La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, cree que las dudas sobre la entrada de videojuegos deportivos a las aulas se disiparán o, por lo menos, se atenuarán, una vez sus críticos entiendan que la puesta en marcha de una liga de e-sports en 20 centros educativos el próximo curso sirve para educar en su uso responsable.

Soledad Monzón ha presentado este viernes en rueda de prensa el proyecto educativo piloto para fomentar el uso responsable de los videojuegos entre los alumnos, que se basa en una actividad extraescolar que se ofrece dos veces a la semana y durará diez semanas, del 11 de octubre al 15 de diciembre.

La actividad sobre videojuegos deportivos, que se ofertará en centros de secundaria, bachillerato y formación profesional de La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, contempla que un día de la semana los 20 alumnos repartidos en equipos mixtos que participen por centro dediquen una hora a entrenamientos, otra hora a talleres educativos y otra a actividad física.

El otro día de la semana se destinará a la liga de videojuegos deportivos y a dar formación a las familias, ha precisado la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria, Teresa Acosta, quien ha informado de que los videojuegos que se utilizarán son el Clash Royal, el Fifa y el League of Legends.

En resumen, durante la semana los alumnos que participen en esta actividad extraescolar destinarán 1 hora y 45 minutos a la liga de videojuegos, el resto del tiempo será para talleres, formación y actividad física.

Por su parte, la consejera de Educación ha destacado que este proyecto sobre el que ha dicho que cada vez tiene “menos dudas y más seguridad” utiliza una liga de videojuegos para que se haga un uso responsable de ellos y se eduque en “la brecha digital” tanto a los alumnos como a los padres.

Estas declaraciones se producen después de que colectivos como, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias (APAPCanarias), considerase inapropiada el apoyo del Gobierno a los videojuegos deportivos y partidos como el PP, Podemos y Nueva Canaria criticasen esta iniciativa promovida por la Consejería de Educación.

Sin embargo, Soledad Monzón cree que las críticas que se han vertido tienen que ver con el desconocimiento del proyecto, pues hasta el momento “solo se ha valorado la liga escolar” y no el fomento del uso responsable de las nuevas tecnologías que respalda.

Por lo tanto, no se trata de “una liga escolar pura y dura” sino que detrás de ella hay un proyecto educativo, ha insistido la consejera, quien ha aseverado que los pediatras que han criticado el proyecto antes de ser presentado hoy no lo conocían.

“Estoy convencida de que los pediatras en coherencia con lo que están planteando, valorarán que la liga sea solamente un recurso para formar e informar y orientar al alumnado en los efectos más negativos que puede tener jugar a los videojuegos”, ha manifestado.

En su opinión, demonizar la liga “es eludir la realidad” y no repercute en que los alumnos jueguen más o menos sino que “engancha” a los jóvenes para que se formen en el uso responsable de los videojuegos.

Según la Consejería de Educación, en Canarias el 76% de niños entre 6 y 10 años juegan a videojuegos, el 78% entre 11 y 14 años y 65% entre 15 y 24 años.

En general, ha indicado la consejera, juegan sin control y sin asesoramiento y son pocas son las familias que pueden llegar a controlar el uso que hacen sus hijos de los videojuegos.

Con el objetivo de reducir la brecha digital plantea el Gobierno canario este proyecto, consciente “de las dudas” que ha generado por su carácter innovador y también porque solo se ha tenido en cuenta una parte de esta iniciativa, la liga de videojuegos deportivos, ha agregado Monzón.

La educación presenta en Canarias déficit y retrasos si la comparamos con el conjunto del Estado español y de la Unión Europea. La crisis económica y las políticas de austeridad y recortes impuestas han supuesto un nuevo obstáculo para nuestro acercamiento a las medias estatales, aunque es cierto que hemos mejorado significativamente en relación al abandono escolar temprano, donde ya estamos por debajo de la media española. En las vísperas del nuevo curso escolar hablamos con Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, sobre problemas, objetivos, programas y propuestas en torno al sistema educativo de las Islas. La consejera asegura que se está desarrollando la Ley Canaria de Educación, aunque entiende que los compromisos presupuestarios de la misma son difíciles de alcanzar.

Dentro de un panorama presupuestario aún complicado, ha sido un importante aporte para el sistema educativo canario la aprobación en el pasado mes de julio de la Ley de Crédito Extraordinario, fruto de unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 (de forma más precisa, para su segunda mitad) en los que Canarias salió mucho mejor parada que en los años anteriores…

En efecto, en el Crédito se recoge una partida importante dedicada a capítulo I, a personal. Influirá positivamente en asuntos como las sustituciones, para evitar situaciones de bajas que se alargan en el tiempo y que eso suponga que tengan que asumir las tareas el resto del profesorado. Nos va a permitir agilizar al máximo el proceso de sustitución del docente. Y otra parte está destinada a nuevo profesorado que se incorpora para la realización de distintos proyectos, como el Impulsa, que está dentro del Plan de Atención a la Diversidad y que va dirigido al alumnado de Infantil y de primero y segundo de Primaria, con la atención temprana y la detección de posibles necesidades educativa especiales; fundamentalmente centrado en las competencias matemáticas y lingüísticas. Se trata de responder a una demanda importante de profesorado y de las familias. Son 258 docentes –de los que unos 180 suponen nuevas contrataciones- que actuarán en 225 centros. Además, se produce un incremento en el capítulo I que tiene que ver, dentro del Plan de Atención a la Diversidad, con el profesorado de audición y lenguaje, así como para reforzar los equipos de orientación e incorporar terapeutas ocupacionales; esta última figura solo la teníamos en un centro de educación especial de los catorce con que contamos y la idea es extenderlo a cada centro.

¿Esas incorporaciones suponen una situación óptima o una mejora que hay que seguir incrementando?

