De los 28,1 millones que solicitaba inicialmente Marina Salud a apenas 25.606 euros. Es la notable rebaja que ha establecido una sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) en relación con la reclamación de la filial del grupo Ribera Salud por las cápitas de agosto y septiembre de 2023 y los intereses de demora derivados del supuesto retaso del pago de las facturas. El litigio, según indica el fallo del alto tribunal autonómico, quedo “reducido” a los intereses de demora, es decir a un monto de 109.740 euros.

La empresa consideraba que se le satisfizo tardíamente las facturas vinculadas con las cápitas relativas a los meses de agosto y septiembre de 2023. Así, sostenía que “transcurrido el plazo de 30 días desde la fecha de emisión de las facturas, sin que la Conselleria de Sanidad hubiera abonado su importe, nació para Marina Salud el derecho de cobro de los intereses de demora”.

Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat alegaba que el término previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares era de dos meses. Así, reconocía que el abono de la factura de agosto de 2023 se había retrasado 14 días (y no los 44 días que constaban en la reclamación de Marina Salud). La siguiente factura, del mes de septiembre, no generó intereses de demora “porque se satisfizo dentro del plazo pactado”.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV se remite a una sentencia de hace un lustro que resolvió una controversia similar con la UTE Torrevieja Salud, del mismo grupo empresarial y que estableció que el régimen legal aplicable corresponde al momento en que se firmó el contrato. En definitiva, cualquiera que sea la fecha de emisión de la factura, “lo esencial viene constituido por la fecha de suscripción del vínculo contractual vigente entre un ente público y un contratista de la Administración”.

La sentencia, que no es firme, considera que el día en que se efectúa el pago d ella factura “ya no puede quedar incluido en la relación de aquéllos a los que alcanza la demora”. “Ninguna razón avala que el importe debido por el concepto de intereses de demora deba recoger también los relativos al día en que se produjo el pago”, agrega. 

El TSJ-CV alude a un auto, dictado el pasado 21 de diciembre en la pieza de medidas cautelares, que reconoce el derecho de Marina Salud a obtener 25.606 euros de intereses de demora. Y esa es la cifra que la sentencia establece como deuda de la Generalitat Valenciana.

Una sentencia avala la reversión del hospital privatizado de Dénia por parte del anterior Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado un recurso de la empresa Marina Salud, filial del grupo Ribera Salud, avalando el complejo proceso de recuperación de la sanidad privatizada impulsada por el PP. La firma consideraba que la Conselleria de Sanitat se había excedido en las facultades que tenía otorgadas “al haberse intervenido empresarialmente Marina Salud SA”, actualmente propiedad del grupo sanitario Vivalto. También consideraba que se había vulnerado su derecho constitucional a la libertad de empresa. El servicio empezó a prestarse el 1 de febrero de 2009, con una duración de 15 años prorrogable a otros cinco. Con lo cual, según las cláusulas del contrato, finalizaba el 31 de enero de 2024.

La sentencia recuerda que el departamento autonómico de Sanitat elaboró un informe que analizaba “pormenorizadamente” los antecedentes y las magnitudes económicas del Departamento de Salud de Dénia y avalaba la reversión del contrato de concesión. El fallo también indica que, a pesar de haber “cumplido al 100%” en materia de inversiones, Marina Salud no había llevado a cabo “todavía” la construcción del Centro de Salud de Dénia debido a la “falta de cesión de terrenos por el ayuntamiento”.

Además, la Generalitat Valenciana cuestionaba que el modelo concesional supusiera un mayor ahorro y afirmaba que “ha quedado demostrado que las deficiencias en los contratos y los pliegos que rigen las concesiones han determinado una elevada ligitiosidad, que dificulta la prórroga de los contratos”.

“Como el precio del contrato no puede ser alterado”, argumentaba la administración autonómica, “de acordarse la prórroga, se estaría abonando dentro de la prima per cápita por inversiones ya amortizadas, lo que supondría un beneficio extraordinario para el concesionario”. Teniendo en cuenta, además, los expedientes de enriquecimiento injusto “que han existido”.

El fallo del alto tribunal autonómico destaca el “profundo análisis” llevado a cabo por la Conselleria de Sanitat para justificar la reversión. Se trata de una medida, en todo caso, que “procede por el mero transcurso del tiempo”, agrega el TSJ-CV, a tenor del contrato inicial. Por su parte, la administración argüía que la reversión estaba “prevista legal y contractualmente”, por lo que “no puede ser calificada de intervención empresarial ni determinante de nulidad alguna”. 

