Constitucional puede decidir no atender al acuerdo político y resolver sobre la ley vasca de manera autónoma, un escenario en el que podría repetirse la misma mayoría que ha tumbado la norma navarra. Por otro lado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en nombre de una plataforma de sindicatos policiales y asociaciones de víctimas, ha activado un proceso contencioso-administrativo contra la comisión de valoración de las víctimas con el ánimo de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco active una cuestión de inconstitucionalidad.

En apenas 24 horas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato SUP de la Policía Nacional contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley de víctimas policiales de 2016 para analizar las solicitudes de reconocimiento y reparación. Mediante este ardid jurídico, el SUP -como cabeza de una plataforma más amplia que agrupa a otras asociaciones policiales y de víctimas de ETA- pretende lograr activar una cuestión de inconstitucionalidad ante el acuerdo político entre los Gobiernos central y vasco para la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta normativa a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco.

Si el recurso se presentó el 24 de julio, el 25 de julio la sala de lo contencioso-administrativo del Superior ya había admitido a trámite el escrito del SUP. Esta decisión, en todo caso, no entra en ningún caso al fondo del asunto y se limita a reseñar que formalmente las documentación presentada es correcta y que la sala es competente para resolver. Se ha designado ponente a María del Mar Díaz Pérez. Completarán el tribunal Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi. Por el momento, la única decisión adoptada es requerir al Gobierno vasco que remita el expediente administrativo completo afecto a este caso.

La ley de reconocimiento de las víctimas policiales entre 1978 y 1999 se halla sumida en una batalla jurídica. La norma es de 2016 y fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del PP al entender que Euskadi se arrogaba la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y magistrados al proceder a investigar casos sin garantías procesales como el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia. El actual Ejecutivo del PSOE asume que la redacción vigente lleva también a esa conclusión pero ha acordado esta semana con el Gobierno vasco el “desestimiento” en el pleito a cambio de modular algunos artículos. La idea es dejar claro que sólo se atiende a las víctimas en el uso de una competencia de asistencia social, sin que en ningún momento se investigue o condene a victimarios al margen de la vía judicial ordinaria.

Estos movimientos, en cambio, han suscitado la creación de una plataforma encabezada por el SUP y a la que se han unido otras organizaciones como Covite o la AUGC, incluso también Erne de la Ertzaintza. Están asesorados por Macarena Olona, exresponsable de la Abogacía del Estado en Euskadi ahora en otro destino, autora en su día del recurso de inconstitucionalidad.

En este grupo entienden que, pese a los cambios, la normativa continúa estableciendo responsabilidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin las debidas garantías y comprobaciones. Políticamente, van un paso más allá y aseguran que esta normativa alimenta la “teoría del conflicto” al dar a tender que hubo víctimas del Estado como las hubo de ETA. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, ha asegurado públicamente y en privado que hará pedagogía para evitar esta, a su juicio, incorrecta interpretación. Ha destacado incluso que las víctimas -que las hubo- fueron casos aislados y que han ido disminuyendo en el tiempo conforme se ha consolidado la democracia constitucional española.

El delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Jesús Loza, se ha encontrado con apenas un mes de experiencia en el cargo una 'patata caliente': en un movimiento inédito, prácticamente el conjunto de las agrupaciones profesionales de policías nacionales y guardias civiles (además de Erne de la Ertzaintza) se han agrupado para criticar el acuerdo político con el Gobierno vasco por el que el Estado desistirá del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica para la reparación de las víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999. Aseguran en esta plataforma que el texto alimenta la 'teoría del conflicto' del entorno de ETA para minimizar su historial terrorista e inflar las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Loza, sin embargo, ha querido ofrecer una rueda de prensa extraordinaria en una tarde de julio víspera de fiesta en Vitoria para negar la mayor, para poner en valor la labor de los uniformados y para recalcar que los abusos policiales “fueron aislados, no sistemáticos y han ido disminuyendo” conforme España fue abandonando los vicios de la dictadura.

Loza se define a sí mismo como “muñidor”. Como tal, medió en 2012 con el Gobierno central para aprobar un primer decreto para reparar a las víctimas de violencia policial desde 1960 hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Explica que fueron 187 los expedientes tramitados sin que la labor de la comisión de valoración creada al efecto recibiera “ningún tipo de crítica”. Fue una medida aprobada por el Gobierno de Patxi López.

Sin embargo, sí fue recurrida una modificación de ese decreto llevada a cabo en 2013, ya con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió una sentencia en 2015 en la que echaba para atrás algunos cambios en la línea de que sin pruebas fehacientes no se podía acreditar la condición de víctima. “Lo que sí podemos afirmar es que el sistema establecido por el decreto recurrido, al no prever ningún órgano médico independiente que analice los informes aportados por los interesados, no garantiza la exigencia de fehaciencia”, estipuló el Superior.