Supone avanzar en el camino que nos hemos marcado, pero estamos aún lejos de una situación óptima. Son medidas que desarrollan la Ley Canaria de Educación, que planteaba el desarrollo de nueve planes. Uno de ellos es del de la atención a la diversidad que hemos refundido con el de abandono escolar. Está planteado a tres años.

¿Y también han pensado en incorporar a los centros educativos la figura de los trabajadores sociales?

La figura del trabajador social existe, no dentro del centro sino formando parte de los equipos de orientación. Lo que sí vamos a incluir también a partir de este próximo curso 2017/2018 son los educadores sociales, figura demandada y en la que ya contamos con experiencias en proyectos que viene haciendo otras instituciones con los centros escolares. Por ejemplo lo viene haciendo San Bartolomé de Tirajana, fundamentalmente en temas vinculados con la convivencia. En Tenerife hay otra experiencia similar con su Cabildo. Pero ahora los incorporamos desde la Consejería, inicialmente unos 36 educadores sociales a partir de este mes de septiembre, distribuidos entre las islas y trabajando de forma comarcal. Respecto al profesional de enfermería, que ha incorporado algunas comunidades, nosotros estamos trabajando este asunto con Sanidad. En aquellos centros donde hay alumnado que requiera una atención puntual estar coordinados con el centro de salud más cercano para que se atienda esta circunstancia.

La Ley Canaria de Educación fue aprobada por una amplia mayoría del Parlamento y se trata, además, de una ley de iniciativa popular. ¿Se está desarrollando en todas sus consecuencias?

Sí. Hay una parte que es el desarrollo a través de los nueve planes establecidos. Tenemos ocho ya informados en el Gobierno y que hemos trasladado al Consejo Escolar de Canarias para su análisis y aportaciones. Tras ese trámite serán definitivamente aprobados en el Gobierno con la ficha financiera correspondiente. Entre otros, el Plan de Reconocimiento social y profesional del profesorado (que incluye el reconocimiento de los sexenios, pero que va mucho más allá que eso), el Plan de modernización tecnológica (actualizando todo el equipamiento de las aulas Medusa, renovando unos diez mil ordenadores e incorporando tabletas y pizarras digitales o impresores 3D). Luego está el Plan de Atención a la Diversidad y contra el abandono escolar, con una serie de medidas para atender al alumnado con necesidades de apoyo educativo; el Plan de Igualdad, incluye todo lo referido a la violencia de género y en el que estamos preparando además un protocolo para la adecuada atención de alumnos transexuales. Plan de revitalización de las residencias escolares…

Eso supondrá un esfuerzo económico en los próximos años para continuar superando los déficit que aún presenta el sistema…

Sí. Como sabe, la Ley contiene un compromiso: el de conseguir que en el 2022 el presupuesto de Educación de la Comunidad Canaria suponga el 5% del PIB. Llevamos un retraso en la consecución de ese objetivo por los años en que el presupuesto no solo no creció, sino que incluso se redujo. Alcanzar ese objetivo está siendo difícil.

Volviendo al Crédito Extraordinario y en relación con la Ley Canaria de Educación, se incluye una partida para la educación 0-3 años.

Ese es el Plan que aún tenemos pendiente. No contábamos con su aplicación este próximo curso escolar, pero tras la aprobación del Crédito Extraordinario disponemos de 3,5 millones de euros que habrá que ver cómo los utilizamos. Habrá que reformular el Plan para dar continuidad a este tema en el próximo período. Una opción es aportar directamente a los ayuntamientos, como se hizo en el pasado. O la de crear plazas que aumenten la actual cobertura del 32%, muy dispar en los diferentes ámbitos territoriales; incluso incorporando 0-3 en aquellos centros educativos que vayan disponiendo de espacios.

Habría también que hacer un esfuerzo en la reducción de las ratios en el conjunto del sistema.

Está claro. De hecho es una demanda muy generalizada del profesorado la bajada de las ratios. Y la comparto. Pero eso supone incrementar las contrataciones. La diversidad dentro de las aulas nos ha llevado, como he señalado, a contratar a más profesorado de apoyo y eso mejora las condiciones; pero además hay que bajar las ratios. Lo hemos hecho en estos dos últimos cursos puntualmente, por ejemplo en los grupos mezcla, o alumnado de infantil (3-5 años). No hay que olvidar que en 2012 con el decreto de restricciones y racionalización, hubo un recorte de 500 docentes y un incremento de las horas.

Este año no habrá, al fin, oposiciones docentes…

En ese tema hubo limitaciones hasta el año pasado. Este año las quitaron, pero ya no daba tiempo de realizar las convocatorias. Nosotros queríamos hacerlas en Primaria, pero faltaba que el Ministerio dijera el porcentaje de plazas que se podían sacar. Eso o se hace en la ley de presupuestos del Estado, que los avatares políticos hicieron que se aprobara en el pasado mes de junio. Cuando normalmente la tienes en diciembre. O con un real decreto en el que se estableciera la tasa de cobertura. Ninguna de las dos cosas se produjo en tiempo, por tanto las oposiciones quedarán desplazadas para 2018, cuando corresponde Secundaria, aunque igual también sacamos alguna de Primaria de Inglés.