La sentencia también descarta que la reversión sea contraria al ordenamiento jurídico, tal como alegaba Marina Salud escudándose en la nulidad por la vulneración del derecho constitucional a la libertad de empresa, tal como sostenía la empresa.

“Difícilmente puede establecerse relación alguna entre el contenido de las normas impugnadas y una presunta vulneración de la libertad de empresa, ya que las mismas, constituyen la única forma de proceder a una reversión sin duda compleja, con fundamento en la ley de contratos y en los propios términos del suscrito por las partes, con una finalidad clara y superior a los intereses privados de la empresa que puedan verse alterados por aquéllas”, concluye el TSJ-CV.

El fallo, que no es firme, impone las costas a Marina Salud. La empresa ha declinado contestar las preguntas de elDiario.es.

El Gobierno valenciano destinará cerca de 93 millones de euros al año para asumir a los trabajadores del Hospital de Dénia tras su reversión. El Pleno del Consell ha aprobado este martes el decreto que subrogará al personal del hospital privatizado, que pasa a gestión pública a partir de este 1 de febrero.

Según las cuentas de la Generalitat, son 1.762 las plazas de nueva creación que tendrán que asumirse en el Departamento de Salud de Dénia. Además, la plantilla se completa con 287 puestos de personal estatutario que ya forma parte de este departamento. La mayoría de los trabajadores tendrán la consideración de personal laboral a extinguir, como se ha venido haciendo con el resto de hospitales que han regresado a la gestión pública bajo el Gobierno del Pacto del Botánico. Sin embargo, hay una parte que podrá escoger si mantiene la consideración de personal estatutario, que se encontraba en excedencia, según ha trasladado la vicepresidenta segunda Susana Camarero en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell.

Camarero ha explicado que en el departamento de Dénia existen actualmente tres modalidades en la plantilla: el estatutario, el estatutario en excedencia y el laboral a extinguir. En este segundo caso, se trata del personal que en el momento de la concesión optó por una excedencia y pasó a ser personal dependiente de Marina Salud como empleador y que ahora, tras la reversión, tiene derecho en el plazo de tres meses a optar por volver a ser personal estatutario o reconvertirse en personal laboral a extinguir. En ese sentido, ha recalcado que “todos los y las profesionales van a mantener las mismas condiciones laborales que tienen en la actualidad, tanto de horarios como en las condiciones salariales que hoy tienen”.

La vicepresidenta segunda de la Generalitat ha querido insistir y dar “tranquilidad” a todos los trabajadores: “Será un proceso modélico para dar estabilidad frente a chapuzas anteriores”, ha criticado. El próximo 1 de febrero, cuando se haga efectivo el cambio, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, acudirá al hospital a visitar a los trabajadores.

Por segundo verano consecutivo, Marina Salud, la concesionaria sanitaria de la comarca, ha dejado sin servicio de Pediatría a aproximadamente unos mil niños de 11 poblaciones del interior de la Marina Alta cuya atención primaria depende del centro de salud de Orba. Es decir: Parcent, Murla, Benigembla, Castell de Castells, Sagra, El Ràfol d’Almúnia, Benimeli, Sanet i Negrals, Tormos y La Vall de Laguar. 

Las familias de las localidades afectadas ya han elevado su protesta por los trastornos que ocasiona: “Las niñas y los niños han de ir al médico de cabecera para ser atendidos y de esta forma tememos que no se están llevando a término de forma correcta las revisiones mensuales, las vacunas o las consultas”, señaló una madre a este periódico.

En la misma línea, el concejal de Bienestar Social de Orba, Francesc Roig, indicó que “no ponemos en duda la profesionalidad del médico de cabecera, pero hay que tener en cuenta que es una especialidad distinta y que muchas veces receta un fármaco distinto del que dispensaría el pediatra; y eso crea inquietud en las familias”, añadió.

La otra opción que ofrece la empresa es acudir al pediatra de Pego. Pero se también se trata de una solución discutible, ya que esa localidad se halla de los municipios afectados a una distancia que en ocasiones supera los 30 kilómetros por las carreteras del interior de la comarca.