El punto de fricción estriba en que la ley de 2016 para resarcir a las víctimas del período constitucional fue recurrida por el Estado al entender que la comisión de valoración se arrogaba funciones jurisdiccionales de investigación y condena de los victimarios, policías, una competencia exclusiva del poder judicial y que, además, requiere una serie de garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Ese texto recibió el apoyo de unos socialistas que ahora, en el Gobierno de España, exigen modificaciones de calado, como hacen constar algunos observadores en privado.

Como adelantó este periódico, el acuerdo para la retirada del recurso ante el Constitucional conllevará que el Parlamento Vasco promueva una modificación de la redacción original para suavizar todas las referencias que puedan dar a entender que se busca crear una especie de 'comisión de la verdad' paralela. La normativa, en suma, se agarrará a las competencias autonómicas de “asistencia social” a las víctimas sin analizar la culpabilidad o no de los victimarios, según Loza, de nuevo como “muñidor” en este asunto espinoso que viene a cerrar el círculo de reconocimiento a las víctimas tras las normativas que atienden a las de la Guerra Civil y el franquismo y a las de ETA, el GAL y otros terrorismos.

“Respeto absoluto a la presunción de inocencia y al honor”, ha repetido Loza en varias ocasiones en su comparecencia de prensa. Y ha lanzado un dardo: las modificaciones que se harán en la ley siguen punto por punto el argumentario elaborado por la abogada del Estado que redactó el recurso de inconstitucionalidad. Esa letrada es Macarena Olona, ahora ya fuera del País Vasco y que en esta nueva etapa asesora jurídicamente a la plataforma de organizaciones sindicales policiales, en la que también colaboran asociaciones de víctimas como Covite.

“Serán pocos cambios en número pero muy importantes en contenido. La comisión de valoración quedará alejada absolutamente de ser un órgano jurisdiccional”, ha asegurado Loza, que ha subrayado que reconocer a estas víctimas no supone “ninguna equiparación” con los asesinados por ETA como tampoco poner una sola tacha a la actividad en Euskadi de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya labor ha aplaudido.

Fuentes de la plataforma, sin embargo, no están convencidos de estos cambios anunciados. “El hecho objetivo para ser declarado víctima existe un victimario. Y para declarar que ha habido un victimario necesitas que haya habido un delito. Y eso no se puede hacer sin una resolución judicial”, explican. Y recuerdan que para ser declarado víctima del terrorismo hay que presentar una “acreditación fehaciente”, si no es una sentencia al menos una denuncia, un auto o un informe, lo que supondría un agravio comparativo.

Entretanto, el SUP ha activado un ardid judicial para intentar que se mantenga el control de constitucionalidad a pesar de la retirada del recurso por parte del Estado, algo que se formalizará probablemente este viernes en el Consejo de Ministros. Ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la constitución de la comisión de valoración de las víctimas. En los próximos días se adherirán una a una el resto de organizaciones de la plataforma, según este sindicato de la Policía Nacional. Pretende que la sala eleve una cuestión de inconstitucionalidad y que el pleito siga vivo. Más inverosímil es el camino activado por Dignidad y Justicia, que según ha informado 'El Mundo' pretende “personarse” en el Constitucional y “sustituir” al Gobierno de España como recurrente contra la ley vasca de víctimas. No existen precedentes de semejante maniobra.

Lo que sí es posible es que el Constitucional no acepte el desestimiento del Estado y de manera autónoma decida mantener la revisión de la normativa autonómica. Según Erkoreka, sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes” de situaciones en las que la corte de garantías ha actuado así.

Los Gobiernos central y vasco, en el marco de una “comisión técnica bilateral de cooperación”, han acordado entre la noche del lunes y la mañana del martes que el Estado desista de dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, en concreto contra la normativa que persigue reparar a las víctimas de violencia policial en democracia y contra los apartados de los presupuestos autonómicos de 2018 que contemplaban una subida salarial del 1,5% para los funcionarios vascos que luego quedó superada por una mejora mayor (1,75%) prevista en las cuentas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Los equipos de Meritxell Batet y Josu Erkoreka han acordado también desbloquear algunas de las 37 transferencias pendientes para completar el Estatuto de 1979, empezando por las autopistas AP-1 y AP-68.

El punto que mayores debates jurídicos ha motivado entre los equipos técnicos de ambos Ejecutivos ha sido el relativo a la ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 -también con el apoyo socialista- para reconocer y reparar a unas 400 víctimas de la violencia de actuaciones policiales ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno del PP había presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que Euskadi se arrogaba una competencia para investigar delitos invadiendo las funciones exclusivas del poder judicial -sin procurar garantías a los victimarios, como la presunción de inocencia- y los apartados fundamentales de la normativa estaban en suspenso.

Como adelantó eldiarionorte.es, ambos Gobiernos han acordado el “desestimiento” de ese recurso de inconstitucionalidad a cambio de el Parlamento Vasco modifique la docena de artículos cuestionados por el Estado en busca de una mayor “seguridad jurídica”. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se trata de “modificaciones puntuales y concretas” de redacción que no afectan al espíritu de resarcimiento de la ley de víctimas pero que sí deje claro que “no se sustituirá a los tribunales” ni se producirá “un señalamiento de culpas” a los victimarios. Se trata de ejercer “competencias de asistencia social”, ha enfatizado Erkoreka, que ha asegurado que es “un buen acuerdo”.