Hay razonadas quejas sobre la segunda lengua, te ofrecen Alemán durante la ESO y luego llegas al Bachillerato y no puedes continuar…

Hay muchas dificultades con el tema de implantar un sistema bilingüe en Canarias, que es nuestro objetivo. Lo planteamos a largo plazo porque hay que ser conscientes de la realidad. La mayor dificultad es contar con profesorado que pueda impartirlos. Cuando nos proponemos un sistema bilingüe en las Islas no solo hay que implantarlo progresivamente en los centros sino formar al profesorado correspondiente; y ahí hay que hacer un gran esfuerzo, de motivación, de incentivación y de recursos, como estancias en el extranjero o distintas posibilidades para formarse en Canarias. Hace unas semanas sacamos una convocatoria con distintos itinerarios para que el profesorado tenga diversas opciones para conseguir la certificación necesaria para poder impartir sus materias en inglés, fundamentalmente. Sin olvidar el francés o el alemán, idiomas a los que también debemos dar respuestas. Y también disponemos de la figura de los auxiliares de conversación que juega un papel clave en el acompañamiento al docente y al alumnado. Hemos recuperado esa figura del auxiliar de conversación que había desaparecido hace algunos años por un conflicto laboral. En este asunto hay aportación del Estado y nosotros hemos incrementado las partidas en Canarias.

Se muestra usted tan satisfecha como prudente respecto a la reducción que se ha producido en las tasas de abandono escolar, por debajo de la media estatal…

Es un buen dato, que hay que seguir mejorando. Las razones por las que estamos reduciendo esas tasas las tenemos que localizar, para continuar mejorando y conseguir no solo el 15%, sino lo menos posible. Y para que no dependa de coyunturas, como la crisis económica, y se vuelva a las aulas solo cuando no hay trabajo. Ahora que la economía mejora no podemos cometer los errores del pasado que llevaron a muchos jóvenes a renunciar a su formación.

En ese sentido, considera que se dan suficientes respuestas desde la FP a esas demandas de los jóvenes…

Ese es uno de los grandes retos. Ser capaces de conectar la demanda del alumnado (y no solo de los jóvenes) con la realidad del mercado de trabajo y la oferta educativa. Siendo capaces de diversificar la oferta, contando con el reciclaje del profesorado, de afrontar cambios y sustituir ciclos agotados por otros con futuro, con un modelo flexible. Queremos incrementar la oferta de formación dual, que todavía en Canarias no es muy significativa, y para ello es clave la implicación de las empresas. Sobre todo cuando queremos unir la oferta educativa con la demanda del mercado de trabajo.

Eso también implica cambios de mentalidad en el conjunto de la sociedad con relación al aprecio a las distintas familias profesionales.

En algunas familias cambia de manera muy notoria. Por ejemplo, en las familias de Hostelería el tema de Cocina, que antes no era tan demandado, hoy lo es y mucho…

Masterchef y programas similares pueden estar influyendo…

En efecto. Hoy ser cocinero parece que cuenta con un mayor prestigio social y, sea por determinados programas televisivos o por otras razones, la demanda es muy alta. Probablemente se trate de poner en valor a determinadas profesiones hoy no tan exigidas por el alumnado. En la rama sanitaria nunca hay oferta suficiente para cubrir la demanda que tenemos; sí la demanda del mercado en las islas, tanto a nivel universitario como de FP.

¿Se cuenta con datos sobre la incorporación o no al mercado del trabajo de los jóvenes que culminan sus estudios de Formación Profesional en las Islas?

Eso se encuentra en el OBECAN como dato hace bien poco. Ahí es muy importante la puesta en marcha del proyecto Enlaza que trabaja en la vinculación entre educación y empleo. Las dos consejerías, Educación y Empleo, que desde siempre han funcionado de forma paralela lo hacen ahora conjuntamente, porque por una lado tenemos la FP de Educación y por otro la formación para el empleo que suponen los certificados de profesionalidad, que tienen la validez del mercado laboral, no la homologación de educación. Estamos viendo de qué manera quien tiene un certificado de profesionalidad qué competencias precisa para conseguir el título de FP o alguien que tiene el título de FP cómo puede conseguir un certificado concreto del catálogo y, además, cómo definir bien la acreditación por competencias, para todas esas personas que no han tenido la posibilidad de sacar un título.

¿El PEMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) ofrece suficientes instrumentos a los jóvenes?

Lo que está claro es que gracias a él, mucho alumnado con distintas circunstancias, mediante un currículo adaptado, consigue que se den respuestas a sus necesidades. Son programas que hemos ampliado. La ley lo establecía en unos niveles de Secundaria y aquí se amplió. Considero que los resultados son positivos.

Cuando en PISA se habla de éxito escolar se relaciona estrechamente a este con la situación socioeconómica de las familias, que en Canarias presenta graves problemas, por los niveles de paro y pobreza. Da la impresión de que no se prioriza lo suficiente en las Islas ni en la educación ni en la superación de las desigualdades sociales…

Puede ser una percepción, pero no es lo que puede pensar una cuando tiene la responsabilidad de estar al frente de este departamento. No tengo otra prioridad y entiendo que este Gobierno lo demuestra en el Debate del Estado de la Nacionalidad, donde las medidas de mayor calado han sido las vinculadas con la Educación. Con recursos, además. En el primero, con la recuperación de la gratuidad de los libros de texto (y que al final del proceso, cubrirá más de cien mil alumnos, favoreciendo a las rentas más bajas) y en el más reciente, de este año, con las propuesta en materia de idiomas. También respecto a las becas universitarias hemos mantenido las cuantías. Y hemos adelantado los pagos, lo que es muy importante, sobre todo para los que se trasladan de isla y tienen que abonar un alquiler; y el dinero sobrante lo revertimos en revisión de los tramos para que pueda llegar a más alumnado. También reforzando el apoyo para los billetes al alumnado de islas no capitalinas. Respecto a los comedores, que empezó siendo un servicio de conciliación de la vida laboral con la familiar, pero que hoy tiene una dimensión educativa, hemos revisado las cuotas y ahora vamos a dividir la cuota B en dos grupos.

Recientemente ustedes han modificado el sistema de contratación en los comedores escolares…

En efecto y de acuerdo con lo que señala el informe de la Audiencia de Cuentas. La parte de la contratación que tiene que ver con el procedimiento debe atender lo que estipula la ley de contratos estatal y se hace de forma centralizada por parte de la Consejería, con una licitación de todos los comedores que hay con gestión contratada, por lotes. Al final, para cada centro saldrán dos o tres empresas, y de ellas el centro elige una. Es muy difícil que los centros pudieran hacer un proceso de licitación como el que requiere la ley.