En principio, como ya sucedió el año pasado, Marina Salud tenía previsto cubrir la baja del pediatra al menos en el mes de julio. De hecho, el sustituto se tenía que haber incorporado el pasado día 9. Pero finalmente, según Roig, no ha aceptado el contrato que le ofrecía la concesionaria. Así que ahora mismo sigue sin haber especialista.

Lo que es seguro es que no habrá atención en agosto. Para ese mes, la concesionaria insiste en desviar a las familias a Pego. También arguye que ahora mismo en la zona no existe ninguna urgencia que haga imprescindible una atención más especializada “pero ésta se puede producir en cualquier momento”, alerta Roig.

“Defender a nuestros vecinos”

El edil subrayó que ha habido vecinos que han ido a quejarse al Ayuntamiento de Orba y que lo mismo ha sucedido en otras poblaciones implicadas “porque éste no es un problema local, es una situación absolutamente insólita de carácter comarcal y por eso nos hemos movilizado, para defender a nuestros vecinos”. De hecho, y como ya sucediera el pasado año, este consistorio ha presionado a la mercantil para resolver esta situación. “Hemos hablado con la coordinación médica y de enfermería del centro de salud y nos consta que han hecho todo lo posible, pero por ahora sin resultado”.

Para este concejal el problema no son los profesionales, a los que reconoce su esfuerzo, sino la filosofía de la empresa: “Ponemos en duda qué condiciones laborales habrá ofrecido la concesionaria al sustituto para quelas rechazara; es lo que ocurre cuando una empresa funciona en base a criterios monetarios y no de servicio público, y lo que nos hace seguir abogando por la reversión”, argumentó Roig.

La hoja de ruta de reversión de los hospitales públicos de gestión privada iniciada por el Consell no encontrará un gran obstáculo en el accionista mayoritario de Marina Salud, la empresa gestora del Hospital de Dénia. La aseguradora alemana DKV, propietaria del 65% del accionariado, ha anunciado que facilitará su salida del hospital público, eso sí, siempre que haya un acuerdo entre las partes que permita recuperar la inversión, según Josep Santacreu, consejero delegado de DKV.

“Fue la Generalitat valenciana quién hace 10 años nos sondeó, junto con otros grupos aseguradores, para participar en esta iniciativa. Pero si ahora nuestra presencia no gusta, facilitaremos nuestra salida”, ha manifestado Santacreu en rueda de prensa.

El mismo consejero delegado ha afirmado que tras 9 años DKV no ha conseguido que la gestión del hospital entre en beneficios según sus previsiones, de ahí la predisposición a que el hospital de referencia para la Marina Alta pueda volver a ser de gestión pública en un futuro.

Pero el principal problema radicaría en las liquidaciones de cuentas, algo que tiene enfrentadas a DKV con la Generalitat Valenciana. Esto se debe a que, según el saldo que se obtenga de la liquidación, el coste de las acciones sería menor o mayor, es decir, asumible o lesivo para el erario público. Entre las últimas cifras de resultados 2016 se cerró con pérdidas de 3,6 millones, mientras que en 2017 sí se habrían obtenido beneficios, llegando a los 39,15 millones.

Esta compra de acciones se estudiaría para no tener que esperar a la finalización del contrato de gestión que acaba en 2023, es decir, en la siguiente legislatura. Pero ahora el problema estará en poner precio a esta operación que se calcula que podría rondar entre los 60 y los 70 millones de euros, según los cálculos más optimistas de la Generalitat, y que no comparten las accionistas.

Ribera Salud, el obstáculo

Pero el que sí promete ser un hueso difícil de roer es el propietario del 35% restante de Marina Salud, la empresa Ribera Salud, que está poniendo todos los obstáculos posibles hasta el último momento para evitar la reversión del Hospital de la Ribera que también gestiona, y que pasará a ser público el 1 de abril.

Así ambos socios tienen derecho de tanteo sobre la participación del otro en el caso de venta de acciones, lo que significa que si la Generalitat alcanza un acuerdo para comprar la parte de DKV, Ribera Salud podría quedársela por ese precio. No obstante la legislación que ahora maneja el Consell podría reescribirse a su favor con la enmienda de Compromís a la Ley de Salud por la que “ninguna persona física o jurídica pueda ostentar más del 40% de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión”.