El acuerdo político extrajudicial, sin embargo, no está exento de riesgos. Por un lado, el Tribunal Constitucional puede adoptar una “decisión autónoma” de continuar con la revisión de la ley vasca de víctimas a pesar de que el promotor del recurso entienda que ya no hay motivos para ello. Sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes”. Y, por otro lado, los partidos que apoyan al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta en el Parlamento para modificar en solitario la redacción actual de la ley.

El responsable de Derechos Humanos de Urkullu, Jonan Fernández, ya ha iniciado los contactos con la oposición para poder solventar con “rapidez” este trámite. El Gobierno da por descartado el apoyo del PP al entender que está en la línea argumental del recurso de su Gobierno. Sin embargo, no descarta a EH Bildu, aunque ya rechazó en 2016 votar 'sí' por ver insuficiente aquella redacción que ahora se va a modular. La tercera opción sería la de Elkarrekin Podemos. Hay “disposición favorable”, ha asegurado Erkoreka preguntado por las conversaciones con la oposición, sin dar demasiados detalles.

De igual manera, este acuerdo político tendrá que hacer frente a los movimientos de una nueva plataforma que agrupa a sindicatos de todos los cuerpos policiales y a asociaciones de víctimas del terrorismo (SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, APROG, Aserfavite, ACFSEVT, Erne o Covite). En nombre de todos ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley para determinar el reconocimiento de las víctimas. Ese pleito se ha residenciado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, según las fuentes consultadas, podría derivar en una cuestión de inconstitucionalidad que tumbara la ley. Apoya a este grupo la exjefa de la Abogacía del Estado en Euskadi y autora del recurso, Macarena Olona.

Asimismo, 'El Mundo' ha informado de que Dignidad y Justicia se ha “personado” en el Constitucional para “sustituir” al Gobierno como promotor del recurso si éste desiste. Fuentes del Gobierno vasco, en cambio, indican que es dudoso que un particular tenga “legitimidad jurídica” para sostener un contencioso en la jurisdicción constitucional.

Subida a los funcionarios tras el verano

El Consejo de Ministros formalizará la retirada del recurso este viernes o, como muy tarde, el 3 de agosto. En todo caso, el compromiso es sustanciarlo antes de las vacaciones. Asimismo, ordenará la retirada del recurso contra los presupuestos vascos de 2018 en lo tocante a la subida salarial del 1,5% (más 0,5% en EPSV) a los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos.

Este recursos del exministro Cristóbal Montoro se produjo porque la subida vasca entró en vigor antes de la promulgación de los presupuestos generales, que autorizan las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos de España. Pero se dio la paradoja de que el Estado preveía una mejora de hasta el 1,75%, es decir, mayor que la vasca.

Euskadi, una vez retirado el recurso, elaborará los informes jurídicos preceptivos para aplicar la subida a la vuelta del verano. Se articulará en una mejora del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y del 1,75% desde el momento de aprobación de los presupuestos del Estado. La media anual será del 1,65%, aproximadamente. Asimismo, se mejorará la aportación a la EPSV Itzarri del 0,5% al 1% antes de final de año. Fuentes del Gobierno vasco indican que no será necesario retocar la ley de presupuestos para acometer estos cambios porque ya se previó que las medidas propias podrían aplicarse sin perjuicio de las mejoras que pudiera proponer el Estado.

La relación “fluida” del Gobierno vasco con el nuevo equipo de Pedro Sánchez y, singularmente, entre el consejero Erkoreka y la ministra Batet se plasmará también en el desbloqueo de varias transferencias de las 37 pendientes para completar el Estatuto de 1979. En septiembre se firmará ya la cesión de dos líneas menores de ferrocarril en Bizkaia, algo ya cerrado con Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, se abordará la cesión de las autopistas AP-1 y AP-68 (la primera ya libre de peaje desde noviembre) y un posible acuerdo en torno al puerto de Pasaia, aunque según Fomento es de “interés general” y, por lo tanto, intransferible. Nada ha comentado Erkoreka sobre las dos cuestiones “prioritarias” para Euskadi en este terreno, las Prisiones y el régimen Económico de la Seguridad.

Los Gobiernos central y vasco encaran una semana decisiva para zanjar, mediante un acuerdo político extrajudicial, el contencioso constitucional abierto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en torno a la ley vasca de víctimas de violencia policial, unas 400 según cálculos estimativos. El nuevo equipo del PSOE está dispuesto a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra este texto aprobado en 2016 en el Parlamento Vasco –también por los socialistas- pero la decisión del Consejo de Ministros sólo se adoptará si existe un compromiso de “ajustar” ciertas aristas de la redacción original. Según las fuentes consultadas, ello podría obligar a reenviar el texto a la Cámara autonómica para una modificación ‘exprés’, si bien PNV y PSE-EE no cuentan con mayoría absoluta y deberían buscar el apoyo o la abstención de Elkarrekin Podemos ante lo improbable de que, por motivos opuestos, PP y EH Bildu entren a esta operación.