¿Y hay hueco para realizar una gestión directa?

Los comedores son servicios complementarios asumidos por las familias y subvencionados por el Gobierno. La realidad es que hoy son un espacio fundamental de convivencia, educativos, donde se aprende, y que tenemos que afrontar con garantías para el alumnado, las familias y el personal que desarrolla funciones en los mismos, así como para el centro educativo que lo gestiona. Todo ello requiere una revisión de la normativa actual, que es de 2003. En todo ese plan, hay una parte que tiene que ver con el hecho de promover que la comida se realice en el centro, porque hay una demanda clara que tiene que ver con la calidad, la proximidad de la elaboración de la comida a sus comensales. Resulta difícil de implementar, porque muchos de los comedores de los últimos años ya no cuentan con cocina propia.

Supondría infraestructuras y contrataciones…

Es verdad que hay centros que sí están en condiciones y otros que pueden adaptarlas. Además, seguimos con restricciones para incrementar el capítulo I, de personal, más allá del docente. El plan establecerá las condiciones. Hay que recordar que los ayuntamientos vienen aprobando mociones en sus plenos solicitando comedores de gestión directa. Y de ellos, de las corporaciones locales, también dependen las infraestructuras y mantenimiento de los colegios. Incluso se puede estudiar la posibilidad de que, si no individualmente, si se pueda hacer la comida en un centro y luego se distribuya en los de su zona más próxima.

Otro asunto eternamente pendiente es el de la actividades extraescolares. Se pusieron en marcha para abordar el cambio de jornada escolar a final de los años ochenta y, al final, recae en las familias, gestionadas por las AMPAs, y genera desigualdades. Hay alumnado que no está en condiciones de pagar las cuotas de las distintas actividades…

Están asumidas por las familias cien por cien. Hablar de educación y no hablar de recursos resulta imposible. Hay cosas que tiene que ver con dinero y otras con organización, simplificación administrativa… Una demanda generalizada son las infraestructuras, el Plan de Infraestructuras Educativas ayudó y los planes Sur que todavía estamos desarrollando. El alumnado baja en Infantil y Primaria en todas las islas, pero crece en Secundaria, sobre todo en las zonas turísticas. Desde que el Estado dejo de apoyar a través del Plan (cuarenta millones de euros anuales) en 2012, el nivel de infraestructuras ha estado en lo mínimo. Recuperamos unas partidas en los PGE 2017 que van a ayudar bastante, y esto puede sentar las bases para recuperar el Plan de Infraestructuras Educativas en los PGE para 2018. En ese caso, el dinero que estamos destinando a infraestructuras (unos 17 millones de euros) podía dedicarse a otras cuestiones.

En el sistema universitario de Canarias, ¿se ha resuelto su financiación?

El recorte que se sufrió en el ámbito de las universidades no lo vamos a recuperar en estos cuatro años. Lo que sí hemos recuperado es el marco de estabilidad que era lo que más demandaban nuestras universidades. En ese sentido el acuerdo firmado ya se materializó en los presupuestos de este año con una partida de dos millones de euros para infraestructuras para cada una de las dos universidades. Y el compromiso de que el crecimiento anual se corresponderá con el crecimiento del presupuesto de la Consejería de Educación o de la Comunidad Canaria. Un acuerdo vinculado a la consecución de una serie de objetivos de mejora, ajuste de titulaciones, etcétera.

La Consejería de Educación va a iniciar un proceso para equiparar las retribuciones de los 22.000 docentes canarios de la enseñanza pública no universitaria con los del resto de España, mediante el pago de complementos por sexenios y tutorías, con una repercusión variable para cada profesor que de media podría suponer un aumento salarial del 20%.

Estas medidas, pendientes de negociación con los sindicatos, se introducirían gradualmente a partir de 2018 y hasta 2022, cuando se pretende que el gasto educativo en Canarias alcance el 5% del PIB.

En el primer año de aplicación, 2018, tendría un coste presupuestario de unos 20 millones de euros, según explicaron en rueda de prensa la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, y el director general de Personal, David Pérez-Dionis.

El aumento retributivo es una de las seis grandes acciones incluidas en el Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, que será negociado en la Mesa Sectorial de Educación a partir del 8 de mayo.

“La mejora del marco retributivo es la piedra angular” del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, que incluirá también asistencia psicológica y asesoramiento jurídico gratuitos a los docentes para casos de agresiones o incidentes que puedan tener en el ejercicio de sus funciones, explicó Pérez-Dionis.

La propuesta retributiva que presentará la Consejería en la Mesa Sectorial de Educación incluye la introducción de complementos de formación, conocidos como sexenios, a los que podrán acceder los docentes que acrediten determinados requisitos formativos.

Los docentes canarios son los únicos de España que no cuentan con sexenios en sus retribuciones y es una antigua reivindicación de los profesionales, reconoció Soledad Monzón.

Otro de los complementos que tiene previsto introducir la Consejería es el destinado a los docentes que a la vez ejercen como tutores, como ya existe para los que desempeñan cargos directivos en los centros, y también habrá un complemento por docencia bilingüe.

También se plantea la Consejería introducir complementos a docentes que desarrollen medidas de mejora de la convivencia o de prevención de riesgos laborales.

Las retribuciones de los docentes varían según la isla en la que ejerzan, según si son cargos directivos o no y en función de los sexenios que acumulen, pero la Consejería calcula que el profesor medio podría ver incrementada su retribución en un 20%.

La mejora retributiva es la medida estrella del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, uno de los planes más importantes de la legislatura que estaba acordado promover en el pacto social, político y económico por la educación, explicó Soledad Monzón.