El colapso que sacude al área de salud de la Marina Alta no se circunscribe ya sólo al Hospital Marina Salud, donde hay muchas especialidades con tremendas listas de espera, sino que empieza a calar también en la Atención Primaria. En el centro de salud de Dénia, pacientes que pidieron cita el pasado 14 de noviembre no podrán ver a su médico de cabecera hasta el 4 de diciembre. Esto es, dentro de tres semanas.

Se trata de un tiempo inusitadamente alto para la medicina familiar, donde lo normal es que se pueda ver al facultativo en tres o cuatro días. Hubo incluso una época en la que era posible ser examinado por el médico de cabecera el mismo día en que se solicitaba, sin necesidad de cita. No es ahora el caso.

Es cierto que ese plazo de tres semanas corresponde al facultativo que acumula más demora. Pero los otros médicos del centro de salud de Dénia también sufren notable retraso por causas que en los últimos tiempos se repiten bajo la gestión de Marina Salud: los profesionales de baja no se sustituyen, la plantilla se ve sobrecargada de trabajo y estrés y el servicio se satura.

No sólo los trabajadores, también los propios pacientes se encuentran muy preocupados: ya no es que tarden mucho en ser atendidos por su médico de cabecera; es que si los deriva a algún especialista del Hospital de Dénia, allí hay especialidades como Traumatología, Dermatología u Oftalmología donde simplemente no se da cita debido a que las listas de espera superan ya los 6 meses. O sea, retraso sobre retraso.

Lo que hacen la empresa y la conselleria

La llegada este verano a Marina Salud de un nuevo gerente, Luis Carretero, en sustitución del anterior, Ángel Giménez, no ha mejorado mucho las cosas. En la concesionaria están muy preocupados por esta situación y se avecinan cambios en la jerarquía de la empresa. El servicio ahora mismo adolece de tantas deficiencias que es muy discutible que la mercantil esté cumpliendo con el contrato que en su día firmó con la Generalitat.

Ahora bien, la propia Conselleria de Sanidad no ha reaccionado oficialmente al colapso que en los últimos tiempos vive el área, a pesar de que en su día se comprometió con los alcaldes de la comarca a velar porque la atención asistencial fuera correcta. Sanidad, eso sí, está realizando inspecciones a los centros de salud de la Marina Alta pero sin elevar demasiado el tono contra la concesionaria. El ambulatorio de Dénia ya fue en este sentido inspeccionado, sin que se denunciara ninguna anomalía.

Con total contundencia, el diputado de Compromís en Les CortsValencianes Josep Nadal se desmarcó este jueves de las felicitaciones de PP y PSPV por el hecho de que Banco Sabadell haya decidido abandonar Catalunya y trasladar su sede social a Alicante. En un mensaje de Twitter, el diputado de Pego señaló que la entidad bancaria es “responsable del Modelo Alzira de sanidad y de los sufrimientos que ha provocado Marina Salud. Aquí no la queremos”.

Nadal se refería así al hecho de que el Sabadell es uno de los socios de la concesionaria que lleva años gestionando el Hospital de Dénia y también los centros de salud de la Marina Alta. En concreto, la entidad bancaria tiene una participación del 50%, junto a la multinacional norteamericana CenteneCorporation, en Ribera Salud, a su vez uno de los grandes accionistas ya no sólo de Marina Salud, sino de otros hospitales de gestión privada de la Comunitat como Alzira, la Ribera, Vinalopó y Torrevieja.

El Consell que integran PSPV y Compromís se ha propuesto ahora revertir ese modelo que heredó del PP, empezando por Alzira y siguiendo por Dénia. De cualquier manera, las palabras del diputado pegolino sobre el Sabadell han provocado en las últimas horas un hondo debate en todo el territorio valenciano.

El consejo de administración del Sabadell se ha reunido en la tarde de este jueves para ratificar su traslado a Alicante con el fin de seguir bajo el amparo del BCE y del Banco de España.

Problemas también para otro socio de Marina Salud

Por cierto, que la cuestión de Catalunya también ha afectado a Marina Salud de otro modo. Según ha contado este jueves la revista especializada ECSalud, DKV, la aseguradora que es la principal accionista de la concesionaria sanitaria de Dénia, ha decidido salirse de la Fundaciód'Empresaris de Catalunya (FemCat), una de las numerosas entidades que apoyan la independencia catalana.