La ley para reparar a las víctimas de actuaciones policiales ilícitas ocurridas en democracia, entre 1978 y 1999, fue aprobada ahora hace dos años en el último pleno de la legislatura pasada merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. EH Bildu, que defiende el reconocimiento de este colectivo en pie de igualdad con las víctimas de ETA, se abstuvo al entender que se había quedado corto, mientras que PP y UPyD votaron ‘no’.

Ya en los debates parlamentarios se puso de manifiesto la posible inseguridad jurídica de esta ley, que daba continuidad a un decreto para reparar a las víctimas policiales, las de la dictadura (unas 200). La clave estribaba en que el reconocimiento de la condición de beneficiario de las previsiones de la norma la iba a determinar una comisión de valoración de manera paralela a los tribunales, es decir, sin que fuese imprescindible una resolución judicial.

El PSE-EE insistió hasta el final en la necesidad de modular esta parte del articulado, pero ello no evitó el recurso del Gobierno del PP. Según la Abogacía del Estado, que consideró “loable” el deseo de reparar a estas víctimas, hasta 11 disposiciones eran inconstitucionales porque Euskadi no puede arrogarse la competencia jurisidiccional por encima de los tribunales y porque la comisión no ofrece las mismas garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios. Para el Gobierno de Iñigo Urkullu, en cambio, esa argumentación era una simple “excusa” para no aceptar la existencia de violencia policial en el marco de la lucha contra ETA.

Ante el anuncio del recurso de inconstitucional, la normativa procesal prevé la creación de una comisión bilateral para negociar durante seis meses una interpretación satisfactoria para ambas partes y evitar el pleito. No fue posible y el PP formalizó el recurso. Varios artículos quedaron suspendidos cautelarmente. No era toda la ley pero sí su corazón. La comisión de valoración de las víctimas, por ejemplo, se ha podido constituir recientemente pero no puede iniciar su misión.

Pero el cambio de inquilino en La Moncloa ha modificado el escenario. El PNV apoyó la investidura de Pedro Sánchez y los socialistas vascos impulsaron esta ley y ahora gobiernan en coalición en Euskadi. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, anunció la voluntad de zanjar el contencioso en julio, antes del parón estival. Agotado ya el plazo para llegar a un acuerdo de interpretación, la única salida pasa por la retirada del recurso antes de que el Constitucional resuelva. La decisión corresponde al Consejo de Ministros -se reúne el 27 de julio- pero las fuentes consultadas apuntan que no se hará sin unas garantías previas por parte del Gobierno vasco de que se introducirán algunos cambios en la línea de modular el carácter ‘sentenciador’ de la comisión de valoración de las víctimas. La intención es justificar su labor con base en las competencias autonómicas en materia de protección social.

“Si no hay cambios de redacción mantendremos el recurso”, ha explicado por escrito el delegado del Gobierno a una plataforma de nueva creación en la que participan sindicatos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, así como  asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite. Este grupo entiende que la ley forma parte de una estrategia de “construcción de un relato paralelo” por el cual las Fuerzas de Seguridad del Estado ejercieron la violencia al mismo nivel que ETA. De hecho, se muestran críticos con la presencia en la comisión del forense Francisco Etxebarria, autor de un informe para el Gobierno vasco que cifra en unos 4.000 los casos de tortura de los tres cuerpos.

Esos “cambios de redacción” que asumen ambos Gobiernos sólo pueden hacerse con una modificación en el Parlamento. El problema es que PNV y PSE-EE están faltos de un escaño para la mayoría. Es improbable que EH Bildu entrase a negociar una ‘rebaja’ de un texto que ya hace dos años le pareció insuficiente y el PP ha defendido siempre la argumentación plasmada en el recurso de inconstitucional. La única opción parece ser Elkarrekin Podemos, con cuya abstención bastaría para cambiar la ley de víctimas.

Entretanto, la plataforma que agrupa a SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, Aserfavite, Erne o Covite, entre otros, ha ‘fichado’ a la abogada del Estado Macarena Olona para relanzar su posición contraria a la retirada del recurso. Olona fue la redactora del escrito que elevó el Gobierno del PP al Constitucional cuando ocupaba la jefatura de los servicios jurídicos del Estado en Euskadi. En la actualidad ocupa otro cargo público. Ante la inminencia del acuerdo entre las partes, este grupo de trabajo anuncia ya una reunión en los próximos días. Quieren evitar un “agravio” a la “dignidad” de los cuerpos policiales, que han sido “víctimas de la banda terrorista ETA” y no victimarios. No descartan incluso activar la vía judicial.