El plan se basa en la premisa de que el docente es el eje del sistema educativo y merece el reconocimiento y el respaldo no solo de la administración sino de toda la sociedad, dijo la consejera.

Soledad Monzón subrayó que gracias a la labor de los docentes se ha conseguido reducir la tasa de abandono temprano en Canarias en casi cinco puntos desde 2014, hasta el 17,1% en el primer trimestre de este año, frente a una media nacional del 18,5%.

El Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado prevé seis áreas de actuación, que además de la retributiva, incluye medidas para reconocer la función docente y la responsabilidad en la gestión y para garantizar su bienestar en el puesto de trabajo, con apoyo psicológico y legal si es preciso.

Otra de las líneas es visibilizar las buenas prácticas en los centros, no solo para reconocer las ideas innovadoras sino también para extenderlas.

Habrá además nuevas medidas para facilitar la conciliación familiar con mejoras en la movilidad y la estabilidad.

El impulso de la administración electrónica para aliviar la carga burocrática de los profesores también se incluye en el plan, con el lanzamiento de una aplicación para móviles y un portal para realizar gestiones.

“Una sociedad que no valora a sus docentes no puede tener un sistema educativo de calidad”, afirmó David Pérez-Dionis.

El 92% de los niños con algún tipo de necesidades educativas específicas, que en Canarias son en torno a 20.000, acude clases ordinarias con apoyo y atención especial a la diversidad que precisan. La consejera señala que el sistema es “mejorable”.

Por lo tanto, sólo el 8% de estos alumnos va a centros de educación especial, a aulas enclave situadas dentro de centros ordinarios o a centros ordinarios de atención educativa preferente, ha informado este viernes la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, quien ha comparecido en comisión parlamentaria a petición del PP para informar de la asistencia al comedor escolar de los niños con trastorno generalizado del desarrollo.

Soledad Monzón ha detallado que en las islas hay un total de 173 aulas enclave, en las que se proporciona respuesta educativa exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales, 11 centros de educación especial y 99 centros ordinarios de atención educativa preferente.

Con la integración de los alumnos con necesidades específicas en colegios ordinarios, la Consejería apuesta por su máxima inclusión dentro del sistema educativo, ha destacado Monzón, quien, no obstante, ha reconocido que es necesaria una detección más precoz y una respuesta más rápida y especializada.

La consejera se ha referido al caso concreto de un niño de 13 años con trastorno del espectro autista matriculado en un centro de Las Palmas de Gran Canaria y quien desde el año 2012 pide asistir al comedor escolar en la misma franja horaria que su hermano.

Al ser preguntada por la diputada del PP Josefa Luzardo por la situación de este menor, Soledad Monzón ha explicado que el equipo técnico de la Consejería se reunió con los padres del alumno para buscar una solución, que ha reconocido que llega tarde.

“Siento muchísimo esta lucha desde hace tantos años”, ha manifestado la consejera, quien ha indicado que la Consejería ha buscado un desenlace a este caso en el momento en el que ha podido.

Ha comentado que por el momento no hay más situaciones similares y que si hubiera se tratarían, pues Monzón es partidaria de abordarla diversidad de forma individual, aunque para ello ha reconocido que se necesitan más recursos humanos y materiales.

Según la consejera, la integración en el comedor escolar con el resto de los compañeros depende de las características individuales de los alumnos con necesidades específicas, pues se trata de una actividad que, en la mayoría de los casos, requiere una atención más especializada.

Además, ha detallado que más del 78% de los alumnos con trastorno del espectro autista que hay en Canarias, donde hay un total de 1.886 personas, no se diferencian del resto de sus compañeros, incluido a lo que se refiere al servicio complementario de comedor.

El caso del niño de 13 años matriculado en CEIP Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria se dio a conocer a la opinión pública mediante la denuncia que hicieron sus padres en un medio de comunicación, después de haber puesto una queja a la defensora del pueblo.

A este respecto, Monzón ha dicho que siente “muchísimo que desgraciadamente algunas familias tengan que acudir a los medios de comunicación” para reclamar sus derechos.

Asimismo, ha avanzado que la Consejería trabaja en la elaboración de un plan de atención a la diversidad en el que se plantean medidas que ampliarán el sistema inclusivo y que “en breve” se dará a conocer.

La diputada del PP Josefa Luzardo ha pedido a la consejera que busque una solución general para resolver el caso del niño con trastorno del espectro autista de Gran Canaria.

Ha exigido que se haga un esfuerzo, que no causará un grave quebranto a la Consejería ni al Gobierno, para contratar personal adecuado para atender a este niño de 13.30 a 15.30 horas, periodo en el que funciona el comedor escolar.

“Es muy frustrante para los padres que su hijo no se pueda adaptar al comedor general con su hermano”, ha aseverado Luzardo, par quien esta familia ha pasado por “un auténtico calvario” al denegarles en un inicio que sus dos hijos no podían almorzar juntos.

El diputado del PSOE Marcos Hernández ha reclamado, como el resto de la oposición, más recursos económicos para fomentar la inclusión en las aulas lo máximo posible.

El diputado de Podemos Francisco Denis ha opinado que se está haciendo todo lo que se puede por la inclusión y que “si hay algún problema es presupuestario” para la contratación de más auxiliares de comedor.

El diputado de CC Jesús Ramos Chinea se ha mostrado partidario de potenciar el comedor escolar como un espacio educativo inclusivo tan importante como la propia aula.

La diputada de CC Dolores García ha destacado que nunca se ha puesto ninguna traba para que los niños con necesidades específicas vayan al comedor y que el caso del alumno de Gran Canaria es “un caso puntual”.

La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha dicho este viernes que de los contactos mantenidos con las autoridades educativas de País Vasco se ha extraído como primera conclusión que es preciso cambiar el modelo de Formación Profesional que hay en las islas hacia uno que sea más flexible, dinámico e individualizado.