A FemCat estaba muy vinculado el director ejecutivo de DKV, Josep Santacreu. Fuentes de la aseguradora nombradas por EcSalud aseguran que la compañía ha tomado la decisión de dejar esta fundación empresarial porque una normativa interna impide a DKV pertenecer a aquellas organizaciones que manifiestan ideas políticas.

Es verdad que todavía falta lo más importante: saber cuándo y cómo. Pero lo cierto es que este miércoles, sindicatos y alcaldes aplaudieron en general el anuncio realizado en las Corts Valencianes por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de que el Consell ha iniciado los trámites para poder devolver la gestión sanitaria de la Marina Alta a manos públicas.

En primer lugar, porque no fue un compromiso más al respecto, sino la constatación de que el proceso hacia la reversión ha comenzado ya. Y en segundo, por el escenario y el momento elegidos por Puig, en el hemiciclo autonómico valenciano y en un debate sobre política general de la Comunitat en el que no había ninguna necesidad de que el presidente se refiriera al asunto si no es porque ya hay algo más concreto al respecto. Algo que sirva para que el regreso al modelo público se produzca además en esta legislatura, antes de las elecciones de 2019.

Y esas fueron las premisas que sirvieron a los alcaldes para subrayar la importancia de este nuevo paso hacia el rescate sanitario: “Puig no lo hizo en una reunión o en una visita sino en las Corts, lo que reafirma su voluntad de realizar la reversión antes de que acabe la legislatura”, señaló el primer edil de Dénia, el socialista Vicent Grimalt.

“Era la mejor tribuna y por eso es un gran paso para revertir la sanidad antes de las elecciones autonómicas de 2019”, ahondó el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, de Compromís. Este proceso debe servir además para mejorar algunas de las infraestructuras sanitarias pendientes y en ese sentido Ferrús mostró su confianza en que “ayude a que en Pedreguer tengamos el centro de salud que reclamamos desde hace años”. Marina Salud tiene pendientes varias dotaciones más en atención primaria en Dénia o Calp.

El duro camino de los sindicatos

Ahora bien, el rescate no sólo es anhelado por los alcaldes, que en los últimos meses han presentado en sus plenos mociones para exigirlo que pronto harán llegar a la propia Generalitat, sino también por los sindicatos, los representantes de una plantilla que ha vivido en los últimos tiempos graves ajustes y una constante fuga de profesionales del área, “algo que no sólo nos perjudica a los trabajadores sino también a los pacientes, porque perjudica a la atención asistencial”, remarcó el presidente del comité de empresa, Miguel Burguera, del SIMAP.

De ahí que Burguera elogiara el anunció de Puig pero exigiera que se concrete a lo largo del presente mandato, porque “la actual indefinición es negativa para todos ya que la empresa no invierte ahora mismo para mejorar el servicio y por lo tanto la atención a los pacientes”.

En este sentido, el futuro de Marina Salud es conflictivo: la mercantil dio beneficios en 2016, pero también es verdad que según una inspección arrastra una deuda de 107 millones con la propia Generalitat que la aproxima a la quiebra.

No es extraño por eso que durante el debate de política general Puig volviera a ser muy crítico con la concesionaria al acusarla de “descontrol y amiguismo”, palabras que por cierto por ahora no han tenido respuesta de la empresa.

Por su parte, Victoria Rafael, representante del comité de empresa en Intersindical, señaló que los partidos que dan soporte al Consell se la están jugando en Dénia, “ya que prometieron su reversión y si no la cumplen perderán muchos votos en las elecciones de 2019”. “Van a renovar el contrato de Ribera Salud en Alzira porque no tienen más remedio, ya que vence en 2018, pero tienen que dar una señal más fuerte de que apuestan por un cambio de modelo sanitario y como la parte de las concesiones más peleona es Dénia, tienen que actuar aquí”.

Aún así, Rafael mostró sus críticas por la lentitud con la que el Govern está llevando a cabo este proceso. Así, tras el anuncio de Puig, el Consell “podrá argumentar que al final de la legislatura no les ha dado tiempo a la reversión y tendrán excusa para pedir que les voten diciendo que en los próximos 4 años podrán llevarla a cabo”.