El portavoz defiende el "rigor" de la investigación y el prestigio de sus autores pero ve "legítimo" que se critique la "metodología"

Rechaza una grieta en el Gobierno de coalición PNV-socialistas porque comparten la necesidad de "reconocer" y "resarcir" a las víctimas de violencia policial

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha rebajado a “pequeñas” diferencias la discrepancia expresada por el PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, hacia el informe gubernamental sobre la tortura en el País Vasco, que cuantifica en 4.113 los casos documentados entre 1960 y 2014, una cifra que incluso “se encuentra por debajo de la dimensión real de los afectados”. Erkoreka ha calificado de “legítima” la postura de los socialistas y ha asegurado que el trabajo “puede ser criticado y estar o no de acuerdo con la metodología”, si bien ha remarcado que ambas formaciones políticas coinciden en la necesidad de “reconocer” y “resarcir” a las víctimas de violencia policial en el marco de la ley de 2016 suspendida cautelarmente en su parte fundamental por el Tribunal Constitucional.

En el Consejo de Gobierno de este martes los tres miembros del PSE-EE han expuesto su punto de vista crítico sobre el informe encargado por el Ejecutivo la pasada legislatura, cuando Iñigo Urkullu gobernaba en solitario. Así lo ha reconocido el portavoz Erkoreka, que ha añadido que esa “pequeña diferencia” forma parte “de lo lógico y lo normal” en la convivencia de dos fuerzas políticas diferentes en un mismo gabinete. PNV y PSE-EE también mantienen discrepancias toleradas en cuanto a la defensa del derecho de autodeterminación. En ninguno de los dos casos estos roces ponen en peligro la continuidad de la coalición, que se extiende a las tres diputaciones forales y a las tres capitales, como también ha señalado la secretaria general en Álava, Cristina González.

Pese a todo, el nacionalista Erkoreka se ha esforzado en repetir -al menos en una decena de ocasiones tanto en euskara como en castellano- que el trabajo goza de toda la “calidad” y “rigor” exigibles para la investigación de casos de torturas siguiendo el protocolo de Estambul reconocido internacionalmente y “homologado por las Naciones Unidas”. Asimismo, ha remarcado el “prestigio innegable” de alcance “global” del director de la investigación por encargo gubernamental, Francisco Etxebarria, y de los 55 profesionales que le han acompañado. Era una intervención que traía preparada por escrito a la rueda de prensa.

A su juicio, “un Gobierno maduro” no tiene que temer “una mirada al pasado” que pueda sacar a la luz verdades dolorosas en el marco de la lucha contra ETA y que señalan no sólo a las Fuerzas de Seguridad del Estado sino a la propia Ertzaintza, cuyo principal sindicato (Erne) también se ha mostrado crítico con las conclusiones extraídas. Se trata de “violencia policial al margen de la ley” y sus víctimas merecen justicia, ha insistido Erkoreka.

En todo caso, ha explicado que las conclusiones del informe son “informativas” y no “declarativas”, es decir, que no permiten la apertura de “una investigación caso por caso”. El portavoz ha explicado que el documento será remitido a la ponencia de Convivencia y Derechos Humanos del Parlamento y será este órgano -en el que se sienta el PSE-EE pero no el PP, que también ha criticado este informe por alentar la teoría del conflicto- el que adopte las medidas oportunas. Habrán de ser los particulares afectados -ha apostillado- los que inicien 'motu proprio' una causa penal si su caso no ha prescrito.

La presentación del informe ha suscitado, asimismo, las reacciones contrapuestas de izquierda abertzale y PP. Desde EH Bildu, Julen Arzuaga se ha felicitado por el trabajo de Etxeberria y su equipo y ha criticado que el PSE-EE quiera imponer su “relato” y rehuir de datos fiables que ponen en cuestión su responsabilidad en determinadas vulneraciones de derechos humanos. Por su parte, el 'popular' Carmelo Barrio ha criticado que se ahonde en la equidistancia entre ETA y los cuerpos policiales: “No podemos tolerar que se manche el nombre de la Ertzaintza y de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) acoge la creación de un centro de investigación de los estudios internacionales sobre desapariciones forzadas, actos de violencia masiva y vulneración de los derechos humanos. Y lo hace sobre la base de las tres principales instituciones dedicadas a la memoria histórica en España: la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el proyecto del CSIC Políticas de la Memoria, cuya financiación ha pasado del Ministerio de Ciencia al de Economía y Competitividad.

No, el Ministerio de Justicia no forma parte de este instituto. Tampoco el Gobierno de España. Ni el Centro Documental de la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Cultura. Ni tan siquiera, por supuesto, una virtual Oficina de Víctimas borrada –solo a medias– de la web del Ministerio de Justicia.

Además de la formación y la divulgación, destaca la propuesta de este centro, denominado CIEMEDH, de practicar exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y represaliados del Franquismo. La intención es firme, a pesar de no contar con presupuesto para realizarlas.

El antropólogo social Julián López García será el director del CIEMEHD. “Para la financiación estamos recurriendo a mecenazgo no nacional sino internacional” explica este profesor de la UNED, pensando en concreto en las asociaciones memorialistas de Estados Unidos, que sí tienen fondos. Este mismo año, una dotación de 100.000 euros del Archivo de la Brigada Abraham Lincoln (Nueva York) ha salvado de la clausura el laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Ponferrada.