Soledad Monzón, que compareció en comisión parlamentaria a petición de Nueva Canarias para hablar de planificación en materia de Formación Profesional, enumeró los contactos que desde 2015 se han mantenido para conocer el modelo de formación profesional de País Vasco, y aseguró que se está en el buen camino con el proyecto Enlaza.

Argumentó que de todos los contactos se han extraído las citadas conclusiones pero advirtió que el modelo de País Vasco se comenzó a implantar hace veinte años por lo que es preciso plantear la reconversión en Canarias a largo plazo.

En ese sentido, agregó Soledad Monzón, se ha decidido que para tener un modelo con garantía de futuro debe fortalecer el emprendimiento, además de la enseñanza dual y la innovación.

La consejera de Educación y Universidades destacó que si algo diferencia a los modelos vasco y canario es la gran flexibilidad en la gestión de los centros de Euskadi, y comentó que otra ventaja es “sin duda” la capacidad de adaptación en la oferta educativa en la comunidad del norte español.

Soledad Monzón dijo durante su segunda intervención que se dan los pasos necesarios para avanzar en la educación en Canarias y aseguró que el proyecto “Enlaza” es una muestra que se da a la formación profesional, que pidió dignificar y que sea la primera elección para los alumnos.

La consejera insistió en que su partido, Coalición Canaria, sí tiene un modelo de país y por ello de gestión, y comentó que con el proyecto Enlaza ahora hay que continuar los encuentros con el sector empresarial, una vez que los equipos directivos han elogiado esa propuesta.

El proyecto Enlaza es una apuesta por conectar empleo y formación que pivotará sobre todo en los centros integrados de formación profesional, de los que en Canarias hay ocho y está previsto que haya otro durante 2017, mientras que varios están en licitación o construcción.

Las grandes líneas de trabajo de ese proyecto serán la calidad de la formación profesional, la inserción laboral, la información profesional, el reconocimiento y acreditación de competencias, y la movilidad e internacionalización de la FP.

En los trabajadores permitirá la atención personalizadas y a las empresas atender sus necesidades.

El diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, opinó que País Vasco tiene un modelo más avanzado de formación profesional y por eso elogió los encuentros con responsables de esa comunidad autónoma, para a continuación decir que Canarias no parte de la nada y elogiar la capacidad de los responsables vascos para adaptarse cuando llegó la crisis.

Luis Campos preguntó si se ha pensado hacia donde se quiere ir en Canarias en el modelo productivo para a partir de ahí construir el modelo de educación profesional y de educación, como, añadió, ocurrió en País Vasco.

El diputado de Nueva Canarias reconoció que se debe seguir siendo los mejores del mundo en turismo pero también reorientarse, y opinó que se ha avanzado mucho en formación profesional y entendiendo que es una parte estratégica en el modelo educativo.

El diputado del grupo Mixto Jesús Ramón Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), reconoció que es positivo fijarse en quienes conocen el camino, algo que, afirmó, ocurre con la formación profesional en País Vasco.

Francisco Déniz, de Podemos, opinó que la diferencia entre País Vasco y Canarias es que en el archipiélago el modelo productivo no demanda formación y reclamó una reflexión política para decidir hacia donde se quiere avanzar.

La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo señaló que “suena bien” la letras del modelo Enlaza y reconoció que es bueno el modelo de País Vasco, pero recordó que la realidad es distinta a la de Canarias.

Las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo al real decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE, conocidas como reválidas, y han pedido al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.

Además, Cataluña ya ha anunciado que va a recurrir el decreto y, de momento, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón estudian esta posibilidad.

Esas autonomías junto con País Vasco, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, y Cantabria, es decir, todas, excepto las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia y La Rioja) manifestaron el pasado 13 de mayo al ministro, en la última sectorial, su oposición a este sistema de evaluación cuya superación está ligada a la obtención del título en ambas etapas y modifica el sistema de acceso a la Universidad.

El primero en pedir la reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Educación ha sido el consejero balear Martí March este lunes 1 de agosto. En una misiva enviada al ministro le recuerda la “preocupación” mostrada por la mayoría de los responsables autonómicos del ramo en relación con estas evaluaciones en el último encuentro de mediados de mayo y la petición de apertura de una mesa de diálogo.

“Lejos de mejorar la calidad del sistema, lo que harán estas evaluaciones es incrementar el número de alumnos sin titulación puesto que no ofrecen alternativas a los alumnos que no las aprueban”, advierte el responsable de Educación balear en esta carta.

En la misma línea, el consejero asturiano Genaro Alonso exigió también este lunes la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para debatir con el ministro el nuevo decreto. “Ni las queremos, ni benefician a nadie, ni nos hacen falta”, subrayó, para añadir que no esperaba que un Gobierno en funciones fuera a dar ese paso, toda vez que las reválidas son, a su juicio, “el elemento más contestado y más perverso de la LOMCE”. “Yo sigo confiando ingenuamente en que no las lleguemos a aplicar”, añadió.

Canarias pedirá formalmente reunión con el ministro

Este martes se han unido a la causa más autonomías. Así, desde la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno Canario han indicado que mantienen el rechazo a las reválidas de la LOMCE y señalan que su consejera, Soledad Monzón, va a pedir también de manera formal una reunión entre los responsables autonómicos y el ministro. Además, las mismas fuentes han avanzado que los servicios jurídicos de esta administración estudian la interposición de un recurso como en su día hizo con la evaluación de 6º de Primaria.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha informado de que ha solicitado a Méndez de Vigo la convocatoria urgente de la Sectorial de Educación y de que está valorando la posibilidad de presentar un recurso ante la publicación de la norma. En concreto, ha subrayado que estas pruebas “condicionan el futuro quienes no aprueben estos exámenes”, a pesar de haber aprobado los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato.