El cómo no es tan importante

Lo que no hizo el presidente del Consell aún fue desvelar en qué consisten esos trámites. Aún así, el alcalde de Dénia no se mostró demasiado preocupado al respecto: “Ya en más de una ocasión tanto el presidente como la consellera han dicho que no desvelarían los detalles del rescate hasta que todo estuviera hecho”.

Vicent Grimalt apostilló que “a nosotros no nos importa tanto si es mediante una adquisición de acciones o basándonos en los posibles incumplimientos de la empresa, lo que queremos que se realice”.

El colapso en determinados servicios del hospital comarcal de la Marina Alta en Dénia no acaba nunca y se agrava en verano, cuando la población de hecho se multiplica. Un buen ejemplo es lo que sucede estos días en el departamento de Radiología. Las listas de espera para hacerse una radiografía alcanzan los tres meses, según asegura la empresa que gestiona la sanidad en la comarca, Marina Salud, a los usuarios cuando van a solicitar cita al ambulatorio.

La concesionaria, de hecho, les ofrece la posibilidad de que acudan al centro de salud de Calp a hacerse la placa solicitada si no quieren esperar hasta el mes de noviembre. Del hospital de Dénia al ambulatorio calpino hay 34,2 kilómetros viajando por la carretera N-332, frecuentemente colapsada de tráfico en estas fechas.

Ni es un caso aislado ni es la primera vez que pasa. El centro de salud dispone del equipamiento para realizar las radiografías. No tiene radiólogo, pero se realizan las placas que pueden ser examinadas después por los especialistas en el hospital o los médicos de cabecera en los ambulatorios del departamento comarcal de salud. Así que cuando se incrementa la lista de espera en el hospital, ya en anteriores ocasiones se ha recurrido a derivar pruebas radiológicas a este centro de salud.

Acudir a Calp a hacerse una radiografía puede ser una buena opción para los vecinos de la mitad sur de la comarca, desde el punto de vista que tienen más cerca este centro que el propio hospital. No es el caso, sin embargo, para los habitantes de los municipios al norte del Montgó, que tienen que recorrer hasta allí al menos 35 kilómetros.

El comité de empresa ha conseguido que la concesionaria del Hospital de Dénia y de la sanidad en la comarca, Marina Salud, le entregue por fin una encuesta de riesgo psicosocial que plasmaría la insatisfacción de la plantilla por la gran carga de trabajo que sufre. Ahora bien, los sindicatos han podido obtener esa evaluación de la mercantil sólo después de haberla denunciado una vez más ante la Inspección de Trabajo.

Fue en agosto de 2016 cuando la empresa auditora Valora Prevención realizó esa Evaluación del Riesgo Psicosocial de Marina Salud (integrada a su vez por las compañías DKV y Ribera Salud) de Denia. Dicha encuesta, que analiza entre otros aspectos la carga mental o la satisfacción laboral de la plantilla tuvo que realizarse el año pasado también a requerimiento de la propia Inspección de Trabajo y tras una denuncia anterior presentada por un sindicato como consecuencia del estrés que sufrieron los trabajadores durante el colapso del Servicio de Urgencias durante el verano de 2015 en el hospital dianense, sobre el que actualmente hay abierto un expediente sancionador.

Tras varios meses esperando los resultados de la encuesta, la empresa decretó de pronto y de forma unilateral la nulidad de la misma. Además, se negó a entregarlos a los representantes de los trabajadores, argumentando baja participación.

Según ha revelado este jueves el comité de empresa a través de un comunicado, a mediados de enero la mercantil Marina Salud señaló: “A la vista de la escasa participación y en consecuencia, la falta de validez y representación de los datos obtenidos, la dirección del Departamento de Salud ha acordado la repetición de la evaluación, previa a la adopción de medidas consensuadas con la representación de los trabajadores”. En resumidas cuentas, y según los sindicatos, “como la encuesta no les era favorable, se anulaba, no se entregaban los resultados y se volvía a repetir inmediatamente sin dar más explicaciones”.

Ante esta tesitura, el comité de empresa consiguió, con la colaboración de la Conselleria de Sanidad, una copia del informe-resumen de la evaluación de marras, fechado el 1 de noviembre de 2016. En dicho informe la empresa evaluadora señalaba que la participación había sido baja, aunque superior al 35% de la plantilla. Sin embargo, en ningún punto se indicaba que no fuera válida. Al contrario, la empresa de prevención decía que: “los resultados nos dan una visión general aproximada de la organización…, recomienda empezar a implantar las medidas preventivas propuestas y realizar una nueva evaluación a medio plazo”.