También aportaciones de familiares

López García quiere sumar también fondos provenientes del crowdfunding y de las familias que buscan a sus desaparecidos, “que nos puedan ayudar poco o mucho”. Todo suma. “Vamos a tocar también empresas y bancos. Este tipo de proyecto con anclaje académico le quita mucho de la crítica ideológica que puede haber detrás”, señala. El Banco Santander, pone como ejemplo, es el principal mecenas del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios. Según su análisis, la universidad tiene “más facilidad” de conseguir fondos para abrir fosas que las asociaciones memorialistas “en el momento actual”. “No sabemos lo que va a pasar a partir de noviembre”, añade, en referencia a una perspectiva más favorable si cambia el Gobierno en las próximas elecciones generales.

Contrariamente a esta postura, la ARMH defiende que los familiares, como víctimas que son, no deben pagar las exhumaciones, ya que entiende que la financiación debe realizarse con dinero público.

“Muchos que estábamos bajo el paraguas de los fondos del Ministerio de Presidencia, cuando los cortaron, decidimos converger para unirnos y tener una voz más fuerte en la demanda y en la justificación de la necesidad de proseguir las exhumaciones”, indica el director del CIEMEHD. “Si tenemos bastante financiación podremos proponer exhumaciones propias y en otros casos podremos apoyar procesos de exhumación que están en la lista de espera de Aranzadi y que no tienen financiación”.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria, presidente de Aranzadi, acudió a la presentación del Centro el pasado 1 de julio. En su conferencia inaugural se mostró muy crítico con el papel del Estado en la recuperación de la memoria histórica. “Lo que más asombra fuera de nuestra geografía es que en 80 años no se ha impulsado ninguna investigación institucional”, señaló. “¿Que lo haga el Estado, como muchos dicen? El Estado no está en condiciones de gestionar un archivo, el Estado no sabría exhumar con metodología arqueológica ni determinar patología e identidad, el Estado no sabría calcular la dimensión de la injusticia”, dice Etxeberria en relación a la descoordinada gestión de la memoria histórica en España.

“Nos estamos sobando”

El forense, quien esta primavera estuvo al frente de la exhumación de los restos de Miguel de Cervantes, acusa a la universidad de “no esforzarse mucho en hacer cosas que tengan una vocación práctica en la sociedad”. “¿Cuántos historiadores van al juzgado después de encontrar un documento que es valor de prueba? Prácticamente no se le ha ocurrido a nadie. Nos estamos sobando a cuenta de todo lo que se puede hacer”.

El marco simbólico de este nuevo Centro propone ligar memoria a derechos humanos, en lugar de a historia. Etxeberria dibuja la memoria histórica como un pentágono donde un lado representa lo judicial, otro lo histórico, otro lo simbólico, otro los derechos humanos y el último lo político. “¿Que las exhumaciones se hacen por cuestión política? Pues claro que sí”, dijo el antropólogo, “es que es político el hecho de que existan fosas”.

“No hay dinero para exhumaciones salvo en el País Vasco, donde se pagan todas las facturas que se presentan”, dijo el forense guipuzcoano, “y el estado solo ha financiado las exhumaciones realizadas entre 2006 y 2011, el resto se ha hecho en régimen de voluntariado”. “Yo tengo que procurar que no me criminalicen cada vez que explico esto, defenderme, a pesar de que si todas las víctimas tienen derecho a la memoria, si todas las víctimas de ETA tienen derecho a la memoria, si todas las víctimas de la violencia del Estado tienen derecho a la memoria, todos los demás tenemos el deber de la memoria”.

Los expertos no tienen “la certeza absoluta” de haber encontrado los restos de Miguel de Cervantes, por más que los primeros titulares se apresuraron a dar esa noticia. A lo más que llegó Francisco Etxeberria en la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Madrid fue a decir que “es posible considerar que entre los fragmentos” encontrados en la cripta de la iglesia madrileña de las Trinitarias “se encuentran algunos” pertenecientes a Miguel de Cervantes, sin “discrepancias”.

Eso se ha conocido al final de un largo acto. Los expertos han preferido empezar por los antecedentes y desarrollo de la investigación. El acto ha sido abierto por el doctor en Historia Francisco José Marín Perelló que ha explicado las pistas que le llevaron a realizar la búsqueda en el Convento de las Trinitarias, situado en el conocido Barrio de las Letras, en el centro de Madrid. Muchos escritos apuntaban que la sepultura de Cervantes se hallaba bajo el suelo de este convento.

Los expertos han desvelado que, teniendo en cuenta las fuentes cartográficas, la iglesia de San Idelfonso estaba originariamente situada en otro lugar y se trasladó posteriormente, cuando se construyó el Convento de las Trinitarias. Otros documentos registraron el traslado de los restos de una cripta a la otra, por lo que el punto de enterramiento donde el escritor fue sepultado en 1616, en la iglesia original de San Ildefonso, no se corresponde con el sitio donde trasladaron sus huesos con posterioridad en 1673, a la cripta del Convento de las Trinitarias.