Por su parte, la responsable de Educación de Aragón, Mayte Pérez, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de interponer una demanda ante el Tribunal Supremo contra el decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, como hizo en su día con el de la 'reválida' de Primaria. “Es una irresponsabilidad que un Gobierno en funciones apruebe una norma que tiene una trascendencia vital para la evolución de muchos alumnos”, ha dicho Pérez, que ha firmado también una carta pidiendo al ministro la convocatoria urgente de la Conferencia.

Asimismo, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho este martes que la “mejor forma de frenar” las reválidas de ESO y el Bachillerato de la LOMCE es con la convocatoria urgente de una reunión sectorial de Educación para que el titular de Educación “dé marcha atrás, rectifique y evite que los niños vean vetado su acceso a la universidad pública”.

La consejera canaria de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha afirmado este jueves que hasta que no se forme el nuevo Gobierno central no se podrá resolver la incertidumbre que existe sobre la prueba de la revalida que sustituirá a partir del próximo curso académico a la PAU.

En una rueda de prensa, la consejera ha explicado que el decreto que regulará la reválida, que es consecuencia de los cambios que se introdujeron en la LOMCE, aún no se ha aprobado porque el Gobierno sigue en funciones, por lo que es fundamental que se forme uno nuevo.

No obstante, ha indicado que la reválida que se celebre en 2017 aún no tendrá el carácter de título de Bachillerato y que, tras el acuerdo alcanzado el Gobierno en funciones con los rectores de universidades, se decidió “simplificar la nueva prueba y que fuera lo más parecida a la PAU”.

La consejera ha recordado que Canarias es una de las once comunidades contrarias a la LOMCE, si bien su cumplimiento es obligado.

Por otra parte, en cuanto al nuevo plan de financiación que negocia con las dos universidades públicas canarias, ha afirmado que se sigue trabajando en ello, aunque no existe una fecha fijada para culminarlo.

Sobre este asunto, la consejera ha afirmado que se “quiere ir con pies de plomo” porque existen “muchas incógnitas”, la más importante la relativa al techo de gasto presupuestario de las cuentas del próximo año.

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, defendió este viernes los criterios de evaluación educativa en Canarias, que se realizan para “diagnosticar y mejorar”, frente a los establecidos en la Lomce, que persiguen “comparar”.

Monzón, que compareció en comisión parlamentaria para informar sobre la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, informó de que en septiembre estarán los resultados de las dos evaluaciones ya realizadas en tercero y sexto de primaria, que han involucrado a más de 20.000 alumnos en cada uno de esos cursos, así como a sus familias.

Los resultados se expresarán en niveles de rendimiento, de acuerdo con la Ley Canaria de Educación, no de calificaciones como establece la Lomce.

En tercero, se han evaluado las competencias en lingüística, expresión oral y matemáticas y en sexto además en inglés y ciencia y tecnología.

Los resultados servirán como reflexión y punto de partida para procesos de mejora, y además se compartirán las buenas prácticas y se buscarán puntos de mejora en el rendimiento académico, explicó.

La consejera elogió el nivel de participación de los alumnos, superior al 90 por ciento, y de sus familias, en torno al 70 por ciento.

Además de estas evaluaciones, para diciembre se conocerá el informe Pisa en lo relativo a Canarias correspondiente al año 2015, información que también servirá para mejorar el sistema académico.

Soledad Monzón defendió la “cultura de la evaluación” y rechazó que haya una “fiebre evaluadora”, como dijo en su intervención el diputado de Podemos Francisco Déniz, quien habló más como profesor universitario molesto por tener que someterse a demasiadas evaluaciones que en su opinión no sirven para mejorar las cosas.

La consejera defendió que la mejora del sistema educativo pasa por saber cómo funciona, con datos objetivos y con evaluaciones independientes, como a su juicio ocurre con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.

La Consejería trabaja en un nuevo reglamento para la Agencia, para que su funcionamiento sea más operativo y eficiente, anunció Soledad Monzón.

Subrayó que siempre se habla de la evaluación del sistema, no del alumno, porque esto último corresponde realizarlo al profesorado.

En el ámbito universitario, la Agencia se ocupa de la acreditación de los títulos oficiales para su renovación.

Actualmente, están en proceso de renovación de la acreditación 33 títulos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 30 de la Universidad de La Laguna.

De ellos, 40 ya tienen informe positivo y el resto están en periodo de alegaciones por parte de las universidades.

Otras funciones de la Agencia son evaluar los criterios y requisitos para implantación de nuevos títulos de grado, máster y doctorado de las universidades y realizar un seguimiento de los ya implantados, así como evaluar al profesorado y la actividad docente.

El Grupo Parlamentario Podemos defenderá en el próximo pleno una Proposición de Ley en la que propone que los hogares que sufran pobreza energética sean declarados vulnerables con el objeto de paliar y reducir esta problemática social en Canarias.

El objetivo es “evitar que sigan existiendo hogares en las islas que no puedan pagar su consumo energético”, asegura la diputada Concepción Monzón, que añade además que los bonos sociales, tanto el eléctrico como el del agua, “no han tenido el efecto esperado y han resultado ser totalmente ineficaces para garantizar el acceso normalizado a los suministros básicos”.

Debido a ello, Podemos propone que los hogares que se encuentren en situación de pobreza relativa, severa o extrema, según los estándares del Instituto Nacional de Estadística, y en los que se reciba la Prestación Canaria de Inserción sean catalogados como 'Hogar Vulnerable' por los servicios municipales.

Esta declaración, añade Monzón, conllevará el acceso a una tarifa social para el pago de los suministros, que se mantendrá durante el mismo tiempo en el que dure la situación de vulnerabilidad.