El comité añade que “ante la persistente negativa de la empresa a entregarnos los datos y darlos por nulos, nos vimos obligados a volver a pedir amparo a la Inspección de Trabajo para que instara a Marina Salud a entregarle el informe de la Evaluación de Riesgo Psicosocial al Comité de Empresa, como ha sucedido esta misma semana”.

Por otro lado, el Comité de Empresa cuestiona el nivel de participación señalado en la auditoría: “Consideramos que estaría sesgado a la baja, ya que el dato hace referencia a la totalidad de la plantilla, incluyendo bajas laborales, vacaciones (en agosto) y excedencias”.

De hecho, agrega que “en otra concesión sanitaria de la Comunitat la encuesta fue dada por válida con la misma participación que en la nuestra. Curiosamente nuestra encuesta se anula cuando la empresa conoce los resultados y no al cierre de las urnas, que fue el momento en el que supo cual había sido el nivel de participación”.

El comité de empresa finaliza aduciendo que “sólo a través de la presión ejercida por la denuncia a la Inspección de Trabajo y en la Conselleria de Sanitat, la gerencia se ha visto obligada a entregar los resultados a los representantes de los trabajadores, como era preceptivo desde un principio». Son resultados que llegan al comité con cuatro meses de retraso.

Los sindicatos se proponen ahora «vigilar el modo en que se aplican las recomendaciones del evaluador y hasta qué punto la dirección está dispuesta a consensuarlas para que tengan efecto lo antes posible, en vez de seguir dándole largas al asunto“.

El diputado de Compromís en las Corts Valencianes, Josep Nadal, ha denunciado ante la conselleria de Salud Universal “el incumplimiento flagrante de Marina Salud al continuar pasando consulta de neurocirugía, después de que la misma Conselleria retirara este servicio por no contar con las garantías necesarias de cara al paciente, debido a los recortes en personal médico impuestos por la empresa”.

Nadal ha hecho llegar a la conselleria una imagen donde se pueden ver las consultas previstas por Marina Salud y donde se aprecia claramente cómo, el pasado 20 de septiembre, después de la orden de suspensión, se continuaba pasando la consulta de neurocirugía en el hospital de la Marina Alta.

Compromís considera “un auténtico escándalo que se den estas situaciones en que la empresa antepone sus intereses económicos a la seguridad de los pacientes”. Así el diputado Josep Nadal ha pedido por escrito explicaciones sobre esta situación y ha registrado pregunta sobre quién valora las urgencias en neurocirugía y a qué hospital de referencia se envían los pacientes. “Desde Compromís tenemos indicios de que se está derivando a los pacientes al hospital de Alzira, todavía bajo la gestión de los accionistas de Marina Salud, en vez de ser enviados a Alicante que tendría que ser el hospital de referencia para estos casos”, ha añadido.

“Estamos ante un incumplimiento más por parte de la concesionaria de este servicio público. Por eso pedimos a Conselleria que investigue todo este ‘affaire’ y, de confirmarse las evidencias , pedimos la dimisión del gerente de Marina Salud, Àngel Giménez, y de todos los dirigentes de la empresa vinculados con este escándalo”. “Si no dimiten, pedimos a DKV y a Ribera Salud, las accionistas de la concesionaria, que cesen a estas personas. En caso contrario, serán los responsables de los prejuicios que se pudieran derivar”, indica el diputado valencianista.

“Esta es sólo una de las muchas penalidades que tienen que soportar los ciudadanos de la Marina Alta en cuanto a la sanidad. En dos meses ha habido una modificación sustancial de las condiciones de los trabajadores, se ha cerrado una planta del hospital y se ha cerrado el servicio de neurocirugía”, explica Nadal. Desde Compromís piden un servicio de atención de neurocirugía en condiciones de equidad respecto a los otros de la Comunitat Valenciana y, “por enésima vez, volvemos a pedir la reversión inmediata hacia un sistema de gestión pública de la sanidad en la comarca”.

El diputado de Compromís en Les Corts Valencianas Josep Nadal ha formulado dos preguntas a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública referidas a “incumplimientos” de Marina Salud sobre el pliego de condiciones del contrato que tiene con la Generalitat para la gestión del hospital de la Marina Alta y su departamento de salud.