Según han explicado los investigadores, en la búsqueda aparecieron restos muy descompuestos asociados al escritor, a su esposa y a las primeras personas enterradas en la iglesia primitiva.

Se trata de los restos de 17 cuerpos, que fueron inhumados entre 1612 y 1630 de la iglesia de las Trinitarias, y que fueron trasladados a la cripta entre 1698 y 1730, en el momento en que estaban terminando las obras de construcción del convento.

La antropóloga Almudena García Cid ha informado que había restos de un mínimo de cinco niños y un mínimo de diez adultos (de ellos cuatro masculinos, dos femeninos, dos indeterminados y dos probablemente masculinos), lo que se corresponde con los 17 enterramientos documentados en la iglesia inicial.

No hay prueba de ADN

No se han practicado pruebas de ADN porque, según ha informado Francisco Etxeberria, solamente podría contrastarse con la de una hermana del padre del Quijote, cuyos restos están en un osario común de un convento de Alcalá de Henares.

Los restos estaban en el subsuelo, en el conjunto que los investigadores han nombrado con el 32, y han aparecido junto con elementos y ropajes que han permitido datarlos con los del siglo XVII y contrastarlos con la documentación histórica.

El equipo forense ha estado dirigido por Francisco Etxeberria, profesor en la UPV y que ha participado en numerosos procesos judiciales, como el Caso José Bretón y ha colaborado también en la autopsia de los restos de Víctor Jara y Salvador Allende.

En 2016 se cumplen cuatrocientos años de la muerte de Miguel de Cervantes.

La muerte de Salvador Allende ha sido objeto de leyendas y suposiciones durante muchos años. Después del golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas de Chile, con Augusto Pinochet a la cabeza, y tras varios enfrentamientos, se encontró el cuerpo sin vida del presidente chileno en el Palacio de la Moneda. Ese 11 de septiembre de 1973 Allende se dirigió a La Moneda y emitió un mensaje de prudencia a la nación. Allí permaneció hasta su muerte rodeado de sus médicos personales y algunos colaboradores. Uno de ellos fue Oscar Soto Guzmán, doctor personal de Allende y quien durante años ha afirmado que se suicidó, a pesar de las críticas recibidas por ello.

Hace unos años que el gobierno chileno hizo un pulso decidido para investigar todo lo que ocurrió durante la dictadura militar que terminó en 1990. Entre estas investigaciones estaba la aclaración de la muerte de Salvador Allende, para lo que recurrieron al antropólogo forense, Francisco Etxeberria. Durante la charla ‘Salvador Allende: ¿asesinato o suicidio?’ ofrecida en San Sebastián, el forense asegura que todos los casos de esta época se están revistando porque ha habido “trampas maravillosas”, como informes forenses en que las páginas habían desaparecido. Y sino, en muchos de los informes de la dictadura los forenses obtenían dos conclusiones, una “no sabemos quién es el muerto” y segunda “no sabemos de qué se ha muerto”.

En el caso del presidente chileno, la primera autopsia se realizó en el año 1973, y el forense determinó que se suicidó con su fusil personal, un AK-47 regalo de Fidel Castro. En este primer informe se interpreta que el fusil estaba apoyado en el suelo, mientras que Allende estaba sentado en el sofá donde se le encontró. Además, se tuvieron en cuenta los testimonios de varios testigos que afirmaban que Salvador Allende aseguró que no saldría vivo de allí o frases como “nunca seré expresidente, moriré siendo el presidente constitucional de Chile”.

Muchos años después del fin de la dictadura, en 2011, un forense chileno realizó un segundo informe en el que aseguraba que la muerte de Allende había sido un asesinato. A su juicio, el orificio de entrada de la bala por el mentón, no coincidía con el de salida por la parte trasera del cráneo. Por ello, aseguraba que podía haber recibido dos disparos, uno de ellos desde la parte de arriba de la nariz. A partir de esta conclusión Etxeberria apunta que surgieron muchas leyendas sobre el supuesto asesinato, incluso se han escrito varias novelas, pero a su juicio “esto es un disparate”. Una de estas teorías indicaba que había sido asesinado por agentes cubanos porque si hubiera sido detenido vivo podría haber contado cosas muy comprometedoras de Cuba.

Exhumación

Tras estas polémicas el gobierno chileno contactó en 2012 con Etxeberria para realizar un informe forense más detallado. A partir de ahí la familia permitió la exhumación del cuerpo bajo algunas condiciones, como que saliese del panteón con la bandera chilena sobre el féretro o que se trasladase al Instituto de Medicina Legal públicamente, sin esconder este hecho. Así, se creó un equipo internacional, con observadores de la Cruz Roja y finalmente se llegó a la conclusión de que había sido un suicidio. En este sentido, Etxeberria explica que aunque el orificio de salida de la bala está en la parte de atrás del cráneo, en cuanto la bala sale del rifle por la parte del mentón los huesos del cráneo ya no están en su lugar, a causa de los gases que salen de la AK-47. Por ello, es perfectamente posible que la bala saliese por el parietal del cráneo.