La diputada defenderá en el pleno que esa tarifa social cubra de forma progresiva las necesidades de cada hogar declarado como vulnerable. Así, la tarifa comprenderá entre el 100% en los casos de pobreza extrema hasta el 20% en las situaciones de pobreza relativa.

La Proposición de Ley también contempla la aprobación, por parte del Gobierno de Canarias, de un plan de medidas de eficiencia energética destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo, especialmente el ahorro energético, en los hogares vulnerables donde se den este tipo de intervenciones.

Los cuatro grupos de la oposición, Mixto, Nueva Canarias, Podemos y Popular, han denunciado este viernes que el Gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE, no cumple su compromiso de implantar de forma progresiva la educación infantil de hasta tres años.

Esta denuncia la realizaron durante la comparecencia de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, quien en comisión parlamentaria a petición del grupo Nueva Canarias habló de las medidas para implantar de forma progresiva la primera etapa de la educación infantil.

Soledad Monzón aseguró que el objetivo era ampliar el número de plazas en función de las posibilidades económicas y para ello contar con un mapa de educación infantil, en una labor que se propondrá colaborar a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

La consejera afirmó que aunque sea una prioridad la educación infantil en su primera etapa no es obligatoria y hay cuestiones aún más prioritarias, como los comedores escolares.

Dijo que en Canarias hay 218 escuelas infantiles en 56 de los 88 municipios de las Islas, y algunas de las cuales con antiguas guarderías que están en fase de adaptación, mientras que algunas deben iniciar los trámites de nueva creación si quieren prestar el servicio.

Lo primero es hacer un diagnóstico para saber donde hace falta oferta y donde hay demasiada, añadió la consejera, quien aseguró que se acometerá la tarea según las posibilidades económicas.

El diputado de Nueva Canarias Luis Alberto Campos destacó que Canarias llegó a ser modelo en la implantación de la educación infantil hasta los tres años, pero criticó que a partir de 2011 el gobierno canario abandonó “sobre todo” a los ayuntamientos y familias que recibían el servicio y mantuvo sólo las que eran propiedad del ejecutivo.

Luis Alberto Campos criticó que en Canarias hay hasta cinco casuísticas de escuelas infantiles y afirmó que el problema no es sólo de financiación sino también de orientación, de falta de modelo en educación infantil hasta tres años.

La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), destacó la importancia de la escolarización en esa edad, y pidió a la consejera que reactive el proceso para implantar el ciclo de infantil.

Asunción Delgado, de Podemos, señaló que los partidos en el gobierno regional, CC y PSOE, se comprometieron en su acuerdo de gobernabilidad a implantar la educación infantil de hasta los tres años, y criticó que, además no se ha cumplido la ley porque ha pasado el plan para hacer un plan.

La diputada de Podemos añadió que con el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016 tampoco se cumplirá ni tan siquiera con el compromiso de gobernabilidad.

Lorena Hernández, del grupo Popular, dijo que la educación infantil debe implantarse cuanto antes y reclamó a la Consejería que asuma su responsabilidad y promueva el incremento de la oferta educativa hasta los tres años, para denunciar la mala gestión del Ejecutivo canario.

La diputada del grupo Socialista Ana González preguntó a la consejera si habrá acuerdos con ayuntamientos y otras administraciones, y Dolores Alicia García abogó por ese acuerdo por medio de un plan específico.

El Gobierno canario ha aprobado este viernes el decreto que desarrolla la LOMCE para el próximo curso escolar, a pesar de su oposición a la nueva normativa, y ha determinado que todos los alumnos de primero a tercero de Secundaria estudiarán dos idiomas extranjeros y Educación para la Ciudadanía.

La consejera de Educación, Soledad Monzón (CC), ha recordado que Canarias fue una de las comunidades que en la pasada Conferencia Sectorial pidieron al Ministerio que paralizara el calendario de aplicación de la Ley para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), debido a la oposición que esta norma suscita en gran parte de la comunidad educativa y en numerosos partidos políticos.

En la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno, Monzón ha reconocido que hubiera deseado no tener que desarrollar la LOMCE en las Islas, pero ha subrayado que esta ley orgánica es de obligado cumplimiento para todas las autonomías, por lo que se ha dictado el decreto que regirá las enseñanzas de ESO y Bachillerato el próximo curso escolar de acuerdo con el calendario marcado.

La consejera ha remarcado que todos los partidos políticos del Congreso, salvo el PP, se han comprometido por escrito a derogar la LOMCE si cambia el Gobierno, una circunstancia que llevaba a Canarias a preferir que no se desarrollara esta ley y seguir con la normativa anterior, para “no generar más inestabilidad”.

El Gobierno canario ha aprovechado, no obstante, el margen de elección que la LOMCE deja a las comunidades autónomas para establecer algunas preferencias propias en las materias que estudiarán los alumnos de Secundaria y Bachillerato, como disponer que será obligatorio estudiar una segunda lengua extranjera desde primero a tercero de ESO y en primero y segundo de Bachillerato.

El decreto de desarrollo de la LOMCE en Canarias también determina que parte de las asignaturas del currículum podrán impartir, en su totalidad o en parte, en una lengua extranjera.

En cuanto a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, será de estudio obligatorio en Canarias de primero a tercero de la ESO para todos los alumnos, como asignatura de libre configuración autonómica. En cuarto de la ESO, esa materia desaparece y su lugar lo ocupa Historia y Geografía de Canarias, para potenciar que los alumnos conozcan y aprecien el acervo cultural del Archipiélago.

Respecto a los tres itinerarios educativos que fija la LOMCE en el Bachillerato (Ciencias, Arte, y Humanidades y Ciencias Sociales), en Canarias se ha determinado que “para facilitar la orientación y preparación de los alumnos para estudios posteriores”, las asignaturas se dividirán de antemano en dos grupos, entre los que podrá escoger cada alumno.