La primera pregunta está relacionada con la construcción del centro de salud de Pedreguer, que el ayuntamiento viene pidiendo desde el año 2000. Las últimas respuestas de Conselleria remitían la construcción del centro a la concesionaria que gestiona el hospital y los centros de salud de la comarca, Marina Salud. Nadal pregunta sobre cuál va a ser el procedimiento de la administración autonómica en este tema y los plazos estaríamos para el comienzo y final de obra.

“Por otro lado -ha señalado Nadal- desde que Marina Salud gestiona la sanidad de la comarca se ha podido observar cómo han ido bajando los servicios y la calidad de los consultorios adscritos a los diferentes centros de salud de la comarca. Hemos notado que en muchos pueblos pequeños, que es donde están los consultorios, de la zona de la Rectoria, no se suplen las guardias, ni vacaciones de los médicos, lo que sí se hacía cuando la gestión dependía directamente de Conselleria”.

Con ello, ha denunciado que se “han quedado durante muchos días algunos pueblos sin servicio médico en su consultorio por no estar el médico, en algunos casos ya llevan, en lo que va de año, más de un mes acumulado sin médico. Llegando a extremos de más de tres días seguidos a la semana con los consultorios cerrados. Es decir sólo dos días de atención médica”.

También se ha denunciado desde muchos pueblos que en días festivos consecutivos debe haber un mínimo del 60% de la plantilla normal, lo que tampoco se cumple.

Por ello pregunta el diputado de Compromís por todos estos datos, y concretamente cuántos días han sido cerrados los consultorios de la Marina Alta en los años 2014 y 2015. También se pregunta “qué medidas piensa tomar la Conselleria para resolver la falta de servicios en cuanto a los consultorios para la gestión de Marina Salud”.

Estas dos preguntas se suman a otras realizadas acerca de carencias graves en el hospital Marina Salud (Horas de espera urgencias, falta de radiólogos, situación de indefensión de los trabajadores, falta de un servicio de salud mental infantil etc).

“Toda una serie de carencias que nos llevan a pedir la reversión de la sanidad de la Marina Alta hacia una sanidad pública. Además hay que pedir que mientras estamos en proceso hacia la reversión hay que exigir que se cumplan todos los puntos del contrato ya que la gente de la Marina Alta ya no soporta más esta situación”, ha concluido Nadal.

La diputada autonómica de Esquerra Unida Esther López Barceló ha denunciado el incumplimiento del contrato por parte de Marina Salud que le obligaba a construir un segundo ambulatorio en Dènia, después del anuncio del Ayuntamiento de la localidad de que se habilitará un parque infantil en los terrenos de la parcela Miguel Hernández.

López Barceló ha criticado que la Generalitat “no exige” a la empresa el cumplimiento del contrato, así como que la versión del Gobierno autonómico resulta “contradictoria”. La diputada autonómica ha recordado que, de cara a construir el segundo ambulatorio, el Consistorio compró los terrenos por 10 millones de euros.

La parlamentaria en Corts ha denunciado que las respuestas de la Conselleria de Sanidad a Esquerra Unida a lo largo de los últimos años sobre este asunto demuestran que la Generalitat “no ha tenido nunca la intención de hacer cumplir el contrato... Si en 2012, el conseller Llombart respondía que el ambulatorio ya no era necesario, en 2014 volvía a ser necesario pero el problema era que se habían encontrado unos restos arqueológicos en los terrenos expropiados”.

Posteriormente, ha señalado López Barceló, “adujeron que hacía falta una nueva inversión de Marina Salud, en el marco de su plan de inversiones quinquenales, pero finalmente este mes de abril de 2015 el Ayuntamiento de Dènia ha anunciado que los terrenos que compraron por 10 millones de euros se destinarán a instalar un parque infantil”.

Así que al final, Dènia “se queda sin el segundo ambulatorio que necesitan sus vecinos” y la Conselleria de Sanidad permanece “sin exigir a la empresa que cumpla el contrato que tienen firmado”. López Barceló ha acusado a Llombart de “laxitud extrema” ante Marina Salud y de “plegarse directamente a los intereses de esta empresa privada. En breve, después de las elecciones trabajaremos con el objetivo de devolver la gestión pública de la sanidad a la comarca de la Marina Alta”.