Asimismo, el forense vasco explica que además pudieron investigar de forma detallada el caso porque la fiscalía militar les dio la documentación original de lo investigado en el año 1973. Entre esta documentación se encontraban las primeras fotos tras la muerte de Allende, que las realizó “un periodista que andaba por allí”. Durante años allegados como Oscar Soto habían afirmado que Allende se había suicidado, pero hasta este último informe sus declaraciones habían sido muy criticadas. Soto apunta que a Allende “el único refugio que le quedó fue el suicidio”, sin embargo, “no era la versión ortodoxa para la izquierda de Chile”.

Que descubrir la tortura y llevarla a los tribunales no es tarea fácil es algo que conocen bien muchos de los forenses que han trabajado en Euskadi durante los años de plomo del terrorismo etarra. Un equipo liderado por el prestigioso forense y doctor en Medicina Francisco Etxeberria, en el que también están el forense Benito Moretin y la criminóloga Laura Pego, están estudiando entre 200 y 400 denuncias de torturas en Euskadi en cuatro etapas bien diferenciadas: 1960-1978 (de la dictadura hasta la aprobación de la Constitución), 1978-1990; 1991-2000 y, finalmente de 2001-2013. Etxeberria reconoce que “el crimen mejor escondido es el de las torturas” y ha revelado algunas de las dificultades con las que se han encontrado a la hora de acceder a determinada documentación sobre esta lacra que aún no está erradicada en España, según el último informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), de abril de 2013.

El encargo de este estudio sobre la tortura en Euskadi, realizado a finales de marzo pasado, parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco del lehendakari Urkullu, aunque era una idea que ya barajó el Ejecutivo socialista de Patxi López ante las dificultades que entrañaba la redacción de segundo decreto de reconocimiento a las víctimas de abusos policiales en el periodo democrático. Este segundo decreto sigue sin ver la luz y las modificaciones realizadas al anterior -elaborado por el Ejecutivo socialista- han sido recurridas por el abogado del Estado. Ese recurso motivó una conversación telefónica entre el lehendakari y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según fuentes de la Presidencia vasca, ante el enfado de Urkullu.

En la investigación en marcha, los expertos contratados por el Ejecutivo vasco están aplicando el conocido como Protocolo de Estambul, que plantea entre otras cosas la realización de entrevistas en profundidad de las personas que han denunciado torturas. En un espacio de debate organizado por el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, celebrado esta semana en Bilbao, Etxeberria explicó que están “grabando los testimonios de estas personas en vídeo” en esas entrevistas en profundidad con las que buscan “valorar la credibilidad global de las denuncias”. Pero también obtener información sobre el grado de consistencia de los testimonios, además de proceder a un examen médico o psicológico de las secuelas.

Recogerán además otras pruebas documentales. En ese trabajo de campo no todo es fácil. Etxeberria ha revelado, por ejemplo, que han intentado obtener la documentación de los testimonios de torturas que en su día se prestaron en una comision parlamentaria en el Congreso. “Primero les dijeron a los que fueron a solicitar la información que no sabían dónde estaban y después que, en aras a la protección de la identidad de los afectados” no se iban a entregar, ha relatado. “El Estado que no les protegió para que no fueran torturados, no nos da acceso a la información”, denuncia.

En cualquier caso, Etxeberria ha asegurado: “trataremos de acreditar, en la medida de lo posible, estos casos de denuncias de torturas”. En principio, está previsto que entreguen el resultado de las investigaciones a finales de año. Con ese material, el Plan de Paz y Convivencia prevé en 2015 la “implementación de las medidas que resulten necesarias” y que no se han especificado.

Comité para la Prevención de la Tortura

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, presentó en marzo al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), Latif Hüseinof, esta iniciativa del Gobierno vasco. El CPT, un órgano del Consejo de Europa cuyo convenio fue suscrito por España, ha emitido informes críticos con la persecución de la tortura en España y los casos de malos tratos tanto en depedencias policiales, como en las cárceles españolas.

En su último informe, difundido a finales de abril de 2013, el comité ponía el foco en “la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación”. El problema es que no es la primera vez que el CPT reprocha esta situación a las autoridades españolas, bien del PP o del PSOE, según las épocas. Aunque hay que recordar que fue con el último Gobierno de Felipe González, ya en sus estertores, cuando España decide autorizar la publicación de los informes del CPT, que hasta entonces se mantenían en secreto. En el Ministerio de Justicia e Interior estaba entonces Juan Alberto Belloch y, junto a él, una de las personas de su equipo que batalló por la transparencia en este asunto, el magistrado y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

Pero en el citado informe de 2013, el CPT recordaba que lleva dos décadas “llamando la atención” sobre “el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil” a personas sospechosas de delitos de terrorismo. “Los hechos comprobados durante la visita de 2011 indican que los problemas antes citados siguen sin resolver”, se censuraba entonces, hace poco más de un año.

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado en cuatro ocasiones a España por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos desde 2010. La primera sentencia lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de este mismo año. En esa última resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.